Luz verde a la nueva Telemadrid que propone Cifuentes
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes, 15 de septiembre, el proyecto de Ley de Radio Televisión Madrid, que establece que el servicio de comunicación audiovisual será prestado por una empresa pública que será una Sociedad Anónima (S.A.) y cuyo Consejo de Administración y director general sean elegidos por dos tercios del Parlamento autonómico.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha afirmado que era un compromiso asumido en su acuerdo de investidura con Ciudadanos y se basa “en los principios de independencia en la gestión, objetividad en el tratamiento de la información, pluralidad en la representación social y sostenibilidad desde el punto de vista financiero”.
La hipotética readmisión de los despedidos por el ERE “queda al margen de la ley”
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido, ha precisado que la nueva Telemadrid será una “empresa pública” bajo la fórmula de Sociedad Anónima y participada al cien por cien y de forma directa por la Comunidad de Madrid. Además, se regirá por la legislación mercantil, con lo que dará “mayor competitividad” y más autonomía a la hora de la obtención de ingresos.
En este sentido, ha indicado que el régimen laboral será “similar al vigente por lo que esta aprobación no afectará en modo alguno a trabajadores que prestan servicio” actualmente en la cadena.
Preguntada por los trabajadores, la presidenta autonómica ha afirmado que la readmisión de los despedidos afectados por el Expediente se Regulación de Empleo (ERE) es algo que “queda absolutamente al margen de la ley” que ahora se empezará a tramitar. Así, ha zanjado que respecto a cuestiones de la política de personal, se va a hacer lo que digan los tribunales, pero no van a “reabrir ninguna otra cuestión que queda fuera del objetivo y ámbito de aplicación de la ley”.
El nuevo consejo de 7 miembros “garantiza un alto grado de despolitización”
Según este proyecto, el Consejo de Administración estará formado por siete miembros frente a los nueve actuales, uno de ellos será el director general y presidente del Consejo de Administración, que pasará a ser nombrado por la Asamblea. Tanto éste como los consejeros serán elegidos por dos tercios de la Cámara autonómica y sin segunda vuelta, lo que, en su opinión, “garantiza la necesidad de consenso lo más alto posible” y un “alto grado de despolitización”.
Los candidatos no podrán ser miembros del gobierno, de la Asamblea, cargos de elección o designación política, o pertenecer a la dirección de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales. Además, tendrán que comparecer previamente en audiencia pública en la comisión parlamentaria del ramo y tendrán un mandato de seis años, que no coincidirá con los mandatos electorales.
La elección del nuevo director general y de consejeros deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva ley y hasta su toma de posesión, el actual Consejo de Administración del Ente Público y su director general continuarán en el ejercicio de sus funciones.
El Consejo de Administración podrá crear un Consejo Asesor, cosa que reclamaba Ciudadanos, así como cualquier otro órgano de participación, asesoramiento o control interno que estime necesario.
Se contempla la creación de una Carta Básica para presidir el ente
Además, se contempla la creación de una Carta Básica que presidirá la actuación de la nueva Radio Televisión Madrid al fijar sus objetivos generales de servicio público para los próximos nueve años. Esta carta será aprobada por la Asamblea de Madrid por mayoría cualificada y se concretará en contratos programa con una vigencia de tres años, acordados entre el Consejo de Gobierno y Radio Televisión Madrid S.A.
El contrato programa deberá concretar, al menos, los objetivos específicos a cumplir por Radio Televisión Madrid en el ejercicio de su función de servicio público, incluidos los objetivos organizativos y económicos; la identificación expresa de los contenidos de servicio público; los porcentajes de géneros de programación; las aportaciones con cargo a los Presupuestos de la comunidad de Madrid para la prestación de servicio público los medios para adaptar los objetivos acordados a las variaciones del ámbito económico; los mecanismos de control de ejecución del propio contrato programa y los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados.
“Es un punto de partida, no un punto de llegada”
“No hemos establecido ninguna línea roja. Es un proyecto de ley suficientemente abierto que permita una negociación intensa”, ha indicado Garrido, que ha hecho un “ofrecimiento del Gobierno a la negociación de las diferentes enmiendas o ideas para este proyecto”.
“Es un punto de partida, no un punto de llegada”, ha asegurado Cifuentes, quien ha señalado que los populares van a ser “muy receptivos” a las propuestas de los grupos políticos, sobre todo, de Ciudadanos, “cuyos votos son imprescindibles para poder aprobar esta ley”.
Sin embargo, ha precisado que con el sistema de elección de los consejeros y del director (mayoría de dos tercios de la Cámara) se necesita al menos el concurso de tres grupos políticos, para poder elegir a los consejeros. A su juicio, éste es otro de los puntos que “garantiza que de verdad haya un consenso” y se garantiza la pluralidad.
La presidenta autonómica ha dicho que este proyecto de ley tiene “mucho ganado” porque no es algo que se haya “sacado de la manga”, sino de modelos ya en aplicación en otras comunidades autónomas como Galicia o Asturias. A su juicio, si para el PSOE una ley es buena en Galicia, a priori debería ser buena para Madrid.
“Partimos de una base que no es el proyecto del PP. Es el proyecto del Gobierno de la Comunidad que parte también de la experiencia de otras comunidades”, que llegaron a textos de amplio consenso, y a partir de ahí, habrá un debate parlamentario, ha explicado la jefa del Ejecutivo autonómico.
“Queremos que sea sostenible financieramente”
En otro orden de cosas, Cifuentes ha negado haber dicho que Telemadrid tenga que ser rentable“. ”Las Televisiones públicas no tienen que buscar la rentabilidad económica, sino social“, ha defendido Cifuentes, quien ha explicado que una cosa es la rentabilidad y otra la sostenibilidad financiera.
“Queremos que sea sostenible financieramente aunque si la televisión, finalmente, en el transcurso del tiempo no fuera viable y supusiera un coste inasumible para la Comunidad de Madrid nos plantearíamos y no descartaríamos que se pudiera plantear el cierre”, ha remarcado.
En su opinión, el sostenimiento de una televisión no tiene que ser una prioridad por encima de la prestación de otros servicios que son más esenciales, pero ha apuntado que sólo se plantearían el cierre “si se demostrara que es un servicio y una empresa pública completamente inviable desde el punto de vista financiero”, aunque su planteamiento es sacarla adelante y que sea sostenible.
En este punto, Garrido ha precisado que la ley de estabilidad presupuestaria impide que las cadenas públicas tengan déficit y ha añadido que en todo caso, prevén que su coste sea menor que los casi 70 millones de euros actuales.
