La UE vuelve a desacreditar las ayudas de España a la TDT
El abogado general de la UE ha recomendado oficialmente que los recursos de España contra la decisión de la Comisión y contra la sentencia que le obliga a recuperar los más de 300 millones de euros concedidos de forma ilegal en ayudas, sean desestimados.
En sus conclusiones presentadas, Melchior Wathelet recuerda que “el Tribunal General no limitó, ignoró ni malinterpretó la facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros, ni rebasó el límite del error manifiesto. El hecho de que los Estados miembros gocen de una amplia facultad de apreciación a la hora de designar los servicios como SIEG no supone que puedan dejar de cumplir los requisitos mínimos exigidos”, recoge Reuters.
El dictamen de Wathelet es que el Tribunal General nunca puso en duda la “la amplia facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros para ”prestar, encargar y organizar“ servicios como el de la expansión de la TDT, sino que simplemente ”declaró que no se habían cumplido determinados requisitos mínimos, como por ejemplo la definición clara y precisa del servicio de explotación de una red terrestre como un servicio público o la presencia de un acto de la autoridad pública para encomendar a la empresa beneficiaria de las subvenciones públicas la ejecución de obligaciones de servicio público“.
La opinión del abogado no es vinculante, pero los magistrados la tienen siempre en cuenta y sus sentencias suelen seguirla en un 80% de los casos. En los próximos meses saldrá la sentencia definitiva, y si el resultado es la desestimación, España estará obligada a recuperar el dinero, sin más apelaciones.
Un caso que viene de lejos
En 2013, a raíz de dos denuncias, la Comisión Europea declaró “ilegal e incompatible con el mercado interior” la ayuda concedida a varios operadores de la plataforma de televisión terrestre “para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de televisión digital terrestre en la zona II en el conjunto del territorio español, con excepción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, por lo que Bruselas ordenó la recuperación de la ayuda de los beneficiarios.
La llamada Zona II es la que comprende regiones “menos urbanizadas y remotas que representan el 2,5% de la población española”, en las que “por falta de interés comercial, los radiodifusores no invirtieron en la digitalización”.
El problema, para Bruselas, no era que se hubiera facilitado la expansión de la TDT, sino que cualquier euro público debería haber estado a disposición para todas las “plataformas de transmisión”, para para respetar “el principio de neutralidad tecnológica”. Sin embargo, denunciaron los técnicos europeos, las ayudas especiales del Ejecutivo “también discriminaban a algunos operadores”.
España ha ido recurriendo durante 4 años
España, País Vasco, Galicia, Cataluña y algunas operadoras solicitaron al Tribunal General de la UE que anulase la Decisión de la Comisión, pero el 26 de noviembre de 2015, el Tribunal General desestimó todos los recursos.
Las partes españolas no aceptaron la decisión y recurrieron ante el órgano superior, el Tribunal de Justicia de la UE. Y mientras, no hicieron nada por recuperar el dinero.
El pasado 10 de enero, la Comisión Europea perdió la paciencia, y tras intentarlo por las buenas y las malas, denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber recuperado los más de 300 millones de euros concedidos de forma ilegal. Del primer caso abierto, de los 260 millones pendientes, España había recuperado sólo 5,5. Del segundo, de casi 44 millones más, ni un solo euro.
“Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos de la segunda, las autoridades españolas sólo han recuperado una pequeña fracción de la ayuda, aproximadamente un 2% de la primera y nada de la segunda”, lamentó el pasado enero la Comisión. Y no sólo eso, para irritación de Bruselas: “España sigue pagando por las operaciones de mantenimiento de parte de la red de TDT, en contra de las decisiones”.
