El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy alzar la suspensión que pesaba en la causa penal abierta en España contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por los presuntos delitos fiscales cometidos por ex accionistas de Telecinco cuando estaban al frente de su gestión entre 1990 y 1993. En un auto dictado hoy a instancias de lo solicitado por la fiscal Anticorrupción Pilar Melero, el magistrado califica de “evidente” que ha desaparecido la causa que impedía la continuación del procedimiento, al ser un “hecho notorio” que Berlusconi no es ya primer ministro italiano. El alzamiento de la suspensión también afecta a el ex eurodiputado italiano Marcello Dell'Utri. Con respecto al nombramiento de Berlusconi como miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, una circunstancia que, según la defensa, prolongaría su condición de inmune frente al procedimiento judicial, Garzón requiere a los abogados “para que aporten copia” del órgano europeo acreditando este extremo. Investigaciones en marcha El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 mantenía paralizado el procedimiento contra Berlusconi desde octubre de 2001. En el auto dictado hoy, Garzón señala que la reactivación del caso debe notificarse a Berlusconi mediante Comisión Rogatoria, “pero sin que ello obstaculice la práctica de aquellas diligencias que se consideran urgentes (...) para asegurar el objeto del delito y la celebración del juicio en su día”. En cuanto al aforamiento que se postula por las defensas, al haber sido Berlusconi propuesto al Consejo de Europa por la Cámara de Diputados de la República italiana, el juez señala que “no es razón para la suspensión”. Una vez consten los documentos pertinentes, “se procederá a dar curso al correspondiente suplicatorio” a través de la Presidencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Informe fiscal En un informe remitido al magistrado el pasado 22 de agosto, la fiscal Melero señalaba que “al día de hoy no existe obstáculo legal que impida la continuación del procedimiento” contra Berlusconi, principal accionista de Telecinco a principios de los 90, y contra Dell'Utri, “porque el primero ha dejado de ser presidente del gobierno italiano y el segundo carece de todo privilegio procesal”. La representante del Ministerio Público añadía que la “previsible y futura” confirmación del primero como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no es impedimento para que continúe la causa, dado que la representación legal de Berlusconi, además de no alegar nada al respecto, “no justifica documental y fehacientemente que la Asamblea del Consejo de Europa haya aceptado el nombramiento”. El recurso de la defensa, archivado A finales del pasado mes de julio, la Sala Primera del Tribunal Constitucional archivó un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Berlusconi contra las pretensiones de la Audiencia Nacional por “pérdida sobrevenida del objeto”, al carecer ya de la inmunidad de la que gozaba como primer ministro. La reactivación del proceso contra Berlusconi se inició el pasado mes de mayo, cuando el juez que sustituía a Garzón durante la estancia de éste en EEUU, Fernando Grande-Marlaska, preguntó al Constitucional, a instancias de Melero, si tenía algún recurso pendiente contra él antes de decidir si reabría el procedimiento judicial abierto contra el ex mandatario. Precisamente ayer se reanudó en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio contra el ex presidente de Telecinco y ex director general de la ONCE, Miguel Durán, y otros seis ex accionistas de la cadena de televisión por las presuntas irregularidades cometidas cuando estaban al frente de su gestión. El resto de acusados piden que Berlusconi sea juzgado con ellos La mayoría de las defensas en esta causa han pedido al tribunal que Berlusconi fuese juzgado junto con sus clientes y no se le separase del procedimiento en una pieza independiente, al considerar que supone una vulneración al derecho a un proceso con todas las garantías. El ex presidente de Telecinco, quien se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel, y los otros ex accionistas de la cadena, por los que se pide penas de entre 1 y 10 años de prisión, están acusados por delitos fiscales presuntamente cometidos durante su gestión en la cadena.