El Supremo planteará al Tribunal Europeo la legalidad de la Ley del Cine
El Tribunal Supremo planteará al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si la legislación permite efectivamente a los estados miembros “imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisiones europeas”.
Asimismo, en un auto sobre el recurso planteado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) en 2004 contra esta inversión obligatoria, el Alto Tribunal preguntará también, en el caso de que la respuesta del tribunal europeo sea positiva, si es conforme con el marco regulador europeo una norma nacional (el decreto que estableció la citada imposición) “que además de incluir la obligación de financiación ya expuesta, reserva el 60 por ciento de dicha financiación obligatoria a obras en lengua original española”.
En tercer lugar, el Supremo indica en su auto que planteará también si destinar el 60 por ciento de la financiación obligatoria a películas mayoritariamente producidas por la industria española “constituye una ayuda del Estado en beneficio de dicha industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado de la CE”.
En consecuencia, y en tanto no se resuelvan estas cuestiones “prejudiciales”, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido suspender el procedimiento referente al citado recurso de UTECA. Asimismo, fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el Alto Tribunal ha resuelto en el mismo sentido otro recurso presentado por Telecinco.
En su resolución, el Supremo admite en su auto, con fecha de 18 de abril, que tiene “dudas” sobre la interpretación que ha de darse en este caso a la normativa europea (la Directiva 89/552/CE, posteriormente modificada a través de la Directiva 97/36/CE), sobre todo en lo que se refiere a los “márgenes de libertad” de que gozan los estados “para imponer normas más estrictas que las insertas en la propia directiva”.
En cuanto a que los fondos de las televisiones se destinen a financiar cine español, el Tribunal cree que podrían suscitarse “problemas de compatibilidad” con el derecho comunitario, sobre todo en lo referido a la “prohibición de discriminación por razón de nacionalidad” recogido en el propio Tratado CE.
Por último, considera que existen “dudas” sobre si estas ayudas al cine español “constituyen o no una ayuda del Estado a favor de un determinado sector económico nacional (el de los productores de obras cinematográficas) y si, en caso afirmativo, tal ayuda debió ser puesta en conocimiento de la Comisión Europea a efectos de la apreciación de su compatibilidad con el mercado común”.
UTECA afirma que el auto “apoya sus tesis” sobre la futura ley
El secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), Jorge del Corral, señaló hoy a Europa Press que el Tribunal Supremo “apoya sus tesis” con su decisión de instar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a aclarar si la obligación a los operadores de televisión de invertir en el cine el 5 por ciento de sus ingresos brutos anuales es contraria al derecho comunitario.
En este sentido, Del Corral indicó que esta resolución judicial es “una decisión importante” en defensa de las tesis de las televisiones integradas en UTECA (Antena 3, Telecinco, Canal+, Cuatro, La Sexta, Net TV y VEO) y además “ratifica” su postura en lo que se refiere al actual anteproyecto de la Ley del Cine.
Tras destacar que las televisiones comerciales “apoyan todas las ayudas públicas que se otorguen para el desarrollo del cine español en su vertiente cultural, Del Corral manifestó que UTECA ”se ratifica en sus posiciones“ en este tema y reitera que ”no se puede obligar a un sector privado a invertir en otro sector privado“. ”No hay precedentes“, aseveró.
Por otro lado, UTECA indica en un comunicado sobre este auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, notificada hoy a las partes, que “cualquier otra ley, llámese del Cine o del Audiovisual”, que establezca una obligación similar, “incurriría en idénticos defectos”.
En cualquier caso, las televisiones reiteran su voluntad “de seguir apoyando a la industria cinematográfica española desde criterios empresariales”, aunque “sin imposiciones de ningún tipo y en plano de igualdad con todas las partes”.
Por otro lado, fuentes del sector consultadas por Europa Press advirtieron de los problemas que podrían surgir en el futuro si finalmente los tribunales consideran no ajustada a derecho la obligación de que las televisiones privadas inviertan en cine y éstas decidieran reclamar la devolución de las cantidades aportadas desde que, hace ocho años, entrara en vigor la obligación mencionada.
