El Gobierno tramita la controvertida Ley Lasalle de propiedad intelectual
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la llamada Ley Lasalle, la reforma parcial de la actual Ley de Propiedad Intelectual (Ley Sinde). La nueva normativa, cuyo texto ya había sido filtrado en Internet, reformula el derecho a la copia privada, establece nuevas protecciones en relación al derecho a la propiedad intelectual y mecanismos de control sobre las entidades de gestión de derechos de autor, con el objetivo de dotarlas de una mayor transparencia.
Ante el lento proceso administrativo para resolver las denuncias de vulneración de derechos de autor, el Ejecutivo cambia de estrategia y se centra en la asfixia económica de las páginas que proporcionan enlaces para descargas («...la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de manera notoria...»), que podrán perder la publicidad. Las webs que «de manera activa» contribuyan a facilitar el acceso a las descargas ilegales podrán ser denunciadas y cerradas, tal y como detalla La Voz de Galicia.
Según la Asociación de Internautas, estas medidas, que no afectan a servicios como Google -el texto excluye a los motores de búsqueda que «no actúan de manera maliciosa»-, «criminalizan el enlace». La Ley Lasalle, que no excluye una nueva norma futura en esta legislatura, establece, según el ministro Wert, una «filosofía de persecución» contra los que difunden «de forma maliciosa contenidos ilícitos» y se asienta en tres pilares básicos:
Supervisión de las sociedades de gestión
Con la idea de reforzar la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor, la Ley Lasalle incluye la obligación de realizar auditorías del funcionamiento de estas sociedades y establece escalas diferenciadas para las sanciones económicas en caso de infracción.
Protección del derecho de la propiedad intelectual en Internet
La modificación de la Ley Sinde redefine las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual a través de un ajuste en su sección segunda (conformada por representantes de varios ministerios). Las novedades afectan a la capacidad que, a partir de ahora, tendrá la Comisión para establecer tarifas sancionadoras, que se fortalecen hasta llegar a los 300.000 euros. Además, la Ley Lasalle autoriza a la Comisión a solicitar la intervención de los proveedores de servicios para identificar a los infractores e incluso forzar la prohibición de publicidad en los portales que no protejan los derechos de autor, aunque solo sea porque incluyan enlaces a «contenidos ilícitos».
Para agilizar los procedimientos que se inician en la Comisión (en la actualidad hay más de 80 en investigación), el texto aprobado incluye un tablón de anuncios electrónico para que las páginas denunciadas por alojar o contener enlaces a contenidos, que en la mayoría de los casos están alojadas en el extranjero, puedan ser notificadas. El anteproyecto incluye también una reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar el acceso de los titulares de derechos a los procedimientos civiles ya que hasta ahora debían de identificar previamente al presunto vulnerador.
Revisión del concepto de copia privada
La nueva Ley Lasalle revisa legalmente y acota el concepto de copia privada, estableciendo que estarán permitidas aquellas copias que se hagan de un soporte original, siempre y cuando este producto haya sido comprado por el usuario, dejando fuera las copias de obras alquiladas o prestadas. La reformulada normativa también regula las grabaciones de contenidos radiodifundidos, que no podrán almacenarse permanentemente. Estas copias solo serán permitidas para su uso temporal.
Con la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros se abre un periodo de debate con las entidades de gestión y las comunidades autónomas. El objetivo del departamento de José Ignacio Wert es que la Ley Lasalle quede aprobada en el Congreso a final de año.
