El Juzgado de Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido en una reciente sentencia el derecho de la plantilla de la SAT Bonny, radicada en Granadilla de Abona, a un día de descanso compensatorio por cada festivo en sábado que coincida con el descanso semanal, habitualmente en sábado y domingo.

La justicia da así la razón al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, en un conflicto colectivo que, según la misma organización laboral, “marca un antes y un después en el sector agrario isleño”, tal y como se indica en un comunicado de prensa.

La sentencia, dictada por el magistrado-juez Félix Barriuso Algar, declara el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la SAT Bonny, en su centro de Granadilla de Abona, a recibir un día de descanso compensatorio por cada festivo no recuperable que coincida en sábado con su descanso semanal, y esto con efectos retroactivos de un año desde la interposición del conflicto.

La sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta por CCOO y condena a la empresa SAT Bonny “a estar y pasar por esta declaración, rechazando los argumentos empresariales de que la ampliación del descanso semanal o la jornada anual inferior a la del convenio ya compensaban esos solapamientos”, indica el mismo sindicato en una nota de prensa. 

El fallo se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo (sentencias de 2022 y 2025) y en el criterio uniforme de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que impide que los festivos sean absorbidos por el descanso semanal cuando este está fijado en días fijos.

“Esta victoria judicial no habría sido posible sin la labor incansable de la representación legal de los trabajadores de la SAT Bonny y de la Federación de CCOO en Canarias, que detectaron la práctica empresarial, recabaron la prueba documental y defendieron con rigor jurídico una reclamación que afecta a un número significativo de personas en el sector del campo en las islas”, se explica en la nota.

La sentencia subraya que “ni el convenio colectivo regional del campo ni ningún pacto de empresa establecían una compensación específica para esos festivos, lo que evidenciaba una laguna que vulneraba el derecho al descanso”, remarca CCOO.

La misma organización de trabajadores destaca a su vez que esa resolución judicial “sienta un precedente de gran importancia para todo el sector agrario, donde es habitual que las jornadas se desarrollen de lunes a viernes con descanso fijo en sábado y domingo. A partir de ahora, las empresas deberán compensar con un día adicional los festivos que coincidan con el sábado, tal y como ya venían reclamando los representantes de los trabajadores”, sostiene el sindicato.

Además, la sentencia reconoce el derecho a la compensación con efectos retroactivos desde un año antes de la presentación de la papeleta de conciliación ante el Tribunal Laboral canario, “lo que supone un reconocimiento económico y de descanso efectivo para la plantilla afectada. Ahora bien, sí que no fija un plazo máximo de 14 días para el disfrute, como pedía la demanda, pues remite esta cuestión a la negociación colectiva o al pacto individual. En cambio, consolida el derecho sustantivo al descanso compensatorio”, se recoge en la nota.

Contra esa resolución judicial cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo que no impide que desde CCOO se considere “muy positivo el sentido del fallo y se anime a las empresas del sector a adaptar sus calendarios laborales para cumplir con la doctrina judicial sin necesidad de nuevos litigios”.

La estrategia política diseñada por CC y AHI desde el Gobierno de Canarias, en las consejerías de Agricultura (Narvay Quintero, de AHI) y de Presidencia (Nieves Lady Barreto, palmera y secretaria general de CC en La Palma), para regalar hasta 3,5 millones de euros a plataneros de esa isla (son unos 1.300 agricultores privilegiados, aunque unos más que a otros) sigue su curso sin grandes sobresaltos y con terminación segura antes de las elecciones de mayo próximo.

Se trata de la operación político-administrativa para proceder al perdón de esos 3,5 millones de euros totales cobrados de más por plataneros de La Palma. Esos excesos de apoyos directos fueron ingresados a través de pagos por adelantado cuya suma final luego sobrepasó el cómputo definitivo o legal de la ayuda (aquí está el origen de los reintegros) como compensación especial por la pérdida de renta en ese cultivo debido a las consecuencias del volcán en la campaña agrícola 2021-22. Las prisas y la mala gestión del proceso dieron esos malos resultados, entonces con el PSOE a cargo de la Consejería de Agricultura. Pero ahora a todo eso se le pone una venda, con CC y AHI en las riendas.

Otra prueba de que prosiguen los trámites administrativos para cerrar ese perdón de 3,5 millones de euros aparece ahora y tiene que ver con la reciente comunicación de una resolución de la Secretaría General Técnica (con firma de Ana Isabel Barrera Cabrera como secretaria el 10 de septiembre pasado) de la primera de esas dos consejerías, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. En ella se notifica a los plataneros que cobraron de más y con las mayores cuantías excedidas (solo un listado de 50 personas físicas y jurídicas, por ahora) que los expedientes de reintegro abiertos en su día por las cantidades superadas, planteados con el propósito de recuperar el dinero pagado de más por la Administración autonómica (lo que se debe hacer), ya han caducado (declaración de caducidad del proceso de lesividad). Por lo tanto, nada se debe temer.

De todo lo previamente regalado a casi 1.300 plataneros, ya se ha decidido compensar hasta un máximo de 50.000 euros por beneficiario o titular gracias al abono de una ayuda de minimis. Esta medida se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, aprobada en diciembre pasado, a través de una disposición adicional.

La opción más gravosa para lo público

Así las cosas, la Consejería de Agricultura no solo deja de recuperar lo que abonó de más a través de un sistema de adelanto de cantidades que resultó fallido, los 3,5 millones de euros (el activado por Alicia Vanoostende como consejera de Agricultura ‑PSOE‑), sino que para evitar esos reintegros formales además se ideó un modelo de compensación de las cantidades superadas a través del pago de ayudas de minimis, hasta un máximo, como se ha dicho, de 50.000 euros por titular.

Esto quiere decir que la Administración autonómica pasa de poder haber recuperado 3,5 millones de euros a tener que pagar esa misma cantidad con cargo al erario autonómico. La cifra es algo inferior a la suma de los reintegros porque solo se compensa hasta los 50.000 euros por beneficiario y hubo algunos que estuvieron por encima de ese umbral, solo cuatro. Son los únicos que sí tendrán que devolver la diferencia. Y toda esta complejidad administrativa (queda por ver si legal) por una decisión política de CC y AHI.

Los que tendrán que devolver fondos recibidos a pesar del perdón máximo de 50.000 euros son solo cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros (uno), de más de 56.000 (otro) y luego dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino hasta la ayuda máxima de minimis: los 50.000 euros.

Esas personas jurídicas son, según la resolución reseñada, a la que ha tenido acceso este periódico digital: Luis Brito Sociedad Cooperativa de Explotación Comunitaria de la Tierra; El Despertar Agrario, SLU; Dominicas Misioneras, y Musa Acuminata, SL. Todas estas entidades pertenecen a la organización de productores de plátanos (OPP) Europlátano, salvo la congregación religiosa, que estaba integrada en la antigua OPP Cupalma, hoy Unión Platanera Canaria. A la CB Amparo Dorado, la quinta más beneficiada, se le perdonará algo más de 49.000 euros. Solo los primeros 23 excedidos de casi 1.300, los que recibieron las mayores cantidades de más, superaron lo que debieron ingresar hasta un total de 0,85 millones de euros (se pagaron 3,5 millones de más). El listado de los 50 conocidos ahora suma reintegros por valor de 1,3 millones de euros, un tercio del global, los 3,5 millones.

Todo este proceso político-administrativo, muy cuestionado desde varios frentes agrícolas (algunos lo consideran ilegal) y planteado para evitar los reintegros totales de ayudas al plátano en La Palma que fueron pagadas de más por compensaciones vinculadas a daños debidos al volcán en la campaña 2021-22, se inició gracias al respaldo parlamentario que el diseño de tal medida, promocionada por Nieves Lady Barreto (CC La Palma), tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias (NC) a la enmienda final in voce.

NC incluso llevó al pleno un voto particular, no apoyado. La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura por Narvay Quintero supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo: no terminan devolviéndolo porque se compensa el reintegro (en todos los casos menos cuatro), o si se prefiere, lo devuelven con el dinero que antes la Administración les ha otorgado con las ayudas de minimis.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objetivo: dos de la CAC ‑2021-22 y 2022-23, y pendiente la de 2023-24‑ y una más de refuerzo del Cabildo insular ‑2022-23‑), se verá reducida un poco, algo más de 100.000 euros, debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros de La Palma que llegan a superar el límite del perdón: los 50.000 euros por titular, el máximo que se puede dar como ayuda de minimis.

Los titulares de las explotaciones plataneras de La Palma con mayores cifras de reintegro, que están entre a los que ahora, por lo pronto un lote de 50, la Consejería ha notificado que sus expedientes de reintegro previos a la solución aprobada por la Ley de Presupuestos para 2026 ya han caducado (se han dejado caducar), sí son identificables, al menos hasta esa cantidad de 50. Se enumeran del 1 al 50 según cifras mayores de superación de la ayuda compensatoria cobrada a las menores, hasta la 50.

De esos 50 perdonados, los de la resolución reseñada, 26 forman parte de la OPP Europlátano (más de la mitad), 13 de Cupalma, ahora Unión Platanera Canaria, y 11 de Coplaca.

El camino que aún queda por recorrer

Tras las compensaciones de los reintegros, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también desarrollada en la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos en vigor), que es la que implica tener que conceder el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección por el volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará, según las previsiones, a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla, a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según las primeras estimaciones. Serán todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta en la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios: los que suman 1.296 titulares de fincas, los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y los primeros en recibir el perdón. Para los otros 2.000 también habrá regalo.

Disposición adicional en la Ley de Presupuestos

Aquí está el origen de todo, y con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor ‑en algo más de 100.000 euros‑ a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

Ya hay noticias, son fresquitas y resultan muy positivas para los plataneros radicados en la isla de La Palma, para todos los identificados como afectados en sus costes agrícolas de producción por la presencia en sus fincas de la ceniza expulsado durante la erupción del Tajogaite, muchos días de los últimos cuatro meses de 2021 y también en meses de 2022, en la campaña agrícola 2021-22.

Así lo vienen avanzando algunos altos cargos palmeros de CC en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que hablan con total claridad, nitidez y desparpajo de que esa ayuda aprobada en su día para compensar los mayores costes en la producción del plátano debido a la lluvia de ceniza volcánica en La Palma será completada en su 81% restante gracias a la búsqueda y el hallazgo en el presupuesto del citado departamento autonómico de los nueve millones de euros necesarios.

Conseguido el objetivo, los nuevos pagos se pretenden hacer antes de que termine este año, o sea, a cinco meses de las nuevas elecciones locales, insulares y autonómicas, las del 23 de mayo próximo.

Ya lo había asegurado, por cierto, el propio presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, también de CC, que no fue tan preciso en las fechas como el alto cargo de Agricultura, pero que sí garantizó que esos ingresos se terminarían de completar en esta legislatura o mandato.

Como se ha dicho, para dejar saldado ese subsidio entre todos los plataneros de La Palma que están en el censo de afectados, unos con valores más elevados que otros y que llegan a 4.000 titulares de fincas, hacen falta nueve millones de euros (el 81% restante), cantidad que, según las fuentes citadas, ya se han concretado dentro del presupuesto de la citada Consejería.

El pago de este subsidio fue un compromiso político adquirido en su día en La Palma con el apoyo de los tres partidos principales (CC, PSOE y PP), e incluso calculado en euros por kilo, con vistas a compensar el sobrecoste en el cultivo del plátano por el impacto de la ceniza volcánica de la erupción del Tajogaite, con inicio en septiembre de 2021 y cese de la actividad en diciembre del mismo año.

Hay que señalar que ese mismo departamento autonómico, allá por abril de 2024, publicó (junto al reparto de la compensación por pérdida de renta correspondiente a la campaña 2022-23, vinculada esta a los efectos más directos del volcán en el cultivo del plátano en la comarca de Aridane) una resolución de ayudas directas para aligerar, las que por ahora son las primeras y únicas, los daños ocasionados a esa producción agrícola subtropical por la ceniza del Tajogaite, entonces con el abono total de unos dos millones de euros, lo que solo permitió cubrir el 19% del daño que se había calculado con cargo a la campaña agrícola 2021-22.

Esos primeros pagos, realizados a unos 3.000 plataneros de toda La Palma (se descartaron por normativa las cantidades inferiores a 100 euros, que si no hubieran sido unos 4.000 beneficiarios con ingresos, lo que sí ocurrirá con este segundo y final abono) con distintas intensidades según los índices de compensación previamente fijados (los concretó la Consejería canaria con el apoyo de la organización platanera regional Asprocan) por municipios de la isla (14 territorios) se realizaron en 2024 (el daño fue en la campaña agrícola 2021-22).

Desde entonces, que es lo que organizaciones profesionales agrarias como Palca-Unión de Uniones han criticado con dureza, no había noticias acerca de cuándo se iba a completar el pago del 81% pendiente, algo que ahora ya está previsto a poco tiempo de los comicios de mayo de 2027.

La formación política Contigo La Palma, que preside Javier Gutiérrez Taño, ha considerado este martes “muy peligrosa, clientelar y poco ética” la fórmula aplicada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, para compensar el exceso de ayudas cobrado, debido a un error administrativo, por los plataneros de la isla que fueron beneficiarios de estps apoyos por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica en 2021. Se trató de una acción pública correspondiente a la campaña 2021-2022, en la que se pagaron adelantos del subsidio según una previsión de abono, que luego resultó inexacta.

La medida adoptada ahora y aprobada en diciembre pasado con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, recuerda Contigo La Palma, compensa a 1.296 titulares de explotaciones plataneras en la isla, a los que evita el reintegro de las cantidades superadas en aquellos pagos (solo cuatro no podrán recibir la compensación del 100% pues sus reintegros se hallan por encima de los 50.000 euros) gracias a la concesión de ayudas de minimis equivalentes a las deudas pendientes. Ello supone atender un importe total, para evitar esos reintegros, de casi 3,5 millones de euros, tal y como adelantó Canarias Ahora este fin de semana.

Cuestionada legalidad de la disposición adicional

La disposición adicional diseñada por Coalición Canaria en La Palma e introducida en los Presupuestos canarios para 2026 contraviene, tal y como observa Contigo La Palma, el derecho de la Unión Europea (UE) y los reglamentos reguladores de las ayudas de Estado, de obligado cumplimiento para la legislación española y autonómica.

Según la misma organización, todo permite pensar que “se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis debido a que, en el caso señalado, no se compensa ninguna pérdida real, pues se conceden sobre los mismos hechos y costes ya compensados” por una ayuda amparada en el Reglamento (UE) 702/2014. El único fin, por lo tanto, es “neutralizar una obligación de reintegro de fondos públicos”.

Ello vulnera ‑se añade‑ las reglas de acumulación del Reglamento (UE) 1408/2013, que impiden sumar ayudas de minimis a ayudas exentas por categorías cuando se superan los límites fijados para los mismos costes subvencionables. La propia disposición adicional, señala Contigo La Palma, reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que la concesión “no requerirá de aprobación del gasto”; es decir, se otorga una ayuda pública sin el expediente ordinario de gasto.

Además, prosigue el mismo partido, en la tramitación parlamentaria “se eliminaron deliberadamente los controles de legalidad, al exceptuarse la obligación de emitir el informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Europeos sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de la competencia”.

Con esa decisión, expone Contigo La Palma, está claro que “se corre el riesgo de que la Comisión Europea entienda que se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis en el sector platanero. La Comisión puede examinar estas ayudas por propia iniciativa o a raíz de la denuncia de cualquier persona, agricultor, organización agraria o entidad que se considere afectada”, se recuerda.

Sin transparencia en las ayudas

Contigo La Palma, además, indica que la Consejería de Agricultura acaba de solicitar a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) su colaboración para notificar a los beneficiarios que son personas físicas esas ayudas de minimis, de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, “la omnipresente empresa pública en la vida de los afectados por el volcán Tajogaite”. En esa cita, los agricultores firmarán el documento individualizado de aceptación de la ayuda de minimis.

Además, todo apunta, añade Contigo La Palma, a que la Consejería “no hará público el listado de beneficiarios ni la resolución de concesión, sumándose así a la práctica habitual de hermetismo en la gestión de la reconstrucción de la isla tras el volcán, una opacidad que ya ha sido reprochada por el propio Comisionado de Transparencia de Canarias”. Con esta acción, “se vulnera de nuevo el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona el dinero de todos: firma presencial, sin publicación de la orden de concesión y sin acceso universal a la información sobre quiénes reciben estos fondos y en qué cuantía”.

Las consecuencias, si se considera ayuda de Estado ilegal

Si esto ocurriera, avanza Contigo La Palma, la Comisión Europea podría exigir la recuperación de la ayuda por ilegalidad o incompatibilidad, pues “es ilegal toda ayuda concedida al amparo de un reglamento de exención que no reúna las condiciones establecidas en dicho reglamento, como parece que es el caso”.

Contigo La Palma considera que “la condonación del exceso cobrado puede generar a los supuestos beneficiarios más daño a medio plazo que la aparente mejora inmediata, porque es probable que las cantidades recibidas terminen teniendo que ser reintegradas con los correspondientes intereses de demora”. También conviene recordar que cuatro de los expedientes ni siquiera quedan cubiertos por el límite de 50.000 euros de la ayuda de minimis, pues “hay excesos abonados, como ocurre en un caso, que superan hasta los 140.000 euros”.

A su vez, no debe olvidarse que en estos momentos se negocia ante instancias de la UE el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y que desde Canarias “se defiende la continuidad o incluso el incremento de las ayudas del Posei para el plátano”, ahora en 141,1 millones de euros por año. Por lo tanto, “un mal uso de las ayudas de Estado de minimis en este mismo sector bien podría resultar perjudicial para las propuestas que debe adoptar la UE con vistas a ese periodo, el nuevo septenio presupuestario”, plantea la misma formación política.

Expuesto lo anterior, “la solución más razonable, ética y legal debió ser haber continuado con el expediente abierto en la Consejería y reintegrar los excesos de ayuda, pagos que no correspondían”. En política, remata Contigo La Palma, “la ética es la frontera entre gobernar para todos o repartir favores. Si una ayuda se ha cobrado indebidamente, se devuelve. Seguiremos defendiendo que el dinero público se gestione con transparencia, igualdad y respeto a la ley”, subraya Javier Gutiérrez Taño.

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Representantes de las organizaciones Asaga, Asinca, Asocan, Asprocan, COAG, Fedex, Palca, Tropican y UPA, todas con vinculación canaria en actividades de producción local, transformación e importación con ayudas del REA (mecanismo de apoyo que pertenece al Posei), han reafirmado en una reunión reciente la necesidad de que el programa comunitario Posei, con ficha financiera total de 268,4 millones de euros anuales (141,1 millones van al cultivo del plátano) continúe siendo un mecanismo autónomo, con financiación europea específica y suficiente para las islas, y plenamente vinculado al reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica (RUP).

Esta defensa integrada y sin fisuras de ese programa comunitario, en su versión actual, la vigente en 2021-27 (esta ficha financiera ya salvó un recorte propuesto por la Comisión Europea del 3,9%) pero con adaptaciones presupuestarias al alza, si fuera posible, responde a que hay una propuesta de la Comisión Europea para que en el nuevo septenio presupuestario de la Unión Europea (UE), el de 2028-34, ahora en fase de negociación, los Posei, entre ellos el canario, pasen a formar parte de los planes nacionales de los Estados miembros.

Esa posibilidad ha generado una profunda preocupación en los sectores agrario y agroindustrial de las islas, ya que, según se recoge en una nota de prensa conjunta de las mencionadas entidades, “pone en riesgo la singularidad del programa y debilita las garantías esenciales para compensar las desventajas estructurales derivadas de la ultraperiferia”.

El consenso alcanzado entre las citadas organizaciones profesionales agrarias y patronales subraya que “el mantenimiento de un Posei independiente, dotado de un refuerzo presupuestario que refleje la evolución de los costes de producción [con mejora de la ficha financiera] y las necesidades reales del sector, es fundamental para asegurar la viabilidad de la actividad agraria y agroindustrial de Canarias”. Esta postura, aseguran, “se fundamenta en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce la realidad específica de las regiones ultraperiféricas y establece la obligación de adoptar medidas adaptadas a sus singularidades”.

Además, plantean que la defensa del actual Posei “adquiere especial urgencia en un momento en que las instituciones europeas negocian el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Las presiones sobre el presupuesto agrícola comunitario, combinadas con tendencias hacia la renacionalización de determinadas políticas de cohesión, hacen de esta reunión [sectorial] un hito especialmente relevante para el futuro del campo canario”.

Desde su puesta en marcha, el Posei comunitario, más el llamado Posei adicional (ayudas de Estado que suman al año unos 30 millones de euros), ha permitido compensar parcialmente los sobrecostes que soportan los agricultores y la agroindustria canaria frente a sus competidores continentales.

Solo en Canarias, el programa financia anualmente ayudas directas a los productos agrícolas y ganaderos, así como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de materias primas y productos transformados [unos 62 millones de euros al año, en estos momentos, pero con un máximo posible de 72,7 millones], lo que explica la presencia de Asinca, entre otros. “Su desaparición o dilución en un esquema nacional supondría trasladar al productor canario costes de producción que el territorio impone de forma estructural e irreversible”, se señala en la nota.

Pedro Sánchez y el ministro canario en Madrid

Como resultado de la citada reunión, las organizaciones acordaron impulsar una serie de actuaciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como a la sociedad canaria, que son:

-Solicitud urgente de reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de alinear una postura común en defensa de los intereses de Canarias ante las instituciones europeas.

-Puesta en marcha de acciones de movilización y sensibilización social sobre la importancia estratégica del Posei para la economía, el empleo, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de las islas.

-Articulación de una estrategia conjunta que garantice la preservación del estatus diferencial de las RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Los representantes del sector además hicieron un llamamiento a la unidad de las instituciones, organizaciones económicas y sociales y del conjunto de la ciudadanía canaria. A su vez, reiteraron su compromiso “de trabajar de forma coordinada para defender un instrumento que consideran esencial para el futuro del sector primario, de la industria agroalimentaria y del desarrollo equilibrado del archipiélago”, según se indica en el comunicado.

Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (OPA), que son cuatro, Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, y las únicas con representatividad reconocida de forma legal en el campo isleño, están que trinan; se andan subiendo por las paredes…

La razón es bien sencilla: aseguran que el Gobierno de Canarias; o sea, las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, liderada por el herreño Narvay Quintero (AHI), y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (la que incluye la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma), con la palmera Nieves Lady Barreto al frente, a la vez secretaria insular de CC en La Palma y la persona que tiene la última palabra política en todo lo relacionado con esa isla, actúan sin consultar a esos agentes agrarios y sin la participación activa de estos en los procesos de cambios normativos que ahora se están planteando con intensidad e influencia en el ámbito posvolcán palmero. De estos procesos, se consideran muy apartadas, y por eso han pasado a la acción.

Además, esas consejerías todo lo hacen, al menos por ahora y para el caso analizado en La Palma, sin la debida transparencia, principalmente y como se deja ver en una carta relacionada con las propuestas no compartidas ante todos los interlocutores válidos que en estos momentos se idean vinculadas al apoyo público y las regulaciones que afectarán en adelante al campo palmero dañado por la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021.

Las citadas entidades agrarias, lastimadas o en alerta por ese trato que consideran discriminatorio, ya se han dirigido al consejero de Agricultura con una carta firmada por las cuatro organizaciones profesionales con el objeto de primero justificar y luego solicitar, para abordar esas cuestiones al detalle, una reunión urgente con Narvay Quintero. Esta cita ya se ha confirmado y tiene como fecha el día 26 de febrero, jueves, después de la semana de carnavales.

Esa petición se cursó el 26 de enero pasado, y a esa primera misiva ya se ha unido otra en respuesta a la contestación inicial de la Consejería de Agricultura, que pidió una mayor concreción de los asuntos a estudiar. La segunda carta de las organizaciones profesionales agrarias, la de respuesta a Agricultura, ya solo ha sido firmada por tres de las cuatro entidades, con la pérdida del apoyo unánime debido al abandono de Asaga-Asaja, entidad presidida por Ángela Delgado, a la vez vicepresidente de CEOE-Tenerife y una OPA con conexión directa con la palmera ASPA.

En la carta remitida a Quintero el 26 de enero de este año, las organizaciones profesionales firmantes, que entonces eran cuatro, piden al consejero de Agricultura que se reúna con ellas para analizar “la situación actual de las ayudas al sector agrario de La Palma” por el impacto del volcán Tajogaite; para que se les informe de los cambios normativos que están en curso o se quieren plantear en la norma territorial base que regula el marco específico de apoyos públicos al campo del Valle de Aridane tras la erupción, el Decreto-ley 3/2024, y sobre todo para “corregir a tiempo una deriva que puede comprometer seriamente la recuperación del sector agrario palmero y del sector primario de Canarias (…)”, esto en alusión a que hay fondos públicos propios de la Consejería de Agricultura en su presupuesto de 2026 que, siendo de consumo regional, se prevén gastar en La Palma, como podría ser el coste de perdonar los reintegros de ayudas al plátano mal concedidas con cargo al ejercicio 2021-22, una suma total de entre nueve y once millones de euros.

En el mismo documento, las cuatro OPA aluden a la necesidad de “preservar la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza institucional que deben regir ese tipo de actuaciones extraordinarias”.

Reunión concedida para un mes después

En la misiva citada, también se plantea que, “en las últimas semanas, las organizaciones (…) hemos tenido conocimiento de criterios y procedimientos en la tramitación y concesión de esas ayudas que generan una profunda preocupación en el sector, al entender que se estarían incumpliendo compromisos previamente adquiridos con las personas productoras afectadas”, además de “las condiciones inicialmente establecidas para ser beneficiarios de ellas”.

Las OPA dejan meridianamente claro en la reseñada comunicación, la dirigida a Narvay Quintero, que resulta “imprescindible mantener un encuentro con la Consejería de Agricultura para clarificar los criterios que se pretenden aplicar, para conocer el alcance real de las ayudas previstas y para garantizar que la gestión de estas se ajuste a los compromisos asumidos, evitando agravios comparativos y situaciones de indefensión entre las personas afectadas, así como una afección al futuro del [programa comunitario] Posei, que ahora estamos tramitando”, se subraya en la carta.

El Posei actualmente está abierto como una caballa al formar parte de la negociación en curso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el nuevo septenio presupuestario, el de 2028-34, lo que incluye el Marco Financiero Plurianual futuro y la siguiente Política Agrícola Común (PAC), cuya ficha financiera en este caso alimenta los recursos del Posei.

Tras enviarse esa carta al consejero, la respuesta ha sido, sin duda, más de lo mismo; esto es, otra taza repleta de comportamientos ya criticados en la primera misiva. ¿Por qué? Desde ese momento, el 26 de enero pasado, ha habido al menos dos reuniones sobre las modificaciones a introducir en una anunciada reforma de aquel decreto-ley territorial y no se ha convocado a las OPA, aunque sí a algunas organizaciones agrarias radicadas en La Palma, de manera especial la recién nacida Atratican, con pocos meses en acción y liderada por uno de los más leales defensores de las políticas que la consejera Nieves Lady Barreto avala para la reconstrucción de la isla de La Palma.

Esa asociación agraria no está considerada como organización profesional agraria y, por lo tanto, no tiene la representatividad con respaldo legal en el sector agrario palmero. Pese a ello, las dos consejerías que gestionan esos cambios normativos parece que la prefieren. ¿Cuáles pueden ser sus razones?

A continuación, es posible que se advierta una de ellas, tras analizar esta inmediata respuesta de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) y su presidente, José Antonio Gómez (también en Asepalma), a la ya famosa en el sector carta de las OPA.

Esa entidad, nada más conocer el contenido de la carta dirigida a Narvay Quintero, que les fue filtrada, dice lo siguiente a través de un comunicado de prensa de hace unos días: “La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria expresa su pleno apoyo a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Canarias y la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma -organización patronal-), que han permitido por fin en los últimos meses avanzar de forma decidida en el abono de ayudas para la reconstrucción de las fincas agrarias destruidas por la erupción volcánica de 2021 en el Valle de Aridane”.

Ese es el primer párrafo, al que le sigue este segundo: “Atratican lamenta que, justo cuando los agricultores afectados por esta catástrofe empiezan a ver la luz al final del túnel, cuatro organizaciones agrarias (Asaga, COAG, UPA y Palca), con ‘escasa y dudosa’ implantación en La Palma, hayan dirigido una carta conjunta al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y [Soberanía Alimentaria] del Gobierno canario, Narvay Quintero, en la que le piden una reunión y cuestionan el proceso de ayudas que tanto ha costado desatascar y en cuya negociación ha tenido un papel importante Asepalma, al ser la que engloba la totalidad de los profesionales del sector primario damnificados por la erupción”.

Atratican muestra además “su sorpresa porque esas asociaciones [las OPA] hablen de ‘compromisos incumplidos’ por el Gobierno canario, cuando a día de hoy precisamente se está aplicando una clara hoja de ruta, que además contempla, entre otras medidas, una nueva ayuda específica para sufragar los costes complementarios de la puesta en producción de las fincas afectadas por la lava, una vez recibido el pago de 44,06 euros por metro cuadrado”, se especifica.

El comunicado incluye una mención especial: “A Atratican le asombra también que la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), organización constituida precisamente en La Palma [su presidente regional es el palmero Amable del Corral], sea una de las promotoras de esta iniciativa, sin que sea entendible qué intereses la llevan en este momento a pretender poner piedras en la rueda de las ayudas para la reconstrucción que por fin avanzan, tras más de cuatro años de espera”.

Citas para negociar, sí, pero solo con algunos

Tras esa pelotera entre organizaciones agrarias, unas con representatividad legal y otras sin ella, hay que decir que, en los últimos días, tanto las consejerías de Agricultura y Presidencia como el Cabildo de La Palma han convocado reuniones de trabajo para avanzar en cambios normativos del mencionado decreto-ley a las que aún siguen sin ser invitadas las OPA y en las que sí han estado entidades o representantes de Atratican, Asepalma y otras, sin la voluntad por ahora manifestada de incluir a las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Canarias.

La primera de estas reuniones se celebró en Santa Cruz de Tenerife el miércoles de la semana pasada, en instalaciones del Múltiples II, sede de la Consejería de Agricultura, y la segunda y más reciente, en Los Llanos de Aridane, este lunes y en el Museo Arqueológico Benaoharita (MAB). La segunda resultó algo fallida por la ausencia de una parte relevante de los convocados como administración local.

Hay que señalar que algunos de los representantes y de las personas que apoyan y defienden este modo de negociar y de actuar por parte del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo de La Palma son acérrimos defensores del proceso previsto por el Ejecutivo autonómico para perdonar a agricultores plataneros los reintegros de ayudas reconocidos con cargo a la compensación por pérdida de renta atribuida a daños del volcán de la convocatoria 2021-22. Es un dinero público que se recibió de forma anómala, de ahí los reintegros, y aún este no ha sido devuelto, que se sepa, pese a no cumplirse, total o parcialmente, las condiciones finales para el abono del apoyo público, servido a base de pagos adelantados.

Los reintegros reconocidos se han producido por pagos realizados a productores plataneros del Valle que no han tenido pérdida de renta alguna o bien a aquellos cuyos abonos superaron de forma parcial la pérdida de renta final que se les calculó para el periodo de cobertura, el ejercicio 2021-22. Unos lo deben devolver todo y otros solo una parte excedida. Son 3,5 millones de euros regalados.

Los agricultores y ganaderos de Canarias aún no saben, casi un año después de cerrada la campaña, cuándo podrán cobrar hasta 8,5 millones en apoyos directos del llamado Posei adicional de 2024, que son ayudas de Estado autorizadas por la UE para completar las medidas del Posei comunitario.

Esos fondos públicos a día de hoy están en el aire, y así es, según sostiene el Gobierno de Canarias, porque el Estado sigue sin financiar al cien por cien los derechos anuales adquiridos en ayudas por los beneficiarios de ese marco singular de apoyo directo al campo isleño, el que se suma al Posei comunitario (268,4 millones de euros al año con el REA, unos 70).

Para los abonos de 2024 del Posei adicional, el Gobierno español solo ha transferido la cantidad de 21 millones de euros, cifra igual a la recibida en 2022 y 2023. Hasta aquí, solo en teoría, bien, pero el problema se ha ido agudizando porque con esa aportación no da, y cada vez menos. Para pagar todo 2024, faltan 11,2 millones de euros, si se quieren cubrir los derechos adquiridos en esa campaña, que suman, según Agricultura, 32,2 millones. La convocatoria de estos apoyos se publicó el lunes 17 de noviembre pasado en el BOC.

Como la Consejería de Agricultura ha aprobado que adelanta 2,7 millones de euros de esos 11,2 sin traspasar desde Madrid (solo ha abonado 21 millones), ahora mismo no se sabe qué pasará con pagos a los agricultores y ganaderos locales que suman aquellos 8,5 millones de euros restantes, los que están en el limbo.

Sobre esta misma cuestión, que no es nueva (son casi tres años así), hay que señalar que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, sigue reclamando al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que cumpla con el abono (como establece la Ley de Régimen Económico y Fiscal -REF- de Canarias), aún no satisfecho, de 24,9 millones de euros del Posei adicional (gran parte de esos fondos ya adelantados por la comunidad autónoma de Canarias) relacionados con incrementos en esas ayudas aplicados en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

La cuestión es que el Estado solo ha aportado para esas tres campañas del Posei adicional (el considerado como ayudas de Estado y sirve para completar medidas del Posei comunitario, el que paga la UE al cien por cien) una financiación anual de 21 millones de euros, cuando los derechos previstos en pagos a agricultores y ganaderos isleños dentro de ese mismo marco están por encima del reseñado umbral. De ahí que haya acumulación de deuda año tras año.

La Consejería pone el freno a los adelantos

Hasta ahora, ese desfase se había cubierto con fondos propios de Canarias, cantidad que alcanza aquellos 24,9 millones de euros que se reclaman al Estado, en los que además se incluye la parte deficitaria del último año aún no pagado del Posei adicional, que es 2024. Sí se han abonado todas las ayudas asignadas a fondos del Posei comunitario (con casi 200 millones de euros y 141,1 de ellos solo para los plataneros), la pata más importante de apoyo al sector agrario local.

Para cubrir totalmente la campaña de 2024, faltan 11,2 millones de euros; o sea, hay 21 millones del Estado disponibles, pero no están esos otros millones necesarios para alcanzar el global a pagar con cargo a medidas del Posei adicional, con una cifra absoluta de 32,2 millones.

Parte de esa diferencia de 11,2 millones, la adelanta el Gobierno de Canarias, pero solo son 2,7 millones. Esto implica que no se sabe qué pasará con los pagos con cargo a los 8,5 millones restantes, y a la vez que la suma de lo adeudado por el Estado hasta cumplir con los pagos de 2024 (tres campañas) ya alcance los 24,9 millones de euros (ver el cuadro que se publica a continuación).

Quintero sostuvo en la Cámara autonómica que en las tres últimas campañas anuales, 2022, 2023 y 2024 (los apoyos directos del Posei adicional se reciben a año vencido), el Ejecutivo canario ha adelantado 16,4 millones de euros (2022, 5,5 millones; 2023, 8,2, y 2024, 2,7) “con el propósito de salvaguardar la competitividad y mantener el empleo en la actividad agrícola y ganadera ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de España con ese programa de respaldo al sector primario de las regiones ultraperiféricas (RUP)”, según se recoge en una nota de prensa de su departamento.

Un problema que se atribuye al PSOE

El mismo consejero recordó que “durante la pasada legislatura el Pacto de la Flores [en alusión al Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres en 2019-23, con Alicia Vanoostende como consejera de Agricultura, también del PSOE] anunció unos incrementos de la ficha financiera del Posei adicional que no han sido cubiertos por el Estado, lo que ha afectado significativamente a las empresas del sector agrario, que habían planificado su actividad contando con esos ingresos”.

Atendiendo a esos argumentos, Quintero reiteró que su Consejería ha pedido al Estado modificaciones de crédito para la transferencia de los 24,9 millones de euros “adeudados” (la suma de lo adelantado por Canarias más los 8,5 millones que quedan en el aire en 2024, por ahora sin sustento financiero) a Canarias en concepto de Posei adicional, con 5,5 millones de 2022, 8,2 de 2023 y 11,2 de 2024 (2,7 más 8,5).

Esta solicitud se ha trasladado tanto a través de sucesivas cartas remitidas al ministro Luis Planas desde 2023 como en diversos encuentros entre las dos administraciones públicas, entre ellos la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en mayo pasado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.

Esa reclamación de cantidades, añadió el consejero, cuenta con el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) representativas en las islas, Asaga. COAG, UPA y Palca, y con el respaldo unánime del pleno del Parlamento de Canarias, tal y como expresaron todas las fuerzas políticas a través de una proposición no de ley aprobada en julio pasado.

La situación que se ha creado se explica aún peor, según afirmó el consejero Quintero, cuando el Estado francés aporta al Posei adicional para sus RUP 58 millones de euros al año, y el portugués, 28 millones, mientras que actualmente el Gobierno de España asigna 21 al archipiélago, y ello pese al mayor potencial agrario de Canarias respecto a esas otras RUP.

Un total de 814 apicultores, adscritos a nueve asociaciones de productores de miel procedente de la raza autóctona de abeja negra, son los beneficiarios provisionales de la ayuda de 543.436 euros concedida por el Gobierno de Canaria para apoyar la producción de 21.000 colmenas y evitar su desaparición.

Según ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, se trata de ayudas financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y correspondientes a la Acción III.10 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

El director general de Ganadería, Andrés Díaz, ha señalado en un comunicado que esta línea de apoyo tiene como objetivo mantener el censo de esta raza autóctona y evitar su posible desaparición en favor de otras más rentables para los apicultores.

Esta raza se caracteriza por su color oscuro, su gran mansedumbre y la gran adaptación al medio canario, así como por un destacado comportamiento higiénico, lo cual se traduce en una menor incidencia de enfermedades en la práctica apícola.

Esta variedad es considerada una abeja rústica adaptada a las condiciones bioclimáticas del archipiélago, con producciones medias de 20 a 25 kilos por colmena y año.

Para acceder a estas ayudas, los apicultores y apicultoras, agrupados en las distintas asociaciones solicitantes, deben ser titulares de una explotación correctamente inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias (REGA).

Además, sus colmenas deben estar identificadas en sitio visible con una marca indeleble y legible en la que conste el código asignado a la instalación apícola a la que pertenece.

Las personas solicitantes, recogidas en el resumen de ayudas destinadas a cada asociación que figura en Anexo I de la Resolución, disponen hasta el 17 de septiembre para presentar las alegaciones y aportar los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.

La Comisión Europea ha autorizado por primera vez una “ayuda de estado” a una cooperativa agraria para poner en marcha 100 hectáreas de cultivos tropicales en Canarias.

Fue el pasado 19 de julio cuando se recibió dicha ayuda estatal (SA.107929. 2023/N) que tiene como beneficiaria a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, y cuya resolución hace un análisis económico y medioambiental del proyecto, para considerarlo compatible con el mercado interior de conformidad con el tratado de Funcionamiento de la UE.

Esta solicitud se realizó oficialmente el 9 junio de 2023, impulsada por la Consejería de Hacienda, bajo la titularidad de Nueva Canarias, a través de su Viceconsejería de Hacienda, en colaboración con la Consejería de Agricultura, con el impulso del entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

La ayuda cubriría las inversiones en las instalaciones de la Cooperativa correspondientes de manipulación y envasado de la fruta para su comercialización, además de conceder ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores.

Esta autorización era imprescindible para que la Consejería de Agricultura u otra administración pública concediera esta ayuda directa.

El presupuesto total de la ayuda es de 6 ,4 millones, financiado con fondos del Gobierno de Canarias. El coste estimado del proyecto es de 15,7 millones, por lo tanto, la intensidad de la ayuda puede llegar al 40,7% de los costes reales. Se trata de una inversión prevista para 5 años, pues especialmente los mangos y los aguacates tardan en dar su primera fruta al menos 4 años.

De estos 6,4 millones autorizados como subvención, 1,9 millones son para cubrir el coste de las inversiones que debe realizar la propia Cooperativa (pudiendo alcanzar la ayuda el 80% de los costes reales); 2,5 millones para los costes subvencionables al establecimiento de los cultivos (por hectárea, distinguiendo sean de mangos, aguacates o papayas); y 2 millones como ayuda la instalación de 20 jóvenes agricultores en este proyecto.

En la resolución de autorización se recoge que la producción de frutas subtropicales es una actividad que sin duda puede contribuir a la diversificación de la producción en las Canarias. Las condiciones agroclimáticas en Canarias son adecuadas para estos cultivos sin necesidad de adaptaciones especiales y sin recurrir al calentamiento artificial y, por tanto, no dan lugar a un aumento del consumo de energía. Además, las técnicas de cultivo ya se conocen en las Islas, dado que estas frutas llevan cultivándose allí durante décadas, pero existe un mercado prospectivo en aumento debido a la creciente demanda en los mercados de España y otros países de la UE.

Además, en el Archipiélago, la fuerte dependencia del sector agrícola de un pequeño conjunto de productos es una importante debilidad, como demuestra la crisis de los productores de tomate. Desde el año 2000, se ha producido una larga crisis en la producción de tomate de invierno, que ha pasado de 377.000 toneladas vendidas en 1997 a 21.000 toneladas en 2022. Aunque algunas explotaciones fueron reorientadas hacia otros cultivos, una parte significativa de ellas quedó abandonada. Además, las actividades relacionadas con el envasado y la comercialización disminuyeron sustancialmente, lo que dio lugar a una reducción del número de puestos de trabajo. En particular, la isla de Gran Canaria fue —y sigue siendo— el principal productor de tomates de invierno, por lo que el impacto de esta crisis en su entorno rural es especialmente grave.

Por lo tanto, la ayuda tiene por objeto promover la diversificación del sector agrícola, sirviendo de ejemplo para motivar a otros productores a unirse a esta vía en una zona rural con tasas de desempleo notablemente elevadas, compuestas por los municipios de La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Santa Lucia de Tirajana, Firgas, Arucas, Telde y Valleseco. A este respecto, se estima, como consecuencia de la ejecución del proyecto, la incorporación de 105 trabajadores fijos en dichos municipios.

En cuanto a las inversiones a realizar, la resolución recoge la afirmación que los elevados costes de inversión —tanto en recursos comunes para la comercialización como en la plantación de las parcelas—, agravados por las limitaciones de las regiones ultraperiféricas, hacen necesaria la intervención de las autoridades regionales.

También analiza la Resolución el impacto en el consumo de agua que entiende justificado en el proyecto, así como que las inversiones no tendrán efecto negativo en el medio ambiente.

La resolución dedica las últimas 13 páginas a la evaluación de la medida de ayuda directa en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Tratado de Funcionamiento de la UE para la compatibilidad con el mercado interior. Según el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, una ayuda podrá considerarse compatible con el mercado interior si está destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Y concluye que esta ayuda directa reúne estas condiciones.

Una vez que la ayuda ha sido autorizada por la CE, el siguiente paso es que la Consejería de Agricultura disponga una partida presupuestaria plurianual para concederla, después de que el actual consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se comprometiera en el 100º aniversario de esta Cooperativa el 1 de julio de 2023 a aportar el dinero.

El Gobierno de Canarias y cuatro cabildos insulares, los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, pudieron haberlo hecho mejor en la gestión de esos apoyos públicos directos, con tres convocatorias de ayudas publicadas y resueltas por parte de la Consejería de Agricultura, con Alicia Vanoostende de consejera en dos de ellas y con la más reciente con Narvay Quintero al frente de este departamento (la resuelta en diciembre pasado), y con una línea de actuación por parte de cada corporación insular señalada, hasta cuatro.

Esas son las administraciones públicas canarias que, acogiéndose al marco legal extraordinario de apoyo público diseñado por la Unión Europea (UE) por la crisis bélica entre Rusia y Ucrania (más de dos años, ya), decidieron conceder ayudas directas con el fin de compensar el aumento de costes en las explotaciones ganaderas locales debido al impacto en los precios de los insumos de alimentación (su elevado encarecimiento) como efecto de la invasión de Rusia en Ucrania (este país es el granero de Europa y de parte del mundo).

Hasta aquí todo bien, pero solo hasta que se analizan las resoluciones de concesión finales de los apoyos públicos regulados en todas esas líneas (tres de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, una del Cabildo de Tenerife, otra del de Gran Canaria, igual para Lanzarote y una más por parte de La Palma), las ayudas finalmente aprobadas, y se realiza la suma de estas por beneficiario según las convocatorias, justo antes del inicio de procesos de reintegro que ya se hayan podido activar.

Si se desarrolla ese trabajo, aparecen las sorpresas, con una principal ocasionada por la falta de comunicación entre esas administraciones públicas, el cruce de datos, y luego por la incompleta regulación de algunas líneas de apoyo, sobre todo por parte del Cabildo de Tenerife. El resultado es puro descontrol, pues la gestión inicial imperfecta de tales apoyos públicos condujo a que esas cinco administraciones canarias regalaran unos 718.000 euros.

Errores de la Administración que benefician a algunos y perjudican a otros

Pero cómo ha sido esto posible. Bastante sencillo de observar. Primero, el marco legal diseñado para estas ayudas por la UE solo permitía, hasta el 31 de diciembre de 2023, que un beneficiario ganadero accediera a un máximo de 250.000 euros desde 2022, cuando es la primera convocatoria canaria (tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania), de la Consejería de Agricultura, hasta la más reciente, de finales de 2023, también del Gobierno de Canarias. En medio están las cuatro de los cabildos insulares.

Segundo, las distintas administraciones públicas canarias que se apuntaron a prestar apoyo a los ganaderos locales no cruzaron datos, algunas no regularon bien sus convocatorias ni aportaron los avisos pertinentes, como es el caso flagrante del Cabildo de Tenerife (su convocatoria es una gestión del Gobierno insular anterior, no ya la resolución), a los beneficiarios potenciales y, como resultado de todo esto, se montó la marimorena. Y ya se sabe que, en río revuelto, siempre hay ganancia de pescadores.

Como consecuencia de tal caos administrativo, hay al menos 15 beneficiarios de ayudas directas, según se contempla en las resoluciones finales de todos los procesos de concesión (atendiendo al análisis en esta fase de proceso), que sobrepasaron el límite máximo de ingreso para esas ayudas, en 250.000 euros, lo que supone que se regalaron, por gestionar mal esos fondos, 720.000 euros de los 37 millones que en total se concedieron (la suma de todas las resoluciones: tres más cuatro, las de los cabildos). 

El caso más extremo es del Cabildo de Tenerife, que en su única resolución reparte un monto muy elevado entre varios beneficiarios, lo que conduce, solo tras las dos primeras aportaciones ya hechas por la Consejería de Agricultura, a la superación del límite legal por beneficiario de 250.000 en al menos cinco casos entre los 15 finales que sobrepasaron ese umbral, siempre según lo dictado por las resoluciones. Eso fue con la resolución insular de agosto de 2023. Luego, la Consejería de Agricultura, con gestión de la empresa pública GMR, le puso la guinda a todo y la superación de seis expedientes la elevó a 15, sumo nueve más.

Hay que explicar que el umbral de 250.000 euros por beneficiario se aplica para las convocatorias de ayudas anteriores a 31 de diciembre de 2023. En la actualidad, tras la UE ampliar ese marco legal de apoyo por la guerra en Ucrania hasta el verano de 2025, aquel umbral se eleva en 30.000 euros (250.000 + 30.000 = 280.000 euros), lo que significa que los beneficiarios que ya sumen 250.000 euros podrán añadir a esta cantidad ingresada otros 30.000 euros más, siempre que haya nuevas convocatorias, que así ha anunciado que será el consejero autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.

Consejería de Agricultura y Cabildo de Tenerife se llevan la palma

El error, quizá no forzado, de esas cinco administraciones públicas en la gestión del marco de apoyo por la guerra en Ucrania en el ámbito de Canarias y sus islas es tremendamente injusto porque concede, sin poderse hacer, cantidades de dinero público a beneficiarios por encima de los 250.000 euros y deja esos recursos obsequio, el total de casi un millón de euros, sin repartir entre otros peticionarios que sí podían acceder a ellos debido a que aún estaban lejos de superar aquel umbral permitido.

Como el pago por encima de los 250.000 euros es ilegal, las administraciones públicas afectadas, conocidas las superaciones de ese límite, deben acceder ahora a la recuperación de las cantidades abonadas en exceso, lo que debe implicar, en los casos en que sea necesario, la activación de expedientes de reintegro de la parte sobrante más los intereses correspondientes. Las administraciones que más trabajo tienen por delante son la Consejería de Agricultura y el Cabildo de Tenerife.

Esta Corporación insular, que ni siquiera informó de aquella obligación en su convocatoria, con resolución final el 30 de agosto de 2023, cuando las dos primeras líneas de la Consejería de Agricultura ya estaban resueltas, dio apoyos a beneficiarios que ya tenían el límite de los 250.000 euros superado con las dos primeras aportaciones de Agricultura o bien iban a rebasarlo con las nuevas ayudas insulares.

La Consejería de Agricultura, que ha gestionado este marco de apoyo público a través de la empresa pública adscrita Gestión del Medio Rural, un medio propio, también cometió el mismo error con el reparto de los apoyos de su tercera y última convocatoria antes de enero de 2024. Y con un caso en la segunda de sus resoluciones.

En Canarias 518 ganaderos recibirán este mes de octubre 479.729 euros por la ayuda extraordinaria de la sequía. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha publicado el listado definitivo de los 70.267 titulares de explotaciones ganaderas que van a recibir en toda España esta ayuda extraordinaria pensada para compensar la situación originada por la sequía y las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania. En total, el Ejecutivo destina un importe de 332,3 millones de euros, que serán ingresados en las cuentas bancarias de los ganaderos este mes.

Esta cifra de toda España representa el 94% del presupuesto total asignado a esta línea de apoyo de 355 millones de euros. Esta subvención fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, 

El Ministerio explica que se concede de oficio a sus beneficiarios, productores de carne de vacuno (vacas nodrizas), de ovino y de caprino, así como de leche de vaca, oveja y cabra que hayan sido beneficiarios de ayudas asociadas a la ganadería con base la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2022; y que fueran titulares de explotaciones dadas de alta a 30 de abril de 2023. La ayuda se concede cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros.  

En la resolución del mes de julio, en base a los datos provisionales de explotaciones ganaderas subvencionables y al número de animales elegibles para esta ayuda, y para evitar superar la cuantía máxima estimada por especie y orientación productiva, se realizó un ajuste lineal de los importes unitarios por cabeza para las zonas de afección alta de sequía que se indicaban en el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, de tal forma que se establecieron los siguientes: 

- Vaca de carne (nodriza): 143,48 euros 

- Oveja y cabra de carne: 15,89 euros 

- Vaca de leche: 52,12 euros 

- Oveja y cabra de leche: 8,66 euros 

Las explotaciones que cuenten con la mayor parte de sus animales potencialmente subvencionables en la campaña 2022 en las comunidades autónomas establecidas como zonas de afección media de sequía, recibirán el 50% de los importes previstos para cada especie y orientación productiva, mientras que las de afección moderada percibirán el 25% . 

Para los productores de leche de vaca se establece un máximo de 725 animales subvencionables por beneficiario. Los productores de vacas nodrizas percibirán el 100% del importe unitario para las 250 primeras vacas, y un 50% para el resto del censo. Los productores de ovejas y cabras percibirán el 100% de los importes respectivos para los primeros 2.000 animales, y el 50% para el resto de sus animales elegibles. 

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones a las resoluciones provisionales de 4 y 21 de julio, se ha establecido un grupo de beneficiarios que no han ejercido las facultades de rechazo de la ayuda o no presentaron alegaciones, o si lo hicieron no requieren de un análisis detallado de las mismas. 

Una vez verificado que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se les ha concedido la ayuda.  

En el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), se puede consultar la relación de los titulares de explotaciones ganaderas, el número de cabezas de ganado computadas y el importe de la ayuda a percibir.  

La resolución publicada este martes recoge igualmente aquellos titulares a los que no se les ha realizado el pago por haberse detectado que no están al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes desde la publicación de la resolución, se realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado este aspecto, y aquellos que lo hayan hecho podrán recibir la ayuda, explica Agricultura.

En el caso de titulares que hayan presentado alegaciones sobre aspectos relacionados con la zona de afección, titulares de la explotación o número de animales, éstas serán remitidas a las comunidades autónomas para sus análisis. Posteriormente se procederá a la resolución de las mismas y, si procede, al pago de la ayuda correspondiente. 

El Consejo de Ministros ha autorizado distribuir entre las comunidades autónomas 30.535.758,80 euros destinados a diversas líneas de ayuda de distintos programas, de los que Canarias recibirá 21 millones por el Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI), informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta compensación permitirá paliar los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento sostenido de los costes de producción, que se une a los condicionantes propios de la insularidad que afectan a los agricultores y ganaderos canarios.

El Consejo de Ministros también ha autorizado este martes la distribución de 158,21 millones de euros para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas (CCAA) e intervenciones de la nueva Política Agraria Común (PAC), de los que 2,7 millones se destinan a Canarias.

La distribución está enmarcada en la financiación de los programas de desarrollo rural del periodo 2014-2022 y en la aplicación de la normativa de la PAC y de su plan estratégico nacional que ha entrado en vigor el 1 de enero, según un comunicado.

También se ha acordado el reparto de 4.883.758,80 euros correspondiente a la Intervención Sectorial Apícola (ISA) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Durante el periodo 2023-2027, y de acuerdo con la asignación prevista, España va a disponer de casi 9,6 millones de euros anuales del presupuesto comunitario para esta intervención.

Este incremento, de un 70% aproximadamente con respecto al periodo anterior, sitúa el presupuesto total disponible para la Intervención Sectorial Apícola en España por encima de los 19 millones de euros anuales (19,2 millones de euros).

La Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) financia el 50% de los mismos, mientras que el otro 50% corresponde a los Estados miembros.

En el caso de España, la financiación se reparte a partes iguales, 25% cada uno, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, que cofinancian al 50% con su presupuesto.

Los fondos se vehiculan a través de siete tipos de intervención: servicios de asesoramiento y asistencia técnica; inversiones en activos materiales e inmateriales (incluyendo acciones para luchar contra agresores de la colmena, racionalización de la trashumancia, repoblación de la cabaña apícola y prevenir daños por fenómenos climatológicos adversos); análisis de la miel y los productos apícola; preservar o aumentar el número de colmenas existentes; investigación sobre la apicultura; apoyo a la promoción y comercialización y calidad de los productos. 

El Gobierno de España pide a Bruselas anticipar ayudas PAC al tope posible por la sequía

El Gobierno de España ha pedido a la Comisión Europea que permita un anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común en el porcentaje más alto posible debido a la situación de sequía que afecta al campo. Es una de las peticiones que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho a Bruselas y que ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Planas está esperando la respuesta a la carta que ha enviado al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para reclamar medidas comunitarias que ayuden a luchar contra la situación de sequía en el país.

El ministro ha recordado que los adelantos de ayudas de la PAC se efectúan para mediados de octubre y suelen rondar el 50 % pero, dada la situación, España ha pedido elevar el porcentaje “a la mayor cantidad posible”.

Además, ha reclamado la activación de la reserva de crisis de la PAC y la posibilidad de que las autonomías utilicen las cantidades no ejecutadas del fondo Feader “para llevar a cabo acciones de apoyo” a los productores.

También dentro del ámbito de la PAC, el Gobierno espera el visto bueno de la UE para poder flexibilizar la condicionalidad en el cobro de la ayuda básica a la renta y a la sostenibilidad; así como una flexibilización en la aplicación de los “ecorregímenes”.

En la rueda de prensa, Planas ha valorado también la aprobación del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución del 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados y la liquidación de planes anteriores, con 317,7 millones de euros de presupuesto para 2023, un 23 % más.

Además, ha informado de la distribución de 158,21 millones de euros para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas e intervenciones de la nueva PAC; del reparto de 104 millones entre las autonomías para programas agrícolas y ganaderos, de los que 84.849.547,80 son de ayudas del Componente 3 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el resto para sanidad animal y vegetal.

Asimismo, se han aprobado 30,5 millones a líneas de ayuda de distintos programas, 21 de ellos al programa de opciones específicas por la lejanía en insularidad (Posei), en Canarias, y casi 5 al sector de la miel.

En su intervención ha hecho mención a la publicación, este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la orden de módulos con una rebaja mínima del 25 % en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos, una reducción lineal que tiene en cuenta la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

El ministro ha puesto el foco en que el conjunto de las reducciones recogidas en esa orden supone una rebaja de la base imponible del orden de 1.807 millones de euros, “la de mayor alcance de la última década”. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha publicado la resolución de las ayudas directas para los ganaderos de las islas que se han visto afectados por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Las listas se encuentran disponibles en el Tablón de Anuncios del portal web.

De esta manera, junto a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha concedido una ayuda extraordinaria de 7,7 millones de euros destinada a cerca de 1.000 empresas y autónomos titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, vacuno, cunícola, porcino y avícola, con el fin de paliar las pérdidas económicas derivadas de la crisis internacional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, asegura que “en estos momentos de dificultades para nuestros ganaderos, respaldamos y apoyamos su labor con la puesta en marcha de nuevas ayudas que inyecten algo de oxígeno a una actividad esencial para nuestro sector primario”. “Tengo que agradecer el trabajo de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, así como la colaboración y predisposición de las organizaciones agrarias y ganaderas para el desarrollo de estas medidas tan importantes para nuestro sector”, recalcó.

La consejera explicó que esta importante ayuda se suma a los 7,6 millones repartidos en enero y a los 8,2 millones de junio, ayudas sujetas al marco temporal de la COVID. Con esta última ayuda, el Gobierno de Canarias habrá abonado en los últimos meses 23,5 millones de euros en concepto de ayudas extraordinarias a las explotaciones ganaderas de las islas. Para 2023 hay aprobada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 8,5 millones de euros.

Vanoostende, que destacó la rapidez de estas ayudas, puso de manifiesto que el decreto ley que articula estas subvenciones “incorpora como novedad el incremento del 5% de una ayuda destinada a los jóvenes para que puedan continuar con garantías emprendiendo en el sector, y a las mujeres, para facilitar su incorporación. Además, hemos aumentado un 16% la ayuda para las islas no capitalinas con el objetivo de compensar los sobrecostes”.

En esta línea, señaló que desde el Gobierno de Canarias “modificamos el POSEI 2023 con un incremento del 20%, aprobado recientemente por parte de la Comisión Europea, lo que supone la mayor ficha financiera en la historia de este programa con más de 302 millones de euros y mejoras significativas para la ganadería de las islas. Vinculado a estas acciones, formalizamos las subvenciones con los cabildos para los planes forrajeros, además de medidas fiscales a la alimentación animal”.

Vanoostende hizo hincapié en la importancia de dar seguridad al sector y potenciar su rentabilidad: “Mejoramos los marcos normativos para flexibilizar la legalización de explotaciones ganaderas. En tres años hemos resuelto el 60% de los expedientes frente al 10% resuelto en los últimos 10 años. Por otra parte, con el reglamento de las DOSA, unificamos los criterios para las explotaciones ganaderas de las islas, a lo que hay que sumar las acciones que llevamos a cabo para la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, con la inclusión del Observatorio de Precios, las visitas de control y supervisión, los análisis de los costes así como las herramientas que hemos puesto a disposición de los ganaderos para que puedan calcular sus costes de producción; vamos con paso firme hacia el cumplimiento de la ley”.

Por último, la responsable regional del área, recordó las medidas impulsadas para revalorizar y potenciar el queso a través de figuras de calidad, concursos y la formación del sector.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció este martes en Bruselas un aumento de “entorno a un 20%” de las ayudas que recibe el sector ganadero de las islas, a través de los fondos del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI), a fin de compensar la inflación en los materiales.

Vanoostende informó de esta modificación, en declaraciones a EFE y a otro medio de comunicación, después de reunirse con la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea, y recibir el aval comunitario a la propuesta canaria de aumentar los pagos directos a ganaderos con el POSEI adicional, un programa con el que Bruselas ayuda económicamente a las regiones ultraperiféricas.

“Cualquier crisis que afecta en Europa se agudiza en las regiones ultraperiféricas porque estamos aislados y todo supone un sobrecoste”, justificó la consejera del Ejecutivo canario. Y añadió: “En el caso específico de la alimentación del ganado, el coste de los cereales para la alimentación animal ha subido muchísimo en Europa, pero ha subido aún más en las regiones ultraperiféricas, y esto hace que nuestros costes de producción, que ya de por sí son mayores, ahora sean más elevados”, aseveró.

Aparte del encarecimiento de los cereales y el sobrecoste del transporte marítimo como consecuencia de la guerra de Ucrania, Vanoostende aseguró que el sector primario canario también tiene otros obstáculos estructurales, como, por ejemplo, el alto precio del suelo por la presión turística, el tamaño pequeño de las explotaciones, la mecanización limitada o la orografía abrupta.

“Es decir, que salimos ya en desventaja competitiva si nos comparas con una producción continental. Por lo tanto, somos mucho más delicados y más frágiles a la hora de afrontar una crisis global, como es la crisis inflacionista, que afecta a todo el mundo”, explicó la titular de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante su encuentro en Bruselas, Vanoostende también presentó a la Comisión Europea el estudio que ha puesto en marcha el Gobierno canario para analizar cómo reconstruir sobre la lava las plantaciones de plataneras que quedaron engullidas por la erupción del volcán de La Palma, en otoño de 2021.

“Es una operación bastante compleja desde el punto de vista técnico, geológico y también desde el punto de vista económico y medioambiental”, advirtió la consejera a los agricultores que han perdido sus fincas debajo la lava.

Vanoostende estimó que los resultados de este estudio de viabilidad llegarán entre enero y febrero del próximo año y anunció que el Gobierno canario llevará las conclusiones a las instituciones comunitarias para “ver, en el largo plazo”, dijo, “qué respuesta le puede dar Europa a los agricultores de la isla”. 

El Gobierno de España ha dado inicio al procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes de plátano con origen en Canarias realizados en el año 2021, según viene recogido este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los beneficiarios de las compensaciones serán los remitentes o expendedores de las mercancías por transporte marítimo, según se detalla en la resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que publica el BOE.

Las compensaciones se otorgarán sobre la base el coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano efectuado desde las Islas a otros Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del acuerdo sobre espacio económico europeo, quedando excluido el transporte entre las Islas Canarias.

A efectos de determinar la cantidad máxima compensable del coste del transporte marítimo y aéreo del plátano, se aplicarán los costes tipo anuales.

Las solicitudes de compensación han de presentarse obligatoriamente por medios electrónicos en la web de las administraciones públicas del Estado en el plazo de 15 días hábiles a contar desde este martes. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria para las ayudas por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP).

La convocatoria ha sido publicada este lunes, 18 de abril, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y tienen como fin principal la preservación de su cultivo y el fomento de su producción entre la juventud, según ha informado el Ejecutivo regional.

En cuanto a las personas que podrán ser beneficiarias de estas ayudas se encuentran los viticultores cuyas superficies de cultivo estén inscritas en alguno de los consejos reguladores u órganos de gestión de las diferentes DOP.

Además las subvenciones establecen importes diferenciados dependiendo de que el solicitante tenga o no suscrita una póliza en los Seguros Agrarios Combinados. Así los importes unitarios de la ayuda, como máximo, ascenderán a 2.300 euros por hectárea, siempre y cuando la producción esté asegurada, mientras que si no lo está la persona beneficiaria recibirá un máximo de 2.100 euros por hectárea.

La convocatoria también tiene como fin estimular el cultivo de viñedos entre las personas jóvenes, por lo que se abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores. Esta condición la deben mantener en 2022.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, expone que los vinos DOP de Canarias son “sinónimo de calidad y esencia”, apuntando que “ponen en valor” el trabajo de los agricultores al tiempo que “realzan la cultura. Una auténtica carta de presentación al mundo” que, dijo, hay que “preservar, potenciar y fomentar entre los jóvenes”.

Las personas beneficiarias tienen dos meses contados a partir de este martes, 19 de abril, para presentar su solicitud.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anticipará 13 millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura para compensar la pérdida de producción en el sector platanero como consecuencia de la erupción volcánica de La Palma.

Según ha informado este jueves la Consejería en un comunicado, en el Valle de Aridane se ha contabilizado hasta el momento aproximadamente la pérdida del 80% de la producción de plátano, mientras que en el municipio de Fuencaliente una afección aproximada del 50%.

A medio plazo y hasta el final de la cosecha, se irá evaluando el daño de producción real definitiva de cada productor para el pago de las pérdidas totales. Se está tramitando ya la orden que permitirá proceder a la concesión y los pagos, con la previsión de su publicación a final de mes.

Para las pérdidas de producción por ceniza en las explotaciones plataneras, las ayudas se tramitarán sin que los propios cosecheros tengan que inscribirse en el registro único de afectados. En el caso de pérdida de fincas por la lava, daños en infraestructuras, invernaderos o plantas, los propietarios deberán inscribirse de forma individual en el registro de afectados.

Desde la Consejería se está tramitando una convocatoria de la medida 5.2 del PDR para subvencionar, además de la reconstrucción de invernaderos, otros conceptos como otras infraestructuras, maquinaria o reposición de plantas.

Con respecto al POSEI, se ha propuesto a la Unión Europea que se mantengan las cantidades de referencia a pesar de que se reduzcan de forma considerable las ventas de plátano, y que se exima de la obligación de vender un mínimo del 70% de la producción.

También se ha solicitado que se mantenga la cantidad de referencia para los propietarios de fincas sepultadas por la lava.

Por último, se está trabajando en un diagnóstico de suelo agrario que pueda ser utilizado para reiniciar la actividad de las fincas sepultadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado este jueves al sector agrario y ganadero de La Palma que todo el producto dañado o que no se pueda comercializar “será indemnizado”, así como que financiarán la restauración o reconstrucción de las explotaciones destruidas a través de ayudas al desarrollo rural.

Así lo ha detallado el ministro durante una reunión telemática con representantes del sector agrícola y ganadero de la isla, a quienes ha asegurado que el Gobierno está “firmemente” comprometido, ha detallado el ministerio a través de una nota remitida a los medios de comunicación.

El ministro ha defendido que el Gobierno ha actuado “con rapidez” y citó como respaldo las medidas aprobadas ya por el Ejecutivo para reparar los daños ocasionados por el volcán, cifradas en 20,8 millones de euros, de las que 14 millones serán compensaciones directas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Planas ha expresado su deseo de retomar, cuanto antes, la visita a La Palma, prevista inicialmente para este jueves, pero que no se ha podido realizar debido a las complicaciones para volar con los efectos del volcán.

El ministerio prevé que 4,3 millones de euros irán a la restauración de infraestructuras comunes, como por ejemplo caminos o conducciones de regadío, 2 millones para subvencionar la financiación de avales para créditos que soliciten titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, armadores de barcos de pesca, o pymes, que se instrumentarán a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), así como una reducción en los índices de rendimiento neto del IRPF, además de los 500.000 euros previstos para el sector pesquero.

El ministro ha querido dejar claro que no son cifras definitivas y que todas las ayudadas aprobadas hasta ahora son cantidades estimativas, a la espera de conocer cómo evoluciona la situación, y ha reiterado que el Gobierno tiene el firme compromiso de aportar los recursos que sean necesarios para la reconstrucción de La Palma.

A la reunión por videoconferencia han asistido, entre otros, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias, Alicia Vannostende, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández y el vicepresidente y consejero de Agricultura, José Adrián Hernández, entre otros representantes institucionales.

Por parte del sector han acudido las organizaciones profesionales agrarias Asaga, UPA, COAG, ASPA y Palca; las dos organizaciones representativas de los productores de plátanos (Asprocan y Asepalma); la asociación frutícola Aguascan, la cooperativa de flor cortada Próteas La Palma, la Asociación Cabra Palmera y la Denominación de Origen Vino de La Palma.

Representantes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la feria Fruit Attraction 2021, durante el que les ha trasladado que se cubrirán tanto las pérdidas de producción afectadas de forma directa e indirecta, como los daños a las infraestructuras agrarias por el volcán de La Palma.

En un comunicado, Asprocan asegura que Planas también ha querido transmitir al sector todo el apoyo del Gobierno de España a la isla de La Palma y a todos sus agricultores, y ha asegurado que está siguiendo el tema, muy de cerca, de mano de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, el ministro Planas ha querido confirmar que tiene previsto visitar próximamente la isla de La Palma y mantener una reunión con Asprocan para conocer de primera mano la situación del sector en la isla.

“Esta visita será importante para trasladar al ministro la gravedad de la situación del sector platanero de la isla y agilizar la gestión y tramitación de las ayudas directas para los afectados por la erupción del volcán”, concluye la nota de la patronal del plátano.

Este martes, el Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños causados por la erupción volcánica de La Palma por un importe total de 208 millones de euros.

En el documento aún no se refleja el importe exacto de ayudas que recibirá en los próximos meses. El texto habla de “compensar” los perjuicios provocados por la erupción y “restaurar” las infraestructuras rurales de uso colectivo previas a la catástrofe. Habrá subvenciones a los armadores y tripulantes de los buques pesqueros con puerto base en Tazacorte y otros puertos que no han podido salir a faenar estas semanas.

De la gestión de estas ayuda, compatibles con el resto de acciones impulsadas por el Gobierno de Canarias, se encargará el Ejecutivo autonómico en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, el Estado promoverá la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública en que se puedan reubicar las explotaciones agroalimentarias afectadas.

En Canarias apenas existe alimento para ganado de producción local. Prácticamente todo se trae de fuera de las islas, principalmente de Península o de otros países de la Unión Europea (UE). Y otro año más, se ha agotado antes del verano los 4.000.000 kilos de materiales vegetales, como ensilados de alfalfa y raigrás, sujetos en 2021 al Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el mecanismo diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el abastecimiento en las islas de productos que escasean o directamente no existen en el Archipiélago. En concreto, hasta el 26 de julio se había consumido el 99,7% del cupo de los citados piensos y solo quedaban 12.468 kilos para importar con las correspondientes ayudas.

Desde hace años, el alimento para ganado de importación se agota en el primer semestre a causa del acaparamiento por parte de los grandes operadores en las islas, que luego venden en función de la oferta y la demanda. La opción de disponer de este producto a un coste menor para los ganaderos cobra mayor importancia en la coyuntura actual de precios elevados, a causa de un incremento de la demanda en el mercado internacional. Ante este escenario, el Ejecutivo regional ha aprobado en un Consejo de Gobierno una modificación del REA, con la que permite importar 4.000 toneladas más de ensilados de alfalfa y raigrás hasta final de año, aumentando la partida correspondiente de los 200.000 a los 400.000 euros, con una ayuda de 50 euros por tonelada importada. Además, ha propuesto introducir 125.000 euros para fomentar la producción propia de forraje en las islas en la ficha adicional del Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la Insularidad (Posei) de 2022. 

Pero no ha sido el único cambio que se ha realizado. En total, el REA cuenta con una partida de 62 millones que se distribuyen en ayudas a un listado de productos, desde carnes a frutas tropicales o arroz. Se subvencionan los que se traen desde la Unión Europea y se aplica una exención el pago del Arancel Aduanero Común de la UE a productos de terceros países. Mientras que se decidió aumentar la cuota de los ensilados (un proceso de conservación del forraje que permite mantener las cualidades nutritivas del pasto original), disminuye el balance de paja y de alfalfa y raigrás. 

Estos productos también se destinan a la alimentación animal y antes de 2018 se incluían en una partida unitaria, es decir, se importaba de forma conjunta y se le asignaba una sola subvención. Pero desde ese año, para tratar de solucionar el acaparamiento, el Gobierno de Canarias decidió separarlos: a inicios de este año ha permitido importar hasta 47 millones de kilos de paja, con una ayuda de 58 euros por tonelada, y 67 millones de kilos de alfalfa, con una subvención de 69 euros por tonelada.

Pero hasta julio de 2021, la importación de estos forrajes ha sido inferior al de los ensilados. A las islas llegó el 45,4% de toda la paja que se podía traer con ayudas y el 57,6% de alfalfa y raigrás. Con la modificación aplicada para el resto del año, las partidas económicas disminuyen y se reduce la cantidad total de dichos forrajes que se pueden traer a las islas: 8.000.000 kilos menos de paja (un total de 39.000 toneladas) y 6.000.000 kilos menos de alfalfa y raigrás (61.000 toneladas en total). Si bien, las ayudas por tonelada permanecen inmutables.

En cuanto al cupo de cereales para la industria del pienso (cebada, avena, maíz o pipas de girasol), la cantidad que se puede importar con ayudas se mantiene (269.500 toneladas), pero se modifica la distribución: 2.400 toneladas se retiran de la subvención de la UE y se incluyen en la exención arancelaria, es decir, se amplia el número total de kilos que se pueden traer de terceros países sin tener que pagar el Arancel Aduanero Común de la Unión Europea.

También aumenta el balance de dos partidas de la leche y nata de importación. La correspondiente a estos subproductos sin concentrar se incrementa en 1.200 toneladas más, al casi agotarse en julio la cantidad que se podía traer desde la UE; y el subtipo de leche y nata en polvo, sube en 425.000 kilos más (hasta un total de 18.000 toneladas). 

Además, desde terceros países aumenta en cerca de 500.000 kilos más la carne de pollo congelada que se pueden traer con ayudas, al cubrirse el 100% de la cuota asignada durante los primeros siete meses del año: pasa de 375 a 875 toneladas. El Gobierno de Canarias también ha aumentado en 2.000.000 kilos más la cantidad de aceite vegetal importable en el REA, pasando de 14 a 16 toneladas en total, al cubrirse el 63,2% de la partida hasta julio. Por contra, se podrán traer a las Islas 4 toneladas menos de preparados lácteos subvencionados, cuya cuota aún permanecía sobre el 90% disponible.

El Ejecutivo regional ha enviado a Bruselas una propuesta para modificar el REA de cara a 2022 que cuenta entre sus principales novedades con un nuevo balance para la apicultura, dotado con un total de 400.000 kilos importables con una ayuda de 70 euros por tonelada y otro para azúcares industriales, con hasta 28.000 toneladas. También se fija un incremento de la cuota para los ensilados de alfalfa y raigas hasta las 7.000 toneladas, así como una mayor partida para la carne de pollo congelada, la leche y nata sin concentrar y para la concentrada en polvo. Además, se establece para toda la anualidad una disminución de la cantidad de paja (que baja hasta las 3.000 toneladas) y de alfalfa y raigrás, cuyo balance desciende hasta las 2.950 toneladas.

Modificación del Posei para 2022

Los 62 millones del REA están incluidos en el Posei, cuyo objetivo, además de garantizar el suministro desde fuera de las islas, también es fomentar el autoabastecimiento de productos frescos, el acceso a otros mercados o el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales. Con una ficha financiera total de 268,4 millones de euros, se distribuye con 141,1 millones solo para el plátano y otros 65,2 millones para el resto de actividades ganaderas y agrícolas.

En mayo de 2020, la UE acordó que las Islas seguirán recibiendo la misma cantidad durante el sexenio que abarca de 2021 a 2027 y no se recortarían unas compensaciones esenciales para la supervivencia del sector primario en el Archipiélago. Desde 2007 se incluye una ficha adicional que abona el Gobierno central, que aporta más fondos al sector primario (exceptuando al plátano). Para 2022, el Ejecutivo regional ha aprobado una propuesta de modificación para aumentar la dotación de la ganadería (de 8,9 a 9,7 millones) y reducir la de la agricultura (de 19 a 18,2 millones).

En concreto, se disminuyen las ayudas destinadas a los cultivos de vides que producen vino con denominación de origen de Canarias, su embotellado o su competitividad exterior, además de la plantación de papa de mesa o aloe vera, olivos y cochinilla; por contra, aumentan las dotaciones a la comercialización de frutas y hortalizas y a la de flores, plantas y esquejes. En la producción animal, se reduce la ayuda a fomentar el consumo de carne fresca, pero aumenta la ayuda al sector vacuno, a la producción local de huevos de gallina y se introduce unos fondos de 125.000 euros para contribuir a la escasa producción de cultivos forrajeros.

Además, en el documento que se envía a Madrid para su aprobación y al que ha tenido acceso este periódico, se incluye un complemento de ayuda de 130 euros por tonelada de frutas tropicales de producción local que se comercialicen fuera de Canarias, como la papaya o el mango. Y, entre otras modificaciones respecto al programa de 2021, se reclama facilitar la presentación telemática de las solicitudes a la ayuda del Posei.