Un consejero de Ciudadanos califica de ilegal la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha cuestionado este lunes la legalidad de los protocolos dictaminados por la Consejería de Sanidad que negaron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia. Reyero, en una comisión en la Asamblea de Madrid, ha dicho que estuvo "radicalmente en contra" de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores.

Reyero ha precisado que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. "Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho", lamentaba el consejero, quien se ha manifestado "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia. Una comisión que ha rechazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a la oposición de "politizar el dolor" con la misma.

Reyero ha lamentado que las órdenes se distribuyeron "en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales". De hecho, ha dicho que tanto en reuniones como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición rotundamente contraria a estos protocolos.

"La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que el CERMI expresó su inquietud por estos protocolos.

La declaración del consejero aviva los roces entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid a la vez que alienta la investigación judicial sobre las miles de muertes en los geriátricos que ya han llevado a los tribunales asociaciones y familiares.

La portavoz socialista de Políticas Sociales en la Asamblea, Purificación Causapié, ha subrayado que las órdenes dadas para restringir los ingresos de pacientes procedentes de residencias en hospitales son varias y están firmadas por cargos públicos, por lo que ve "imprescindible" que la comisión de investigación estudie lo ocurrido.

Así ha recordado que los jueces han insistido en la medicalización completa de las residencias en Alcorcón y Leganés, con 37 fallecidos tras los autos judiciales. Por otro lado, ha criticado la "falta de control y estructura para vigilar" de la Consejería respecto a las residencias privadas y concertadas de la región, que son la inmensa mayoría; y la tardanza en la zonificación de muchos geriátricos por el coronavirus.

La parlamentaria socialista ha pedido a Reyero que se oponga a despidos y expedientes de empleo en residencias madrileñas, que se comprometa con el presupuesto que sean capaces de garantizar "una adecuada gestión y seguimiento" y que luche para acabar con las llamadas colas del hambre. "Han sido muy rácanos con la política social", le ha espetado.

Para el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, la página web de la Comunidad de Madrid está "llena de información falsa", ya que habla de la medicalización de residencias cuando no se ha realizado ninguna o de la intervención en más de un centenar cuando al intervención directa de la Comunidad ha sido en 14, al tiempo que se ha quejado de que no cuentan con datos desagregados de afectados por residencia.

Asimismo, Delgado ha llamado "cobarde" a Ayuso por "cargarle el mochuelo" de las denegaciones de derivaciones de residentes a "los pobres trabajadores" médicos. "La presidenta se ha negado a responder si existían protocolos pero hay varios. El mismo partido que no ha tenido duda de instrumentalizar el terrorismo venga a decirnos que investigar todo esto que ha sucedido, saber quién ha hecho estos protocolos es instrumentalizar el dolor pone a prueba la cortesía parlamentaria y la paciencia", se ha quejado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha criticado la "descoordinación total" que ha habido en esta crisis en los geriátricos madrileños y ha apuntado al consejero como "responsable por encima de los demás". "Usted como cabeza tenía que haberse impuesto y si no lo conseguía, se tenía que haber retirado", ha dicho a Reyero, a quien también ha afeado que cree un plan de contingencia con 20 millones de euros a entidades sociales, a las que ha tildado de "chiringuitos", para atener a los más afectados económicamente por la pandemia.

Por último, la diputada de Unidas Podemos Paloma García también ha insistido en que los protocolos para no atender a determinados residentes en hospitales "no eran un borrador", sino una "eugenesia para personas con discapacidad, una vergüenza que no es ético ni legal". También ha asegurado que la Comunidad no ha cumplido los autos judiciales que piden la medicalización de geriátricos en Leganés y Alcorcón.

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Publicado el
1 de junio de 2020 - 16:59 h

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