El actual portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha presentado este sábado su candidatura a las primarias para convertirse en el alcaldable del partido en Barcelona de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. “Quiero ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ha afirmado en un acto este sábado en la capital catalana.

Arropado por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Pisarello ha reivindicado el “máximo entendimiento y cooperación” entre las formaciones de izquierda de Barcelona para que la capital catalana sea un “faro de esperanza”.

“No sólo queremos frentes amplios defensivos contra el fascismo, sino también un programa de transformaciones reales para la gente. Sin programa valiente hay decepción con la democracia, que es lo que nutre a la ultraderecha”, ha espetado Pisarello, que ha admitido la dificultad de convertirse en alcalde, pero considera que “es posible” si las fuerzas progresistas se organizan.

“No puede ser que ser vecino de Barcelona se haya convertido en un privilegio”, ha afirmado el candidato, actualmente secretario de la Mesa del Congreso, que ha llamado a “recuperar la ciudad” en las elecciones de 2027.

Pisarello ha apelado a los vecinos que “trabajan todo el día” y no llegan a fin de mes y, a su vez, a los ciudadanos que han tenido que irse de su barrio de toda la vida debido al aumento de los precios de la vivienda y a la gentrificación.

Colau ha defendido a Pisarello, quien fuera su 'número dos' en el Ayuntamiento de Barcelona, como la persona más adecuada para “recuperar el espíritu de 2015”. La exalcaldesa ha contrapuesto la figura de Pisarello a la del actual alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, quien ha definido como un edil que “sólo busca hacerse fotos”.

La imagen que ha presentado este sábado Pisarello, aclamado a gritos por la militancia a su llegada, es sin duda la del candidato oficialista, apoyado por los dos grandes referentes que tienen los Comuns. Ha habido, sin embargo, ausencias notables en el acto como el de la líder del partido en el Parlament, Jessica Albiach.

Los Comuns se encaminan por primera vez a un proceso de primarias desde su fundación, hace una década, para elegir el candidato a la alcaldía de Barcelona, la primera gran plaza que conquistaron en 2015 cuando Colau se convirtió por sorpresa en alcaldesa de la ciudad.

Por ahora, Pisarello y el escritor Bob Pop han anunciado su intención de presentarse a unas primarias. Pisarello ha anunciado este sábado que a lo largo de enero anunciará con quién hará tándem —debe ser una mujer según el reglamento del partido— para sacar adelante su candidatura.

Junts anunció el 6 de noviembre que bloquearía todas las leyes del Gobierno, desde los Presupuestos a la de secretos oficiales. De esta manera formalizó la ruptura que unos días antes habían avalado las bases del partido. Míriam Nogueras lo explicó con la misma contundencia que ahora, unas semanas después, reclama aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez para obtener todo lo que puedan y más.  

Explotar la fragilidad parlamentaria del PSOE es lo que Junts ha hecho durante toda la legislatura. Para ser exactos desde que negoció la investidura de Sánchez. Nadie debería escandalizarse, es lo normal cuando un partido debe tejer una mayoría para gobernar. Entra dentro de la lógica. Solo que Junts está abonado a la dramaturgia. Todo lo contrario que partidos como el PNV o Bildu, más dados a la discreción sin que, aprovechando el verbo de moda, eso les rente menos. Incluso cuando sitúan al Gobierno al límite de sus contradicciones ideológicas o le infligen derrotas, los vascos no se recrean en sus triunfos. 

Junts puede apuntarse ya tantos importantes desde que proclamó su divorcio del PSOE. La ley contra la multirreincidencia es una victoria, en especial para sus alcaldes, más preocupados por las municipales que por el resto de comicios. Entre todos han situado el debate ahí donde lo quiere la extrema derecha, pese a que muchos juristas subrayan que lo que se necesitan son más inversiones en los juzgados para agilizar las vistas y también invertir en políticas sociales para ir a la raíz del problema, que en muchos casos no es otro que la pobreza. Con esta ley se castigará la miseria con más años de cárcel. Que la derecha compre el discurso ultra es un error pero sorprende menos que quien lo asuma sea el PSOE, un partido que se autoubica en la izquierda.

En las filas de Puigdemont se declaran “satisfechos” por todo lo conseguido en estas últimas cinco semanas y defienden que es la prueba de que su táctica en Madrid es la correcta. “Ha dado excelentes resultados”, presumen. Y ahora lo que le plantean a ERC, después de estar afeándole que sus votos eran “a cambio de nada”, es una alianza para configurar un frente independentista unitario. Puigdemont ya deslizó una idea similar en mayo del año pasado tras la victoria del PSC en las autonómicas. Entonces era para evitar que los republicanos facilitasen la investidura de Salvador Illa y le ayudasen a él a ser presidente de la Generalitat. El desenlace de esa envolvente es conocido.  

De nuevo es previsible que en ERC den largas a la propuesta de Junts, cosa que no debería extrañar a nadie. Si el termómetro de las relaciones son las pullas habituales entre Míriam Nogueras y Gabriel Rufián la respuesta está cantada. Pero más allá de los discursos en forma de tuit, la prueba real de si esa mínima unidad es factible será la respuesta que cada uno formule al modelo de financiación singular para Catalunya que socialistas y republicanos acordaron a cambio de la investidura de Illa. 

Si no se produce un nuevo retraso, la propuesta del Ministerio de Economía se dará a conocer en enero, o al menos esa es la promesa que le ha hecho a la Generalitat. A partir de ahí empezará una negociación que durará meses y con un ruido que ya se puede dar por descontado. El líder de ERC, Oriol Junqueras, va a ganar protagonismo no solo por su foto con Sánchez en la Moncloa sino porque estará más presente en las negociaciones. 

De esa nueva financiación, aunque sea solo un primer documento, depende también que el Govern de Illa tenga presupuestos. Lo tiene más fácil que Sánchez para aprobarlos pero de momento ni Comuns ni ERC han comprometido sus apoyos.

Poco después, se calcula que en el primer trimestre, se dará a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tanto socialistas como independentistas confían que sea el aval a la ley de amnistía que Puigdemont necesita para volver sin riesgo a ser encarcelado. Siempre y cuando el Supremo no vuelva a maniobrar para intentar que ni por esas se cumpla la ley. En la Moncloa se aferran a ese regreso del expresident para poder encauzar las relaciones con Junts. Hoy por hoy es pecar de mucho optimismo aunque Sánchez ha demostrado que a tenacidad no le gana nadie.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha dado largas a Sánchez ante la posibilidad de reunirse con el presidente del Ejecutivo y recomponer la relación entre ambas formaciones. “Lo único que ha traído cambios tangibles ha sido romper”, ha advertido Nogueras.

En una entrevista en TV3 este martes, Nogueras ha rechazado la iniciativa de ERC de reunirse con el presidente del Gobierno y ha señalado que ya lo han hecho “durante mucho tiempo”. “Ha sido necesario que Junts se aparte de esta mesa de negociación con el Gobierno español para que empiece a cumplir”, ha afirmado.

ERC anunció el lunes que el líder del partido, Oriol Junqueras, había hablado durante el fin de semana con Sánchez y que habían pactado que el presidente español abra una ronda de reuniones el mes de enero con el resto de partidos “para explicar cómo piensa actuar a partir de ahora”.

Nogueras, sin embargo, ha defendido hacer frente común entre Junts y los republicanos y aprovechar la “oportunidad única” que tienen los 14 diputados independentistas catalanes, imprescindibles para que el Gobierno del PSOE y Sumar pueda aprobar iniciativas.

“Hay una debilidad del Gobierno y los partidos catalanes tendrían que aprovechar la oportunidad”, ha apuntado Nogueras. “Lo que tenemos que hacer es actuar en clave catalana, no española, y eso no implica reunirse con un Gobierno español que no cumple”, ha concluido.

Junts per Catalunya ha denunciado lo que considera un “chantaje” por parte de Podemos en las negociaciones para la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, que fue rechazada la semana pasada con el voto en contra del partido morado.

El vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, ha explicado que la formación de Ione Belarra les planteó retirar su iniciativa y apoyar la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la regularización de medio millón de migrantes a cambio de poder “hablar del tema”. En este contexto, Rius ha vuelto a cargar contra el veto de Podemos, equiparándolos con el PP y Vox. “Su voto demuestra una vez más que el anticatalanismo en España es transversal, que va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.”

En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva de este lunes, el portavoz de Junts ha señalado que Podemos “intentó a última hora un intercambio de cromos” entre la delegación de competencias y la ILP para regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular. “Lo que plantearon fue un chantaje, pero demuestra que el problema no era la transferencia de competencias ni el supuesto racismo, sino su interés partidista y electoral”, denunció.

Por otro lado, el vicepresidente de Junts se refirió a informaciones según las cuales ERC habría pedido a Podemos que rechazara la iniciativa. En este sentido, Rius pidió “explicaciones” a ambas formaciones, para que o bien lo nieguen rotundamente, o digan que efectivamente fue así. En caso afirmativo, añadió, “sería grave, triste y penoso”.

El “mandato” del 1-O

En la semana en que se cumplen ocho años del referéndum del 1 de octubre, Junts también ha querido reivindicar que “su mandato sigue plenamente vigente” y que fue “la máxima expresión de la voluntad de ser del pueblo catalán”. No obstante, los de Carles Puigdemont lamentan que, ocho años después, “la respuesta del Estado sigue siendo la misma: represión, criminalización y negación de derechos democráticos”.

El debate y fracaso de la propuesta por la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat ha derivado en otra bronca entre ERC y Junts. O para ser más exactos entre Gabriel Rufián y Míriam Nogueras. No por el contenido acordado entre PSOE y los de Puigdemont sino por el discurso utilizado por Junts para defenderlo. El portavoz de los republicanos en el Congreso ha reclamado directamente a su homóloga de Junts que “deje de hacer daño a Catalunya”.

“Es muy poco patriota odiar a gran parte del país. Lo que hizo Nogueras en su discurso es odiar a gente inmigrada en Catalunya”, ha afirmado Rufián en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Después de que la Cámara Baja tumbase este martes la delegación de las competencias en inmigración, el diputado de ERC ha tildado de “miserable” el discurso que hizo Nogueras desde el atril y lo atribuye a la “presión” de Aliança Catalana. De todos modos, ha reiterado que las competencias eran para Catalunya y no para Junts. De haber prosperado, el encargado de gestionarlo hubiese sido el Ejecutivo de Illa.

Pero la portavoz de Junts lejos de aflojar ha insistido en sus argumentos a la vez que ha recomendado a Rufián que pise “las calles de Catalunya”. “Que escuche a la gente y deje de hacer seguidismo de la izquierda española más populista que hay aquí”, le ha contestado también en una entrevista en la radio pública.

Nogueras, además, ha interpelado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Interior, Núria Parlon, para preguntarles dónde están: “Lo más cómodo es ponerse de perfil y no mojarse, pero los políticos que se ponen de perfil son los que hacen que este problema se haga mayor”. El Govern, por boca de su portavoz, defendió este martes, horas antes de la votación en el Congreso, la propuesta para que la Generalitat asumiese la delegación de más competencias en inmigración.

“Es una proposición buena para Catalunya y para el conjunto de España”, explicó Silvia Paneque tras la reunión del Consell Executiu. Y añadió, en referencia a los argumentos de Podemos, que no hay “ningún elemento que pueda ser definido o tildado de racista” a la literalidad del texto presentado. “No existe ningún elemento que tenga indicios de racismo. Es poco afortunado el debate y poco ajustado al texto. Sería bueno que las expresiones de los grupos se centraran en los textos y no en quien presenta la proposición”, concluyó la portavoz del Govern.

El vicesecretario nacional de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido una reforma de la financiación autonómica sin ordinalidad y que busque “el equilibrio” en los recursos. “Debe establecerse un equilibrio, que no consiste en recibir exactamente lo mismo que se ha aportado, sino en hacer que todos los españoles dispongan de unos recursos similares”, ha afirmado el dirigente popular, que también ha dicho que Catalunya y el resto de autonomías tendrán “más recursos” si el PP llega a La Moncloa.

Bravo ha hecho estas declaraciones desde la sede de los populares en Barcelona, dos días después de que el Gobierno anunciara que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará próximamente la propuesta de nueva financiación. El dirigente popular no ha descartado que su partido entre a negociarla. No obstante, ha advertido que “no tienen ninguna confianza” en que el modelo del Gobierno pueda contar con sus votos, ya que, según ha criticado, primero debería haberse consensuado con las autonomías.

En concreto, ha defendido un modelo que proporcione “más recursos” a Catalunya y al resto de comunidades autónomas, pero ha rechazado que este responda al principio de ordinalidad tal como reclama la Generalitat. “No se trata de pedir lo mismo que se ha aportado, sino de garantizar que haya un equilibrio”, ha argumentado.

“Si Catalunya tiene que afrontar nuevas inversiones como, por ejemplo, la ampliación del Aeropuerto del Prat, pues es evidente que deberá contar con una partida extraordinaria, porque esta infraestructura da servicio al conjunto de los españoles. Eso también es ordinalidad, en el sentido de recibir recíprocamente conforme a lo que cada uno aporta”, ha defendido.

Asimismo, Bravo ha concretado otras medidas en materia económica que el PP pondrá en marcha si llega a gobernar, entre ellas, impulsar un “fondo transitorio” para que las comunidades tengan acceso a “mayores recursos” mientras se elabora un nuevo sistema de financiación. También ha propuesto aumentar la participación de las comunidades y los ayuntamientos en los fondos europeos, reestructurar la deuda de las autonomías y revisar a la baja los impuestos que pagan los españoles.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado que este nuevo curso político “vea finalmente la aplicación completa” y el “despliegue efectivo” de la ley de amnistía. Así lo ha asegurado el jefe del Govern en las jornadas de trabajo que celebra el Ejecutivo catalán este viernes y sábado en Arnes (Terra Alta) para dar inicio a la vuelta de las vacaciones.

En este contexto, el president de la Generalitat ha instado a sus consellers a centrarse en ejecutar los planes y ha apelado a la “moderación” y la “ponderación” en un clima “muy tenso”.

El Govern celebra este viernes y sábado en Arnes (Terra Alta) sus terceras jornadas de trabajo, tras las realizadas en el monasterio de Poblet y el santuario de Núria. El president Illa ha asegurado que deben permitir “detenerse” para valorar la ejecución del plan de Govern y replantear los desafíos.

Entre los objetivos que se ha vuelto a marcar está la normalización de la política catalana. “Me gustaría que este curso político viera finalmente la aplicación completa de la ley de amnistía”, ha afirmado en una intervención ante los miembros de su gabinete.

En este sentido, el dirigente socialista ha apelado al principio de separación de poderes y ha subrayado que los tribunales también deben respetar las decisiones del poder legislativo, en este caso del Congreso de los Diputados. “Debe aplicarse, con diligencia. Este curso político debe ver el despliegue efectivo de la ley de amnistía”, ha insistido.

En términos más generales, Illa ha advertido de un “clima muy tenso políticamente”. Ante ello, ha apelado a la “moderación” y la “ponderación”. “Estoy de acuerdo en ser radicales en la defensa de los valores y principios, no en las maneras, el lenguaje y las formas”, ha afirmado.

También ha instado a los consellers de su Govern a centrarse en la gestión y ejecución de los compromisos asumidos. “Tenemos que concentrar ahí la acción política y ejecutar. Es más sencillo hacer un plan que ejecutarlo”, ha defendido.

Por otro lado, el president de la Generalitat ha querido poner el foco en los incendios de este verano, en el de Paüls, pero también en los que han afectado a Occitania y distintas comunidades autónomas. “Debemos impulsar un cambio de mentalidad en Catalunya en materia forestal”, ha asegurado.

Illa ha recordado que el 65% del territorio de Catalunya es masa forestal. “Hay gente que piensa que hay poco bosque, pero hay demasiado bosque. Tenemos que ponerle un límite; esto debe reducirse”, ha dicho. También ha apelado a gestionar de forma diferente las políticas forestales, y hacerlo de la mano de la actividad económica.

Derechos religiosos y lingüísticos

El jefe del Govern también ha querido alertar sobre algunos “episodios preocupantes” vividos este verano en materia de derechos religiosos, especialmente de islamofobia. “Todos tenemos deberes y derechos, recemos a quien recemos, vengamos de donde vengamos, tengamos las ideas políticas que tengamos”, ha reivindicado. Por eso, se ha comprometido a defender los derechos religiosos y también los lingüísticos.

Finalmente, ampliando el foco a los conflictos internacionales, Illa ha valorado la “movilización” de la sociedad catalana en solidaridad con Palestina y en contra del genocidio en Gaza. En este sentido, ha destacado los barcos de la Flotilla que zarparán este domingo desde el Puerto de Barcelona, así como la iniciativa del alcalde Jaume Collboni con el Distrito 11.

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo que Junts per Catalunya es un partido que “incomoda” y “molesta” a los que se sitúan en los extremos, porque se está muy cómodo en los extremos; a los que practican el populismo, y a los que salen negociados de casa“.

Así lo ha dicho en la celebración del quinto aniversario de la fundación como partido de Junts, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al cual han asistido unas 1.500 personas, según los organizadores.

Puigdemont ha querido “sacar pecho” de la trayectoria de la organización que preside, se ha mostrado “orgulloso” de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho, si bien ha dicho que “queda mucho” camino para recorrer. A aquellos que han querido “matar” a Junts durante este tiempo, los ha dedicado una frase que ya pronunció el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni le arrebató el cargo: “Que os zurzan, porque nosotros seguiremos yendo a la nuestra, que significa ir a la catalana”.

Puigdemont ha desgranado el “método Junts”, que ha afirmado que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado. Sin “apriorismos partidistas”, los dirigentes de Junts se preguntan, por este orden, si la iniciativa en cuestión “es positiva” para Catalunya, si “respeta” las competencias de la Generalitat, si se han aceptado las peticiones de la formación y si es “útil” para avanzar hacia una independencia “efectiva”.

El expresidente catalán ha dicho que su formación no se deja seducir por quien usan “el cepillo y la amabilidad”, puesto que “a menudo” esto no significa que quieran llegar a acuerdos.

Ha afirmado que Junts “incomoda” los extremos y quienes practican populismos, en aquello que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes “ya salen negociados de casa”, en clara alusión a ERC.

“Peones de la esperanza” ante “arquitectas del caos”

Puigdemont ha dedicado la parte final de su discurso a arremeter contra “la epidemia de arquitectas del caos” que tiene lugar en todo Europa y también en Catalunya, donde las encuestas muestran como Aliança Catalana le gana cada vez más terreno a Junts.

A pesar de que hay quién tiene “la tentación” de actuar del mismo modo, es decir, de “usar la motosierra para hacer operaciones en corazón abierto”, Puigdemont ha reivindicado la tarea de su partido, los “peones de la esperanza” que no se limitan a quedarse al sofá y a lamentarse por redes sociales.

Ha censurado el simplismo con que desde los “extremos” se encaran debates como los de la vivienda, seguridad, inmigración, turismo o burocracia y su voluntad de “avinagrar” la vida de los catalanes para conseguir votos.

En contraposición, ha dicho que Junts trabaja para que Catalunya consiga “competencias que nunca antes había soñado”, en alusión en el pacto en materia de inmigración sellado con el PSOE y que tiene que pasar por el Congreso, o para que el catalán sea oficial a las instituciones europeas.

En el acto también han tomado la palabra el secretario general de Junts, Jordi Turull; la secretaria de organización, Judith Toronjo; y el alcalde de esta localidad francesa, Claude Ferrer.

Entre los asistentes se han contado la expresidenta del Parlament y expresidenta del partido, Laura Borràs, y el que fue secretario general, Jordi Sànchez, y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que continúan, como Puigdemont, viviendo en el extranjero a la espera de si se les acaba aplicando la amnistía.

Unas declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una entrevista en el diario Ara, reiterando su rechazo al acuerdo entre el PSOE y Junts para que la Generalitat asuma más competencias en inmigración han desatado una bronca entre los morados y los partidos independentistas. La frase que ha provocado la polémica es una referencia de la líder de Podemos al papel que podrían jugar los Mossos si se llevase a cabo las transferencias en este ámbito.

“Parte del acuerdo implica que a partir de ahora los Mossos puedan desempeñar las funciones que hace la Policía Nacional, realizar redadas racistas basadas en perfil étnico, es decir, que te paren por tu color de piel a la salida del metro, cuando vas en autobús, en el lugar de trabajo... Eso que hace ahora la Policía Nacional lo harían los Mossos d'Esquadra”, afirma Belarra en la entrevista.

Sin mencionar explícitamente a Belarra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido en X a los Mossos d'Esquadra: “No permitiré que nadie ponga en duda la profesionalidad de los Mossos”.

Menos miramientos ha tenido Junts, que ha aprovechado las declaraciones de Belarra para confrontar con Podemos. Distintos dirigentes, desde Carles Puigdemont a Jordi Turull y diversos diputados han acusado a la secretaria general de Podemos de utilizar los argumentos propios del “supremacismo español” y le han recordado que cuando su formación compartía gobierno con el PSOE se produjeron episodios como el de la tragedia de Melilla.

“Estos españoles de izquierdas prefieren que las competencias las tenga un gobierno del PP y VOX, que es lo que vendrá, que las gestione Catalunya, donde la situación exige que tengamos las herramientas legales, técnicas y económicas para responder con urgencia y eficacia al desafío que comporta el incremento de recién llegados en muy poco tiempo”, ha escrito Puigdemont en X.

El expresident califica las afirmaciones de Belarra “de primero de xenofobia”: “El prejuicio que expresa contra los Mossos es de primero de supremacismo español y primero de xenofobia. ¿En qué se basa? ¿De qué datos dispone para poder hacer una afirmación tan grave como ésta? ¿O es que supone que los catalanes, por el hecho de serlo, tenemos una pulsión xenófoba?”, añade.

Belarra, también a través de X les ha contestado que lo que le molesta a Junts es que Podemos diga “la verdad” y que esta es que la formación de Puigdemont solo quiere las competencias para llevar a cabo “políticas racistas” y competir con Aliança Catalana.

Pero las afirmaciones de Belarra en el diario Ara no solo han sido rechazadas por Junts.También el líder de ERC, Oriol Junqueras, las ha criticado. En un mensaje mucho más corto que el del Puigdemont ha señalado que “antes, estas cosas las decían Albert Rivera y Inés Arrimadas”. El diputado republicano Francesc Marc Àlvaro ha ido más lejos al señalar que “Podemos es más jacobino que Robespierre vestido para cortar cabezas. Y más españolista que la cabra de la Legión. Y más simplista que un cuñado explicando el 'negocio' de las criptomonedas”.

La CUP ha recordado a Belarra que los Mossos ya realizan batidas como las que ella denuncia y le ha afeado que pese a haber estado en el Gobierno no se hubiese derogado la ley de extranjería.

El tejido económico y empresarial valora la buena predisposición de los gobiernos de España y de Catalunya para abordar un nuevo modelo de financiación, pero exigen más concreción y que se respeten una serie “demandas históricas”: la recaudación por parte de Catalunya del IRPF en 2026, el principio de ordinalidad y que se refuerce la capacidad normativa e inspectora de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Ninguno de los tres puntos quedan garantizados en el pacto presentado este lunes tras la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada en Barcelona.

En un comunicado conjunto firmado por las cámaras de comercio catalanas, Pimec, Fira de Barcelona, el Col·legi d'Economistes, RACC y Fem Cat, las organizaciones económicas reclaman “concreción normativa, transparencia y celeridad en el despliegue del nuevo marco fiscal”, así como la despolitización del debate, para centrarse en invertir los recursos en las políticas públicas que impulsen el progreso económico del país, el tejido productivo y el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, instan a garantizar un “proceso de reforma que sea compartido con otros territorios del Estado, pero que a la vez reconozca la singularidad y el peso económico de Catalunya”.

Las organizaciones económicas y empresariales también piden mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento efectivo del acuerdo, con un calendario donde queden fijados los plazos para su entrada en vigor, y se muestran dispuestas a asumir un papel activo y responsable en este proceso.

Los promotores han mantenido un encuentro institucional con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, a quien han trasladado formalmente estas consideraciones y reiteraron con firmeza la necesidad de un “despliegue leal, efectivo y alineado con los principios pactados”. Esta reunión ha servido, aseguran, para escenificar el consenso del tejido económico y social en defensa de un modelo de financiación justa y adecuado a la realidad catalana.

Por su lado, Romero, ha calificado de “imprescindible” que se respete el principio de ordinalidad en la propuesta de la reforma del modelo de financiación singular. En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio ha garantizado que “si no hay ordinalidad” Catalunya “no estará”.

La consejera ha dicho que sabe cuáles son los “límites y márgenes” para negociar. Aun así, ha expresado que quiere ser “positiva” y que confía en el gobierno español. En una intervención posterior en 3Cat, ha precisado que en otoño espera contar con “los cálculos y escenarios”, elaborados por un grupo de expertos, para presentar al ejecutivo de Pedro Sánchez.

El pacto entre el Gobierno y la Generalitat sobre financiación sellado este lunes en Barcelona es impreciso, contiene pocas concreciones –no hay ni una cifra ni siquiera fechas– y genera, por ahora, más preguntas que respuestas. Aunque en la comisión bilateral no estaba previsto que se detallaran grandes cifras, tampoco se esperaba un margen tan amplio para las interpretaciones.

Lo que para unos es un “cambio de paradigma”, según palabras del conseller de la Presidència, Albert Dalmau; para otros, como Junts, es “decepcionante”. Incluso Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exige más concreción. Es acuerdo es muy parecido al previsto entre PSC y ERC, pero tiene el valor de que esta vez no es entre dos partidos, sino entre dos gobiernos.

El pacto asegura que el nuevo sistema de financiación tendrá en cuenta “las necesidades de Catalunya y su singularidad”, pero dejando claro que esto es “compatible” con un modelo que contemple “reglas comunes” y se acuerde en “reuniones multilaterales”.

Así lo refleja el documento, que consta de cinco páginas y el contenido del cual se ha divulgado al acabar la rueda de prensa entre ambas partes. Vamos a intentar dar respuestas a algunas de las preguntas.

¿Qué supone el acuerdo?

El texto pactado entre el Gobierno y la Generalitat es sobre todo un compromiso y una declaración de principios. En él, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce la necesidad de modificar el sistema de financiación, caducado en el año 2014, y de hacerlo de forma que Catalunya (y por extensión todas las comunidades que lo deseen) pueda cumplir con su aspiración de recaudar el conjunto de los impuestos.

Esta forma de gestionar los tributos, por parte de las autonomías y no de la Hacienda central es una cuestión administrativa importante, pero no modifica por sí misma el sistema de financiación, que es cómo se reparte entre administraciones estatales y autonómicas el conjunto de los recursos del Estado.

Por tanto, en paralelo a que la Agència Tributària Catalana vaya asumiendo más competencias deberá pactarse un nuevo modelo de financiación que, según ha anunciado el Gobierno este lunes, se basará en la recaudación, es decir, en la capacidad de generar ingresos de cada comunidad, y no en su necesidad de gasto.

¿El pacto de este lunes establece un modelo concreto?

No necesariamente. En el acuerdo, de cinco páginas, no hay ni cifras ni fechas. Por un lado, no se valora la cuantía que puede ganar la Generalitat de Catalunya, pues aún no se ha decidido cómo se cifrará la solidaridad ni cómo se calculará el coste de las competencias específicas. También falta por conocerse la cifra de recursos adicionales que piensa aportar el Estado. Siendo así, de los principios pactados este lunes pueden derivarse modelos muy diferentes dependiendo del acuerdo al que se llegue y la voluntad del legislador.

¿Supone una salida del régimen común para Catalunya?

La pretensión es construir un modelo completamente nuevo, por lo que la idea de “comunidades de régimen común”, vigente en el sistema de financiación actual, dejaría de tener vigencia, según defienden fuentes del Govern. Esto es así porque tanto las comunidades que decidieran avanzar en la recaudación de impuestos, como aquellas que optasen por continuar como hasta ahora, entrarían dentro del mismo sistema de reparto.

Ahora bien, lo que sí cambia es que se pasa de una situación en la que todas las comunidades están igual, ya que en la actualidad ninguna recauda y todas están sujetas a las entregas y adelantos que les hace Hacienda, a un modelo “a la carta”, en el que cada administración autonómica podrá optar por recaudar todos sus impuestos, solo una parte o ninguno de ellos, en la medida de sus intereses y capacidad.

¿Catalunya se quedará con todos los impuestos que recaude?

No. Una cosa es la administración que recauda y otra cómo se reparte. En este momento es la Agencia Tributaria (estatal) la que recauda, pero después esta recaudación va a financiar la administración estatal, la autonómica e incluso, en parte, las locales. Ahora pasaría lo mismo, solo que la recaudadora sería, llegado el momento, la Agència Tributària de Catalunya.

Una de las claves está en determinar cómo se reparte lo recaudado. El principio pactado es que se decida a través de la participación de cada administración en una “cesta tributaria”. Esto supone que la comunidad participe en un porcentaje, “que se acuerde”, de los impuestos que se recauden en su territorio, correspondiente al pago de sus competencias homogéneas, es decir, las que comparten todas las CCAA. La Hacienda central, por su parte, participaría de otro porcentaje, que servirá para financiar los servicios que la administración estatal presta en cada comunidad. De ahí también saldrá el pago de las competencias específicas, que en Catalunya son los Mossos d’Esquadra, el sistema penitenciario, Rodalies y algunos servicios más.

Por otro lado, de la recaudación que le quede, Catalunya cederá una parte en un mecanismo de nivelación y de solidaridad entre las comunidades autónomas. El mecanismo está por definir, pero el texto subraya que esta aportación se tendrá que hacer “de manera transparente”.

¿Es un sistema de cupo o de concierto a la vasca?

No. Por mucho que se hable de financiación singular, el acuerdo no se asemeja al cupo vasco. Aunque la Generalitat sea quien acabe recaudando los impuestos, su aportación a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, que aún se debe pactar, no como un pago de la comunidad al Estado tras un opaco cálculo bilateral, como sucede con los territorios de régimen foral.

Por otro lado, el acuerdo establece la participación de Catalunya en un amplio mecanismo de solidaridad, aspecto que en el caso de Euskadi y Navarra solo sucede en forma de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial, en teoría mucho más limitado.

¿Se garantiza el principio de ordinalidad?

Lo que los técnicos llaman principio de ordinalidad quiere decir que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial (solidaridad), el volumen de recursos per cápita de las comunidades con más capacidad fiscal (más ricas) no puede quedar por debajo del de las más pobres, como ocurre hoy, no solo con Catalunya, y dejar, en cambio, comunidades sobrefinanciadas (como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia).

La ordinalidad es una línea roja para Catalunya, pero solo aparece en la exposición de motivos del acuerdo, en el preámbulo, no forma parte del acuerdo. Dice que la administración catalana entiende que la aportación a la solidaridad tiene que calcularse “de manera transparente” y “con criterios objetivos”. Y añade: “Y es condición necesaria que su aplicación no puede desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”. El concepto no aparece más.

¿Qué implica para el resto de las comunidades?

La arquitectura del pacto es “generalizable” a todas las comunidades que lo deseen y que quieran más autogobierno y más corresponsabilidad fiscal con sus ciudadanos, se han esforzado en subrayar tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Pero para que ninguna comunidad salga perdiendo al respetarse el criterio de ordinalidad, falta saber cuándo dinero (y de dónde) pondrá el Estado para el conjunto del sistema. Preguntado al respecto, Torres emplazó al modelo que el Ministerio de Hacienda presentará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la vuelta de las vacaciones.

¿Cuándo empezará Catalunya a recaudar todos los impuestos?

No está claro. Cuando el PSC y ERC sellaron el acuerdo para la investidura de Salvador Illa, hace casi un año, se anunció que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) empezaría a recaudar el IPRF de 2026. Los expertos consideran que es el impuesto más territorializable y más vinculado a la capacidad fiscal.

El acuerdo de este lunes, sin embargo, establece que el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Economía “trabajarán para el desarrollo de la hacienda catalana (…) con el objetivo de que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma progresivamente competencias de gestión en IRPF, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros tributos”. Y que “se creará un grupo de trabajo” en este sentido.

Así mismo, el pacto indica que ambas administraciones “acuerdan intensificar la participación [de la ATC] en la campaña de la renta” del año que viene en colaboración con la AEAT.

El acuerdo no concreta más y el Govern no se ha comprometido ello, puesto que la ATC no dispone de medios para poderlo hacer en solitario. Ni tecnológicos ni de personal. El conseller Albert Dalmau ha recordado que la Generalitat dispone de 4.400 empleados en Catalunya, ante los 840 del ATC y que antes de que termine el mes de julio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, presentará el “plan operativo para reforzar y dimensionar” la agencia catalana.

Varios expertos consultados por elDiario.es consideran que hay dos grandes cabos sueltos en este sentido para ver el grado de soberanía de Catalunya. El primero es saber “a dónde va el dinero que recaude la Generalitat: ¿se lo queda el propio Govern, va a una cuenta del Banco de España?” El segundo es conocer quién tiene el voto de calidad dentro del “modelo en red de gestión” al que alude el acuerdo. La fórmula de un consorcio, tal como recoge el Estatut y proponía el PSC, facilitaba la gobernanza, pero ERC se opuso.

Neijuan es una palabra que hace unos pocos años se convirtió en una de las más populares en China. Podría traducirse como ‘involución’ y se recuperó para referirse a los jóvenes que por más que se esfuercen no consiguen progresar socialmente. El consultor Antoni Gutiérrez Rubí recurre a este concepto en el inicio de su ensayo Polarización, soledad y algoritmos (siglo XXI). Acertadamente lo presenta como una radiografía de las nuevas generaciones y está formulada sin apriorismos, a partir de datos y conversaciones con grupos de jóvenes. Porque a menudo, también en los medios, hacemos ver que les oímos pero en realidad les escuchamos poco.

El trabajo se centra en la generación Z, bautizados como ‘centennials’ (nacidos entre 1995 y 2012), porque son los que están ya participando de lo que el autor resume como la escena pública.

Los adjetivos para describir su perspectiva vital serían muchos aunque uno que encaja a la perfección y no solo en España es desencantada. Es una generación desencantada. En España, como en Italia, Grecia, Portugal o Bulgaria, la media de edad en la que se independizan los jóvenes es de 30,4 años. Solo 4 de cada 10 de los que tienen entre 18 y 34 años afirma que puede cubrir bien sus gastos básicos.

Estudiar, encontrar un trabajo e intentar ahorrar ya no es garantía de poder sobrevivir en condiciones. Ese sería un resumen y una diferencia respecto a generaciones anteriores cuando acceder a la clase media no era fácil pero sí más probable que ahora. Porque si los datos macroeconómicos, muy buenos en España, no capilarizan y no se notan ni en los sueldos ni en las condiciones laborales, el triunfalismo debería estar controlado. Hace solo unos días publicamos en elDiario.es una completa información que ayuda a entenderlo: los beneficios de las empresas crecen el doble que los salarios desde antes de la pandemia.

Una de las críticas que se hace a los jóvenes, en especial por parte de adultos de más edad, es que se quejan por todo, o por demasiadas cosas. Se les acusa de ser una generación perezosa porque, como se describe en el libro, algunos de ellos se niegan a aceptar un modelo tradicional en el que las responsabilidades laborales condiciona buena parte (o la mayor parte) de su vida. Gutiérrez Rubí recurre a varios estudios que concluyen, no solo en España, que estos jóvenes son más infelices en el trabajo que los millenials, la generación X o los baby boomers. Un ejemplo concreto. Según un estudio de Randstad, para casi la mitad (48%) el teletrabajo no es algo negociable.

A partir de encuentros con jóvenes en Madrid y Barcelona se llega a varias conclusiones sobre qué piensan y qué les preocupa. Sienten incertidumbre respecto al futuro, se quejan de falta de representación (algo que les lleva a cuestionar el sistema porque entienden que sus preocupaciones no están siendo atendidas) y se muestran impacientes por la falta de resultados. Un repaso a los debates que monopolizan las tertulias a diario serviría para darles la razón.

Las elecciones en distintos países, desde Argentina a Portugal, y los sondeos respecto a qué puede pasar aquí, prueban que ese malestar se está traduciendo, muy especialmente en el caso de los varones jóvenes, en votos para la extrema derecha. Un ejemplo: Javier Milei consiguió un 69% de apoyos entre los menores de 25 años. Otro: la encuesta de 40dB publicada este lunes por El País vaticina que Vox sería el primer partido entre los que tienen entre 18 y 44 años.

Algo para lo que no se necesitan muchos sondeos porque solo hace falta revisar las redes, las mujeres ‘centennials’ se movilizan más por la igualdad y en defensa de las políticas sociales. Es una brecha de género que no para de crecer. El reto de la izquierda es encontrar un equilibrio complejo para trabajar en pro del feminismo y a la vez no seguir perdiendo electores entre los varones más jóvenes (y no tan jóvenes). Porque uno de los colectivos más perjudicados por las políticas de la extrema derecha si estas gobiernan somos las mujeres.

Evidentemente la forma en que se informan los jóvenes influye en su percepción de la sociedad y la política. Muchos ya están abandonando incluso las búsquedas en Google. Los algoritmos y referentes que no aparecen en los medios tradicionales explican también sus valores y creencias. De ahí, como alerta este ensayo, los partidos, las instituciones y las figuras políticas tienen que adaptarse. “No hacerlo es dejar la vía libre a quien lo haga mejor. En muchos lugares del mundo esto se traduciría en hacerle un favor a la ultraderecha”. Y si hay que buscar ejemplos solo falta examinar cómo Trump planteó su campaña y cómo se acercó a estos colectivos. Seguir mirándoles por encima del hombro solo servirá para aumentar la brecha.

Cuando en julio de 2023 se le preguntó a Alberto Núñez Feijóo cuál era su proyecto para Catalunya, una de las cosas que dijo es que tenía “el proyecto de respetar la nacionalidad histórica que es”. En la misma entrevista en La Vanguardia añadió que el PP necesitaba que los catalanes lo viesen como “un partido catalán, autonomista, con personas de Catalunya”. Como en tantas otras cosas, Feijóo ha hecho lo contrario de lo que prometió y su batalla contra el reconocimiento del catalán es solo el último ejemplo. 

Aquellos catalanes que, sin ser necesariamente votantes del PP, quisieron apreciar en él a un político moderado, alejado de las estridencias ayusistas y con una visión de España alejada del centralismo madrileño, hoy tienen nuevos motivos para estar decepcionados. Aunque es de suponer que vista la trayectoria de los últimos meses tampoco les habrá sorprendido mucho. 

El líder del PP hace tiempo que decidió que todo vale con tal de ir contra Pedro Sánchez. Aunque eso le implique rebajar el nivel del debate público al fango o ir en contra de los intereses de los ciudadanos que reivindican su derecho no solo a hablar en catalán, gallego o euskera sino a que estas lenguas tengan el mayor reconocimiento posible. 

En la Unión Europea hay 24 lenguas oficiales. La cifra de hablantes de cada una es muy desigual y va de los 90 millones que hablan alemán a los 200.000 del irlandés. El catalán tiene 10 millones, el doble que el finlandés, por comparar con uno de los estados más reacios a su reconocimiento. Prácticamente hay la misma cifra de europeos que hablan sueco que los que lo hacen en catalán. Si fuese por el PP serían muchos menos puesto que solo hace falta ver su estrategia en Balears y la Comunitat Valenciana, de la mano de Vox, para debilitarlo tanto como pueden. 

Más allá de si la defensa que hace ahora el PSOE (y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó) de la presencia del catalán en las instituciones europeas responde a sus compromisos con Junts, tiene todo el sentido reclamar esa oficialidad. La avalan las cifras y el reconocimiento en la Constitución.

Pero a Feijóo eso le da igual. Primero porque lo único que quiere es destrozar a Sánchez, por las buenas o como ahora. Y segundo porque su sensibilidad respecto a los derechos lingüísticos es nula. La utilización de la lengua como instrumento partidista le viene de lejos. Nada más llegar a la presidencia del PP gallego se sumó a la campaña contra el gallego e incluso mandó a su número dos, Alfonso Rueda, a la manifestación de una organización minoritaria llamada Galicia Bilingüe, que clamaba en las calles y algunas cabeceras madrileñas contra la “imposición del gallego”. 

En los tres años y medio que gobernó el bipartito de PSdeG y BNG, Feijóo rompió el consenso político alcanzado en los tiempos de Fraga, que posibilitó el Plan de Normalización Lingüística. Cuando la izquierda llegó al poder en 2005 decidió dar rango de ley a ese plan ideado por la Xunta de Fraga y el PP de Feijóo se desmarcó del acuerdo, para hacer oposición en la calle al bipartito. 

Ya de vuelta en la Xunta, en 2009, cambió la ley, para rebajar la presencia del gallego en las aulas. Desde entonces, el idioma no deja de perder hablantes, según todas las encuestas, incluidas las que encarga el Gobierno gallego de su sucesor, Alfonso Rueda.

Ese es Feijóo. Entonces y ahora. 

La Generalitat ha decidido recuperar la tradicional bendición de rosas y dar más protagonismo a la misa del día de Sant Jordi, que este año está previsto que la presida el padre abad de Montserrat, Manel Gasch, con motivo del Milenario del monasterio.

Así lo aseguró el lunes el conseller de Justicia y Calidad Democràtica, Ramon Espadaler, en una entrevista en Ràdio Estel, donde manifestó que “por instrucción del presidente” Salvador Illa, han trabajado en recuperar esta tradición, de forma coordinada con Josep Maria Turull, prior de la capilla de Sant Jordi.

Sobre la celebración de la misa, el conseller relató que aunque “no se había dejado de hacer, se llevaba a cabo de una forma casi clandestina”, y que ahora la Generalitat ha apostado por recuperar “una vieja tradición desde el respeto”.

También señaló que la voluntad del conseller es que “se busque cada año a una persona emblemática de la iglesia catalana” para oficiar la eucaristía, y que este 2025 se ha pensado en Gasch, al estar Montserrat celebrando el Milenario.

En este contexto, el titular de Justicia de la Generalitat defendió el modelo de “laicidad positiva” del Govern actual, donde “se respeta la creencia del mismo modo que se respeta la no creencia”. Espadaler también señaló en la entrevista que las religiones “aportan valores positivos”, sin que eso suponga que se tengan “que confundir esferas”.

Desde hace unas semanas han desaparecido los titulares en los que el protagonista era Junts junto a los verbos habituales: presiona, desafía, consigue… Hay una explicación. El partido de Carles Puigdemont se ha situado en modo ‘keep calm’. En la dirección apuntan que los motivos son varios, además del evidente y es que Trump lo ocupa todo y preocupa a todos.  

El punto de inflexión fue el acuerdo para la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat. Llegó tras meses de negociaciones y con una polémica por la distribución de menores no acompañados que aún se arrastra. 

Hay dos nombres a los que se cita como promotores de los acuerdos que han permitido que después de tantas tempestades regrese una cierta calma. Al menos hasta la próxima. Son Santos Cerdán y José Luís Rodríguez Zapatero. Sin ellos, aseguran en las filas de Junts, la cosa probablemente hubiese seguido por el precipicio. Estuvieron desde el principio, ya en las conversaciones que culminaron con la investidura de Pedro Sánchez, y su papel se ha afianzado a lo largo de la legislatura.

En Junts elogian la predisposición del secretario de organización del PSOE y del expresidente del Gobierno para desencallar negociaciones que parecían imposibles. Y eso que Zapatero durante un tiempo estuvo en la lista negra de los independentistas por haber prometido un apoyo a un Estatut que se acabó recortando en el Congreso.

El expresidente se deshacía en halagos hacia Junts y Puigdemont en la entrevista que publicó La Vanguardia este domingo. Zapatero reconoce algo que se había intentado mantener con discreción aunque en los últimos meses ya era conocido y es su papel fundamental en la mediación con los posconvergentes.

“Hay que explorar el máximo desarrollo de la autonomía catalana como vía de superación de lo ocurrido, venciendo los prejuicios que ahora pueda haber, después de los hechos del procés”, defendía el expresidente en la entrevista.

Zapatero ha sabido ganarse la confianza de Puigdemont. O al revés. El socialista reconoce que ambos han forjado una buena relación y pide no menospreciar al líder de Junts. “Ni políticamente, ni intelectualmente”, precisa.

La confianza entre ambos se suma a la que ya existía entre Santos Cerdán y Jordi Turull, dos políticos de vieja escuela bragados en negociar en las peores situaciones. El secretario general de Junts se fía de poca gente, pero uno es su homólogo en las reuniones de Suiza y Bruselas. 

En la formación independentista son conscientes que la guerra de aranceles sumada al debate sobre la seguridad condiciona a todos los partidos. Junts es de los que explícitamente se ha mostrado a favor del plan de rearme europeo. Por convicción y porque ve una posibilidad de negocio si implica un aumento de inversiones en la UE y no la compra de material a terceros. 

Aunque los focos están puestos en el Congreso, hay otras conversaciones con el Gobierno que son igual de prioritarias para los independentistas. En el partido de Puigdemont confirman que la entrada de nombres afines en empresas públicas que van de Renfe a Aena se negocia directamente con el PSOE. Insisten en que la interlocución no pasa por Salvador Illa y pronostican que podrán situar todavía a más gente en compañías estratégicas. Lo harán como hasta ahora. Con la máxima discreción y la publicidad justa. 

Es el mismo sigilo con el que Puigdemont ha calmado a algunos cargos municipales cada vez más nerviosos por el auge de Aliança Catalana. Ya con el acuerdo sobre inmigración se pidió a algunos alcaldes y regidores de Junts que no alimentasen discursos que puedan ser tildados de racistas. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió, publicada a finales de marzo, vaticinaba que los posconvergentes podrían perder un cuarto de sus diputados en favor de Aliança Catalana. 

El líder de Junts y su equipo más cercano apelan al “discurso pujolista” y la necesidad de subrayar la “integración” como elemento básico para desmarcarse de la línea de Sílvia Orriols. Ella, al igual que Vox, se centra en criminalizar a los migrantes responsabilizándoles de todos los problemas. Presume de ser islamófoba e incluso se ha felicitado de condicionar la estrategia de Junts.

Turull ha iniciado una especie de ‘tour’ por distintas poblaciones catalanas para exponer los logros de su formación en el Congreso y a la vez contrarrestar el discurso de Aliança Catalana. “El odio no es ninguna respuesta”, afirmó la semana pasada en Girona.

El número dos de Junts reconoció que la inmigración es necesaria (algo que la alcaldesa de Ripoll nunca hace) e insistió en que lo que hace falta son “herramientas” para gestionarla. Turull no mencionó al partido de Orriols, pero todo el mundo le entendió.

Con un megáfono en la mano, el neonazi Jordi de la Fuente daba instrucciones a un grupo de xenófobos que se habían concentrado frente a un centro de menores en Masnou (Barcelona). “Hoy los echamos, vamos al centro, a por ellos” arengaba al grupo mientras los dirigía hacia el lugar, según el relato de Fiscalía. Era julio de 2019 y algunos de los manifestantes acabaron tirando piedras y agrediendo a un trabajador social al grito de “moro de mierda” y “vete tu país”.

De la Fuente (38 años) será a partir del sábado el nuevo secretario general de Solidaridad, el sindicato de Vox, tras obtener el aval del aparato del partido y consolidar un ascenso que durante años se ha hecho entre bambalinas por su pasado neonazi y por sus problemas judiciales: el Ministerio Público pide para él dos años y dos meses de cárcel por el asalto en Masnou en un juicio que está pendiente de señalarse.

Su llegada al liderazgo de Solidaridad supone un paso más en la toma de control de la estructura del partido por parte de un núcleo radical de dirigentes fogueados en Catalunya (como Ignacio y Juan Garriga o Jorge Buxadé) que ya no esconden sus simpatías por el régimen de Vladímir Putin. 

Su ascenso coincide, además, con el acercamiento del partido ultra a posturas cada vez más prorrusas después de haber obtenido financiación de la órbita de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro y principal valedor de las posturas de Moscú en la Unión Europea. 

Este mismo lunes, la mayoría de dirigentes han salido en tromba a criticar el veto la Oficina Electoral Central de Rumanía a la candidatura del líder prorruso Călin Georgescu.

Exdirigente del partido neonazi MSR y exsecretario de organización de la formación xenófoba PxC (uno de los principales viveros de las listas de Vox en Catalunya, según documentó elDiario.es), De la Fuente se afilió al partido de Abascal en 2019 y desde entonces se convirtió en uno de los escuderos más leales de Ignacio Garriga, líder en Catalunya y actual ‘número dos’ a nivel nacional. 

Debido a su imputación por el asalto al centro de menores y su pasado neonazi, Vox se cuidó durante los primeros años de mostrar a De la Fuente o de otorgarle un cargo oficial en la formación. Su hemeroteca incluye actos con el librero ultra Pedro Varela, comentarios antisemitas y negacionistas del Holocausto e incluso un vídeo haciendo el saludo fascista y gritando proclamas a Mussolini durante un concierto de un grupo nacionalsocialista.

De la Fuente no tenía cargo, pero siempre estaba ahí. Participó activamente en el diseño de la campaña de las generales de noviembre de 2019 junto a Garriga, al que incluso acompañó como principal asesor al plató de TV3 durante el debate con los candidatos catalanes al Congreso. Cuando venía Abascal a Barcelona, ahí estaba también De la Fuente.

“Él era el hombre para todo”, sostiene un excargo de Vox en Catalunya. “Hacía calle en las carpas el fin de semana, acompañaba a todos lados a los Garriga [Ignacio y su primo Juan, diputado en el Parlament] o hacía la fontanería interna que necesitan todos los partidos”.

De la Fuente ejercía de vicesecretario de organización de Vox en la provincia de Barcelona, un cargo orgánico con mucho poder que sin embargo no aparecía en ningún organigrama oficial. Desde ahí, sostiene el excargo consultado, De la Fuente lideró la “purga” de todo el sector crítico con la manera en que Garriga y el eurodiputado Jorge Buxadé gestionaban el partido en Catalunya. 

“Forma parte del equipo”, se limitaban a responder desde Vox cuando se preguntaba qué cargo tenía exactamente el neonazi, hijo de padre andaluz y madre catalana y licenciado en Ciencias Políticas. El partido tampoco ha querido hacer ningún comentario este lunes.

El antiguo miembro de Vox también sostiene que De la Fuente y sus acólitos han tenido un papel relevante en la difusión de mensajes ultras en redes a través de perfiles anónimos de Twitter y de canales de Telegram en los que se han publicado habitualmente mensajes xenófobos o incluso a favor del nazismo.

A pesar de que De la Fuente cuenta desde hace más de un lustro con la máxima confianza —y amistad— de los principales líderes de Vox en Catalunya, su proceso de validación dentro de la estructura del partido se coció a fuego lento para evitar polémicas en un momento en que la formación ultra trataba de asentarse en todo el territorio. 

En las elecciones municipales de 2023 se le incluyó por primera vez en unas listas, como número dos del partido en Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Obtuvo un puesto como concejal en el pleno y en el partido vieron el nombramiento como la oportunidad esperada para oficializar el poder que De la Fuente ya tenía: presidente de Vox en la Diputación de Barcelona, vocal del partido en la Xarxa Audiovisual Local y, desde 2023, responsable intermunicipal en la provincia de la capital catalana.

Un “caballo de Troya” del putinismo

Desde hace más de una década, incluso antes de que Vox tuviera representación parlamentaria, De la Fuente ya era considerado uno de los máximos representantes en España de la ultraderecha prorrusa, también conocida como nacional bolchevismo.

Fue el prologuista de la edición en castellano de dos de los libros del filósofo ultra ruso Alexander Duguin, bien conectado con el Kremlin y uno de los principales precursores del concepto de Eurasia, que defiende la reunificación de todas las repúblicas de la Unión Soviética bajo el paraguas ruso. 

De la Fuente ha definido a Duguin como “uno de sus maestros”, ha difundido sus mensajes durante años y él mismo ha formado parte del llamado Movimiento Internacional Euroasiático.

Durante la presentación en 2016 de uno de los libros de Duguin en la Casa de Rusia en Barcelona, De la Fuente defendió su papel como “caballo de Troya” del conservadurismo de Putin en los países europeos. 

“La única forma que tenemos [de expandir la visión de Rusia] es como caballos de Troya”, aseguró De la Fuente. “Espero y deseo que esta espiritualidad y visión multipolar de Rusia se contagie, pero a través de partidos, en Europa funcionamos a través de partidos políticos y es complicado hacerlo de otra forma, sería reordenar toda la democracia y sería ideal, pero es muy complicado por el momento”, añadió.

En la misma charla, De la Fuente habló también de la necesidad de romper el estereotipo de “Rusia mala” como país que va “librando guerras por el mundo”. “Putin es un estadista, todo el mundo que le tose a él o al proyecto que él encabeza está en el blanco”, dijo del presidente ruso.

Su ascenso hasta la máxima cúpula del partido implica lo que algunos críticos o excargos de Vox llevan tiempo advirtiendo: tras la purga del sector más liberalconservador (Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona…) Vox ya es abiertamente un partido alineado con Vladímir Putin y los intereses de Rusia en el continente. 

Ramon Tremosa, que fue conseller de Empresa con Quim Torra y después concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido una de las voces independentistas más duras contra Aena. En un debate parlamentario de febrero de 2024 acusó a la compañía pública de imponer “un chantaje unilateral” a los catalanes al dar a elegir entre un proyecto concreto de ampliación del aeropuerto de El Prat “o nada”.

“Si el que Aena presta a nuestro territorio no es un trato colonial, poco le falta”, aseguró el entonces diputado, que opinó que el gestor aeroportuario tiene “muchos deberes pendientes” en materia medioambiental.

Tremosa, al igual que Junts, defendió un modelo catalán de gestión aeroportuaria, que supondría que Aena saliese de las tres grandes bases catalanas: Barcelona, Girona-Costa Brava y Reus. “El modelo centralista de Aena es único en el mundo desarrollado”, se quejaba entonces, y añadía que “no puede ser que Aena esté gestionando nuestro aeropuerto desde Madrid, a seiscientos kilómetros, de espaldas a toda Catalunya”.

Por eso sorprendió, al menos de entrada, el anuncio de que el exconseller se incorporará como consejero independiente a Aena. Ahora bien, hay dos claves que ayudan a entenderlo. La primera es que su elección llega en pleno debate sobre la ampliación de El Prat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es un firme defensor de la ampliación pero para conseguir aliados debe mirar a su derecha. Tremosa, como Junts, pese a las reiteradas críticas a AENA defiende el crecimiento del aeropuerto y en eso tanto el PSC como los posconvergentes están alineados con los sectores empresariales y su principal patronal, Foment, como lobby de presión. En este y en otros tantos proyectos.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, un hombre del PSC, ha intentado desligar el fichaje de Tremosa de las estrategias políticas. “Aquí no se incorpora ningún espacio político ni partido. Tremosa tiene experiencia, formación y conocimiento”, subrayó este miércoles. Pero el nuevo consejero, a quien conoce hace años, es un nombre claramente vinculado al espacio de Junts y sus sucesivas metamorfosis. Es algo que saben también en los ámbitos empresariales con los que Tremosa siempre ha mantenido buenos enlaces.

Algo parecido ha pasado con Elena Massot, a quien Enagás nombrará como consejera en su Junta de Accionistas del próximo 27 de marzo. Será una independentista en una de las cortes empresariales del socialismo catalán. Esta energética la preside Antoni Llardén desde 2007, y tiene entre sus consejeros al expresidente catalán José Montilla y a la que fuera diputada del PSC Maite Costa. El nombramiento de Massot como consejera se producirá después de que Junts haya impulsado el rechazo al impuesto a las energéticas en el Congreso.

Massot es la heredera del grupo inmobiliario Vertix, fundado por su padre, el empresario convergente Felip Massot, una de las mayores fortunas de España. Fue la primera mujer en presidir una organización empresarial en Catalunya, FemCat, el referente de los empresarios catalanes que simpatizan con el independentismo, en sustitución del hoy presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Artur Mas fue quien acuñó el concepto ‘business friendly’ cuando llegó al Govern en el 2010. Se presentaba como un Ejecutivo “amigo de la empresa” y apelaba a la necesidad de recuperar el valor social de las empresas y darles protagonismo. Así fue hasta que el procés dio al traste con muchas de esas relaciones cultivadas desde la época del pujolismo. La frustración de empresarios que intentaron mediar para evitar que Carles Puigdemont proclamase la DUI y el traslado de sedes sociales de grandes compañías durante el 2017 provocaron una ruptura que ahora se está ya superando.

Foment, con su incansable Josep Sánchez Llibre al frente, rehabilitó públicamente a Puigdemont cuando se reunió con él en Perpinyà antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. En tanto que el candidato de Junts le trasladó las peticiones de la patronal. 

Desde entonces ha habido más encuentros entre dirigentes de Junts y representantes empresariales. Como siempre en estos tipos de contactos, la mayoría no han trascendido. La estrategia del partido de Puigdemont en el Congreso evidencia que su propósito, y también el de Foment, es utilizar sus siete votos, imprescindibles como se ha demostrado, para presionar al Gobierno en defensa de los intereses de estos sectores económicos. Pasó con el impuesto a las energéticas y ahora con la propuesta para reformar el horario laboral. “Las élites empresariales ven a Sánchez Llibre como un activo importante porque ven que defiende sus intereses”, resumía un empresario hace unas semanas.

Si a finales de año fue la UGT quien se desplazó a Waterloo para convencer a Puigdemont de que apoye la propuesta impulsada por Yolanda Díaz, a mediados de este mes fue la plana mayor de la CECOT, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, las que se fueron a Bélgica para que el expresident se oponga a esa reducción de los horarios. De momento, tal y como ha explicado Jordi Turull cada vez que se le ha preguntado, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros pero que debe ser tramitada en el Congreso, no cuenta con el apoyo de los independentistas.

En los últimos quince días se ha producido un maratón de reuniones sectoriales entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya como no se había visto en décadas. Las dos administraciones han mantenido hasta cuatro encuentros bilaterales, además del Consejo de Política fiscal con todas las autonomías, de donde han salido acuerdos en materias que marcarán la legislatura catalana y, en buena parte, la española.

La gincana comenzó el lunes de la semana pasada con la comisión de infraestructuras, en la que se materializó el acuerdo para el traspaso de Rodalies. Un hito político, que necesitará de altas dosis de aterrizaje técnico para cumplir con el calendario marcado, que supone que Renfe deje de operar el servicio de cercanías catalán antes de un año.

Una semana después, el pasado lunes, los dos gobiernos volvieron a la carga con dos reuniones: la bilateral, que da salida a los acuerdos al más alto nivel entre ejecutivos, y la comisión mixta de traspasos. De aquí salieron avances en algunas de las políticas en la que el president Salvador Illa quiere destacar. Lo principal, 5.000 mossos más, 60 nuevos juzgados y la semilla de un consorcio de inversiones entre el Estado y Catalunya que deberá desplegarse más adelante.

El que sería uno de los platos fuertes de la semana, la condonación de parte de la deuda autonomía, se anunció ese mismo lunes y la sorpresa fue que el encargado de ponerle cifras fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Se trataba de un gesto comunicativo para subrayar que era una conquista política de los republicanos, aunque la ministra María Jesús Montero compareció inmediatamente después para dar todas las cifras

El plan diseñado en el Ministerio de Hacienda es que el Estado asuma 83.252 millones en total de deuda de las comunidades autónomas –no solo del FLA sino también deuda privada–, a partir de un reparto que pondera nivel de endeudamiento, población y déficit de financiación. Andalucía será la comunidad más beneficada en términos generales, aunque por población lo será Canarias.

Por último, la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha acordado este viernes una mayor participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña de la renta de 2024.

En concreto, el órgano bilateral que ha reunido a la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha fijado los términos de la colaboración entre la ATC y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que la hacienda catalana tenga más peso, tanto en número de efectivos como en puntos de atención.

El Govern ve necesario que la ATC se refuerce para poder asumir el nuevo modelo de financiación singular, que no se abordará como tal en la bilateral. La reunión de este viernes supone el primer paso para lograr la recaudación completa del IRPF prevista para 2026 y para el que debe llevarse a cabo un refuerzo humano y material de la estructura de la Generalitat para poder recaudar tributos.

Una de las novedades del encuentro es que el responsable de la Hacienda del Estado y la consellera han anunciado que utilizarán el impuesto de matriculación para hacer una prueba piloto sobre las fórmulas de colaboración recaudatoria entre ambas administraciones. Se tratará de un paso previo antes de que la agencia catalana pueda lanzarse sola a recaudar el IRPF de 2026, tal como preveé.

En todas las reuniones, aunque especialmente en la comisión económica de este viernes, ha sobrevolado la cuestión de la financiación. Se trata de la patata caliente más importante de la legislatura, no solo para el Govern catalán y para ERC, sino también par la vicepresidenta Montero.

Con todo, pese al maratón de reuniones, los avances en esta materia han sido nulos, pues todo está a la espera de que el grupo de trabajo convocado por la Generalitat acabe de dar forma a su propuesta. Algo que no se espera que pase hasta, al menos, el final del semestre.

El expresidente Jordi Pujol se ha mostrado en desacuerdo con la posición de Junts de desmarcarse de la moción de censura contra Sílvia Orriols y ha defendido que la extrema derecha se tiene que abordar “manteniendo la exclusión”.

Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista en 'El Punt Avui', donde el exlíder de Convergència ha alertado que “en las próximas elecciones, una de las víctimas será lo que había sido Convergència, porque alguien de nuestro mundo, del que ahora es Junts, podría pasar a Aliança”.

Pujol también ha admitido que quería ir a Ripoll hace un año para mostrar su rechazo al discurso de Orriols. “Hay que decir a esta gente que, con políticas y mentalidad etnicistas, Catalunya hoy ya no existiría. La cosa étnica nos convertiría absolutamente en residuales”, ha justificado.

El expresident de la Generalitat ha señalado que él siempre ha tenido “muy presente” la cuestión de la inmigración. “Siempre tuve la idea de la integración y de intentar que se incorporaran”, ha señalado. “Esto requería una política social, una buena acogida”, ha defendido. Y ha añadido: “Esto requería una política lingüística, social, de urbanismo, etcétera, que poco o mucho se hizo. Lo que pasa es que la inundación es tan gorda que nos ha desbordado mucho, mucho”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido este sábado al mediodía en el Palau de la Generalitat, donde han abordado cuestiones económicas y de infraestructuras que se tratarán en las comisiones bilaterales.

Se trata del primer encuentro público entre los dos líderes desde que Illa es presidente y desde la elección de Junqueras como nuevo líder de ERC el pasado mes de diciembre. Fuentes del ejecutivo catalán han subrayado a la agencia ACN el “clima de cordialidad” con que se ha celebrado el encuentro y que se ha producido “en una semana clave para los intereses de Catalunya”, con la convocatoria este lunes de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la Comisión Mixta de Transferencias.

En un mensaje en X después del encuentro en el Palau de la Generalitat, el presidente Illa ha destacado que la reunión con Junqueras ha estado “cordial” y que han “abordado temas de interés para el conjunto de la ciudadanía de Catalunya”.

Antes de la reunión, Junqueras ha asegurado que ámbitos como Cercanías, la lengua o la financiación “tendrán momentos decisivos” en los “próximos días y horas”. Así lo ha asegurado este sábado en su intervención ante el Consejo Nacional del partido, horas antes de la reunión en el Palau.

Junqueras ha defendido el papel decisivo que tiene su formación a la hora de hacer avanzar los gobiernos catalán y español, antes de una semana marcada por las comisiones bilaterales