Venezuela aprueba ley que regula radio y televisión
El parlamento venezolano aprobó el miércoles una polémica ley que regula a los medios audiovisuales y que, según críticos y grupos de defensa de los derechos humanos, da poderes discrecionales al estado que podrían ser usados por el gobierno para acallar a sus adversarios, informa la agencia Reuters. Los 35 artículos de la ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión fueron aprobados con los votos de la precaria mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, tras casi tres años de debate entre quienes dicen que “democratizará” a los medios y los que afirman que “amordazará” la libertad de expresión. Los diputados opositores votaron en contra y dijeron que impulsarán un referendo abrogatorio o derogatorio de la ley, que pasará esta misma semana a la presidencia de la República para su entrada en vigencia. El gobierno del presidente Hugo Chávez ha defendido la ley argumentando que protege a los niños y adolescentes de mensajes y programas violentos y de contenido sexual y ha rechazado las críticas de que cercenará a los medios.
“Es una ley necesaria (...) pero no es ninguna ley que amenaza la libertad de prensa,” dijo Chávez esta semana en España, primera parada de una gira que incluye Libia, Rusia, Irán y Qatar.
Entre los objetivos de la ley está garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, “dentro de los límites propios de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia,” reza el texto.
Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la estadounidense Human Rights Watch (HRW), alertaron que peligra la libertad de expresión en Venezuela, que viene de casi tres años de inestabilidad política y de cuestionamientos del gobierno sobre el papel de los medios de comunicación.
“Esta legislación amenaza seriamente la libertad de prensa en Venezuela,” dijo el martes en un comunicado José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW. “Imponer una camisa de fuerza a la prensa no es manera de promover la democracia.”
“Sus restricciones redactadas con vaguedad y fuertes penalidades son una receta para la autocensura de la prensa y la arbitrariedad de las autoridades de gobierno,” agregó.
DA EL GARROTE AL REGULADOR ESTATAL
El instrumento ha sido calificado como “ley Mordaza” por la oposición, que acusa a Chávez de querer instaurar una dictadura en el quinto exportador mundial de crudo.
Chávez ha acusado a la mayoría de las radioemisoras y televisoras privadas de aplicar el “terrorismo mediático” y de respaldar los intentos por sacarlo de la presidencia que ganó en 1998, seis años después de encabezar un intento de golpe.
Una innovación de la ley es la creación de un Directorio de Responsabilidad Social presidido por el director general del regulador Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y formado por representantes de órganos públicos y ministerios, iglesias, usuarios y de las escuelas de comunicación social.
Ese directorio se encargará de imponer las sanciones y aprobar normas, lo que para opositores da discrecionalidad a los funcionarios y abre una puerta a la corrupción.
“Prácticamente se le da el vil garrote a estos comisarios de Conatel para que sin ningún tipo de límite y de acuerdo a su subjetividad (...) puedan calcular cualquier tipo de sanción,” dijo durante la maratónica discusión el diputado Jesús Garrido, del partido opositor Acción Democrática (AD).
Sin embargo, el director de Conatel, Alvin Lezama, insistió en que ese directorio es bastante “plural,” lo que dijo garantizará el equilibrio en la toma de decisiones.
Para algunos especialistas si se establecen sanciones desproporcionadas asumiendo la ley como una herramienta de control político contra medios y periodistas se pueden generar autocensuras o abusos.
Además de elevadas multas o la revocatoria de la habilitación administrativa o la concesión, una emisora o televisora será sacada del aire hasta por 72 horas cuando los mensajes difundidos “promuevan, hagan apología o inciten” a la guerra, al desorden público, al delito, sean discriminatorios o promuevan la intolerancia religiosa, dice la ley.
También cuando los mensajes sean contrarios a la seguridad de la nación y sean anónimos.
Los medios audiovisuales tendrán entre seis meses y tres años para adaptarse a la legislación, ajustar su programación y adecuar sus espacios a la producción nacional.
