La propuesta sobre TVE del experto financiero del Comité de Sabios

A continuación reproducimos por su interés el artículo que publica hoy El País: Como era de esperar, la presentación del informe del “Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal” (en adelante, Consejo) ha levantado una encendida polémica. En el curso de la misma se han producido algunas declaraciones poco ajustadas a la realidad sobre el papel del experto financiero de ese Consejo y el contenido de sus propuestas sobre Televisión Española. Habiendo sido elegido para desempeñar ese puesto, me veo obligado a presentar mi parecer, para lo cual me centraré en tres aspectos. 1. El primero se refiere al papel del experto en el Consejo. El artículo 4 del Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, establece que el Consejo “contará con un secretario... y un experto en temas de financiación propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda”. La norma de creación del Consejo determinaba, por tanto, mi plena participación en los trabajos del mismo, en contra de lo sugerido por algunos vocales a quienes pudo haber desagradado la incorporación de un miembro con funciones de esta naturaleza.

También se ha dicho que las atribuciones del experto se limitaban a informar sobre la situación financiera de RTVE y Efe, sin que estuviese autorizado a presentar propuestas. Ésta es una interpretación que desconocía hasta ahora y que no hubiese aceptado de haberse convenido así en su día por el Consejo. Además, carece de sentido encargar a una persona de mi experiencia profesional la elaboración de un análisis financiero sobre la situación de una empresa e impedirle presentar recomendaciones sobre las posibles medidas a adoptar para rehabilitarla. ¿A quién si no debería haber correspondido esa tarea?

En cuanto a las implicaciones del nombramiento por el ministro de Economía y Hacienda, conviene aclarar que, como en el caso de los vocales, mi designación fue a título personal. No se entiende, pues, que uno de ellos haya sostenido que el rechazo de mis propuestas reflejaba la independencia del Consejo respecto del Gobierno. Con independencia de la contradicción existente entre ese punto de vista y el que negaba mi representatividad, puedo asegurar que no recibí instrucciones durante mi mandato ni las hubiera aceptado.

2. El segundo aspecto se refiere al cometido del Consejo. El artículo 2 del Real Decreto citado establece que, entre las misiones encomendadas al mismo, se encontraba la de elaborar “un informe sobre... la financiación de los medios de comunicación estatal”. No es sostenible, por tanto, atribuir a esta tarea un carácter marginal con relación a las otras dos recogidas en ese artículo. Sobre todo, cuando el análisis de los problemas de RTVE demuestra que los aspectos financieros del problema son tan importantes como los relativos a la programación o la forma de designación de sus órganos directivos; todos los cuales están, además, interrelacionados.

3. El tercero y último concierne a la calificación de mi propuesta como “catastrofista”. Como puede comprobarse (mis informes se consiguen en Internet buscando mi nombre), lo que yo propuse, lejos de pretender el “desguace” de RTVE como se ha afirmado, consistía básicamente en tres actuaciones. a) En primer lugar, la urgente adopción de medidas para enderezar la situación financiera actual del Ente, sin esperar a la aprobación del proyecto de ley sobre su reforma. Dichas medidas deberían dirigirse, sobre todo, a mejorar la rentabilidad de los espacios publicitarios de TVE y la eficiencia de su política de adquisición de derechos de emisión, así como a reducir los costes de personal de RTVE y RNE mediante la racionalización de sus plantillas. b) En segundo lugar, la desaparición del Ente Público en su configuración jurídica actual, ya que su existencia no se justifica tras la evolución técnica y jurídico-doctrinal experimentada desde la aprobación del Estatuto de la radio y la televisión en 1980. Además, como reconocen hasta los propios informes de reestructuración elaborados en RTVE, la configuración del holding como Ente Público ha sido un factor esencial en la generación y el mantenimiento del círculo vicioso pérdidas-endeudamiento que ha caracterizado la evolución financiera de la radiodifusión estatal desde comienzos de la década de 1990. c) Y, en tercer lugar, la sustitución de TVE y RNE por dos sociedades anónimas públicas, cada una de las cuales cubriría tanto los servicios públicos de televisión como de radio. Una de ellas tendría carácter comercial y se financiaría con publicidad y el producto de sus actividades, mientras que la otra tendría un mandato más estricto de servicio público y se financiaría con subvenciones, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y con las ventas que realizase. Este esquema organizativo, como pude comprobar después de haberlo presentado al Consejo, presenta similitudes con una propuesta del profesor Barea, aunque (al revés que yo) él se inclinaba por privatizar la TVE de carácter comercial. Pero no tiene nada que ver con el señor Berlusconi, como se ha pretendido, sino con la reciente propuesta sobre la RAI del Tribunal de la Competencia italiano. Según expliqué al Consejo sin éxito aparente, dicho organismo, en su trabajo “Indagine conoscitiva sul settore televisivo: La racolta pubblicitaria”, de 16 de noviembre del año pasado, se muestra partidario de aplicar a la RAI una solución muy similar a la que yo propuse para RTVE. Debiendo significarse que bajo dicho esquema las posibilidades de privatizar RTVE son las mismas que con el entramado defendido en el informe del Consejo; para poderse materializar bastaría con que un gobierno lo decidiese. Con independencia de ello, resulta sorprendente que las críticas del sector mayoritario contra los discrepantes hayan ignorado la unanimidad que existió desde el principio en rechazar la privatización como forma de solucionar los problemas de RTVE, circunstancia señalada con fortuna en el voto particular discrepante.

Espero haber aclarado mi posición. No obstante, para no dejar ninguna posibilidad de duda, quisiera terminar reafirmando mi convicción en la necesidad de una radio y televisión públicas que cubran las necesidades que el mercado no atiende. Creo también en la existencia de una radiodifusión pública de carácter comercial que, con una gestión adecuada, pueda ser rentable. Pero con la misma contundencia afirmo que, si se demostrase que esto último no es posible, el Estado no tendría ningún motivo para sostenerla. Porque el argumento de que la gestión de un servicio público justifica la ineficiencia no debería tener cabida en una sociedad en la que hay pocos recursos para tan grandes necesidades.