Nueva televisión
El Gobierno aprobó ayer un importante paquete de medidas sobre el escenario televisivo español, que significa probablemente el mayor impulso a la industria audiovisual y al pluralismo desde la aparición de las televisiones privadas en España, en 1989. La primera de las medidas introduce modificaciones importantes en el funcionamiento de RTVE con el objetivo de asegurar mejor el pluralismo. La información honesta y veraz en una democracia es vital porque contribuye a la formación de la opinión pública. Su manipulación por parte de los Gobiernos daña el propio mecanismo democrático y vicia la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y eso vale para todas las televisiones, pero sobre todo para las públicas.
El anteproyecto tiene como finalidad mejorar la independencia política del ente y su control social. El director general ya no será nombrado por el Gobierno, sino por el propio consejo de administración tras una convocatoria pública. A los consejeros se les prolongan los mandatos, no renovables, hasta seis años, para evitar que su elección coincida con la legislatura y se vea contaminada por los resultados electorales. Se crea un consejo asesor con representantes de diversas instituciones y a los profesionales de RTVE se les dota de un órgano que deberá velar por la independencia informativa. También se anuncia una autoridad audiovisual que supervisará la conducta comunicativa del ente. Pero a veces no basta una ley para evitar plenamente maniobras políticas que busquen su sometimiento. Una RTVE respetable exige el compromiso diario de la clase política para no intentar dañarla. Si al nuevo consejo de administración, como tantas veces ha sucedido, los partidos no envían profesionales de prestigio, sino comisarios políticos, estarán dando una preocupante señal de que siguen en sus trece.
El anteproyecto establece también un contrato-programa y un objetivo de estabilidad presupuestaria. Tras la condonación de la deuda -más de 7.000 millones de euros-, hay que evitar su regeneración, y ello exigirá medidas correctoras drásticas, porque una empresa que disfruta de subvenciones como servicio público y, al mismo tiempo, apela al mercado publicitario, como las emisoras privadas, no puede disfrutar de inmunidad gerencial. La nueva ley abre la puerta a limitar el recurso a la publicidad por parte de TVE.
El Gobierno convoca, además, un concurso para adjudicar una concesión de televisión en abierto para la gestión de dos canales digitales y uno analógico, que se sumarán a los actuales operadores: Tele 5, Antena 3 y Canal +. Este último, cuya concesión data de 1989 y estaba limitado hasta ayer a emitir en abierto durante un máximo de seis horas al día, podrá ahora hacerlo permanentemente, con el nombre de Cuatro, utilizando la misma frecuencia. El Gobierno ha tomado esta decisión después de comprobar que se cumplen todos los requisitos legales, y contando para ello con el informe favorable emitido por el Consejo de Estado.
También se define el horizonte de la televisión digital terrestre, de forma que se adelanta el apagón analógico al 3 de abril de 2010 y se diseña un mapa en el que habrá más de 40 canales gratuitos, y que ha sido objeto de un consenso razonable entre los futuros operadores. Ante todo esto, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha emitido una ominosa reflexión sobre la autorización del nuevo canal Cuatro, que ha apostrofado como “una extraordinaria cacicada y una tropelía”. Aunque lamentable, no sorprende esta reacción en boca del heredero de un Gobierno que protagonizó la mayor invasión del territorio de los medios privados que se ha conocido en democracia. Baste recordar que ese Gobierno tomó decisiones intervencionistas que fueron luego anuladas por la Comisión Europea a costa de indemnizaciones que ha tenido que sufragar el erario público, o que instigó el caso Sogecable para anular la acción de un operador privado que no era de su gusto. En palabras de Aznar, la reacción de Acebes es “una solemne estupidez”.
