Me llamo Selma Hajri, tengo 71 años y soy tunecina.

Soy médica y feminista. Hace unos quince años, fundé una asociación dedicada a los derechos sexuales y reproductivos: el TAWHIDA Ben Cheikh Group.

Soy endocrinóloga especializada en salud reproductiva y sigo siendo la secretaria general de esta asociación. 

Hace unos años, creé una red regional de activistas y profesionales de la salud para el derecho y el acceso al aborto. Esta red se centra en la región del sur del Mediterráneo, pero con vistas a intercambiar experiencias con quienes trabajan en otras zonas también. Estoy muy orgullosa porque es la primera y única red de esta región que aborda directamente el derecho al aborto. 

“Debemos hablar del aborto” 

Túnez es pionera: hemos establecido leyes y políticas que garantizan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El aborto durante el primer trimestre está legalizado y es libremente accesible para todas las mujeres desde la primera década de la independencia, en los años sesenta. En 1973, Túnez estableció un marco legal y una institución pública para prestar estos servicios. 

Sin embargo, aunque las leyes tunecinas son muy favorables para las mujeres, al menos en comparación con el resto de la región, la realidad es muy diferente. Los servicios públicos siguen deteriorándose, lo que dificulta cada vez más el acceso al aborto, especialmente fuera de Túnez, la capital del país. El sector de la salud sexual y reproductiva es uno de los más afectados por el deterioro de los servicios públicos y las crisis económicas actuales. A medida que los servicios públicos se deterioran, las mujeres y los jóvenes acaban recurriendo a servicios privados, pero estos son muy caros para la mayoría. 

Hoy en día, nos centramos en trabajar con proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, comadronas y médicos. Hemos desarrollado programas de formación a medida basados en la experiencia internacional, centrados en aclarar valores y cambiar conceptos erróneos. Decidimos centrarnos en mejorar la calidad de los servicios ya disponibles, en particular para las mujeres jóvenes y marginadas, ya que son la población con menos acceso, sobre todo porque dependen de los servicios públicos. 

‘Luchar por nuestros derechos sigue dándome una razón para vivir’ 

El gran reto para mí y para nuestra organización es encontrar aliados. Aunque podemos expresarnos libremente, nos resulta muy difícil sensibilizar a la sociedad civil para que actúe en favor de los derechos sexuales y reproductivos. 

Seguimos trabajando para que el aborto sea una cuestión prioritaria entre las feministas de nuestro país. Esto se debe a que el aborto sigue siendo un tabú muy difícil de superar, incluso entre las mujeres y las feministas. Esto se ve agravado por el hecho de que nuestro Gobierno es conservador y rechaza la influencia de las organizaciones internacionales. Están reprimiendo y restringiendo el acceso a los fondos que aún están disponibles. 

Por eso, nuestra principal batalla hoy en día es la verbalización: debemos hablar del aborto, debemos hablar de la sexualidad, porque es una parte esencial de la vida de las mujeres. 

Organizaciones como Amnistía Internacional, que llevan décadas defendiendo los derechos humanos y son reconocidas internacionalmente por su alto nivel de experiencia y su compromiso inquebrantable, pueden desempeñar un papel esencial en el reconocimiento de la importancia y la centralidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. 

¿Qué hago para mantener la motivación? La verdad es que nunca he dejado de luchar. Luchar por nuestros derechos sigue siendo mi razón de vivir. 

Mi mensaje para los jóvenes activistas es: sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. A pesar de las muchas dificultades y obstáculos, no hay otra manera. 

50 años de los últimos fusilamientos de Franco

Recordamos la funesta fecha del 27 de septiembre de 1975. Nos encontramos a menos de dos meses de la muerte del dictador, cuando se ejecutaron las cinco últimas penas de muerte en el Estado español. Una condena ordenada por Franco, que fue matar a sangre fría y no dejando espacio al error, siendo completamente irreparable. Desde entonces no se volvería nunca más a aplicar en España este trato, considerado como el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

50 años después podemos identificar avances pero bastante insuficientes. Si la Ley de Memoria Histórica de 2007 significó un ligero paso adelante pero alejado de las obligaciones internacionales de España, con la Ley de Memoria Democrática del 20 de octubre de 2022 se incluyeron avances como la nulidad de algunas sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos. El Gobierno declaró “ilegítima y nula” la pena de muerte dictada en 1975 contra Xosé Humberto Baena. Se trata del último fusilado por el franquismo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió a la familia de Baena la “Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal” que anulaba su sentencia.

Igualmente el Gobierno entregó en octubre de 2024 una declaración de reconocimiento y reparación a la familia del anarquista catalán Salvador Puig Antich, quien fue ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974 tras ser condenado a muerte en un juicio plagado de irregularidades. Su hermana Inmaculada manifestó que su familia llevaba “50 años luchando por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Para nosotras es muy importante”.

50 años de impunidad con la Ley de Amnistía como excusa

Sobre aquello de que se dejara todo atado cabe recordar que desde Amnistía Internacional llevamos mucho tiempo denunciando el impacto de la Ley de Amnistía 1977. Una excusa que también va camino de durar 50 años. Y es que la Ley de Memoria Democrática no eliminó los obstáculos para investigar judicialmente los crímenes del franquismo, ni para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. La Ley de Amnistía ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes del Estado español para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ante ello es esencial que el Parlamento modifique la Ley de Amnistía de 1977 y reforme el Código Penal para incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional.

Pese a todo, desde organizaciones de la sociedad civil se continúa impulsando la investigación judicial de crímenes cometidos por la dictadura franquista. Un ejemplo de ello es la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) que lleva trabajando desde 2013 promoviendo un movimiento social de apoyo a la presentación de querellas. En los últimos años, se han presentado más de 100 querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo.

Lentos avances y otros que no llegan

Entre los escasos avances de los que vamos teniendo noticia cabe destacar que en mayo de 2025, con motivo de la celebración del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició una investigación para esclarecer responsabilidades y la existencia de una estrategia conjunta entre la dictadura española y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio. Se trata de 4.435 españoles fallecidos, muchos de los cuales no se han podido identificar aún. Con ello se pretende el esclarecimiento de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Preocupa no obstante la lentitud en la implementación de la Ley de Memoria Democrática 3 años después de su aprobación. Por ejemplo, con la falta de su desarrollo reglamentario o con la falta de información sobre las comisiones técnicas contempladas en la ley. En abril de 2024 el Gobierno creó tres comisiones sobre reconciliación con el pueblo gitano, reparación a víctimas de la guerra y la dictadura y vulneración de derechos humanos al inicio de la democracia. Pero a día de hoy no hay información sobre cómo marchan estas comisiones, siendo necesaria una mayor publicidad de lo que están haciendo.

Una Ley de Bebés Robados necesaria pero que no llega

Tampoco olvidamos la falta de aprobación de la Ley de Bebés Robados, cuya tramitación ha decaído en las últimas legislaturas. En marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación 'Tiempo de verdad y de justicia', en la que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.

Recientemente celebramos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México del agosto de 2025 en el caso de Ligia Ceballos, que determinó que existen hechos relevantes aún por esclarecer. Por ello, ordenó a la Fiscalía General de la República reanudar la investigación, con el objetivo de que Lily pueda recuperar su identidad, conocer sus orígenes biológicos y establecer un vínculo con su familia, debiendo determinarse si fue sustraída ilícitamente en el marco de políticas represivas de la dictadura franquista.

Llama la atención que a estas alturas tengamos que seguir celebrando avances que vengan desde fuera, en este caso México, o Argentina en otras ocasiones. Mientras, el Estado español continua sin emprender investigaciones exhaustivas y sin tramitar la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’.

Retrocesos con las leyes autonómicas

Además resulta bien preocupante la sucesión de normas que derogan o sustituyen leyes autonómicas de memoria previamente aprobadas. El pasado 9 de octubre la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley de Concordia con los votos de PP y VOX, que deniega a las víctimas del franquismo su derecho a verdad, justicia y reparación, invisibilizando las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, sin reconocer la responsabilidad del régimen en su perpetración.

Extremadura se une así a los retrocesos producidos en otras comunidades autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria que en 2024 derogaron sus leyes autonómicas de memoria. A esto se suma la amenaza de un nuevo retroceso en Baleares, con la iniciativa presentada por VOX en el Parlament para derogar la ley de memoria, aprobada en 2018, y sobre la que el Partido Popular se ha comprometido a votar a favor.

A los escasos avances con la Ley de Memoria Democrática, la falta de aprobación de la Ley de Bebés Robados y la derogación de leyes autonómicas se suma una deficiente transparencia con las organizaciones memorialistas y con la ciudadanía. Mientras tanto, la lucha desde la sociedad civil por la verdad, justicia y reparación de los crímenes del franquismo continúa imparable.

Dada la gravedad de las crisis que están asolando al mundo y la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad para exigir que la protección de los derechos humanos ocupe un lugar central en todas las respuestas, estaré representando a Amnistía Internacional en el Foro Público de la OTAN que se celebra en paralelo a la cumbre y en el que dirigentes y autoridades hablaran con especialistas en seguridad, personal académico, periodistas y ONG.

Al presentar el Informe Anual de Amnistía hace algunas semanas, declaré que suponía la advertencia más firme jamás emitida por la organización. Actualmente hay más conflictos que en cualquier otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad está muy extendida —tanto dentro de los Estados como entre ellos— y los Estados se están lanzando a una carrera armamentística incontrolada, impulsada en primer lugar por la inteligencia artificial. Sin medidas concertadas e integrales por parte de los gobiernos, esta coyuntura histórica se transformará en una devastación histórica.

Cuando los líderes de la OTAN se sienten a debatir sobre dichos desafíos, deben evaluar cuidadosamente su responsabilidad para con la humanidad.

Fiscalidad progresiva, sin medidas de austeridad, para financiar el aumento del presupuesto de defensa

El gobierno de Trump está presionando a sus aliados de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, más del doble del actual objetivo del 2%. Esto consistiría en un incremento del 3,5% dedicado directamente a gasto militar y el otro 1,5% a defensa civil, ciberseguridad, inteligencia e infraestructuras relacionadas con actividades militares. Ninguno de dichos incrementos debe sufragarse con el recorte de los fondos esenciales necesarios para garantizar y proteger servicios públicos básicos o ayuda humanitaria y al desarrollo.

En vez de dejar en la estacada a aquellos que más ayuda necesitan, los Estados deberían recaudar los fondos requeridos mediante la aplicación de medidas fiscales nacionales más progresivas dirigidas a los más ricos y mediante el apoyo a una reforma fiscal global que garantice que quienes tienen los hombros más anchos paguen la parte que les corresponde.

Los líderes de la OTAN también deberían declarar clara y firmemente que la población no tiene que elegir entre seguridad o protección de sus derechos sociales, económicos y políticos. Se trata de una falsa dicotomía. Seguridad y derechos van de la mano.

Impulsar el compromiso con el derecho internacional

El respeto del derecho internacional humanitario está sumido en una profunda crisis, pues muchos gobiernos sostienen que los principios y las normas del derecho internacional humanitario no les son aplicables, o reescriben las reglas para permitir conductas que no se deberían consentir. El genocidio israelí en Gaza se está viendo agravado por que los principales aliados de Israel no detienen la transferencia de armas ni condenan los crímenes de guerra y el indescriptible derramamiento de sangre que está sufriendo la población civil. La guerra de agresión en curso de Rusia contra Ucrania ha producido más muertes de civiles ucranianos en 2024 que en el año anterior.

Los líderes de la OTAN no sólo deben reiterar su compromiso de respetar el derecho internacional y exigir a sus aliados que respeten las leyes de la guerra. La cumbre debería desembocar en un conjunto de medidas concretas que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario.

Los líderes de la OTAN deberían detener las transferencias de armas a lugares en los que es probable que se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional, como Israel y Sudán, por ejemplo. El aumento de la producción militar no es un excusa válida para que los Estados transfieran armas a países en los que exista un riesgo sustancial de que se empleen para cometer o facilitar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

Proteger los tratados internacionales

La tendencia a la remilitarización ha dado lugar a que haya Estados que se retiren de tratados esenciales para la protección de la población civil.

La inusitada retirada de Lituania de la Convención sobre Municiones en Racimo se hizo efectiva en marzo de 2025 y, además, su Parlamento aprobó en mayo la retirada de la Convención de Ottawa, un tratado histórico que prohíbe el uso de minas terrestres antipersonal. Finlandia anunció su retirada de este último tratado en abril, mientras que los Parlamentos de Estonia y Letonia votaron a favor de su retirada hace pocas semanas. El ministro de la Defensa de Polonia ha recomendado hacer lo mismo. Estados Unidos, que no es país signatario de ninguna de esas dos convenciones, ha seguido socavando los esfuerzos encaminados a la prohibición, y el gobierno de Biden transfirió bombas de racimo y minas antipersonal a Ucrania el año pasado.

Los líderes de la OTAN deben reiterar su compromiso con dichos tratados, que son fundamentales para proteger a la población civil en los conflictos armados, y pedir a sus aliados que reconsideren su decisión de retirarse.

Regular el desarrollo de sistemas de armas autónomos

La remilitarización también está impulsando un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial en el ámbito militar y es probable que acelere el desarrollo de sistemas de armas autónomos, lo que puede anular años de esfuerzos encaminados a su regulación.

Esta carrera armamentística pone de relieve la necesidad imperiosa de pasar de los interminables debates sobre los sistemas de armas autónomos a medidas inmediatas que impidan de hecho que de manera inadvertida quedemos en el olvido. Los gobiernos de la OTAN deben adoptar una postura colectiva clara en favor de un tratado global jurídicamente vinculante que regule el desarrollo y el despliegue de los sistemas de armas autónomos, y que incluya la prohibición de aquellos que convierten en objetivo y atacan directamente a seres humanos; una línea que, por infinidad de razones jurídicas y éticas, no podemos traspasar.

Reafirmar el respeto del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica

Durante el último año, Amnistía ha documentado una intensificación globalizada de las prácticas autoritarias y de la represión feroz de la disidencia, sobre todo en relación con los conflictos y con las violaciones del derecho internacional. Gobiernos de todo el mundo prohibieron medios de comunicación, disolvieron o suspendieron la actividad de ONG y partidos políticos y encarcelaron a voces críticas. Amnistía ha documentado en todo el mundo la penalización y el castigo del ejercicio de la libertad de expresión y de las protestas pacíficas, incluso mediante el uso de leyes contra el “terrorismo” o el “extremismo”.

La protección de los valores universales y de los derechos humanos debe ser el elemento central de la visión y las acciones de la OTAN. Tal era la visión que los fundadores tenían de la alianza cuando reafirmaron en su tratado “su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Dicha protección es lo que toda la ciudadanía debería esperar.

Los líderes de la OTAN deben reconocer el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes a la hora de proteger los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas y el respeto del Estado de derecho, todos ellos elementos básicos para preservar la paz y la seguridad. Han de comprometerse a permitir que se celebren protestas pacíficas y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como dejar de oprimir a las ONG y reconocer la función esencial que éstas desempeñan en la sociedad. Asimismo, los gobiernos deben proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas de los ataques, poner fin a cualquier tipo de violencia contra ellos auspiciada por el Estado, y abstenerse de hostigar o censurar a los medios de comunicación independientes.

Se trata de medidas básicas que los Estados deben tomar para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel nacional y mundial.

De lo contrario, los líderes de la OTAN estarán allanando el camino a futuras crisis. No pueden lograr una seguridad auténtica y duradera sin unas garantías de derechos humanos robustas

Este artículo se publicó originalmente en Le Monde diplomatique

Aaliyah Haji, 33*: “Las inundaciones destruyeron nuestra comunidad por completo.”

Soy de la ciudad de Dinsoor, en Somalia. La vida agrícola allí siempre fue un reto, pero la sequía la hizo casi imposible. Durante años planté maíz, judías y sésamo, y llegué a cosechar de seis a siete sacos de comida. La situación cambió cuando la sequía golpeó por primera vez en 2021. Tres años después, no tenía nada tras mi duro trabajo en la granja.

Pensábamos que llegarían las lluvias y podríamos volver a cosechar, pero en su lugar llegaron las inundaciones, que trajeron enfermedades como la fiebre tifoidea y la malaria. Las inundaciones destruyeron nuestra comunidad por completo. Sin dinero para comprar medicinas, recurrí al Corán y a remedios tradicionales a base de plantas, y recé para que mis hijos sanaran.

Al ver que las cosas no cambiaban, tomé la difícil decisión de abandonar mi hogar y trasladarme a Dadaab (Kenia). No teníamos otra opción. Tardamos 15 días en llegar con otras ocho familias. Caminábamos junto a una carreta tirada por un burro que transportaba a los niños más pequeños, utensilios de cocina, gachas de maíz, azúcar, leche y agua.

Cuando llegamos, nos ingresaron a todos en el hospital por desnutrición. Nunca había visto un hospital. Mis hijos pequeños también fueron vacunados por primera vez. Di a luz en un hospital por primera vez en mi vida después de venir a Dadaab. No me veo volviendo a casa porque allí no hay asistencia sanitaria gratuita.

Halimo Osman, 40*: “Mantengo la esperanza de poder volver algún día a mi granja de Somalia.”

La sequía y las inundaciones han cambiado mi vida de un modo que no podía imaginar. Me llamo Halimo Osman, tengo 40 años y nací en el pueblo de Sako, en Juba Central. Resistí tres largos años de sequía, que comenzó en 2018, y luego vi con impotencia cómo las devastadoras inundaciones de 2022 destruían mis cultivos y dejaban a mi familia sin alimentos. Estos fenómenos meteorológicos me obligaron a abandonar mi hogar, algo que aún me atormenta. “¿Cómo puedes quedarte en un lugar donde tus hijos no tienen comida?”, me pregunté.

Para hacer este viaje, vendí todo lo que tenía: mi casa, mi última cosecha y hasta las cabras que me quedaban. Fue un sacrificio para llevar a mi familia a un lugar donde pudiéramos sobrevivir. Como llevaba a cuatro de mis hijos y cuatro de los hijos de mi hermana no podía permitirme comprar comida, pero personas solidarias nos ayudaron durante el viaje de dos días en un vehículo alquilado. En Dadaab, mis hijos y yo tenemos ahora acceso a alimentos, por lo que estamos verdaderamente agradecidos.

Me queda una pequeña esperanza de poder volver algún día a mi granja de Somalia, si vuelven las lluvias y mi comunidad se recupera. Sin embargo, los cambiantes patrones climáticos de Somalia hacen que eso parezca un sueño que se aleja cada vez más. Nuestra economía rural se hundió cuando todo el mundo huyó, y temo que nuestro pueblo nunca vuelva a ser el mismo.

Abdirahman Yonis, 18*: “Espero un futuro mejor que aquel del que hui.”

Con sólo 18 años, ya he visto lo despiadadas que pueden ser las inundaciones. Marerey, el pueblo cercano al río Juba, en Somalia, donde crecí, era todo lo que conocía hasta que las inundaciones de 2023 nos lo arrebataron todo. La agricultura era mi vida, pero las aguas arrasaron mi casa, mis cultivos, todo. Para colmo, las inundaciones contaminaron el río, que era nuestra única fuente de agua.

El agua de la que antes dependíamos se había vuelto contra nosotros, no sólo arrasando nuestras posesiones sino también enfermándonos. Los miembros de mi familia sufrían diarrea y vómitos crónicos; no había ningún hospital cerca y la única farmacia disponible estaba a una hora de camino.

Llevo en Dadaab con mi familia desde 2023. Soy un padre joven que intenta dar sentido a esta nueva vida. No es fácil. Siempre pienso en lo que perdimos, en lo que dejamos atrás, pero también me aferro a otra cosa: la esperanza de un futuro mejor que aquel del que hui.

Khalid Elmi, 51*: “No tuve más remedio que irme.”

Antes me dedicaba a la agricultura en Baladu Rahmo, Jubaland, donde podía alimentar bien a mi familia. Hace una década, podía proveer lo suficiente para todo el mundo y la vida me parecía estable. Entonces llegó la sequía: “siete años de sequía y esperanza”, como reflexiono ahora, captando nuestra angustia. Con el tiempo, sólo me quedaban unos 15 o 16 kilos de comida cada seis meses, apenas lo suficiente para sobrevivir, sobre todo con las plagas que no podía permitirme tratar.

Las penurias se hacían cada vez más pesadas. Recuerdo días en los que mis hijos y yo sobrevivíamos sólo con un mango y agua, estirados durante tres largos días. En 2022 perdí a uno de mis ocho hijos por desnutrición y cinco años antes había perdido a mi madre a causa de las inundaciones.

A medida que la situación empeoraba, una a una las personas se iban marchando. Al final, sólo quedamos 16 personas en mi pueblo. Luego me tocó a mí. En 2022, supe que no tenía más remedio que marcharme.

Shukri Ilyas, 51*: “No me veo ni a mí ni a mi familia regresando a Somalia.”

Antes era una agricultora de éxito; pero en sólo dos años, las condiciones de sequía redujeron mi cosecha de 50 kilos a cero.

Al empeorar la situación, se instaló la desesperanza. Vendí una decena de vacas, lo que me permitió seguir llevando comida a la mesa, pero no por mucho tiempo. Todos los días nos enfrentábamos a la muerte y al hambre.

Así que era hora de irnos. Con cuatro de mis cinco hijos y otras cinco familias, emprendimos un viaje de 18 días en una carreta tirada por un burro hasta el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia. Mi marido, un hijo y mi suegra se quedaron atrás, el viaje habría sido demasiado largo y penoso para ella. Durante el viaje, una de las mujeres de nuestro grupo dio a luz un hijo muerto. No tuvimos más remedio que cargar con el pequeño cuerpo sin vida hasta que llegamos a Dhobley, todavía en Somalia, donde por fin pudimos enterrarlo con dignidad. Ahora, Dadaab es mi nuevo hogar, no me imagino ni a mí ni a mi familia regresando a Somalia, donde la sequía destruyó mi aldea y donde mis hijos no pueden acceder a la educación.

Aden Mohammed, 58*: “Me motiva la esperanza de ofrecer a mis hijos un futuro mejor.”

Yo era un próspero y orgulloso pastor y agricultor en Warangob, Bu’ale. Vi cómo la sequía y las posteriores inundaciones diezmaban mi fuente de sustento, reduciendo mi cosecha de unos 70 u 80 sacos de sorgo cada tres meses a nada en los últimos cuatro años. Tras la muerte de mis 78 vacas a causa de la sequía, me enfrentaba a un futuro extremadamente incierto, y sabía que permanecer en Somalia significaría más sufrimiento para mis cinco hijos.

Mi familia y yo estábamos desesperados por escapar de los cuatro años de sequía, no tuve más remedio que embarcarme en el viaje a Dadaab, Kenia, con seis miembros de mi familia, viajando en una carreta tirada por un burro durante 14 días. Durante el viaje sobrevivimos a base de sorgo, leche y la amabilidad de personas bondadosas a lo largo del camino. El viaje hizo estragos en nuestros cuerpos, nos dejó los pies destrozados y algunos niños y niñas sufrieron diarrea y desnutrición grave.

A pesar de los retos, me motiva la esperanza de ofrecer a mis hijos un futuro mejor gracias a la educación, un lujo que valoro muchísimo.

*Nombres ficticios para proteger la dignidad de las personas entrevistadas.

Leidy fue la primera persona que perdió un ojo a manos de la policía en Colombia durante el Paro Nacional de ese año. Tras el ataque presentó una denuncia ante la policía, fue interrogada sobre lo sucedido en al menos 10 ocasiones y recibió amenazas a través de las redes sociales que finalmente la obligaron a abandonar su país.

La joven de 24 años comparte aquí la historia de lo que le sucedió, cómo rehízo su vida y por qué sigue sin tener miedo a protestar.

Fui a mi primera protesta en 2016. Era una manifestación contra las corridas de toros en Bogotá. Al poco tiempo se suspendieron las corridas de toros en la ciudad. ¡Había funcionado!

Para mí protestar era muy importante y sentía que era mi deber participar. Era una forma de cambiar las cosas. Por eso empecé a estudiar ciencias políticas.

Justo antes de la pandemia, la policía mató a Dylan Cruz durante una protesta. Esto indignó a la gente. Cuando todo volvió a la normalidad después de la pandemia, los precios comenzaron a subir, no había trabajo. Hubo una gran crisis económica en Colombia y la gente volvió a salir a la calle.

Donde yo vivía no teníamos nada que comer. Sebastián, mi novio, y yo tuvimos que pagarnos los estudios, cuando deberían haber sido gratuitos. Eso fue lo que nos hizo salir a protestar en 2021.

Recuerdo que el 28 de abril me levanté temprano. Hice varios videos de Instagram invitando a la gente a sumarse a nuestra protesta. Después fui en bici a casa de mi novio y salimos sin un rumbo concreto, sólo queríamos manifestarnos. Estaba lloviendo. Nos juntamos con amigos y fuimos a la plaza de Bolívar, donde suele congregarse la gente.

Estaba muy concurrida, así que dejamos las bicis en el parque.

La policía comenzó a disparar gas lacrimógeno

Estábamos manifestándonos pacíficamente, cantando y coreando consignas, cuando la policía comenzó a disparar gas lacrimógeno y la gente echó a correr. Yo dije: “Tranquilos. Vamos andando, sin correr”. En ese momento estábamos cerca de donde yo trabajaba, y pensamos que esa zona estaría más tranquila. Solo había que cruzar un puente para llegar allí, pero no se podía porque la policía estaba lanzando gases lacrimógenos para impedirlo. Dije a mis amigos: “Vamos a levantar las manos y a cruzar con calma, no nos atacarán”. Sin embargo, cuando estábamos cruzando el puente, un agente de policía empezó a gritarnos y a burlarse de nosotros.

Yo les dije que sólo queríamos pasar al otro lado, que queríamos volver a casa pero teníamos que recuperar nuestras bicis. Un policía nos dijo que era demasiado peligroso intentar llegar hasta ellas y que era mejor rodear el barrio.

Fue entonces cuando recibí el disparo.

Sólo me detuve un instante, junto con Sebastián, mis amigos Camilo y Karina, y un periodista de guerra chileno que estaba documentando la protesta. Uno de los amigos de Sebastián se acercó a la policía para preguntar si podíamos salir de esa calle y los agentes empezaron a decir cosas horribles. Él intentó alejarse pero lo agarraron y golpearon.

El agente nos dijo de malos modos: “No deberíais estar aquí”. Yo estaba cerca y le dije: “No hemos hecho nada”. Y entonces, bum... se hizo la oscuridad.

Me llevé las manos a la cara y noté algo húmedo. Comencé a gritar llamando a Sebastián. El vino y me agarró por los brazos. Yo no veía nada. Me dijo que mantuviera la calma, que no pasaba nada. Pero yo tenía la sensación de que se me había salido el ojo.

Tomé una foto con mi teléfono móvil, pero en ese momento no podía ver nada. Sebastián me soltó y se fue. Más tarde supe que había ido a tomar el número de identificación del agente de policía que me había agredido; era importante identificarlo.

Yo sabía que estaba ciega de un ojo

En la ambulancia, podía notar los nervios de Sebastián. Él veía la gravedad de mi lesión. Yo sabía que estaba ciega de un ojo.

Intenté mantener la calma. Sebastián me dijo que íbamos a un médico y que estaría bien.

Cuando llegamos al hospital, el médico me dijo que el ojo había explotado por el impacto directo de un objeto contundente.

La primera llamada telefónica que hice fue a mi madre, para contarle lo sucedido. Mientras estaba en el hospital, mis amigos me llamaron para contarme que personas que habían participado en la protesta estaban desapareciendo. Me dijeron que hiciera público lo que me había pasado. Así que hablé en directo en una página llamada Primera Línea Col. Dije que un agente de policía me había agredido y conté mi historia. Muchas personas compartieron el directo, incluidos influencers y actores, como Julián Román. Hacia las dos de la madrugada, cinco millones de personas habían compartido lo que yo había publicado. Para entonces, mis cuentas de Facebook e Instagram ya se habían cerrado. Intenté ponerme en contacto con Instagram pero nadie respondió. Tengo suerte de que sólo hayan desaparecido mis plataformas de redes sociales, y no yo.

Fue violencia policial

Al salir del hospital, al fin logré encontrar un abogado. La policía se reunió conmigo en su despacho para presentar mi denuncia. Los agentes no dejaron de interrumpirme durante mi testimonio y, finalmente, me dijeron que presentara denuncia por una agresión personal y no por violencia policial. Mi abogado y yo dijimos: “No, es violencia policial y abuso de autoridad”. Pero no nos hicieron caso. Después de eso, varios departamentos de policía me interrogaron acerca de lo sucedido en al menos 10 ocasiones.

Durante toda mi recuperación me sentí muy agradecida a mi familia, y a la de Sebastián. Como mi madre trabajaba de noche y estaba preocupada por mí, le pidió a Sebastián que viniera a vivir con nosotras. Una vecina empezó a notar la presencia de diversos coches en el exterior de mi casa. Intenté que no me afectara, pero al final me fui a vivir a casa de Sebastián. Poco después, mi madre me llamó llorando. Habían echado una sustancia en polvo a través de la puerta que empezó a quemar la alfombra mientras mi familia estaba en casa.

Entonces comprendí que tenía que irme de Colombia. Me puse en contacto con Amnistía Internacional y les conté todo. No tenía pasaporte, así que me ayudaron a conseguirlo. Vendí mis cosas y me fui a Noruega, con Sebastián y mi madre. Al llegar a Noruega fui internada en un centro de detención, pero Amnistía estuvo allí para apoyarme y ayudarme a comunicarme.

Recuperando la confianza

Después de dos años, al fin me siento cómoda en Noruega, y puedo ver algunas ventajas de estar fuera de Colombia. Puedo hablar libremente y dedicarme al activismo. Estoy aprendiendo noruego y trabajo a tiempo parcial en una guardería, que me encanta.

Al principio quería volver a casa y cambiar las cosas a mejor. Pero ahora sé que mi vida está en Noruega, y por eso decidí traer a mis gatos. Estoy aprendiendo el idioma y he aceptado por razones de seguridad que éste es el mejor sitio para mí.

Aunque estamos solos en esta ciudad, estoy empezando a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas; mis gatos me hacen feliz, y puedo viajar y ver cosas nuevas. Hace poco tuve mi primer encuentro con mi sobrina; conocerla y verla dar sus primeros pasos me ha motivado para crear un mundo mejor para ella.

En cuanto a Colombia, ya no hay tantas protestas ahora. Hay mucha gente joven en prisión y personas desaparecidas, y hasta la fecha, más de 100 personas han sufrido lesiones oculares. La gente tiene miedo de protestar, pero sé que está centrada en lograr justicia y obligar al gobierno a rendir cuentas. Igualmente deben ser obligados a rendir cuentas los gobiernos de países como Estados Unidos y Brasil que están permitiendo la venta de estas armas “menos letales” a las fuerzas de seguridad colombianas. Poner estas armas en manos de unas fuerzas de seguridad abusivas pone a las personas en peligro de sufrir tortura y mutilación, como me pasó a mí.

A pesar de mi lesión, todavía me apasiona el activismo. Protestar es la mejor forma de unirnos y mostrar al mundo nuestra disconformidad. Tenemos derecho a salir a la calle para apoderarnos del espacio público y decir: “No estoy de acuerdo con eso”. No siento odio hacia nadie. Después de todo, el amor me salvó la vida. El amor de las personas que me rodean. Y quiero que haya más. Todos cometemos errores, pero si podemos unirnos como comunidades, respetarnos y amarnos mutuamente, el mundo será un lugar mejor.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que respalden sin demora un tratado para regular el comercio de material de control policial con el fin de garantizar que no termina en manos de fuerzas policiales abusivas. Lo que le pasó a Leidy no debería pasarle a nadie más. Todo el mundo debe poder participar en protestas con seguridad y sin miedo.

Estas reformas legislativas llegaron tras el ciclo de gran movilización contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008. Frente a ello, en lugar de escuchar a la ciudadanía, la respuesta del Gobierno de entonces fue un brutal recorte represivo en derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y estableciendo, como denunció hace dos años Amnistía Internacional, un manto de impunidad que restringe y debilita el derecho a la protesta.

Durante estos nueve años desde las organizaciones de la sociedad civil han documentado, se han movilizado y hecho llegar a las autoridades las enormes preocupaciones con respecto al amplio margen de arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de “foam”, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

En la actual legislatura seguimos sin que las reformas se hayan acometido, una vez que en la anterior decayeran las propuestas de reformas al no alcanzar acuerdos quienes tenían mayoría parlamentaria para ello, y tras años de inmovilidad en los que se iba prorrogando de manera continuada la tramitación de las mismas.

El pasado 10 de junio la plataforma No Somos Delito, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, organizó la nueva jornada parlamentaria en el Congreso “Sin mordazas: 9 años y ni uno más” en la que se mostraron con casos concretos las principales preocupaciones en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo el caso del grupo vecinal No a la Tala en Madrid, que acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. O cómo el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, han acumulado más de 44 mil euros en multas sólo desde 2021, o los 21.000 euros en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina ante la visita de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense.

Desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre de 2022, se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse“ (36.6) y ”faltas de respeto a la autoridad“ (37.4), suponiendo el 77% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Estas son dos de las principales preocupaciones que se viene señalando desde la entrada en vigor de la reforma en 2015, al impactar negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Otra de las cuestiones claves que se han abordado en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que no se llegó a finalizar en la pasada legislatura ha sido sobre el uso de las pelotas de goma, las cuales deben estar prohibidas por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. En cuanto a las proyectiles de ‘foam’ han causado lesiones graves, incluso provocando la pérdida de un ojo a varias personas y han sido empleados para dispersar multitudes, debiendo suspenderse su uso para evaluarlo y valorar si puede ser usado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

La Ley de Seguridad Ciudadana también ha impactado de forma muy negativa sobre determinados grupos de población, como sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas, por ejemplo con la disposición adicional que pretende legalizar la práctica ilegal de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como devoluciones en caliente. En la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022 se llevaron a cabo 470 devoluciones en caliente. El despliegue de las fuerzas de seguridad de ambos estados fue brutal. El uso de estos proyectiles pudo contribuir a la muerte de al menos 37 personas negras. En este caso, dos años después, seguimos reclamando una investigación efectiva, independiente y transparente que pusiera a disposición de la justicia a los funcionarios responsables de uso ilegítimo de la fuerza.

La falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español es otra de las peticiones de la sociedad civil que se abordaron sin éxito en el contexto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La ausencia de mecanismos permite actuaciones arbitrarias y desproporcionadas en un marco de impunidad.

Por otra parte, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar indebidamente actos de protesta pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos, recientemente modificado, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.

Es representativo el caso de Javitxu, que entró en prisión el pasado 21 de mayo por haber participado en protesta contra un mitin del partido político VOX que tuvo lugar el 17 de enero de 2019 en el Auditorio de Zaragoza. El Tribunal Supremo condenó a Javitxu a cuatro años y nueve meses por los delitos de atentado y desórdenes. Además de reclamar su inmediata puesta en libertad y la anulación de su condena, este caso muestra que tampoco se puede demorar más la reforma del Código Penal para que no se pueda seguir criminalizando el derecho a la protesta.

Si volvemos nueve años atrás, recordaremos cómo el PSOE hizo campaña contra la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 por considerarla una vuelta al Estado policial que instaura, además, el “Derecho Administrativo Sancionador del enemigo”. Consideraba que “su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la ”tranquilidad pública“, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.” Como recordamos en el llamamiento a la movilización de cara a este nuevo aniversario, teniendo en cuenta el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar de octubre de 2023, reclamamos nuevamente que cumplan su compromiso y que este sea el último año de Ley Mordaza.

Abordar las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana es una cuestión de valores, de compromiso con los derechos humanos. Recordamos cómo desde que se tuvo conocimiento de los proyectos de ley en 2015 mecanismos internacionales de los derechos humanos realizaron advertencias de que su aprobación socavaría los derechos de manifestación y expresión, como hicieron por ejemplo el de cuatro Relatores de la ONU, o cómo el Consejo de Europa instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”.

También merece recordar las recientes declaraciones del presidente del gobierno, quien asumió el pasado 29 de abril, tras cinco días de reflexión, su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Abordar dicho compromiso debe implicar ineludiblemente atender la asignatura pendiente que tiene desde que fuera candidato a la presidencia y afirmara con rotundidad que “Derogaremos la 'Ley Mordaza' nada más lleguemos al Gobierno”.

No podemos predecir el futuro, pero sí que sabemos hoy que los derechos conquistados son resultado de las luchas sociales del pasado, y que por tanto los avances en derecho futuros serán por el impulso de la movilización social comprometida con los derechos humanos. Con esa vista a largo plazo el Gobierno actual debería revertir sin mayor dilación el paquete represivo de la sociedad civil que constituyen las Leyes Mordaza. En lugar de permitir que se siguiera socavando el derecho a la protesta debería invertir esfuerzos en poner en valor, proteger y agradecer la labor de quienes dedican su tiempo en la defensa de los derechos humanos.

Si nos limitamos en cambio a una mirada más táctica y cortoplacista, ya son muchos los intereses que hacen oposición a los avances en los derechos a la salud púbica, la vivienda, o al trabajo, por citar algunos, como para que el actual Gobierno no visualice que para cumplir con su propio programa de gobierno necesita de una sociedad civil que pueda impulsar los avances en derechos humanos. Y para ello debe facilitar que lo pueda hacer con seguridad y sin miedo a tener que desviar sus esfuerzos en pagar cuantiosas multas e incluso en procesos penales por haber ejercido el derecho a la protesta.

A día de hoy aún existe una mayoría parlamentaria que durante años mostró su oposición a las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Ya sea por convicción, compromiso o valores, por una mirada estratégica a largo plazo o una más táctica a corto plazo, tras 9 años no debería de pasar ni uno más sin acabar con las vulneraciones de derechos de las Leyes Mordaza.

Esta ley mantiene bajo llave aún hoy temas fundamentales de derechos humanos como son los crímenes en la Guerra Civil y el franquismo, la venta de armas a países que cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, el espionaje a activistas, periodistas o representantes políticos, o las infiltraciones policiales en manifestaciones.

El presidente del gobierno asumió el pasado 29 de abril, tras cinco días de reflexión, su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Una declaración de intenciones que debería de dar paso a acciones concretas con las que cumplir con asignaturas pendientes que lleva años arrastrando. Es el caso de la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma anunció hace más de tres años como un paso necesario por la “calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia”.

Pedro Sánchez ha anunciado un punto y aparte, y reclama que “la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común”. Para ello cuenta con una herramienta muy potente, que es la presidencia del gobierno de la que es titular, así como una mayoría legislativa que desde hace años viene aprobando las propuestas de reforma de la Ley de los Secretos Oficiales y que en un Pleno del mes de febrero aprobó nuevamente la tramitación de la reforma.

Recordando lo obvio, un punto y aparte sería reformar una ley para superar las principales preocupaciones. En caso contrario nos quedaríamos en un mero punto y seguido. El nuevo texto deberá incluir la prohibición expresa de clasificar como secreta la información sobre violaciones graves de derechos humanos. La futura ley debe prever que en ningún caso se pueda limitar el acceso a información para prevenir, reducir o investigar violaciones de derechos humanos.

Para una regeneración democrática efectiva el gobierno y los grupos parlamentarios también deben asegurar que la nueva ley cumpla con el criterio restrictivo en materia de clasificación de información. Es decir: la transparencia como norma y la opacidad como excepción. Los estándares internacionales reconocen que ciertos temas sí pueden ser restringidos legítimamente, si bien las restricciones temporales a la información sólo pueden responder a razones limitadas y muy precisas, y demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que justificaría su no divulgación.

Es asimismo fundamental garantizar medidas de protección para las personas informantes o denunciantes que revelen información clasificada, y la previsión de que queden excluidas del régimen sancionatorio. El derecho a denunciar irregularidades es una extensión natural del derecho a la libertad de expresión y por tanto relevante para avanzar en la regeneración democrática.

“Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia”, reclama Pedro Sánchez. De igual modo le demandamos que lo haga, cumpliendo con su compromiso anunciado en el pasado y reafirmado en el presente. El acuerdo de PSOE y Sumar del 16 de mayo en el que anunciaban la creación de un grupo de trabajo para desarrollar “medidas de regeneración democrática” debería de facilitar la concreción de esta aspiración.

España debe avanzar en derechos y esta ley retrógrada se lo impide puesto que es un cerrojo frente al derecho de información, la transparencia y la posibilidad de investigar numerosas violaciones de derechos humanos. Por un futuro en el que la cultura de los derechos prevalezca sobre el oscurantismo y la impunidad, no hay excusas: es hora de abrir el candado de los secretos oficiales.

Así, siguiendo la denominada “Doctrina Netanyahu”, relanzada de nuevo bajo el paraguas de la Administración Trump 2016-2020 tras décadas de estancamiento, Israel firmó acuerdos de paz con potencias árabes que hasta entonces no habían querido mantener relaciones diplomáticas, precisamente por la cuestión palestina. El olvido progresivo de la causa palestina a nivel regional e internacional, unido, entre otros, al sistema de apartheid impuesto por Israel a todas las personas palestinas, tuvieron una catastrófica consecuencia.

El 7 de octubre de 2023, una operación sin precedentes de combatientes de Hamás causó la muerte de más de 1.200 personas, el secuestro de más de 200 rehenes y heridas a otras miles, además de crímenes de guerra contra civiles israelíes que incluyeron violencia sexual, ejecuciones sumarias, mutilaciones y secuestros.

Este es el capítulo más letal y sangriento de una historia en la que tenemos que remontarnos a 1947, con la puesta en marcha del Plan Dalet de conquista israelí de los territorios palestinos y el consiguiente sistema de apartheid, hasta llegar a las mismísimas puertas de un posible genocidio en 2024.

Toda una enciclopedia de vulneraciones del derecho internacional y crímenes de guerra

En el marco de la bautizada como Operación Espadas de Hierro, seis meses después de los ataques del 7 de octubre y el anuncio del estado de guerra por parte de Netanyahu, la ofensiva israelí ha matado al menos a 32.600 personas palestinas, entre las cuales hay más de 8.800 mujeres, 13.230 menores de edad, 340 trabajadores sanitarios y 132 periodistas. La segunda ofensiva más letal de Israel sobre Gaza se produjo en 2014, con al menos 2.251 personas palestinas muertas en 50 días.

No obstante, estas cifras no incluyen las personas desaparecidas entre los escombros, que se estiman cercanas a las 10.000. Tampoco las fallecidas, cuyos cuerpos nunca se llevaron a los hospitales. Al menos 175 trabajadores de Naciones Unidas han muerto, junto con personal de otras organizaciones humanitarias, que a día de hoy siguen sufriendo ataques y que elevan a casi 200 la cifra de trabajadores humanitarios totales muertos. Al menos 75.000 personas han resultado heridas y los bombardeos han destruido más del 70% viviendas de Gaza, sobre todo en el norte, que se ha convertido en prácticamente inhabitable. Solo en los primeros cuatro meses de las operaciones israelíes, murieron más niños y niñas, más periodistas, más personal médico y más trabajadores de la ONU que en cualquier otro lugar del mundo durante un conflicto.

Todo esto en seis meses. Aun cuando cada guerra es diferente, la comparación de las cifras es interesante de cara a construir un mapa mental sobre el alcance de la intensidad de un conflicto: en los dos primeros años de la invasión rusa de Ucrania, han muerto al menos 10.675 personas, de las que al menos 3.124 son mujeres, y al menos 561 niños y niñas. Han resultado heridas, al menos, 20.080 personas.

El objetivo de Israel, el presentado como oficial, es la destrucción completa de Hamás, amparándose en el derecho a defenderse. Pero este derecho que Israel puede y debe ejercer, viene acompañado de una burbuja de impunidad desde hace décadas. La propia Corte Internacional de Justicia, en 2004, reconoció que Israel no podía invocar ese derecho frente a amenazas a su seguridad procedentes de unos territorios que controla y que no se pueden imputar a otro Estado. Israel sí puede y debe garantizar su seguridad, pero ejerciendo un cumplimiento escrupuloso de los principios de proporcionalidad, humanidad y distinción, elementos básicos del Derecho Internacional Humanitario. Las operaciones de Israel en Gaza en estos últimos meses han tenido de todo menos humanidad, proporcionalidad y distinción.

Desplazamientos forzados y castigos colectivos

Antes del 7 de octubre, más del 80% de la población gazatí ya vivía bajo el umbral de la pobreza, casi la mitad de los hogares sufrían inseguridad alimentaria grave y casi el 96% del agua del acuífero de Gaza estaba contaminada. Antes de la Operación israelí, la Franja necesitaba, según datos de Naciones Unidas, 500 camiones de ayuda humanitaria diaria exterior para alimentarse, beber agua, encender la luz o tratar a los pacientes en los hospitales.

En este contexto, junto con toda un serie de bombardeos indiscriminados en el norte de la Franja, atacando edificios enteros de viviendas, Israel impuso un bloqueo de electricidad, agua y combustible en la Gaza, así como de ayuda humanitaria (vigente hasta la actualidad) lo cual ha agravado una situación humanitaria que ya era catastrófica. La falta de agua ha forzado a que hoy tres de cada cuatro gazatíes beban agua contaminada, con los consiguientes problemas de salubridad que ello conlleva. Esto se une a los cortes de electricidad y bloqueo de combustible que diezmaron enormemente la operatividad de unos hospitales ya de por sí completamente sobrepasados. Todo ello es un círculo vicioso terrible que es constitutivo de un castigo colectivo a la población gazatí. Al poco de comenzar la ofensiva, Israel también incluyó campos de refugiados palestinos entre sus objetivos, así como escuelas y edificios de Naciones Unidas. Ni siquiera los hospitales se libraron de los ataques, sufriendo bombardeos en las inmediaciones para una posterior incursión terrestre terrorífica.

Sin cesar los ataques indiscriminados en el norte de Gaza, Israel dio un paso más en su estrategia de escalofriante indiferencia hacia la catástrofe, ordenando a la población del norte de la Franja abandonar tanto los hospitales como sus hogares. Y la orden de evacuación no quedó ahí. Además de utilizarla como argumento de que intentaban proteger el mayor número de vidas civiles posible, al “avisar” de que la zona norte iba a ser bombardeada, Israel definió supuestas rutas seguras hacia el sur de la Franja, donde Israel decretó también una zona supuestamente segura en Rafah. Tanto las rutas como las zonas supuestamente seguras fueron igualmente bombardeadas.

Todo lo relatado hasta ahora sucedió ni siquiera en el plazo de un mes, en un claro ejemplo desprecio por la vida de las personas palestinas.

La Franja de Gaza cuenta con una población de alrededor de 2,2 millones de habitantes repartidos en una extensión de 360 km², con un largo de 40 km y un ancho de 12 km. Para hacernos una idea, la superficie de la Franja es algo inferior a la extensión de la ciudad de Málaga. El norte de Gaza, devastado por los incesantes bombardeos y operaciones terrestres de las fuerzas israelíes, es el equivalente a la ciudad de Valencia. Antes del 7 de octubre, la densidad de población de la Franja era casi el doble que la de ciudades como Madrid o Barcelona, representando uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Hoy, como consecuencia del desplazamiento forzoso, las personas gazatíes se encuentran completamente hacinadas en el sur en una situación deplorable e insostenible, con menos de dos metros de espacio para cada persona y con baño para cada 600, como mínimo.

Los ataques ilegítimos y los crímenes de guerra continúan hoy día: detenciones arbitrarias y casos de tortura a las personas palestinas detenidas, incluyendo desapariciones forzadas; ataques a periodistas, y apagones que dificultan enormemente las labores sanitarias, las comunicaciones y la documentación de las vulneraciones de derechos humanos. En el cuarto mes de conflicto ya se hacía imposible no hablar de un riesgo real de genocidio y a día de hoy se habla con cada vez mayor seguridad de que el hambre y el agua están siendo utilizados como arma de guerra, ante el constante bloqueo israelí de la llegada de ayuda humanitaria por tierra. Desde febrero, Israel está amenazando con realizar una incursión militar terrestre sobre Rafah. Con todo, la realidad es ineludible: no hay refugio seguro en Gaza frente Israel.

Todo esto sin olvidarnos de Cisjordania, donde la violencia por parte tanto de las autoridades como de colonos israelíes, ha alcanzado niveles devastadores, con centenares de víctimas.

La ayuda humanitaria, una víctima más

Es completamente descorazonador presenciar cómo un solo país, con el apoyo, por ejemplo de los Estados Unidos, es capaz de poner en jaque a la comunidad internacional y demostrar su nula voluntad política, eludiendo sus responsabilidades en relación a la ayuda humanitaria tras lanzamientos aéreos que rozan lo esperpéntico e intentos para abrir un corredor marítimo de ayuda en lugar de ejercer una presión política efectiva para poner fin a los bombardeos y facilitar la llegada de ayuda humanitaria por tierra.

Pero incluso las escasas entradas de camiones con ayuda humanitaria en Gaza son una amenaza, como lo demuestra el terrible episodio de la masacre de la harina de finales de febrero y principios de marzo. Un episodio en el que, intentando llegar en estampida a los camiones de ayuda humanitaria, más de cien personas palestinas perdieron la vida y 760 resultaron heridas como consecuencia de atropellos y disparos israelíes. Hasta este punto llega la desesperación de los gazatíes.

El genocidio del pueblo palestino: un riesgo muy real

El 26 de enero de 2024, a raíz de una denuncia presentada por Sudáfrica, la CIJ reconoció que existía un riesgo de genocidio ordenando una serie de medidas cautelares a Israel de obligado cumplimiento, antes de proceder a realizar más investigaciones para determinar si efectivamente existe genocidio en Gaza. Si bien es cierto que no ordenó un alto el fuego (técnicamente no podía al tratarse de un contexto de conflicto armado entre Israel y Hamás y, al dirigirse únicamente a los Estados, la CIJ solo podría ordenar un alto el fuego a una de las partes en el conflicto), ninguna de esas medidas cautelares puede verdaderamente materializarse si Israel no decreta un alto el fuego permanente.

El mismo viernes 26 de enero, Israel acusaba a la UNRWA de mantener importantes vinculaciones con Hamás (sin aportar pruebas fundadas) en un episodio más de décadas de campaña contra Naciones Unidas. Varios países occidentales decidieron suspender su financiación a la agencia, cuando su labor era absolutamente indispensable antes incluso del 7 de octubre, al tiempo que ofrecían cobertura diplomática a Israel o continuaban suministrándole armamento (algo que, ante el riesgo establecido por la CIJ, puede ser constitutivo de complicidad con el genocidio). Toda la normativa y autoridades internacionales, ante un caso de violaciones graves y masivas de derechos humanos como son las que están sucediendo en Gaza, apuntan a un embargo total e inmediato de armas a Israel.

Lejos de mejorar, la situación en Gaza se ha agravado todavía más como consecuencia de un incumplimiento flagrante e intolerable de Israel de las medidas que se le ordenaron, hasta el punto de que la CIJ ha tenido que emitir nuevas medidas cautelares por considerar que las decretadas en enero son ya insuficientes, exigiendo también la llegada de ayuda humanitaria a gran escala y sin trabas ante la propagación de la hambruna.

Como afirmó la Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, el pasado 27 de marzo en la presentación de su informe “Anatomía de un Genocidio”, enumerar todas y cada una de las vulneraciones del derecho internacional cometidas por Israel solo desde el 7 de octubre de 2023 daría lugar a toda una enciclopedia. Y sí la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es seria a la hora de investigar lo que ha hecho Israel en Gaza, solo desde el 7 de octubre, estará ocupada durante décadas.

Inmovilismo y letargo internacional

Las décadas que precedieron a la II Guerra Mundial parecieron demostrar que lo imposible era posible: poner a todo un mundo de acuerdo para la codificación de los derechos humanos en un corpus legislativo internacional que generase obligaciones vinculantes para todos los Estados. En construir un orden internacional basado en normas que, si bien estuvo a punto de desmoronarse durante la Guerra Fría, permitió un sistema multilateral de seguridad colectiva cuyo principal objetivo es, en teoría, la promoción y el mantenimiento de la paz a nivel mundial. Parecía que lo más difícil ya se había conseguido.

Pero el apartheid israelí contra la población palestina y el serio riesgo de genocidio en Gaza demuestran que no, que lo más difícil es la aplicación de la legalidad internacional. Que el principal problema del mundo no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad política necesaria para su aplicación, como afirmó Antonio Guterres.

La Unión Europea, que tiene entre sus objetivos contribuir a la paz y la seguridad en el mundo, así como un estricto respeto del derecho internacional, no ha sido capaz de ir más allá de acuerdos de mínimos en forma de pausas humanitarias y nunca a favor de un alto el fuego permanente, a pesar de diferentes intentos y como se lleva reclamando desde octubre. Si bien han habido unos pocos líderes nacionales y autoridades que se han mostrado manifiestamente críticos con las vulneraciones del derecho internacional de Israel, otros muchos se han puesto de perfil, cuando no directamente han votado en contra de cualquier decisión que no se alinease con los intereses israelíes.

Lo más lejos que ha sido capaz la UE de llegar ha sido el 22 de marzo, en unas conclusiones del Consejo Europeo en las que “pide una pausa humanitaria inmediata que dé pie a un alto el fuego duradero, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a la prestación de ayuda humanitaria”. Si bien en términos diplomáticos estas conclusiones son importantes al introducir, por primera vez, el alto el fuego en el discurso oficial de los 27, aunque solo sea como horizonte, llegan exageradamente tarde y son claramente insuficientes ante la catástrofe humanitaria sin precedentes. Solo para estas conclusiones han sido necesarias más de 32.000 muertes en seis meses.

Si la UE está prácticamente paralizada por la unanimidad requerida de los 27 en asuntos de política exterior, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo responsable de la paz y seguridad mundiales, lo está por el poder de veto de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. De las más de 80 veces que se ha usado el poder de veto, en más de la mitad de las ocasiones ha sido empleado por Estados Unidos en resoluciones que, por ejemplo, condenaban a Israel por sus asentamientos ilegales en Palestina o que pedían un alto el fuego en Gaza. Por su parte, Israel no ha cumplido ni el 1% de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de las últimas décadas que le han interpelado.

A lo largo de estos seis meses se han sucedido numerosas resoluciones fallidas de Naciones Unidas por el veto de Estados Unidos, pero también por los votos en contra de China o Rusia, especialmente en resoluciones que pedían un alto el fuego y demostrando un desprecio cruel por el sufrimiento de la población civil. Solo han salido adelante Resoluciones relativas a pausas humanitarias temporales, con la abstención de Estados Unidos, que, al igual que en el caso de la UE, son acuerdos de mínimos.

El 25 de marzo, por primera vez desde que estalló la crisis, el Consejo de Seguridad aprobó una Resolución en la que exige un alto el fuego inmediato…para el mes de Ramadán, que termina el martes 9 de abril. Tras la aprobación de la Resolución, que salió adelante una vez más la abstención de Estados Unidos, Netanyahu canceló la visita de dos de sus asesores a Washington esa misma semana porque, según la oficina del primer ministro israelí, no incluye la condición de liberar a los secuestrados, lo cual es falso. En una maniobra diplomática esperpéntica, el propio Estados Unidos, ese mismo día 25 de marzo, afirmó que la Resolución del Consejo de Seguridad “no es vinculante”. Otro claro ejemplo de cómo se está vaciando de contenido al derecho internacional hasta convertirlo en un menú a la carta.

Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea hubieran cumplido verdaderamente con su mandato y sus objetivos y hubiesen estado a la altura de la voluntad política que la situación exige, buena parte de la tragedia de los últimos meses se podría haber evitado. Cómo debe de ser la situación del Consejo de Seguridad que hasta el propio Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que es “víctima de las enormes divisiones geopolíticas que existen en el mundo”. Y como de seguro debe estar Israel de su burbuja de impunidad que incluso se puede permitir el lujo de anunciar la confiscación ilegal de tierras palestinas sin ningún tipo de repercusión relevante (y no es la primera vez que realiza un anuncio así).

Durante estos seis meses, también hemos tenido que presenciar una bochornosa persecución y restricciones a las muestras de apoyo al pueblo palestino en diferentes países, europeos incluidos. Se trata de una estrategia completamente contraproducente. Porque la sociedad civil ha demostrado a lo largo de los años, en muchísimos países y contextos, que cuanto mayor sea la mordaza, mayor será el grito. Que cuanto mayor sea el silenciamiento, mayor será el altavoz. Que cuanto mayor sea el olvido, mayor será la memoria. Y que cuanto mayor sea la injusticia, mayor será la movilización.

Hace ya cuatro años las mujeres de Irlanda del Norte vivieron un acontecimiento histórico, la legalización del aborto después de 158 años de prohibición, de juicios, sentencias y condenas. La despenalización supuso la retirada de todas las acusaciones contra las mujeres que estaban procesadas por abortar. Fue el triunfo de la larga lucha de las mujeres, de sus organizaciones y de otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Hasta entonces, como también pasaba en España hasta el año 2010, a las mujeres de Irlanda del Norte que decidían abortar sólo les quedaba el recurso de viajar a otro país donde el derecho al aborto estuviera reconocido, en muchos casos iban a Inglaterra. Es lo que tuvo que hacer en 2013 Sarah Ewart a pesar de que el diagnóstico médico de su embarazo era de anomalía mortal del feto. Desde entonces ella ha luchado ante los tribunales de justicia para que el aborto fuera legal y seguro.

Hoy, sin embargo, el derecho al aborto conquistado en la ley, en la práctica se convierte en una carrera de obstáculos, muchas veces insalvables. Debería ser cosa del pasado que mujeres y niñas de Irlanda del Norte tengan que subir a un avión con destino a Inglaterra para poder abortar, pero lamentablemente, aún es una realidad.

¿Qué es lo que ha salido mal? Las instituciones públicas no han dispuesto los recursos necesarios ni han previsto, o miran para otro lado, que estas carencias y determinados comportamientos y estereotipos sociales se conviertan en barreras infranqueables para las mujeres.

Primera barrera: la falta de información

Tuvieron que pasar tres años desde el cambio legal para que los servicios públicos suministraran información en su web sobre el acceso y los procedimientos para obtener los servicios de aborto y, todavía hoy, la información es incompleta y confusa, lo que deja a las mujeres en la ignorancia.

“No estaba segura de dónde tenía que ir. Fue una amiga que era partera la que me señaló la dirección correcta, pero sin ella no habría sabido dónde recibir ayuda. Debería haber información en las consultas de atención primaria o en otros entornos sanitarios”. Es el testimonio de Nicola. Vive en Belfast, es médica y abortó en 2021.

Segunda barrera: los recursos médicos de aborto son frágiles. Los servicios carecen de personal suficiente y están al límite, y esta es una gran barrera porque si la atención no está disponible durante las primeras una o dos semanas del embarazo, las mujeres corren el riesgo de superar el plazo legal disponible para abortar -en las 12 primeras semanas-.

Tercera barrera: una parte del personal sanitario rechaza practicar abortos. Es lo que sucede en algunos casos bajo la excusa de “rechazo basado en la conciencia”, aunque no hay información sobre la legalidad de esta actuación. Así, la negativa del personal médico es otra barrera más para las mujeres. En España conocemos bien el problema porque la mayoría de los hospitales públicos no practican abortos. Recientemente, mediante la Ley Orgánica 1/2023, se ha establecido la obligación de que cada hospital disponga de la relación del personal sanitario objetor para poder planificar los recursos que garanticen la prestación en la sanidad pública y cerca de los domicilios de las mujeres.

Cuarta barrera: el estigma y la discriminación social prevalecen, tanto para quienes demandan abortar como para el personal sanitario que las atiende y para quienes apoyan el derecho. Hay intimidaciones verbales, amenazas físicas y acoso en las redes sociales.

“He sido testigo de estos comportamientos y los he sufrido. Uno de los manifestantes me llamó asesina cuando llegaba a la clínica… Toda persona tiene derecho a que los servicios de atención médica sean confidenciales y seguros”. Es el testimonio de Nicola, enfermera de atención médica del Belfast Health and Social Care Trust

Quinta barrera: la telemedicina no es accesible. Aunque sería de gran ayuda, sobre todo para las mujeres que por su situación encuentran mayores problemas para tener información y acceder al aborto: las jóvenes, las mujeres con una situación económica y de empleo precaria, las que sufren relaciones afectivas abusivas, las que temen que se las intimide o les preocupa la confidencialidad.

Todas estas barreras hacen que en Irlanda del Norte el derecho en la ley no sea un hecho en la práctica y que abortar sea una carrera llena de obstáculos. Pero el derecho al aborto es un derecho humano que está directamente imbricado en un conjunto de derechos más amplios como la salud sexual y reproductiva, la autonomía personal para decidir sobre el embarazo, la igualdad y la no discriminación independientemente de la situación económica, la edad, la etnia o cualquier otra característica personal, e incluso el derecho a la vida, porque cuando no se facilita el aborto legal y seguro aumentan los abortos clandestinos y de riesgo.

Recientemente, Amnistía Internacional ha publicado el Informe Legal but not local: Barriers to accessing abortion services in Northern Ireland en el que se da cuenta de las carencias y dificultades que encuentran las mujeres que deciden abortar, de la falta de recursos que tiene el personal médico para proveer el servicio con garantías y del estigma social que todavía hoy supone defender el derecho al aborto. En este informe, la organización de derechos humanos exige a las autoridades de Irlanda del Norte y del Reino Unido que garanticen el acceso a los servicios de aborto para las mujeres, las niñas y cualquier persona que decida abortar.

Charlotte Bunch, Estados Unidos

Charlotte fue directora fundadora del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres (CWGL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Rutgers y es profesora emérita de Estudios sobre la Mujer y el Género. Ha ejercido el activismo y ha trabajado como escritora y organizadora en los movimientos feminista, LGBT y de derechos humanos durante más de cinco decenios; en la actualidad forma parte de la junta directiva del Fondo de Acción Urgente para el Activismo Feminista.

Después de 30 años, ¿qué piensa sobre la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en su país?

En muchos aspectos, los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos se han ampliado durante los últimos 30 años, pero sigue constituyendo una batalla importante en el país, sobre todo porque el ala más derechista se ha hecho con el control del Partido Republicano. La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la sentencia de la causa Roe v Wade, que reconocía el aborto como derecho constitucional, ha supuesto un enorme retroceso en ese sentido. No obstante, también ha situado esa cuestión en un lugar central del debate político en el país. A largo plazo, soy optimista y creo que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres (y muchos hombres) quieren estos derechos y votarán para restaurarlos.

¿Puede contar alguna anécdota personal sobre por qué le importa esta cuestión?

Me crie en una pequeña localidad de Nuevo México y vi lo que les sucedió a varias buenas amigas cuando se quedaron embarazadas a principios de los años 1960, antes de que los anticonceptivos orales y los servicios de aborto fueran de fácil acceso. Tuvieron que dejar el instituto sin haber terminado la educación secundaria y vieron frustrados sus sueños personales. Como muchas mujeres de mi edad, temía quedarme embarazada aunque mantenía relaciones sexuales con métodos anticonceptivos porque había visto lo que ellas habían vivido. Eso marcó profundamente mi concepción de por qué esta cuestión es tan importante para las oportunidades de las mujeres en la vida.

¿Qué hay que cambiar para garantizar que las mujeres y las niñas de todo el mundo puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos?

Las mujeres y los hombres feministas deben conseguir más poder político en todo el mundo. Debemos convencer a más personas de que tener control sobre su propio cuerpo es un derecho humano fundamental y de que es crucial para la capacidad de las mujeres de ejercer muchos de sus otros derechos humanos sociales, económicos y políticos.

Leila Hessini, Argelia

Leila es una lideresa, estratega y asesora feminista transnacional con más de 25 años de experiencia organizativa, filantrópica y de incidencia para hacer avanzar los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia y los derechos sexuales y reproductivos. Nació en Argelia y actualmente es asociada internacional principal (Senior International Fellow) en el Instituto Asfari para la Sociedad Civil y la Ciudadanía de la Universidad Americana de Beirut (Líbano). También trabaja como estratega jefe para organizaciones como Urgent Action Fund-Africa y Trust Africa, promoviendo una iniciativa sobre Reimaginar las Filantropías Feministas y Panafricanas.

¿Cuáles eran sus esperanzas para los derechos de las mujeres cuando participó en la Conferencia de El Cairo en 1994?

Tuve la suerte de mudarme a El Cairo en 1993 para trabajar con el comité conductor de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). Como parte de mi función, me reuní con redes de mujeres de toda la región de Oriente Medio y el norte de África para debatir sobre las perspectivas nacionales y regionales para su Programa de Acción.

Aunque había diferencias entre las distintas perspectivas y estrategias del movimiento feminista global, nos unimos en torno a áreas clave sobre las que sabíamos que queríamos influir para pasar del enfoque del control de la población a un enfoque basado en los derechos de las mujeres, la eliminación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Como la CIPD se celebraba en El Cairo, era importante ensalzar la historia rica y diversa, las realidades y las luchas de los movimientos feministas de todo la región de Oriente Medio y el norte de África en ese momento, ya que con frecuencia éstas no se reconocen en el Norte global, se ignoran deliberadamente o se silencian.

El Programa de Acción de la CIPD fue un documento histórico en muchos sentidos porque situó en un lugar central conceptos defendidos por el feminismo, como el enfoque interseccional de derechos humanos respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la eliminación de la pobreza, y el desarrollo económico.

Después de 30 años, ¿qué piensa sobre la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en el mundo?

Desde la celebración de la Conferencia de El Cairo, más de 60 países han reformado su legislación sobre el aborto, y hay que incluir los esfuerzos recientes para despenalizar y liberalizar el aborto en Colombia, Argentina, México y Benín. Sin embargo, cuatro países —Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Polonia— han restringido el derecho al aborto.

La postura de Estados Unidos sobre el aborto no se ajusta a las tendencias globales y es una verdadera desgracia, sobre todo para un país que se considera a sí mismo como una democracia. Mujeres de todo el mundo saben que la lucha feminista para desmantelar el sexismo y el poder masculino y garantizar que las mujeres tengan oportunidades en la vida no tendrá éxito hasta que todas las mujeres tengan el control de su propia vida sexual y reproductiva.

Un mundo verdaderamente democrático y justo es aquel en que el aborto se considera una parte integral de la vida de las mujeres y de los seres humanos y una práctica común y normal sobre la que las mujeres tienen poder y control.

¿Por qué le importa esta cuestión?

A lo largo de mi vida, he necesitado abortos, he acompañado a otras que los necesitaban, he dado a luz a dos hermosas hijas, las he criado y he apoyado a otras personas en la crianza, y todo ello es una parte fundamental de mi humanidad, mi vida y mis derechos reproductivos.

¿Qué hay que cambiar para garantizar que las mujeres y las niñas de todo el mundo puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos?

Necesitamos un cambio profundo y radical que comience con el hecho de valorar a todas las niñas y mujeres, incluidas las que se identifican como trans, como no binarias y las personas que no se ajustan a las convenciones de género. Esto debe respaldarse con un cambio profundo y sistémico en los distintos niveles del ecosistema —individual, institucional y sectorial— para garantizar que todas las mujeres y las niñas disfruten de una amplia gama de derechos sexuales y reproductivos, así como de servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y disponibles.

Marge Berer, Reino Unido

Marge fue directora fundadora de la revista Reproductive Health Matters de 1992 a 2015, y coordinadora y directora del boletín de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres a un Aborto Seguro de 2015 a 2023 y seguirá publicando el boletín en 2024. Presidió el primer Grupo Consultivo sobre Cuestiones de Género de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1996 a 2001 y fue nombrada profesora asociada emérita de la London School of Hygiene & Tropical Medicine en 2022.

¿Cuáles eran sus esperanzas para los derechos de las mujeres cuando participó en la Conferencia de El Cairo en 1994?

Muchas de nosotras abrigábamos grandes esperanzas de que la Conferencia respaldaría un amplio abanico de derechos de las mujeres relativos a la salud sexual y reproductiva, y así fue. Un nutrido grupo internacional de feministas, coordinado por Adrienne Germain, de Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, celebró una reunión estratégica en Brasil en 1992, y muchas otros grupos no gubernamentales, así como agencias de la ONU, como la OMS y el UNFPA, participaron activamente en la Conferencia de El Cairo para promover las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres. No obstante, en la Conferencia también estuvo presente la oposición de muchos gobiernos al derecho a un aborto sin riesgos y, cuando se abordó esa cuestión, la reunión se estancó y se llegó a una compleja solución de compromiso, que incluso a día de hoy continúa teniendo una influencia restrictiva. El denominado “compromiso” consistió en que el aborto debía ser seguro allí donde fuera legal —aunque la falta de seguridad se produce principalmente en los lugares en los que el aborto es ilegal— y que no debía emplearse como método de planificación familiar, pese a que a menudo se recurre al aborto justamente para eso en los casos en los que los métodos anticonceptivos no han funcionado o no se han usado. La intención de esa última parte del “compromiso” era que el aborto sólo se practicara en casos de riesgo para la salud y la vida. Ambos “compromisos” afirmaban restringir en gran medida los motivos admisibles.

Después de 30 años, ¿qué piensa sobre la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en su país?

En Reino Unido, los servicios de salud sexual y reproductiva han mejorado de forma continua. En Irlanda del Norte, la legislación sobre el aborto se reformó finalmente a raíz de que se solicitara un dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). No obstante, en Estados Unidos (tengo doble nacionalidad), la situación relativa al aborto se asemeja a una guerra civil entre los estados dominados por las políticas antiaborto y aquellos en los que imperan las políticas favorables al derecho a decidir, con una Corte Suprema contraria al aborto, y el Estado de derecho y los derechos de las mujeres están siendo violados de muy distintas maneras.

¿Por qué le importa esta cuestión?

Tuve una relación con un refugiado que estaba aprendiendo inglés en el centro en el que yo impartía clases. Una noche él no tenía condones. Pensamos que por una vez no pasaría nada. Pero sí que pasó y me quedé embarazada. Entonces me contó que estaba casado y que tenía cuatro hijos en su país. No volví a saber de él. No es una historia infrecuente.

¿Qué hay que cambiar para garantizar que las mujeres y las niñas de todo el mundo puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos?

Hay que respetar a las niñas y las mujeres y se deben apoyar todos los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes, políticas y servicios, para que tengan autonomía y medios para tener los hijos que quieran y no se las obligue a tenerlos si no quieren o no pueden lidiar con esa situación por el motivo que sea.

Los hechos son de película. En primer lugar, el domingo 7 de enero, uno de los cabecillas de la delincuencia organizada más poderosos del país, Adolfo “Fito” Macías, se escapó de la cárcel. La fuga de Macías, que es el líder del cártel de narcotráfico Los Choneros, desencandenó una serie de incidentes violentos en todo Ecuador, que incluyó coches bomba, violencia armada y la toma como rehenes de decenas de guardias penitenciarios en prisiones de distintos puntos del país.

El nuevo presidente Daniel Noboa, casi recién llegado al poder, decretó el estado de excepción durante 60 días. En este tema, Noboa sigue la línea del anterior presidente Guillermo Laso, quien durante su mandato publicó decenas de decretos que suspendían diversos derechos —incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica— y ampliaban las facultades, tanto de la policía como de las fuerzas armadas, para entrar en domicilios y locales con el fin de efectuar registros, confiscar bienes y acceder a la correspondencia.

El 9 de enero, el día siguiente de haberse declarado el estado de excepción, varios hombres armados irrumpieron en un informativo de televisión en directo, desatando el pánico en el país. Las redes sociales estallan y la noticia salta rápidamente a las portadas de la prensa internacional, haciendo muy visible la situación de inseguridad en Ecuador.

En respuesta, el presidente Noboa publica una ampliación del decreto original en el que se toman medidas sin precedentes y se declara un conflicto armado interno en el país, invocando el derecho internacional humanitario en virtud de los Convenios de Ginebra. Además, se hace hincapié en el concepto de terrorismo y se declara a más de 22 bandas y cárteles del narcotráfico no sólo como “actores no estatales beligerantes”, sino también como organizaciones terroristas. Lo que hace Noboa es recuperar un decreto previo del expresidente Lasso (no revocado), que había permitido el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional “para reprimir la amenaza terrorista” sin límites temporales.

Amnistía Internacional considera que este decreto contraviene las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para labores de seguridad pública, que exigen que tales decisiones sean extraordinarias, con plazos específicos, limitadas geográficamente y restringidas a lo estrictamente necesario en las circunstancias específicas. También es preocupante que ordene a las fuerzas armadas “neutralizar” a los 22 grupos declarados como organizaciones terroristas, lo que podría dar luz verde a un uso ilegítimo de la fuerza letal.

Las autoridades de Ecuador deben hacer frente a la situación de incertidumbre que atraviesa el país. El estado es garante de la seguridad de su ciudadanía, pero cumpliendo las normas internacionales. El personal militar está entrenado para combatir a un enemigo, no para proteger a la población civil, de lo que se deriva un riesgo para los derechos humanos. Amnistía Internacional ha observado en varios países —por ejemplo en México— que desplegar a las fuerzas militares para combatir la delincuencia organizada, lejos de frenar una amenaza, ha supuesto una amplia gama de riesgos para los derechos humanos que afectan de forma desproporcionada a los sectores más pobres y marginados de la sociedad, lo que ha tenido efectos en cadena sobre la seguridad pública en general y ha comportado violaciones graves de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

Esta opinión es muy impopular, porque el discurso actualmente vigente y “fácil” es: mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, Amnistía Internacional no es la única en señalar esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que, “cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.”

El derecho internacional exige a los Estados que garanticen que el mantenimiento del orden público se reserva principalmente a fuerzas policiales civiles, que deben estar debidamente formadas y equipadas para hacer un uso diferenciado de la fuerza de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad. Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados sólo deben recurrir a las fuerzas armadas de forma extraordinaria, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.

En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y estar regulada y fiscalizada por órganos civiles. Cuando el personal de las fuerzas armadas desempeñe funciones que normalmente corresponderían a las corporaciones civiles, deberá someterse en todos los aspectos a los mismos procedimientos y normas que los establecidos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En resumen, no se debe encomendar a las fuerzas militares tareas de cumplimiento de la ley si las autoridades no pueden garantizar que, al desempeñarlas, respetarán en todo momento el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, el ex presidente Lasso ya anunció durante su mandato estados de excepción hasta en siete ocasiones, aduciendo diversos motivos, entre ellos el riesgo para la seguridad que suponían los grupos del crimen organizado, pero también supuesta violencia en el contexto de las huelgas nacionales, que no han dado resultados positivos en la reducción de la violencia en el país.

Esto no quiere decir que en Amnistía Internacional opinemos que el estado debe dejar que los grupos delincuentes, muy bien armados, organizados y poderosos, campen a sus anchas aterrorizando a la población. Las vías de solución son complejas y difíciles, como lo es el problema. El gobierno podría, por ejemplo, reforzar el Estado de derecho y mejorar la capacidad de administrar justicia con el fin de reducir el poder de la delincuencia organizada y sus consecuencias en todas las formas de corrupción. Esto requiere dedicar suficientes recursos a fortalecer el Estado de derecho y a adoptar medidas efectivas contra la corrupción para prevenir, investigar y enjuiciar de manera efectiva los abusos contra los derechos humanos cometidos por el crimen organizado o perpetrados con la autorización, la ayuda o la anuencia de agentes del Estado, que son facilitados por la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado y por el enorme poder corruptor de los mercados de drogas ilícitas.

El gobierno ecuatoriano también podría entrenar y equipar a sus fuerzas civiles con diversos tipos de armas y municiones para poder hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad. El uso de las fuerzas armadas para mantener el orden público debe ser restringido y sólo permitirse como medida temporal, en circunstancias excepcionalmente graves en las que sea imposible contar sólo con las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. En tales circunstancias excepcionales, su participación debe ser subordinada y complementaria a las labores de las fuerzas policiales civiles y estar regulada y fiscalizada por órganos civiles.

Las autoridades deberían hacer todo lo posible para detener la circulación ilegal de armas de fuego, mediante, por ejemplo, planes de regulación y reducción de armas de fuego, iniciativas de desarme, programas para combatir la violencia de las armas de fuego e inversión en programas a largo plazo de reducción de la violencia.

Hay que recordar que existen derechos cuya suspensión no está autorizada en ningún caso según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como la condena se ciñan a disposiciones legales claras y precisas, entre otros.

Ahora que parece que Ecuador ha retomado el control de todas las cárceles del país y los ánimos parecen apaciguarse es cuando tendremos que seguir más pendientes que nunca de que los derechos humanos no queden en el olvido entre todas las medidas.

Aunque hasta el momento la Unión Europea no ha adoptado medidas adecuadas contra las formas más invasivas de software de espionaje, la Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) podría ofrecer una oportunidad crucial para que la UE frene los abusos descontrolados de los derechos humanos en el sector de la tecnología de vigilancia.

En 2021 el proyecto Pegasus expuso cómo gobiernos de todo el mundo han utilizado el software de espionaje Pegasus, altamente invasivo, del Grupo NSO para espiar ilegalmente a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y abogados. El software de espionaje Pegasus se empleó como herramienta para intimidar e intentar silenciar a personas valientes en todo el mundo.

La destacada periodista Nuria Piera describió la sensación que supone ser el objetivo de esta tecnología: “Es como estar en arenas movedizas. Realmente afecta a tu sensación de libertad, lo libre que te sientes para opinar”. El análisis forense digital ha confirmado que Pegasus ha atacado a periodistas en al menos 18 países, pero es probable que la magnitud actual de este abuso de la tecnología de vigilancia sea mucho mayor.

Dos años después, una investigación llevada a cabo por European Investigative Collaborations (EIC), una asociación que reúne a más de una docena de organizaciones de medios y que contó con la colaboración del Security Lab de Amnistía Internacional, titulada “Predator Files”, ha revelado que un conjunto de tecnologías de vigilancia desarrolladas y vendidas por la alianza Intellexa, con sede en la Unión Europea, incluyendo una tecnología de vigilancia altamente invasiva llamada “Predator”, se comercializa a una escala casi industrial en todo el mundo.

El software de espionaje Predator puede infectar de forma silenciosa dispositivos próximos o propagarse a través de enlaces maliciosos. Una vez que ocurre la infección, Predator puede, al igual que Pegasus anteriormente, acceder a cantidades no controladas de datos en el dispositivo objetivo: leer mensajes, acceder al micrófono, a documentos, fotos, contactos y a registros de llamadas. Se trate de lo que se trate, probablemente Predator pueda acceder a ello, a la vez que el usuario desconoce por completo su presencia.

La investigación de Predator Files realizada por EIC y Amnistía Internacional ha revelado que Predator se ha empleado para atacar a funcionarios de la Unión Europea, incluida la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como a activistas y académicos establecidos en la UE. En total, se encontró que entre febrero y junio de 2023, 50 cuentas de redes sociales pertenecientes a 27 personas y 23 instituciones en todo el mundo fueron objeto de ataques.

Este uso indebido de software espía no sólo perjudica los derechos de las personas afectadas sino que, en palabras de la comisión PEGA (Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros programas Equivalentes) del Parlamento Europeo, “constituye una violación grave de todos los valores de la Unión Europea, poniendo a prueba la resiliencia del estado de derecho en Europa”.

Desde que se dieron a conocer las revelaciones del Proyecto Pegasus, la sociedad civil ha estado instando a los gobiernos a prohibir las formas más invasivas de software espía y a regular el sector de la vigilancia. Sin embargo, los Archivos Predator evidencian claramente que la Unión Europea no ha tomado las medidas adecuadas.

Peor aún, la alianza Intellexa se presenta como “basada en la Unión Europea y regulada por su legislación”. Muchas de las empresas de la alianza tienen su sede en los estados miembros de la UE y, a pesar de los controles de exportación destinados a regular la venta de estas tecnologías, los productos de la alianza Intellexa se han encontrado en al menos 25 países de Europa, Asia, Medio Oriente y África. Estas empresas siguen operando en la sombra, sin supervisión ni auténtica rendición de cuentas.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para la rendición de cuentas: la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que ofrece una oportunidad crucial para que la UE frene la vulneración descontrolada de derechos humanos en el sector de la tecnología de la vigilancia.

La directiva, actualmente en proceso de finalización por parte de los legisladores de la Unión Europea, establecerá nuevas normas de derechos humanos para las empresas. Exigirá que las compañías que operan en la UE identifiquen y aborden los riesgos de derechos humanos relacionados con sus operaciones. Además, ofrecerá un nuevo mecanismo para que las empresas rindan cuentas ante los tribunales europeos en caso de que hayan contribuido a abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Y, sin embargo, el Consejo de la Unión Europea busca la exclusión del software espía de esta nueva normativa. El año pasado, al adoptar su posición sobre la directiva de diligencia debida, el Consejo sugirió la exención de todos los productos sujetos a control de las exportaciones.

Esta postura podría ser defendible si dichos productos ya estuvieran adecuadamente regulados por otras leyes, pero, como ha revelado la investigación de Archivos Predator, se sigue vendiendo software espía altamente invasivo a pesar de los controles de exportaciones existentes. Tal como lo expuso el Proyecto Pegasus y ahora subrayan los Archivos Predator, los controles de exportaciones por sí solos no son suficientes para abordar el daño infligido por estas tecnologías.

La directiva de diligencia debida ofrece una oportunidad para que la UE garantice que las empresas de tecnología de vigilancia ya no puedan ignorar los graves impactos que tienen sus tecnologías en los derechos humanos.

Si se incluyera en la directiva, el sector de vigilancia estaría obligado a introducir medidas de protección de los derechos humanos. Y si no lo hicieran, podrían tener que rendir cuentas.

Esto es más relevante que nunca, ya que observamos de forma recurrente cómo las empresas contribuyen a los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, ya sea mediante el ataque a periodistas con software espía altamente invasivo, el desalojo forzado de comunidades para dar paso a minas de cobalto en la República Democrática del Congo o la falta de limpieza de derrames de petróleo en Nigeria.

En un momento en que los legisladores de la Unión Europea inician las negociaciones finales sobre la directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, es imprescindible que tomen en cuenta las revelaciones de los Archivos Predator y el Proyecto Pegasus. No podemos dejar pasar la oportunidad de frenar el creciente impacto del sector de la tecnología de vigilancia sobre los derechos humanos. Si queremos proteger a las personas, tanto dentro como fuera de la UE, el software espía no debe quedar excluido de las nuevas normas de diligencia debida de las empresas.

Este artículo se publicó previamente en Euractiv.com

Este testimonio de Mohammad Al Dos, cuyo hijo Rakan, de cinco años, perdió la vida en el ataque de fuerzas israelíes el 7 de octubre a un edificio residencial de tres plantas en la ciudad de Gaza que mató a 15 miembros de la familia, incluidos 7 menores, ejemplifica perfectamente las prácticas atroces de Israel en las últimas semanas en Gaza. Llevamos semanas siendo testigos del horror de atrocidades a las que asistimos en directo, con impotencia, en Gaza y Cisjordania, indignados ante las imágenes de niños sin incubadoras, fosas comunes, esqueletos de edificios y otras barbaridades a una escala sin precedentes. En mis más de tres décadas en Amnistía Internacional nunca había visto algo así.

Una investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de objetivos militares en la zona en el momento del ataque. Si las fuerzas israelíes atacaron este bloque residencial sabiendo que sólo había civiles en su interior en el momento del ataque, se trataría de un ataque directo contra civiles o bienes civiles, que está prohibido y constituye un crimen de guerra. Aunque las fuerzas israelíes hubieran atacado lo que consideraban un objetivo militar, atacar un edificio residencial, en un momento en que estaba lleno de civiles, en el corazón de un barrio civil densamente poblado, y causando semejante número de víctimas civiles y grado de destrucción, sería un ataque indiscriminado. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra.

Cuando leí el informe de Amnistía Internacional, pensé: “Otra vez, no. ¿Hasta cuándo?”. Sin embargo, analizando el tema con perspectiva y con “luces largas”, pensé en las innumerables (ya he perdido la cuenta) crisis trabajadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Llevo muchos años trabajando sobre comercio de armas y, con la ley en la mano, desde 2009 en Amnistía llevamos diciendo que NO se puede enviar armas a Israel. Así se lo hemos dicho año tras año, a los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, en su día, y ahora se lo decimos al presidente Sánchez. Confío en que esta crisis sea la gota que colme el vaso y el gobierno español actúe de forma valiente y decisiva y corte definitivamente el grifo de las armas a Israel.

El mensaje del presidente Sánchez a Netanyahu en su visita a Israel la semana pasada fue contundente: la cifra de palestinos a los que las fuerzas israelíes han causado la muerte es, efectivamente, intolerable, y pesará sobre la conciencia de la comunidad internacional. Es positivo que Sánchez reclamara la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que regula el comportamiento de las partes en todas las circunstancias en los conflictos armados pues el artículo 1 de los Convenios de Ginebra obliga a “respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario”.

En la crisis actual, Israel lleva semanas cometiendo presuntos crímenes de guerra con bombas, munición de artillería y otras armas, causando la muerte y lesiones a miles de civiles, haciendo caso omiso de los principios de proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y de carácter civil a los que obliga el derecho internacional humanitario (DIH).

Es hora de traducir estas condenas en medidas concretas en relación con el comercio de armas español. Hay que parar esta y futuras tragedias cortando el suministro de armas que están facilitando la comisión de estas atrocidades tanto a Israel como a los grupos armados palestinos como Hamás.

Por eso Amnistía Internacional reiteró, a mediados de octubre, una petición que llevamos haciendo al gobierno español desde la ofensiva de 2009 de suspensión del suministro de armas a Israel y por ello pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de la UE que impongan inmediatamente sendos embargo de armas totales a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos hasta que deje de existir un riesgo sustancial de que las armas puedan ser usadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, o para facilitar su comisión.

Desconocemos hasta el momento la decisión que, en su caso, haya adoptado la Junta Interministerial española que regula el comercio de armas, porque esas decisiones adoptadas en sus reuniones mensuales son secretas, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 cuya reforma quedó aparcado en la anterior legislatura. Como hasta el momento no se han creado las comisiones parlamentarias del Congreso, las y los diputados no han podido presentar preguntas parlamentarias por escrito al respecto. Esperemos que la comparecencia ante el pleno del Congreso del ministro Albares el martes 5 de diciembre aclare si el gobierno ha decidido suspender la venta de armas a Israel.

Razones para imponer un embargo de armas

La principal razón para aplicar esta medida es simple: los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel o a Hamás y otros grupos armados palestinos a sabiendas de que están usando estas armas para cometer hechos internacionalmente ilícitos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad corren a su vez el riesgo de ser cómplices en la comisión de estas barbaridades.

Los Estados que actúen así están violando de forma flagrante su obligación, recogida en el artículo 1 los Convenios de Ginebra, de respetar y hacer respetar el DIH, por lo que las autoridades, los funcionarios y las personas responsables de las empresas implicadas en la decisión de transferir armas utilizadas para cometer crímenes de guerra se arriesgan, potencialmente, a ser procesadas por la Corte Penal Internacional.

Las Normas del DIH lo dejan claro, tanto la Norma 144, que dice: “Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado, como el Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a dicha Norma: ”si existe la expectativa, basada en hechos o en el conocimiento de patrones previos, de que dichas armas podrían utilizarse para violar el derecho internacional humanitario los Estados deben abstenerse de transferir armas“.

Esta obligación exige hacer una evaluación antes de cualquier transferencia de armas y aplicar el párrafo 3 del artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias (es decir, la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y corretaje) de armas convencionales y municiones cuando éstas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra. Para cumplir esa obligación, los gobiernos pueden condicionar, limitar o denegar la autorización de esas transferencias.

Como ejemplo, el reciente informe de Amnistía Internacional, que documenta cómo armas estadounidenses han sido utilizadas en dos ataques que mataron a 43 civiles en Gaza.

Un régimen de Apartheid

La crisis actual no surge en el vacío. Israel tiene un largo historial de comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluso al imponer un sistema de apartheid a los palestinos durante décadas, con impunidad. Las numerosas violaciones y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad palestinos también han quedado impunes. Una muestra de que esto viene de largo. En otoño de 2022, AI hizo un llamamiento a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigase como crímenes de guerra los ataques ilegales cometidos durante la agresión de Israel a la Franja de Gaza en agosto de 2022. También recomendó suspender el suministro y la transferencia de todas las armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad a Israel, así como ejercer una presión efectiva y concreta sobre Israel para que desmantele su régimen de apartheid y garantizar que los gobiernos no lo apoyasen.

Exportaciones españolas. Ni un arma más para Israel

Entre 2015 y junio de 2022, últimos datos oficiales disponibles, pues el informe anual que debería haberse remitido al Congreso en mayo no se hizo público debido al anticipo de las elecciones generales, el gobierno español concedió 290 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 80 millones de euros, entre las que destacan las de las categorías de aeronaves (37 millones) y sistemas de dirección de tiro (17 millones), además de munición (1,5 millones) y bombas, torpedos, cohetes y misiles (1,7 millones).

Entre 2015 y 2022, las exportaciones realizadas superaron los 12 millones de euros, de las cuales las más preocupantes fueron los más de 2 millones de euros en munición, fundamentalmente para pruebas, además de bombas, torpedos, cohetes y misiles, sistemas de dirección de tiro y sistemas de detección de blancos de aviones y equipos para el motor de helicópteros Tigre.

Es positivo que, en estos últimos siete años, el Gobierno español denegase hasta cinco licencias de exportación de armas por la situación regional y su posible uso para la represión interna.

El gobierno español ha alegado, a preguntas de diversos medios en las últimas semanas, que no exporta material letal a Israel. La cuestión no es tanto diferenciar entre material letal o no letal, que es un tanto artificial. Es un debate similar al planteado hace unos meses sobre Ucrania acerca de armas supuestamente “defensivas” y “ofensivas”, conceptos que simplemente no existen, puesto que no están definidos en el derecho internacional. La cuestión clave es cómo se emplea ese material, es decir, el uso que se le dé a las armas, no el calificativo que se les ponga.

Analizando el tipo de material que ha exportado España, vemos que la afirmación del Gobierno español es inexacta. ¿O acaso la munición, aunque haya sido como afirma el gobierno, fundamentalmente para pruebas, las bombas, torpedos, cohetes y misiles, los sistemas de dirección de tiro no son letales? Obviamente, sí, porque pueden causar muertes, depende de cómo se usen, si de acuerdo con el derecho internacional o no. En estos momentos existe un riesgo demasiado grande de que cualquiera de ese material se utilice para cometer o facilitar crímenes de guerra, por lo que España debe suspender estas operaciones de forma inmediata.

Por otro lado, en 2019 Amnistía denunció en un informe exhaustivo que empresas israelíes exportan armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, eludiendo la supervisión internacional, en ocasiones tras una cadena de subcontrataciones. Así es como fusiles israelíes Galilea llegaron al sur de Sudán, y cómo otras armas fabricadas en Israel se utilizan en países que han cometido genocidio.

Demandas ante la justicia en EE.UU. y Países Bajos

Especialmente importante es el caso de EE.UU., el principal proveedor de armas a Israel, pero en las últimas semanas diversos países como Francia y Reino Unido también negocian ventas a Israel. En EE.UU. se ha presentado una demanda judicial para parar las exportaciones de armas, al igual que en Países Bajos, donde Oxfam Novib, Amnistía Internacional, The Rights Forum y PAX han llevado a los tribunales al Estado neerlandés por seguir exportando armas a Israel tras hacerse público que el gobierno holandés no había logrado detener la exportación de piezas para aviones de combate F35.

¿Cuánto pesan los derechos humanos?

La pregunta clave es cuál es el peso de los derechos humanos en las decisiones de la Junta Interministerial que regula las ventas de armas españolas. Por lo que sabemos, no son clave en sus decisiones. En una respuesta del gobierno de marzo de este año a una pregunta parlamentaria formulada por Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, el gobierno explicó los aspectos que tiene en cuenta para la evaluación de riesgo de las operaciones y destaca la ausencia de un elemento esencial clave en esa evaluación: el historial de derechos humanos del país importador.

Confiemos en que, en esta ocasión y si se mantiene la presión tras 14 años de advertencias, el gobierno español pase del enfoque de cortar el grifo cuando están los cadáveres sobre el terreno a prevenir y suspender las ventas de armas a un gobierno responsable de innumerables crímenes de guerra y otras atrocidades.

El papel de las plataformas de redes sociales

A finales del mes de octubre, la plataforma Meta, propietaria de Instagram, tuvo que disculparse públicamente después de que un informe de 404 Media, una plataforma dedicada a la investigación sobre ciberseguridad, vigilancia y privacidad, desvelara que la función “ver traducción” de Instagram añadía erróneamente la palabra “terrorista” en las biografías de algunos usuarios palestinos. En efecto, Instagram estaba autotraduciendo biografías de usuarios que incluían “palestino” y una frase árabe que significa “alabado sea Dios” para decir “terroristas palestinos luchan por su libertad”.

Sin embargo, esto no es nuevo. En el año 2021, Instagram eliminó algunas publicaciones y restringió el acceso a otros contenidos que utilizaban hashtags relacionados con la Mezquita al-Aqsa de Jerusalén tras asociar por error el nombre con una organización terrorista,

Tras los ataques de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, las redes sociales se llenaron de imágenes horribles; vídeos de ejecuciones sumarias o de los efectos de los bombardeos, fotografías de civiles muertos o de menores y familias cuyas viviendas habían sido destruidas circularon por X, Instagram o TikTok, por ejemplo. Todas esas imágenes venían acompañas, en muchos casos de incitación a la violencia, la hostilidad y la discriminación, algo que constituye apología del odio y que está prohibido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas de estas publicaciones enaltecían los ataques de Israel contra civiles en Gaza, apoyaban la destrucción de Gaza y alentaban la violencia contra las personas palestinas, con un lenguaje deshumanizador y racista.

Al mismo tiempo, se extendían también publicaciones antisemitas, muchas de las cuales propugnan el odio y la violencia contra las personas judías. Algo que, desafortunadamente, tampoco es nuevo en el ámbito digital: Investigaciones anteriores de la organización Center for Countering Digital Hate han puesto de relieve la proliferación de contenidos antisemitas en X (antes Twitter) en los últimos meses.

La responsabilidad de las plataformas de redes sociales es evidente. No se trata simplemente de poner a disposición de la sociedad una herramienta. Deben llevar a cabo una moderación de contenidos de tal manera que garantice el respeto del derecho a la libertad de expresión, y aborde al mismo tiempo la apología del odio generalizada. En el caso de lo que está sucediendo en Israel y Palestina deben invertir recursos adecuados en la supervisión humana de los sistemas de moderación de contenidos impulsados por algo que cada vez está más presente en nuestras vidas: la inteligencia artificial.

La desinformación, otra arma peligrosa

El 13 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una ofensiva cerca del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Israel ha acusado repetidamente a Hamás de operar desde túneles situados bajo el complejo del hospital, algo que el director general del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, el Dr. Medhat Abbas, desmintió, diciendo que “sólo se utilizan para tratar a pacientes” y no “para esconder a nadie”.

Automáticamente, todo lo que rodea a los ataques sobre el hospital Al Shifa se convirtió en pólvora para la dinamita de la desinformación. Incluso autoridades israelíes se lanzaron a difundir en redes sociales que Al-Shifa alberga un centro de mando militar.

En el año 2015 Amnistía Internacional documentó como Hamás había utilizado un ala de consultas externas en desuso para interrogar a presuntos “colaboradores” palestinos con Israel enn plena ofensiva israelí contra Gaza un año antes, en 2014. Este argumento ha sido usado ahora por Israel para atacar el hospital Al Shifa, donde hay más de 1.500 civiles, familias, personas heridas y bebés recién nacidos. La diferencia es que Israel ha sido incapaz, una y otra vez, de presentar pruebas que corroboren esta afirmación que lleva haciendo desde al menos la Operación Plomo Fundido de 2008 y 2009.

Sobra recordar que los ataques a hospitales ponen en peligro la vida de personas enfermas y heridas, además del personal médico que trabaja en condiciones desesperadas para salvar vidas. Pero esto parece importar poco en las redes sociales, que en lugar de difundir afirmaciones para justificar ataques contra hospitales sin aportar ninguna prueba, deberían centrarse más en garantizar la protección de los hospitales, del personal médico y de todos los pacientes de la Franja de Gaza.

La tecnología al servicio de los derechos humanos.

Además de para la difusión de mensajes de odio, noticias falsas o desinformación, la tecnología también puede jugar un papel positivo en favor de los derechos humanos. Los teléfonos móviles, por ejemplo, pueden convertirse en herramientas fundamentales para llegar donde quienes cometen abusos no quieren que se llegue. Con este objetivo trabaja el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional; un equipo multidisciplinario que utiliza herramientas de investigación digital de vanguardia para documentar a distancia violaciones de derechos humanos. Su misión es, además, garantizar que la información procedente de zonas de conflicto sea oportuna, precisa y que satisface las necesidades del trabajo de derechos humanos en situaciones de crisis. Esto es especialmente importante en situaciones en que la presencia de un equipo de investigación sobre el terreno resulta peligrosa, y en una época en que la desinformación y la información errónea pueden difundirse con rapidez. Este Laboratorio de Pruebas recopila material audiovisual y lo analiza en busca de indicios de violaciones del derecho internacional. Este material incluye imágenes de satélite, material videográfico y fotográfico de ataques aéreos y otros ataques y de las secuelas de estos ataques, así como imágenes de restos de armas. Siempre que es posible, los indicios son corroborados mediante entrevistas a testigos de los ataques.

Por ejemplo, en Ucrania, donde tras la invasión rusa de febrero de 2022, nuestro Laboratorio de Pruebas identificó y verificó, gracias a sistemas de cronolocalización y teledetección, detalles de posibles ataques ilegítimos que causaron la muerte o heridas a civiles, y destruyeron o dañadon infraestructuras civiles en Ucrania, como por ejemplo en el ataque al teatro de Mariúpol, en marzo de 2022.

En el actual conflicto en Gaza e Israel, la tecnología nos ha permitido reunir indicios contundentes que documentan el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de Gaza. Gracias al análisis de vídeos y fotos verificados por el Laboratorio de Pruebas hemos podido afirmar que Israel ha estado utilizando este tipo de munición, una sustancia incendiaria que se utiliza fundamentalmente para crear una densa cortina de humo o marcar objetivos. Arde a temperaturas extremadamente elevadas al contacto con el aire, y su quemadura profundiza en los tejidos. Ocasiona terribles dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece, y su combustión no puede extinguirse con agua. Muchos de estos ataques podrían considerarse ataques indiscriminados ilegítimos y por lo tanto, crímenes de guerra.

Este, sin duda, deber ser el papel que debe jugar la tecnología: servir como elemento de investigación y denuncia, así como de conservación de pruebas que puedan llevar a los responsables de cometer abusos a los derechos humanos ante la justicia, donde sean obligados a responder por los crímenes cometidos, en lugar de ser un instrumento de desinformación y propagación de mensajes de odio.

Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.

Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.

Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.

Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.

En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.

Al imponer medidas que vinculan las expresiones de solidaridad con la población palestina expresamente con la apología del terrorismo o la incitación a éste, los Estados han ido más allá de la ya dudosa afirmación de que las protestas pueden ser una amenaza para el orden público para afirmar que podrían serlo para la seguridad nacional. De este modo, las autoridades pueden intentar usar una “exención” fácil de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confiere a los Estados un amplio “margen de apreciación” en materia de seguridad nacional.

Aun así, los Estados tienen que justificar las medidas que se desvíen de sus obligaciones en materia de derechos humanos consagrándolas en la ley y garantizando que cada medida es necesaria y proporcionada. Pero, concretamente, invocar el apoyo al terrorismo como amenaza para la seguridad nacional crea espacio e impulso para subordinar los derechos a presuntos imperativos de seguridad.

Este discurso incipiente de muchos Estados europeos es contrario a sus obligaciones en materia de derechos humanos. La incitación directa a la violencia, con la probabilidad de que pueda producirse dicha violencia, es un delito y debería ser tratado en consecuencia. Cualquier forma de discurso que incite a las personas a la violencia, la discriminación o la hostilidad debería considerarse discurso de odio y quienes lo usan deberían rendir cuentas.

De hecho, el último mes ha incluido un aumento muy real y aterrador tanto de ataques antisemitas como islamófobos. Los Estados deberían encaminar sus esfuerzos a combatir el discurso de odio y los crímenes de odio reales en lugar de prohibir o restringir las protestas u otras formas de solidaridad con los derechos humanos de la población palestina. Las expresiones que persuadan a un gobierno para que tome medidas o que fomenten o exijan que las tome no son delito, por ofensivas que las consideren algunas personas.

El apoyo a los derechos humanos de la población palestina sometida al bombardeo, el apartheid y la ocupación en curso de Israel, y a los abusos cotidianos que éstos conllevan, es apoyo a unos derechos humanos universales, aplicables a todas las personas, incluidas las palestinas y las israelíes. Las leyes que incluyen expresiones poco precisas como “apología del terrorismo” o “enaltecimiento del terrorismo” están abiertas a una interpretación tan general que no pueden perfeccionarse para alinearse con la obligación de los Estados de respetar y proteger la libertad de expresión. La tendencia predominante en Europa en la que los Estados usan leyes antiterroristas como pretexto para silenciar las opiniones disidentes debe parar.

Los Estados pueden salirse con la suya definiendo “terrorismo” de una forma muy general e instrumentalizando la idea de lo que constituye una amenaza para la “seguridad nacional”. Una amenaza a la seguridad nacional debe conllevar un peligro real de fuerza física que ponga en peligro la nación.

Los Estados europeos disponen de numerosas herramientas para responder a este tipo de amenazas extremas cuando son reales. Afirmar que las protestas pacíficas constituyen una amenaza de este tipo es una violación de derechos humanos y una instrumentalización peligrosa de las facultades que confiere la legislación antiterrorista.

Este artículo fue publicado originalmente por EU Observer aquí.

Como habitante de la comunidad del Bosque, en Tabasco, México, me enfrento a un futuro incierto. El aumento del nivel del mar causado por el cambio climático se ha llevado más de 200 metros de costa aquí, provocando la destrucción de más de 50 casas. Para nuestra comunidad el cambio climático representa un cambio radical. Antes de vivir este cambio radical vivíamos en armonía con el mar. De hecho, siempre hemos tenido una relación muy especial con el mar, ya que trabajamos en él, comemos y vivimos de él.

Antes del cambio climático, nuestra vida cotidiana era ir a pescar y vender nuestros productos. Como cualquier comunidad, celebrábamos nuestras costumbres y tradiciones, festejábamos fechas importantes como navidad, año nuevo o día de muertos. Escuchábamos del cambio climático en la televisión, pero nunca pensamos que gracias a él perderíamos nuestra comunidad. Podíamos dormir tranquilos.

Del 2019 hasta ahora, nuestra vida ha cambiado completamente. Ahora nuestra vida gira alrededor del cambio climático. En ese año, una marejada se llevó la primera hilera de casas, y desde entonces el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los vientos del norte han acabado con nuestra comunidad. Ahora solo nos queda pensar en emigrar.

Nuestra comunidad está inhabitable. Carecemos de lo más básico como agua potable (los pozos de la comunidad están llenos de agua salada) o electricidad (la cual es bastante intermitente). Nuestros niños no tienen ningún lugar para tomar sus clases, pues la escuela local fue destruida en 2022 por una marejada. Las personas que no pudieron emigrar por falta de recursos están en una situación muy vulnerable, viviendo en refugios temporales que carecen de los servicios básicos.

En 2022 llegaron a la comunidad Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas y Greenpeace México, organizaciones de la sociedad civil que nos ayudaron a organizarnos para solicitar a las autoridades mexicanas nuestra reubicación. Para el año 2022, el mar ya se había llevado gran parte de las casas e infraestructura de la comunidad, así que, acompañados de estas organizaciones, hicimos una rueda de prensa en El Bosque el 17 de noviembre del 2022, explicando nuestra situación, pidiendo apoyo al gobierno federal, estatal y municipal.

Acompañados de las organizaciones pudimos llegar a la Ciudad de México para dialogar con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quienes prometieron ayudarnos en nuestro proceso de reubicación. Vinieron a la comunidad, hicieron un censo de las familias afectadas y organizaron mesas de trabajo y reuniones. Desafortunadamente solo fueron tres reuniones, la última de ellas en julio de este año, y después ya no supimos nada del proceso de reubicación que nos prometieron. 

El sistema de gobierno es lento y el mar no espera. Ya no tenemos tiempo porque la temporada de frentes fríos ya llegó. Cuando el mar nos quedaba lejos podíamos esperar. En temporada de vientos del norte solo nos acostábamos a ver televisión, tomar un café o chocolate, esperando que pasarán para volver al mar. Ahora, cada hora, cada día, cada semana, nuestras vidas están en peligro. Cuando vienen los vientos del norte solo podemos pensar en estar alerta. Un frente frío que duraba tres días, ahora con el cambio climático puede durar una semana y hasta un mes,

El cambio climático es un cambio radical que afecta nuestra economía, nuestra armonía, nuestra salud, e incluso nuestra salud mental. Tenemos ansiedad de no saber qué va a pasar. Día a día la gente tiene que emigrar. Se trata de una emigración forzada. No es porque queramos, es porque ahora el mar ya no está lejos. Lo tenemos encima, está inundando nuestras casas. 

Nos gustaría que el proceso de reubicación prometido por el gobierno fuera más rápido y claro. Que las autoridades nos digan cómo y cuándo nos reubicarán. Mientras la reubicación sucede, necesitamos que las autoridades nos ayuden con lo básico: la electricidad, el agua y una escuela móvil.

También nos gustaría pedir apoyo a la comunidad internacional, a los líderes de otros países. Necesitamos que nuestra situación se sepa, que todas las personas a las cuales podamos llegar nos ayuden. Somos quizás los primeros, pero no seremos los últimos desplazados climáticos en México. Vamos a ser muchos, porque el cambio climático es radical, es hoy y ya lo estamos viviendo. Duele, y duele mucho. No te acostumbras a ver tanto dolor en nuestra gente. Aunque nosotros no hayamos provocado el cambio climático, lo estamos pagando.

*Este artículo fue publicado primero en Newsweek.

Una familia estrena feliz su coche eléctrico. Un hombre calma sus nervios vapeando en la puerta de su oficina. Una joven en el metro escucha música con sus auriculares sin cable. Cinco adolescentes juegan, compiten y hablan a la vez, cada uno en un país, a través de sus pantallas. Un jardinero nivela un seto con una motosierra.

Estas escenas cotidianas en tantos países del mundo están unidas por un hilo invisible con otras que los portadores de esos objetos a buen seguro desconocen: las de miles de desalojos que se han producido desde 2015 hasta hoy en la región minera de Kolwezi, en el sudeste de la República Democrática del Congo (RDC). Para llevar a cabo estas expulsiones vale todo: incendios provocados, palizas, incluso agresiones sexuales.

Ese hilo es invisible, y sin embargo está hecho de dos materiales que nos rodean: cobre y cobalto. En el llamado norte global los necesitamos cada vez más. La batería de un vehículo eléctrico necesita 13 kilos de cobalto. La de un teléfono móvil unos 7 gramos. Se calcula que en 2025 la demanda de este metal será el triple que la del 2010. Y resulta que la RDC atesora la mitad de las reservas de cobalto del planeta y actualmente genera el 70% de la producción mundial. Además, es el séptimo en reservas de cobre, que también es necesario para muchos dispositivos eléctricos.

Un reciente informe de Amnistía Internacional y la organización congoleña Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos denuncia que la ampliación minera a escala industrial para obtener ambas materias ha dado lugar al desalojo forzoso de pueblos enteros. Las expulsiones se hacen a la fuerza. Sin consulta, sin información previa, sin indemnizaciones dignas, sin posibilidad de recurrir. Y tras los desalojos, se deben desplazar a lugares donde la vida es aún más dura.

Edmond, uno de los desalojados, denunciaba que en su nueva casa “no hay agua, no hay hospital, no hay una escuela cercana. Tienes electricidad dos días y al siguiente no hay”. Esa es la paradoja del cobalto: para almacenar la energía y encender nuestros aparatos miles de familias se quedan sin luz en un rincón del Congo.

“Papá, ven, las casas están ardiendo”

Los testimonios recogidos en el informe nos hablan de escenas dramáticas, donde personas que ya viven en un alambre ven como su mundo se derrumba. De un día para otro. Hubo quien se enteró de que su casa iba a ser demolida cuando apareció pintada con una cruz en rojo. Quienes vivían cerca de la mina de Mutoshi denuncian que fueron soldados quienes incendiaron sus hogares. “Papá, ven, las casas están ardiendo”, recuerda Ernest que le gritaron una mañana sus hijos. Papy Mpanga, de 37 años, lamentaba: “El desalojo destrozó mis sueños, había planeado una casa donde crecieran mis hijos. He tenido que empezar de cero”.

A veces, ese derrumbe es casi literal. Cécile contó que las voladuras para ampliar una mina causaron grietas en su casa. Ante el peligro de seguir viviendo entre paredes que podían caerse en cualquier momento, decidió aceptar la indemnización y trasladar su casa, ladrillo a ladrillo, a una zona alejada de la mina.

Las compensaciones que algunas comunidades desalojadas han cobrado de empresas mineras como Commus o Metalkol no permiten mantener las condiciones de vida previas a la expulsión. “Yo tenía una casa grande, con electricidad, agua. Ahora tengo una casa pequeña que es todo lo que pude costearme con la indemnización. Tenemos que beber agua de pozos, casi no hay electricidad”, protesta una de ellas. Kanini Maska, de 57 años, resumía así su nueva situación: “No pudimos recuperar nada, nos quedamos sin nada para sobrevivir, pasamos a vivir en el bosque”. Casi tan dañino como las expulsiones de las casas resulta el hecho de que las comunidades se vean sin acceso a sus tierras de cultivo.

Estas prácticas van en contra no solo de las normas internacionales sobre la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, también vulneran las leyes congoleñas incluida su Constitución que protege la propiedad privada y determina que cualquier expropiación debe llevar consigo una “justa y previa” indemnización.

Por si fuera poco el sufrimiento infringido a la población con estas expulsiones forzosas, hay también denuncias de violencia sexual. Kabibi, una joven de la zona contó que cuando intentaba recolectar sus tierras antes de que fueran destruidas, tres soldados la violaron mientras otros miraban.

Descarbonización sí, pero así no

Al igual que un hilo invisible conecta las escenas del norte donde hay una batería eléctrica con las de los desalojos en Kolwezi, éstos también están unidos con todas las situaciones que ha vivido la región en el último siglo. Desde hace más de 100 años que el colonianismo, en sus diferentes formas, extrae materiales de esta zona y comete abusos contra su población. Ya en 1921, la empresa minera belga UMKH comenzó sus operaciones aquí, extrayendo oro, plata, cobre y otros metales.

“El verdadero escándalo es que en 110 años de extracción de minerales, la riqueza del país no se ha utilizado en beneficio de la gran mayoría de su población. Desde los tiempos del rey Leopoldo, ha servido a los intereses de los gobernantes del país y de sus aliados políticos y socios comerciales de la comunidad internacional”, denuncia el historiador congoleño Georges Nzongola-Ntalaja.

Resulta alarmante que 100 años después, en el contexto de la necesaria lucha contra el cambio climático, esta región del sudeste congoleño se convierta ahora en un “daño colateral” de la transición energética de los países más contaminantes. Está claro: no hay un minuto que perder en la descarbonización de la economía, pero la justicia climática exige una transición justa, sin dar lugar a otras violaciones de derechos humanos como las que se han producido estos años en Kolwezi. La cuenta de que intentemos contaminar menos y de que nuestras luces sigan brillando en el norte no la pueden pagar de nuevo desde el sur, desde el Congo, desde África. Si es así, significaría que después de tantos años de supuesta descolonización no hemos aprendido nada.

Un drama absurdo, que pronto ha quedado olvidado, ante la precipitación que ha provocado la situación en Lampedusa en las últimas horas: más de 5.000 personas llegadas en dos días, más de un centenar de desembarcos, en parte coordinados por la Guardia Costera, en parte autónomos. Miles de personas están llegando a la isla. La mayoría proceden de países subsaharianos, muchos son menores, y parten de Libia -ahora sacudida por el ciclón Daniel- y, sobre todo, de Túnez.

Las numerosas personas que han desembarcado en Lampedusa en las últimas horas se enfrentan a la insuficiente intervención del Estado italiano. El personal -personal médico, mediadores- es escaso en comparación con las necesidades, por lo que quienes llegan, tras haber viajado en embarcaciones improvisadas y en condiciones muy críticas, se ven obligados a esperar incluso varias horas al sol para recibir una primera asistencia y ser trasladados, en autobuses de la Cruz Roja, al hotspot de Contrada Imbriacola. La gestión de la situación en el muelle de Favarolo se confía a las fuerzas del orden: la Guardia di Finanza efectúa algunas cargas contra un grupo de migrantes. Imágenes que nunca quisimos ver.

Mientras tanto, el centro de primera acogida se ha colapsado: es de una capacidad de 400 personas, y hay más de 6.000. Para intentar tapar la situación, se están organizando traslados, incluso en barcos militares, a otras regiones italianas.

Los acuerdos con Libia y Túnez son crueles, caros e ineficaces

Tanto Libia como Túnez han llegado a acuerdos con Europa centrados precisamente en los flujos migratorios. En 2017, Italia y Libia firmaron el “Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en el ámbito del desarrollo, la lucha contra la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, el contrabando y el refuerzo de la seguridad fronteriza”: de hecho, desde hace seis años Italia y la Unión Europea dan dinero, medios y formación a la llamada Guardia Costera libia, que a cambio intercepta a los migrantes y los devuelve donde sus derechos son constantemente violados entre torturas, violencia, violaciones.

En julio de 2023, la Unión Europea firmó un acuerdo similar con el Túnez de Kais Saied, que desde principios de año ha endurecido la represión contra cualquier oposición política y ha incitado a la discriminación de los migrantes.Desde hace meses, en Túnez los negros son objeto de violencia, agresiones, desalojos sumarios, detenciones arbitrarias y deportaciones al desierto.La ruta mediterránea es cada vez más mortal

Siguen las muertes en el mar

La tripulación del buque Nadir de la ONG alemana Resqship recoge los testimonios de un grupo de náufragos rescatados en la ruta entre Sfax y Lampedusa, según los cuales al menos 40 personas se hundieron ante sus ojos junto con la barcaza de hierro en la que viajaban. A pesar del fuerte aumento de las salidas, sigue faltando una operación europea coordinada de búsqueda y salvamento, mientras que la intervención de las ONG continúa obstaculizada.

El cínico ataque del gobierno a las ONG

El gobierno italiano persiste en su ataque a las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). Recientemente, el buque Mare Jonio de la ONG Mediterranea Saving Humans, el único de la flota de salvamento civil que enarbola pabellón italiano, fue detenido y sometido a una inspección de más de una semana, que concluyó con la orden de “retirar del buque antes de la salida los equipos y suministros embarcados a bordo para la realización del servicio de salvamento”.

Una “orden escandalosa e inaceptable, así como la amenaza de consecuencias penales para nuestros armadores”, comentó Mediterránea, impugnando la medida. Según la ONG, el buque está de hecho reconocido como equipado para la actividad SAR, y por esta razón ha sido certificado por el Registro Naval italiano, sin embargo: “no cumpliría los criterios de dos circulares emitidas en diciembre de 2021 y febrero de 2022, que requieren características técnicas particulares del casco”.

Una afirmación absurda en sí misma“, señaló Mediterranea, añadiendo que ”el gobierno italiano querría convertir esto en la norma para todas las banderas europeas, con el fin de poner trabas a toda la flota civil“.

La deriva moral de Europa

Mientras tanto, desde Europa llegan señales contrarias a la perspectiva de un compromiso común guiado por el principio de responsabilidad compartida. Alemania ha bloqueado el procedimiento de selección de inmigrantes procedentes de Italia. Se trata del llamado “mecanismo de solidaridad”, totalmente voluntario e insuficiente, por el que los países europeos deciden si permiten el traslado de migrantes a sus territorios. La postura alemana respondería a la decisión de Italia, el pasado diciembre, de suspender el mecanismo vinculado al reglamento de Dublín, dejando de aceptar a los migrantes que se trasladan a Alemania a pesar de haber entrado en territorio de la UE por Italia, y cuya solicitud en virtud del reglamento de Dublín debe ser examinada por las autoridades italianas. Francia también anunció su intención de llevar a cabo controles más estrictos en la zona entre Menton y Ventimiglia: una zona en la que la frontera lleva años cerrada y militarizada para los migrantes.

También a la luz de las posiciones de Berlín y París, el debate sobre el Pacto Europeo sobre Migración, previsto para el próximo 28 de septiembre, promete ser aún más difícil.

En el texto, ya presentado en forma de borrador a principios de junio, la única sinergia entre los países miembros es sobre la reducción de las normas de protección de las personas que llegan. De hecho, prevé la institución de procedimientos destinados a causar sufrimiento, como la detención, incluso durante meses, en centros cerrados a lo largo de las fronteras, y la posibilidad de rechazar a las personas en busca de salvación hacia países considerados seguros.

Frente a la necesidad de repensar las políticas migratorias con vistas a garantizar a las personas y respetar el principio de responsabilidad compartida, el Pacto Europeo corre el riesgo, por el contrario, de crear una mayor división entre los países de las fronteras exteriores de la Unión y los países del interior, y se aleja cada vez más del concepto de solidaridad y de protección de los derechos.

Hoy no es sólo el sexto aniversario del peor día del pueblo rohinyá. También es el día que entran en vigor disposiciones clave de la Ley de Servicios Digitales, nueva disposición legislativa histórica de la UE que regula la industria de las grandes empresas tecnológicas. Esta ley contiene limitaciones significativas para las grandes empresas tecnológicas que incluyen unas normas de seguridad mínimas para sistemas algorítmicos de recomendación. Si se hace cumplir correctamente, tiene el potencial de impedir o mitigar cualquier repetición de lo que le pasó a la comunidad rohinyá.

No tengo ninguna duda de que los peligrosos algoritmos de Facebook —programados para impulsar la “interacción” y los beneficios empresariales a cualquier costa— avivaron activamente las llamas del odio y contribuyeron hace seis años a la violencia masiva y al desplazamiento forzado de la mayoría de la población rohinyá de Myanmar al vecino Bangladesh.

En los años y meses previos a estas atrocidades de 2017, Facebook se había convertido en una cámara de resonancia de odio e incitación contra este grupo minoritario, perseguido desde hacía tiempo. Y esto sucedió en un contexto en el que, según una investigación de la ONU, “Facebook [era] Internet”.

Lo que es más, los Papeles de Facebook, filtrados por la denunciante de irregularidades Frances Haugen en 2021, pusieron de relieve los mecanismos internos de la empresa: una asombrosa revelación tras otra. Estas filtraciones dejaron claro que Meta sabía desde hacía tiempo que sus algoritmos eran responsables de difundir desproporcionadamente odio y desinformación, y que su modelo empresarial estaba alimentando daños graves en el mundo real, concretamente en comunidades afectadas por el conflicto.

Era evidente que, incluso cuando se le expuso esta información, la empresa había actuado como si nada ocurriera. Las filtraciones revelaron también que el discurso de Meta sobre el papel supuestamente pasivo de la empresa en Myanmar no era cierto. Este descubrimiento hizo que en Amnistía Internacional iniciásemos una investigación sobre el papel de la empresa en la limpieza étnica de la población rohinyá.

El año pasado, Amnistía publicó los resultados de esta investigación, que reveló que Meta había restado importancia sustancialmente a la naturaleza y el alcance reales de su contribución al sufrimiento de la comunidad rohinyá y concluyó que, lejos de ser un actor neutral que se enfrentaba a una crisis sin precedentes, Meta había contribuido activamente a los horrores que padeció la población rohinyá.

Ahora podemos concluir con autoridad que los algoritmos de la plataforma de Facebook alimentaron la difusión de odio y violencia como un reguero de pólvora, promocionando de forma proactiva contenido que incitaba a la violencia y amplificando desproporcionadamente el contenido más virulento en el periodo previo a los horrores de 2017.

Facebook fue un facilitador de la violencia y las atrocidades por venir

Entretanto, mientras sus algoritmos avivaban las llamas del odio, el personal de Meta hacía caso omiso de los reiterados avisos de activistas de derechos humanos, intelectuales y otras personas expertas. Entre 2012 y 2017, el personal directivo de Meta recibió al menos 15 advertencias directas de que la plataforma de Facebook corría el riesgo de contribuir a un estallido de violencia masiva contra la población rohinyá.

No cabe duda: Meta contribuyó a violaciones graves de derechos humanos y, por tanto, en virtud del derecho y las normas internacionales de estos derechos, tiene la responsabilidad de indemnizar a la población rohinyá.

Pedimos que se indemnice a la población rohinyá y que Meta tome medidas para garantizar que esto no vuelve a suceder nunca corrigiendo su modelo empresarial, un modelo empresarial que se beneficia de la proliferación del odio.

Presentamos nuestras conclusiones a Meta y decenas de miles de personas se unieron a nuestra campaña, no obstante lo cual, poco ha cambiado hasta ahora. El modelo empresarial tóxico de Meta sigue programado para obtener interacción por encima de todo lo demás.

Meta, una de las empresas más ricas del planeta, se ha negado a atender incluso la modesta petición de la comunidad de aportar un millón de dólares estadounidenses en calidad de indemnización parcial a un fondo para la educación de la juventud rohinyá desplazada que se esfuerza por desarrollar plenamente su potencial en los enormes campos para personas refugiadas de Cox’s Bazar. Meta no lleva a cabo, dice, “actividades filantrópicas”. Pero no se trataba de una petición de caridad: se trata de que Meta no asume sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Pese al ingente poder y a los recursos de que dispone Meta, la comunidad rohinyá se niega a renunciar a la esperanza y sigue firmemente decidida a hacer que la empresa rinda cuentas de sus actos. En Amnistía Internacional estamos con la comunidad rohinyá hasta que se haga justicia.

La entrada en vigor hoy de la Ley de Servicios Digitales es un paso adelante histórico y vital en los esfuerzos para controlar a las grandes empresas tecnológicas. Pero sigue habiendo demasiado en juego. Su aplicación y su cumplimiento estrictos son fundamentales para que la Ley cumpla su promesa y proteja a la ciudadanía de prácticas empresariales destructivas de las grandes empresas tecnológicas.

La Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea tienen ahora una función clave que desempeñar para garantizar que la Ley no se queda en papel mojado. Es esencial que las entidades reguladoras de la Unión aprendan de la historia y se comprometan a garantizar que no se repite nunca más el papel de Meta en la crisis rohinyá.

Ataques a población civil de Yemen

A pesar del acuerdo de alto el fuego, la coalición dirigida por Arabia Saudí ha seguido realizando en Yemen ataques indiscriminados contra la población civil, lo que representaría crímenes de guerra, algunos de los cuales además dificultaron la llegada de ayuda humanitaria.

Así, en el pasado año se lanzaron ataques aéreos contra edificios de telecomunicaciones, centros sanitarios, una facultad de arte e incluso un parque infantil. Solo el ataque del 21 de enero contra un centro de detención en Saada causó la muerte de al menos 80 civiles y causó heridas a más de 200.

Se calcula que, desde el inicio del conflicto en 2015, más de 233.000 personas habrían podido perder la vida y 2,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país.

Pena de muerte

Arabia Saudí es el tercer país que más aplica la pena de muerte en el mundo. En 2022, registró 196 ejecuciones, la cifra más alta en 30 años. El 12 de marzo de ese año realizó una ejecución colectiva de 81 personas.

Las condenas a la pena capital llegan tras juicios claramente injustos, por delitos como robo, contrabando de drogas o terrorismo, pero también de otros como “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” o “promover y participar en sentadas y protestas”. A pesar de que comunicó a Amnistía Internacional que todas las penas capitales a menores de edad habían sido conmutadas, Arabia Saudí ha seguido ejecutando a jóvenes que eran menores en el momento del presunto delito.

Mujeres encarceladas por defender sus derechos

Como Salma al-Shebab, una joven saudí, madre de dos hijos y estudiante de doctorado en Reino Unido. Su delito, durante una visita a su país, haber tuiteado a favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Tras 285 días en régimen de aislamiento le condenaron a seis años de cárcel, pero el “Tribunal Penal Especializado” aumentó posteriormente la pena a 34 años.

Antes, otras activistas como Loujain al-Hathloul, Nassima al-Sada o Samar Badawi pasaron por prisión por reclamar sus derechos. El año pasado fueron puestas en libertad, pero siguen bajo estrictas restricciones como la prohibición de hablar en público, salir del país o usar las redes sociales.

Latigazos a personas LGTBI

Arabia Saudí es uno de los once países donde la homosexualidad puede llegar a castigarse con la pena de muerte, según la plataforma ILGA. En 2019, una agencia gubernamental calificó la homosexualidad (junto al feminismo y el ateísmo) como “ideas extremistas” que deben castigarse con prisión y flagelación. Y por desgracia se aplica esta recomendación. En 2020, el defensor de los derechos LGTBI Mohamed al-Bokari fue condenado a 10 meses de prisión y 500 latigazos, acusado de violar la moral pública, promover la homosexualidad e “imitar a las mujeres”.

Prisión por opinar (o tuitear) diferente

El año pasado un tribunal especializado declaró culpables a al menos 15 personas, con penas entre 15 y 45 años de cárcel, por ejercer su derecho de libertad de expresión o de asociación pacífica. Algunos de los condenados, simplemente publicaron contenido -de carácter pacífico- en Twitter.

También el año pasado, ese tribunal condenó a 10 egipcios de etnia nubia a penas de entre 10 y 18 años de prisión por organizar un acto conmemorativo. Llevaban más de dos años detenidos a la espera de juicio.

Abuso laboral, torturas y expulsiones migrantes

A pesar de que en julio de 2022 se aprobaron algunas medidas para limitar el sistema kafala, como permitir que el personal doméstico (compuesto en su mayoría por mujeres migrantes) pudiera decidir cambiar de empleador, la nueva norma sigue sin protegerlas de insultos, agresiones, la confiscación del pasaporte o el impago de salarios.

Asimismo, las fuerzas de seguridad saudíes continúan reprimiendo mediante detenciones arbitrarias a las personas migrantes sin permiso de residencia, sobre todo de origen etíope. Según el propio Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2022 fueron devueltas a su país de origen al menos 479.000 personas extranjeras de las 678.000 detenidas por infringir la normativa sobre “seguridad laboral, de residencia y de fronteras”.

Así, hombres, mujeres, niños y niñas etíopes fueron recluidos hasta 18 meses en condiciones inhumanas, en celdas masificadas, sometidos a torturas y sin alimentación ni atención médica adecuada, antes de su devolución. Al menos 12 personas murieron el año pasado debido a estas brutales condiciones.

Discriminación (por ley) a las mujeres

Según análisis de instituciones internacionales, Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde hay mayor desigualdad de género. A pesar de ligeros avances, como la posibilidad de conducir, la discriminación que se venía practicando ya tiene categoría de ley. En marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la figura de tutela masculina según la cual, solo ellos pueden ser tutores legales, las mujeres les deben pedir permiso para casarse y una vez se casan deben obedecer a sus maridos.

La represión a las mujeres saudíes es cotidiana y asfixiante. No pueden vestir libremente, sino con la abaya, una túnica negra que apenas deja cubierta una pequeña parte del rostro; no pueden acceder a ciertos espacios públicos; se mantienen los matrimonios forzados y, aunque sufran maltrato por parte de sus maridos, no pueden abandonar su hogar ya que podrían ser denunciadas por desobediencia por su “guardián”.

Periodistas en la cárcel

De acuerdo a la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Arabia Saudí ocupa el puesto 170, de un total de 180, en lo que se refiere a libertad de prensa. No existen medios de comunicación libres y, según esta organización actualmente hay 24 periodistas en la cárcel. El triple que en en 2017. Además, la tortura a los presos por delitos de opinión es habitual y el espionaje a periodistas incluye tanto a quienes se encuentran dentro del país como a quienes se han exiliado.

Impunidad por el asesinato de Jamal Khashoggi

En octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi, crítico con el régimen de Mohamed bin Salman, fue asesinado en la embajada saudí en Turquía. Se sabe que ocho personas han sido condenadas, pero no se conocen ni sus nombres ni se han publicado información sobre el proceso judicial. Sin embargo, sí sabe que el tribunal absolvió a los principales acusados: el asesor del príncipe heredero, Saud al-Qahtani, y el agente de los servicios secretos y cónsul en Estambul, Mohamed al-Otaibi,en cuyo despacho habría sido descuartizado el periodista.

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