El Congreso aprueba hoy la ley que permite privatizar televisiones autonómicas
La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, se remitirá este jueves al Senado, tras su previsible aprobación en la Comisión de Industria del Congreso, que cuenta con competencia legislativa plena.
La Comisión de Industria del Congreso debatirá y votará este jueves las 90 enmiendas parciales presentadas a la reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual: 11 de ERC, 46 de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), dos de UPyD, cinco de PNV, cinco de BNG, tres del PP, 16 del PSOE y dos de CiU.
Concretamente, el PP ha presentado una enmienda destinada a permitir que tanto las televisiones como las radios públicas puedan alcanzar acuerdos tanto entre sí como con RTVE “con el objetivo de mejorar la eficiencia de su actividad”. En el proyecto de ley presentado por el Gobierno se preveía esta posibilidad para las televisiones, pero no para las radios.
Asimismo, el PP ha registrado dos enmiendas para asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibilitan el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores. La Ley Audiovisual ya incluía artículos destinados a este fin, aunque las enmiendas presentadas por el PP pretenden “reforzar” esa protección.
Por su parte, CiU ha registrado dos enmiendas parciales al proyecto de Ley para suprimir o modificar la obligación de que las televisiones autonómicas tengan un límite máximo de gasto. Ambos textos, a los que ha tenido acceso Europa Press, hacen referencia al apartado del proyecto de Ley que se refiere al cumplimiento de la Ley presupuestaria.
La primera pide la supresión de todo el apartado por considerarlo una invasión de competencias en materia de autonomía financiera y medios de comunicación. “Corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con la autonomía financiera que ostenta en el desarrollo y ejecución de sus competencias, fijar y regular, dentro de los límites déficit público permitido, la organización y el sistema de financiación de su servicio público de televisión”, añade.
La segunda enmienda propone una modificación del mismo apartado para establecer que los prestadores de titularidad pública del servicio público estarán obligados a no tomar ninguna iniciativa que comporte el crecimiento del gasto presupuestario, pero en caso de que no se disponga al mismo tiempo de los recursos adicionales necesarios.
Al menos un canal público
Por su parte, el PSOE ha presentado una enmienda en la que exige que al menos un canal de las comunidades autónomas sea de titularidad pública, para que “en ningún caso” todos los canales puedan ser explotados por gestores privados.
A su entender, atribuir todos los canales a empresas privadas para su explotación en régimen de licencia, dado la duración, renovación y extinción de las licencias, “equivale a impedir una futura decisión sobre creación” de una televisión pública autonómica.
Además, incluye en otra enmienda la posibilidad de que las cadenas puedan presentar al órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de aportación extraordinario para cubrir el déficit o un incremento de ingresos para los dos ejercicios siguientes “como máximo igual a la pérdida o el déficit generado”.
Mientras, ERC ha presentado un conjunto de enmiendas en las que propone dar más presencia a las obras de lenguas oficiales distintas al castellano en las cadenas de televisión.
Así, en una de las enmiendas plantea la inclusión de una obligación para que los canales privados o públicos que emitan en comunidades autónomas con lengua o lenguas oficiales propias distintas del castellano garanticen que, “al menos el 50 por ciento del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales distribuido en dichas comunidades se emita en la lengua, o lenguas, respectivas”.
Que el Estado garantice el servicio público
Por su parte, el PNV ha presentado una iniciativa en la que propone que el Estado garantice la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en aquellas comunidades autónomas que decidan prescindir de gestionar sus propios canales.
Concretamente, el grupo propone que la “obligación” que actualmente tiene el Estado de prestar un servicio público de comunicación audiovisual de cobertura estatal, con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos, se “extienda territorialmente a las comunidades autónomas cuando éstas no cuenten con un servicio público de comunicación audiovisual propio”.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
El PSOE presenta hoy ante el Tribunal Constitucional su recurso contra el decreto de RTVE
El Grupo Socialista del Congreso presentará este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de modificación del régimen de administración de la Corporación de RTVE, aprobado a mediados de mayo en la Cámara Baja --con el apoyo de PP, CiU, Foro de Asturias y UPN-- y que permite elegir a un presidente del Ente público sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, como hasta entonces establecía la Ley de RTVE de 2006.
En concreto, será la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez y el secretario general del Grupo, Eduardo Madina, quienes llevarán ante el Tribunal Constitucional este recurso a las 11.30 horas.
El pasado martes, en rueda de prensa en el Congreso, la propia Soraya Rodríguez ya confirmó las intenciones del PSOE de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el “control bastardo” del PP con dicho decreto ley.
Según argumentó, en el caso de la Radio y la Televisión Públicas no existe la urgencia con la que el Gobierno ha justificado la reforma de la Ley de RTVE, mediante dicho decreto ley, un instrumento jurídico que, por la inmediatez de su entrada en vigor, se reserva para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad.
“El PP ha cambiado las reglas del juego”
De hecho, ante este decreto ley, “con el que el PP ha decidido cambiar las reglas del juego”, los socialistas manifestaron su negativa a presentar candidatos tanto para el Consejo de Administración de la Pública, como para presidir RTVE.
Así, Rodríguez tachó todo el proceso de renovación de la Corporación de “farsa” y de “golpe antidemocrático”, entre otros calificativos, porque con la aprobación del decreto dice que “se rompe el acuerdo institucional” que se estableció en el anterior Gobierno socialista, para elegir por una mayoría amplia cualificada de la Cámara a los miembros del Consejo de Administración y al presidente del Ente de RTVE.
“Es una pataleta del PSOE”
Mientras, desde el PP, siempre han defendido que, entre otras razones que han llevado al Ejecutivo a tramitar este decreto de urgencia, se encuentra por ejemplo la aprobación de las cuentas de RTVE, que en julio hará un año que carece de presidente.
De hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró este martes en el Senado que el modelo que el Gobierno quiere para RTVE es el de una televisión “plural, independiente, público y de calidad”, a la vez que acusó al PSOE de preferir “que se eternizaran los directivos nombrados cuando el partido socialista gobernaba” en lugar de pactar los cargos pendientes de renovación en el Consejo de Administración.
Por su parte, el portavoz del PP en la materia, Ramón Moreno, ya avisó de que el PSOE había “perdido los papeles” y sufría una “pataleta infantil”, al anunciar que iba a presentar un recurso ante el TC contra el “control bastardo” del PP en el decreto ley de RTVE.
Con ello, insistió en que este decreto ley sí tenía que tramitarse por el procedimiento de urgencia porque había que renovar desde hace tiempo tanto varios miembros del Consejo de Administración, como el presidente en sí, cuyo puesto estaba vacante desde el mes de julio con la marcha de Alberto Oliart.
A su juicio, hasta el nombramiento del futuro presidente de RTVE, existe un “vacío de poder” en la Corporación pública porque, sin presidente, tampoco se pueden tomar “decisiones de calado”, como la aprobación de los Presupuestos de la Pública.
