Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Cuando hablamos de Castilla-La Mancha es inevitable imaginarnos las aspas de los antiguos molinos de viento, aquellos que Don Quijote confundió con gigantes en la obra magna de Miguel de Cervantes. Pero más allá de la Mancha, en esta comunidad autónoma también hay otras construcciones, en zona castellana, que se erigieron con fines similares, en este caso propulsadas por agua y no por el viento, y que hoy en día están olvidadas o en ruinas.

Una nueva publicación quiere ahora rescatarlas de ese ostracismo. ‘Molinos harineros en la Sierra Norte de Guadalajara’ fue un trabajo de Juan Alba Torija, estudiante de la Universidad de Alcalá (UAH), que Océano Atlántico Editores ha decidido publicar ahora para intentar dar a conocer este “patrimonio industrial de primer orden”, según destaca su editor, Julio Martínez.

Fueron un elemento central de la economía rural

Estas construcciones diseñadas para moler cereales y convertirlos en harina fueron fundamentales para la producción de pan desde el siglo XVIII, constituyendo un elemento central en la economía y el paisaje rural durante siglos. Después, la llegada de las panificadoras provocó que dejaran de utilizarse. Pero, ¿ya no sirven para nada?

Contra ese olvido y para darles nuevas utilidades desarrolla su trabajo el autor. El estudio aborda la red de molinos harineros de la Sierra Norte de Guadalajara desde una mirada integral, que combina los enfoques histórico, territorial y arquitectónico.

A través del análisis y contraste de diversas fuentes se traza la evolución de estos ingenios, desde su auge en los siglos XVIII y XIX hasta su progresivo abandono en el siglo XX. Actualmente son 15 los que quedan en pie.

El trabajo pone de manifiesto la estrecha relación entre los molinos, el relieve y el aprovechamiento hidráulico, mientras que las campañas de campo documentan con rigor su estado actual y las huellas materiales que aún perviven en el paisaje.

En conjunto, la investigación plantea que el patrimonio hidráulico debe entenderse como un sistema complejo en el que arquitectura, territorio e historia se entrelazan, proponiendo una “lectura global que oriente su conservación y divulgación contemporánea”.

Julio Martínez destaca que es el primer trabajo que acota el estudio de estas construcciones en la Sierra Norte. “Estos molinos utilizaban la fuerza tractora del agua, son muy diferentes a los que todos conocemos de la Mancha. Pero merecen también su conservación, porque sus maquinarias están en muy mal estado”.

“Es un patrimonio industrial muy importante que debemos recuperar por su repercusión incluso a nivel internacional, puesto que ya se está haciendo en países como México, Francia o Inglaterra. Su recuperación podría ser para la musealización, como un revulsivo turístico para la zona”, agrega.

El problema es que la titularidad de estos 15 molinos es muy dispar. Algunos son privados y otros pertenecen a diferentes administraciones. Y en este último caso, la propiedad es de ayuntamientos muy pequeños sin capacidad económica. “Ahí tendrían que intervenir otro tipo de administraciones para su recuperación. Por eso hemos querido exponer la situación y divulgarla, con ese objetivo”, destaca Julio Martínez.

Un trabajo que nace de la memoria familiar

“En cada molino abandonado late la memoria de un territorio que todavía sueña con el rumor del agua”, es la frase con la que Juan Alba Torija arranca su libro. En sus páginas explica que su interés por los molinos harineros de la Sierra Norte de Guadalajara se origina en una relación directa con el territorio.

Su familia materna procede de Bustares, un pequeño núcleo rural al norte de la provincia de Guadalajara, en la cabecera del río Bornova. Desde la infancia transitó por sus riberas y observó restos de presas, tajamares y cárcavos semienterrados entre la vegetación.

Gracias a las conversaciones con vecinos y familiares, comprendió que aquellos vestigios pertenecen a una red de ingenios hidráulicos que sostuvo la economía cerealista local desde la Baja Edad Media hasta la década de 1960. Con esta información, lo que antes parecían “simples ruinas”, se reveló como un conjunto de “artefactos técnicos”, cuyo deterioro “amenaza con borrar una parte relevante de la memoria material de la comarca”.

“La realidad constructiva de estos molinos evidencia una rápida degradación provocada por la falta de mantenimiento. El colapso de cubiertas, la pérdida de la maquinaria de hierro y madera, y la erosión de los muros de mampostería avanzan cada invierno”, explica el autor.

Por eso, ha considerado necesario levantar un registro completo de su estado actual y de sus características tipológicas, para fundamentar futuras intervenciones de conservación. Es decir, ofrece herramientas que permiten abordar esta tarea con rigor y, al mismo tiempo, “con un enfoque sensible hacia el entorno rural en el que se insertan”.

El cómputo de ingenios harineros que operaron en la Sierra Norte entre el siglo XVIII y la primera mitad del XX se ha construido a partir de un cruce escalonado de fuentes. El punto de partida lo ofrece el Catastro de Ensenada (1752). Las Respuestas Generales de cada municipio consignaban el número de “molinos harineros de agua” sujetos a derrama fiscal, lo que arrojó un primer total de 58 establecimientos para el ámbito analizado.

De la era dorada de los ingenios a la llegada de la electricidad

El cotejo con los padrones parroquiales de 1787 añade otros tres ingenios no declarados -dos en Gascueña de Bornova y uno en Valdepinillos-, probablemente por tratarse de pequeños rodeznos comunales situados en cauces de escaso caudal. Sobre esa cifra de 61 molinos confirmados se superpone la información extraída del Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850), que elevaba el total a 74 tras incorporar los ingenios de nueva planta construidos durante la 'edad de oro' del cereal serrano (1820-1840).

Según el libro, todo indica que la competencia de nuevas fábricas de luz, capaces de generar electricidad y de accionar muelas metálicas, dejó obsoletos los molinos. La tendencia decreciente se plasmó definitivamente con los padrones catastrales de 1965-1970. El último ciclo productivo se agota entre 1971 y 1978.

El inventario industrial de la Diputación de Guadalajara de 1980 catalogó apenas dos fábricas de harina en funcionamiento (La Constante, en el Bornova, y el Retorcillo, en el Sorbe), ambas electrificadas y reconvertidas en pequeñas minicentrales que vendían excedente a la red.

Apela a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establece la obligación de garantizar la tutela y transmisión de los bienes culturales que conforman la identidad regional. Sin embargo, muchos molinos de la Sierra Norte permanecen “fuera de los inventarios provinciales” o figuran en ellos “con datos mínimos”, lo que dificulta la aplicación efectiva de la normativa y complica el acceso a financiación pública para su restauración.

La ausencia de información técnica detallada se convierte, así, en un obstáculo que “urge subsanar desde la investigación académica”.

Ahora, la motivación de Juan Alba Torija se ha visto reforzada, de hecho, por su experiencia profesional adquirida en el estudio Civitas Arquitectura, donde colaboró en el proyecto de rehabilitación del Molino Borgoñón, en la ribera del Henares. Ese encargo le permitió utilizar técnicas de levantamiento tridimensional, evaluar patologías mediante inspección termográfica y coordinar propuestas de uso cultural compatibles con la estructura original.

Un inmueble industrial aparentemente obsoleto puede integrarse en la dinámica urbana actual

“Comprobar cómo un inmueble industrial aparentemente obsoleto puede integrarse en la dinámica urbana actual confirma la vigencia de los principios expuestos en la Carta de Turín sobre Patrimonio Industrial, que aboga por la adaptación de los edificios históricos a nuevas necesidades sin menoscabar sus valores esenciales”.

El investigador está convencido de que la desaparición de estos 15 molinos supondría la pérdida de “un referente histórico, tecnológico y social” para la provincia de Guadalajara.

En sus conclusiones, Juan Alba Torija destaca que la mayor parte de los molinos se localiza en pendientes de entre el cuatro y el siete por ciento, y entre 950 y 1.100 metros de altitud, rango que proporciona salto hidráulico suficiente con diques y caz (canal) de longitud moderada. “Fuera de esa franja, los ingenios pierden viabilidad o requieren obras más costosas”.

Agrega que la “recolonización forestal” tras el éxodo rural redujo la escorrentía estival y aceleró la ruina de presas y cubos. El silvopastoreo emergió, por su parte, como herramienta dual de control de biomasa y recuperación del mosaico agrario que sustentaba la molinería tradicional.

Todo ello sustenta la necesidad, como alude el editor, de recuperar ese patrimonio. El libro, es “un primer paso” que puede servir como herramienta a los ayuntamientos para solicitar ayudas destinadas a su recuperación como atractivo turístico de la zona.

“Interpretar el sistema molinero serrano revela la larga relación entre agua, energía y paisaje e invita a replantear la gestión sostenible del territorio, integrando memoria técnica y oportunidades contemporáneas de desarrollo rural”.

El Ayuntamiento de Puertollano, en Ciudad Real, gobernado por el PP, quiere organizar dos festejos taurinos para los días 2 y 3 de mayo en la ciudad. Para ello, ha sacado a licitación mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, la contratación de ambos eventos. En concreto, una novillada sin picadores y una corrida de toros en el Coso Polivalente de la localidad, dentro del programa de la próxima Feria de mayo.

El precio de licitación, así como el valor estimado del contrato, asciende a 75.000 euros que, sumados a 15.750 euros de IVA (un 21%), asciende a un total de 90.750 euros.

Así se establece en el pliego de cláusulas administrativas del Portal de Contratación Pública que ha consultado este medio con motivo de una denuncia hecha pública por la Fundación Franz Weber. Este colectivo considera que será “dilapidar” dinero público ya que en la ciudad no existe “una demanda social real”.  

“Sin esta aportación municipal ningún promotor querría arriesgar su dinero, por lo que la realidad evidencia que no existe una demanda de la ciudadanía del municipio por la tauromaquia y esta debe ser subvencionada de forma importante”, argumentan.

Al mismo tiempo afirman que mientras todos los estudios sociológicos “muestran que existe una mayoría de castellanomanchegos que no asiste a corridas de toros ni otras convocatorias taurinas”, el uso de dinero público “ayuda a sostener la actividad de forma artificial”.

En el pliego, el Ayuntamiento precisa que se considera justificada la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al concurrir “razones artísticas, actuaciones artísticas únicas y de exclusividad que limitan la competencia efectiva en el mercado” y hace referencia a un informe técnico municipal con fecha del pasado 3 de marzo.

50 entradas gratis para el propio Ayuntamiento

Además, el pliego contempla, entre otras curiosidades, la obligación de la empresa adjudicataria de entregar 50 entradas gratis “que serán discrecionalmente distribuidas por esta”, es decir, se destinarían a la propia Corporación local.

De hecho, el gasto no solo será de más de 90.000 euros, ya que el Ayuntamiento detalla en el documento obligaciones el empleo de la Banda de Música municipal, personal de plaza y maquinaria, o la preparación del ruedo, lo que sumaría costes a sendos eventos.

La Fundación Franz Weber destaca que el anuncio del contrato se produce semanas después del nuevo posicionamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia en España. Pero en el pliego no indica la posibilidad de acceso bonificado o con oferta especial  para personas menores de edad.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida también ha expresado su “más enérgico rechazo” a esta iniciativa. “Este tipo de festejos no solo promueven una práctica que genera sufrimiento animal, sino que también ponen en cuestión los valores éticos y los derechos de los animales en pleno siglo XXI”.

Esos fondos podrían emplearse en políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población

Grupo Municipal de Izquierda Unida

De igual forma, rechazan que se destinen recursos públicos a financiar y promocionar espectáculos “que no cuentan con el consenso ni el respaldo mayoritario de la ciudadanía”, cuando esos fondos podrían emplearse en “políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población”.

Aseguran que este posicionamiento ya lo han manifestado en el pasado ante otros eventos taurinos programados en la ciudad, calificándolos como “un retroceso injustificable que aparta a Puertollano de su potencial desarrollo cultural moderno y respetuoso con los derechos de los animales”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puertollano para conocer su opinión sobre estas valoraciones y también para saber si se permitirá la entrada a menores a estos dos eventos, sin que de momento haya habido respuesta.

Desde la llegada del PP al Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo de Gobierno municipal ha hecho varios intentos por recuperar la tauromaquia, el primero de ellos en septiembre de ese mismo año con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de Gracia.

Lo hicieron con un curso para aficionados de toreo de salón (una modalidad que simula esta práctica sin utilizar animales), así como una jornada de puertas abiertas en la Plaza de Toros, día en el que también se hizo una exhibición de toreo de salón en el Paseo de San Gregorio.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha apostado por ser “un referente taurino” en la comarca, un objetivo que también busca con la celebración de los eventos licitados para mayo.

Una “gran humareda” había alertado a los vecinos y vecinas de la localidad conquense de Belinchón. La voz de alarma la había dado Cuenca Ahora, el movimiento ligado a la España Vaciada, que en un principio atribuía este episodio a la planta de biogás ubicada en la zona.

No obstante, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han precisado a este medio que no se trata de humo por combustión, sino de una “nube de vapor” generada por el frío y la humedad en la planta de compostaje que “comparte instalaciones” con la de biogás. En la mayoría de los casos, este tipo de factorías disponen de áreas aledañas donde tratan el digestato, el residuo más frecuente del biogás, para convertirlo en compost.

La citadas fuentes precisan que estos episodios se producen porque el compost tiene una mayor temperatura, pero “se trata de vapor”. Se produjo el pasado fin de semana y desde la empresa (Grupo Gestcompost), precisan desde la Consejería, indican que “ya está controlado”.

La empresa señala que se produjo “por procesos propios del tratamiento biológico de materia orgánica” y que fue detectado de forma temprana por sus sistemas de vigilancia y controlado de manera inmediata “sin que se registraran daños personales ni afecciones significativas al entorno”.

Pese a estas explicaciones, el alcalde de Belinchón, Jesús López Castejón, sí habla de “fuego” y de “humo”. “Es un episodio puntual en la zona de compostaje”, ha explicado, en un municipio habituado a la convivencia con esta planta que abrió hace unos dos años y medio de la mano de la empresa zaragozana GestCompost.

El fuego que menciona, añade, se originó el pasado domingo “por combustión interna” y “las llamas se avivaron debido al fuerte viento generando una importante columna de humo”, según ha explicado en declaraciones a este medio. Todavía hoy la empresa está tratando de sofocarlo. “Está controlado y tienen claro cuáles son las medidas de seguridad que han de tomar”.

El alcalde coincide con el Gobierno regional en que no se han producido daños personales ni “afección al entorno”, y asegura que el humo “no lleva ningún producto químico, nada biológico, ni absolutamente nada que pueda ser perjudicial para la salud”.

También ha descartado que la planta de gas se haya visto afectada. Ha quitado hierro al incidente y lo ha comparado con el incendio de una pila de fardos de paja. “Pueden estar ardiendo cinco días porque el agua no penetra. Lo que harán es extender el compostaje para echar más agua y apagarlo”.

Cuenca Ahora habla también de un “fuerte olor”

Cuenca Ahora, que dio la voz de alarma, ha podido comprobar este episodio en imágenes recientes tomadas en la zona. Segun han informado, testigos en el lugar aseguraron que se desprendía un “muy fuerte olor” que ha provocado que aumente “la preocupación” por suceso que se prolongaba ya más de 24 horas.

Ante “la falta de información pública” sobre el origen de la “humareda”, el movimiento ligado a la España vaciada había exigido a las autoridades competentes -tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- que se pronunciaran “de manera inmediata” y aclararan su origen. Reclamaban a ambas administraciones que “detallen” si se trata de un episodio puntual o un fallo técnico.

La planta de biometano de Belinchón tiene capacidad para tratar 700.000 toneladas al año de residuos, de ahí la insistencia de Cuenca Ahora en que se garantice la seguridad de estas instalaciones. La formación recuerda que lleva “meses alertando de sus perjuicios”.

Piden un control de emisiones

También solicitan la puesta en marcha de un control de emisiones, así como la activación de mecanismos de vigilancia que garanticen la seguridad de los vecinos y la protección del entorno.

Cuenca Ahora advierte de que este tipo de imágenes “refuerzan la preocupación existente en la provincia como hemos visto este fin de semana en Campos del Paraíso con el clamor de cerca de 2.000 vecinos ante la proliferación de este tipo de instalaciones”. En este aspecto reclama “máxima transparencia” en la implantación de proyectos que, aseguran, “pueden tener un impacto directo sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en el medio rural”.

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, declarado como tal en 1979 y con casi 4.000 hectáreas, está constituido por un sistema lagunar creado a lo largo de miles de años. Se trata de un complejo único en Europa por una de sus características principales: está formado por represas naturales llamadas 'barreras tobáceas' debido a la precipitación de carbonatos. Abarca los términos municipales de Ruidera, en Ciudad Real, y de Ossa de Montiel, en Albacete.

Su peculiar composición hace que estas lagunas casi nunca se sequen. Se nutren de un sistema natural de alimentación continua desde el Acuífero del Campo de Montiel, que abastece a la zona mediante manantiales y filtraciones subterráneas. Además, las barreras de piedra caliza actúan como presas naturales que embalsan el agua de manera continua. Arroyos como el de las Hazadillas o el Alarconcillo también contribuyen a mantener el nivel del agua.

Este parque natural es una joya hidrográfica en pleno corazón de la Mancha, pero su actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) data de 1995. Es decir, lleva más de 30 años sin renovarse. Aunque se han ido aprobando medidas concretas para su protección, principalmente en limitaciones de aforo y circulación de vehículos en verano, conservación de la biodiversidad, baño y actividades recreativas, ahora la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo un nuevo borrador del nuevo plan de dirección de este Parque Natural. El último intento fue en 2021, pero nunca llegó a aprobarse. 

La adaptación al cambio climático, la accesibilidad, la eliminación de ruinas y la autorización de instalaciones de energía de autoconsumo son algunas de las principales novedades que recoge este documento. Pero hay otras muchas que resultan significativas porque vienen a dar cuerpo normativo a medidas que se han aprobado de manera puntual y estacional.

De la reducción del impacto visual a la conservación de hábitats

En el nuevo borrador, actualmente en exposición pública, se establece, por ejemplo, la promoción de obras para reducir el impacto visual e integración paisajística de las infraestructuras y edificaciones existentes. Y va más allá: incorpora pedir a las administraciones competentes el derribo y la eliminación de aquellas edificaciones en estado de ruina “que provoquen un impacto ambiental, paisajístico o puedan amenazar la seguridad de las personas y no tengan un valor histórico reconocido”.

Entre los objetivos del plan se encuentra “recuperar el funcionamiento natural” de ríos, arroyos, lagunas y acuíferos; establecer los requerimientos hídricos necesarios para la conservación de los hábitats y especies; corregir cualquier causa que pueda originar la “degradación de la calidad del agua”; así como realizar las actuaciones de restauración en áreas sometidas a procesos de “degradación de origen antrópico”.

Otros principios rectores se centran en conservar la calidad del aire, preservar los sonidos naturales y “minimizar la contaminación lumínica”. A todo ello se añaden los objetivos de promover un turismo sostenible en el parque natural y su entorno, atendiendo a su “viabilidad ambiental, social y económica”.

Una de las indicaciones más relevantes que se recogen en el borrador es la restauración en áreas donde las condiciones naturales hayan sido alteradas, y también la reducción de las fuentes de sonido artificiales en el medio natural. Con ello, se busca minimizar su efecto, de modo que “se preserven la quietud y los sonidos naturales del medio”.

En cuanto al agua, el nuevo Plan Rector incorpora que en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos, se realizará un inventario de los “posibles focos de contaminación” de los recursos hídricos (como puntos de vertido de aguas residuales o antiguos basureros sellados), con las correspondientes medidas correctoras.

En este sentido, también se prevén actuaciones para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario en los acuíferos y aguas superficiales. Asimismo, el plan incorpora la conexión a la red de saneamiento y la eliminación de fosas sépticas, así como el vaciado y clausura de todos los pozos ciegos de aguas residuales existentes.

Además, establece que cumplido el periodo de concesión de cualquier aprovechamiento de aguas existente en el Parque Natural, no destinado al consumo o abastecimiento, se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, “la caducidad de la concesión y el desmantelamiento de las infraestructuras e instalaciones asociadas”.

En el nuevo borrador se apuesta claramente por facilitar la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público en el Parque Natural. De hecho, con el fin de preservar tanto la seguridad de las personas visitantes como la conservación de los valores naturales se podrán establecer las “limitaciones necesarias” al acceso de vehículos cuando se prevea una afluencia superior a la capacidad de acogida, que podrá suponer el establecimiento de “un control de acceso y aparcamiento”.

El baño se mantiene en los sitios “tradicionales”

Asimismo, el órgano gestor del parque natural podrá “limitar o prohibir el baño en alguna zona por motivos de conservación de los valores naturales”. Con carácter general, el baño únicamente podrá ser autorizado en lagunas en donde se ha venido practicando tradicionalmente: las playas de Cueva Morenilla, Del Rey, Colgada, Salvadora, Santos Morcillo, Redondilla, San Pedro, Tomilla (Baño de las Mulas) y Blanca.

Según el borrador, el baño no está permitido en ninguno de los cauces o cascadas que unen las lagunas y también está prohibido utilizar las barreras tobáceas o replanos para “lanzarse o acceder a las zonas de baño”. “Antes de realizar cualquier inmersión los o las bañistas minimizarán la presencia de cremas o aceites bronceadores sobre el cuerpo”, añade.

Destacan igualmente las normas generales de comportamiento incluidas en el borrador. Se refieren principalmente a la correcta gestión de la basura, la restricción en la utilización en el medio natural de equipos y elementos de música, radios y el empleo de megáfonos; así como las emisiones de luces o destellos deslumbrantes por la noche, entre otras cuestiones.

Los usuarios y propietarios alzan la voz

El nuevo PRUG de las Lagunas de Ruidera incluye otras muchas prohibiciones. Y algunas son “excesivas” para la Asociación Aromas de Ruidera, un colectivo activo desde 2013, e integrado por casi 80 miembros que representan a una gran mayoría de usuarios y propietarios de zonas del parque natural.

Su presidente, Miguel García-Noblejas, adelanta a este medio las alegaciones que la asociación va a presentar al nuevo borrador. Afirma que el texto es igual de “decepcionante” que los anteriores y que no ha sido consensuado, “como se prometió”, sobre todo para un complejo lagunar que el año pasado recibió alrededor de 600.000 visitas. “Es igual de restrictivo en derechos que el redactado hace cinco años. Es que tiene hasta 217 prohibiciones”, precisa.

Para esta asociación, la nueva redacción debería “congeniar lo social, lo medioambiental y lo económico”, y “no lo hace”. Pero un asunto que consideran de extrema gravedad es que “se soslaya, a conciencia”, la aprobación previa de dos planes: el de Emergencias e Incendios y el de Urbanismo. Estos fueron los motivos, apunta, por los que no se llegó a aprobar el borrador de 2021.

¿No hubiera sido mucho mejor emplear recursos públicos en crear riqueza, en lugar de destruirla?

Miguel García-Noblejas — Presidente de la Asociación Aromas de Ruidera

“Se mantienen muchísimas prohibiciones que no tienen ningún sentido, pues solo impiden el uso debido del parque y la economía sostenible”, añade García-Noblejas. Por ejemplo, cita la prohibición de producción de madera (cuando las choperas son “economía tradicional del lugar”); la de las embarcaciones en las lagunas los fines de semana del verano o la a de no poder cruzar a nado la laguna.

La asociación tampoco está de acuerdo con el derribo del Gran Hotel Prior, o lo que queda de él, en una actuación que se ha encomendado a la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec. “¿No hubiera sido mucho mejor emplear esos recursos públicos en crear riqueza, en lugar de destruirla?”. Es una de las muchas razones que esgrime para afirmar que el nuevo plan rector “no se compadece en absoluto con la igualdad de trato a usuarios y propietarios” ni con el “uso racional” del Parque Natural.

Pero, ¿qué propone el colectivo como alternativa? Primero, quiere que se modifique “sustancialmente” la filosofía y redacción del borrador para impulsar una economía y turismo sostenible, pero que también permita el “disfrute de la naturaleza”.

En sus alegaciones proponen el apoyo a la hostelería, al pequeño comercio y construcciones compatibles con el autoconsumo energético. Piden igualmente cinco nuevas zonas de baño “habilitadas y perimetradas”, el impulso a deportes náuticos, la natación, el buceo, el piragüismo y embarcaciones ligeras; así como más aparcamientos y socorristas. No entienden que, por el contrario, el borrador suponga la “destrucción de la riqueza local”, la diferenciación entre “lugareños y visitantes” y “limite el disfrute de las lagunas”.

Quieren también impulsar la gestión sostenible de los montes de encina para la producción de ‘pellets’ procedentes de biomasa y fomentar la limpieza anual del carrizo, “como se estuvo haciendo durante dos décadas para evitar incendios forestales”.

A todo ello unen impulsar la reconstrucción y conservación de algunas centrales hidroeléctricas, como la de San Alberto -dentro del casco urbano de Ruidera- como “arqueología industrial y aula cultural y museística”.

Somos los primeros interesados en la conservación de la naturaleza, pero este borrador supone un exceso de celo administrativo

Finalmente, entre un centenar de alegaciones, consideran que la memoria económica requiere “una seria revisión”. No entienden que la partida para investigación suba desde 200.000 euros a casi el doble (415.000 euros), “en detrimento de graves carencias que mantenimiento y limpieza”.

Pese a todo ello, la Asociación Aromas de Ruidera se muestra dispuesta al diálogo con el Gobierno regional, pero partiendo de una premisa esencial: “No necesitamos tantas prohibiciones sino soluciones”. “Somos los primeros interesados en la conservación de la naturaleza, pero este borrador supone un exceso de celo administrativo”.

Fuentes municipales consultadas por este medio han confirmado que los ayuntamientos de Ruidera y Ossa de Montiel también están preparando “numerosas” alegaciones al proyecto, por lo que la polémica está de nuevo servida para un Plan Rector de las Lagunas de Ruidera que, de momento, no parece contar con el respaldo del área local y de influencia de este espacio único.

La grieta entre los dirigentes de Vox en Castilla-La Mancha sigue agrandándose. La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, cara visible del partido ultra en la ciudad, parece haberse quedado sola en su defensa de un congreso nacional extaordinario de la formación, después de haber firmado un manifiesto de 'críticos' con la actual dirección de Santiago Abascal, aunque no ha sido expedientada o expulsada, como ha ocurrido en otros sonados casos.

Ya a comienzos de semana, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, discrepó con la postura de Cañizares al rechazar ese cónclave. De hecho, calificó de “pantomima” lo que están haciendo algunos exdirigentes y críticos de Vox: “Que se lo pidan al PP”.

A esta postura se une hoy el presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, quien también se ha posicionado en contra de que se celebre un congreso extraordinario del partido. “No puedo estar perdiendo el tiempo en personalismos”, ha manifestado.

Es más, ha dicho no entender cómo puede ser que en el momento “en el que mejor le va a un partido” se pida una revisión de cómo está la situación. “Me parece paradójico que se pida este congreso, no es el momento y no estoy a favor”. Y le “da mucha pena” encontrase “con este tipo peticiones, de cosas y de personalismos”.

“Lo que tenemos que hacer todos los que estamos en el partido es ser fieles a una idea, a un proyecto, a unos estatutos y a la organización, y a partir de ahí trabajar juntos por y para la gente que es para lo que estamos aquí”, ha zanjado.

La agrupación local se queda sola

Con estas declaraciones, la agrupación local de Vox en Toledo parece haberse quedado sola. La vicealcaldesa de Toledo es un peso fuerte en la formación de Santiago Abascal, pero firmó un manifiesto que pusieron en marcha algunos 'ex' de la formación como Iván Espinosa de los Monteros, José Ortega Smith y otros críticos, donde pedían un congreso extraordinario para debatir el futuro del partido

Lo más llamativo es que en el manifiesto aparecen, junto a Inés Cañizares, los otros tres concejales que Vox tiene en el Ayuntamiento de Toledo: Juan Marín, Daniel Morcillo y el independiente Florentino Delgado, aunque este último no está afiliado al partido.

En un momento de tensión máxima entre el Gobierno estadounidense y el español por el “no a la guerra” que enarbola Pedro Sánchez contra Donald Trump, el ejército español ha decidido rescatar, a través de una exposición en Toledo, una gesta histórica que considera “olvidada”: la contribución española a la creación de Estados Unidos. Es más, se trata de una muestra enmarcada en la efeméride principal del Ejército de Tierra para todo este año 2026: ‘El 250 Aniversario del apoyo del Ejército Español a la Independencia de los Estados Unidos’.

Porque el Ejército español quiere hacer memoria con este capítulo de la historia. “Justicia histórica”, incide al respecto el general Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME). Para ello, el Museo del Ejército, perteneciente al Ministerio de Defensa y que alberga el Alcázar de Toledo, ha organizado durante seis meses la exposición España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación. Está abierta al público desde el 26 de marzo al 12 de octubre, y es gratuita.

En total, se exhiben más de 60 piezas procedentes del Museo del Ejército, colecciones privadas, otras unidades de las Fuerzas Armadas e instituciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Indias o el Banco de España.

Los argumentos históricos de la exposición

La muestra parte del hecho de que en el siglo XVIII, Gran Bretaña era el principal rival de la monarquía española. Por eso, las tropas españolas de Carlos III no dudaron en embarcarse en una misión, al otro lado del Atlántico, para combatir a los soldados ingleses en favor de la independencia de las trece colonias que el 4 de julio de 1776 se convertirían en la génesis de los Estados Unidos de América. La historia de este imperio ha sido relatada principalmente por los descendientes de esas colonias. Es uno de los motivos por los que el papel de los españoles “ha pasado desapercibido”.

A finales del siglo XIX, algunos escritores como Charles Fletcher Lummis se sorprendieron del alcance de la exploración española de América, calificada, nada más y nada menos, como “la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia”. Otros autores estadounidenses también han puesto en valor una “historia compartida”.

El acto de inauguración se realizó esta semana en el Auditorio del Museo con amplia representación militar del Ejército de Tierra encabezado por el JEME; el embajador de EEUU en España y Andorra, Benjamin Leon Jr., y con alumnado y mandos de la Academia de Infantería de Toledo, así como autoridades institucionales, entre ellas el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; y el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno castellanomanchego, Javier Vicario.

Ninguno de ellos hizo mención a la tensa relación actual entre el Gobierno de Donald Trump y el de Pedro Sánchez a cuenta de la guerra en Irán y a lo significativo de que coincida con esta muestra. Sí lo hizo, preguntado por este medio, el comisario de la exposición, el historiador y teniente coronel Germán Segura.

“La historia es la que es”, dice el comisario de la muestra

“La historia es la que es. Yo, como historiador, no me siento incómodo de hablar ahora de un periodo que ya está en el pasado. Ese es el fondo de la cuestión, pero no quita que los acontecimientos se tienen que tratar igualmente y hay que analizar qué ha pasado en la historia. Dentro de 200 años analizarán este periodo actual y será otro historiador el que cuente lo de ahora”, afirmó al respecto.

Básicamente, la exposición se compone de unas 60 piezas divididas en tres momentos históricos de ese momento. La primera parte. ‘Tiempo de exploraciones: leyendas tras las leyendas’, está dedicada a las expediciones españolas hacia el actual territorio estadounidense.

La búsqueda de tierras ricas en metales preciosos animó a estas últimas a reconocer las regiones americanas que se hallaban a mayor latitud, llegando con el paso del tiempo a adentrarse hacia lugares tan significativos como el río Misisipi, el cañón del Colorado, o ya en el siglo XVIII, la Alta California y Alaska.

Estas expediciones fueron espoleadas por las leyendas de ciudades míticas, el afán de riqueza y sentido del honor de los primeros exploradores, que recorrieron enormes distancias a través de una geografía agreste, habitada por grupos tribales no siempre dispuestos a aceptar la “acción civilizadora hispana”, en palabras de la dirección del Museo.

La segunda parte de la muestra se titula ‘Tiempo de consolidación: la difícil vida en la frontera norte del mundo hispano’. Se centra en la estrategia de ocupación y control de una “frontera salvaje” que los españoles trataron de defender con escasos recursos.

La colonización de los territorios que hoy conforman los Estados Unidos avanzó muy lentamente hasta el siglo XVIII. Fue “la época del presidio y de la misión”, de los “soldados de cuera” y de los frailes caminantes, hombres y mujeres que dieron consistencia a ese legado hispano en Norteamérica.

Pero a pesar de los conflictos y de los “defectos” del modelo civilizador hispano, su legislación referente a los nativos fue “incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos, todas juntas”, tal y como relata Lummis.

La última gran parte de la exposición es ‘Tiempo de revoluciones: el nacimiento de un gigante’ y se centra en el papel de los españoles y sus ejércitos durante la ‘Revolución Americana’. Siendo Gran Bretaña el principal rival de la monarquía española, España auxilió a los rebeldes de las trece colonias al levantarse contra su metrópoli.

Sin embargo, esta ayuda se realizó “en secreto”, comenta el comisario de la muestra. Se enviaron equipos militares, vestuario y medicinas para el Ejército Continental de George Washington a través de los gobernadores de la Luisiana.

La declaración formal de guerra en 1779 permitió a Bernardo de Gálvez, una de las grandes figuras que destaca la muestra, llevar a cabo sus “brillantes campañas” en el bajo Misisipi y en la Florida occidental, allanando el camino para el éxito estadounidense.

Terminada la revolución, nacía un “gigante” que, como intuyó el conde de Aranda (noble, militar y estadista ilustrado español), constituía “una amenaza para el futuro de las posesiones españolas en Norteamérica”, aunque la Paz de París selló en ese momento el final de la guerra y consolidó los lazos de amistad entre el primer presidente estadounidense, George Washington, y Carlos III de España.

En la exposición se alude a esa “amenaza”, pero hubo otras consecuencias derivadas del apoyo español a la independencia de las colonias. En ellas se ha detenido ampliamente el Instituto de Historia Americana ‘Gilder Lehrman’, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1994 en Nueva York, dedicada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, mediante becas a docentes y estudiantes. Lleva el nombre Richard Gilder y Lewis E. Lehrman, filántropos estadounidenses.

Este centro de enseñanza relata que la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos fue un “factor decisivo” para el éxito de la revolución norteamericana, pero que irónicamente propició un escenario que, a largo plazo, contribuyó a la pérdida de las propias colonias españolas en América. 

La gesta sirvió como ejemplo de que era posible independizarse de una potencia europea

Instituto de Historia Americana ‘Gilder Lehrman’

“El éxito de la revolución americana influyó profundamente en los líderes criollos de Hispanoamérica, sirviendo como ejemplo de que era posible independizarse de una potencia europea. A pesar de la censura, las ideas de igualdad y libertad llegaron a las colonias españolas, inspirando las futuras revoluciones”, detalla esta institución de enseñanza.

Además, añade que la participación en la guerra contra Gran Bretaña, aunque exitosa, supuso un enorme gasto financiero para la Corona española. Esto, sumado a conflictos posteriores como las guerras napoleónicas, “debilitó la administración española y la capacidad de mantener el control sobre sus extensos territorios”.

Juan Eslava Galán y la “singular miopía” de España

Es un argumento del que también se hace eco el escritor español Juan Eslava Galán en su 'Historia de España contada para escépticos'. En el capítulo 75, califica de “singular miopía” que España apoyara la independencia de las colonias inglesas “sin advertir el funesto ejemplo que daba a sus propias colonias”. “Estas no tardarían en seguir el camino de las inglesas y sacudirse su yugo colonial”, explica en el libro.

De cualquier forma, estos hechos son posteriores a los relatados en la exposición que ahora alberga el Museo del Ejército, y que, según su director, el general de Brigada Francisco Germán Martínez Lozano, que cumple un año en el cargo, espera contar con unos 180.000 visitantes en los próximos seis meses.

Durante el acto de inauguración, el embajador de Estados Unidos en España elogió la cooperación bilateral entre ambos países. También fue significativa esta intervención justo en un momento en el que el Gobierno español ha reafirmado su postura contra la guerra del Ejecutivo de Donald Trump e Israel contra Irán.

El embajador dedicó múltiples elogios al Ejército de Tierra por dedicar este año a “celebrar” el papel de España en la independencia de Estados Unidos, de la que se cumplen 250 años, y por su “importante compromiso institucional con la preservación de este legado compartido”.

Asimismo, agradeció al “pueblo español” sus “contribuciones fundamentales” que han hecho que se produzcan “profundos vínculos históricos que unen a nuestros dos países y sirven como un poderoso recordatorio de nuestra historia compartida”.

De la diplomacia al “servicio compartido”

“Eso nos recuerda que las amistades se forjan no solo en la diplomacia, sino también en el servicio compartido y en un propósito común”, añadió, recordando que su familia tiene sus raíces en las Islas Canarias, una “herencia de gran orgullo” y un recordatorio “de que los lazos que nos unen no son solo históricos, son conexiones vivas, profundamente humanas”-

Finalmente, confió en que esos 250 años desde la independencia de Estados Unidos se sigan celebrando en los próximos meses y ha apelado al dialogar sobre “cómo continuamos construyendo un futuro común a partir de nuestra historia compartida”.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra también se refirió, con motivo de la exposición, a esa “historia compartida entre nuestras dos naciones”. “Un episodio cuya relevancia es incuestionable y que se inscribe en una relación mucho más amplia y profunda en el tiempo”, indicó.

“Ponemos en valor una realidad histórica de gran profundidad: la decisiva implicación de España y muy especialmente de su Ejército de Tierra en aquel proceso fundacional”, dijo.

Para Amador Enseñat y Berea toda la exposición es una “expresión de una memoria compartida”, al tiempo que ha defendido la cooperación bilateral entre ambos países. “Nuestros ejércitos trabajan juntos, se adiestran juntos y operan juntos. Nuestros ejércitos de tierra mantienen una relación basada en la confianza mutua, el respeto profesional y una larga tradición de colaboración. Una relación que, como demuestra esta exposición, tiene raíces profundas”, resaltó.

Y al igual que el embajador, dijo confiar en que la muestra ayude “a fortalecer más” las conexiones entre ambas naciones. “Debería servir como un recuerdo de que somos capaces de lograr juntos, un gran proyecto que coopere con el futuro, para su continuada sucesión e impacto duradero”, concluyó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha prometió “avances” en la recuperación de la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma, suprimida hace 14 años por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Y hoy ha hecho una primera propuesta a los sindicatos con los que el Servicio regional de Salud (SESCAM) se ha reunido: un procedimiento “extraordinario”, de carácter excepcional, que permitiría el acceso o progresión de grado en función de la experiencia profesional acreditada.

Con ello, la Administración regional ha iniciado el proceso de negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario. La ha presidido el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, en paralelo al debate que sobre este tema también se ha producido en las Cortes regionales.

Durante la reunión, ha trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales para abordar la recuperación de este sistema de desarrollo profesional, considerado “una herramienta relevante para reconocer la experiencia, la formación, la actividad investigadora y el compromiso de los profesionales sanitarios con la organización”.

Este proceso facilitará que los profesionales puedan situarse en el nivel que les corresponde conforme a su trayectoria

Íñigo Cortázar — Director general de Recursos Humanos del SESCAM

Según ha apuntado Cortázar, entre los aspectos abordados figura la propuesta de un procedimiento extraordinario, de carácter excepcional, que permitiría “el acceso o progresión de grado en función de la experiencia profesional acreditada”.

“Este proceso facilitará que los profesionales puedan situarse en el nivel que les corresponde conforme a su trayectoria, reforzando el reconocimiento al trabajo desarrollado en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha”, ha precisado.

Este enfoque se configura como una base inicial de trabajo sobre la que articular el proceso, cuyos criterios y desarrollo concreto deberán definirse “en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales”. Asimismo, se ha planteado su aplicación al conjunto del personal estatutario del SESCAM, tanto fijo como temporal, en línea con los principios de igualdad en el acceso al desarrollo profesional.

Hacia un nuevo modelo de carrera profesional

Durante el encuentro también se ha abordado la previsión de avanzar hacia un nuevo modelo de carrera profesional adaptado a las necesidades actuales del sistema sanitario, cuyo diseño se desarrollará en una fase posterior.

En este sentido, el SESCAM ha trasladado a las organizaciones sindicales su voluntad de avanzar, de manera dialogada, en un modelo que “potencie el desarrollo del talento, incentive la formación, la investigación y la mejora continua, y contribuya a reforzar la calidad asistencial y la humanización de la atención sanitaria”.

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se ha subrayado que este proceso se plantea “como un marco de trabajo abierto”, que marca el inicio de la negociación en la Mesa Sectorial. En este sentido, se ha reiterado a las organizaciones sindicales la voluntad de continuar avanzando desde el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro.

El proceso de acceso extraordinario debe ser más ambicioso respecto del número de grados al que se pueden acceder y de su fecha de efecto económico

Tras el encuentro, UGT ha sido de los primeros sindicatos en valorar esta propuesta. Según apunta, el acceso a un grado nuevo de forma extraordinaria no tendría efecto económico hasta marzo de 2027, por lo que considera “mejorable” esta propuesta.

“La paralización abarca un periodo de 14 años. Además, el proceso de acceso extraordinario debe ser más ambicioso respecto del número de grados al que se pueden acceder y de su fecha de efecto económico”, ha destacado.

Respecto a la negociación de un nuevo modelo, el sindicato defiende que hubiera sido “mucho más fácil volver a lo que teníamos”. “En todo caso los objetivos a cumplir del nuevo modelo deben ser objetivos alcanzables para todos los profesionales sea cual sea su categoría, fijos”, añade.

El Sindicato Médico pide más concreción

Por su parte el Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha ha querido poner en valor su “papel determinante” en la apertura de este proceso. Recuerda que la carrera profesional, suspendida en 2012, ha sido una de las principales reivindicaciones “históricas” de los médicos y facultativos de Castilla-La Mancha, no solo como un derecho retributivo, sino como “un elemento esencial para reconocer la formación, la responsabilidad y el compromiso de los profesionales”. 

Por eso considera que el avance de hoy ha sido “consecuencia directa” de la presión ejercida por este sindicato, “el único que ha convocado dos huelgas autonómicas en Castilla-La Mancha”, situando la reactivación de la carrera profesional y el déficit estructural de médicos y facultativos como “ejes centrales del conflicto”.

Dicho esto, ha hecho una valoración positiva de las propuestas del Gobierno regional, si bien matizando que son “muy genéricas”. “Esperamos poder matizarlas en el transcurso de la negociación que el Sindicato Médico CESM-CLM a través de su Comité de Huelga mantiene con el SESCAM”.

CSIF quiere convocatorias “ordinarias”

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato que representa a todas las categorías del SESCAM, también valoran “voluntad negociadora” del Gobierno regional, pero lamentan que la propuesta solo contemple una convocatoria extraordinaria con el abono de las cuantías a partir de marzo de 2027, sin contar con fecha para convocatorias ordinarias.

Ha precisado que para acceder a los distintos grados en este proceso extraordinario, se requiere una antigüedad mínima ponderada a fecha de 31 de diciembre de 2025 de cinco años para el Grado I, 11 años para el Grado II, 18 años para el Grado III y 25 años para el Grado IV. “El SESCAM SOLO permitirá un nuevo grado independientemente de la antigüedad: por ejemplo, un trabajador que tuviera el Grado I y con 27 años de trabajo sólo podría pasar al Grado II cuando por experiencia debería contar con un Grado IV”, indica.

Por eso, CSIF censura que la recuperación sea “momentánea” y además critica el “sentido electoralista” de la medida. La presidenta del sector sanitario del sindicato en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, subraya que el restablecimiento de la carrera profesional “debe ser permanente y no promocionarse como un gesto, sino como una obligación pendiente con los profesionales de la sanidad, estamos cansados de que nuestros políticos lo midan todo bajo el prisma del rendimiento electoral y no pensar en la calidad y compromiso con nuestros servicios públicos”.

Es fundamental derogar en su totalidad la ley que suprimió la carrera profesional, para la recuperación de los derechos que se perdieron con ella

CCOO

En la misma línea, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha considera prioritario en la negociación que el proceso extraordinario, que beneficiará a todo el personal (sanitario y no sanitario) tenga efecto retroactivo y que se compensen los 14 años sin carrera profesional.

“Valoramos de manera positiva esta primera reunión y la actitud dialogante y constructiva de la Administración. Pero la ley que en su día aprobó el gobierno del Partido Popular paralizó, entre otras cosas, el reconocimiento de nuevos grados de carrera y sigue vigente en este aspecto a día de hoy. Para CCOO es fundamental su derogación en su totalidad para la recuperación de los derechos que se perdieron con ella”, añade.

Este sindicato destaca que estudiará las propuestas presentadas entendiendo que son “mejorables” y que deben recoger las reivindicaciones de todos los profesionales del SESCAM que llevan 14 años esperando la reactivación de la carrera. “No podemos partir de cero en la negociación debiendo considerar todo el tiempo trabajado para este proceso extraordinario”.

El SESCAM ha emplazado a los sindicatos a una próxima reunión que tendrá lugar el 14 de abril.

Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamin Leon Jr., ha querido elogiar hoy la cooperación bilateral entre ambos países, justo en un momento en el que el Gobierno español ha reafirmado su postura contra la guerra del Ejecutivo de Donald Trump e Israel contra Irán. Este mensaje también lo ha recalcado, junto al embajador, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) de España, Amador Enseñat y Berea.

Ambos han lanzado estos mensajes con motivo de la inauguración de la exposición “España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación”, que se expondrá durante seis meses en el Museo del Ejército, perteneciente al Ministerio de Defensa, y que alberga el Alcázar de Toledo.

El embajador ha dedicado múltiples elogios al Ejército de Tierra por dedicar este año a “celebrar” el papel de España en la independencia de Estados Unidos, de la que se cumplen 250 años, y por su “importante compromiso institucional con la preservación de este legado compartido”.

Asimismo, ha agradecido al “pueblo español” sus “contribuciones fundamentales” que han hecho que se produzcan “profundos vínculos históricos que unen a nuestros dos países y sirven como un poderoso recordatorio de nuestra historia compartida”.

De la diplomacia al “servicio compartido”

“Eso nos recuerda que las amistades se forjan no solo en la diplomacia, sino también en el servicio compartido y en un propósito común”, ha añadido, recordando que su familia tiene sus raíces en las Islas Canarias, una “herencia de gran orgullo” y un recordatorio “de que los lazos que nos unen no son solo históricos, son conexiones vivas, profundamente humanas”-

Finalmente, ha confiado en que esos 250 años desde la independencia de Estados Unidos se sigan celebrando en los próximos meses y ha apelado al dialogar sobre “cómo continuamos construyendo un futuro común a partir de nuestra historia compartida”.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayo del Ejército de Tierra también se ha referido, con motivo de la exposición, a esa “historia compartida entre nuestras dos naciones”. “Un episodio cuya relevancia es incuestionable y que se inscribe en una relación mucho más amplia y profunda en el tiempo”, ha indicado.

“Ponemos en valor una realidad histórica de gran profundidad: la decisiva implicación de España y muy especialmente de su Ejército de Tierra en aquel proceso fundacional”, ha dicho.

Para Amador Enseñat y Berea toda la exposición es una “expresión de una memoria compartida”, al tiempo que ha defendido la cooperación bilateral entre ambos países. “Nuestros ejércitos trabajan juntos, se adiestran juntos y operan juntos. Nuestros ejércitos de tierra mantienen una relación basada en la confianza mutua, el respeto profesional y una larga tradición de colaboración. Una relación que, como demuestra esta exposición, tiene raíces profundas”, ha resaltado.

Y al igual que el embajador, ha dicho confiar en que la muestra ayude “a fortalecer más” las conexiones entre ambas naciones. “Debería servir como un recuerdo de que somos capaces de lograr juntos, un gran proyecto que coopere con el futuro, para su continuada sucesión e impacto duradero”.

En mayo de 2024, el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun (Sumar) decidió anular el Premio Nacional de Tauromaquia. Y como respuesta, el Gobierno de Castilla-La Mancha apostó por impulsar, junto a otras comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP, el Senado (donde este partido tiene mayoría absoluta) y la Fundación Toro de Lidia su propio galardón.

Ahora, el Ejecutivo de Emiliano García-Page, ferviente defensor de la tauromaquia, volverá a impulsar la segunda convocatoria de este galardón 'alternativo' al que suprimió Urtasun. El año pasado, de hecho, el premio se falló en las dependencias del Gobierno castellanomanchego. Este año se fallará en Santander el próximo 8 de abril y se entregará, como el año pasado, en el Senado, en una fecha aún por determinar.

Concretamente, el galardón está convocado conjuntamente el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia.

Al igual que en la pasada edición -que premió al director de cine Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia- la dotación económica será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura.

Las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia podrán ser presentadas por los miembros del jurado o por las entidades, centros instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante “propuesta razonada”, dirigida al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín García.

El desafío de Page

Hace dos años, la iniciativa de Page fue un desafío a la decisión del ministro Urtasun de suprimir el premio. Solo unas horas después de que este último anunciara que ese galardón no se volvería a entregar, el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba en redes sociales su intención de contactar con el sector taurino para crear desde Castilla-La Mancha unos Premios de Tauromaquia. A la iniciativa se sumaron finalmente otras comunidades autónomas, todas del PP.

No era la primera vez que Page se enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez por la cuestión taurina. Cuando el Ejecutivo central aprobó el bono cultural para jóvenes y decidió, en un primer momento, no incluir la tauromaquia entre las actividades bonificados, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que no le parecía bien “trabajar en el fomento de la cultura excluyendo”. Después, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a la incorporación de estos festejos.

El premio nacional de tauromaquia ahora suprimido se creó en 2011 para añadirlo a los que ya se daban en Bellas Artes, Teatro, Música u otras disciplinas artísticas. Se estableció una dotación económica de 30.000 euros, 10.000 más, por ejemplo, que los que recibían los ganadores de los premios nacionales de literatura. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en sus últimos meses, quiso reconocer la tauromaquia como una “disciplina artística” y creó el premio a la vez que traspasaba las competencias del Ministerio de Interior al de Cultura.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Alfanar Energía, empresa promotora de la planta fotovoltaica ‘Haza del Sol’, ha dado un plazo de quince días a un grupo de propietarios de Fuentelencina, un pequeño pueblo de Guadalajara, que no quiere arrendarles sus terrenos para este proyecto.

Les ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso este medio, en la que afirma que en el caso de no recibir respuesta en dicho plazo para un “acuerdo amistoso”, considerará que no desean alcanzar un acuerdo y procederá a incluir los terrenos “dentro de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública”, paso previo a una posible expropiación.

Ecologistas en Acción, que denuncia estos hechos, detalla que el proyecto de parque solar ‘Haza del Sol’ tiene una extensión de 275 hectáreas, pero hay 94 hectáreas que no han sido cedidas por los vecinos.

Su tramitación comenzó en 2021, pero los titulares de los terrenos se quejan de que no fueron informados adecuadamente, según apuntan los ecologistas. Afirman que el ultimátum les deja “indefensos bajo una gran presión y que se limita su capacidad de negociación”.

Este colectivo dice tener “dudas” sobre la viabilidad real de la planta fotovoltaica, puesto que, según señala, está “pendiente un conflicto” entre Alfanar y Red Eléctrica sobre los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias para la evacuación de la electricidad generada.

Tierras cultivadas por agricultores locales

La línea prevista tiene una longitud de 48 kilómetros y conectaría Fuentelencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando regadíos, monte bajo y áreas arboladas.

Buena parte de las 94 hectáreas que no han sido arrendadas están siendo cultivadas por agricultores locales, por lo que su cesión implica “pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo en un contexto en el que se pretende frenar el éxodo rural”.

Subrayan los ecologistas que estos vecinos no se oponen al desarrollo de energías renovables, pero que el proceso tiene que desarrollarse “con transparencia, garantías y equilibrio con la protección del medio”. Solicitan asimismo la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y “garantizar la salvaguarda de los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio”. No descartan emprender acciones legales.

Este medio se ha puesto en contacto por escrito con la empresa promotora del proyecto para recoger su valoración, sin que por el momento haya habido respuesta.

Fuentelencina forma parte de un área de Guadalajara en el que, junto con la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, están proliferando las plantas fotovoltaicas. Desde hace dos años varias entidades de la zona se han movilizado para mostrar su oposición bajo los lemas ‘No queremos campos de cristal’ y ‘Fotovoltaicas así no’.

La Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha no funciona desde hace más de dos años. Se trata de una web donde podían consultarse en tiempo real los niveles de concentración de polen en las cinco provincias de la comunidad autónoma y en Talavera de la Reina. Ahora, según ha comprobado este medio, solo aparecen activos los de esta última ciudad y su comarca.

Esto sucede en plena “alerta” por el aumento de las alergias debido a los altos niveles de polen tras los continuos episodios de lluvias del invierno. La alarma la han dado Luis Cuerda, secretario de la Agenda 2030 de UGT en Albacete, y Antonio Marín, experto en medio ambiente.

Concretamente, han solicitado la recuperación de esta red, que según apuntan, dejó de funcionar el 1 de enero de 2024 por falta de financiación, y que informaba a la ciudanía en tiempo real de los niveles de polen de las diferentes especies alergénicas.

Explican que esta red ofrecía una previsión semanal de la evolución de las concentraciones de polen en las distintas provincias. Toda la información llegaba a la ciudadanía a través de la mencionaddça página web. “Un servicio necesario para la salud de la población en general y de los trabajadores y trabajadoras”, explica Marín.

“Desde UGT no entendemos cómo en un contexto de cambio climático y calentamiento global en el que las etapas de alergias empiezan antes y son más prolongadas, tengamos este vacío informativo”, señalan desde el sindicato.

Un 30% de la población de la región es alérgica al polen

La importancia radica en que se trata de “un tema de salud pública”. “No nos podemos olvidar que entre un 20 y un 30% de la población de la región es alérgica al polen, algo que también tiene un importante impacto en la salud laboral de miles de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios al aire libre”.

El personal dedicado a la ganadería, la limpieza viaria, la jardinería o la construcción, entre otros sectores, no pueden consultar esta información, y eso “impide que se puedan tomar medidas preventivas que eviten o mitiguen los impactos más importantes que el polen pueda tener sobre la salud de los ciudadanos”.

Es más, Antonio Marín ha advertido de que esta temporada “va a ser muy dura para los alérgicos”, y por eso desde UGT solicitan a la Consejería de Desarrollo Sostenible que recupere “lo antes posible” esta red.

“No estamos hablando de crear algo nuevo, es recuperar un servicio fundamental para la ciudadanía y para los trabajadores. Desde UGT Albacete tenemos claro que el derecho a la información ambiental es fundamental para el derecho a la salud de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras”, concluyen.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

Inés Cañizares, de Vox, es vicealcaldesa de Toledo, donde gobierna con el PP, y también la líder local del partido de extrema derecha. Es un peso fuerte en la formación de Santiago Abascal, pero ha firmado un manifiesto que han puesto en marcha algunos 'ex' de la formación como Iván Espinosa de los Monteros, José Ortega Smith y otros críticos, donde piden un congreso extraordinario para debatir el futuro del partido

Lo más llamativo es que Cañizares, que aparece como cuarta en el listado de firmas, rubrica este manifiesto un día después de afirmar: “No es que yo esté pidiendo un congreso”. “Nadie pretende cuestionar el liderazgo de Santiago Abascal”, señalaba, pero pedía 'abrirse' a nuevo “talento”, después de que las elecciones en Castilla y León pusieran sobre la mesa la idea de que han tocado techo

También resulta significativo que en el manifiesto aparecen, junto a Inés Cañizares, los otros tres concejales que Vox tiene en el Ayuntamiento de Toledo: Juan Marín, Daniel Morcillo y el independiente Florentino Delgado, aunque este último no está afiliado al partido.

“Una revisión completa”

Mediante este manifiesto, publicado en una web no oficial de Vox en la medianoche de este miércoles, los firmantes piden convocar un congreso extraordinario “con plazos suficientes y reglas claras” que sirva para hacer “una revisión completa de la arquitectura interna del partido”.

Además, instan a tener un “debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno”. Todo ello sin tratar de “imponer una candidatura alternativa” ni ir en contra de Vox. “La lealtad política es a las ideas, no a las personas”, afirman.

El prestigioso director de orquesta toledano Ulises Illán y su reconocida orquesta barroca 'Nereydas' actuarán el día 21 de marzo en la Catedral de Toledo en un proyecto pionero. La Lira del Cielo, un instrumento único en el mundo que llegó al templo en el año 1628 y que llevaba más de 200 años sin sonar en su contexto original, volverá a escucharse en una copia moderna reconstruida por Sławomir Zubrzycki a partir del ejemplar histórico e interpretada por Juan José Montero.

El hecho de que esta representación se lleve a cabo con una copia moderna se debe a que el instrumento original -atribuido al fraile dominico Fray Raymundo Truchado en 1625 y conservado en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas- no puede utilizarse.

El instrumento estuvo activo hasta 1803 sonando de manera exclusiva en la Semana Santa, integrándose en las lamentaciones y misereres que se cantaban tradicionalmente durante el 'Oficio de Tinieblas' (la ceremonia litúrgica católica que se celebrara en los tres días previos a la Pascua).

Tras diversos avatares, en 1902 el instrumento fue comprado por el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde hoy se conserva. El cabildo de la catedral encargó una copia exacta de la Lira a Sławomir Zubrzycki, quien la ha terminado en este año y será interpretada en este concierto por Juan José Montero.

La actuación tendrá lugar en el Día Europeo de la Música Antigua, una jornada internacional que reúne conciertos y actividades en todo el continente para poner en valor el patrimonio musical histórico. Permitirá escuchar un sonido perdido de la Catedral Primada de España en su VIII Centenario, regresar a la atmósfera de la Semana Santa toledana del siglo XVIII y sentir “cómo la historia, cuando se recupera con verdad y belleza, puede volver a hacerse presente”.

“Lo fascinante de este proyecto es que reúne muchas dimensiones: la investigación y edición musicológica, la reconstrucción organológica, la recuperación de repertorio inédito y la emoción artística”, cuenta Ulises Illán, con motivo de la presentación del evento.

Con ello se recuperarán obras de Juan Rossell, maestro de capilla de la Catedral de Toledo, escritas para dos coros y orquesta para la Semana Santa de 1764, con el objtetivo de “devolverlas al espacio para el que fueron concebidas”.

“Hay una dimensión histórica increíble: la idea de un instrumento así, un teclado cuyas cuerdas suenan por fricción y producen una sonoridad mágica, de cuerda frotada, cercana a un consort de violas da gamba”, añade.

Se trata de una idea que ya aparece intuida en el ‘Codex Atlanticus’ de Leonardo da Vinci. “Estamos ante algo muy raro y muy refinado: un hallazgo en el que se cruzan la invención, el arte, la ciencia y la liturgia, y que hoy, gracias a esta iniciativa del Cabildo de la Catedral de Toledo dentro del VIII Centenario, vuelve a cobrar vida de una manera verdaderamente única”, resalta Ulises Illán en torno a una actuación cuyas obras han sido investigadas y editadas por el musicólogo Carlos Martínez Gil, a partir de los fondos del Archivo de Música de la Catedral de Toledo.

Este proyecto tiene para el director de orquesta “un valor inmenso” en su trayectoria porque resume muchas de las líneas que han marcado su camino artístico. Trabaja en la recuperación del patrimonio musical español con una convicción muy clara: “Nuestro pasado musical no es un museo, es una fuente de presente y de futuro”. Ahora, esta iniciativa “lo encarna de manera perfecta”.

“Como director, hay pocos privilegios comparables al de poder devolver a la vida una música que no solo ha dejado de interpretarse, sino que ha dejado de existir en la experiencia real de los oyentes durante más de dos siglos. Es uno de esos proyectos que uno sueña durante mucho tiempo y permite restituir algo profundamente valioso: la memoria sonora de una de las grandes catedrales de Europa”.

La Lira del Cielo no supone “una curiosidad organológica ni un simple guiño histórico”. Es un instrumento “obligado”, con partitura propia y una función específica dentro de la escritura musical, plenamente integrado en la concepción sonora de la Semana Santa toledana durante 175 años. “Un sonido suave, sutil, delicadísimo, casi etéreo, producido por un teclado cuyas cuerdas son frotadas por ruedas”.

Ulises Illán, también divulgador musical, es el fundador de la versátil formación barroca 'Nereydas', referente español en la divulgación del patrimonio musical del siglo XVIII. 'Nereydas' colabora con instituciones y participa en programaciones de Patrimonio Nacional, el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), el Teatro Real, el Festival de Música Antigua de Versalles (Francia), la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Juan March, el Festival de Granada o el Museo del Prado.

El evento del día 21 de marzo arrancará a las 19.00 horas, una hora antes del concierto, en la Sala Capitular de Verano de la Catedral, con la sesión 'Hablamos del concierto' a cargo del musicólogo Carlos Martínez Gil, que ha realizado la investigación y diseño del programa.

Entradas

Esta actividad didáctica pretende facilitar un mayor conocimiento del programa musical que se ofrecerá a continuación, para lograr un pleno disfrute del concierto. La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a esta charla hasta completar el aforo.

Las entradas para el concierto, cuyos precios oscilan entre los 20 y 40 euros, pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 19 horas en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

Este concierto del Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.