Los prejubilados cuestan a RTVE este año 74 millones de euros
Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo, el Ejecutivo tendrá que desembolsar 73,98 millones de euros para sufragar las prejubilaciones de los trabajadores de TVE que se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo en el año 2006, según un artículo de El Confidencial que resumimos a continuación por su interés.
El plan contemplaba la salida de profesionales con 52 años en unas condiciones más que ventajosas. No en vano percibían el 92% de su salario hasta la edad legal de retiro.
El Informe Económico y Financiero de los PGE contempla desde hace un lustro una transferencia a favor del Ente Público Radio Televisión Española en liquidación, partida que incluye los pagos a los profesionales que entraron en ERE, entre ellos históricos de la casa como Rosa María Calaf, Sebastián Álvaro o José Ángel de la Casa. Las cuentas públicas deberán asumir pagos importantes por este concepto más allá de 2020, cuando los más jóvenes acogidos al plan de salidas alcanzarán los 65 años y pasarán a percibir su pensión de la Seguridad Social. La cuantía en 2011 alcanzó los 82,3 millones de euros y se quedó en 73,02 millones en 2012.
Todo arrancó en 2006
Todo arrancó en julio de 2006, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -que tutelaba la empresa- y la entonces directora general, Carmen Caffarel, pactaban con los sindicatos reducir la plantilla de RTVE en 4.150 trabajadores y dejarla en apenas 6.400, dentro del plan de saneamiento financiero de la casa. El acuerdo, cerrado en la madrileña finca de los Peñascales (Torrelodones), se desarrollaba meses después. Y los sindicatos arrancaban unas condiciones irrepetibles para cerrar las prejubilaciones. El ERE forzaba el retiro de todos aquellos trabajadores con 50 años cumplidos a 1 de enero de 2007. Dejarían su puesto dos años después con la práctica totalidad de su sueldo y amplio margen para desarrollar otras actividades.
El fantasma de un nuevo ajuste de plantilla sobrevuela ahora sobre la Corporación después de que su nuevo presidente, Leopoldo González-Echenique, anunciara recientemente su intención de denunciar el convenio colectivo actual, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre. Por ahora, su objetivo declarado es lograr más flexibilidad en la jornada laboral, los horarios y el sistema retributivo. “Tiene que haber más correlación entre el trabajo y la retribución percibida. Ahora es inflexible”, zanjó en su última comparecencia en el Congreso. ¿Con un expediente de regulación de empleo a la vista? “Trataremos de evitar los despidos por todos los medios”, dijo González-Echenique, que coincidió con el PSOE en considerar el mantenimiento de la plantilla como una línea roja.
Recorte de 70 directivos
Claro que los números no ayudan y existen dudas en el Ejecutivo sobre la necesidad de mantener una plantilla tan elevada. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunía el pasado mes de enero con los consejeros de RTVE, en armas por el recorte de 200 millones que el Ejecutivo planteaba para la televisión pública. La número dos de Rajoy contraatacó sin recato: “¿Por qué Telecinco y Antena 3 pueden hacer una televisión con 1.000 personas y la pública necesita 6.400?”. Toda una declaración de intenciones. Como adelantó El Confidencial, la Corporación anunció ayer un drástico recorte de su estructura de mando que afectará a 70 ejecutivos. La cúpula rozaba a finales del año pasado los 250 directivos.
En números rojos
No es el único quebradero de cabeza que RTVE genera al ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro. Según admitió recientemente González-Echenique, la empresa no podrá asumir este año el recorte de 204 millones que le impusieron los Presupuestos Generales del Estado, lo que le aboca a los números rojos. Un escenario al que se añade el ajuste adicional de 50 millones para la televisión pública que prevén las cuentas públicas para 2013. Según consta en las mismas, la aportación del Estado se quedará en 292,74 millones de euros, un 14,6% menos que este año, para el que se contemplaban 342,74 millones. Los Presupuestos de 2006 ya tuvieron que absorber una deuda que alcanzaba los 7.500 millones, tras décadas de gestiones deficitarias.
Además, la financiación de la Corporación también pende de un hilo. Los popularesd an por hecho desde hace meses que Bruselas echará abajo el modelo puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero. La Comisión Europea anunciaba en marzo de 2011 que llevaría a España ante el Tribunal de la UE por no haber suprimido la tasa a los operadores de telecomunicaciones, al considerar que el nuevo impuesto no está en línea con las normas comunitarias en tanto supone una doble imposición a las empresas y no se emplea en financiar costes de regulación del propio sector. La normativa garantiza a la Corporación unos ingresos anuales de 1.200 millones: la mitad es aportada por los PGE y la otra se sufraga a través de tasas impuestas a las telecos y a las televisiones privadas, así como de un porcentaje del espectro radioeléctrico.
