Cuando un joven de 20 años de Texas fue detenido a principios de este año por intentar, presuntamente, quemar la sede de OpenAI y la casa de Sam Altman, consejero delegado de esa empresa, las autoridades encontraron un manifiesto contra la IA, una garrafa de queroseno y un mechero. Este fue uno de los episodios de una oleada de ataques que ha encendido las alertas entre investigadores, la industria tecnológica y las fuerzas de seguridad ante el auge del extremismo antitecnológico.

En abril, un influencer de Instagram italiano de la corriente “nature pilled” (movimientos en redes obsesionados con el retorno radical a la naturaleza) fue detenido en Roma y acusado de planear una serie de ataques antitecnológicos inspirados en Ted Kaczynski, conocido como el “Unabomber”.

El mes pasado, dos personas que se autodefinen como “ecofascistas” perpetraron un ataque mortal antimusulmán en una mezquita de San Diego (EEUU). Entre sus motivaciones para la violencia, resumidas en un manifiesto, también citaron el contenido basura generado por IA (“AI slop”) y los vínculos de JD Vance con Palantir.

A principios de este año, un concejal de la ciudad de Indianápolis se despertó sobresaltado por el sonido de disparos efectuados contra su casa, antes de encontrar una nota en la que se leía: “NO MÁS CENTROS DE DATOS”.

La creciente reacción pública ante el rápido despliegue de la inteligencia artificial por parte de la industria tecnológica ha adoptado formas en su inmensa mayoría no violentas, como la organización de comunidades locales en contra de los centros de datos o candidatos políticos que prometen una mayor supervisión. Sin embargo, en los márgenes de ese movimiento, los investigadores avisan de las quejas contra la industria de la IA y sus líderes están reavivando antiguos movimientos extremistas violentos y fomentando otros nuevos.

La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo

Jordyn Abrams — Investigadora sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU)

“La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo”, afirma Jordyn Abrams, investigadora del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Aunque gran parte del debate público inicial en torno a la IA generativa y el extremismo se centra en cómo actores maliciosos, como grupos terroristas, podrían dar un mal uso a productos como ChatGPT para fines propagandísticos o para planear atentados, más recientemente se está prestando atención a cómo la propia industria de la IA en su conjunto puede radicalizar a las personas. Lo que motiva a alguien a ejercer la violencia extremista puede no ser una conversación con un chatbot, según los investigadores, sino la sensación de un cambio impuesto a toda la sociedad, la narrativa de amenaza existencial y la falta de rendición de cuentas que han acompañado al auge de la IA.

De la misma manera que la IA ha llegado a impregnar muchas facetas de la vida moderna, esta tecnología también se ha filtrado en la forma en que los extremistas conciben el mundo. Ya se trate de grupos violentos antigubernamentales que se oponen a la vigilancia masiva, ecofascistas con reivindicaciones medioambientales, aceleracionistas neonazis empeñados en colapsar infraestructuras tecnológicas críticas o el hombre que presuntamente atacó la casa de Altman preocupado por que una inteligencia artificial superpoderosa destruya a la humanidad, la IA se ha convertido en una fijación en todo el espectro extremista.

Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA. Trasciende las dicotomías de izquierda y derecha

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

“Realmente trasciende las dicotomías de izquierda y derecha”, señala Yannick Veilleux-Lepage, profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá. “Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA”.

Demasiado rápido

El movimiento antitecnológico moderno tiene un largo linaje. Históricamente, los periodos de cambio tecnológico vienen acompañados de una reacción violenta por parte de los más afectados; los investigadores suelen señalar la rebelión ludita de principios del siglo XIX, cuando los trabajadores textiles británicos destruían las máquinas de tejer automatizadas mientras exigían más derechos laborales. Los siguientes 200 años trajeron oleadas de disputas laborales violentas y violencia política asociadas a las perturbaciones del mercado provocadas por la tecnología, la acumulación desigual de la riqueza y la pérdida de derechos de los trabajadores.

En la década de los 90, se produjo un rechazo cultural contra el auge del ordenador personal y el temor a cómo desestabilizaría a la sociedad. Entre las quejas habituales figuraban el miedo a la sustitución de los trabajadores humanos, el daño medioambiental y el desmoronamiento de las estructuras sociales saludables.

“¿No te has enterado? Quiere tu trabajo. Te vende obscenidades. Corrompe a tus hijos. Es frío, estéril, inhumano. De repente, está bien odiar a tu ordenador”, se leía en un reportaje de portada de la revista New York Magazine de 1995 sobre los “nuevos luditas”.

El mismo año en que New York Magazine publicó su portada, el Washington Post y el New York Times difundieron el manifiesto antitecnológico del Unabomber, un panfleto de 35.000 palabras contra la sociedad industrial que se ha propagado por internet desde entonces y se ha convertido en lo más parecido a un texto fundacional para el extremismo antitecnológico.

Lo que separa al extremismo contra la IA de estas oleadas anteriores de rechazo tecnológico es, según los investigadores, en parte la velocidad y la escala con la que la IA está provocando cambios económicos, sociales y políticos. “No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido”, explica Veilleux-Lepage. “La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia o para inmunizarse frente a estas transformaciones”.

No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido. La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

Los trillados argumentos de la propia industria de la IA —que aseguran que esta tecnología revolucionará el mundo, si es que no acaba con él— también alimentan una narrativa de radicalización que postula que la IA representa una amenaza existencial y debe ser detenida a toda costa.

Cuando Veilleux-Lepage da charlas a responsables políticos sobre el extremismo antitecnológico, una de sus diapositivas muestra sencillamente una serie de citas de consejeros delegados. “Para radicalizar a la gente, en realidad no necesitas teóricos ni ideólogos que llamen a la violencia contra la IA, porque los directivos tecnológicos ya están haciendo un trabajo bastante eficaz en ese sentido”, afirma Veilleux-Lepage.

“Espero que ocurran cosas realmente malas”

Altman ha planteado a menudo los cambios que traerá la IA como algo que puede ser difícil, pero que en última instancia será positivo. Sobre todo, describe el cambio como inevitable “Espero que ocurran cosas realmente malas a causa de esta tecnología, algo que también ha sucedido con tecnologías anteriores”, declaró Altman el año pasado en el podcast de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Aunque los directores ejecutivos de las tecnológicas se muestran públicamente optimistas sobre la resiliencia de la sociedad y el cambio que provocará la IA, también está claro que en el ámbito privado les preocupa la amenaza de la violencia política. El gasto en seguridad personal para directivos se ha disparado en los últimos cinco años a raíz de incidentes como el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que líderes tecnológicos como Elon Musk destinan ahora millones a su propia protección. SpaceX reveló en su documentación para salir a bolsa a principios de este año que el año pasado pagó 4 millones de dólares a la empresa de seguridad privada de Musk, el doble de lo que había gastado apenas dos años antes.

A lo largo del último año se aprecian indicios de que la industria de la IA está cambiando su retórica mientras lidia con una desconfianza pública generalizada. Altman afirmó el mes pasado que la IA probablemente no provocará el “apocalipsis laboral” del que habló en su momento, a pesar de que empresas como Meta están despidiendo a decenas de miles de trabajadores.

Mientras tanto, OpenAI y Anthropic han anunciado este año la creación de fondos y laboratorios de ideas (think tanks) destinados a ayudar a las instituciones civiles a adaptarse a la IA. En concreto, la organización sin ánimo de lucro de OpenAI ha comprometido 250 millones de dólares en subvenciones para programas que ayuden a los trabajadores a afrontar las perturbaciones de la IA.

Las principales empresas de IA están contratando a expertos en seguridad nacional, inteligencia y armamento para supervisar las amenazas y el mal uso de su tecnología, incluidos algunos con experiencia en investigación sobre extremismo y contraterrorismo. El jefe de inteligencia de OpenAI trabajó anteriormente como uno de los principales expertos académicos en el Estado Islámico y escribió un libro sobre la creencia del grupo de que estaba provocando el apocalipsis. OpenAI y Anthropic no han respondido a las solicitudes de entrevistas con sus expertos en inteligencia o seguridad.

Sin recursos no violentos

El cierre de vías legítimas para canalizar la oposición pública a la IA, así como la sensación de que se está imponiendo esta tecnología a la sociedad, está creando lo que los investigadores describen como una brecha en la rendición de cuentas que puede incentivar aún más el terrorismo y la violencia política. Donald Trump, en sintonía con los líderes tecnológicos, promulgó el año pasado una orden ejecutiva para intentar bloquear cualquier legislación a nivel estatal que frenara el desarrollo de la IA, y ha asegurado que nada ralentizará a Estados Unidos en la carrera global de la IA. Los multimillonarios tecnológicos también están invirtiendo millones de dólares en lobby y gasto político en un intento de evitar la regulación de la IA.

“Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción”, señala Mauro Lubrano, profesor de la Universidad de Bath y autor de Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico.

Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción", señala

Mauro Lubrano — profesor de la Universidad de Bath y autor de 'Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico'

Documentos de las fuerzas de seguridad federales obtenidos por Wired y The Intercept muestran que las autoridades de EEUU vigilan cada vez más los movimientos antitecnológicos, al tiempo que han declarado que perseguirán penalmente de forma contundente los ataques violentos. Tras el intento de incendio provocado en la casa de Altman a principios de este año, las autoridades prometieron que “el FBI no tolerará amenazas contra los líderes de la innovación de nuestra nación”.

No obstante, los investigadores advierten de que las autoridades corren el riesgo de confundir las protestas a escala nacional y las peticiones de una mayor regulación de la IA con posturas extremistas antitecnológicas más marginales, lo cual es tanto erróneo como contraproducente. Los programas orientados a la vigilancia masiva y los intentos de silenciar los movimientos no violentos contra la IA inevitablemente tendrán efectos adversos, según Lubrano, empujando aún más a la gente hacia las respuestas violentas si sienten que sus demandas legítimas no son atendidas.

“Tenemos la oportunidad de ser proactivos en esto evitando al mismo tiempo errores que hemos cometido en el pasado al responder a otras formas de extremismo”, afirma Lubrano. “Algo me dice que no empezamos con buen pie”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

La magistrada de la Audiencia Nacional Francisca María Ramis Rosselló ha emitido un voto particular contrario a la resolución de sus colegas jueces en el que sostiene que la entrada y registro en la sede de la acerera vasca Sidenor sí era necesaria porque, con esa diligencia, España cooperaba con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación abierta por ese organismo para esclarecer si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Gaza.

En el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional —presidida por Teresa Palacios—, al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas acordaban estimar el recurso del presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, contra la decisión del juez instructor de investigar otras operaciones de venta de acero para la fabricación de armamento a distintos países, algunos no pertenecientes a la Unión Europea, como era el caso de Vietnam. Así, revocaban esa resolución del magistrado Francisco de Jorge, como ya habían hecho con anterioridad con la entrada y registro en Sidenor, que tuvo lugar en febrero de este año. “Se corría el riesgo de practicar una investigación prospectiva”, destacaban.

Pero la magistrada Ramis Rosselló, en su voto, recuerda que el hecho de que sea la Corte Penal Internacional la competente para perseguir y enjuiciar el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio en relación con altos cargos militares y políticos israelíes “no desplaza la competencia funcional de España para cooperar, asegurar y preservar” toda prueba que pueda ayudar en esa investigación. “La CPI ejerce una jurisdicción plenamente válida sobre los crímenes cometidos, en este caso concreto en Gaza, y su investigación complementa la labor del Tribunal Internacional de Justicia centrada en la responsabilidad de Israel como Estado”, añade.

Y subraya que la cooperación de otros estados es determinante porque cada uno, en el marco del Estatuto de Roma, “tiene la obligación jurídica de cooperar con la Corte Penal Internacional”, no como gesto político, sino en cumplimiento de la obligación internacional. Entiende la magistrada que en el caso de España, y más en concreto de la Audiencia Nacional, debe “facilitar pruebas, información y asistencia judicial”.

Al hilo, recuerda que si bien la modificación de la norma que acotaba los casos de justicia universal limitaba la participación de este tribunal especial a determinados vínculos de conexión, esta restricción solo afecta a la posibilidad de enjuiciar el asunto en España. Así, no altera en modo alguno la capacidad de cooperar con la Corte Penal Internacional. Y por eso considera que las diligencias acordadas por De Jorge en la causa que abrió tras la querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa deben entenderse como un “acto de cooperación”.

Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la defensa de Jainaga interpusieron recursos pidiendo la nulidad de los registros y el análisis de los hallazgos de otras operaciones de venta de acero. Pero la magistrada recuerda al Ministerio Público que la Fiscalía General del Estado (FGE) en un decreto de septiembre de 2025 decía que en España “resulta legítimo abrir diligencias preprocesales para preservar e integrar prueba en un marco procesal que haga posible su utilización posterior por jurisdicciones internacionales”.

Además, la magistrada entiende que en el contexto internacional descrito en la querella, y en atención al Estatuto de la Víctima, sí concurría el requisito de perseguibilidad y, por tanto, no se podía negar legitimación ni a la asociación como acusación popular ni al médico gazatí que se personó como acusación particular y que finalmente fue expulsado de la causa por la Sala de lo Penal.

“Indicio potentísimo”

Vuelve a incidir en que los registros fueron una medida proporcional porque el delito de contrabando de materiales destinados a la fabricación de armamento “resulta especialmente sensible en el contexto internacional en que se ha producido”. “Da al contrabando una dimensión que excede de la defraudación a los intereses del Estado y, por lo tanto, la utilización del registro domiciliario como medida de investigación resultaba proporcionada a la gravedad de los hechos”, concluye.

Para finalizar, la magistrada incide en que los autos de De Jorge recogían indicios del delito de contrabando y del delito de complicidad en el delito de lesa humanidad o de genocidio. Y recuerda que se apoyaba en un oficio de la Comisaría General de Información de septiembre de 2025 relativo a la exportación de 42 partidas de acero no aleado a la empresa israelí IMI Sistems LTD con pleno conocimiento de que este es un fabricante de toda clase de armamentos.

Añadía que ese es un “indicio potentísimo” que se da en un momento y contexto muy específico, esto es, “los acontecimientos producidos en Gaza, la apertura de diligencias ante el TPI, y las denuncias de genocidio contra Israel por presunto delito de genocidio”.

Unas cloacas del PSOE que maniobran contra dirigentes y ministros del PSOE. Increíble, pero cierto. El 'comando Leire' al que la UCO atribuye una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan a los socialistas maniobró también contra el ministro Óscar Puente por la auditoría que realizó su departamento sobre el contrato de las mascarillas poco después de estallar el 'caso Ábalos'. Así consta en las agendas de la exmilitante que forman parte de la investigación que instruye el juez Santiago Pedraz y que si algo ponen de manifiesto es que gran parte de su operativa estaba destinada a encubrir los chanchullos de Ábalos y Santos Cerdán, aunque previamente el objetivo había sido la búsqueda de información sobre las cloacas del PP.

En los apuntes de Leire Díez aparece “demanda contra Puente” en el marco de unas notas sobre la auditoría que el ministro ordenó sobre el contrato de las mascarillas durante la pandemia: “Informe auditoría, informe en contra del Tribunal de Cuentas. Demanda contra Puente por falsedad documental y estafa procesal. No puedes hacer una investigación interna ni fiscal si hay causa penal. Un tipo que no se reconoce en el informe”.

Las defensas del exministro y su asesor, Koldo García, siempre han sostenido que el informe emitido en agosto de 2024 por el equipo de Óscar Puente es el motivo por el que ambos se sentaron en el banquillo y hoy están a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia. Sin embargo, la causa surgió después de una denuncia del diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022. 

La agenda recoge, en las páginas 34 y 35, anotaciones sobre las funcionarias que redactaron el informe: “Belén (dos personas con el mismo nombre). La directora general era la responsable. Jefa gabinete subse (subsecretario). Belén ex J.G (jefa de gabinete) secretaría de Estado Inmigraciones”. Y se refiere a Belén Villar, una funcionaria de alto rango, que pertenece desde 2002 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y que la trama vincula con el PP.

Villar ha tenido distintas responsabilidades a lo largo de su carrera profesional en el área de Recursos Humanos (en el Ministerio del Interior y en la Secretaría General del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional) y como asesora del secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas. Desde 2009 ha desempeñado diferentes funciones en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como vocal asesora del Secretario General de Relaciones Institucionales y Coordinación y vocal asesora y jefa del Gabinete Técnico del subsecretario, puesto que desempeñaba en la actualidad.

Las anotaciones de Díez tienen una especial obsesión con la funcionaria, “de trabajo impecable”, según fuentes cercanas al actual ministro Puente. “Cuestionar el informe del Ministerio. Vínculo del PP de los autores del informe. Relaciones mercantiles en el momento en el que está vigente el arrendamiento con Víctor Aldama. Operaciones vinculadas entre el pagador y Víctor Aldama (AEAT) para desmontar el cohecho”.

José Luis Ábalos llegó a presentar, en julio del pasado año, una querella por falsedad documental y falso testimonio, no contra el ministro, pero sí contra Belén Villar, jefa de Gabinete del Subsecretario de Transportes, y Belén Roel, que confeccionó y firmó el informe que incriminaba a Ábalos. El exministro defendió que se trataba de una investigación paralela e “ilegítima” que tuvo, además, una “trascendencia efectiva” en su imputación por parte del Supremo.

En la página 53 de la agenda de Leire Díez aparece una nueva anotación en la que reza: “La subdirectora de Belén Villar, Belén [en referencia a Roel] firma la auditoría, fue cargo del PP (2012) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mano derecha de Villar y quien le hace el expediente a Rubén Eladio”.

León XIV no cree que los extranjeros sean una amenaza para Europa y sus sociedades. No apoya que los inmigrantes sean ciudadanos de segunda clase a los que se pueden negar servicios y derechos básicos. No piensa que los españoles de origen deban contar con privilegios o ayudas que no se conceden a los de fuera. Los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Todos, incluidos los políticos, saben que sin papeles están expuestos a la marginalidad y los abusos.

El Papa pronunció un discurso prudente en el Congreso ante diputados y senadores con la previsible intención de que ningún grupo político pudiera apropiarse de él, en el caso de que eso sea posible. Recibió una larga ovación de siete minutos, aunque eso no garantiza que le vayan a hacer caso. No ya por las lógicas diferencias ideológicas, sino por la persistencia de una violencia verbal que ya es consustancial a la vida política española. “La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, dijo. “La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación”. Lo contrario de lo que se ve en el Parlamento todas las semanas, en especial en la oposición al Gobierno. Humillar al rival forma parte de la dieta parlamentaria cotidiana.

Robert Francis Prevost nació en Chicago hace 70 años. La suya es una ciudad que recibió desde las dos últimas décadas del siglo XIX a un altísimo número de inmigrantes procedentes de Europa —desde Italia, Irlanda a varios países de Europa Central y del Este—, que formaron la base de la clase trabajadora en sus industrias.

La migración interna también hizo que la ciudad creciera con la llegada de centenares de miles de negros en lo que se llamó la Gran Migración. Abandonaron los estados del Sur para buscar en el Norte un lugar menos hostil para sus vidas, lo que no siempre consiguieron. Tras un declive demográfico a partir de 1950, la tendencia en Chicago se revirtió a finales del siglo XX gracias a la inmigración.

Viniendo de allí, León XIV es muy consciente de las tensiones sociales y políticas que se originan con las migraciones y las respuestas reaccionarias a su ascenso. Pero, como católico y ahora jefe de la Iglesia en todo el mundo, no está dispuesto a dejarse arrastrar por el clima político que ahora se aprecia en su país y en Europa. Ni a dejarse intimidar por las ideas ultranacionalistas y la persecución al inmigrante promovidas por Donald Trump y su Gobierno.

“El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad”, dijo en el Congreso. El principio moral que le mueve es la defensa de esa dignidad para la que no hay excepciones: “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

El Papa también desplegó los argumentos de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. Es una posición conocida de la Iglesia que no puede sorprender a nadie a estas alturas y que también defendía el Papa Francisco. No está de más recordar que es una posición minoritaria en la sociedad española. Eso no quiere decir que no sea significativa o que pueda presentarse como irrelevante.

El derecho al aborto forma parte de la parte de la defensa de los derechos de la mujer, un asunto en el que la Iglesia siempre ha llegado tarde a lo largo de la historia.

Entre las ausencias poco comprensibles en el discurso estuvieron los escándalos de los abusos a menores por religiosos en todo el mundo. Habrían tenido un encaje perfecto en la parte dedicada a la defensa de los más vulnerables. León XIV sí mencionó esa herida que avergüenza a la Iglesia y a los católicos en su intervención posterior ante la Conferencia Episcopal. Ordenó a obispos y arzobispos que respondan “con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación” ante un hecho que definió como “plaga”. Por la tarde, el Papa se reunió con algunas de las víctimas que reclamaron una respuesta a la comisión puesta en marcha por la Conferencia Episcopal.

Acabado el discurso, todos se apresuraron a destacar lo mucho que coincidía con sus propias ideas. Era inevitable, aunque dio lugar a algunos ejercicios de contorsionismo. Alberto Núñez Feijóo dijo que le gustaba todo: “Desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A a la Z”. Él sabrá cómo casa la defensa de la dignidad de los inmigrantes con negarles la regularización que acaba de aprobar el Gobierno, es decir, los documentos que los convertirán en sujetos de derechos. Y todo ello mientras su partido pacta con Vox en las comunidades autónomas distintas versiones de la “prioridad nacional” que niega a los que han llegado en los últimos años de Perú o Ecuador aquello a lo que tienen derecho los nacidos en Zamora o Alicante.

Casi lo mismo hizo Santiago Abascal, que no apreció “ninguna contradicción” en las posiciones de su partido con el discurso del Papa después de varias semanas en que dirigentes de Vox le han dicho de todo a Prevost por su apoyo a los inmigrantes y contra los obispos que “hacen negocio con la inmigración”, en palabras de su líder.

El ministro Félix Bolaños prefirió centrarse en el rechazo a la guerra mostrado por el pontífice y se alegró de que el discurso fuera “absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno” en la defensa de la paz y el Derecho Internacional.

León XIV tendrá esta semana en Canarias otra oportunidad de insistir en su mensaje favorable a la integración de los inmigrantes y el respeto a su dignidad como seres humanos. Es poco probable que los políticos que estén en otra onda vayan a cambiar sus intereses y sus prejuicios. Pero los católicos ya deben tener claro lo que opina su pontífice sobre la dignidad de los extranjeros que levantan este país con su trabajo y su esfuerzo. Respetarlos es de alguna manera una prioridad moral.

La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez en un alegato en el que ha cargado contra las “conjeturas” en las que, a su juicio, se basan el Partido Popular y las acusaciones ultras que sustentan la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. También ha defendido el papel de la Fiscalía “en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público” tras las críticas recibidas por parte de las acusaciones populares, que han calificado de “virulenta” la “defensa” que, a su juicio, ha realizado del familiar del jefe del Ejecutivo. La Fiscalía también pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y de los otros nueve acusados.

Respecto al objeto del procedimiento, la representante del Ministerio Público ha asegurado que en los escritos de las acusaciones populares no concretan “ningún acto de influencia” o de “presión” que motivara la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Y que, ante ese vacío, han tratado de “construir” durante el juicio esas “influencias de personas indeterminadas que no están ni siquiera en ese procedimiento”, en una posible alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado de forma reiterada por los letrados de la acusación popular. 

En el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha defendido que no ha quedado acreditado que en el músico “no concurrieran las habilidades y los méritos exigidos en el contrato”. “No hay ninguna prueba de que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, injusticia y legal el nombramiento de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz”, ha aseverado. 

La fiscal también ha mantenido, asimismo, que está “documentalmente acreditado” que David Sánchez ejerció su actividad: “Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios”.

La fiscal se ha referido a los interrogatorios tanto del secretario general como del interventor, que defendieron que el expediente pasó por sus manos y que “no les suscitó ninguna sospecha ni reparo”. La representante del Ministerio Público ha recordado que ambos son funcionarios de la Administración General del Estado, después de que el PP y las acusaciones ultra trataran de atacar la credibilidad de los testigos que contradicen las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

“Son funcionarios habilitados de carácter nacional. No están aquí designados de forma arbitraria, no han concurrido a una oposición de la Diputación, han concurrido a una oposición nacional. No podemos dudar de la veracidad ni poner entredicho lo que aquí se ha declarado y el ejercicio leal de sus funciones”, ha aseverado la fiscal. 

También se ha referido a Francisco Serrano, el representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense que se opuso a la creación de dicha plaza. Según la fiscal, su desacuerdo se debió que quería que fuera ofertada en el ámbito interno de la Administración, no a la generalidad de los ciudadanos“. En este sentido, la fiscal ha mantenido que no hubo ”ninguna alegación, reclamación, advertencia, ni siquiera un recurso posterior“ por parte de los diputados de otros partidos que conformaban el pleno de la Diputación sobre la creación del puesto. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Por la tarde ha sido el turno de los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha reclamado la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En una intervención que se ha prolongado durante algo más de media hora, el letrado ha defendido que no hay pruebas de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se le atribuyen al hermano del presidente del Gobierno. 

Así, ha desdeñado que sea una prueba la inclusión de la palabra “hermanísimo” en el asunto del correo que el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, envió el 19 de mayo de 2017 a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, con las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. Ante el tribunal, Valentí dijo que usó ese calificativo porque era “llamativo”, si bien negó que hubiera rumores de amaño de la plaza. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?”, se ha preguntado Cortés, quien en otro momento de su informe ha preguntado directamente a los magistrados si con la “prueba practicada” están en condiciones de decir si se produjo la “presión moral eficiente” que requiere la jurisprudencia para determinar que ha existido un delito de tráfico de influencias. 

El letrado también ha tenido palabras para el Partido Popular y el resto de acusaciones ultra que sustentan la causa, a quienes ha atribuido un “sesgo” absolutamente “unívoco”. “Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno”, ha aseverado el letrado, quien ha cuestionado el intento de las acusaciones populares de caricaturizar a la Diputación de Badajoz como si de una “banda facinerosa” se tratara y a su cliente como el toro de Miura que “mató a Manolete”. 

Se ha referido, asimismo, al intento de las acusaciones populares de atacar la credibilidad de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé qué razón hay para poner de manifiesto la vieja máxima de que si no me gustan los testigos, los tiro, que es lo que han dicho aquí, que si tienen miedo, que si tienen represalias, que si mintieron... Si esto fuera así, ganaríamos los pleitos todos los letrados siempre”, ha aseverado.

La defensa de Gallardo carga contra Balas

Previamente había tomado la palabra Juan José Torres Ventosa, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en esa institución. En su informe, el letrado ha cargado contra los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan a Gallardo como el presunto instigador político de las supuestas maniobras para que el músico obtuviera la plaza. 

Torres Ventosa ha afirmado que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” de sus atestados que “no coincide o se aparta” de lo recogido en los atestados realizados por esa unidad del instituto armado. En esos informes policiales, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación. 

El letrado ha rebatido la tesis expresada por este mando policial, según la cual como el diseño final de la plaza no se parecía a las conversaciones preliminares que había habido en el área de Cultura y el área de Recursos Humanos “carece de autoridad empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado”, era “evidente” que la orden debía venir de la presidencia y, por tanto, de Gallardo. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha acordado citar como investigada a la abogada Leticia de la Hoz -quien ejerce la defensa del asesor ministerial Koldo García-. Según el auto del magistrado, consultado por elDiario.es, la Audiencia Nacional acepta las múltiples diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y señala la citación de la letrada para el 14 de julio. Asimismo, cita a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona el 10 de julio en calidad de testigo. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para que explicara la existencia de conversaciones con la exmilitante Leire Díez.

Asimismo, el juez acuerda solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe de las reuniones que pudiera haber mantenido con Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolset, con el abogado del comisario Villarejo y con los letrados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. En este sentido, se dirige también al Tribunal de Instancia de Majadahonda para que le envíe el procedimiento civil completo relativo al fiscal José Grinda -al que la trama presuntamente tentó con un soborno a cambio de ayuda para acabar con determinadas causas o fiscales-. A la Fiscalía Superior de Extremadura le solicita el destino que le dio a una denuncia presentada por un abogado afín a Leire Díez que buscaba torpedear la labor de la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Por otro lado, acuerda librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad dependiente de Justicia para que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente al empresario Nervis Villalobos.

Además de estas diligencias, el juez acuerda una batería de declaraciones testificales que arrancarán el próximo 26 de junio y que incluyen comparecencias como la de la empresaria Carmen Pano y su chófer (29 de junio), la de Miriam Serrano -la joven que denunció al fiscal Grinda por un presunto delito sexual-, la del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo Rubén Villalba, o la del empresario de los hidrocarburos y socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas.

El 13 de julio será el turno de la testifical de quien fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez. Quien estuvo presente en una reunión en la que participaron Leire Díez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

De la Hoz y Pano

La abogada Leticia de la Hoz a principios de junio, y después de que trascendiera la resolución del magistrado en la que se indicaba que la presunta trama investigada habría contado con la coordinación del ex número tres del PSOE, dirigió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para indicar que ella nunca ofreció un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmaba que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Pano, en su momento vinculada familiarmente a Víctor de Aldama, ha declarado en diversas ocasiones que acudió a la calle Ferraz y entregó 90.000 euros en dos tandas. Algo que ha negado el propio De Aldama y de lo que Pano no ha sabido dar muchos más detalles más allá de que era dinero relacionado con Villafuel y una licencia de hidrocarburos.

Esa supuesta entrega de dinero es pues objeto de investigación en el juzgado de Pedraz, donde se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y el entramado creado para desacreditar a jueces, fiscales y policías implicados en investigaciones que afectan negativamente al partido. Según el juez, el abogado Ismael Oliver y Leire Díez hablaron sobre la posibilidad de “negociar” con Pano e incluso su “compra”. El auto indica que “de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz”.

En cuanto a la citación de Narbona, el Ministerio Público formuló esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y la presidenta del partido el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, ha pedido la imputación de las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa seguida contra él en la Audiencia Nacional. El partido de Alberto Núñez Feijóo entiende que ambas son las administradoras de la empresa Whathefav que recibieron dinero del entramado como “parte de un acuerdo” entre su padre y Julio Martínez por el rescate de Plus Ultra, incurriendo en posibles delitos de blanqueo, falsedad documental y organización criminal. También solicita el PP, entre otras medidas, que el exministro José Luis Ábalos y Koldo García pasen a formar parte de la lista de investigados en la causa.

El juez José Luis Calama investiga en su juzgado de la Audiencia Nacional el rescate millonario que el Gobierno firmó para la aerolínea Plus Ultra para paliar los efectos de la pandemia y si ese dinero fue destinado al blanqueo de capitales. En cuanto al expresidente socialista y su amigo Julio Martínez, el magistrado asumió el informe de la UDEF para atribuirle el liderazgo de la trama y supuestas gestiones para que fuera rescatada y después cobrar un porcentaje. Esos informes apuntan directamente a la empresa de sus hijas que, sin aportar ningún “valor técnico” según los agentes, cobró más de 800.000 euros en un lustro de dos sociedades bajo sospecha. En sus cuentas personales, destaca ahora el PP, cobraron en torno a 200.000 euros cada una en esos cinco años de una empresa considerada clave en la trama.

Para el PP y el resto de acusaciones, para el rescate de Plus Ultra existió la “vía Zapatero” pero también la “vía Ábalos” y por eso solicitan la imputación del exministro de Transportes, que está a la espera de sentencia en el Tribunal Supremo. Junto a él entienden que su entonces asesor Koldo García fue una “pieza fundamental”. La lista de peticiones del partido alcanza a un alto cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, varios mediadores en el rescate y los administradores de las sociedades supuestamente instrumentales. En la lista de testificales, el PP solicita que Pedro Saura, hoy al frente de Correos y entonces secretario de Estado de Transportes, sea llamado a declarar.

Las diligencias giran en torno al rescate de más de 50 millones de euros de Plus Ultra en la pandemia. También en torno a una serie de empresas del entorno de la aerolínea y si hubieran sido usadas para mover comisiones y blanquear dinero. En el epicentro está la empresa Análisis Relevante, considerada como “instrumental” por el juez Calama y de la que cobraron 239.755 las hijas del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero. Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. 

La fiscal del caso ya afirmó en uno de sus escritos que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició” a través de Análisis Relevante. La Policía considera que su agencia era, en realidad, un “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado.

El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox en las que solicitaban que se abriera investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el préstamo público de 475 millones de euros concedido a la aerolínea Air Europa en noviembre de 2020. Como primera diligencia cita como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate- , el próximo 3 de julio.

En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez José María Escribano señala que las querellas recibidas reúnen los requisitos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, las admite a trámite. Añade que dado que no se ha determinado ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, procede a abrir diligencias previas y practicar la prueba esencial antes de decidir el procedimiento aplicable. Eso sí, acuerda casi la totalidad de lo que solicitó el PP en su querella.

Además de la declaración como investigado de Lora, requiere a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aporten una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.

Lora es un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y que ha mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando compareció en el Senado sostuvo que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”.

La querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, sostiene que Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015”. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.

Al hilo, los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.

El PP entiende que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explica que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.

El Papa León XIV defendió este lunes ante el Congreso de los Diputados “una respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. En su discurso ante los parlamentarios y los senadores, el Sumo Pontífice también hizo hincapié en “la obligación de los Estados de resolver sus controversias por caminos pacíficos”, y se mostró muy crítico con el rearme puesto en marcha por los países de Europa porque “la verdadera seguridad”, dijo, “nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

El Papa llegó puntual a las 10.30 de la mañana al Congreso, donde fue recibido por la presidenta de la institución, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, a los que posteriormente se unió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras saludar a los portavoces de los grupos parlamentarios —se detuvo especialmente con la de Junts, Míriam Nogueras, que le agradeció en inglés que vaya a hablar en catalán en su visita a Barcelona dentro de unos días—, León XIV accedió a la tribuna del hemiciclo, donde fue recibido por un largo aplauso de los diputados, senadores e invitados que, no obstante, fue muy breve en comparación con el que recibió al terminar su discurso, que duró nada menos que siete minutos. Entre el público estaban presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no Podemos y BNG, los únicos partidos que declinaron asistir a la sesión.

La primera alocución de un Papa en el Congreso estuvo centrada en asuntos de ámbito social, aunque hizo equilibrios para no identificarse al 100% ni con la izquierda ni con la derecha. El pontífice trató materias como el aborto, en relación al cual mostró su cara más conservadora al señalar que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. No obstante, León XIV también se detuvo en el asunto migratorio y la compleja situación geopolítica, y lo hizo desde una óptica más progresista: trató ambos como dos fenómenos que están relacionados y sostuvo que “el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional”.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, planteó el Papa. Y, ante el auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los inmigrantes en todo Occidente, afirmó que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

León XIV planteó, en esa misma línea, que “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”. La “justicia social”, aseguró, exige una respuesta “doble” que pasa por “ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”. “Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas” que son “presa de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su deseperación”, insistió.

El Papa, “preocupado” por el rearme

El Sumo Pontífice, asimismo, se refirió a la “profunda crisis espiritual y cultural” que, dijo, atraviesa el mundo, y que “se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”. “En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral”, y para lograr ese objetivo es necesario que los Estados hagan gala de “valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo”, afirmó.

León XIV defendió expresamente la “obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”, denunció que “toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar”. Asimismo, en la línea de la encíclica Magnifica Humanitas que lanzó hace unas semanas, alertó de que “el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos”.

El mismo día que Israel e Irán han reanudado sus ataques y en el que el alto el fuego en la región parece más débil que nunca, el Papa sostuvo que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera”. “Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, lamentó el pontífice, que insistió en que “la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Por ello, y pese al derrumbe de algunos de los consensos que han estructurado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, León XIV se mostró convencido de que “la comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza”. Y “dentro de las propias sociedades” también es “urgente construir una cultura de la reciprocidad” en la que “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, advirtió el Papa.

El pontífice insistió a este respecto en que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para 'desarmar el lenguaje'. ”La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación“, sostuvo el líder de la Iglesia precisamente en el Congreso, cuyo ambiente en los últimos años se ha tensado hasta el extremo. ”En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos“, planteó.

El Papa ha cargado en el Congreso contra y el aborto y la eutanasia y ha reclamado que “la dignidad inviolable de la persona humana” no quede “subordinada a consensos sociales mudables”. También ha defendido la “acogida respetuosa” de migrantes y ha criticado el rearme: “La verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional”. No ha habido mención a las víctimas de abusos, solo una petición a los obispos de “verdad, justicia y reparación”. Las personas afectadas por la pederastia en la Iglesia exigen a León XIV “una escucha real”: “No nos evite, dialogue con nosotros”. Hoy, en nuestro podcast: ¿para qué sirve la visita del Papa? ¿Quién lo paga? ¿Qué papel juegan las grandes empresas?

De vuelta a la política nacional, Pedro Sánchez comparecerá el próximo 24 de junio ante la Cámara Baja para dar cuenta de las investigaciones vinculadas con el PSOE. Por otro lado, el PP, que lidera la acusación popular en el juicio, ha pedido la imputación de las hijas de Zapatero en la causa contra su padre. Y, en Badajoz, el PP y las acusaciones ultras han atacado a los testigos que contradicen la tesis de la UCO en el juicio a David Sánchez. A su vez, la Fiscalía ha pedido la absolución de Sánchez y ha cargado contra las “conjeturas” del PP y las acusaciones ultra. Mientras, la investigación de la UCO a la pareja de Ayuso no arranca. El motivo: una autorización del juez, Antonio Viejo, que no llega, pese a que hace cinco semanas prometió que libraría los mandamientos para acceder a las cuentas y sociedades de González Amador.

La dependencia tecnológica de Estados Unidos es peligrosa para Europa. Lo que durante años fue una advertencia de tecnólogos y activistas no solo ha dejado de ser un tema tabú en las instituciones europeas, sino que ha escalado hasta los primeros puestos de las prioridades políticas. De aviso técnico a doctrina política en apenas unos meses, gracias a Donald Trump y la creciente incertidumbre geopolítica.

“No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones”, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Nuestro problema en el ámbito digital es que toda nuestra infraestructura básicamente es americana. No solo la nube, sino también la información, el software, todo. Esto nunca lo habíamos visto como una fuente de vulnerabilidad, hasta ahora”, argumenta Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista. “Ahora sabemos que esas dependencias pueden ser utilizadas contra nosotros como armas”.

“Hasta ahora hemos sido reactivos. La relación con Estados Unidos es una relación de dependencia. Tú no puedes tener una alianza entre iguales si tú dependes totalmente de otro”, defiende Nicolás Pascual de la Parte, coordinador de Seguridad y Defensa del PP Europeo. “Eso no es una alianza, eso es un protectorado”.

Son declaraciones efectuadas en cuestión de una semana por varios representantes europeos que muestran el consenso logrado en esta área. El distanciamiento de EEUU y el amanecer de la era de la inteligencia artificial han generado el consenso en el continente: es necesaria una voz propia en el terreno digital. “La tecnología es inseparable de la geopolítica”, resume la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

Desde la Defensa

La conversación de la soberanía tecnológica vertebra varias de las apuestas de la UE. Una de ellas es la Defensa. En febrero de 2025, durante una reunión a puerta cerrada de ministros de Defensa de la OTAN, la administración estadounidense dio un ultimátum a Europa. Washington dejó claro que su prioridad estratégica es la región de Asia-Pacífico (China) y exigió a los europeos asumir la carga de su defensa convencional. El último movimiento ha sido la retirada de 5.000 soldados de Alemania.

De los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea, todos excepto Austria, Chipre, Irlanda y Malta son también miembros de la OTAN. Esos mismos 23 países son los que un reciente estudio señaló como los más dependientes de la nube y el software estadounidense para operar sistemas críticos de su seguridad nacional. El informe era claro: todos esos sistemas tienen un “botón de apagado” a disposición de Donald Trump.

La UE ha lanzado diversos programas para solucionarlo. Uno de ellos es la financiación de armamento convencional a través de programas conjuntos a través de una línea de créditos blandos de 150.000 millones. De ellos, unos 1.000 millones de euros ya han ido a España, 1.180 millones a Chipre o 16.680 millones a Rumanía. Uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha la Corbeta de Patrulla Europea (EPC), con España, Italia, Francia y Grecia desarrollando un buque de 3.000 toneladas. Los dos primeros prototipos empezarán a construirse este 2026 o a principios de 2027.

Pero la serie de iniciativas va más allá del armamento convencional. “Uno de los objetivos fundamentales es crear nuestra red satelital europea para tener la inteligencia suficiente. No podemos depender de Elon Musk y de Starlink, como es el caso ahora”, expresó De la Parte en una reciente reunión con periodistas en Bruselas en la que estuvo presente elDiario.es. Se trata del programa IRIS², que pondrá en órbita una constelación de unos 290 satélites para comunicaciones seguras bajo control europeo.

Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra

Javier López — vicepresidente del Parlamento Europeo

“Ahora, nuestro problema en el ámbito digital va más allá de la red satelital”, continuó Javier López en el mismo encuentro. “Durante los últimos años hemos aprendido de la peor forma posible que las interdependencias que creíamos que eran fuente de estabilidad para Europa y parte de nuestro ADN, hoy son armas. Las interdependencias son mecanismos de coacción en el ámbito económico, en el comercio, en la energía, en la información”, continuó el vicepresidente del Parlamento Europeo.

Aunque la dependencia “de la seguridad es probablemente la más evidente de todas”, pero no es la única: “Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra”.

Hasta los datos, los chips, el código abierto y la energía

Horas después de esa reunión, la Comisión Europea presentaba un nuevo y ambicioso paquete de desconexión. Incluye dos propuestas legislativas principales, el Acta de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial y la Chips Act 2.0, acompañadas de una estrategia de código abierto y una hoja de ruta energética. El objetivo del Paquete de Soberanía Tecnológica Europea es reducir las dependencias estructurales de proveedores externos y garantizar el control sobre los datos, las cadenas de suministro y los servicios básicos.

El proyecto pone un gran énfasis en los chips, estableciendo la hoja de ruta para triplicar la capacidad de los centros de datos en el continente en un plazo de cinco a siete años. Emilio García, autor de Chips y Poder (Catarata) explica que la ley de chips 2.0 “corrige buena parte de los errores de diagnóstico de su predecesora” (aprobada en 2023), y destaca en Agenda Pública que ahora “extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro” y que “incorpora por fin la demanda”.

La estrategia de la Comisión asume que los componentes destinados a la inteligencia artificial representarán más del 70% del mercado de semiconductores para el año 2030, y acelera la concesión de permisos para construir plantas de fabricación avanzada vinculadas directamente a las futuras gigafactorías de inteligencia artificial. Para evitar la dependencia de sistemas propietarios de EEUU y China, el plan apuesta por el código abierto en ciberseguridad, semiconductores e internet, con directrices que obligarán a las administraciones públicas a priorizar soluciones europeas, una de las principales reivindicaciones de las startups del continente. La hoja de ruta incluye también el sector energético: los futuros centros de datos deberán integrarse en la red eléctrica en un momento en el que crecen los recelos ciudadanos sobre estas infraestructuras.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, establece un horizonte de cinco años para lograr unas capacidades autónomas que sirvan como mecanismo de disuasión. Pascual de la Parte es más taxativo sobre las consecuencias de no lograrlo: “Si de aquí a finales de esta década Europa no es capaz de tener los recursos necesarios para su autodefensa, Rusia y otros enemigos potenciales no van a esperar a que los tengamos”. López resume el proceso pendiente: “Esto no va a ser ni muy rápido, ni muy fácil ni muy barato, pero hace falta ponerse a ello”.

Vox cimienta gran parte de su programa y, sobre todo, sus planteamientos más xenófobos, en apelar a la “herencia cristiana” de España y de la Unión Europea. Es su forma de criminalizar a otras religiones, especialmente la musulmana, y de cargar contra lo que llama “estercoleros multiculturales”, los barrios de todo el país en los que conviven personas de distintos orígenes, razas y creencias. Pero la principal fuerza de la extrema derecha española se sitúa al margen de la cúpula de la Iglesia católica, a la que no duda en criticar si, por ejemplo, defiende la paz o denuncia el genocidio en Gaza. También si habla de la dignidad de los migrantes, el grupo que Vox sitúa en la diana tratando de que la ciudadanía lo responsabilice de todos los males que afectan a su día a día.

Esos encontronazos están marcando desde este sábado los actos oficiales a los que acudirán Santiago Abascal y los suyos con motivo de la visita del Papa a España. Este mismo domingo, ante más de 1,2 millones de fieles, León XIV aprovechaba su misa del Corpus en Madrid para la lanzar un claro mensaje contra las políticas de los ultras. En el acto, el Papa criticó abiertamente a aquellos que van a misa pero olvidan a los pobres, una clara referencia a la política antinmigratoria de Vox. “Os pido arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, dijo.

El sábado, en el Palacio Real, el Papa ya había hecho un discurso llamando a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, en otra referencia a los mensajes ultranacionalistas de Vox y otras fuerzas políticas de extrema derecha en Europa. Además, agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, justo cuando Vox se ha posicionado contra ese derecho internacional respaldando a Donald Trump en sus actuaciones en Gaza o Irán.

En ese contexto, este lunes Vox acudirá a escuchar el discurso del Papa en el Congreso. “Celebramos que el Papa venga a España, a una tierra tan importante que ha hecho tantísimo por la cristiandad en todo el mundo”, aseguraba recientemente la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, que acudió con la cabeza cubierta a su recibimiento en el Palacio Real.

Abascal ha asegurado que acudirá al Congreso a “escuchar al Papa, un líder espiritual que reza por la paz en el mundo” aunque en una reciente entrevista en El Debate, lanzó una advertencia: “Ahora bien, si un líder religioso, sea el Dalai Lama, el Papa, un rabino, un obispo, un cardenal, nos da igual, nos dice que tenemos que aceptar un proceso de inmigración masiva y un avance del islamismo en la sociedad, nosotros vamos a decir 'no”.

Es precisamente en el asunto de la inmigración y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta en el que más chocan la extrema derecha española y la Iglesia que dirige León XIV. Uno de los enfrentamientos más sonados tuvo que ver con la postura de ambas partes respecto al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa llegaba respaldada por 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, Cáritas o Redes. Y nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal española la consideró como “una gran noticia”. “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señaló su presidente, Luis Argüello.

La invitación a que vayan a Molenbeek

En cambio, Abascal se mostró fervientemente en contra de esta postura de la Iglesia. “Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”, dijo, después de que el obispo de Canarias cargara contra la idea de “prioridad nacional” que Vox trata de imponer en todas aquellas instituciones en las que es determinante y que precisamente busca despojar de los derechos más básicos y del acceso a los servicios públicos a las personas migrantes.

En pleno debate sobre esa “prioridad nacional” el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, llegó a abroncar a los sectores de la Iglesia contrarios a ese principio xenófobo. A finales de abril, este dirigente de la extrema derecha emplazó a los obispos “a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek”, uno de los barrios de Bruselas con mayor presencia de la religión islámica. “No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional, pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos”, dijo en ese momento, tratando de marcar distancias con la cúpula eclesial.

En febrero, el propio Abascal se mostraba sorprendido de la “deriva de algunos pastores” de la Iglesia por criticar los postulados xenófobos y excluyentes de Vox. Y les dijo: “Que digan misa”. Coincidiendo con un mitin de la campaña en Castilla y León, el líder de Vox invitó a esos obispos a preguntar a los españoles si están de acuerdo con la “invasión migratoria” que, según él, algunos prelados defienden. O si también están de acuerdo con la supuesta “islamización” del país del que alerta una y otra vez la extrema derecha.

Pese a los choques, en las últimas declaraciones públicas los dirigentes de Vox han tratado de calmar las aguas en su relación con la Iglesia, precisamente para allanar las relaciones con el Papa durante su visita a España. No obstante, hace tan solo un mes el propio Abascal se mostraba “encantado” de hablar con la Conferencia Episcopal “para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta” o para decirle “que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles”.

La pasada semana, en cambio, nada más conocerse que el Papa realizaría su bendición de la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona íntegramente en castellano, Vox salió en defensa de León XIV. “No tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán”, afirmó Ignacio Garriga, portavoz de la extrema derecha en Catalunya. También tildó de “absolutamente inaceptables” las “injerencias” del independentismo en los actos de León XIV. “Para controlar qué lengua se utilizó en las mezquitas, equipamientos públicos y plazas donde se celebró recientemente la Fiesta del Cordero no les vimos tan preocupados”, zanjó.

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol –a quien el juez no considera como parte del entramado– le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

En otro punto del sumario se recogen las anotaciones de Leire Díez sobre cómo pensaban hacer que la joven retirase la demanda, aunque no consta que se llegase a ejecutar: darle 300.000 euros, mucho más de lo que hipotéticamente podía pedir en esa demanda civil. El ofrecimiento, según las conversaciones y la testifical de la propia joven, no se llegó a producir ni fue trasladado como tal a Grinda.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando el periodista trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.