La reforma de la Ley Audiovisual supera su primer trámite en el Congreso

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, ha superado su primer trámite en el Congreso de los Diputados al contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de UPN, la abstención de CiU y de Coalición Canaria, así como el voto en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG, Amaiur y Geroa Bai.

Rechazadas las enmiendas de la oposición

Además, el Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG, que pedían la devolución del texto presentado por el Gobierno.

Soria: “El objetivo es solventar la situación económica de estas cadenas”

Durante el debate de esta reforma en la Cámara Baja, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido que la intención del Ejecutivo es solventar la “difícil situación económica” de gran parte de las televisiones autonómicas españolas, al permitirse recuperar su viabilidad económica. Eso sí, ha insistido en que no se trata de una “obligación” sino de una reforma que abre la puerta a que, dentro de la flexibilidad, las comunidades autónomas decidan cómo quieran gestionarse. “Es una elección de cada cual”, ha avisado.

Así, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó a finales de abril esta reforma de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además, ha señalado que se elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de los mismos.

Comparte el espíritu

Mientras, la diputada 'popular' Macarena Montesinos, ha insistido en su intervención en que esta reforma no invade las competencias autonómicas, ni tampoco en ella se erosiona ningún derecho. De hecho, de todas las intervenciones que han realizado sus compañeros ha dicho que “la más sangrante” la ha protagonizado el Grupo Socialista, quienes, en su opinión, no quieren sacar adelante esta reforma legislativa, que permite sanear las cuentas autonómicas, para instalarse en el sectarismo “más extremista y radical”.

Así, ha puesto el ejemplo el canal autonómico de Andalucía, donde gobierna el PSOE, y donde ha señalado que se “secuestra la libertad de expresión, se anula a los partidos de la oposición y se parece desgraciadamente a un modelo de Corea del norte o Cuba y no al de una comunidad autónoma”.

Invasión competencial

Por parte de CiU, Inmaculada Riera, ha manifestado que comparte el espíritu de la reforma pero discrepa con el impacto competencial que plantea la ley. Así, apoya la flexibilidad que posibilita a las comunidades autónomas a decidir sobre la gestión de los canales autonómicos pero, según ha insistido, “siempre y cuando sea una decisión propia de las comunidades”.

De manera “clara y rotunda” ha dicho también que no está de acuerdo con la segunda parte de esta reforma legislativa que, bajo el pretexto de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, supone a su juicio una “clara invasión competencial”. En este sentido ha recordado la reserva a la Generalitat sobre la organización de la prestación del servicio autonómico audiovisual.

PSOE: “Dan cobijo a medios que, como aves carroñeras, están al acecho de las autonómicas

El portavoz del PSOE en la materia, Juan Luis Gordo, quien ha iniciado su intervención matizando que es “necesario” poner en marcha medidas que garanticen la sostenibilidad económica y financiera de los canales autonómicos, ha subrayado que el camino que hay que seguir no es el propuesto por el PP.

Así, ha propuesto que sea RTVE, mediante un convenio, quien pueda facilitar el servicio público de radio y la televisión en las comunidades autónomas. La idea, según ha explicado, consiste en aprovechar las sinergias mediante la cooperación y colaboración entre los operadores estatales y autonómicos.

“Nosotros no nos podemos fiar de ustedes en un tema tan importante como éste. Con este proyecto extienden la televisión de partido al resto de las televisiones autonómicas, controlan los informativos y dan cobijo a grupos mediáticos que, como aves carroñeras, están al acecho, antiguos parientes, antiguos secretarios de Estado para hacerse con las televisiones autonómicas”, ha incidido.

A su juicio, esta reforma sobrepasa varias líneas rojas: “Excede el ámbito competencial del Estado al imponer a los servicios públicos obligaciones muy exhaustivas, quiebra el principio de independencia y pluralismo porque externaliza los servicios informativos, además aboga por la privatización y al mismo tiempo establece una excelente plataforma para la expansión mediática para grupos de interés mediático”.

Desde el BNG, Francisco Jorquera ha defendido sobre su enmienda a la totalidad que el proyecto del Gobierno plantea contenidos centralistas y privatizadores, mientras que Joan Tardà de ERC, ha defendido en su intervención que con esta reforma se da un “hachazo al servicio público”.

Una “hecatombe” para España y una normativa “caótica”

El republicano, que llevaba un pequeño cartel amarillo que ponía 'Jo TV3' o 'Yo TV3' en el bolsillo, ha augurado que con esta modificación normativa se producirá una “hecatombe” para España y para los 'países de habla catalana'. “Si triunfan es la hecatombe para nuestro país y para el resto de países de habla catalán, que gracias a TV3, hoy día todavía podemos aspirar a que la lengua no acabe siendo no solamente residual sino absolutamente desaparecida”, ha insistido.

Por su parte, Irene Lozano, de UPyD, ha tachado la normativa de “caótica” y dice que “siembra el caos” en el conjunto de la normativa audiovisual. “Lo de la ley de la jungla era una metáfora pero hoy se ha materializado con esta ley. Nos parece que es un engendro desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista político sobre la gestión de las televisiones autonómicas”, ha reiterado.

Desde la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha destacado que su enmienda a la totalidad quiere defender la cultura y las lenguas como base del sistema democrático. “Vienen con un proyecto legislativo para privatizar y recentralizar. Defiende el negocio de unos pocos pero no a los ciudadanos. Consideramos sumamente negativa esta reforma que responde al servicio de los grandes operadores privados”, ha afirmado.

Requerimientos difíciles de sostener

Mientras, desde el PNV, Pedro Azpiazu, ha apuntado que con esta reforma se imponen obligaciones de carácter financiero que para muchos canales autonómicos son “difíciles de sostener”. Además se ha preguntado cómo se va a garantizar el servicio público con estas nuevas fórmulas de gestión y se contribuya a la formación de una información pública plural.

“Déjenos gestionar nuestra televisión. Es obvio el rechazo firme y contundente del grupo vasco. Confiamos que el Gobierno y el PP acepte nuestras enmiendas parciales lo que nos permitiría corregir algunas cuestiones básicas”, ha apuntado.