Euskadi pone fin a tener que pagar la incineración tras una amputación: “Por miembro cobran entre 500 y 1.000 euros”

El pasado agosto de 2023 un paciente ya jubilado que cobraba una pensión inferior a 900 euros mensuales, sufrió la amputación de una pierna en el hospital Donostia como consecuencia de una patología que sufría. En concepto de gastos de transporte e incineración de la extremidad amputada, tuvo que pagar 531,71 euros. En el caso de negarse a pagar, la persona puede llegar a ser sancionada. Así ocurrió en 2022, cuando Osakidetza recurrió al Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y al Boletín Oficial del Estado (BOE) para notificar a una persona que tenía pendiente recoger unos “restos humanos” que le pertenecían en el hospital de Bidasoa. En esa ocasión, el paciente se marchó sin abonar ni recoger su miembro amputado, por lo que, de no hacerlo en un plazo de 15 días desde la notificación, implicaría “la incoación, en su caso, del correspondiente expediente sancionador”.

“Son situaciones más comunes de lo que parecen”, reconoce a este periódico Manuel Quesada, presidente de la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE). “Recientemente, hemos recibido el caso de un paciente joven tras un accidente de coche ha sufrido la amputación de dos extremidades superiores y ha tenido que pagar más de lo que cobraba en un mes. Cada tanatorio cobra una tarifa distinta, pero te ves en una situación en la que no estás mirando precios ni seleccionando. Si no cuentas con un seguro que se haga cargo, te pueden llegar a cobrar entre 500 y 1.000 euros por miembro, entre los gastos de gestión, transporte e incineración. No es algo que se deba permitir ni aceptar en una sanidad pública, gratuita y universal”, lamenta Quesada.

Además, el presidente de ANDADE confiesa que la situación, tanto para el paciente como para la familia es muy complicada y repleta de desconocimiento. “Muchas personas no saben que son ellos quienes tienen que hacer los trámites, sobre todo en el caso de accidentes. Después del procedimiento, en el propio hospital se les informa que tienen que realizar toda la gestión con las funerarias ellos mismos y se les ofrecen hojas con las opciones que hay. Muchos simplemente pagan por no entrar en problemas ni denunciar la situación debido al estado físico y mental en el que se encuentran. En otros casos es la familia quien se encarga de todo, sin informar al paciente, para así ahorrarle el mal trago tras el procedimiento”, explica.

Esto se produce porque según la Instrucción 4/2024 de la Dirección General de Osakidetza los restos humanos tienen el mismo tratamiento que un cadáver y lo que se entiende por restos humanos son “partes del cuerpo humano de entidad suficiente procedentes de abortos a partir de la semana 14, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a partir del nivel metacarpiano o metatarsiano”. Por lo que se establece que el paciente debe reclamar su miembro amputado mediante el uso de una funeraria, que se encargará de su recogida en una caja de restos para que, posteriormente, sea inhumado o incinerado. En el punto cuarto de dicha normativa, se señala expresamente que los gastos de inhumación o cremación de estos restos deben ser abonados por el paciente o sus familiares.

Tras un proceso de escucha con ANDADE, el Departamento de Salud y Osakidetza se han comprometido a revisar la normativa vigente en la actualidad con el objetivo de hacerse cargo de la gestión y coste del servicio funerario de restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos, y la posibilidad de revisar la actual Instrucción 4/2024 para recoger este compromiso. “Desde la asociación estamos muy contentos y nos produce mucha alegría que por fin nos hayan escuchado. Es una petición de las familias, pero también de toda la sociedad. Algo que nos parece justo y que debería implementarse en toda España”, reconoce Quesada.

Una semana antes de informar sobre el compromiso de la modificación de la normativa, EH Bildu registró una proposición no de ley en el Parlamento Vasco con este mismo objetivo, el de “revisar y modificar” el decreto y que, al hacerlo, “se tenga en cuenta la autonomía y capacidad de decisión del paciente”. “En concreto, que así lo haga en las decisiones relativas al tratamiento de los restos derivados de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos, dando la opción de que sea Osakidetza quien asuma su transporte e incineración, incluyendo el transporte de estas”, señala el escrito propuesto por el parlamentario Ayem Oskoz Urrutikoetxea.

Por su parte, desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco defienden que “el compromiso de asumir el servicio funerario de estos restos humanos y de modificar la instrucción vigente se sitúa así dentro de la estrategia de humanización de Osakidetza, que pone al paciente en el centro, amplía la mejora de la atención y da respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. “Con el compromiso de la revisión, y la posibilidad de modificación de la norma, el Departamento de Salud y Osakidetza dan un paso adelante para evitar que los pacientes y sus familias tengan que hacer frente a estos gastos en momentos especialmente sensibles. El nuevo planteamiento supondría que el sistema sanitario público vasco asumiera este servicio, reforzando la protección y el acompañamiento a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad y subrayando la voluntad de dar una respuesta más humana y cercana al dolor de las personas afectadas y sus allegados”, concluyen desde el Departamento.