“¿Es que no se puede decir que estoy feliz?”, respondió la filósofa María Zambrano a los periodistas nada más pisar suelo español, tras más de 45 años de exilio. Aterrizó en 1984 procedente de Ginebra (Suiza). La malagueña volvió a su país con 80 años y físicamente muy debilitada. Las crónicas de la época la describen pálida y cansada. Acababa de someterse a dos operaciones de cataratas. Tras haber vivido en Cuba, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia e Italia, con ese viaje ponía fin a un largo exilio, al que le había costado mucho renunciar. 

Al llegar, buscó un instante de soledad a pie de pista, tal y como contó en sus relatos. Con dificultades para andar, se mantuvo sin apoyos y miró a su alrededor, tratando de recuperar una imagen que le conectara con la última escena que vivió en España: un cordero colgado en la espalda de un hombre que esperaba delante de ella en la frontera con Francia. Era 1939. Los dos estaban haciendo cola para que les revisaran la documentación antes de abandonar su país, mientras el bando sublevado avanzaba en los últimos meses de la Guerra Civil.

“Nos miramos el cordero y yo”, escribió más tarde en El saber de la experiencia. “Y el hombre siguió, y se perdió por aquella muchedumbre, por aquella inmensidad que nos esperaba del lado de la libertad”. El aliento y la mirada del animal quedaron grabados durante décadas en su memoria. “Y yo me decía y hasta creo que llegué a decírselo a media voz a algún amigo o a algún enemigo, o a nadie, o al Señor, o a los olivos, que yo no volvería a España sino detrás de aquel cordero”, relató. 

El cordero siguió presente en su vuelta. Para Zambrano, aquella figura se convirtió en un símbolo de la España “inocente” que “estaba siendo sacrificada”. Así lo interpreta Elena Trapanese, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid, que destaca el peso simbólico y literario de esa escena, aunque matiza que se desconoce hasta qué punto el episodio fue real. 

La escritora quiso evitar que su regreso “se instrumentalizase”, insiste Trapanese. Fue una de las últimas exiliadas en volver, lo hizo nueve años después de la muerte del dictador Francisco Franco. De hecho, el periódico El País llegó a afirmar que con su retorno finalizaba el exilio español de 1939. Zambrano afrontó esta situación con “una actitud bastante crítica hacia los primeros años de la Transición”, añade la profesora universitaria.

La filósofa regresó a España con poca salud y cuando el proceso democrático ya estaba en marcha. Otros exiliados volvieron con la esperanza de contribuir activamente a la reconstrucción del país que habían dejado atrás. Después de décadas defendiendo los valores republicanos desde el extranjero, acumulando experiencia política y profesional en sus países de acogida, muchos se sintieron totalmente ignorados por los partidos que pilotaban la Transición. Con la excepción de figuras como Rafael Alberti; Dolores Ibárruri, la Pasionaria; o Josep Tarradellas, la mayoría quedó al margen de las decisiones clave. Su regreso fue celebrado, pero más como un gesto simbólico que como una verdadera reincorporación. Así que acabaron convertidos en nombres de calles, placas conmemorativas o bustos institucionales. “Los exiliados estuvieron condenados a ser en el mejor de los casos piezas de museos”, resume el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, Jordi Gracia, en su libro A la intemperie, donde analiza la experiencia del retorno. 

A partir de algunos de los testimonios que dejaron por escrito los exiliados, del relato de sus familiares, del recuerdo de los activistas que acudieron a recibirles y del trabajo de los académicos que hoy continúan investigando, elDiario.es recoge en este reportaje el desencanto y el desarraigo que sintieron muchas de aquellas víctimas del franquismo al reencontrarse con una España distinta, más interesada en pasar página que en reconocer y valorar el compromiso de quienes defendieron los valores democráticos y republicanos desde fuera.

Un país ajeno

Sergi Pàmies aterrizó en España por primera vez en 1971. Tenía 11 años y hasta entonces había vivido en París. Para él, como para muchos hijos del exilio, España era un país ajeno, desconocido, que debía convertir en propio. Sus padres, Teresa Pàmies y Gregorio López Raimundo (responsable del PSUC en la clandestinidad) regresaron después de 32 años y se encontraron con “una España tardofranquista”, como recuerda el escritor. “Con muchos síntomas de dictadura pero, hasta que murió Franco, con una tremenda actividad cultural y progresista que probablemente empujó e influyó en que las cosas cambiaran”, añade.

Integrarse en su nueva vida no fue fácil, pero sabía que “no había vuelta atrás”, así que se adaptó “rápidamente a las circunstancias”. Su llegada a Barcelona supuso un primer contacto con la memoria del pasado de sus padres, con aquellos lugares y anécdotas que le habían relatado durante años. También fue el reencuentro de su familia con compañeros de militancia, que se quedaron en España y con los que se reencontraron tras décadas sin verse.

“La capacidad de adaptación es una de las más necesarias para los exiliados cuando se marchan y también para sus hijos cuando, finalmente, llegamos a un país que no es el nuestro pero debemos convertir en propio”, explica Sergi Pàmies, que recuerda que los hijos del exilio vivieron “adoctrinados por el recuerdo permanente” de sus familias.

El caso de Pàmies ilustra cómo algunos exiliados lograron mantener viva su actividad literaria fuera de España y cómo parte de esa producción artística comenzó a circular en el país incluso antes de la muerte del dictador. En 1971, Teresa Pàmies volvió a Catalunya gracias al dinero que obtuvo por ganar el Premio Josep Pla por el libro Testamento en Praga, que escribió junto a su padre, Tomàs Pàmies. En los últimos años de la dictadura, esta militante antifranquista comunista, fue homenajeada con uno de los galardones más importantes de la literatura catalana. 

Como explica Jordi Gracia, no hubo que esperar al tardofranquismo para que los españoles pudiesen leer a sus exiliados: ya en los años 50 se publicaban libros de autores como Jorge Guillén o Luis Cernuda, siempre que fueran textos “neutros” y sin “agresividad política”. Sin embargo, la censura seguía excluyendo a figuras como Rafael Alberti, cuya militancia comunista lo convertía en un autor vetado sin margen para excepciones.

Victoria Kent, la primera española que obtuvo el título de doctora en Derecho y una de las tres mujeres con escaño en el Congreso de los Diputados durante la Segunda República, no solo esperó al fin de la dictadura para volver a visitar España, también a la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977. Su decisión se debió al descontento que le provocó la negativa del Gobierno de Suárez a legalizar en esos comicios la participación de su partido, Acción Republicana Democrática Española (ARDE). Según escribe el periodista Miguel Ángel Villena en su biografía sobre Kent, ARDE representaba la “única opción netamente republicana”. En algunos sectores, esta formación se consideraba más “peligrosa que la mismísima legalización del PCE” por su marcado carácter antimonárquico.

¡Viva el periodismo político!

Nacida en 1971, Cambio16 revolucionó el concepto de revista política en la España de la dictadura. Entre multas y secuestros, fue fundamental para abrir los caminos de la Transición y lograr el objetivo de la democracia. Esta portada de marzo de 1976 saluda el regreso de los exiliados. Hoy sigue adelante en versión digital: www.cambio16.com.

Senador en Cortes o al calabozo de Sol

El republicanismo de ARDE se convirtió en el “principal elemento a obstaculizar por parte de aquellos que diseñaron la operación de tránsito de la dictadura a la monarquía”, explica Jorge de Hoyos, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Este docente universitario explica la disparidad entre el protagonismo que se dio a los comunistas en la reconstrucción de la democracia y el que se dio a los militantes republicanos exiliados y cita como ejemplos a Wenceslao Roces, dirigente histórico del PCE, y a Francisco Giral, “un liberal reformista que provenía de la Institución Libre de Enseñanza”, militante de ARDE y ministro en el último Gobierno de la República en el exilio. Ambos eran profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y, de hecho, coincidieron en el vuelo de vuelta a España, en 1977, pero sus destinos fueron diferentes. Roces entró con “todas las facilidades” y fue senador en las Cortes Constituyentes. Giral fue detenido tras pisar suelo español y retenido en los calabozos de la Puerta del Sol.

Kent mostró su rechazo al veto a ARDE nada más aterrizar. “Yo no vine a votar porque no podía hacerlo, ya que no estaba legalizada mi opción”, explicó a los periodistas en el aeropuerto. Tras 38 años de exilio, pisó de nuevo suelo español con 85. “Fuimos a recibirla con los brazos abiertos”, recuerda la abogada laboralista Francisca Sauquillo, que formó parte de la reducida representación política que acudió al aeropuerto, en contraste con el interés mediático que suscitó la primera visita de Victoria Kent a España desde Nueva York, tras la muerte del dictador. 

“El caso de Kent fue emotivo porque llegó el mismo año en que se produjo la matanza de los abogados de Atocha, en enero de 1977”, explica la letrada, que perdió en ese asesinato a su hermano Javier. Ante la presión de los grupos de extrema derecha durante aquellos meses, el Gobierno de Suárez rodeó de policía el aeropuerto con el fin de que “no pasase nada”. Para Sauquillo, que tenía 34 años, la figura de esta exiliada era la de una “mujer abogada, que había sido directora general de prisiones y que había introducido un cierto humanismo en las cárceles”, algo que considera que, en aquel momento, “era muy difícil”.

Meses antes, Kent ya había avisado de que no regresaría a España hasta que no existiese “una auténtica libertad de opinión y de asociación”. Desde su apartamento en la Quinta Avenida de Manhattan, donde compartía edificio con Jacqueline Kennedy, reconocía que, a su edad, no le quedaba “otra pasión” más que España, pero no iba a otorgarles a los partidos que promovieron la Transición esa imagen a cualquier precio. “No puedo volver y que me suceda como a Salvador de Madariaga o como al pobre de [Claudio] Sánchez Albornoz, a quienes les hacen un buen recibimiento y luego les prohíben las conferencias y homenajes”, avisó. Y no lo hizo, la directora general de Prisiones y diputada en Cortes durante la II República murió en Nueva York a los 95 años, tras haber vuelto solo una segunda vez a su país. 

A pesar de su exilio acomodado, la abogada malagueña mantuvo una militancia activa contra el franquismo. En Nueva York fundó y editó la revista Ibérica, con colaboradores como Enrique Tierno Galván y Ramón J. Sender. Su objetivo era influir en la opinión pública estadounidense, especialmente entre políticos, periodistas y académicos. Con una tirada que, según explica Villena, llegó a distribuir 20.000 ejemplares, a través de esta publicación quiso dar a conocer la falta de derechos y libertades, así como la represión que se vivía en España.

Al igual que muchos exiliados, Kent apenas reconocía su país cuando fue a visitarlo. Ya no conservaba vínculos personales y, en gran medida, España tampoco la recordaba a ella. Aunque fue una mujer pionera durante la República, décadas de franquismo y su exilio en América la habían convertido en una “anciana desconocida para todos aquellos que habían nacido después de la Guerra Civil”, recuerda el autor de su biografía, Miguel Ángel Villena. 

“El Madrid que vio y por el que paseó aquellos días del otoño de 1977 no tenía nada que ver con el que ella había añorado durante tanto tiempo”, contó José María Calviño al periodista. En aquel momento, Calviño era secretario general de ARDE y fue quien acompañó a la abogada y a su pareja, la filántropa Louise Crane, en ese primer recorrido por un país que estaba recuperando la democracia. Aquel reencuentro, como el de otros exiliados, “fue un shock”, según detalló años después el dirigente del partido republicano.

También lo fue para Francisco Ayala, que describió la España que se encontró a su regreso como “un país completamente desconocido”. El impacto abarcaba desde lo más superficial, como el asombro del escritor ante la estatura y el aspecto físico de los españoles –según mencionó en una entrevista en TVE– hasta en lo más profundo: la desconexión emocional con una sociedad que quería pasar página. Una España que apostaba por dejar atrás lo sucedido en el franquismo, la Guerra Civil y la II República. 

Entre los retornados se acentuó un sentimiento de desencanto porque sentían que la España de los ochenta, marcada por la Transición, la Movida e, incluso, el destape, se alejaba del país que habían intentado construir en los años treinta, indica De Hoyos. “La configuración de la democracia fue por otros derroteros que no tenía mucho que ver precisamente con aquella construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, que de alguna manera estaba en el horizonte de muchos de aquellos exiliados y también, cómo no, de la Segunda República”, reseña el historiador.

Sergi Pàmies vivió ese choque en su casa. Tras una militancia de décadas en el antifranquismo comunista, sus padres no pudieron prever cómo se acabaría produciendo la Transición. “De algún modo, tras muchas décadas descubrieron que la España que habían imaginado durante el exilio y la clandestinidad solo se parecía, en parte, a la España real”, resume el escritor. 

La falta de reconocimiento al compromiso político de los retornados intensificó su sentimiento de desarraigo. Para el historiador, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Sanz, se encontraron con una España “bastante indiferente hacia su historia, donde no había una memoria del 36”. En ese momento, el país, el Gobierno y la sociedad estaban volcados en “la modernización” y el “olvido”.

Indiferencia hacia su compromiso político

El exilio se abordó sin una política de reconocimiento, de una “forma bastante superficial”. Fue tratado como un símbolo de reconciliación nacional, pero en muchos casos se le arrebató su esencia ideológica. De esta forma, como añade De Hoyos, se vaciaron “de contenido todos aquellos aspectos que habían representado los elementos esenciales de la propia identidad de esos exiliados”.

Ante la falta de reconocimiento y la indiferencia hacia su compromiso político, muchos retornados “se sintieron extranjeros en su propio país”, apunta Sanz. Tras décadas de exilio, se dieron cuentan de “que, en sentido estricto, no podían volver a España; o la España que ellos esperaban encontrar ya no existía”. En sus propios barrios, al volver, habían adquirido una identidad nueva para sus vecinos, que les apodaban como ‘el francés’, ‘el alemán’ o ‘el holandés’. 

Aun así, muchos emprendieron ese retorno para formar parte de “un proceso que nadie sabía cómo iba a terminar”, recuerda Gracia. Aunque se sintieran extraños en su propio país, reconocían en aquella sociedad una “vitalidad” que empujaba hacia el cambio democrático. De repente, de cara a las primeras elecciones tras la dictadura, los partidos políticos comenzaron a tener en cuenta las reivindicaciones de los emigrados y de los retornados. En 1976, el voto exterior se estimó en más de dos millones de personas. 

El interés político por este colectivo quedó patente en la Constitución, que recoge expresamente que el “Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Según los cálculos del Instituto Español de la Emigración, “en la etapa 1960-1973 se estima en 900.000 los retornos oficialmente constatados”, a “los que hay que sumar otra cifra similar o ligeramente superior de los no registrados como emigrantes retornados”, explicaba Juan B. Vilar, catedrático de Historia Contemporánea en un artículo académico. 

Desde los primeros gobiernos de la democracia se facilitó el retorno, como marcaba la Carta Magna, pero “no hubo una política de reparación integral a los exiliados”, insiste Sanz, que añade que tras el regreso “hubo algún gesto simbólico institucional”, pero la mayor parte se encontraron “más bien silencio, incomodidad, incluso a veces la sensación de que no eran bien recibidos después de tanto tiempo”. Tras años esperando el reencuentro con su país, se dieron cuenta de que, “en muchos casos”, la “sociedad española no los estaba esperando con los brazos abiertos”. 

Además de la gestión emocional, los retornados tuvieron que hacer frente a diferentes problemas. Por un lado, asumir que volvían a un país donde la Transición se estaba impulsando con elementos de continuidad, legitimando la presencia de figuras del franquismo en la futura vida democrática y, con un sector de la sociedad que seguía viendo a aquellos que huyeron de la dictadura como los “vencidos”. 

Hay ejemplos de exiliados que consiguieron tener un papel protagonista en la Transición y en la reconstrucción democrática de España. Ahí están los casos de los comunistas Alberti, la Pasionaria o Rojas que consiguieron un escaño en las Cortes. También está el ejemplo de Josep Tarradellas, que volvió a Barcelona después de 38 años de exilio, y que ponía fin al franquismo en Catalunya con aquella frase que pasó de inmediato a la historia: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”.  

Sin embargo, a la mayor parte de ellos les esperaba el olvido. Se convirtieron en símbolos, fueron homenajeados, pero todo su bagaje internacional y político no se tuvo en cuenta. La Transición fue pilotada por la “oposición democrática del interior” –como recuerda Sanz–, jóvenes políticos, en muchos casos, que fueron los que ocuparon los cargos institucionales. Todos aquellos que habían sufrido la represión del franquismo desde la Guerra Civil y difundieron en sus países de acogida los valores republicanos se convirtieron, tal y como explica Jordi Gracia en su libro, en lo que son hoy: rótulos de plazas.

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la nueva Ley de ordenación del turismo, donde no prevén regular los pisos turísticos, a pesar de que solo en la capital el Ministerio de Consumo contabilizó más de 16.000 viviendas vacacionales. Con esta norma, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar la norma para adaptarla a “los nuevos modelos de alojamientos que han surgido en los últimos años”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.

“Entre las principales novedades, se encuentra el cambio del régimen sancionador adaptándolo, entre otras normas, a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Se establece un plazo máximo de 6 meses para resolver estos procedimientos, así como las reclamaciones y solicitud de dispensas en alojamientos turísticos”, han indicado desde el Gobierno regional en una nota de prensa, donde también reseñan que con este articulado “se ampliarán los derechos y deberes de los usuarios, así como los de las empresas y establecimientos del sector”.

El objetivo de esta norma consiste en crear “un catálogo con las modalidades de alojamientos que ya existen, entre ellos, los pisos turísticos, pero no será una ley que vaya a regularlos”, ha detallado García Martín, que ha destacado también que el texto fomentará “el uso de la declaración responsable para eliminar burocracia a aquellas empresas turísticas que ya están establecidas, o que quieren establecerse” en la Comunidad de Madrid.

En relación con el funcionamiento de la declaración responsable, el portavoz de la Comunidad de Madrid ha detallado que con este instrumento pretenden “dinamizar la actividad económica”, pero, a su vez, ha advertido de que “eso no quiere decir que la administración no vaya a realizar su trabajo, no vaya a inspeccionar y no vaya a responder conforme a derecho”.

“La actualización de la norma incluye también la mención a la libertad de precios de la actividad turística”, han subrayado desde la Comunidad de Madrid. En esa línea, han detallado, además, que “las modalidades de los servicios de alojamiento incluyendo a las hosterías (hostels), viviendas de uso turístico y áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámperes”.

Isabel Díaz Ayuso ha afrontado eufórica la última sesión de control de la Asamblea antes del verano. Tirando de ironía, se ha reído de las portavoces de la oposición, aprovechando las revelaciones de la UCO sobre Santos Cerdán que han azotado al Gobierno central y al PSOE. En su intervención, ha cargado contra la socialista Mar Espinar. La presidenta ha teatralizado su discurso para comentar: “Me la imagino ayer ensayando delante del espejo en casa: 'Guau, le voy a decir lo del ático, que es nuevo, a ver si la sorprendo”. A lo que ha añadido: “A ver si consiguen [así] tapar la montaña de corrupción que tienen”.

De forma similar, ha respondido a Más Madrid tras la intervención de su líder, Manuela Bergerot, que afirmó que con su partido “el ‘y tú más’ no vale”, porque no han venido “a la política a recibir mordidas”. Ayuso ha continuado con su sarcasmo: “No es que sean iguales, son peores”. “Y lo amparan bajo, ‘jo, venga, no chicos, no delincan más, me enfado y no voy al Congreso”, ha añadido la mandataria, en alusión a la ausencia de varios ministros de Sumar ayer en el parlamento nacional. La jefa del Ejecutivo sostiene que “es así” como el partido regionalista “combate la corrupción de Estado”.

Espinar se ha puesto la venda antes de la herida, y en su interpelación a la presidenta ha dejado clara cuál era la declaración de intenciones de su formación ante el caso Cerdán. “En mi partido los sinvergüenzas no tienen cabida, no nos hace falta ni sumario judicial. En el suyo los colocan en la mesa de la Asamblea o como jefe de gabinete”, ha asegurado para criticar el apoyo del PP a su diputada Ana Millán, que está imputada por presuntos delitos de corrupción. También le ha recordado a la presidenta cuál fue el final político de su padrino político Pablo Casado cuando denunció “corrupción” en el entorno de la mandataria “durante la pandemia”.

Ayuso no ha perdido la oportunidad de reprochar al PSOE madrileño las revelaciones del informe de la UCO, que sitúan al ex secretario de Organización socialista al borde de la imputación. Tampoco ha evitado la mención al último episodio “sórdido” del caso Koldo, protagonizado por una mujer que estaba en casa del exministro José Luis Ábalos mientras la Guardia Civil realizaba un registro, y que intentó sacar en ese momento un disco duro del domicilio. “Ahora dicen que van a sacar una ley contra la prostitución. ¿Le van a pedir a Ábalos que vote?”, ha reseñado la mandataria.

“Vaya papelón tener que defender toda la burda escalada de corrupción que les carcome”, ha continuado Ayuso, al replicar a Espinar, a la que ha acusado de hacer “política basura” por mencionar el caso de su novio, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y falsificación de documentos. La presidenta ha lamentado que “bajo la inmunidad parlamentaria” tanto PSOE como Más Madrid, según la jefa del Ejecutivo, “difamen a ciudadanos particulares” y a empresas “que son las más valoradas por los ciudadanos, como Quirón”. Y ha insistido en su argumentario: “Difaman porque tienen que tapar la montaña de corrupción”.

Las acusaciones sobre corrupción han continuado en una comparecencia posterior en la que la presidenta ha explicado, a petición del PSOE, cómo transcurrió la Conferencia de Presidentes, aunque realmente se ha centrado en el “show del pinganillo”, como lo ha denominado la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. Espinar ha reprochado el “numerito” que protagonizó la jefa del Ejecutivo autonómico al salirse de la reunión cuando se utilizaba un idioma cooficial. Ante estas arremetidas de la oposición, Ayuso ha respondido asegurando que “no defender la lengua de Cervantes” es una actitud “cateta”.

Sin embargo, con el contexto informativo actual, la presidenta no ha perdido la oportunidad de ahondar en la crisis del PSOE y del Gobierno central. Ayuso defiende que el presidente y su equipo “van contra los jueces” y contra “el Estado de derecho”. “Eso es lo que denuncié en la Conferencia de Presidentes”, ha insistido, en una argumentación centrada en señalar que el Ejecutivo central “ha aprendido de Maduro”.

La retórica venezolana también ha sido azuzada por la presidenta para justificar la negativa de su partido a una moción de censura a Sánchez en el Congreso. Ante las críticas de Vox, la mandataria ha asegurado que el presidente podría “salir a hombros” de la Cámara nacional. “¿Cómo le explicamos al mundo la deriva chavista que está tomando nuestro país si es refrendando por el Parlamento? Maduro también lo es, también sale refrendado”, ha replicado Ayuso.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, no considera contradictorio mantener en sus filas a Ana Millán —'numero 3' de la formación política autonómica y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid— a pesar de que está imputada por cuatro presunto delitos relacionados con la corrupción, al mismo tiempo que arremete contra el presidente del Gobierno, al que han llegado a acusar de “auspiciar” y “tapar” la presunta corrupción de sus dos últimos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la presunción de inocencia de su compañera de partido, aunque no aplica ese mismo principio al hablar del presidente de Gobierno, que no está imputado en ninguna causa. “Lo que queda claro es que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó; lo sabía y permitió que la legislatura continuara como si no pasara nada”, ha asegurado en referencia a “los casos de corrupción” y las nuevas revelaciones sobre Cerdán, que han dejado al PSOE noqueado.

Ana Millán está siendo investigada desde 2022 por un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos (Madrid), a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

Esta situación judicial no ha impedido que Millán haya ido escalando puestos en el PP de Ayuso. De hecho, la vicepresidenta del parlamento regional será la vocal que representa a los populares madrileños en la Comisión Organizadora del XXII Congreso Nacional del PP.

La 'mano derecha' de Ayuso en el Ejecutivo autonómico ha defendido este miércoles a su compañera de partido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Ana Millán está respondiendo”, ha asegurado García Martín, dejando claro su respaldo a la dirigente del PP. “Hemos prestado apoyo a Ana Millán porque estamos seguros de que no hay absolutamente nada, pero será un tribunal el que decida si ha habido algún tipo de irregularidad”, ha apuntado. Y ha añadido: “En lo que a nosotros respecta, tenemos tranquilidad absoluta”.

En su respuesta, García Martín ha asegurado que las nuevas revelaciones sobre Santos Cerdán y Ábalos desvelan “corrupción de Estado”. En este contexto, Sánchez “se siente acorralado” y, por ello, insiste el portavoz de Ayuso, es necesario que se convoquen elecciones para que sean “los ciudadanos los que se pronuncien y digan si este Gobierno corrupto debe seguir al frente del país”.

“Por muy sórdido que nos parezca lo que estamos viendo relacionado con Cerdán o con Ábalos, el problema es la corrupción de Estado, que ha venido para quedarse con Pedro Sánchez”, ha insistido García Martín.

Desde la Comunidad de Madrid no señalan solo al PSOE, consideran que los socios de los socialistas en el Gobierno y en el Congreso le dan “oxígeno” porque necesitan a un Sánchez desgastado en La Moncloa. Con todo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha reseñado que el presidente “cuenta con el apoyo de partidos independentistas a los que les viene bien un Gobierno débil y rehén”.

“Burrikin”, como asegura Isabel Díaz Ayuso que los madrileños se refieren a Burger King, cumple 50 años en España y la mandataria lo ha celebrado este martes con la dirección de la empresa de comida rápida. La jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado que esta compañía “ha conquistado a millones de personas de todas las edades, especialmente a los niños, por la estética, la alegría y porque los locales se han adaptado a ellos”.

En su intervención, la política madrileña ha sostenido que Burger King “es una empresa que paga muchísimos impuestos”, ya que emplea a 6.000 madrileños en más de 200 establecimientos, 100 de ellos en la capital, entre ellos se incluye el de la Plaza de los Cubos, que fue el primero que abrió esta compañía en toda Europa, y en el que hoy se ha conmemorado este aniversario. Ayuso ha señalado que con la contribución que hace esta empresa a la fiscalidad madrileña “se pueden gestionar servicios públicos”.

Desde el establecimiento de la Plaza de los cubos, Ayuso ha festejado que allí “se popularizó la [hamburguesa] Whopper” en Madrid “a 50 pesetas cada una”. En esa línea, también ha celebrado que desde la llegada de Burger King a España: “Madrid ha cambiado enormemente, vive su mejor momento, es la región de moda en Europa, la más libre en horarios comerciales, en la relación entre Administración y ciudadano y más internacional que nunca”.

Al terminar el acto, mientras Ayuso estaba atendiendo a los medios de comunicación, una señora ha boicoteado su intervención al gritarle “asesina” y “7.291”, una alusión a los fallecidos en las residencias de la región durante la pandemia. Varias personas que se congregaban en la plaza han increpado a esta mujer, le han llamado “verdulera” y han vitoreado a la mandataria. La señora ha continuado cargando contra la presidenta, asegurando a voces que “dejó morir a miles de personas” que vivían en residencias.

La Presidencia de la Asamblea de Madrid ha vetado un evento que Más Madrid pretendía organizar en el salón de actos del parlamento autonómico el miércoles “con el fin de organizar una jornada de trabajo” enmarcada en la semana del Día Mundial de las Personas Refugiadas.

La directora de gabinete de la Presidencia no ha autorizado la celebración de este acto porque considera que el partido de Manuela Bergerot “ha faltado a la verdad”, “ha omitido” información, ya que en la información pública del evento también se aseguraba que iban a abordar “la situación de Palestina en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas”, según la documentación consultada por elDiario.es.

“El objeto del acto que se detalla en la invitación y del que se informa en la web del grupo dista mucho del expresado en la solicitud”, expresa la directora de gabinete de Enrique Ossorio en la misiva dirigida a Más Madrid, donde también valora que esta situación “supone una falta a la verdad”.

Desde la Presidencia de la Asamblea de Madrid aseguran que el uso de las instalaciones de la cámara regional debe ser “compatible con la imagen institucional” que el parlamento autonómico “debe preservar”. Y, por lo tanto, defienden que “la actividad política inherente a los partidos políticos debe ejercerse en instalaciones de los propios grupos y fuera de los espacios institucionales comunes”. Para justificar su decisión, reseñan que las salas del parlamento autonómico deben destinarse a eventos “enmarcados en el ámbito competencial autonómico”.

Con todo, la Presidencia de la Asamblea anula la autorización concedida previamente para organizar el acto, ya que “el objeto” y la “finalidad” del encuentro “exceden de la competencia de autorización” de la dirección de gabinete de Ossorio.

La petición inicial de Más Madrid se centró en “realizar una jornada de trabajo” para analizar “qué políticas se pueden desarrollar desde la Comunidad de Madrid para incidir en la mejora de la situación socioeconómica de las personas refugiadas que llegan a nuestra región”. Y lo que le reprochan desde la Presidencia regional es la omisión de información del evento que sí que está en su página web, como que se iban a centrar “principalmente en la situación del pueblo palestino” o que el encuentro estaba anunciado como un acto para “visibilizar la situación de Palestina”

“Desde Más Madrid consideramos urgente e imprescindible alzar la voz desde las instituciones públicas y fomentar la construcción de espacios de solidaridad y reflexión colectiva frente a la situación a la que se está sometiendo al pueblo palestino”, este es otro de los párrafos sobre el evento que destacan desde la Presidencia de la Asamblea, en la notificación enviada este lunes al grupo parlamentario de Bergerot. Por lo tanto, la Presidencia de la cámara regional decide dejar “sin efecto la atutorización otorgada” previamente a Más Madrid para realizar el acto que tenían programado en la Asamblea de Madrid.

Consultado por esta respuesta, desde el equipo de prensa de la Asamblea aseguran que la Presidencia “no ha cancelado la celebración de ningún acto de Más Madrid”, explican que la “autorización inicial ha quedado sin efecto” porque “el objeto real del acto no tenía nada que ver con el que” el partido de Bergetor “había indicado”.

La Justicia ha reactivado la investigación sobre lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Dos juzgados de instrucción han reabierto dos causas –que ahora se unifican– contra varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para esclarecer cómo se implementó el protocolo que impidió la derivación de miles de ancianos.

Esta decisión surge de una nueva estrategia judicial de los familiares de las víctimas que, por primera vez, han logrado que varios gestores de la crisis comparezcan como imputados. Este avance lo han conseguido tras iniciar un nuevo procedimiento contra los ex altos cargos de Ayuso por un presunto delito de denegación discriminatoria.

Carlos Mur, Alberto Reyero, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño son los primeros gestores citados por los jueces para que den explicaciones sobre lo ocurrido durante aquellos días y justifiquen por qué se implementó un triaje que dejó a más de 7.000 usuarios de residencias sin asistencia sanitaria. Estos son los rostros que gestionaron aquella crisis.

Enrique Ruiz Escudero. Actualmente, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y senador, durante la pandemia fue consejero de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es uno de los máximos responsables políticos de lo que sucedió en las residencias, ya que el 26 de marzo de 2020 la presidenta quitó las competencias de las residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, y se las transfirió a la de Sanidad.

“La actuación de la Comunidad de Madrid fue la correcta”, aseguró Escudero al ser preguntado sobre las decisiones de su Ejecutivo durante la crisis sanitaria, a pesar de que los datos desmienten esta afirmación. Una investigación académica liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui concluyó que la tasa de mortalidad (40%) por Covid de mayores que vivían en residencias durante la primera de ola de la pandemia, y que no fueron hospitalizados, fue mucho mayor en la Comunidad de Madrid, que en otras regiones, en las que osciló entre el 7,7% y el 25,9%.

Escudero llegó a contradecir a Ayuso, que aseguró que los protocolos eran meros borradores y que “no se llevaron a ningún lugar”. A diferencia de la presidenta, el exconsejero aseguró en la Asamblea de Madrid que esas decisiones de triaje sí que llegaron a las residencias y los hospitales, aunque dijo que se hizo “por error”.

Alberto Reyero. Siendo aún consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Reyero fue muy crítico con los protocolos que impedían la derivación de ancianos de residencias a hospitales. Primero mostró sus discrepancias en privado, enviando correos electrónicos a Escudero. Posteriormente, lo hizo en público. En la Asamblea de Madrid aseguró que esa instrucción “no es ética y posiblemente no sea legal”, también se manifestó “absolutamente a favor” de que se produjese una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias.

El 22 de marzo de 2020 Reyero escribió a Escudero, en un mail que meses después fue publicado por El País: “Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas”.

El exconsejero de Ciudadanos nunca recibió respuesta. “Siempre se explicaba que las decisiones sobre derivar o no a una persona se basaban en criterios clínicos y personalizados. Las di por buenas, pero, según fueron pasando los días, me di cuenta de que eso no era correcto y que lo que se estaba haciendo era una discriminación en bloque a personas simplemente por el hecho de vivir en una residencia, de tener discapacidad y dependencia”, apuntó Reyero en una entrevista con elDiario.es.

Carlos Mur. Fue cesado dos meses después de que estallara la pandemia. Cuando irrumpió el virus en las residencias, ocupaba el cargo de director general de Coordinación Sociosanitaria y fue el encargado de firmar las distintas versiones de los protocolos. “Carlos Mur ha hecho un gran trabajo en las residencias de mayores, y es una de las personas que más ha contribuido para frenar la crisis en ella”, aseguró Ayuso en su perfil en X cuando le destituyó. El tiempo demostró que esa afirmación no era cierta, ya que Mur nunca volvió a la Comunidad de Madrid. Su último puesto de trabajo fue el de jefe de servicio de salud mental en el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, según su perfil en Linkedin.

Con la decisión de un juzgado de instrucción de Leganés y otro de Madrid de investigar si las órdenes implementadas por la Consejería de Sanidad fueron discriminatorias o no, Mur tendrá que declarar por primera vez como imputado. Lo hará en las dos causas.

Esa comparecencia no será la primera en la que el psiquiatra explique su versión de los hechos, ya que lo hizo previamente en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid y en sede judicial, pero, en esa última citación lo hizo, como testigo. En la cámara regional aseguró que los documentos que firmó no eran “borradores”, sino que era una estrategia sanitaria con la que aportar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”.

Además, Mur se descargó de responsabilidad, ante las preguntas de los diputados, asegurando que “siempre” mantuvo informados a sus superiores directos. En su declaración, señaló a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, también imputado en las dos causas abiertas por los protocolos. El psiquiatra aseguró que fue su sustituto el que coordinó con 18 geriatras el texto que él posteriormente firmó.

Francisco Javier Martínez Peromingo. La defensa de las familias sitúan a este sanitario como el “coordinador del llamado Protocolo técnico, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse”. Él también compareció en la Asamblea de Madrid y desmintió las afirmaciones que hizo en la comisión de investigación. Cuando estalló la pandemia era jefe de servicio de geriatría en el hospital público Rey Juan Carlos de Móstoles, gestionado por el grupo Quirón.

Martínez Peromingo aseguró que las instrucciones firmadas por Carlos Mur eran “recomendaciones”. “Yo no lo entendí como una orden”, aseguró durante el interrogatorio de los diputados de la oposición. En esa intervención reconoció que no estaba de acuerdo con los criterios que quedaron por escrito en los documentos, y reseñó: “Tal y como está redactado, me refiero a la parte que se remitió, parece discriminatorio”.

Además, preguntado sobre la gestión de su antecesor en el cargo, confesó que no creía que lo hubiese hecho “todo bien”. Se vivió “una situación complicadísima” y “cometió muchos errores”, entre ellos, detalla “el envío” de los protocolos, a los que se refirió como “borradores o no borradores”: “No dejándose asesorar”. Tras salir del gobierno regional, Martínez Peromingo volvió al grupo Quirón, al servicio de geriatría de la Fundación Jiménez Díaz.

Antonio Burgueño. Su asesoramiento a la Comunidad de Madrid duró pocos días, aun así ha sido uno de los primeros testigos en declarar en las nuevas investigaciones judiciales que se han abierto para analizar la aplicación de los protocolos que impidieron la derivación sanitaria. “Solo daba consejo por teléfono cuando me lo pedían. A los tres o cuatro días me aparté porque los médicos de la sanidad madrileña se opusieron a que yo participara”, explicó el facultativo meses después en una entrevista con El País. Su fichaje como “asesor externo” generó críticas por su pasado como exdirector general de Hospitales y arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid impulsada por los gobiernos de Esperanza Aguirre.

La primera llamada para sumarse al equipo conformado por la presidenta para hacer frente a la pandemia se produjo el martes 10 de marzo de 2020 a las cinco de la tarde, como explicó en la citada entrevista. Fue la propia Ayuso la que levantó el teléfono para hablar con él y le citó un día después. A esa reunión en la Puerta del Sol también acudió su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; los exconsejeros de Sanidad y de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Lasquetty.

Cinco años después, en uno de los juzgados que investiga la aplicación de los protocolos, declaró que en ese encuentro fue “nominalmente declarado mando único sanitario”. En ese momento, la magistrada ha parado la testifical de Burgueño ante la posibilidad de que pueda llamarle como investigado y no perjudicar, de esta forma, su derecho a la defensa.

En esa reunión del 11 de marzo, no se mencionaron los protocolos que impidieron la derivación de los mayores que vivían en residencias a los hospitales, según explicó el abogado de la acusación. Siempre que ha sido preguntado por esas instrucciones, Burgueño se ha desvinculado de esas medidas. “Yo no he visto esos protocolos. Los geriatras que los elaboraron pensaban que alguien vería a esos enfermos”, aseguró en la entrevista que dio a El País.

Pablo Busca. Era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las familias le han denunciado porque defienden que “las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace”.

Busca coordinó el Summa 112 de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2022, posteriormente dirigió la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud y desde octubre de 2024 es coordinador de Emergencias de Osakidetza, sistema vasco de salud.

Ana Dávila. Cuando estalló la pandemia, era viceconsejera de Asistencia Sanitaria y la directora general del Servicio Madrileño de Salud. Reyero señaló a Dávila en su libro 'Morirán de forma indigna', por no proporcionar medios sanitarios a las residencias. “No quisieron entender nunca algo que les repetimos constantemente; que había más de 100 residencias que no contaban con un médico; y que la plantilla sanitaria era muy limitada en las residencias que sí lo tenían”, expuso el exconsejero, tal y como publicó elDiario.es.

Dávila fue uno de los 18 altos cargos de la Consejería de Sanidad a los que Mur remitió el protocolo, tal y como él mismo reconoció en la comisión de investigación de las residencias abierta en la Asamblea de Madrid. En su comparecencia en la cámara autonómica se dio la situación paradigmática de que Dávila también era miembro de la propia comisión, ya que tras su destitución fue integrada por el PP en ese grupo de trabajo. Tras las últimas elecciones generales, Ayuso la escogió como consejera de Asuntos Sociales. Desde entonces, es la encargada de gestionar los asuntos de lo que sucede en las residencias.

Isabel Díaz Ayuso ha recordado las torturas que sufrieron los opositores al franquismo en la sede que alberga su Gobierno. Lo ha hecho en un acto institucional con el que su equipo ha celebrado el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Ejecutivo autonómico. Un homenaje que ha sido sobrio, sin gran carga política, y en el Nacho Cano ha acaparado el protagonismo al realizar una mención velada desde el escenario a la investigación al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Al concluir su actuación musical, se ha dirigido a la Guardia Civil y ha lanzado este mensaje: “Creo que vais a salvar el país”.

Sus palabras han sido recibidas por los asistentes con una cerrada ovación. Minutos antes, la presidenta había recordado hace cuatro años Cano y ella se conocieron en ese mismo escenario, cuando la mandataria le otorgó la medalla del 2 de mayo. “Lo que han dado de sí estos años”, ha ironizado la presidenta, tras la investigación judicial abierta al artista –y finalmente archivada– por la situación laboral de sus becarios en el musical Malinche.

Ante la presencia de algunos de sus antecesores, como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina, Ayuso ha celebrado que la Real Casa de Correos “ha sido testigo de los episodios más trascendentes de la historia de España, como los levantamientos del 2 de mayo, la proclamación de la Segunda República, en 1931 desde el mismo balcón en el que Rafael Nadal recibió la medalla de la Comunidad de Madrid, o equipos madrileños celebraban triunfos, o David Bisbal cantaba para todos sus villancicos navideños”.

La presidenta ha tenido unas palabras para las víctimas del franquismo que fueron vejados y maltratados en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. En su discurso ha recordado el edificio homenajeado fue “escenario de una dura persecución y detención de los opositores al régimen, con frecuentes episodios de maltrato y torturas a muchos de los detenidos”.

“Entre ellos, al padre del presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz- Gallardón. Por aquí pasaron opositores políticos de todo signo, desde monárquicos y liberales, a comunistas y socialistas”, ha destacado, para celebrar posteriormente que fue Leguina quien recuperó este edificio para los madrileños.

En su alocución, Ayuso ha evitado mencionar el conflicto abierto que tiene con el Gobierno central ante su negativa a colocar una placa en la Real Casa de Correos que recuerde su pasado franquista. Se ha limitado a asegurar que durante la Transición este edificio fue “un símbolo de concordia y reconciliación”. Y ha añadido: “Estos lazos de generosidad fraterna por parte de quienes sufrieron y vivieron los horrores de la Guerra Civil no pueden ser hoy deslegitimados”.

Este acto no es el único evento que ha programado la Comunidad de Madrid para homenajear a la Real Casa de Correos. Esta tarde, a partir de las ocho, se celebrará un concierto en la Puerta del Sol. Allí participarán artistas como Alice Wonder, Ede, Chloé Bird, Paul Alone, Sole Giménez, Jeanette, Conchita, Queralt Lahoz, Rubi, Josemi Carmona o Rebeca Jiménez.

Ayuso sitúa a la Universidad, y a la protesta estudiantil, en el disparadero de sus políticas educativas. El borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid articula un reglamento sancionador que abriría la puerta a penalizar escraches universitarios, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero. También se recogen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus”.

El texto regula específicamente como una infracción grave “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, según el borrador adelantado por El País y consultado por elDiario.es.

Eso fue lo que sucedió durante el acto al que asistió Espinosa de los Monteros, y que fue boicoteado por centenares de estudiantes. El expolítico de Vox iba a participar en un evento de la asociación conservadora 'Libertad sin ira', finalmente se canceló debido a la oposición estudiantil. La propia presidenta sufrió una protesta en sus carnes cuando fue a recoger el título de alumna ilustre que le otorgó la Universidad Complutense. En aquella ocasión el Gobierno regional había convocado a miembros de Nuevas Generaciones, su organización juvenil, para contrarrestar a los centenares de estudiantes que se manifestaron.

Las infracciones graves se penalizarán, si se aprueba el borrador tal cual está redactado, con una multa de 15.000,01 a 100.000 euros. En esa categoría también se incluyen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino.

La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso asegura que interpretar que este régimen sancionador castigará con hasta 100.000 euros los “escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad” es una “manipulación hasta la falsedad el contenido” del texto. Además, aseguran que, aunque El País lo haya publicado este miércoles, el texto es un “un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024, y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces”. La presidenta también se ha pronunciado, asegurando que la “noticia es falsa”.

“Con esto no se contraviene ninguna norma estatal. Al contrario, sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022. Precisamente lo que protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios”, apuntan desde el Gobierno de Ayuso. Se ha pronunciado el consejero, Eduardo Viciana, que asegura que su equipo se limita “a poner de manifiesto la necesidad de contar con un marco jurídico para poder establecer una serie de sanciones que ahora mismo no existen en el ámbito autonómico”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado esta mañana el borrador de ley esta mañana. “Yo creo que está siguiendo la estela contra la universidad del señor Trump (el presidente de EEUU, que está en guerra abierta contra Harvard) y nos recuerda mucho el 'muera la inteligencia' de hace muchos años”.

La ministra entiende que Ayuso, con quien tuvo un encontronazo el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes, está desplegando “una guerra contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos”. La presidenta regional sufrió una multitudinaria protesta en el campus de la Complutense cuando fue a recoger la distinción como alumna ilustre que le otorgó la universidad, y ha comentado en ocasiones que está colonizada por la izquierda.

UCM x la Pública, la organización que está canalizando las protestas en la Complutense, ha emitido en la mañana de este miércoles un comunicado por el que valoran que la propuesta de Ayuso “responde al auge de la movilización por la Educación Pública en Madrid con una Ley que amenaza con astronómicas sanciones y con condenarnos al ostracismo por ejercer los derechos fundamentales de manifestación y protesta”. “En lugar de querer silenciar y controlar la universidad, exigimos al gobierno de la comunidad que dote de presupuestos dignos y no estrangule la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad”, añade la plataforma.

Otras acciones sancionables

Otros hechos sancionables contemplados en el borrador se producirán si, “en el ejercicio de la autonomía universitaria por parte de las autoridades académicas”, se permite “el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”.

Además, el borrador contempla multas si se “discrimina” a “asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondos, actividades y participación general en la vida universitaria”. Con todo el texto, busca imponer medidas disciplinarias graves si se impide “el libre ejercicio del derecho de manifestación y protesta con la debida autorización o comunicación, y dentro de los límites legales”.

El consejero de Educación, Eduardo Viciana, defendió hace unas semanas un régimen sancionador para “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación”.

El responsable de la enseñanza madrileña aseguró que protestar está muy bien, pero “no se puede permitir que este tipo de actuaciones impida el desarrollo de la vida universitaria, que se cierren espacios, que no se pueda acceder a las aulas”, y recordó que son los rectorados los encargados de hacer cumplir el orden. Preguntado específicamente por las acampadas, rechazó “bajar a ese nivel de detalle”, pero acabó concediendo que “no tiene por qué suponer una vulneración de la libertad”.

Las infracciones muy graves oscilarán entre los 100.000 y el millón de euros. Esas violaciones severas de la ley universitaria madrileña incluyen, entre otras, el incumplimiento de la Constitución, así como que “se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.

La Comunidad de Madrid prevé sancionar con hasta un millón de euros a aquellas personas o instituciones que dificulten “la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, y a aquellas que permitan “la celebración de referéndum ilegales”.

Con este régimen sancionador, la Comunidad asegura que dará “herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente”.

“Los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales”, indican desde la Consejería de Educación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que su Gobierno reconocerá la figura de la artista Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024, a la que concederán el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid de 2025 en la categoría de Artes Cinematográficas Audiovisuales. La mandataria ha reconocido que la actriz madrileña es “una de las más emblemáticas de su generación”, ha asegurado durante la presentación de la nueva temporada de los Teatros del Canal.

“Trabajó con algunos de los directores más importantes, como Fernando Trueba, Fernando Fernán Gómez o Pedro Almodóvar, con quien alcanzó el cénit de su carrera con películas como Tacones lejanos, La flor de mi secreto o Todo sobre mi madre”, ha explicado Ayuso, que ha reseñado que con esos papeles “se ganó el prestigio y la admiración del gran público”. La bailaora Belén López y el crítico de cine Andrés Amorós también recibirán la misma distinción.

“Nacida en Madrid, donde murió a los 78 años tras una exitosa carrera en la interpretación, actuó en más de 75 películas dentro y fuera de España, desarrollando también su profesión en el teatro y la televisión. Fue además presidenta de la Academia de Cine desde 2000 hasta 2003 y recibió el Goya de Honor otorgado por esta institución en 2018”, ha recordado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

Además de su carrera artística, Paredes también acaparó la atención de los medios por su posicionamiento político. Fue muy crítica con Ayuso y encabezó la oposición vecinal a las talas de árboles en el centro de Madrid. “Benefician a intereses privados perjudicando las aspiraciones del barrio”, aseguró la actriz. Tras su muerte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se negó a reconocer a la artista, como le pidió la oposición en reiteradas ocasiones.

En el velatorio de Concha Velasco, Paredes fue muy crítica con la presidenta madrileña, en una imágenes que se viralizaron. “¿Isabel Díaz Ayuso? Por dios, ¿pero qué hace aquí? ¡Fuera!”, espetó la artista ante los micrófonos de la prensa, cuando la jefa del Ejecutivo autonómico estaba entrando en la capilla ardiente de la histórica 'chica yeyé'. Meses más tarde, Paredes se justificó en una entrevista con Marc Giró en su programa ‘Late Xou’ asegurando que la visita de la mandataria madrileña “realmente no tenía mucho sentido”. “Concha era de izquierdas, claramente, y Ayuso, que yo sepa, no”, le explicó a Giró.

Isabel Díaz Ayuso no ha descartado este lunes la opción de postularse en el futuro a liderar el PP y disputar el liderazgo a Alberto Núñez Feijóo. “Son cuestiones para siguientes congresos”, ha respondido tras ser preguntada en una entrevista en Espejo Público por su posicionamiento a favor de 'un militante, un voto', ya que “posiblemente” con esta fórmula ella “tendría más apoyo de las bases que otros candidatos”, tal y como le ha planteado la presentadora Susanna Griso, que ha llegado a insinuar que incluso este posicionamiento podría estar pensado de cara al futuro, en caso de que en algún momento decidiera “cuestionar” el liderazgo de Feijóo.

En su respuesta, la presidenta madrileña no ha querido cerrar la puerta a esta posibilidad: “Son decisiones para el futuro y nosotros estamos aquí en el presente”. Además, ha defendido la necesidad de un sistema “más democrático, abierto y libre” para elegir a los futuros líderes del partido. “Pensamos que es mejor”, ha reseñado, después de que Griso le recordara que, en 2018, Soraya Sáenz de Santamaría contó con el respaldo de los militantes, pero fue Pablo Casado quien obtuvo el apoyo de los compromisarios y finalmente se alzó con la presidencia del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado estas declaraciones tras la manifestación que organizó su partido este domingo en la Plaza de España bajo el lema “mafia o democracia” y la exigencia de un adelanto electoral. Ante decenas de miles de personas –50.000 según Delegación del Gobierno, el doble según el PP–, Ayuso recabó más aplausos y vítores cuando saltó al escenario que su jefe de filas.

Ayuso asegura que el PP no es “una secta”

Preguntada de nuevo en Espejo Público sobre si defiende que su partido debería promover una moción de censura en contra de Pedro Sánchez, la mandataria se ha limitado a asegurar que Núñez Feijóo tiene “todo” su apoyo. Además, Ayuso ha normalizado la “disparidad de criterios en algunas cuestiones” y que se verán en el Congreso a principios de julio porque no son “una secta, sino un partido político”, ha reivindicado.

Aun así, la jefa del Ejecutivo autonómico considera que hay cierto nivel de acuerdo con la dirección del partido en revisar el actual sistema de primarias de doble vuelta del partido, primero votan los afiliados y luego los compromisarios, que se implantó en 2017 con Mariano Rajoy. “Feijóo tampoco está de acuerdo con que sea la militancia la que decida un candidato y luego por compromisarios eso se desluzca”, ha indicado.

Tras su plante en la Conferencia de Presidentes a los mandatarios autonómicos cuando utilizaron el catalán y el euskera para expresarse en la reunión, y su negativa a dar dos besos a la ministra Mónica García, la presidenta ha continuado este lunes defiendo su argumentación. Insiste en asegurar que Más Madrid, partido al que pertenece la ministra de Sanidad, le ha llamado asesina, algo que desmienten desde esa formación.

“Se me ve incómoda”, ha reconocido Ayuso al observar las imágenes de su plante a García. “No lo puedo fingir”, ha insistido, a la vez que ha reprochado a la ministra que se le “encara”, “sin respetar las distancias”.

Además de abrir brecha contra el presidente de su partido, también lo ha hecho con el del Gobierno, la mandataria ha asegurado que “Sánchez pretende ser el jefe del Estado y no el Rey y”. “Por eso, todas las concesiones que todos los días vemos”, entre ellas, según la presidenta, la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes, que contribuyen a remper “el país a la cara, a sorbitos y no pasa nada”. Y ha añadido: “Como lo denuncies o como te parezca mal, es que eres extremista”.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar esta semana contra Alberto Reyero, exconsejero de Asuntos Sociales por Ciudadanos durante la pandemia. En una entrevista con Telemadrid, la presidenta madrileña llegó a calificarlo de “desleal”. Reyero fue el primer miembro de ese Gobierno que alertó sobre las decisiones que se estaban tomando en la Consejería de Sanidad al evitar la derivación de ancianos contagiados por COVID-19 en las residencias. Aquella época, marcada por la crisis sanitaria y la gestión de los centros de mayores, quedó relatada en su libro Morirán de forma indigna (Libros del KO, 2022).

El exconsejero se ha convertido en uno de los grandes apoyos de las familias de las víctimas de la pandemia. Este martes fue uno de los primeros testigos en declarar en la causa abierta por un Juzgado de Leganés para investigar los protocolos implementados por el Gobierno de Ayuso. En ese proceso están imputados Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis de la COVID-19, y su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. Estos dos profesionales sanitarios ya estaban citados como investigados en la causa abierta por el Juzgado número 3 de Madrid.

¿Qué balance hace del hecho de que, cinco años después, varios altos cargos de la Comunidad de Madrid tengan que dar explicaciones ante la Justicia por los protocolos que impidieron la derivación de miles de ancianos?

Llega tarde. Cinco años después es mucho tiempo, y una de las cosas que me parece muy positiva es celebrarlo por las familias, que han estado luchando durante todo este tiempo. Han sido cinco años difíciles, pero parece que empiezan a ver algo de luz al respecto. Yo siempre lo digo con mucha cautela, porque tampoco sabemos qué es lo que va a significar. Ha habido muchos juzgados que han archivado las causas, pero hay dos en los que parece que van a prosperar y en los que van a declarar altos cargos del Gobierno de Ayuso. En ese sentido, estamos expectantes, a la espera de ver qué es lo que cuentan.

Usted declaró el martes como testigo en la causa abierta por un juzgado de Leganés. ¿En qué consistió su comparecencia?

La declaración que hice ayer [por el martes] en el juzgado fue muy similar a lo que vengo diciendo desde que era consejero, cuando escribí el libro y también cinco años después. Considero que los protocolos eran discriminatorios, y que el carácter delictivo o no de los mismos lo tendrá que decidir un juez. A partir de ahí, hice un pequeño repaso de aquellas cosas que me preguntaron las partes.

El mismo día de su declaración, en una entrevista en Telemadrid, la presidenta aseguró que se arrepiente de los “fichajes que hizo de Ciudadanos”, entre los que usted se encuentra, por “desleales y canallas”. Llegó a asegurar que a usted le “tuvo que destituir”.

Se retrata por sí misma. En el gobierno no estábamos fichajes de Ciudadanos, éramos un gobierno conjunto entre PP y Ciudadanos. Nadie me destituyó, sino que dimití. No voy a entrar en descalificaciones porque el único objetivo que tienen es desviar la atención. Lo que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es dar explicaciones sobre por qué elaboraron esos protocolos y reunirse con las familias. Después de cinco años, ya le falta tiempo para hacerlo.

Usted dimitió en octubre de 2020, meses después de la aplicación de los protocolos. ¿Por qué tomó la decisión en ese momento?

Decidí dimitir cuando acabó la primera ola, a mediados de junio. Creía que por responsabilidad no me podía ir en medio de la primera ola. Lo transmití a mi partido, al que debía el hecho de ser consejero. Al principio, hubo mucha resistencia. No me quería ir por las bravas, aunque era una decisión mía y lo podía haber hecho perfectamente. Hasta que al final conseguí convencerles y me marché en octubre. Esos últimos meses se me hizo muy difícil compartir espacio y mesa con personas que me habían demostrado que no tenían ningún escrúpulo.

Cuando ya manifesté públicamente lo que pensaba de los protocolos, la reacción que hubo me reafirmó en que no tenía ningún sentido continuar allí porque, además, me estaba enfrentando a un poder mediático contra el cual yo no podía hacer nada. En algún momento intentaron señalarme como responsable de lo que estaba ocurriendo. Luego encontraron el chivo expiatorio de Pablo Iglesias y parece que se olvidaron un poco de mí.

Usted, que formó parte de un gobierno de Ayuso, conoce bien el engranaje de la Puerta del Sol. ¿Cómo cree que han sido acogidas estas dos decisiones judiciales por parte de Ayuso y de su jefe de gabinete?

Parece que hay algo de confusión y, además, algunos comentarios respecto a la Fiscalía y, en concreto, a la primera jueza, me han sorprendido. Últimamente se habían convertido en los adalides de que no se podía criticar a ningún juez y precisamente lo que han incurrido es en achacar que la jueza del primer juzgado [que abrió una investigación por los protocolos] parece que fue alto cargo de [José Luis Rodríguez] Zapatero.

Creo que siempre hay que respetar a los jueces, tanto cuando lo que dicen nos gusta como cuando no nos gusta. En este caso, parece que no les gusta, pero habrá que esperar a ver qué ocurre, porque a lo mejor deciden archivarlo. Y tampoco podríamos decir que eso es por alguna razón espuria. Veremos qué deciden.

La primera buena noticia es que van a investigar los protocolos, que hasta ahora eso no se había hecho. Hasta ahora, las personas imputadas solían ser directores de residencia o médicos, quienes sufrieron la aplicación de esos protocolos. Ahora, parece que se va a ir al meollo de los que lo crearon: el firmante y quien dicen que fue el ideólogo.

¿Qué responsabilidad cree que tuvieron realmente las personas que están imputadas, como Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, en la implementación del protocolo?

El primer protocolo fue el 18 de marzo. El segundo, el 20. Ese lo conocí el día 21, el día 22 informé al consejero de Sanidad [Enrique Ruiz Escudero] acerca de lo que pensaba, las consecuencias que eso podría tener, y hablaba de lo que luego se convirtió en el título de mi libro: que morirían de forma indigna si se aplicaran esos protocolos. Por lo tanto, si hubiera ido por libre en ese momento, que lo dudo, hubieran reaccionado. Entiendo que formaba parte de unas decisiones que no acabo de comprender por qué se tomaron y de las que espero que, por una vez, haya explicaciones que no se han dado ni en sede judicial, ni ante los periodistas, ni en la propia Asamblea.

¿Qué respuesta le dio Enrique Ruiz Escudero?

Nunca me dieron una respuesta directa a eso y, por supuesto, nunca por escrito. Siempre se explicaba que las decisiones sobre derivar o no a una persona se basaban en criterios clínicos y personalizados. Las di por buenas, pero, según fueron pasando los días, me di cuenta de que eso no era correcto y que lo que se estaba haciendo era una discriminación en bloque a personas simplemente por el hecho de vivir en una residencia, de tener discapacidad y dependencia.

Es una discriminación que, por ejemplo, no se produjo con personas con la misma discapacidad y dependencia que vivían en sus domicilios particulares, que podían acudir a urgencias al hospital, se las valoraba y se decidía qué hacer con ellas. En este caso, es que no había esa posibilidad, sino que había un bloqueo absoluto por parte del hospital en cuanto se les llamaba por teléfono. Desgraciadamente, la única vía que se abrió, y de manera indecente, fue que pudieron ser derivados quienes tenían un seguro privado, que fueron los que superaron esos obstáculos.

La apertura de estas nuevas causas judiciales se debe a un cambio de estrategia judicial por parte de la defensa de los familiares de las víctimas. ¿Cómo valora la lucha de las familias durante cinco años para intentar que alguien asuma algún tipo de responsabilidad por las decisiones que se tomaron?

Lo valoro muy positivamente, porque es una lucha que ha sido muy complicada, muy difícil, con muchos reveses, y que va teniendo sus frutos. Me alegro de que se den pasos para una reparación. Lamentablemente, con las familias ha ocurrido, como en otras tragedias, parece que las víctimas de desgracias que se producen bajo gobiernos del Partido Popular se convierten en enemigos. Se les acusa de estar politizados, totalmente instrumentalizados por los partidos, de solo querer hacer daño.

Lo que quieren es averiguar qué es lo que pasó con su padre, con su madre, con su abuelo, con su abuela. Y quieren respuestas, y hasta ahora no se les ha dado ninguna. Desgraciadamente, cinco años después, es duro decirlo, pero no ha habido ni una reunión por parte de la presidenta con las víctimas. Eso no significa reconocer ninguna responsabilidad, simplemente sentarse con ellas y sentir su dolor. No acabo de entender por qué se produce esa situación, pero, cinco años después no ha habido ninguna reunión entre las familias y el gobierno.

La presidenta aseguró que las personas mayores que tenían Covid en la primera ola de la pandemia “no se salvaban en ningún sitio”. Su jefe de gabinete lanzó bulos en redes sociales señalando a hijas de fallecidos. ¿Cómo valora la actitud que ha tenido Ayuso y su Gobierno con estos familiares?

Me parece una absoluta falta de empatía y creo que es lo mínimo que tiene que tener cualquier cargo público. Parece que ser 'malote' ahora está de moda (...). No podemos negar que vivimos una situación extrema, en la que hubo muchos fallecimientos y la situación era extremadamente complicada. Pero hubo gente que se salvó, aproximadamente el 60% de las personas de residencias que fueron a hospitales sobrevivieron, con lo cual, los hospitales fueron lugares en los que muchas personas sobrevivieron.

No solo se trataba de que morían o sobrevivían en el hospital, sino cómo morían. No es exactamente la frase que dijo [Ayuso], pero es muy parecida a lo de “se morían igual”. No es lo mismo morir con tranquilidad, con atención sanitaria, con cuidados paliativos, con morfina, que morirse sin ningún tipo de atención sanitaria. Morirse en una situación de neumonía o de COVID significa morirse ahogados por falta de aire.

Usted, que ha formado parte de un Gobierno de Ayuso, ¿intuía en ese momento el perfil político que tenía la presidenta?

Se empezó a perfilar políticamente Ayuso a partir de la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, que fue el momento en el que decidieron que había que darle una visibilidad nacional, que se convirtió en ser la anti-Sánchez. Así se empezó. Llegó la pandemia y se utilizó para sacarle partido a esa figura, además con muchísimo éxito, y para utilizar IFEMA, que se convirtió en una plataforma de marketing, un plató televisivo, un lugar que me parece absolutamente indigno.

Es uno de los grandes errores del Gobierno, tendrían que explicar por qué se enviaron 1.800 sanitarios a IFEMA y no se envió a nadie a las residencias. Durante el tiempo en el que estuvo abierto [el hospital de] IFEMA, solo fallecieron 16 personas de 3.800 que ingresaron ahí. Y en las residencias madrileñas fallecieron en torno a 5.000 durante ese mismo periodo.

¿Qué relación mantuvo en aquel momento usted, que era consejero de Políticas Sociales, con los familiares de los fallecidos?

Durante la pandemia mantuvimos un contacto directo, normalmente a través de mi gabinete. Siempre he relatado que la primera reunión que tuvimos en julio de 2020 fue tensa. Fue complicado porque, después de lo que había ocurrido, reunirnos con las asociaciones de familiares fue incómodo para todos, pero forma parte también del trabajo de un político el reunirse cuando las cosas no han ido bien, dar explicaciones.

Puedo explicar todo lo que hice, lo que hice bien y lo que hice mal. Los que no se reúnen con las familias no tengo tan claro que sean capaces de dar determinadas explicaciones, y por eso creo que rehúyen este tipo de encuentros. En esa reunión, di las explicaciones que les podía dar estando en el gobierno, que eran limitadas. Ahora mismo mantengo muy buena relación con las distintas organizaciones de familiares.

¿Se arrepiente de alguna decisión que tomó como consejero en aquella época?

Hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera. En algún momento he pensado si no pude haber hecho más con relación a los protocolos. Luego también pienso que hice más que nadie; realmente nadie hizo demasiado. Ahora todo se ve muy claro, pero había veces que actuabas un poco a ciegas. Siempre pongo el ejemplo de un libro de Stendhal, de La Cartuja de Parma, donde el protagonista con 18 años se va a la batalla de Waterloo. No se entera de lo que está pasando allí y pregunta: “Pero, ¿ya terminó la guerra?”. Pensar que en la batalla más importante del siglo XIX, una persona que estaba en el meollo, no entendió lo que pasaba, es un poco lo que sentí durante la pandemia. Realmente, he ido conociendo posteriormente muchas cosas.

Todavía hay días que me sorprendo con información de lo que pasó en determinado momento y que me había pasado desapercibida. Escribir el libro también me sirvió para ordenar todo lo que había ocurrido, todo lo que había hecho y demás, pero, insisto, parece que nos olvidamos de la poca información que teníamos, del miedo que pasamos en aquellos días, parece que lo hemos dejado pasar y que no es importante.

Durante la pandemia, los trabajadores de las residencias fueron muy señalados, algo que muchos de ellos no olvidan. ¿Ha cambiado algo en los centros de mayores cinco años después?

La situación de las residencias no la conozco de la misma manera que la conocía en su momento. Todo el mundo me dice que están peor de lo que estaban entonces. Lo tengo que creer. Es verdad que a las trabajadoras de las residencias se las trató muy mal; la sociedad las criminalizó. Parecía que era un lugar en el que la gente disfrutaba viendo morir a los mayores, cuando en realidad son personas muy abnegadas y acostumbradas a gestionar la muerte. Las personas que van a las residencias no están como en una escuela de educación infantil. Allí la gente fallece en circunstancias normales y es ley de vida. Se las trató muy mal. Eso es un debe de la sociedad española, y creo que no prestamos suficiente atención a los cuidados en general y a los cuidados a las personas mayores.

Entrevista completa a Alberto Reyero:

Vídeo y fotografías: Lourdes Jiménez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre su asistencia a la Conferencia de Presidentes en el pleno de la Asamblea de Madrid. La mandataria ha asegurado que tiene “pocas expectativas” sobre la evolución de ese encuentro. “Vamos a ir por coherencia, porque tantas veces las hemos pedido antes”, ha apuntado.

“Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro, en el mismo idioma, o me saldré. Ya veré lo que haré con esos pinganillos, no me los pondré. Utilizan el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo catalán”, ha afirmado.

Vox le ha recriminado a la presidenta su asistencia a esta reunión, ante los descalificativos que diariamente lanza contra Pedro Sánchez. La portavoz de la formación de extrema derecha, Isabel Pérez Moñino, ha sido contundente, asegurando que su partido no se sentaría “con la mafia”.

El PP ha amagado hasta casi el final con plantar a Pedro Sánchez y no acudir a la Conferencia de Presidentes en Barcelona, presidida por el rey. Pero el Ejecutivo cortocircuitó este martes el boicot y asumió el conjunto de temas demandados por las comunidades gobernadas por el PP, dejando sin excusas al partido.

El lema escogido por el PP, 'mafia o democracia', para manifestarse contra el Gobierno central este domingo en Madrid ha protagonizado el pleno de la Asamblea de Madrid. La oposición ha recurrido a este eslogan para cargar contra algunas de las polémicas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y su entorno.

“¿Contratar por más de 83.000 euros al señor Bonilla es mafia o democracia?, ¿poner toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para defender a un procesado por defraudar es mafia o democracia?”, le ha preguntado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a la presidenta autonómica, en alusión al caso por fraude fiscal que tiene abierta la pareja de la mandataria y a los mensajes que el gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud y excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, se cruzó durante cinco años cuando estaba en activo con un confidente que revelan que le facilitó información confidencial y lo asesoró en sus denuncias.

Desde Más Madrid también han aludido al lema escogido por los populares para manifestarse. Su líder, Manuela Bergerot, le ha replicado a la presidenta: “Mafia o democracia dicen los que trafican con áticos y contratos sanitarios con Quirón”. Ante estas intervenciones, la presidenta ha pasado al ataque contra las representantes de los partidos de la oposición. Se ha dirigido a Espinar asegurando que es “la portavoz de la mafia”, y recordando la rueda de prensa que ayer dio Leire Díez, donde “la cloaca se pegó con el fango en directo”, según Ayuso.

A este pleno han acudido como invitados familiares de fallecidos en las residencias durante la pandemia. Desde Más Madrid y el PSOE les han recibido con una cerrada ovación, después de que Bergerot haya recordado en la Asamblea la declaración de Antonio Burgueño, asesor sanitario de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en un juzgado de Leganés, “un testimonio en sede judicial” que ubica a la mandataria “en la toma de decisiones de las residencias”, ha explicado Bergerot. La líder del partido autonómico ha asegurado que la presidenta “insultó, señaló y acusó” a “los familiares de las víctimas de los protocolos”

“Van p’alante dos y los que quedan”, ha reseñado Bergerot sobre las primeras imputaciones a exaltos cargos autonómicos durante la pandemia. “Los protocolos de la vergüenza quedaron registrados por escritos, dejaron morir a 7.291 por el hecho de vivir en residencias. Solo pasó en Madrid. Es imposible creer que no avaló los protocolos de la vergüenza”, ha indicado Bergerot. En su comparecencia, también ha reseñado que la Comunidad de Madrid ha “premiado” a los responsables de aquella estrategia, ya que el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ahora es senado, y su “mano derecha”, Ana Dávila, está “al frente de las residencias, como consejera de Asuntos Sociales”.

Tras el aplauso de los diputados progresistas a los familiares de residentes fallecidos, Ayuso no ha optado por bajar el tono. Para la presidenta “no hay algo más mezquino que utilizar el drama de las residencias con fines políticos, o sí, usarlo para tapar la mafia”. La presidenta ha insistido en varias ocasiones en que a la oposición madrileña “no le interesa lo que sucedió en las residencias de todo el mundo”. “Lo único que hacen política barata con las residencias”, ha apuntado.

Otra de las citas que tiene marcada en la agenda la presidenta autonómica es la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana en Barcelona, con la asistencia de todos los presidentes del PP. Vox le ha reprochado a Ayuso que “su Gobierno se reúna con la mafia en Barcelona”, debido a su asistencia al encuentro con Pedro Sánchez tras las críticas diaria que ella y su Ejecutivo vierten contra el presidente.

El viernes la mandataria acudirá a la conferencia, aunque ya ha amagado con levantarse de la mesa si no le hablan en español en las reuniones. “Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré. Ya veré lo que haré con esos pinganillos, no me los pondré”, ha asegurado la presidenta, que defiende que “utilizan el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se vuelve a enfrentar a su gestión en las residencias durante la pandemia. La apertura de dos causas judiciales contra varios ex altos cargos de su Ejecutivo para investigar cómo se implementó el protocolo que impidió la derivación de miles de ancianos vuelve a situar este asunto en el foco mediático y político. Desde el equipo de la presidenta madrileña se minimiza el alcance judicial de estas investigaciones. “Volverán a ser archivadas”, aseguró este viernes el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín, que acusó a la izquierda de “retorcer el dolor” y “tratar de judicializar” la gestión de las residencias.

La declaración de Burgueño como testigo este martes ha abierto la posibilidad de que el sanitario pueda ser citado como imputado en el futuro en la causa abierta por una jueza de Leganés, impulsada tras la denuncia de dos familiares de residentes por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La magistrada ha parado la testifical de Burgueño ante la posibilidad de que pueda llamarle como investigado, según ha informado el abogado de la acusación Carlos Castillo.

Al inicio de la pandemia, Ayuso llamó a Burgueño. Se reunió con ella y con los exconsejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Lasquetty, en la Puerta del Sol. Un día después, él y su equipo presentaron un plan con 270 tareas para combatir el coronavirus en Madrid. Ese es el relato que siempre ha mantenido en público el facultativo sobre su incorporación al equipo de la presidenta durante la pandemia, donde presentó servicios de asesoramiento, tal y como explicó en una entrevista con El País.

“La medicalización de las residencias no se llevó a cabo”, reconoció Burgueño en esa entrevista, en la que también reconoció que “faltó jerarquía, rapidez y eficacia”. “No ha pasado solo en la Comunidad de Madrid, sino en las 17 comunidades autónomas. Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados”, explicó.

Este martes Burgueño no fue el único en dar explicaciones sobre lo sucedido en las residencias de ancianos, también han declarado en el juzgado de Leganés el exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, muy crítico con los protocolos que impidieron la derivación sanitaria, y Juan Abarca, responsable de los centros privados HM Hospitales, que ha asegurado que por orden de la Comunidad de Madrid “no existieron derivaciones directas a los hospitales privados”, como ha señalado Castillo.

Burgueño también está citado a declarar en otra causa que abrió un juzgado de Madrid por los mismos hechos. Esta investigación fue reabierta a petición de la Fiscalía e impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos. Ante este nuevo proceso, la presidenta de la Comunidad de Madrid trató de desvincular a su Gobierno del facultativo, señalando que “era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un ex alto cargo de su Ejecutivo “no es ajustarse a la verdad” y busca “hacerle parecer aún más culpable”.

Como ya ha realizado en otras ocasiones, Ayuso se ha presentado como víctima de una “presunta operación de Estado”, tras conocerse la primera causa judicial en la que se imputó a dos de sus ex altos cargos por la implantación de los protocolos.

Ayuso se sitúa como víctima de otra “operación de Estado”

“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, respondió la mandataria el pasado miércoles al ser preguntada por la investigación a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. En la segunda causa, también está imputado Pablo Busca, quien era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que los protocolos no eran meros “borradores”, sino que pretendían dar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”. No obstante, defendió que no era una “exclusión generalizada”, ya que debía de evaluarse cada caso “de manera individual”.

Las familias han valorado “positivamente” sus declaraciones en el juzgado, y consideran que las declaraciones de los testigos pueden acercar a la jueza “al núcleo que tomó la decisión” de implementar los protocolos, tal y como explica Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Esta organización pide a la magistrada que “valore toda” la documentación. “Si ve indicios de delito que tire hacia arriba, llegue hasta el final, y que depure las responsabilidades al máximo. Esa es nuestra aspiración y no vamos a bajar de ahí”, indica.

Este asunto sigue siendo uno de los más delicados para el Gobierno de Ayuso. La mandataria ha llegado a perder las formas en la Asamblea de Madrid cuando los partidos de la oposición, Más Madrid y el PSOE-M, le han recordado la gestión de la Comunidad de Madrid en los centros de mayores durante la pandemia. En febrero de 2024, llegó a asegurar en sede parlamentaria que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.

Un año después volvió a la carga, pero en esta ocasión en contra de las organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas, a las que se refirió como “mareas de rebotados” que no lograron puestos en los partidos de la oposición. Ante las críticas de las formaciones progresistas de la cámara regional, optó de nuevo por la descalificación. “Siempre nos están llevando por las mismas mierdas”, les dijo.

Una ofensiva similar fue emprendida por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que lanzó un bulo en sus redes sociales asegurando que tenía “confirmado” que la madre de una mujer que habló en el programa 'Lo de Évole' no estaba en ninguna residencia de Madrid. Tuvo que rectificar, y reconocer posteriormente que esa afirmación era falsa.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que Velintonia, la casa del premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, estará restaurada en 2027, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió el inmueble en una subasta pública el pasado mes de abril por un importe de 3,1 millones de euros, tras haber presentado la única puja.

A finales de este mes, el Gobierno regional abrirá el espacio con visitas guiadas y otras actividades gratuitas, posteriormente comenzarán las obras para restaurar la vivienda, tal y como ha explicado a los medios de comunicación Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que también ha señalado que se reconvertirá en una “casa-museo”. Allí se organizarán actividades culturales como lecturas y presentaciones.

La presidenta, que ha visitado la vivienda este lunes, asegura que “con la compra de esta casa la Comunidad de Madrid hace justicia a un poeta extraordinario”. Según ha explicado la mandataria, su equipo ya trabaja en “la rehabilitación y la reapertura” de la vivienda, también en el procedimiento para declarar este inmueble Bien de Interés Cultural.

La Comunidad de Madrid no ha aclarado para qué se utilizará Velintonia cuando esté totalmente rehabilitada, tras 40 años deshabitada. En la nota de prensa difundida este lunes, se refieren a ella como “la futura Casa de la Poesía”. Además, explican que “será un espacio de homenaje a la Generación del 27 y la Edad de Plata”.

Su provisional reapertura coincidirá con el centenario de la Generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre. El Gobierno de Ayuso sí aclara que este espacio “se integrará en un itinerario cultural y turístico que recorre la historia de la literatura española desde el Siglo de Oro hasta la centuria del XX, junto a enclaves como la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, y la Casa de Lope de Vega, en el Barrio de las Letras, donde también se encuentra la Sociedad Cervantina, que atesora la imprenta que imprimió la primera edición de El Quijote en 1605 y con la que la Comunidad de Madrid colabora, ofreciendo visitas guiadas”.

Isabel Díaz Ayuso vuelve a situarse como víctima de una presunta operación de Estado para cargar contra una decisión judicial que afecta a su entorno y con la que no está de acuerdo. Ya lo hizo cuando elDiario.es desveló el fraude fiscal de su pareja. Y se ha vuelto a aferrar a esa estrategia para enmarcar la investigación que se ha reabierto para analizar lo sucedido en las residencias de la región durante la pandemia, después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos.

“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, ha respondido la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que fueron altos cargos de su Gobierno durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.

Ayuso ha cuestionado la reapertura de la causa que investiga los protocolos que impidieron la derivación sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia. Se ha defendido asegurando que en los últimos años “se han archivado 62 denuncias por este asunto” y ha instado a que se investigue en el Senado cómo otras comunidades autónomas gestionaron la pandemia, ya que considera que “pensar que los muertos de unas regiones interesan más que otras, sería un poco feo”. 

La Justicia ha imputado por primera vez a antiguos miembros de su Gobierno. En particular, un juzgado madrileño ha citado como investigado a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También tiene que declarar ante la jueza el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell.

Ayuso ha intentado desvincular a este último especialista de su Ejecutivo, asegurando que no son tres altos cargos, “uno era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un antiguo miembro de su equipo “para hacerle parecer aún más culpable, no es ajustarse a la verdad”.

“La difamación es posible en España”

La presidenta ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha dado para hacer balance de la mitad de su mandato, tras ganar las elecciones autonómicas de 2023 con mayoría absoluta. Allí también se ha pronunciado sobre otra decisión judicial que cuestiona, la negativa del Supremo a seguir adelante con la demanda que su novio, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso”.

“El rechazo de la demanda sostiene que la difamación es posible en España y si el Gobierno organiza operación de Estado contra la Guardia Civil, qué no harán con la inspección fiscal de un paisano”, ha respondido, con una mención directa a la situación judicial de su pareja, imputado por corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Y se ha aferrado a esa decisión para lanzar un ataque directo al presidente del Gobierno: “Vista el rechazo de la demanda, yo ahora espero que condenen a Sánchez por narcotráfico por lo que sucede en Canarias. Esto es una crítica política”.

En ese señalamiento al Ministerio Público, también ha apuntado que ella no ve “ninguna contradicción” en la declaración del abogado de su pareja, que desmintió a González Amador al asegurar en el Supremo que sí le encargó confesar su fraude fiscal. “Es la fiscalía quien miente y quien se está contradiciendo”, ha asegurado, y ha continuado asegurando que “ya sería el colmo de los colmos que un fiscal general imputado se defienda con toda la carrera fiscal”. “Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España”, ha sentenciado.

Ayuso carga contra el Gobierno: “Esto es la mafia”

La presidenta ha arrancado su balance de Gobierno asegurando que, mientras los dos años que se cumplen estos días de esta legislatura han hecho que Madrid viva “el mejor momento de su historia”, “España vive el momento de mayor deterioro institucional de su Historia”.

No ha dudado en cargar duramente contra el presidente, asegurando que en La Moncloa “se busca gente sin prestigio para poder cometer atrocidades en nombre del Sanchismo”, y después, “ser premiados en algún destino intervenido previamente por el Gobierno”.

“Se están pergeñando operaciones de Estado al más estilo mafioso”, ha indicado. Así se ha pronunciado sobre las grabaciones en las que la militante socialista Leire Díez –aupada por los gobiernos de Pedro Sánchez a puestos de responsabilidad en empresas públicas como ENUSA o Correo– pide pruebas para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil. 

A pesar de que desde la cúpula del partido aseguran que Díez es “una militante” más y se desvinculan de su actuación, Ayuso considera que “la Guardia Civil está maniatada, perseguida por fontaneros que no están en nómina”. Siguiendo esa argumentación, reseña: “Tampoco está en nómina el fiscal, tampoco está en nómina el Constitucional y son algunos de sus miembros los mayores valedores del presidente”. “En fin, esto es la mafia. El asunto es cuánto puede durar, pues la mafia cada vez va a endurecer más las formas”, ha subrayado.

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, se ha pronunciado este lunes sobre la imputación de varios exaltos cargos del Ejecutivo autonómico por los protocolos para evitar la derivación en las residencias durante la pandemia.

Este lunes estaban citados a declarar como investigados Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del covid, y su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por la demanda de los familiares de fallecidos en los centros de mayores de la región. También estaba prevista que acudiese el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell. Finalmente, la Justicia ha suspendido estas comparecencias, aceptando las alegaciones de los imputados que denunciaban que no han tenido acceso a las actuaciones y no pueden defenderse.

Reyero ha eximido a Mur de ser el responsable político de esta estrategia aplicada. “Se me pone cuesta arriba pensar que una decisión de ese calado la tome un director general por su cuenta”, ha expresado hoy el exconsejero, que pertenecía a Ciudadanos cuando formó parte del Ejecutivo autonómico.

El exdiputado autonómico ha asegurado que “las familias han sido las que han mantenido la antorcha [viva] de esta cuestión durante cinco años”. “Este cambio es consecuencias de una macrodenuncia que se presentó en octubre, en la que en lugar de dirigir la imputación a un delito de homicidio imprudente se fue a uno más específico, el de discriminación”, ha explicado Reyero en una entrevista en Radio Nacional.

El juzgado número tres de Madrid ha decidido reabrir esta causa después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos, que coordinan las entidades 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia'. A los exaltos cargos de Ayuso se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, el artículo 511 del Código Penal que impone condenas de hasta dos años de cárcel en los casos más graves.

En la entrevista Reyero ha asegurado que “en otras comunidades autonómicas” se produjeron “prácticas parecidas” a las de la Comunidad de Madrid, pero sin protocolos escritos “de la misma manera”, ya que el expolítico de Ciudadanos considera que los cribados implementados por el Ejecutivo de Ayuso fueron “salvajes”.

Tras conocerse la imputación de sus exaltos cargos, la presidenta intentó quitar hierro a la decisión del juez, asegurando que se debe a un “cambio de criterio” por parte de la Fiscalía. “Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, apuntó el pasado viernes.

Reyero ha recriminado a Ayuso y a su equipo la actitud que han mantenido sobre este asunto y, en particular, la “falta de empatía” con las familias. “No han sido capaces ni siquiera de reunirse con los familiares, de mirarles a la cara”, ha apuntado, para detallar posteriormente que él en junio de 2020 sí organizó un encuentro con las víctimas de los protocolos. Con todo, ha reconocido que no fue “una reunión sencilla”, pero que “es obligación de cualquier cargo público dar las explicaciones que se consideren oportunas”.

Ante las declaraciones de Ayuso, afirmando el año pasado en la Asamblea de Madrid que los enfermos de Covid y con mayor edad “no se salvaban en ningún sitio”, Reyero ha asegurado que esa afirmación no es cierta porque “para eso están los hospitales, para dar oportunidades de supervivencia a cualquiera de nosotros”.

Isabel Díaz Ayuso ha arrancado la semana lanzando consignas contra la okupación. Lo ha hecho delante de los decanos de los colegios de abogados de la región y el de los procuradores, que le han arropado en esa batalla personal de la presidenta autonómica. “La falta de seguridad jurídica es veneno para el mercado del alquiler, la construcción y disponibilidad del mercado de viviendas”, ha comenzado apuntando.

Ante las cifras que anualmente publica el Ministerio del Interior, la presidenta se ha defendido asegurando que el Gobierno central “minimiza los casos”, “piensan que son dos o tres” y se preguntan “qué importancia tienen”. “Queremos recordar que detrás de cada denuncia hay personas afectadas, vecinos que pierden sus casas y barrios enteros que son deteriorados”, ha añadido.

De esta forma, la mandataria se anticipaba a las críticas por instrumentalizar ese problema y sobredimensionarlo. Según datos del Ministerio del Interior, este fenómeno afectó en 2024 únicamente a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes. En la ciudad de Madrid y “las poblaciones más habitadas” de la Comunidad –apuntaba el informe de la Policía Nacional–, el año pasado se mantenían 894 viviendas ocupadas de un parque de viviendas que supera los 2,8 millones.

En línea con su estrategia política de situarse como el látigo al Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso no ha querido perder la oportunidad de vincular la okupación de viviendas con las políticas que el Ejecutivo de coalición promueve desde Moncloa. “No puedo dejar de recordar que el apoyo, por acción u omisión, a los okupas viene de aquellos que okuparon las plazas públicas, rodearon el Congreso de los Diputados y los que colonizan las empresas e instituciones públicas para entregarlas a amigos y comisarios políticos”, ha comenzado diciendo, para celebrar posteriormente que “estos días” desde el ámbito judicial “tantos estén poniendo pie en pared”.

Ayuso asegura, sin mencionar a Sánchez, que la aspiración del Gobierno central es la “justicia popular bolivariana”, en la que no hay a quien “recurrir” ante la “vulneración” de los “derechos fundamentales”. “Sabemos que esa es su intención por los ataques a la independencia judicial, su asalto al Constitucional y al Poder Judicial”, ha apuntado, delante de Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de procuradores de Madrid; Ángel Francisco Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; y Eugenio Ribón, decano del colegio de abogados de Madrid.

Estas tres instituciones han ratificado este lunes un protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas junto a la Comunidad de Madrid. Los cuatro firmantes han tomado la palabra en el acto. El representante de los procuradores madrileños se ha mostrado “sorprendido” de que sean estas organizaciones las que acudan a “proteger el artículo 33 de la Constitución”. Por su parte, Ribón ha celebrado que con este acuerdo Madrid se convierte en “capital de la seguridad jurídica”.

Según ha anunciado la presidenta, el acuerdo incluirá varias medidas, entre ellas, la representación gratuita de los procuradores madrileños para las víctimas de okupación, una asistencia especializada sobre estos servicios en los colegios de abogados de la región y una “atención psicológica gratuita”.

Ayuso se ha escudado en casos particulares para dar emoción a su acto. Ha vuelto a recordar a Teresa Mateos, a la que llegó a recibir en la Puerta del Sol. Una señora de 82 años que denuncia que desde 2023 está sufriendo el impago de la renta de unos inquilinos de su segunda vivienda en Fuenlabrada.

Ante el miedo a la okupación, la mandataria defiende que “muchos ciudadanos no se atreven a poner su vivienda en el mercado” y, debido a este fenómeno, no se pueden “contener los precios”. Con todo, sostiene que a causa de la usurpación de inmuebles “se empobrece a personas de renta media”.

Porque, según Ayuso, “casi la mitad de los propietarios de una segunda vivienda, además de no ser un gran tenedor, son mayores de 65 años”, que “destinan la renta del alquiler para completar sus pensiones”, ya que de esta forma el alquiler de las viviendas “ha sido la hucha de la clase media española durante todo este tiempo”.

La tensión entre PP y Vox continúa escalando en la Asamblea de Madrid. Mientras en otros municipios de la Comunidad ambos partidos han logrado acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025, aunque le haya supuesto a los populares asumir los postulados de la extrema derecha, en el parlamento autonómico el desencuentro se ha enquistado. La salida de Rocío Monasterio del liderazgo regional de Vox no ha contribuido a reencaminar la relación entre los dos partidos. Al contrario, Isabel Díaz Ayuso ha llegado a acusar a los de Santiago Abascal en las últimas semanas de “declararle la guerra”.

El enfrentamiento ha continuado en los últimos días. El portavoz de los populares en la Cámara regional, Carlos Díaz Pache, cargó contra Vox, al que acusó de haberse convertido “en una muleta de Pedro Sánchez”. Sus palabras llegaron después de que el partido de Santiago Abascal se haya sumado a todas las formaciones de la oposición y haya abandonado, junto a PSOE y Más Madrid, la comisión de estudio sobre la deuda catalana impulsada por los populares, que ahora se han quedado solos en ese grupo de trabajo.

Críticas al rodillo del PP en la Asamblea

La líder de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, justificó la decisión asegurando que esta comisión no es más que otro acto “propagandístico del PP” en el parlamento autonómico. Su formación ha criticado, como el resto de partidos de la oposición, el “rodillo que está aplicando con su mayoría absoluta el PP” en la cámara.

En el cara a cara semanal entre Ayuso y Pérez Moñino, también ha ido subiendo la intensidad. La presidenta aseguró que la portavoz de Vox había “llegado al límite”, tras una intervención en la que esta le acusó de “estar más preocupada por defenderse a sí misma que por defender la libertad de expresión”. Una crítica velada a la actitud de la mandataria autonómica frente a las investigaciones judiciales que salpican a su pareja, Alberto González Amador, imputado por corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

A pesar de los desencuentros, Pérez Moñino ha intentado encontrar un equilibrio para no romper del todo con Ayuso. Por ejemplo, mientras Más Madrid y PSOE arremetían contra la mandataria por eludir el control parlamentario el mismo día en que su pareja debía declarar ante el juez –acusándola de ser “una presidenta a la fuga” por programar esa semana un viaje a Ecuador– Pérez Moñino optaba por un tono más comedido.

De hecho, aseguró que su formación respeta “el principio de presunción de inocencia” por la situación judicial en la que se encuentra González Amador, un posicionamiento muy diferente al tono inquisidor e incriminatorio que Vox utiliza en otros casos, como el de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, a la que han llegado a acusar de corrupción.

Enfrentamiento por la inmigración

Semanalmente, hay un tema que enfrenta a la presidenta y a la portavoz de Vox: la inmigración. “La persona que nace en España es español, tan español como Abascal”, le espetó Ayuso a Pérez Moñino en una interpelación parlamentaria, en la que defendió que no iba a denegar la “asistencia sanitaria a nadie que viva en la Comunidad de Madrid”, ante las insistentes peticiones de la extrema derecha de limitar esa cobertura.

Ahondando en esa brecha entre los dos partidos, Pérez Moñino acudió hace unas semanas al pleno de la Asamblea con una camiseta en la que se leía: “Menas a Madrid [con esta palabra tachada] su país”, por lo que el mensaje final era “Menas a su país”, una clara provocación dirigida a Ayuso. A la que la presidenta replicó, señalándose el pecho, aseverando que su Gobierno no tiene competencias “en extranjería ni en materia de fronteras”.

Aun así, y a pesar de posicionarse en contra de las “campañas” de Vox en “el asunto de los menores”, Ayuso asumió el discurso de la extrema derecha al solicitar al Gobierno central la expulsión de cuatro menores migrantes del centro de La Cantueña (Fuenlabrada) alegando que habían protagonizado “episodios delictivos” y presentaban “graves dificultades de adaptación”.

En el penúltimo pleno de la Asamblea, Ayuso replicó al ataque de Vox lamentando que los populares votasen en contra de que una profesora “censurada” por su posición en contra del hiyab compareciese en la cámara regional, asegurando que la extrema derecha se “inventa cualquier barbaridad”. “¿Nosotros defendemos la 'yihad'?, ¿de verdad no se les cae la cara de vergüenza?”, replicó, tras haber asegurado que el partido de Abascal “no sirve para nada” y se “dedica a la irrelevancia”. “Que nosotros defendemos la inmigración irregular... Y no se les cae la cara de vergüenza”, así ha replicado la mandataria a Vox.

Acuerdos en varios municipios

En una entrevista con El Debate, la mandataria madrileña llegaba a confesar que actualmente la relación entre los partidos se encuentra “en un punto complicado porque han tomado agendas distintas”. Ante la necesidad de competir por el mismo electorado, Vox ha optado por “distanciarse”, una decisión que ha provocado, según la mandataria madrileña, “situaciones de una tensión a veces innecesaria”.

Frente a estos choques que se producen entre las lideresas de las dos formaciones, las direcciones regionales de los partidos han conseguido llegar a acuerdos en varios municipios madrileños. En Collado Villalba, a pesar de las amenazas de Vox de tumbar las cuentas de 2025, las dos formaciones llegaron a un acuerdo. La extrema derecha impuso su agenda, requiriendo que el término “violencia de género” desapareciese de los documentos oficiales para sustituirlo por “violencia doméstica”, según avanzó El País.

En Arganda del Rey también han anunciado recientemente un acuerdo, en este caso de Gobierno. El PP ya necesitaba los votos de Vox para tener mayoría. Una de las primeras medidas de la extrema derecha al llegar al poder pasaba de nuevo por la imposición de su narrativa al cambiar el nombre a la concejalía de Igualdad, que se llama concejalía de Igualdad de Oportunidades desde que hay un Ejecutivo de coalición. Pinto ha sido el último municipio donde las dos formaciones han llegado a un acuerdo para pactar los presupuestos.

Para José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido y diputado autonómico, esa relación a dos velocidades se debe a la “ambición nacional” de Ayuso que busca la “destrucción de Vox”; aun así, considera que “se pueden entender donde es posible”. En declaraciones que realizó el jueves pasado en la Asamblea, Fúster defendió que llegan a acuerdos en municipios en los que hay alcaldes populares que “entienden que las políticas de Vox son buenas y quieren salir del PSOE state of mind en el que se sitúa” la formación de Alberto Núñez Feijóo.