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La Fiscalía se defiende de las acusaciones de filtración en el caso de la pareja de Ayuso: “Lo conocido ya no es secreto”

Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso, en una imagen del pasado octubre.

Alberto Pozas

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La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso en el que se defiende de las acusaciones de revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el documento, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público madrileño explica que se limitó a matizar información que ya había sido difundida con datos falsos previamente por medios de comunicación y que, además, no se comunicó ningún datos susceptible de ser considerado información reservada. Solicita que se rechace la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid contra, entre otros, la fiscal jefe de la capital.

El colegio de abogados madrileño se puso al frente de la ofensiva penal contra la Fiscalía por el comunicado con el que el fiscal del caso, Julián Salto, pretendió desmentir varias informaciones falsas publicadas por varios medios de comunicación, así como por el propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid, en sus redes sociales. Informaciones según las cuales la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González, cuando en realidad había sido al revés, y que remataban afirmando que ese posible pacto había sido frenado desde la cúpula del Ministerio Público.

Una de las acciones del ICAM de Eugenio Ribón fue denunciar por lo penal a la fiscal jefe de Madrid, atribuyéndole un delito de revelación de secretos, acciones admitidas a trámite por un juzgado de la Plaza de Castilla y remitidas al Tribunal Superior de la capital, auto ahora recurrido por el fiscal Ángel Guzmán ante la Audiencia Provincial. El comunicado de la Fiscalía, afirma, “carece de toda relevancia penal”, al margen de que ese auto es “irregular” por diversos defectos de procedimiento, tanto del juzgado como de la denuncia del propio ICAM.

La Fiscalía explica que un día antes de la emisión de su comunicado varios medios de comunicación emitieron una información “inveraz” sobre las conversaciones entre el abogado de Alberto González y la Fiscalía. El primero, asegura, fue El Mundo pero diversos medios se hicieron eco de la información que, falsamente, atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, además de afirmar también que ese posible pacto se había frenado desde las altas instancias del Ministerio Público.

Esa misma noche, antes del comunicado de la Fiscalía, otros medios de comunicación –entre ellos elDiario.es– publicaron los detalles reales de esas conversaciones: el abogado de Alberto González fue quien, antes incluso de la incoación de diligencias contra él en un juzgado, reconoció que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales con una trama de facturas falsas y se ofreció a pactar.

Todo esto lleva a la Fiscalía a considerar que, para cuando emitió su comunicado poniendo en orden cronológico los hechos, esa ya no era una información reservada o secreta: “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, asegura en su recurso. Además reprocha al juzgado que confunda “divulgar” con lo que hizo la Fiscalía, que es “confirmar”. “Ya no podían ser consideradas secretas o reservadas al haber sido publicadas previamente por diferentes medios de comunicación”.

Para cuando la Fiscalía de Madrid emitió su comunicado a la mañana siguiente, añade, varios medios ya habían publicado incluso pantallazos de los correos electrónicos cruzados entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal Julián Salto. La nota, por tanto, “se limitaba a ejercer su deber de informar a la opinión pública con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico”, dice la Fiscalía. Además, añade, “no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni, datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna”.

“Se limitaba a desmentir inveraces publicaciones”

La difusión de esa nota, considera la Fiscalía, no afecta al derecho de defensa del comisionista. “Se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, las inveraces publicaciones de los diarios El Mundo y Libertad Digital. Por consiguiente, la nota de prensa se limitaba a comunicar a la opinión pública una información veraz”, explica en su recurso. “Ni perjudica ni beneficia a su cliente”.

Finaliza el fiscal Guzmán señalando que el caso de Alberto González es de interés público al margen de su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Su notoriedad pública “no dimana, ni única ni principalmente, de la condición pública de la pareja de la persona denunciada”, explica. Viene de su caso: “Una presunta defraudación fiscal derivada de acontecimientos de relevancia social durante el periodo de pandemia por el virus SARS-COVID 19”.

Sobre el cruce de correos a instancias del abogado de Alberto González, la Fiscalía considera que lo “llamativo” es que se lanzara a buscar un pacto y a reconocer su culpabilidad en el doble fraude fiscal sin haber ni siquiera arrancado el proceso penal contra él. “Sin que exista precedente similar”, asegura la Fiscalía.

El Ministerio Público recuerda que en 2020 el mismo TSJ de Madrid ya rechazó acciones penales contra la Fiscalía por difundir un escrito de acusación en un caso de trascendencia pública. El escrito con el que pedían año y medio de cárcel al responsable de una residencia de animales acusado de sacrificarlos sin autorización de un veterinario. “El derecho a recibir información veraz en relación con asuntos judiciales confluye, pues, con el principio de publicidad”, dijeron entonces los jueces.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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