El Gobierno británico lanza una reforma radical de la BBC en pleno “caso Kelly”
El Gobierno de Tony Blair ha lanzado una reforma radical de la radiotelevisión pública BBC coincidiendo con los momentos más críticos del caso Kelly. La ministra de Cultura británica, Tessa Jowell, anunció la noche del jueves las líneas maestras de esa reforma, que no descarta ninguna opción al incluir en el debate el actual modelo financiero de licencia pagada por los consumidores. Sus rivales políticos y económicos quieren que la BBC deje de emitir espacios comerciales, se centre en su faceta de servicio público y reduzca sus presupuestos a la mitad.
La BBC se rige por un Estatuto Real aprobado por el Parlamento y un Acuerdo paralelo con el Gobierno. Los actuales convenios cubren el periodo 1996-2006 y el Gobierno ha fijado ahora el marco general de negociación del próximo paquete, un proceso que la ministra Jowell quiere que esté “caracterizado por un debate abierto sobre qué tipo de BBC quiere el público para el futuro”. “La BBC la paga el público británico y a ellos les pertenece”, ha subrayado. Pero detrás de esos buenos propósitos palpita una polémica política de gran calado. El Gobierno de Blair se siente maltratado por la corporación y tiene la tentación de cortarle las alas. Los observadores políticos destacan que las críticas de Alastair Campbell -hasta hace unos días director de Comunicación de Downing Street- por la manera en que la BBC informó sobre la guerra de Irak no tienen en cuenta que los primeros estudios académicos revelan que la corporación pública ha sido más equilibrada que sus rivales privados al tratar la guerra de Irak y que el malestar del Gobierno no se diferencia mucho de las polémicas que enfrentaron a los tories y a la BBC durante el bombardeo de Libia o la guerra de las Malvinas. Críticas de Murdoch El Nuevo Laborismo tiene la tentación de cortarle las alas a la BBC, pero ha sido el más laborista de los diarios londinenses, el Guardian, el que ha enarbolado la bandera de la corporación frente a las feroces críticas que destilan estos días los medios más a la derecha, desde el Daily Telegraph hasta el emporio del magnate Ruppert Murdoch, con el Times y el Sun a la cabeza y la cadena Sky en la retaguardia, sin duda parte interesada en el reparto de audiencias. Con esa claque jaleando al Gobierno para que reduzca la parrilla de la BBC a informativos, arte y educación y sus presupuestos a la mitad, la ministra de Cultura subrayó que “tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué queremos y qué esperamos que nos ofrezca la BBC; qué ámbito y escala de servicios debería proveer; cómo debería estar situada en relación con el mercado; cómo debería financiarse y regularse, y si ofrece una buena relación calidad-precio”. “La televisión está en constante mutación y eso obliga a repensar el modelo de la BBC”, añadió. “Hoy, la múltiple elección de canales significa que la cuota de audiencia de la BBC ha caído a apenas un cuarto. Ha llegado el momento de examinar de nuevo el tamaño y objetivos de la BBC”, advirtió. La cercanía de estas negociaciones explica en parte la magnitud del enfrentamiento de estos meses por el caso Kelly. El periodista Andrew Gilligan; el director general de la corporación, Greg Dyke, y el jefe de informativos, Richard Sambrook, han reconocido errores importantes de la BBC en la información sobre los dossieres de Irak, pero han defendido también la sustancia general de aquella noticia: que el Gobierno exageró el peligro que representaba Irak y que eso había provocado malestar en los servicios secretos. “El Gobierno exigía una rectificación de todo, y eso nos obligó a negarnos porque estaba en juego nuestra independencia”, defendió la cúpula de la BBC ante el juez Hutton.
El caso Kelly no sólo está dañando la credibilidad de los informativos de la BBC: también el Consejo de Gobernadores, el órgano encargado de velar por su independencia, se ha visto afectado al defender ciegamente a sus periodistas y exponer a ojos de sus críticos que quizás sea incompatible actuar como garante de la independencia frente al Gobierno y como árbitro de los estándares editoriales de la corporación.
