El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que requiere de forma formal y directa al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles a la anulación de la licencia de obras del hotel ilegal que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata.

El dictamen, adelantado por la Cadena SER y consultado por esta cabecera, va dirigido directamente al alcalde de la localidad almeriense Salvador Hernández y exige que el Consistorio ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación a la entidad Azata del Sol S.L. del 13 de enero de 2003. Una vez realizado este trámite, se dará remisión de la resolución “de forma inmediata” a la Sala, expone el TSJA.

Asimismo, se establece que en caso de no darse cumplimiento al requerimiento, “podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la Sentencia” conforme a lo dispuesto en la normativa. Es decir, el TSJA sustituirá las competencias municipales. Por tanto, se forzará la actuación administrativa y se invalidará la licencia de obras por sus propios medios jurídicos.

Esta resolución se produce días después de que se retrasara la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición el pasado 17 de junio y, a su vez, tras el anuncio de la Junta de Andalucía en el que solicitaba al TSJA que anulara la licencia de obras del complejo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carboneras viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del TSJA desde el año 2021, que fue finalmente firme en diciembre de 2022.

23 años después

Más de dos décadas después, el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas que se encuentra a 14 metros de la orilla del mar parece que tiene los días contados. El Ayuntamiento de Carboneras celebraba un pleno extraordinario el pasado 17 de junio para debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, lo que hubiera permitido avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción. Esto sucedía tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba el visto bueno a la propuesta de resolución del procedimiento.

El pasado miércoles, el pleno bloqueó el procedimiento gracias a una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (ex del PP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar hasta tres informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio.

Fruto de este requiebro, se convocó este martes de urgencia la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, la primera que se da desde marzo del año pasado y por novena vez en una década, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta coincidieron en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. La reunión bilateral constataba que ambas administraciones pretendían solicitar el amparo del TSJA.  

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

El expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que instruye el caso Mascarillas, que indaga sobre una presunta trama de contratos irregulares para el cobro de comisiones a través de la institución provincial, al considerar que no se han producido avances sobre los que tenga que ofrecer nuevas explicaciones.

García ha llegado a las 9:10 horas a la Ciudad de la Justicia, a la que ha accedido por la puerta principal a la carrera al advertir la presencia de los medios de comunicación. Una hora después ha salido por el mismo acceso, hablando por teléfono y acelerando su ritmo para subir a un coche que le esperaba con el motor en marcha en la Carretera de Ronda.

A la espera del volcado de nuevos mensajes

El también expresidente del PP de Almería ha evitado así las preguntas de los medios a los que ha atendido su abogado, Joaquín Monterreal, quien ha apuntado que García ya prestó declaración en sede judicial en noviembre de 2025 tras su arresto por parte de la UCO.

“Desde entonces no ha habido no ha habido ninguna actuación”, ha explicado el abogado, quien ha asegurado que la defensa está a la espera de que la Guardia Civil remita los informes relativos a los registros y los volcados de los dispositivos tecnológicos intervenidos, momento en el que se valorará si se deben dar más aclaraciones.

En su anterior comparecencia, García se centró en determinar el origen del dinero en efectivo del que hacía uso y que, según manifestó, ingresaba a través de varios alquileres familiares que gestionaba su hermana.

El letrado ha insistido en que esos ingresos fueron declarados ante Hacienda a través de las sucesivas declaraciones de la renta. “En aquel momento se dio cumplida explicación, y ahora, cuando llegue lo nuevo, si hubiera algo nuevo, pues obviamente declararemos”, ha añadido tras asegurar que el hecho de no prestar declaración no indica que García tenga “algo que ocultar”.

En la misma línea, también se han acogido a su derecho a no declarar los dos hermanos investigados del expresidente de la Diputación así como el funcionario del Área de Fomento --ligado al exvicepresidente tercero Óscar Liria-- y un empresario implicado en la trama, con quienes se ponía fin a la ronda de comparecencias que arrancó el pasado 4 de junio.

“Falta de colaboración” de los investigados

Por su parte, el abogado de la acusación popular que sostiene el PSOE, Javier Salvador, ha considerado que pese a la “falta de colaboración” de los investigados, ya que la mayoría de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar, la “fructífera” ronda de interrogatorios ha tenido un “enorme peso” para el dibujo de la supuesta trama y la separación de roles.

“Los pocos que han declarado nos han permitido formalizar de alguna forma ese mapa de las personas que estaban, el qué hacían y el cómo actuaban”, ha sostenido Salvador a la hora de apuntar la configuración de la supuesta organización criminal en la que a través de “pequeñas taifas” se establecía un “jefecillo local, siendo alcalde o no” con el que se organizarían las contrataciones con la Diputación bajo la dirección de García.

Para la acusación, dicho modelo se encontraba asentado y “perfectamente rodado hasta el punto de que, dos días después de que se declarase la pandemia, lo primero que piensan es en la oportunidad de negocio que se les abría” a través del contrato para la adquisición de material sanitario.

Sobre este aspecto, el abogado José María Terrés ha incidido en la “cantidad enorme de documentación” recogida en la investigación “que hablará por sí misma” y que contribuirá a definir el “grado de implicación y responsabilidad de cada cual en este asunto”.

Mensajes bajo sospecha

En su primera comparecencia ante el instructor, García se limitó a contestar a las preguntas de su letrado, al que no pudo dar una respuesta concreta sobre los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas 'mordidas' que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.

Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de una muela a al grupo 'Naranjito', que tenía con los exdiputados investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de abril de 2020 por el que contrataba por más de dos millones de euros material sanitario. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste del 42,27%.

El expresidente señaló la falta de contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias, tales como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”; por lo que, en ese momento, no podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas conversaciones.

El entonces máximo representante de la institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación por los que se otorgan.

No obstante, durante su intervención no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que, conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno inicio de la pandemia de covid-19.

Uso del dinero en efectivo

El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.

García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas declaraciones de la renta.

Asimismo, especificó que era su hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y disponía los fondos en un “bote” común al que acudía cuando lo necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel manuscrito con tinta roja en el que ponía 'Este dinero es de Javier Aureliano'.

Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en sus cuentas.

Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres el dinero utilizado --unos 20.000 euros-- para la compra de una finca en Rodalquilar.

El alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar tras comparecer como investigado por su faceta de empresario ante el juez que instruye el caso Mascarillas de Almería, que indaga sobre la presunta contratación irregular para el cobro de comisiones a través de la Diputación en la que gobernaba el Partido Popular.

Martínez ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Almería, a la que ha accedido minutos antes de las nueve de la mañana a las que se abre al público, sin compañía pese a que su mujer también ha asistido citada como investigada por el magistrado en la penúltima ronda de comparecencias que finalizará este viernes con la declaración, entre otros, del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que la pareja se ha acogido a su derecho a no declarar antes de abandonar la sede judicial, lo que también ha hecho por separado minutos después de las diez de la mañana. A su salida, Martínez ha rechazado realizar valoraciones a algunos periodistas que se han topado con él cuando el grueso de los medios aguardaban frente al acceso principal de la Ciudad de la Justicia.

El regidor tijoleño, único cargo político en activo en el caso, y su mujer están investigados por los contratos que las empresas Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en una supuesta “connivencia” con el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.

“Amaño” de contratos públicos

Los indicios de la UCO apuntan que el regidor popular habría participado en el “amaño” de contratos públicos y habría instrumentalizado otras sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de contratos en función de sus intereses. Durante la jornada, también estaba prevista la declaración de otros empresarios.

“Hoy se repite ese patrón de taifas en el que un jefecillo local con empresa propia o a nombre de sus familiares más directos tenía acceso privilegiado, presuntamente, a las obras de la Diputación en las que ya sabemos, por fin, que quienes aspiraban a ellas era precisamente porque se ganaba dinero”, ha expresado a su llegada el abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador.

El abogado, acompañado del letrado José María Terrés, confía en que las declaraciones permitan despejar algunas dudas a partir de los indicios y pruebas aportados por la UCO. En esta línea, se ha cuestionado una posible merma de beneficios entre los empresarios ligados a la trama que habrían participado en repartos de obras públicas bajo el supuesto concierto.

Para este viernes, finalmente, se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios programas de reactivación económica ligados a los fondos de recuperación del covid-19. Habrían sido esas adjudicaciones de contratos las que habrían reportado al Liria importantes sumas en comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.

Por su parte, el expresidente volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.

El desfile ante un juez de empresarios y altos cargos del PP en Almería, investigados por el presunto trasiego de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos (de suministro de mascarillas y obras), encara sus dos últimas jornadas con el colofón final el viernes, cuando está prevista la comparecencia de Javier Aureliano García, presidente del PP almeriense y de la Diputación hasta hace apenas ocho meses, detenido en noviembre y ahora investigado. Junto a él declararán dos de sus hermanos.

La UCO cree que García fue uno de los beneficiarios finales de una trama de sobornos que descendían desde un puñado de pequeñas empresas corruptoras hasta empapar a todos los escalafones de la Diputación Provincial de Almería, feudo histórico de poder del PP en Andalucía. Hay 43 investigados, entre ellos, el expresidente, dos de sus hermanos, dos vicepresidentes, dos alcaldes (de Fines y de Tíjola, ambos del PP), técnicos de Diputación y empresarios, además de un puñado de presuntos testaferros. Es el primer Caso Mascarillas, destapado en 2021, y luego derivado a una corrupción “clásica” de mordidas en contratos de obra.

Los informes aportados hasta ahora por la UCO al juzgado de instrucción 1 han documentado la presunta trama corrupta aprovechando la intervención de teléfonos y el volcado de miles de mensajes. Los investigados se animaban entre ellos cuando daban un palo (“tu polla no deja de maquinar”) y acuñaron un vocabulario muy gráfico para referirse a sobornos y mordidas: “Tengo las muelas picadas por tu culpa... he pedido cita para ir al dentista”; “¿Has encontrado ya la pieza que te tiene que implantar el dentista”; “sácame cita”, se decían en mitad de conversaciones sobre contratos públicos el presidente García y los vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los agentes ven referencias en clave al cobro de mordidas por la adjudicación de decenas de contratos de obra en emoticonos dentales y en referencias a empastes, encías y sarro, que se sucedieron durante años.  

La UCO llegó a los contratos de obra tras descubrir en un chat encriptado un boyante negocio de venta de mascarillas, guantes de nitrilo y trajes desechables a la Diputación de Almería, que dio origen a la primera fase de la investigación, detonada en junio de 2021 con el registro de la Diputación y la detención de Liria.

El juez cree que en abril de 2020 Giménez, Liria y García se concertaron para adjudicar la provisión urgente de ese material proveniente de China a una empresa intermediaria de un primo de Liria por valor de 2.036.000 euros. El sobrecoste fue de 945.000 euros, de los que Liria repartió entre 200.000 y 400.000. Los tres cargos políticos del PP iban a una. “¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo”, le escribía en aquellos días García a Liria en el grupo “Naranjito”. “Esto no se nos puede escapar”, decía Giménez. “Esto es salvar nuestra vida”, resumía Liria.

Del “caso cero”, el de las mascarillas, la Guardia Civil fue tirando del hilo que le llevó hasta la obra pública.

El manejo de efectivo del expresidente

La Guardia Civil ha provisto también de los indicios que demostrarían que García movió luego una gran cantidad de dinero en efectivo. En los meses siguientes, ingresó en cajeros de Roquetas de Mar y El Ejido 19.750 euros con los que luego pagó las cuotas hipotecarias de un inmueble. Además, entregó otros 20.000 por una parcela en Rodalquilar, y adquirió de sus hermanos el 100% de una finca familiar, todo a tocateja. También viajó a todo tren a Ibiza y a Madrid con Liria, pagándolo en metálico. La UCO cree que estos pagos le servían para blanquear las mordidas.

En su primera declaración ante el instructor García aseguró que el origen de este capital estaba en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano.

En paralelo, el juez le ha abierto otra investigación en pieza separada después de que la Guardia Civil documentara un viaje a Madrid sufragado con dinero público de él y su jefa de gabinete para un asunto privado de ella. El entonces presidente de la Diputación lo imputó a una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias que nunca tuvo lugar.

El alcalde de Tíjola y sus empresas de obras

Antes que García, este jueves declarará ante el juez José Juan Martínez, otro de los cargos políticos investigados, y su mujer. Martínez es dueño de Inversiones y Promociones Tágilis y de Constíjola, dos de las beneficiarias de las adjudicaciones de contratos bajo sospecha, y es también alcalde de Tíjola, desde 2019 hasta 2023 con Ciudadanos y desde entonces con el PP. Martínez sigue siendo diputado en la Diputación de Almería por el PP y Delegado Especial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos.

Las dos empresas que tiene con su mujer obtuvieron de la Diputación una quincena de contratos para obras (cementerios, parques infantiles, una piscina) en pequeños municipios en el año 2020, por un total de 428.000 euros. La UCO no tiene los “pormenores” de cómo se tramitaron esos expedientes, pero sí un listado confeccionado antes de que se iniciaran los expedientes, en el que se asume indirectamente que las obras que aparecen tendrían como adjudicatarias finales a las dos empresas de Martínez y su mujer.

En su día, Martínez aseguró a este medio que sus contratos con administraciones públicas tenían escaso peso en su negocio de construcción, del que decía vivir a pesar de ser alcalde. “Hay obras que me llevo, y la inmensa mayoría no. Pero si tengo la oferta más ventajosa me lo tienen que dar”, explicó, subrayando que, aunque ganara algunos contratos, perdía otros. Los investigadores creen que eso formaba parte del teatro. En aquella conversación, en febrero de 2022, también admitió que tenía muy buen trato con Liria. “Lo conozco desde hace tiempo y le tengo aprecio”.

Conexiones posibles con el caso Halsa y con obras mayores

Como contó este medio entonces, Tagilis firmó un contrato con la Diputación para realizar las obras de “acondicionamiento y adaptación” del pabellón de Carboneras, un descomunal edificio en el pueblo de El Algarrobico que ha consumido ingentes cantidades de dinero público, a cambio de 330.578,51 euros. Lo hizo en 2018, antes del periodo investigado. Por entonces, Liria ya era diputado de Fomento, pero por su cuantía la obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno de la Diputación y ha quedado fuera de la investigación, que se sepa.

La aparente fluidez con el que el sistema operaba en abril de 2020 (fecha del primer contrato investigado, el de las mascarillas) alimenta la sospecha de que podría extenderse a otras contrataciones previas, como esta. Fuentes del caso explican que las empresas ganadoras de contratos menores se alzaban también con otras adjudicaciones mayores.

También hay una posible conexión con el caso Hispano Almería, un caso de presunto amaño de concursos públicos en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Níjar y la Diputación, y financiación ilegal del PP almeriense. En este tiempo, el PP de Almería, la Diputación y Roquetas estaban dirigidos con puño de hierro por Gabriel Amat, siempre sospechoso de corrupción, nunca acusado ni mucho menos condenado. En esos años, el segundo de Amat en la Diputación y en el PP era Javier Aureliano García.

El caso Hispano Almería, supuesta clave de bóveda de la corrupción del PP almeriense, se archivó en enero de 2026, porque tras doce años de investigación el juez no veía los indicios de delito que sí que apreció en su día la UDEF. Pero hay en el sumario del Caso Mascarillas una conversación en 2019 entre Javier Aureliano y Óscar Liria en la que se alude a adjudicaciones a “Hispano” y señalan: “Por orden de Gabriel”. Con base en este nuevo hecho, el PSOE pidió en abril la reapertura del caso Hispano Almería. La Audiencia Provincial aún no ha resuelto.

Adjudicaciones a empresas del vicepresidente y del alcalde de Fines

Hasta ahora, las declaraciones que han ido prestando los investigados no han aclarado gran cosa, porque se han acogido a su derecho a no declarar o, todo lo más, han defendido la legalidad de las contrataciones. Fuentes del caso creen que la estrategia tiene una explicación sencilla: la Guardia Civil aún no ha terminado de volcar el contenido de todas las escuchas y dispositivos incautados en las diferentes fases de la operación, y tiene sentido que los investigados prefieran esperar que eso ocurra antes de hablar.

En el material incorporado hasta ahora a la causa, la UCO describe un modus operandi muy engrasado en el que al menos decena de empresas de construcción lograron de la Diputación Provincial adjudicaciones fraudulentas de contratos menores de obra en pequeños pueblos con la participación decisiva de Óscar Liria (exvicepresidente y exdelegado de Fomento, el área que decide y ejecuta obras en municipios) y de Clemente González (jefe de sección), ambos investigados.

Liria sería copropietario a través de un testaferro de la empresa más beneficiada con estos contratos, Pulconal, S.L., que él y sus tres socios (entre ellos, su primo Killian López) habían adquirido apenas unos meses después de su nombramiento como vicepresidente de Diputación. “Todo esto a partir de septiembre es para nosotros”, se decían entre ellos cuando comentaban noticias sobre obra pública en Almería. “El sistema es el siguiente: diputación nos invitará a entrar en el concurso, nosotros mediante el pliego de condiciones (proyecto) le proponemos un plan de ejecución y un precio (siguiendo directrices de mi primo)”, explicaba López a otro de los socios meses después.

Otra de las empresas beneficiadas, OYC, estaba controlada a través de testaferros por Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, municipio de origen de Liria. OYC logró al menos 1.126.000 euros con la adjudicación de 17 contratos menores por parte del departamento dirigido por Liria.

Un hombre de 68 años ha fallecido este martes en Almería a consecuencia de un golpe de calor tras ser trasladado al Hospital Torrecárdenas. De esta forma, se trata además de la primera muerte por esta causa registrada durante la presente temporada estival.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, había informado horas antes de la existencia de tres casos confirmados de golpe de calor en las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería, donde finalmente ha fallecido el afectado. Las tres personas fueron atendidas en hospitales y centros de Atención Primaria. En el caso de Córdoba, el consejero detalló que el paciente es un hombre de 57 años que fue ingresado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

Córdoba y Jaén, las más afectadas

En términos generales, Sanz señaló que, entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha contabilizado 427 urgencias relacionadas con patologías derivadas de las altas temperaturas. De ellas, 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en el ámbito hospitalario.

Asimismo, indicó que las comarcas con mayor incidencia del calor son actualmente la Campiña cordobesa, donde se prevén temperaturas de hasta 44,2 grados; Sierra Morena y El Condado, en Jaén, con máximas cercanas a los 43,5 grados; y la Subbética cordobesa, con registros de hasta 41,3 grados. Ante esta situación, el consejero hizo un llamamiento a la “prudencia” y a extremar las precauciones frente a las altas temperaturas.

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España confían en los tribunales para anular la licencia de obras de El Algarrobico, el hotel ilegal en plena playa de Carboneras (Almería), en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, también hay un matiz: mientras el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya ha pedido a los jueces que urjan al Ayuntamiento a anular la licencia, y si no, que la anulen ellos mismos, el Gobierno andaluz es partidario de pedir a los jueces que actúen por sí mismos ya.

Así lo han constatado ambas administraciones en la reunión de este martes, celebrada una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento decidiera por sorpresa y con el voto de cinco ediles socialistas y dos no adscritos aplazar la votación para revisar la licencia, que concedió hace 23 años.

En la reunión de este martes, la primera de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía desde marzo del año pasado, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central como la Consejería de Sostenibilidad de la Junta se han informado mutuamente sobre sus actuaciones y sus intenciones, aparentemente coincidentes en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. Además de técnicos y letrados, por parte de la Junta de Andalucía han participado dos veciconsejeros, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático y dos directores generales; así como técnicos y letrados. Por parte del Gobierno central, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y la directora general de la Costa y el Mar.

Ambas administraciones dicen querer acabar cuanto antes con la mole, para lo cual es necesario que antes alguien declare que la licencia que sirvió para levantarla es nula. A priori, la tarea de anularla solo puede hacerla quien la otorgó, el Ayuntamiento, pero este lleva años demorando su obligación de hacerlo (consignada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia firme desde diciembre de 2022) con todo tipo de requiebros. Para casos así, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé que los jueces tomen las riendas y ejecuten por sí mismos. Es lo que los ecologistas llevan años pidiendo, a la vista de lo que consideran una flagrante insumisión de los concejales de Carboneras.

El pasado miércoles, el Pleno volvió a dar largas, aprovechando una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (exPP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar más informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio. Es decir, nuevos informes sobre si el Ayuntamiento podría tener que indemnizar a Azata del Sol, la promotora, en caso de anular la licencia que le dio en su día, y que los tribunales le han ordenado revisar.

Actuar ya o requerir otra vez al Ayuntamiento

Este nuevo regate provocó la reacción unánimente indignada, y la coincidencia entre Gobierno y Junta de que hay que echar mano de los jueces. Sin embargo, hay un matiz que diferencia la postura de las dos administraciones, y los jueces deberán decidir.

De un lado, el Gobierno ya ha solicitado al TSJA que dé una nueva oportunidad al Ayuntamiento, pero no más. En un escrito presentado el lunes, pide a los jueces que den 72 horas de plazo al Consistorio para que convoque un nuevo Pleno para que aborde la revisión de la licencia y, entonces sí, “para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia”, además de multar a los responsables e investigarlos por vía penal.

En cambio, la Junta de Andalucía no quiere dar más oportunidades al Ayuntamiento, y prefiere que los jueces ejecuten ya, sin esperar a otro Pleno. “Los servicios jurídicos de la Junta recibieron el encargo del Ejecutivo autonómico (…) de instar al TSJA a que directamente decrete la nulidad de la licencia (…) sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar sesión plenaria para tratar de aprobar la anulación, ante los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento”, explica la Consejería en un comunicado.

Que los jueces ejecuten directamente es una vía que la Junta de Andalucía descartó hace poco más de un año, quizás porque todavía confiaba en que el Ayuntamiento cumpliría con la sentencia. Lo pidió la promotora y lo pidieron los ecologistas, con motivos opuestos (la promotora porque entiende que así podría exigir reclamaciones en otras instancias), y la Junta se opuso. Pero tras un año y medio comprobando que el Ayuntamiento alegaba motivos peregrinos (“prácticas dilatorias”, observó la Junta) para demorar una y otra vez el expediente, el Gobierno andaluz ahora se decanta por pedir la activación del botón judicial: que sean los jueces los que lo hagan.

En todo caso, la Junta ha dado instrucciones a sus letrados, pero aún no ha presentado su escrito, según confirman fuentes del procedimiento.

Expropiación, sin novedades

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Este martes, Junta y Gobierno se enredaron en el matiz semántico del orillamiento de la vía expropiatoria. La Junta dijo en su comunicado que el MITECO había “confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación”. De inmediato, el MITECO desmintió que “haya solicitado la paralización del procedimiento expropiatorio”. Fuentes del ministerio subrayan que la expropiación sigue siendo una vía “plenamente vigente”, “uno de los instrumentos disponibles” y que no ha sido descartada, sino que “sigue su curso”.

Poco se sabe de su evolución desde que Azata del Sol y el MITECO constataran la enorme diferencia entre el valor que cada una otorga a los 32.000 metros cuadrados de la promotora insertos en dominio público marítimo-terrestre. Azata los valora en 44,5 millones de euros; el Ministerio le ofrece 16.500. Esto fue en marzo. La discrepancia debe dirimirla ahora un jurado provincial de expropiación, que tiene seis meses (en teoría, hasta septiembre). Cuando dé su valoración, ambas partes podrán impugnarla ante los tribunales.

Entre tanto los esfuerzos se centran en lograr la nulidad de una licencia concedida en enero de 2003, hace 23 años. El dictamen del Consultivo favorable a la nulidad lo dejó todo preparado para que el Ayuntamiento la revocase, pero la nueva demora confirmó que El Algarrobico sigue envuelto en un ovillo de intereses que lo mantiene atado a la playa. También provocó la convocatoria de la comisión mixta, reunida por novena vez en la última década. Es un órgano bilateral previsto en el Protocolo de 2011, que contempla el reparto de tareas para cuando, al fin, se despeje la maraña jurídica de El Algarrobico; algo que, según Junta y Gobierno, sólo pueden hacer los jueces.  

La provincia de Almería supera ya las 70 horas por encima de los 30 grados de temperatura. Tres días con sus tres noches en las que el termómetro se mantiene invariablemente por encima de ese nivel. La pasada noche el aeropuerto de Almería registró una mínima de 30,4°.  Más calor aún registró la estación meteorológica de la Avenida del Mediterráneo en la capital: 32,5. Es la tercera noche consecutiva con temperaturas infernales, la denominación extraoficial acuñada para noches que superan los 30 grados.

La ola de calor está dejando registros inusuales en la práctica totalidad del país apenas comenzado el verano, y ha provocado ya que se haya tenido que atender a tres personas que han sufrido golpes de calor en Andalucía, una de ellas en Almería.

Almería es una provincia acostumbrada a las altas temperaturas, pero también al efecto moderador del Mediterráneo. En esta ocasión, no ha marcado récords de temperatura máxima (Andújar -Jaén- llegó a los 45,1), pero no hay precedentes de sus temperaturas mínimas: 75 horas seguidas por encima de los 30 grados, y sumando. El sábado 20 de junio a las 9:00 el termómetro marcó ese nivel en la capital, y desde entonces no lo ha rebajado.

Similares temperaturas han sufrido durante la noche en Huércal de Almería (33), Roquetas de Mar (31,8), Vícar (31,3) y Aguadulce (31,8), en el entorno de la capital; apenas algo más suaves en Las Negras (30), Pechina (26,2) o El Ejido (25,7), según los datos recopilados por la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE), que añade datos de estaciones propias a los de la AEMET.

AEMET mantiene en aviso naranja por altas temperaturas a Almería capital y el Poniente almeriense. El Valle del Almanzora y Los Vélez están en aviso amarillo. Se prevén temperaturas máximas de 39 grados. La previsión es que ambos avisos queden desactivados a las 21:00, y que en los próximos días vayan suavizándose las temperaturas hasta llegar a un fin de semana relativamente plácido, con máximas que rondarán los 29 grados, menos que las mínimas que la ciudad encadena desde hace tres jornadas.

Cuando se piensa en energía solar, pocos lugares parecen tan privilegiados como el desierto de Tabernas. Situado en el corazón de Almería, este paisaje árido recibe algunas de las mayores cantidades de radiación solar de Europa y se ha convertido desde hace décadas en un laboratorio natural para investigar el futuro de las energías renovables. Pero en cualquier estación, sobre todo en el verano que ahora empieza, y pese a su fuerza como estos días en plena ola de sol y calor, hay un problema que apenas se ve a simple vista: miles de partículas suspendidas en el aire.

Estas partículas microscópicas suspendidas en la atmósfera están actuando como un filtro capaz de restar parte de la energía que llega desde el sol. Es un fenómeno conocido por la comunidad científica como extinción solar atmosférica y una investigación liderada por especialistas del CIEMAT, la Universidad de Granada y el CIESOL acaba de cuantificar su impacto en España. La conclusión es llamativa: una parte significativa de la energía solar disponible se pierde antes incluso de llegar a las instalaciones encargadas de transformarla en electricidad. “En promedio, en Tabernas estamos en un 5 o 6% anual”, explica Aitor Marzo, investigador del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y uno de los autores del trabajo.

La investigación ha sido desarrollada por la Plataforma Solar de Almería y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y el CIESOL, centro mixto de la Universidad de Almería y el propio CIEMAT. Las conclusiones se han publicado en la revista científica Science Direct.

La energía que desaparece por el camino

No en vano, la imagen que solemos tener de la producción solar es sencilla: cuantas más horas de sol, más electricidad puede generarse, pero la realidad es bastante más compleja. Los investigadores llevan años estudiando el efecto que tienen los aerosoles atmosféricos, es decir, las partículas microscópicas de polvo, sales marinas, contaminación o arena sahariana que permanecen suspendidas en el aire. Partículas que se multiplican en periodos de calima, cada vez más frecuentes en nuestro clima.

“Siempre hay aerosoles. Lo que pasa es que hay días más cargados y otros menos”, explica Marzo. Estas partículas afectan a las instalaciones solares de varias formas. Por un lado, dispersan parte de la radiación y hacen que la luz llegue menos concentrada. Por otro, reducen directamente la cantidad de energía que alcanza la superficie terrestre. Además, terminan depositándose sobre espejos y paneles, obligando a incrementar las labores de limpieza y mantenimiento. En el caso de las plantas solares de concentración, que utilizan miles de espejos para reflejar la luz hacia un receptor situado en lo alto de una torre, el efecto es especialmente importante. “Nadie podía medir lo que pasa a esa radiación desde el espejo hasta la punta de la torre”, señala el investigador. Y ahí es precisamente donde se encontraba una parte del problema.

Las plantas termosolares de torre funcionan concentrando la radiación solar sobre un receptor situado a decenas o incluso cientos de metros de altura. Para lograrlo utilizan miles de espejos distribuidos alrededor de la instalación. La radiación llega al espejo, pero después debe recorrer una segunda distancia hasta alcanzar la torre. Ese trayecto adicional atraviesa una atmósfera cargada de partículas. Durante años, la industria podía medir con precisión la radiación que llegaba al suelo, pero resultaba mucho más difícil cuantificar cuánta energía se perdía durante ese segundo recorrido.

Aunque la investigación se centra principalmente en las plantas solares de concentración, Aitor Marzo recuerda que el fenómeno también afecta a la energía fotovoltaica. En este caso, los aerosoles reducen parte de la radiación que alcanza los paneles y además favorecen la acumulación de polvo sobre su superficie. “Lo que afecta a uno afecta a otro, quizás de manera diferente, pero siempre hay una parte común en la que afecta”, explica. “Ese polvo que tienes encima de los paneles hace que pase menos radiación al panel fotovoltaico y, por lo tanto, genere menos energía”.

A partir de los trabajos desarrollados en la Plataforma Solar de Almería, los investigadores han diseñado sistemas capaces de medir esa pérdida y comprobar que no es una cuestión menor. En condiciones atmosféricas favorables, las pérdidas rondan el 4%, en las peores, hasta un 10% y en un promedio anual, en Tabernas se alcanzan entre un 5% y un 6%. Sin embargo, en otras zonas del planeta los valores son mucho más elevados. “Hay lugares donde las pérdidas son de un 40%”, explica Marzo. En algunos puntos de Emiratos Árabes Unidos, añade, se han llegado a registrar pérdidas cercanas al 25%.

La paradoja del desierto

Los resultados no significan que Almería haya dejado de ser uno de los mejores lugares de Europa para producir energía solar. De hecho, ocurre justo lo contrario. El estudio sitúa a Almería entre las zonas de España más favorables para este tipo de instalaciones, ya que la enorme cantidad de radiación solar que recibe el sureste peninsular sigue compensando las pérdidas provocadas por la atmósfera.

Sin embargo, la investigación sí señala un matiz importante en un momento de expansión de las energías renovables: no basta con contabilizar las horas de sol. También es necesario analizar factores como la presencia de aerosoles, la frecuencia de episodios de calima o los costes adicionales derivados de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Según los cálculos realizados por el equipo científico, la extinción solar eleva hasta un 50% el coste de la electricidad en los periodos con mayor carga de aerosoles. Es decir, en verano. “Todo esto son parámetros que afectan a la rentabilidad de los proyectos solares”, señala Marzo.

Aunque los investigadores no se apuntan al alarmismo, sí recuerdan que la evolución del cambio climático merece atención. “Estamos viendo que están habiendo cada vez más episodios de calima”, afirma el científico. La llegada de polvo procedente del Sáhara no es un fenómeno nuevo en Andalucía, pero los episodios extremos se han hecho cada vez más visibles durante los últimos años. En marzo de 2022, por ejemplo, una intensa intrusión de polvo africano tiñó de calima naranja buena parte de la península y llegó incluso a alcanzar regiones del norte de Europa.

Si estos episodios se vuelven más frecuentes, las instalaciones solares podrían verse obligadas a incrementar sus labores de limpieza y mantenimiento. “Si hay cambios en los patrones de ensuciamiento debido al cambio climático, esto va a suponer un incremento en el gasto de mantenimiento”, advierte. Eso no significa que las grandes inversiones realizadas en energía solar estén en peligro. “No considero que los cambios vayan a ser tan drásticos como para que la inversión que se ha hecho haga que fracasen este tipo de proyectos”, aclara. Pero sí obligan a afinar los cálculos.

Porque incluso en uno de los lugares más soleados de Europa, una parte de la energía del sol nunca llega a convertirse en electricidad. Queda atrapada en millones de partículas invisibles suspendidas sobre el desierto.

La Policía Nacional investiga la muerte de una persona electrocutada en la madrugada de este viernes 19 de junio en una torreta de alta tensión en la zona de La Juaida de Almería capital, muy próxima al municipio de Viator.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 00.59 horas cuando testigos de los hechos han alertado de que una persona había recibido una descarga eléctrica en una torreta de alta tensión en el Camino del Marchal.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para rescatar a la víctima con una escala, junto con efectivos de Policía Local, Nacional y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado la defunción.

El 112 ha alertado, asimismo, a la compañía Endesa, junto con efectivos de Protección Civil y Policía Local de Viator, al estar en el límite con este municipio. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y causas de este suceso mortal.

El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Expediente por no cumplir lo que había marcado el partido. Los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) serán expedientados después de votar este miércoles a favor de frenar el acuerdo para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Este trámite se considera necesario para proceder por fin al derribo del edificio.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE almeriense, José María Martín, quien ha apuntado que “no se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se les habían facilitado” a los ediles. De paso, ha defendido que la posición socialista ante El Algarrobico es “inequívoca” y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.

Martín ha señalado que la anulación de la licencia “es una exigencia judicial” y “la condición previa para la demolición”, tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla “por ser contraria al ordenamiento jurídico” y por haber sido otorgada sobre “suelo protegido”. En este sentido, ha afirmado que el voto del grupo socialista en el pleno celebrado este miércoles “debía de haber sido favorable a esa anulación”, tal y como, según ha indicado, se trasladó “expresamente” a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal.

“No admite ni una sola demora más”

El dirigente socialista ha remarcado que “el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados” y ha añadido que, para el PSOE, “cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo”. Preguntado en rueda de prensa por si los expedientes pueden derivar en la expulsión de los concejales, Martín ha indicado que “habrá que tramitar el expediente”, dar traslado a los interesados y aplicar “lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido”.

La decisión llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto con otros cuatro ediles socialistas, haya apoyado la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar sobre la mesa el expediente hasta recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de la anulación de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003. Esto vuelve

Previamente, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a este asunto en Sevilla, donde ha avanzado que la formación iba a adoptar “medidas reglamentarias” ante la actuación de los concejales de Carboneras, al tiempo que ha reafirmado la posición socialista a favor de anular la licencia del que ha considerado un “monumento a la barbaridad medioambiental”.

La licencia de obras de El Algarrobico sigue en vigor. Con todas las miradas puestas en la posibilidad de que hoy, 23 años después de que se concediera, quedase anulada la licencia para levantar la mole, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la votación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, que podría conllevar una responsabilidad patrimonial para el municipio.

Sin resistencia, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha aceptado que antes de votar la revisión había que votar para que la revisión de la licencia “se quede sobre la mesa”. Él y los concejales del PP han votado en contra de posponer, pero la propuesta ha salido a favor con el apoyo de los concejales del PSOE y no adscritos. No hay fecha para el nuevo Pleno, pero se condiciona a contar con tres nuevos informes sobre el impacto para el municipio de anular la licencia.

A la salida del Pleno, Hernández ha asegurado que no contemplaba el escenario, lamentando lo ocurrido: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Fuentes municipales señalan que no es posible saber ahora cuándo se convocará el nuevo Pleno. Los siguientes pasos son plasmar lo que ha ocurrido en el acta y elevar esta al TSJA que tutela los pasos que se dan para ejecutar su sentencia.

La revisión de la licencia, ordenada en sentencia del Tribunal Superior de Andalucía en 2021 (firme desde 2022), estaba más cerca que nunca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera a finales de mayo que es “nula de pleno derecho” por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

Era el penúltimo trámite en el expediente administrativo que tramita el Ayuntamiento para cumplir la sentencia que le obliga a ello, tras advertencia de los jueces. Tras este dictamen, el Pleno (responsable de conceder la licencia en su día, aunque delegó en otro órgano) debía pronunciarse para resolver el expediente, pero en lugar de eso, ha adoptado una moción para retrasar la votación, presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (PP), que ha obtenido el voto favorable de los cinco ediles del PSOE (liderados por el exregidor José Luis Amérigo) y de la otra concejala no adscrita antes en el PP, Ángeles Carrillo.

De esta forma, el Pleno ha aprobado por siete votos a favor y cinco en contra (los del alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos- y los cuatro del PP) la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades “patrimoniales”.

Minutos después de conocerse este nuevo retraso, Greenpeace ha solicitado al TSJA que se deduzca testimonio y dé traslado a Fiscalía para investigar a los miembros de la corporación por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia. También ha reiterado una petición que lleva años formulando: que sean los jueces quienes ejecuten directamente, a la vista de que el Ayuntamiento siempre tropieza, queriendo o sin querer, con algún obstáculo.

También Salvemos Mojácar, la organización que logró en 2006 la paralización de la obra, ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella por prevaricación contra quienes han votado a favor o se han abstenido para posponer el Pleno, y ha pedido al PSOE que expulse a sus ediles en el municipio.

Los ecologistas llevan años denunciando las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, sus alcaldes y concejales, hasta el punto de pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo ha denunciado la Junta de Andalucía, y los propios tribunales han advertido a los sucesivos alcaldes por multas por retrasarse en esta sentencia y en la que obliga a clasificar el paraje como no urbanizable (firme desde 2021 y dada por cumplida el pasado febrero), sin llegar nunca a imponer sanciones. En marzo de 2025 dieron un mes de plazo al alcalde para ejecutar su sentencia, bajo advertencia de denunciarlo si no a Fiscalía.

Falta de “información esencial”

El expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de julio de 2021, firme desde diciembre de 2022, lleva tramitándose casi año y medio. El Ayuntamiento lo abrió a la fuerza en marzo de 2025, tras iniciarse un procedimiento de ejecución judicial por la falta de ejecución voluntaria. Desde entonces, se han acumulado retrasos y errores que han llevado a los magistrados con advertir de que impondrían multas a los responsables municipales si no se cumplía su sentencia. La pasada semana el Gobierno central se personó en este procedimiento de ejecución, al entender que guarda conexión con la expropiación de la parcela que impulsa desde el año pasado.

Tras la lectura del informe de la secretaria, favorable a votar la nulidad de la licencia, ha tomado la palabra José Luis Amérigo, portavoz del PSOE, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023, y sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde cuando se concedió la licencia. Amérigo ha insistido en que no se opone a cumplir las resoluciones, pero ha asegurado que no podía votar a favor porque el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Amérigo echa en falta estimación económica, informe de intervención e informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Ha sido Felipe Cayuela (no adscrito) quien ha pedido que “el expediente quede sobre la mesa” “hasta una próxima sesión”, una vez que los concejales tengan varios informes: uno económico-financiero sobre los riesgos patrimoniales; otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de otras administraciones públicas que contribuyeron al impulso del edificio legal; y otro informe técnico para evaluar las posibles consecuencias urbanísticas de anular la licencia. El objetivo del aplazamiento sería, ha dicho, que la Corporación disponga de “toda la información necesaria” para valorar las consecuencias para el Ayuntamiento y los vecinos antes de votar una resolución definitiva.

La propuesta que debían votar contempla posibles responsabilidades económicas. Según Cayuela, el Ayuntamiento ni siquiera tiene medios para entrar a un estudio en detalle de estas cuestiones. A su salida del Pleno, ha resaltado que Carboneras no puede votar a favor de dar un “cheque en blanco”.

Sólo Lorenzo González Belmonte, concejal de Urbanismo (PP) ha defendido votar a favor de la nulidad de la licencia “por obligación y responsabilidad”, como “acto debido” obligado por la sentencia y el dictamen del Consultivo. González Belmonte ha cargado las culpas de El Algarrobico sobre el PSOE, que gobernaba la Junta y el municipio cuando se otorgó la licencia. “El grupo popular de Carboneras no se está posicionando a favor o en contra de El Algarrobico, sino siendo responsable y dando cumplimiento a la sentencia”.

La revisión de oficio de la licencia, que era el acuerdo propuesto inicialmente a Pleno, contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, y había quedado fijada para un Pleno extraordinario este miércoles, que tenía esa cuestión como único punto del orden del día. La propuesta de resolución que finalmente no se ha votado declaraba el “vicio de nulidad” del acto administrativo que concedió la licencia de obras al Hotel Azata del Sol.

El acuerdo que se iba a votar también recogía un punto relativo a la “obligación de indemnizar” a la promotora que obtuvo la licencia, señalando que era “necesario deducir a posteriori” un procedimiento específico para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse”, asegurando que en este momento el Ayuntamiento no puede asumir ese estudio.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

El 38,76% de universitarios andaluces se ha planteado en alguna ocasión abandonar sus estudios, siendo el estrés o la ansiedad el principal motivo señalado por el 75,6% de entre quienes han contemplado esta posibilidad; un dato que sitúa el “bienestar emocional” del estudiantado como una “dimensión clave” para cualquier política universitaria de conciliación.

Así se desprende de las conclusiones alcanzadas a través del primer estudio interuniversitario sobre conciliación y corresponsabilidad en la comunidad universitaria andaluza elaborado por las universidades de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide que ha sido presentado en la UAL.

A través de encuestas a 1.498 personas en los tres campus andaluces, el informe constata que la brecha de género en el reparto de los cuidados persiste en la universidad ya que, según sus cifras, las mujeres dedican una hora y media más al día que los hombres al cuidado de personas dependientes y sufren en mayor medida el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales.

El estudio incorpora también la perspectiva del estudiantado, sentido en el que pone de relieve que las dificultades de conciliación no afectan únicamente al personal universitario. El 48,4% del alumnado considera que no puede compaginar adecuadamente sus estudios con el resto de sus responsabilidades.

Brecha de género

Los cuestionarios se han dirigido tanto a alumnos como a Personal Docente e Investigador (PDI/PI) y a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) de los tres campus, junto con grupos de discusión y entrevistas semidirigidas a agentes clave. El diseño coordinado y la aplicación simultánea en las tres universidades permiten, por primera vez en Andalucía, ofrecer una lectura comparada y transferible de la situación, identificando tanto los patrones comunes como las particularidades de cada institución.

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la persistencia de la brecha de género en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado. En los tres campus, las mujeres del PDI/PI y del Ptgas dedican, en promedio, cinco horas y once minutos al cuidado de personas dependientes frente a las tres horas y 38 minutos de los varones. Asimismo, destinan 14 minutos más a las tareas del hogar.

Entre el estudiantado, las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto al estudio como a las tareas domésticas, mientras ellos disponen de mayor tiempo de ocio. Esta sobrecarga tiene consecuencias directas sobre las trayectorias profesionales femeninas.

Así, el 67% de las mujeres del PDI/PI considera que la maternidad o la paternidad ha perjudicado su carrera, frente al 47,9% de los hombres. Además, las mujeres renuncian en mayor medida a actividades académicas clave: el 77,4% ha rechazado estancias de investigación nacionales o internacionales (frente al 66,2% de los hombres) y el 52,9% ha renunciado a elaborar publicaciones científicas (frente al 34,2%).

El impacto es igualmente significativo en el colectivo Ptgas: el 50,8% de las mujeres Ptgas considera que la maternidad ha perjudicado su desarrollo profesional, frente al 32,3% de los hombres.

Cultura de la 'hipersensibilidad'

El personal docente e investigador de las tres universidades muestra niveles “preocupantes” de “desbordamiento laboral”. El 91,4% afirma llevarse trabajo a casa habitualmente, y solo el 23,3% logra desconectar al terminar la jornada. Por otra parte, el 74,5% considera que no existe un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades docentes y el tiempo necesario para investigar.

El agotamiento emocional afecta al 47,9% del total, con una brecha de género significativa: el 50,2% de las mujeres declara agotamiento frente al 43,8% de los hombres. El estrés o la ansiedad alcanzan al 91,6% del PDI/PI. El informe busca sentar las bases para el diseño de los Planes de Conciliación y Corresponsabilidad de cada una de las tres universidades. Entre las medidas más valoradas por la comunidad universitaria figuran la flexibilidad horaria, el teletrabajo excepcional por cuidados, las ayudas de acción social y el apoyo a la salud mental.

El estudio identifica también los principales obstáculos: la escasa difusión de las medidas existentes, la cultura de presentismo, el temor a la estigmatización por solicitar permisos y la rigidez normativa. La dimensión compartida y comparada del documento permite ver qué problemas son estructurales y atraviesan a las tres universidades, y también qué matices o necesidades específicas aparecen en cada campus.

Avanzar en conciliación

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, ha explicado que el informe “no es solo un diagnóstico, sino una base real para seguir avanzando en políticas de conciliación y corresponsabilidad dentro de la universidad”.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, ha destacado que la mayor parte de los problemas detectados son estructurales y comunes en las tres universidades, si bien es cierto que cada una tiene sus peculiaridades. “Hay problemas que hay que abordar desde la política regional y nacional y del propio sistema universitario. Hemos también analizado buenas prácticas que se pueden replicar en las tres universidades. Notamos que hay demandas comunes entre el Personal Docente e Investigador, el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios y el estudiantado”, ha indicado.

La delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez, ha indicado que “hemos percibido que lo estructural predomina de lo particular porque al final esto es una cuestión de género y queda muy patente en este estudio”. En cuanto a reivindicaciones específicas, Domínguez ha advertido problemas en la difusión de medidas que ya existen y no son conocidas así como la situación en la que hay mujeres que “muchas veces no piden los permisos por miedo al qué dirán”.

La firma de una declaración institucional vuelve a situar sobre la mesa una reivindicación que en Almería se repite desde hace más de dos décadas: la creación de un corredor ferroviario que conecte la capital con la comarca del Poniente. No es una idea nueva ni un proyecto cerrado, sino una aspiración que ha ido apareciendo y desapareciendo de los planes de movilidad sin llegar nunca a ejecutarse.

Ahora, la Mesa del Ferrocarril ha conseguido que distintas instituciones se sienten en torno a un mismo documento para escenificar un apoyo conjunto a una infraestructura que, sobre el papel, podría articular el principal eje urbano y económico de la provincia. La cita para la firma se ha pospuesto por cuestiones de agenda, pero se prevé que se formalice en la Universidad de Almería. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner el foco en un área que concentra a más de medio millón de personas entre la capital y el Poniente, una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular sin una red de cercanías ferroviarias.

La idea de un corredor ferroviario entre Almería y el Poniente no es nueva y ha ido casi paralela a la del Corredor Mediterráneo. Forma parte de una secuencia de intentos de planificación que se remonta, al menos, a finales de los años noventa, cuando distintos estudios ya apuntaban a la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia la zona occidental de la provincia. De hecho, en 2008 llegó a plantearse un sistema tranviario metropolitano que no llegó a materializarse tras la crisis económica. Años después, el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía. Sin embargo, la reserva efectiva de suelo nunca llegó a consolidarse.

Para evitar que se perdiese el proyecto entre promesas, la Mesa del Ferrocarril retomó esa demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, en las que pedía algo concreto: blindar el trazado para evitar que el desarrollo urbanístico cierre definitivamente la posibilidad de construirlo en el futuro.

Un corredor necesario

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, cree que el tren aún no es una realidad por un hecho muy sencillo: el problema no es la ausencia de estudios, sino la falta de ejecución política. “Esto es una reivindicación de hace muchos años. La mesa se constituye como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo”, explica. En ese recorrido, asegura, se han presentado alegaciones y propuestas para que la administración autonómica reserve un corredor ferroviario a lo largo del Poniente. Sin embargo, sostiene que ese objetivo no se ha materializado en la planificación vigente.

“El problema es que cada administración traslada la responsabilidad a otra. Y mientras tanto, el corredor sigue sin reservarse”, apunta. Para la Mesa, la clave no es únicamente construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo. No en vano, el argumento central del proyecto es demográfico. Según los datos que maneja la Mesa, en el Poniente viven alrededor de 330.000 personas, a las que se suman las aproximadamente 220.000 de la capital. En total, unos 550.000 habitantes en un mismo eje territorial sin conexión ferroviaria metropolitana.

“En ninguna comarca del país con este volumen de población no existe tren de cercanías. Es una anomalía”, sostiene Tejada. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. La Mesa estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, sin contar vehículos comerciales o de transporte. El resultado, según su diagnóstico, es un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora una dimensión logística. El Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas cada año con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incorporar también usos vinculados al transporte de mercancías, lo que permitiría reducir tráfico pesado en la red viaria y mejorar la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido. La propuesta más extendida plantea un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el propio coordinador de la Mesa reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado. Entre las alternativas estudiadas, se ha llegado a plantear el uso de la mediana de la autovía en determinados tramos, una solución ya aplicada en otros entornos metropolitanos. En cualquier caso, las estimaciones económicas apuntan a una infraestructura de gran envergadura, con costes que en estudios previos se situaban en torno a los 1.200 millones de euros en algunos tramos iniciales.

Apoyos institucionales, pero sin hoja de ruta

El proyecto cuenta desde hace tiempo con respaldo político en distintos niveles institucionales, aunque nunca se ha avanzado más allá de las promesas. En el ámbito local, municipios como Roquetas de Mar o El Ejido han aprobado mociones de apoyo al corredor ferroviario. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha señalado que se trata de infraestructuras que requieren planificación a largo plazo: “Son proyectos que pueden tardar años, así que tenemos que empezar a dar pasos decisivos para que sea una realidad”. En el mejor de los escenarios, desde la Mesa calculan que el tren no entraría en funcionamiento hasta dentro de una década, siempre en función del proyecto que acabara ejecutándose.

No obstante, el Ayuntamiento de Almería también se ha posicionado a favor de mejorar la conectividad entre la capital y su entorno metropolitano. Defiende que este tipo de infraestructuras permitirían descongestionar el tráfico y avanzar en sostenibilidad, aunque reconoce la complejidad administrativa y económica del proyecto. “Entendemos que más tarde o más temprano tendrán que llevarse a cabo esos proyectos”, señalan desde el Consistorio.

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que el Cercanías del Poniente ya aparece en la planificación estratégica de movilidad autonómica, tanto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 como en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería. No obstante, subraya que se trata de un estudio de viabilidad y que la competencia ferroviaria corresponde al Estado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ejecutivo central se muestra favorable a la iniciativa, aunque insiste en la necesidad de cooperación entre administraciones. “No es una infraestructura que pueda hacerse de un día para otro, pero nos obliga a repensar cómo queremos que sea Almería a medio y largo plazo”, señalan. El subdelegado, José María Martín, defiende además abrir el debate sobre el reparto de competencias en materia ferroviaria y plantea la necesidad de sumar voluntades institucionales para avanzar. Por último, la Diputación de Almería, sin embargo, no ha respondido a las reiteradas consultas de este medio sobre su posición respecto al proyecto.

Se trata por lo tanto de un proyecto con un amplio respaldo político y técnico en el discurso, pero sin avances concretos en su ejecución. La Mesa del Ferrocarril insiste en que el objetivo inmediato no es construir la infraestructura, sino asegurar su viabilidad futura mediante la planificación del suelo. El debate, sin embargo, sigue abierto entre administraciones que coinciden en la necesidad del corredor, pero discrepan sobre quién debe impulsarlo y cuándo.

Mientras tanto, el Poniente almeriense continúa dependiendo casi en exclusiva de la carretera para sus desplazamientos cotidianos, en un territorio donde la movilidad sigue siendo, más que una cuestión técnica, un problema estructural sin resolver.

Una niña ha fallecido en la tarde de este sábado en la playa de Costacabana en Almería capital, según han confirmado los servicios de Emergencias del 112.

El teléfono 1-1-2 recibió a las 18:55 horas de ayer una llamada de socorro que alertaba de que había desaparecido una niña de 12 años que estaba en el agua, en el último espigón al final de la playa, sentido El Alquián. De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Playas y a Protección Civil.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un equipo médico de La Cañada. A pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, la menor finalmente resultó fallecida. Fuentes policiales informaron de que quedó activado el protocolo judicial.

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Uno de los exadministradores de la empresa OYC Servicios Urbanos investigado en el caso Mascarillas ha señalado este jueves al hijo del exalcalde de Fines como el verdadero responsable de la mercantil señalada como una de las sociedades empleadas en el seno de la trama para la obtención de contratos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines con los que conseguir el supuesto cobro de comisiones.

Fuentes presentes en el interrogatorio han explicado a Europa Press que el investigado, quien apenas estuvo siete meses como administrador de la sociedad entre julio de 2019 y enero de 2020, se habría limitado a seguir las instrucciones de Rodrigo Sánchez López sin que llegara a administrar 'de facto' la empresa a la que accedió siendo director de obra.

En esta línea, ha negado a preguntas del juez instructor Manuel Rey Bellot, la Fiscalía y de su abogado, Juan Marfil, que él como administrador llegara a representar a la empresa en las mesas de contratación a la hora de concurrir en licitaciones de obra con las administraciones públicas, sentido en el que ha reducido su papel al de un mero 'mandado'.

Firma de documentos

Según su versión, era el hijo del exalcalde -a su vez, primo del exvicepresidente de Diputación y exdiputado de Fomento Óscar Liria- quien le manifestaba qué obras y actuaciones se le habían concedido a la mercantil para que pudiera ponerse al frente de los trabajos una vez ya conseguidos los contratos. El investigado ha reconocido, no obstante, haber firmado documentos ante notario en representación de OYC cuando era requerido para ello aunque, según ha dicho, bajo cierto desconocimiento de las funciones que realizaba más allá del papel de “socio” que creía encarnar.

Con ello, ha explicado que fue él mismo quien a los pocos meses decidió marcharse de la compañía que, según los indicios de los investigadores, llegó a obtener contratos con la institución provincial así como con el Consistorio finense por un importe de más de 1,2 millones de euros solo entre 2020 y 2024, aunque 'los Rodrigos' habrían ejercido control sobre la empresa al menos desde 2017.

De acuerdo con su versión, el hijo del exprimer edil de Fines habría empleado a administradores temporales para estar al frente de la empresa, varios de los cuales tienen previsto declarar este viernes ante el juez instructor junto con el exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, quien habría solicitado comparecer después de que su intervención quedara suspendida el primer día por enfermedad de su letrado.

“Actividad ficticia y simulada”

Dicha versión coincide con los indicios que maneja la UCO, desde la que se asegura que padre e hijo se habrían servido de terceras personas para “velar” la administración por su parte de la sociedad investigada.

Los indicios que obran en la instrucción apuntan a una “actividad ficticia y simulada” de OYC, ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de “una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos”, para lo que además el exalcalde de Fines se habría aprovechado del cargo que ostentó durante 22 años en el Ayuntamiento.

Durante la ronda de comparecencias también ha declarado un segundo empresario que la Guardia Civil vincula, junto con Óscar Liria, a la mercantil Pulconal, de modo que dicha relación se habría producido a través del empresario Kilian López, el supuesto 'conseguidor' del contrato de dos millones de euros de mascarillas que originó la investigación.

El investigado se ha reconocido como empresario de la comarca del Mármol aunque se ha desligado de los negocios que se le atribuyen en la investigación con Kilian López, con el que sí ha reconocido otras relaciones comerciales e incluso algún préstamo monetario ocasional.

Durante el jornada, el juez ha accedido además a la comparecencia de Hortensia L., la tía del supuesto 'comisionista' quien se ha acogido a su derecho a no declarar al igual que el exalcalde de Fines, ambos representados por el abogado Evaristo Llanos, y el hijo del exalcalde. La investigación de la UCO señala a la mujer como una de las personas de las que se habría servido la trama para hacer entregas de dinero en metálico procedentes de las supuestas comisiones percibidas a los padres de Óscar Liria en enero de 2021.

El exalcalde de fines no declara

El exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón, investigado en el caso Mascarillas por supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas para el cobro de comisiones, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, a la espera de obtener nuevos informes encargados a la UCO de la Guardia Civil.

El exprimer edil ha abandonado la Ciudad de la Justicia junto a su hijo, el también investigado Rodrigo Sánchez López, a través del acceso secundario de la Fiscalía de Menores apenas 45 minutos después de haber llegado para comparecer ante el juez sin ofrecer comentarios a los periodistas que aguardaban su salida.

El letrado del exalcalde, Evaristo Llanos, ha explicado previamente que se han requerido hasta en tres ocasiones esos informes “definitivos” derivados de la intervención de documentación así como de los dispositivos móviles y ordenadores de los registros practicados el pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Fines, su domicilio y la sede de las empresas a las que se le vincula.

“Cuando lleguen y tengamos toda la documentación, pues podremos ilustrarnos debidamente y contestar a las preguntas que sean precisas”, ha manifestado el abogado minutos antes de iniciar la ronda de comparecencias en la que también han sido citados a declarar dos empresarios ligados a entidades de la trama.

El representante legal del exprimer edil también ha reducido las sospechas sobre la supuesta procedencia ilícita de 119.950 euros que Rodrigo Sánchez Simón y su hijo cargaron envueltos en una funda de almohada en su vehículo desde la casa del padre del exvicepresidente de la Diputación Óscar Liria --a su vez, tío y primo de los investigados-- en la mañana del 15 de junio de 2021, cuando se registraba el domicilio de este último.

El “epicentro” de la trama

El abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, se ha referido a este extremo a su llegada a los juzgados, donde ha destacado la relevancia de las declaraciones previstas al considerar Fines como el “epicentro” de la trama. “Desde pequeño me han enseñado que el dinero se guarda en las libretas de ahorros. Solamente conozco la situación de Fines como lugar donde el dinero se guardaba en fundas de almohada”, ha apuntado el letrado, quien ha señalado que será el juez quien diga si esta situación se corresponde con un indicio delictivo o con una anécdota.

Acompañado del abogado José María Terrés, el representante de la acusación popular confía en que las declaraciones permitan esclarecer el destino del dinero que se generó a través de las supuestas comisiones en el municipio, que ve como uno de los “símbolos” de la trama ya que, según ha recordado, el pueblo cuenta con un teatro con el nombre de Javier Aureliano García.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez, prevista para este jueves en el marco del caso Mascarillas, que investiga el cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares, ha quedado suspendida por la indisponibilidad de su letrado.

Varias fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la suspensión de su declaración, para la que habrá que fijar nueva fecha, debido a los problemas médicos alegados por su representante legal, quien durante la jornada de este miércoles solicitó el aplazamiento.

Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda que se inicia este jueves, en la que también está previsto que comparezca --por videoconferencia a partir de las 11:45 horas-- el empresario y supuesto comisionista Kilian L.S., quien habría intervenido en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020 con un supuesto sobrecoste de 945.327 euros, conforme a los informes de la UCO.

Sin la declaración de Giménez, son cuatro los imputados a los que se espera tomar declaración a lo largo de la jornada.

Mascarillas, contratos de obra y dientes

Según los investigadores de la UCO, el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García, detenido el pasado noviembre, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, cuya declaración está prevista para este viernes.

La detención de este en junio de 2021 dio origen a la primera fase de la investigación por la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por el que la trama habría cobrado comisiones de casi un millón de euros; las pesquisas se ampliaron luego a contratos de obras en pequeños municipios.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante. La UCO cree que el expresidente de la Diputación, del que pinchó el teléfono, pagó una hipoteca con dinero de las mordidas.

En las conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.