Aprobada en el Senado la ley que permite privatizar la Forta
El Pleno del Senado ha aprobado una enmienda, acordada por todos los grupos, a la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, para reincorporar al texto de la ley la prohibición expresa de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que se había retirado en el Congreso. Al haber introducido este cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
La enmienda, presentada a propuesta del PSOE y acordada por todos los grupos, vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que “está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita”.
El senador Alejandro Muñoz-Alonso, ponente del Grupo Parlamentario Popular en esta ley, había adelantado que su grupo iba a hacer valer su mayoría para tumbar la enmienda, que modifica otra enmienda presentada a propuesta de su grupo en el Congreso, y lograr así que la reforma quedara definitivamente aprobada por el Senado.
Sin embargo, en el último momento, el PP ha aceptado la enmienda con el objetivo de “aclarar la prohibición” y asegurar el derecho de los menores, según ha explicado la senadora del PP Carmén Azuara, por lo que el proyecto tendrá que volver al Congreso para que el Pleno de esta cámara refrende o no las modificaciones introducidas por el Senado y apruebe definitivamente la ley.
La voz de alarma la dio la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia), a la que luego se sumó la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que avisaron de que la modificación no tenía nada que ver con el objetivo de la reforma y que, sin embargo, podía implicar sanciones para España por parte de las autoridades europeas y permitir que se interpretara que la pornografía y la violencia gratuita estaba permitida en la televisión.
Los gobiernos autonómicos ya pueden decidir qué hacer con sus televisiones
La reforma, que fue enviada por el Gobierno por el trámite de urgencia, ha sido aprobada por el Pleno del Senado con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de 5 senadores. Asimismo, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar los tres vetos y 87 enmiendas que quedaban vivas del resto de grupos.
La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque “no se permitirán desequilibrios en los presupuestos”.
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.
El PSOE avisa que favorece la “privatización”
El senador del PSOE Andrés Gil García ha criticado la reforma porque “no es neutral” en cuanto a los modelos de gestión de las televisiones autonómicas, sino que “favorece la gestión privada”, y “busca un claro ventajismo político” para el PP mediante la privatización de los servicios informativos y su entrega a empresas “afines”.
En este sentido, ha indicado que la reforma tiene un “propósito oculto”, que es el “control de los informativos igual que ya han empezado a hacer con RTVE”. Asimismo, ha señalado que la reforma “es una clara intromisión de las competencias” al imponer a las comunidades “obligaciones muy concretas y exhaustivas” sobre objetivos de déficit. “Usted con esta ley dan un paso más en el recorte de derechos de los ciudadanos”, ha espetado a los senadores del PP.
A estas críticas ha respondido el senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso, quien ha asegurado que la reforma no “limita” las competencias de las comunidades “sino que las amplía”, al permitir que cada una elija qué modelo quiere para gestionar su cadena autonómica. En este sentido, ha asegurado que la ley, que ha calificado de “limitada y mesurada”, no busca la “centralización” sino que crea un “paisaje audiovisual mucho menos monocorde y mucho más variado”.
Además, ha instado al senador socialista a “no ver fantasmas donde por supuesto nos los hay” y ha asegurado que, en contra de lo afirmado por él, la reforma servirá para eliminar la “servidumbre” de las cadenas autonómicas “respecto de los gobiernos”. “A nosotros no nos da miedo la libertad, ni la nuestra ni la de los demás”, ha enfatizado el senador 'popular', quien ha señalado que “el carácter público de un medio no garantiza ni una mayor objetividad ni una mayor neutralidad”.
El PP habla de “despilfarro”
Asimismo, el senador 'popular' ha señalado que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros en el año 2010, “mucho más de lo que supuso el recorte de las pensiones ese mismo año”, de los cuales 1.510 millones vinieron de subvenciones, lo que ha considerado un “despilfarro” en época de crisis. Del mismo modo, ha sostenido que las plantillas de estas cadenas están “sobredimensionadas”, con 7.260 personas empleadas.
Mientras, el portavoz de Entesa del Progrès de Catalunya y senador por el PSC, José Montilla, ha tachado de “innecesaria y superflua” la reforma y ha acusado al Gobierno de utilizar “la excusa de la crisis y la austeridad” con “el objetivo romper el modelo público de televisión” y entregar las cadenas autonómicas a empresas privadas, que buscarán “hacer negocio” mediante la “precarización laboral”.
También el senador de ICV, Jordi Guillot, ha criticado la reforma porque “no resuelve ninguno de los grandes problemas vigentes en el sector audiovisual” e “invade la competencia” de las comunidades autónomas. Además, ha calificado de “preocupante” la externalización de informativos y “alarmante” la posibilidad de que las comunidades puedan participar en el capital privado de la empresa que se quede con la licencia.
Igualmente contraria a la reforma se ha mostrado la senadora del PNV Miren Leanizbarrutia, quien ha dudado que una empresa privada atienda las necesidades de “sectores minoritarios” a los que sí atiende una televisión pública, y el senador de CiU Ramón Alturo, quien ha señalado que el proyecto supone una “vulneración en toda regla” de las competencias autonómicas.
