El Supremo ordena reabrir el “caso Couso” a la Audiencia
El Tribunal Supremo ha anulado este martes el sobreseimiento decretado por la Audiencia Nacional de la causa que investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso en una acción contra el hotel Palestina perpetrada el 8 de abril de 2003, en plena invasión de Bagdad por parte del Ejército estadounidense.
La decisión del alto tribunal, que hoy deliberó este asunto a puerta cerrada y de la que únicamente se ha adelantado el fallo, obliga a la Audiencia Nacional a reabrir el caso. Es la segunda vez que ocurre, pues en diciembre de 2006 el Supremo anuló un primer archivo de la causa rechazando que el fallecimiento pudiera incardinarse en “un acto de guerra”.
En esta ocasión, la familia del cámara de Telecinco había presentado un recurso contra el auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 23 de octubre de 2009 que confirmó la conclusión del sumario como consecuencia de haber acordado, unos meses antes, la revocación del procesamiento del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp, acusados indiciariamentede provocar la muerte de Couso.
La decisión del Supremo ha sido adoptada por unanimidad de una Sala integrada por los magistrados Joaquín Giménez, Perfecto Andrés Ibáñez, Diego Ramos, Manuel Marchena y Francisco Monterde, han señalado fuentes de este órgano.
El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acusaba a los tres norteamericanos de la comisión de delitos de homicidio y contra la comunidad internacional, pero la Sala de la Audiencia concluyó que la investigación no había logrado obtener datos relevantes que permitieran seguir con la tramitación del procedimiento, por lo que decretó la conclusión del sumario y el sobreseimiento provisional del asunto.
Pedraz aseguraba en su auto de procesamiento que Gibson fue “la persona que dio la orden directa de disparar” sin que conste “la existencia de 'francotirador' u 'ojeador' u 'observador enemigo' ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado y otra parte del Hotel Palestina, contra las tropas norteamericanas”.
Persona protegida
Recordaba igualmente que Couso era, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, “persona protegida” y añadía que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes. “La fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no era objetivo militar y que, además, estaba ocupado por población civil y periodistas”, afirmaba el juez Pedraz.
No obstante, la Sala de la Audiencia Nacional, en consonancia con la Fiscalía, entendió que ninguna de las diligencias practicadas por Pedraz tenía el peso suficiente como para justificar un procesamiento de los militares. Así, concluyó que no se podía negar la existencia de francotiradores en el Hotel Palestina porque, según el testimonio prestado por los periodistas Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Jesús Hernández Quiñonero, no parece “descartable que se colase alguno sin control”.
En cuanto a la declaración prestada por la ex sargento Adrianne Kinne, que realizó escuchas de las comunicaciones mantenidas por los tres militares y su mando, el auto que revocó el procesamiento de los militares aseguraba que su testimonio revistió “una dudosa validez procesal” ya que “la intervención de las comunicaciones que llevaba a cabo no era legal o quebrantaba la Ley y la Constitución”.
Se trataba de la tercera vez que la Sala de lo Penal rechazaba la continuación de la causa después de dos distintos procesamientos dictados por Pedraz en mayo de este año y en abril de 2007.
En su primer rechazo, la Sala de lo Penal decretó el archivo de la causa el 10 de marzo de 2006, al considerar que los hechos no fueron constitutivos de delito y que los soldados llevaron a cabo “un acto de guerra” con fatales consecuencias. El recurso de los familiares de Couso ante el Tribunal Supremo facilitó la reapertura, y aunque la causa fue sobreseída posteriormente ahora existe otra nueva oportunidad para aclarar definitivamente los hechos.
La familia, “satisfecha” con la decisión del Supremo
Javier Couso, hermano del cámara José Couso asesinado en Irak en 2003, ha mostrado este martes la “satisfacción” de la familia por la decisión del Tribunal Supremo de ordenar a la Audiencia Nacional reabrir la investigación y ha exigido a la Fiscalía General del Estado que “se ponga a trabajar” y “no torpedee” el proceso.
“Estamos muy contentos, es la segunda vez que el Tribunal Supremo por unanimidad reabre el caso”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press Couso, quien ha pedido a la Fiscalía que “deje de pervertir su naturaleza, que es facilitar la investigación” y no persista en “defender a los militares estadounidenses en vez de investigar lo que le pasó a un ciudadano español”.
En este sentido, el hermano del cámara asesinado se ha mostrado “absolutamente indignado” con las últimas actuaciones de la Fiscalía Nacional, que recurrió el procesamiento de los militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso a pesar de que, según la familia, anteriormente el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se había comprometido a no oponerse a la investigación.
“Nos dio su palabra y luego nos mintió”, se ha quejado Couso. Por ello, la familia exige que, en esta ocasión, cuando la Audiencia Nacional vuelva a abrir la investigación y continúen las actuaciones que había ordenado el juez Santiago Pedraz, la fiscalía “no se interponga”.
Preguntado por las esperanzas que la familia tiene ahora de obtener una sentencia favorable, se ha mostrado confiando en conseguir “por lo menos que se investigue”. “Lograr sobre todo que haya un proceso y que si estos señores --los militares implicados-- y el gobierno de Estados Unidos siguen hurtando la justicia que vuelvan a estar en búsqueda y captura, por lo menos que no puedan salir de su país para seguir asesinando periodistas”, ha subrayado.
“Siempre hemos confiando en la acción de la justicia”, ha insistido Couso, quien ha indicado, sin embargo, que en los contactos que la familia ha tenido con la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, “en ningún caso” vieron “una aptitud de investigar lo que le pasó al ciudadano español”.
