Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de ayudas ilegales
La Comisión Europea ha dictaminado este miércoles que los operadores de plataformas de televisión digital terrestre (TDT) en España deberán devolver 260 millones de euros de ayudas públicas. Bruselas ha declarado estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
Las ayudas corresponden al plan español de 2005 para financiar la transición a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Sus fondos se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.
Abertis fue la principal beneficiada
La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no deberán devolverlos porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas. No obstante, corresponde al Gobierno español explicar cómo recuperará el dinero, según han comentar a Europa Press fuentes comunitarias.
El origen, la demanda de un operador de satélite
A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre el plan español. El análisis puso de manifiesto que, en efecto, la medida financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre, mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. “Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”, ha dicho la Comisión en un comunicado.
Al margen de este asunto, la Comisión también ha iniciado una investigación pormenorizada respecto de otros dos casos de digitalización en España. El primero se refiere a la aplicación del plan de transición en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en donde, además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.
El segundo se refiere a las ayudas concedidas a los radiodifusores por el cambio de ancho de banda. Ambos casos siguen en fase de investigación.
