El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, entregó ayer al presidente del Parlament, Ernest Benach, un documento de trabajo articulado sobre la Llei de la Corporació de Ràdio i Televisió. Bargalló estuvo especialmente interesado en destacar que su propuesta -que los miembros de la ponencia que elabora esta ley tendrán hoy en sus manos- cuenta con el respaldo de los tres partidos del Govern. Sin embargo, el conseller en cap pasó de puntillas sobre un aspecto: que en su articulado, en el apartado presupuestario, la propuesta recoge como fuentes de financiación las partidas consignadas en los presupuestos de la Generalitat, los ingresos procedentes de la comercialización de sus productos, las entradas por publicidad e “ingresos derivados de los tributos que específicamente se creen con esta finalidad”. Bargalló reconoció que se admite esta forma de financiación, como puede haber muchas otras. Incluso insinuó que con la multiplicidad de canales públicos en la televisión digital las formas de financiación pueden ser diferentes. Sin embargo, dijo que no era esta futura ley la encargada de determinar el sistema de financiación de las empresas de la Corporació. El objetivo de la propuesta que el Govern hace a la comisión que elabora esta ley es despolitizar y profesionalizar al máximo los órganos de dirección de la Corporació (que pasará a denominarse Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) y cuyos dirigentes serán elegidos por el Parlament a propuesta del Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC). Este organismo -según el documento gubernamental- propondrá siete nombres al Parlament teniendo en cuenta sus méritos profesionales y su prestigio (actualmente son doce). Su nombramiento por la cámara requerirá las tres quintas partes de los votos de los parlamentarios, lo que implica que con la actual composición el Govern necesitaría al menos el respaldo de uno de los partidos de la oposición para que la propuesta salga adelante. También el Parlament elegirá al presidente de la Corporació entre los siete miembros anteriormente elegidos, pero en este caso requerirá el voto de dos tercios de la Cámara. Estos cargos serán incompatibles con cualquier otra actividad y su mandato será de seis años, renovándose la mitad del consejo de administración cada tres. Sus miembros nombrarán un director general “entre profesionales de prestigio”.