Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (OPA), que son cuatro, Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, y las únicas con representatividad reconocida de forma legal en el campo isleño, están que trinan; se andan subiendo por las paredes…

La razón es bien sencilla: aseguran que el Gobierno de Canarias; o sea, las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, liderada por el herreño Narvay Quintero (AHI), y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (la que incluye la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma), con la palmera Nieves Lady Barreto al frente, a la vez secretaria insular de CC en La Palma y la persona que tiene la última palabra política en todo lo relacionado con esa isla, actúan sin consultar a esos agentes agrarios y sin la participación activa de estos en los procesos de cambios normativos que ahora se están planteando con intensidad e influencia en el ámbito posvolcán palmero. De estos procesos, se consideran muy apartadas, y por eso han pasado a la acción.

Además, esas consejerías todo lo hacen, al menos por ahora y para el caso analizado en La Palma, sin la debida transparencia, principalmente y como se deja ver en una carta relacionada con las propuestas no compartidas ante todos los interlocutores válidos que en estos momentos se idean vinculadas al apoyo público y las regulaciones que afectarán en adelante al campo palmero dañado por la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021.

Las citadas entidades agrarias, lastimadas o en alerta por ese trato que consideran discriminatorio, ya se han dirigido al consejero de Agricultura con una carta firmada por las cuatro organizaciones profesionales con el objeto de primero justificar y luego solicitar, para abordar esas cuestiones al detalle, una reunión urgente con Narvay Quintero. Esta cita ya se ha confirmado y tiene como fecha el día 26 de febrero, jueves, después de la semana de carnavales.

Esa petición se cursó el 26 de enero pasado, y a esa primera misiva ya se ha unido otra en respuesta a la contestación inicial de la Consejería de Agricultura, que pidió una mayor concreción de los asuntos a estudiar. La segunda carta de las organizaciones profesionales agrarias, la de respuesta a Agricultura, ya solo ha sido firmada por tres de las cuatro entidades, con la pérdida del apoyo unánime debido al abandono de Asaga-Asaja, entidad presidida por Ángela Delgado, a la vez vicepresidente de CEOE-Tenerife y una OPA con conexión directa con la palmera ASPA.

En la carta remitida a Quintero el 26 de enero de este año, las organizaciones profesionales firmantes, que entonces eran cuatro, piden al consejero de Agricultura que se reúna con ellas para analizar “la situación actual de las ayudas al sector agrario de La Palma” por el impacto del volcán Tajogaite; para que se les informe de los cambios normativos que están en curso o se quieren plantear en la norma territorial base que regula el marco específico de apoyos públicos al campo del Valle de Aridane tras la erupción, el Decreto-ley 3/2024, y sobre todo para “corregir a tiempo una deriva que puede comprometer seriamente la recuperación del sector agrario palmero y del sector primario de Canarias (…)”, esto en alusión a que hay fondos públicos propios de la Consejería de Agricultura en su presupuesto de 2026 que, siendo de consumo regional, se prevén gastar en La Palma, como podría ser el coste de perdonar los reintegros de ayudas al plátano mal concedidas con cargo al ejercicio 2021-22, una suma total de entre nueve y once millones de euros.

En el mismo documento, las cuatro OPA aluden a la necesidad de “preservar la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza institucional que deben regir ese tipo de actuaciones extraordinarias”.

Reunión concedida para un mes después

En la misiva citada, también se plantea que, “en las últimas semanas, las organizaciones (…) hemos tenido conocimiento de criterios y procedimientos en la tramitación y concesión de esas ayudas que generan una profunda preocupación en el sector, al entender que se estarían incumpliendo compromisos previamente adquiridos con las personas productoras afectadas”, además de “las condiciones inicialmente establecidas para ser beneficiarios de ellas”.

Las OPA dejan meridianamente claro en la reseñada comunicación, la dirigida a Narvay Quintero, que resulta “imprescindible mantener un encuentro con la Consejería de Agricultura para clarificar los criterios que se pretenden aplicar, para conocer el alcance real de las ayudas previstas y para garantizar que la gestión de estas se ajuste a los compromisos asumidos, evitando agravios comparativos y situaciones de indefensión entre las personas afectadas, así como una afección al futuro del [programa comunitario] Posei, que ahora estamos tramitando”, se subraya en la carta.

El Posei actualmente está abierto como una caballa al formar parte de la negociación en curso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el nuevo septenio presupuestario, el de 2028-34, lo que incluye el Marco Financiero Plurianual futuro y la siguiente Política Agrícola Común (PAC), cuya ficha financiera en este caso alimenta los recursos del Posei.

Tras enviarse esa carta al consejero, la respuesta ha sido, sin duda, más de lo mismo; esto es, otra taza repleta de comportamientos ya criticados en la primera misiva. ¿Por qué? Desde ese momento, el 26 de enero pasado, ha habido al menos dos reuniones sobre las modificaciones a introducir en una anunciada reforma de aquel decreto-ley territorial y no se ha convocado a las OPA, aunque sí a algunas organizaciones agrarias radicadas en La Palma, de manera especial la recién nacida Atratican, con pocos meses en acción y liderada por uno de los más leales defensores de las políticas que la consejera Nieves Lady Barreto avala para la reconstrucción de la isla de La Palma.

Esa asociación agraria no está considerada como organización profesional agraria y, por lo tanto, no tiene la representatividad con respaldo legal en el sector agrario palmero. Pese a ello, las dos consejerías que gestionan esos cambios normativos parece que la prefieren. ¿Cuáles pueden ser sus razones?

A continuación, es posible que se advierta una de ellas, tras analizar esta inmediata respuesta de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) y su presidente, José Antonio Gómez (también en Asepalma), a la ya famosa en el sector carta de las OPA.

Esa entidad, nada más conocer el contenido de la carta dirigida a Narvay Quintero, que les fue filtrada, dice lo siguiente a través de un comunicado de prensa de hace unos días: “La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria expresa su pleno apoyo a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Canarias y la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma -organización patronal-), que han permitido por fin en los últimos meses avanzar de forma decidida en el abono de ayudas para la reconstrucción de las fincas agrarias destruidas por la erupción volcánica de 2021 en el Valle de Aridane”.

Ese es el primer párrafo, al que le sigue este segundo: “Atratican lamenta que, justo cuando los agricultores afectados por esta catástrofe empiezan a ver la luz al final del túnel, cuatro organizaciones agrarias (Asaga, COAG, UPA y Palca), con ‘escasa y dudosa’ implantación en La Palma, hayan dirigido una carta conjunta al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y [Soberanía Alimentaria] del Gobierno canario, Narvay Quintero, en la que le piden una reunión y cuestionan el proceso de ayudas que tanto ha costado desatascar y en cuya negociación ha tenido un papel importante Asepalma, al ser la que engloba la totalidad de los profesionales del sector primario damnificados por la erupción”.

Atratican muestra además “su sorpresa porque esas asociaciones [las OPA] hablen de ‘compromisos incumplidos’ por el Gobierno canario, cuando a día de hoy precisamente se está aplicando una clara hoja de ruta, que además contempla, entre otras medidas, una nueva ayuda específica para sufragar los costes complementarios de la puesta en producción de las fincas afectadas por la lava, una vez recibido el pago de 44,06 euros por metro cuadrado”, se especifica.

El comunicado incluye una mención especial: “A Atratican le asombra también que la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), organización constituida precisamente en La Palma [su presidente regional es el palmero Amable del Corral], sea una de las promotoras de esta iniciativa, sin que sea entendible qué intereses la llevan en este momento a pretender poner piedras en la rueda de las ayudas para la reconstrucción que por fin avanzan, tras más de cuatro años de espera”.

Citas para negociar, sí, pero solo con algunos

Tras esa pelotera entre organizaciones agrarias, unas con representatividad legal y otras sin ella, hay que decir que, en los últimos días, tanto las consejerías de Agricultura y Presidencia como el Cabildo de La Palma han convocado reuniones de trabajo para avanzar en cambios normativos del mencionado decreto-ley a las que aún siguen sin ser invitadas las OPA y en las que sí han estado entidades o representantes de Atratican, Asepalma y otras, sin la voluntad por ahora manifestada de incluir a las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Canarias.

La primera de estas reuniones se celebró en Santa Cruz de Tenerife el miércoles de la semana pasada, en instalaciones del Múltiples II, sede de la Consejería de Agricultura, y la segunda y más reciente, en Los Llanos de Aridane, este lunes y en el Museo Arqueológico Benaoharita (MAB). La segunda resultó algo fallida por la ausencia de una parte relevante de los convocados como administración local.

Hay que señalar que algunos de los representantes y de las personas que apoyan y defienden este modo de negociar y de actuar por parte del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo de La Palma son acérrimos defensores del proceso previsto por el Ejecutivo autonómico para perdonar a agricultores plataneros los reintegros de ayudas reconocidos con cargo a la compensación por pérdida de renta atribuida a daños del volcán de la convocatoria 2021-22. Es un dinero público que se recibió de forma anómala, de ahí los reintegros, y aún este no ha sido devuelto, que se sepa, pese a no cumplirse, total o parcialmente, las condiciones finales para el abono del apoyo público, servido a base de pagos adelantados.

Los reintegros reconocidos se han producido por pagos realizados a productores plataneros del Valle que no han tenido pérdida de renta alguna o bien a aquellos cuyos abonos superaron de forma parcial la pérdida de renta final que se les calculó para el periodo de cobertura, el ejercicio 2021-22. Unos lo deben devolver todo y otros solo una parte excedida. Son 3,5 millones de euros regalados.

Los agricultores y ganaderos de Canarias aún no saben, casi un año después de cerrada la campaña, cuándo podrán cobrar hasta 8,5 millones en apoyos directos del llamado Posei adicional de 2024, que son ayudas de Estado autorizadas por la UE para completar las medidas del Posei comunitario.

Esos fondos públicos a día de hoy están en el aire, y así es, según sostiene el Gobierno de Canarias, porque el Estado sigue sin financiar al cien por cien los derechos anuales adquiridos en ayudas por los beneficiarios de ese marco singular de apoyo directo al campo isleño, el que se suma al Posei comunitario (268,4 millones de euros al año con el REA, unos 70).

Para los abonos de 2024 del Posei adicional, el Gobierno español solo ha transferido la cantidad de 21 millones de euros, cifra igual a la recibida en 2022 y 2023. Hasta aquí, solo en teoría, bien, pero el problema se ha ido agudizando porque con esa aportación no da, y cada vez menos. Para pagar todo 2024, faltan 11,2 millones de euros, si se quieren cubrir los derechos adquiridos en esa campaña, que suman, según Agricultura, 32,2 millones. La convocatoria de estos apoyos se publicó el lunes 17 de noviembre pasado en el BOC.

Como la Consejería de Agricultura ha aprobado que adelanta 2,7 millones de euros de esos 11,2 sin traspasar desde Madrid (solo ha abonado 21 millones), ahora mismo no se sabe qué pasará con pagos a los agricultores y ganaderos locales que suman aquellos 8,5 millones de euros restantes, los que están en el limbo.

Sobre esta misma cuestión, que no es nueva (son casi tres años así), hay que señalar que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, sigue reclamando al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que cumpla con el abono (como establece la Ley de Régimen Económico y Fiscal -REF- de Canarias), aún no satisfecho, de 24,9 millones de euros del Posei adicional (gran parte de esos fondos ya adelantados por la comunidad autónoma de Canarias) relacionados con incrementos en esas ayudas aplicados en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

La cuestión es que el Estado solo ha aportado para esas tres campañas del Posei adicional (el considerado como ayudas de Estado y sirve para completar medidas del Posei comunitario, el que paga la UE al cien por cien) una financiación anual de 21 millones de euros, cuando los derechos previstos en pagos a agricultores y ganaderos isleños dentro de ese mismo marco están por encima del reseñado umbral. De ahí que haya acumulación de deuda año tras año.

La Consejería pone el freno a los adelantos

Hasta ahora, ese desfase se había cubierto con fondos propios de Canarias, cantidad que alcanza aquellos 24,9 millones de euros que se reclaman al Estado, en los que además se incluye la parte deficitaria del último año aún no pagado del Posei adicional, que es 2024. Sí se han abonado todas las ayudas asignadas a fondos del Posei comunitario (con casi 200 millones de euros y 141,1 de ellos solo para los plataneros), la pata más importante de apoyo al sector agrario local.

Para cubrir totalmente la campaña de 2024, faltan 11,2 millones de euros; o sea, hay 21 millones del Estado disponibles, pero no están esos otros millones necesarios para alcanzar el global a pagar con cargo a medidas del Posei adicional, con una cifra absoluta de 32,2 millones.

Parte de esa diferencia de 11,2 millones, la adelanta el Gobierno de Canarias, pero solo son 2,7 millones. Esto implica que no se sabe qué pasará con los pagos con cargo a los 8,5 millones restantes, y a la vez que la suma de lo adeudado por el Estado hasta cumplir con los pagos de 2024 (tres campañas) ya alcance los 24,9 millones de euros (ver el cuadro que se publica a continuación).

Quintero sostuvo en la Cámara autonómica que en las tres últimas campañas anuales, 2022, 2023 y 2024 (los apoyos directos del Posei adicional se reciben a año vencido), el Ejecutivo canario ha adelantado 16,4 millones de euros (2022, 5,5 millones; 2023, 8,2, y 2024, 2,7) “con el propósito de salvaguardar la competitividad y mantener el empleo en la actividad agrícola y ganadera ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de España con ese programa de respaldo al sector primario de las regiones ultraperiféricas (RUP)”, según se recoge en una nota de prensa de su departamento.

Un problema que se atribuye al PSOE

El mismo consejero recordó que “durante la pasada legislatura el Pacto de la Flores [en alusión al Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres en 2019-23, con Alicia Vanoostende como consejera de Agricultura, también del PSOE] anunció unos incrementos de la ficha financiera del Posei adicional que no han sido cubiertos por el Estado, lo que ha afectado significativamente a las empresas del sector agrario, que habían planificado su actividad contando con esos ingresos”.

Atendiendo a esos argumentos, Quintero reiteró que su Consejería ha pedido al Estado modificaciones de crédito para la transferencia de los 24,9 millones de euros “adeudados” (la suma de lo adelantado por Canarias más los 8,5 millones que quedan en el aire en 2024, por ahora sin sustento financiero) a Canarias en concepto de Posei adicional, con 5,5 millones de 2022, 8,2 de 2023 y 11,2 de 2024 (2,7 más 8,5).

Esta solicitud se ha trasladado tanto a través de sucesivas cartas remitidas al ministro Luis Planas desde 2023 como en diversos encuentros entre las dos administraciones públicas, entre ellos la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en mayo pasado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.

Esa reclamación de cantidades, añadió el consejero, cuenta con el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) representativas en las islas, Asaga. COAG, UPA y Palca, y con el respaldo unánime del pleno del Parlamento de Canarias, tal y como expresaron todas las fuerzas políticas a través de una proposición no de ley aprobada en julio pasado.

La situación que se ha creado se explica aún peor, según afirmó el consejero Quintero, cuando el Estado francés aporta al Posei adicional para sus RUP 58 millones de euros al año, y el portugués, 28 millones, mientras que actualmente el Gobierno de España asigna 21 al archipiélago, y ello pese al mayor potencial agrario de Canarias respecto a esas otras RUP.

Un total de 814 apicultores, adscritos a nueve asociaciones de productores de miel procedente de la raza autóctona de abeja negra, son los beneficiarios provisionales de la ayuda de 543.436 euros concedida por el Gobierno de Canaria para apoyar la producción de 21.000 colmenas y evitar su desaparición.

Según ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, se trata de ayudas financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y correspondientes a la Acción III.10 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

El director general de Ganadería, Andrés Díaz, ha señalado en un comunicado que esta línea de apoyo tiene como objetivo mantener el censo de esta raza autóctona y evitar su posible desaparición en favor de otras más rentables para los apicultores.

Esta raza se caracteriza por su color oscuro, su gran mansedumbre y la gran adaptación al medio canario, así como por un destacado comportamiento higiénico, lo cual se traduce en una menor incidencia de enfermedades en la práctica apícola.

Esta variedad es considerada una abeja rústica adaptada a las condiciones bioclimáticas del archipiélago, con producciones medias de 20 a 25 kilos por colmena y año.

Para acceder a estas ayudas, los apicultores y apicultoras, agrupados en las distintas asociaciones solicitantes, deben ser titulares de una explotación correctamente inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias (REGA).

Además, sus colmenas deben estar identificadas en sitio visible con una marca indeleble y legible en la que conste el código asignado a la instalación apícola a la que pertenece.

Las personas solicitantes, recogidas en el resumen de ayudas destinadas a cada asociación que figura en Anexo I de la Resolución, disponen hasta el 17 de septiembre para presentar las alegaciones y aportar los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.

La Comisión Europea ha autorizado por primera vez una “ayuda de estado” a una cooperativa agraria para poner en marcha 100 hectáreas de cultivos tropicales en Canarias.

Fue el pasado 19 de julio cuando se recibió dicha ayuda estatal (SA.107929. 2023/N) que tiene como beneficiaria a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, y cuya resolución hace un análisis económico y medioambiental del proyecto, para considerarlo compatible con el mercado interior de conformidad con el tratado de Funcionamiento de la UE.

Esta solicitud se realizó oficialmente el 9 junio de 2023, impulsada por la Consejería de Hacienda, bajo la titularidad de Nueva Canarias, a través de su Viceconsejería de Hacienda, en colaboración con la Consejería de Agricultura, con el impulso del entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

La ayuda cubriría las inversiones en las instalaciones de la Cooperativa correspondientes de manipulación y envasado de la fruta para su comercialización, además de conceder ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores.

Esta autorización era imprescindible para que la Consejería de Agricultura u otra administración pública concediera esta ayuda directa.

El presupuesto total de la ayuda es de 6 ,4 millones, financiado con fondos del Gobierno de Canarias. El coste estimado del proyecto es de 15,7 millones, por lo tanto, la intensidad de la ayuda puede llegar al 40,7% de los costes reales. Se trata de una inversión prevista para 5 años, pues especialmente los mangos y los aguacates tardan en dar su primera fruta al menos 4 años.

De estos 6,4 millones autorizados como subvención, 1,9 millones son para cubrir el coste de las inversiones que debe realizar la propia Cooperativa (pudiendo alcanzar la ayuda el 80% de los costes reales); 2,5 millones para los costes subvencionables al establecimiento de los cultivos (por hectárea, distinguiendo sean de mangos, aguacates o papayas); y 2 millones como ayuda la instalación de 20 jóvenes agricultores en este proyecto.

En la resolución de autorización se recoge que la producción de frutas subtropicales es una actividad que sin duda puede contribuir a la diversificación de la producción en las Canarias. Las condiciones agroclimáticas en Canarias son adecuadas para estos cultivos sin necesidad de adaptaciones especiales y sin recurrir al calentamiento artificial y, por tanto, no dan lugar a un aumento del consumo de energía. Además, las técnicas de cultivo ya se conocen en las Islas, dado que estas frutas llevan cultivándose allí durante décadas, pero existe un mercado prospectivo en aumento debido a la creciente demanda en los mercados de España y otros países de la UE.

Además, en el Archipiélago, la fuerte dependencia del sector agrícola de un pequeño conjunto de productos es una importante debilidad, como demuestra la crisis de los productores de tomate. Desde el año 2000, se ha producido una larga crisis en la producción de tomate de invierno, que ha pasado de 377.000 toneladas vendidas en 1997 a 21.000 toneladas en 2022. Aunque algunas explotaciones fueron reorientadas hacia otros cultivos, una parte significativa de ellas quedó abandonada. Además, las actividades relacionadas con el envasado y la comercialización disminuyeron sustancialmente, lo que dio lugar a una reducción del número de puestos de trabajo. En particular, la isla de Gran Canaria fue —y sigue siendo— el principal productor de tomates de invierno, por lo que el impacto de esta crisis en su entorno rural es especialmente grave.

Por lo tanto, la ayuda tiene por objeto promover la diversificación del sector agrícola, sirviendo de ejemplo para motivar a otros productores a unirse a esta vía en una zona rural con tasas de desempleo notablemente elevadas, compuestas por los municipios de La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Santa Lucia de Tirajana, Firgas, Arucas, Telde y Valleseco. A este respecto, se estima, como consecuencia de la ejecución del proyecto, la incorporación de 105 trabajadores fijos en dichos municipios.

En cuanto a las inversiones a realizar, la resolución recoge la afirmación que los elevados costes de inversión —tanto en recursos comunes para la comercialización como en la plantación de las parcelas—, agravados por las limitaciones de las regiones ultraperiféricas, hacen necesaria la intervención de las autoridades regionales.

También analiza la Resolución el impacto en el consumo de agua que entiende justificado en el proyecto, así como que las inversiones no tendrán efecto negativo en el medio ambiente.

La resolución dedica las últimas 13 páginas a la evaluación de la medida de ayuda directa en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Tratado de Funcionamiento de la UE para la compatibilidad con el mercado interior. Según el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, una ayuda podrá considerarse compatible con el mercado interior si está destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Y concluye que esta ayuda directa reúne estas condiciones.

Una vez que la ayuda ha sido autorizada por la CE, el siguiente paso es que la Consejería de Agricultura disponga una partida presupuestaria plurianual para concederla, después de que el actual consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se comprometiera en el 100º aniversario de esta Cooperativa el 1 de julio de 2023 a aportar el dinero.

El Gobierno de Canarias y cuatro cabildos insulares, los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, pudieron haberlo hecho mejor en la gestión de esos apoyos públicos directos, con tres convocatorias de ayudas publicadas y resueltas por parte de la Consejería de Agricultura, con Alicia Vanoostende de consejera en dos de ellas y con la más reciente con Narvay Quintero al frente de este departamento (la resuelta en diciembre pasado), y con una línea de actuación por parte de cada corporación insular señalada, hasta cuatro.

Esas son las administraciones públicas canarias que, acogiéndose al marco legal extraordinario de apoyo público diseñado por la Unión Europea (UE) por la crisis bélica entre Rusia y Ucrania (más de dos años, ya), decidieron conceder ayudas directas con el fin de compensar el aumento de costes en las explotaciones ganaderas locales debido al impacto en los precios de los insumos de alimentación (su elevado encarecimiento) como efecto de la invasión de Rusia en Ucrania (este país es el granero de Europa y de parte del mundo).

Hasta aquí todo bien, pero solo hasta que se analizan las resoluciones de concesión finales de los apoyos públicos regulados en todas esas líneas (tres de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, una del Cabildo de Tenerife, otra del de Gran Canaria, igual para Lanzarote y una más por parte de La Palma), las ayudas finalmente aprobadas, y se realiza la suma de estas por beneficiario según las convocatorias, justo antes del inicio de procesos de reintegro que ya se hayan podido activar.

Si se desarrolla ese trabajo, aparecen las sorpresas, con una principal ocasionada por la falta de comunicación entre esas administraciones públicas, el cruce de datos, y luego por la incompleta regulación de algunas líneas de apoyo, sobre todo por parte del Cabildo de Tenerife. El resultado es puro descontrol, pues la gestión inicial imperfecta de tales apoyos públicos condujo a que esas cinco administraciones canarias regalaran unos 718.000 euros.

Errores de la Administración que benefician a algunos y perjudican a otros

Pero cómo ha sido esto posible. Bastante sencillo de observar. Primero, el marco legal diseñado para estas ayudas por la UE solo permitía, hasta el 31 de diciembre de 2023, que un beneficiario ganadero accediera a un máximo de 250.000 euros desde 2022, cuando es la primera convocatoria canaria (tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania), de la Consejería de Agricultura, hasta la más reciente, de finales de 2023, también del Gobierno de Canarias. En medio están las cuatro de los cabildos insulares.

Segundo, las distintas administraciones públicas canarias que se apuntaron a prestar apoyo a los ganaderos locales no cruzaron datos, algunas no regularon bien sus convocatorias ni aportaron los avisos pertinentes, como es el caso flagrante del Cabildo de Tenerife (su convocatoria es una gestión del Gobierno insular anterior, no ya la resolución), a los beneficiarios potenciales y, como resultado de todo esto, se montó la marimorena. Y ya se sabe que, en río revuelto, siempre hay ganancia de pescadores.

Como consecuencia de tal caos administrativo, hay al menos 15 beneficiarios de ayudas directas, según se contempla en las resoluciones finales de todos los procesos de concesión (atendiendo al análisis en esta fase de proceso), que sobrepasaron el límite máximo de ingreso para esas ayudas, en 250.000 euros, lo que supone que se regalaron, por gestionar mal esos fondos, 720.000 euros de los 37 millones que en total se concedieron (la suma de todas las resoluciones: tres más cuatro, las de los cabildos). 

El caso más extremo es del Cabildo de Tenerife, que en su única resolución reparte un monto muy elevado entre varios beneficiarios, lo que conduce, solo tras las dos primeras aportaciones ya hechas por la Consejería de Agricultura, a la superación del límite legal por beneficiario de 250.000 en al menos cinco casos entre los 15 finales que sobrepasaron ese umbral, siempre según lo dictado por las resoluciones. Eso fue con la resolución insular de agosto de 2023. Luego, la Consejería de Agricultura, con gestión de la empresa pública GMR, le puso la guinda a todo y la superación de seis expedientes la elevó a 15, sumo nueve más.

Hay que explicar que el umbral de 250.000 euros por beneficiario se aplica para las convocatorias de ayudas anteriores a 31 de diciembre de 2023. En la actualidad, tras la UE ampliar ese marco legal de apoyo por la guerra en Ucrania hasta el verano de 2025, aquel umbral se eleva en 30.000 euros (250.000 + 30.000 = 280.000 euros), lo que significa que los beneficiarios que ya sumen 250.000 euros podrán añadir a esta cantidad ingresada otros 30.000 euros más, siempre que haya nuevas convocatorias, que así ha anunciado que será el consejero autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.

Consejería de Agricultura y Cabildo de Tenerife se llevan la palma

El error, quizá no forzado, de esas cinco administraciones públicas en la gestión del marco de apoyo por la guerra en Ucrania en el ámbito de Canarias y sus islas es tremendamente injusto porque concede, sin poderse hacer, cantidades de dinero público a beneficiarios por encima de los 250.000 euros y deja esos recursos obsequio, el total de casi un millón de euros, sin repartir entre otros peticionarios que sí podían acceder a ellos debido a que aún estaban lejos de superar aquel umbral permitido.

Como el pago por encima de los 250.000 euros es ilegal, las administraciones públicas afectadas, conocidas las superaciones de ese límite, deben acceder ahora a la recuperación de las cantidades abonadas en exceso, lo que debe implicar, en los casos en que sea necesario, la activación de expedientes de reintegro de la parte sobrante más los intereses correspondientes. Las administraciones que más trabajo tienen por delante son la Consejería de Agricultura y el Cabildo de Tenerife.

Esta Corporación insular, que ni siquiera informó de aquella obligación en su convocatoria, con resolución final el 30 de agosto de 2023, cuando las dos primeras líneas de la Consejería de Agricultura ya estaban resueltas, dio apoyos a beneficiarios que ya tenían el límite de los 250.000 euros superado con las dos primeras aportaciones de Agricultura o bien iban a rebasarlo con las nuevas ayudas insulares.

La Consejería de Agricultura, que ha gestionado este marco de apoyo público a través de la empresa pública adscrita Gestión del Medio Rural, un medio propio, también cometió el mismo error con el reparto de los apoyos de su tercera y última convocatoria antes de enero de 2024. Y con un caso en la segunda de sus resoluciones.

En Canarias 518 ganaderos recibirán este mes de octubre 479.729 euros por la ayuda extraordinaria de la sequía. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha publicado el listado definitivo de los 70.267 titulares de explotaciones ganaderas que van a recibir en toda España esta ayuda extraordinaria pensada para compensar la situación originada por la sequía y las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania. En total, el Ejecutivo destina un importe de 332,3 millones de euros, que serán ingresados en las cuentas bancarias de los ganaderos este mes.

Esta cifra de toda España representa el 94% del presupuesto total asignado a esta línea de apoyo de 355 millones de euros. Esta subvención fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, 

El Ministerio explica que se concede de oficio a sus beneficiarios, productores de carne de vacuno (vacas nodrizas), de ovino y de caprino, así como de leche de vaca, oveja y cabra que hayan sido beneficiarios de ayudas asociadas a la ganadería con base la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2022; y que fueran titulares de explotaciones dadas de alta a 30 de abril de 2023. La ayuda se concede cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros.  

En la resolución del mes de julio, en base a los datos provisionales de explotaciones ganaderas subvencionables y al número de animales elegibles para esta ayuda, y para evitar superar la cuantía máxima estimada por especie y orientación productiva, se realizó un ajuste lineal de los importes unitarios por cabeza para las zonas de afección alta de sequía que se indicaban en el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, de tal forma que se establecieron los siguientes: 

- Vaca de carne (nodriza): 143,48 euros 

- Oveja y cabra de carne: 15,89 euros 

- Vaca de leche: 52,12 euros 

- Oveja y cabra de leche: 8,66 euros 

Las explotaciones que cuenten con la mayor parte de sus animales potencialmente subvencionables en la campaña 2022 en las comunidades autónomas establecidas como zonas de afección media de sequía, recibirán el 50% de los importes previstos para cada especie y orientación productiva, mientras que las de afección moderada percibirán el 25% . 

Para los productores de leche de vaca se establece un máximo de 725 animales subvencionables por beneficiario. Los productores de vacas nodrizas percibirán el 100% del importe unitario para las 250 primeras vacas, y un 50% para el resto del censo. Los productores de ovejas y cabras percibirán el 100% de los importes respectivos para los primeros 2.000 animales, y el 50% para el resto de sus animales elegibles. 

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones a las resoluciones provisionales de 4 y 21 de julio, se ha establecido un grupo de beneficiarios que no han ejercido las facultades de rechazo de la ayuda o no presentaron alegaciones, o si lo hicieron no requieren de un análisis detallado de las mismas. 

Una vez verificado que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se les ha concedido la ayuda.  

En el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), se puede consultar la relación de los titulares de explotaciones ganaderas, el número de cabezas de ganado computadas y el importe de la ayuda a percibir.  

La resolución publicada este martes recoge igualmente aquellos titulares a los que no se les ha realizado el pago por haberse detectado que no están al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes desde la publicación de la resolución, se realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado este aspecto, y aquellos que lo hayan hecho podrán recibir la ayuda, explica Agricultura.

En el caso de titulares que hayan presentado alegaciones sobre aspectos relacionados con la zona de afección, titulares de la explotación o número de animales, éstas serán remitidas a las comunidades autónomas para sus análisis. Posteriormente se procederá a la resolución de las mismas y, si procede, al pago de la ayuda correspondiente. 

El Consejo de Ministros ha autorizado distribuir entre las comunidades autónomas 30.535.758,80 euros destinados a diversas líneas de ayuda de distintos programas, de los que Canarias recibirá 21 millones por el Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI), informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta compensación permitirá paliar los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento sostenido de los costes de producción, que se une a los condicionantes propios de la insularidad que afectan a los agricultores y ganaderos canarios.

El Consejo de Ministros también ha autorizado este martes la distribución de 158,21 millones de euros para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas (CCAA) e intervenciones de la nueva Política Agraria Común (PAC), de los que 2,7 millones se destinan a Canarias.

La distribución está enmarcada en la financiación de los programas de desarrollo rural del periodo 2014-2022 y en la aplicación de la normativa de la PAC y de su plan estratégico nacional que ha entrado en vigor el 1 de enero, según un comunicado.

También se ha acordado el reparto de 4.883.758,80 euros correspondiente a la Intervención Sectorial Apícola (ISA) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Durante el periodo 2023-2027, y de acuerdo con la asignación prevista, España va a disponer de casi 9,6 millones de euros anuales del presupuesto comunitario para esta intervención.

Este incremento, de un 70% aproximadamente con respecto al periodo anterior, sitúa el presupuesto total disponible para la Intervención Sectorial Apícola en España por encima de los 19 millones de euros anuales (19,2 millones de euros).

La Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) financia el 50% de los mismos, mientras que el otro 50% corresponde a los Estados miembros.

En el caso de España, la financiación se reparte a partes iguales, 25% cada uno, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, que cofinancian al 50% con su presupuesto.

Los fondos se vehiculan a través de siete tipos de intervención: servicios de asesoramiento y asistencia técnica; inversiones en activos materiales e inmateriales (incluyendo acciones para luchar contra agresores de la colmena, racionalización de la trashumancia, repoblación de la cabaña apícola y prevenir daños por fenómenos climatológicos adversos); análisis de la miel y los productos apícola; preservar o aumentar el número de colmenas existentes; investigación sobre la apicultura; apoyo a la promoción y comercialización y calidad de los productos. 

El Gobierno de España pide a Bruselas anticipar ayudas PAC al tope posible por la sequía

El Gobierno de España ha pedido a la Comisión Europea que permita un anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común en el porcentaje más alto posible debido a la situación de sequía que afecta al campo. Es una de las peticiones que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho a Bruselas y que ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Planas está esperando la respuesta a la carta que ha enviado al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para reclamar medidas comunitarias que ayuden a luchar contra la situación de sequía en el país.

El ministro ha recordado que los adelantos de ayudas de la PAC se efectúan para mediados de octubre y suelen rondar el 50 % pero, dada la situación, España ha pedido elevar el porcentaje “a la mayor cantidad posible”.

Además, ha reclamado la activación de la reserva de crisis de la PAC y la posibilidad de que las autonomías utilicen las cantidades no ejecutadas del fondo Feader “para llevar a cabo acciones de apoyo” a los productores.

También dentro del ámbito de la PAC, el Gobierno espera el visto bueno de la UE para poder flexibilizar la condicionalidad en el cobro de la ayuda básica a la renta y a la sostenibilidad; así como una flexibilización en la aplicación de los “ecorregímenes”.

En la rueda de prensa, Planas ha valorado también la aprobación del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución del 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados y la liquidación de planes anteriores, con 317,7 millones de euros de presupuesto para 2023, un 23 % más.

Además, ha informado de la distribución de 158,21 millones de euros para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas e intervenciones de la nueva PAC; del reparto de 104 millones entre las autonomías para programas agrícolas y ganaderos, de los que 84.849.547,80 son de ayudas del Componente 3 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el resto para sanidad animal y vegetal.

Asimismo, se han aprobado 30,5 millones a líneas de ayuda de distintos programas, 21 de ellos al programa de opciones específicas por la lejanía en insularidad (Posei), en Canarias, y casi 5 al sector de la miel.

En su intervención ha hecho mención a la publicación, este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la orden de módulos con una rebaja mínima del 25 % en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos, una reducción lineal que tiene en cuenta la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

El ministro ha puesto el foco en que el conjunto de las reducciones recogidas en esa orden supone una rebaja de la base imponible del orden de 1.807 millones de euros, “la de mayor alcance de la última década”. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha publicado la resolución de las ayudas directas para los ganaderos de las islas que se han visto afectados por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Las listas se encuentran disponibles en el Tablón de Anuncios del portal web.

De esta manera, junto a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha concedido una ayuda extraordinaria de 7,7 millones de euros destinada a cerca de 1.000 empresas y autónomos titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, vacuno, cunícola, porcino y avícola, con el fin de paliar las pérdidas económicas derivadas de la crisis internacional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, asegura que “en estos momentos de dificultades para nuestros ganaderos, respaldamos y apoyamos su labor con la puesta en marcha de nuevas ayudas que inyecten algo de oxígeno a una actividad esencial para nuestro sector primario”. “Tengo que agradecer el trabajo de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, así como la colaboración y predisposición de las organizaciones agrarias y ganaderas para el desarrollo de estas medidas tan importantes para nuestro sector”, recalcó.

La consejera explicó que esta importante ayuda se suma a los 7,6 millones repartidos en enero y a los 8,2 millones de junio, ayudas sujetas al marco temporal de la COVID. Con esta última ayuda, el Gobierno de Canarias habrá abonado en los últimos meses 23,5 millones de euros en concepto de ayudas extraordinarias a las explotaciones ganaderas de las islas. Para 2023 hay aprobada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 8,5 millones de euros.

Vanoostende, que destacó la rapidez de estas ayudas, puso de manifiesto que el decreto ley que articula estas subvenciones “incorpora como novedad el incremento del 5% de una ayuda destinada a los jóvenes para que puedan continuar con garantías emprendiendo en el sector, y a las mujeres, para facilitar su incorporación. Además, hemos aumentado un 16% la ayuda para las islas no capitalinas con el objetivo de compensar los sobrecostes”.

En esta línea, señaló que desde el Gobierno de Canarias “modificamos el POSEI 2023 con un incremento del 20%, aprobado recientemente por parte de la Comisión Europea, lo que supone la mayor ficha financiera en la historia de este programa con más de 302 millones de euros y mejoras significativas para la ganadería de las islas. Vinculado a estas acciones, formalizamos las subvenciones con los cabildos para los planes forrajeros, además de medidas fiscales a la alimentación animal”.

Vanoostende hizo hincapié en la importancia de dar seguridad al sector y potenciar su rentabilidad: “Mejoramos los marcos normativos para flexibilizar la legalización de explotaciones ganaderas. En tres años hemos resuelto el 60% de los expedientes frente al 10% resuelto en los últimos 10 años. Por otra parte, con el reglamento de las DOSA, unificamos los criterios para las explotaciones ganaderas de las islas, a lo que hay que sumar las acciones que llevamos a cabo para la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, con la inclusión del Observatorio de Precios, las visitas de control y supervisión, los análisis de los costes así como las herramientas que hemos puesto a disposición de los ganaderos para que puedan calcular sus costes de producción; vamos con paso firme hacia el cumplimiento de la ley”.

Por último, la responsable regional del área, recordó las medidas impulsadas para revalorizar y potenciar el queso a través de figuras de calidad, concursos y la formación del sector.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció este martes en Bruselas un aumento de “entorno a un 20%” de las ayudas que recibe el sector ganadero de las islas, a través de los fondos del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI), a fin de compensar la inflación en los materiales.

Vanoostende informó de esta modificación, en declaraciones a EFE y a otro medio de comunicación, después de reunirse con la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea, y recibir el aval comunitario a la propuesta canaria de aumentar los pagos directos a ganaderos con el POSEI adicional, un programa con el que Bruselas ayuda económicamente a las regiones ultraperiféricas.

“Cualquier crisis que afecta en Europa se agudiza en las regiones ultraperiféricas porque estamos aislados y todo supone un sobrecoste”, justificó la consejera del Ejecutivo canario. Y añadió: “En el caso específico de la alimentación del ganado, el coste de los cereales para la alimentación animal ha subido muchísimo en Europa, pero ha subido aún más en las regiones ultraperiféricas, y esto hace que nuestros costes de producción, que ya de por sí son mayores, ahora sean más elevados”, aseveró.

Aparte del encarecimiento de los cereales y el sobrecoste del transporte marítimo como consecuencia de la guerra de Ucrania, Vanoostende aseguró que el sector primario canario también tiene otros obstáculos estructurales, como, por ejemplo, el alto precio del suelo por la presión turística, el tamaño pequeño de las explotaciones, la mecanización limitada o la orografía abrupta.

“Es decir, que salimos ya en desventaja competitiva si nos comparas con una producción continental. Por lo tanto, somos mucho más delicados y más frágiles a la hora de afrontar una crisis global, como es la crisis inflacionista, que afecta a todo el mundo”, explicó la titular de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante su encuentro en Bruselas, Vanoostende también presentó a la Comisión Europea el estudio que ha puesto en marcha el Gobierno canario para analizar cómo reconstruir sobre la lava las plantaciones de plataneras que quedaron engullidas por la erupción del volcán de La Palma, en otoño de 2021.

“Es una operación bastante compleja desde el punto de vista técnico, geológico y también desde el punto de vista económico y medioambiental”, advirtió la consejera a los agricultores que han perdido sus fincas debajo la lava.

Vanoostende estimó que los resultados de este estudio de viabilidad llegarán entre enero y febrero del próximo año y anunció que el Gobierno canario llevará las conclusiones a las instituciones comunitarias para “ver, en el largo plazo”, dijo, “qué respuesta le puede dar Europa a los agricultores de la isla”. 

El Gobierno de España ha dado inicio al procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes de plátano con origen en Canarias realizados en el año 2021, según viene recogido este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los beneficiarios de las compensaciones serán los remitentes o expendedores de las mercancías por transporte marítimo, según se detalla en la resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que publica el BOE.

Las compensaciones se otorgarán sobre la base el coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano efectuado desde las Islas a otros Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del acuerdo sobre espacio económico europeo, quedando excluido el transporte entre las Islas Canarias.

A efectos de determinar la cantidad máxima compensable del coste del transporte marítimo y aéreo del plátano, se aplicarán los costes tipo anuales.

Las solicitudes de compensación han de presentarse obligatoriamente por medios electrónicos en la web de las administraciones públicas del Estado en el plazo de 15 días hábiles a contar desde este martes. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria para las ayudas por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP).

La convocatoria ha sido publicada este lunes, 18 de abril, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y tienen como fin principal la preservación de su cultivo y el fomento de su producción entre la juventud, según ha informado el Ejecutivo regional.

En cuanto a las personas que podrán ser beneficiarias de estas ayudas se encuentran los viticultores cuyas superficies de cultivo estén inscritas en alguno de los consejos reguladores u órganos de gestión de las diferentes DOP.

Además las subvenciones establecen importes diferenciados dependiendo de que el solicitante tenga o no suscrita una póliza en los Seguros Agrarios Combinados. Así los importes unitarios de la ayuda, como máximo, ascenderán a 2.300 euros por hectárea, siempre y cuando la producción esté asegurada, mientras que si no lo está la persona beneficiaria recibirá un máximo de 2.100 euros por hectárea.

La convocatoria también tiene como fin estimular el cultivo de viñedos entre las personas jóvenes, por lo que se abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores. Esta condición la deben mantener en 2022.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, expone que los vinos DOP de Canarias son “sinónimo de calidad y esencia”, apuntando que “ponen en valor” el trabajo de los agricultores al tiempo que “realzan la cultura. Una auténtica carta de presentación al mundo” que, dijo, hay que “preservar, potenciar y fomentar entre los jóvenes”.

Las personas beneficiarias tienen dos meses contados a partir de este martes, 19 de abril, para presentar su solicitud.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anticipará 13 millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura para compensar la pérdida de producción en el sector platanero como consecuencia de la erupción volcánica de La Palma.

Según ha informado este jueves la Consejería en un comunicado, en el Valle de Aridane se ha contabilizado hasta el momento aproximadamente la pérdida del 80% de la producción de plátano, mientras que en el municipio de Fuencaliente una afección aproximada del 50%.

A medio plazo y hasta el final de la cosecha, se irá evaluando el daño de producción real definitiva de cada productor para el pago de las pérdidas totales. Se está tramitando ya la orden que permitirá proceder a la concesión y los pagos, con la previsión de su publicación a final de mes.

Para las pérdidas de producción por ceniza en las explotaciones plataneras, las ayudas se tramitarán sin que los propios cosecheros tengan que inscribirse en el registro único de afectados. En el caso de pérdida de fincas por la lava, daños en infraestructuras, invernaderos o plantas, los propietarios deberán inscribirse de forma individual en el registro de afectados.

Desde la Consejería se está tramitando una convocatoria de la medida 5.2 del PDR para subvencionar, además de la reconstrucción de invernaderos, otros conceptos como otras infraestructuras, maquinaria o reposición de plantas.

Con respecto al POSEI, se ha propuesto a la Unión Europea que se mantengan las cantidades de referencia a pesar de que se reduzcan de forma considerable las ventas de plátano, y que se exima de la obligación de vender un mínimo del 70% de la producción.

También se ha solicitado que se mantenga la cantidad de referencia para los propietarios de fincas sepultadas por la lava.

Por último, se está trabajando en un diagnóstico de suelo agrario que pueda ser utilizado para reiniciar la actividad de las fincas sepultadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado este jueves al sector agrario y ganadero de La Palma que todo el producto dañado o que no se pueda comercializar “será indemnizado”, así como que financiarán la restauración o reconstrucción de las explotaciones destruidas a través de ayudas al desarrollo rural.

Así lo ha detallado el ministro durante una reunión telemática con representantes del sector agrícola y ganadero de la isla, a quienes ha asegurado que el Gobierno está “firmemente” comprometido, ha detallado el ministerio a través de una nota remitida a los medios de comunicación.

El ministro ha defendido que el Gobierno ha actuado “con rapidez” y citó como respaldo las medidas aprobadas ya por el Ejecutivo para reparar los daños ocasionados por el volcán, cifradas en 20,8 millones de euros, de las que 14 millones serán compensaciones directas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Planas ha expresado su deseo de retomar, cuanto antes, la visita a La Palma, prevista inicialmente para este jueves, pero que no se ha podido realizar debido a las complicaciones para volar con los efectos del volcán.

El ministerio prevé que 4,3 millones de euros irán a la restauración de infraestructuras comunes, como por ejemplo caminos o conducciones de regadío, 2 millones para subvencionar la financiación de avales para créditos que soliciten titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, armadores de barcos de pesca, o pymes, que se instrumentarán a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), así como una reducción en los índices de rendimiento neto del IRPF, además de los 500.000 euros previstos para el sector pesquero.

El ministro ha querido dejar claro que no son cifras definitivas y que todas las ayudadas aprobadas hasta ahora son cantidades estimativas, a la espera de conocer cómo evoluciona la situación, y ha reiterado que el Gobierno tiene el firme compromiso de aportar los recursos que sean necesarios para la reconstrucción de La Palma.

A la reunión por videoconferencia han asistido, entre otros, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias, Alicia Vannostende, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández y el vicepresidente y consejero de Agricultura, José Adrián Hernández, entre otros representantes institucionales.

Por parte del sector han acudido las organizaciones profesionales agrarias Asaga, UPA, COAG, ASPA y Palca; las dos organizaciones representativas de los productores de plátanos (Asprocan y Asepalma); la asociación frutícola Aguascan, la cooperativa de flor cortada Próteas La Palma, la Asociación Cabra Palmera y la Denominación de Origen Vino de La Palma.

Representantes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la feria Fruit Attraction 2021, durante el que les ha trasladado que se cubrirán tanto las pérdidas de producción afectadas de forma directa e indirecta, como los daños a las infraestructuras agrarias por el volcán de La Palma.

En un comunicado, Asprocan asegura que Planas también ha querido transmitir al sector todo el apoyo del Gobierno de España a la isla de La Palma y a todos sus agricultores, y ha asegurado que está siguiendo el tema, muy de cerca, de mano de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, el ministro Planas ha querido confirmar que tiene previsto visitar próximamente la isla de La Palma y mantener una reunión con Asprocan para conocer de primera mano la situación del sector en la isla.

“Esta visita será importante para trasladar al ministro la gravedad de la situación del sector platanero de la isla y agilizar la gestión y tramitación de las ayudas directas para los afectados por la erupción del volcán”, concluye la nota de la patronal del plátano.

Este martes, el Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños causados por la erupción volcánica de La Palma por un importe total de 208 millones de euros.

En el documento aún no se refleja el importe exacto de ayudas que recibirá en los próximos meses. El texto habla de “compensar” los perjuicios provocados por la erupción y “restaurar” las infraestructuras rurales de uso colectivo previas a la catástrofe. Habrá subvenciones a los armadores y tripulantes de los buques pesqueros con puerto base en Tazacorte y otros puertos que no han podido salir a faenar estas semanas.

De la gestión de estas ayuda, compatibles con el resto de acciones impulsadas por el Gobierno de Canarias, se encargará el Ejecutivo autonómico en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, el Estado promoverá la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública en que se puedan reubicar las explotaciones agroalimentarias afectadas.

En Canarias apenas existe alimento para ganado de producción local. Prácticamente todo se trae de fuera de las islas, principalmente de Península o de otros países de la Unión Europea (UE). Y otro año más, se ha agotado antes del verano los 4.000.000 kilos de materiales vegetales, como ensilados de alfalfa y raigrás, sujetos en 2021 al Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el mecanismo diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el abastecimiento en las islas de productos que escasean o directamente no existen en el Archipiélago. En concreto, hasta el 26 de julio se había consumido el 99,7% del cupo de los citados piensos y solo quedaban 12.468 kilos para importar con las correspondientes ayudas.

Desde hace años, el alimento para ganado de importación se agota en el primer semestre a causa del acaparamiento por parte de los grandes operadores en las islas, que luego venden en función de la oferta y la demanda. La opción de disponer de este producto a un coste menor para los ganaderos cobra mayor importancia en la coyuntura actual de precios elevados, a causa de un incremento de la demanda en el mercado internacional. Ante este escenario, el Ejecutivo regional ha aprobado en un Consejo de Gobierno una modificación del REA, con la que permite importar 4.000 toneladas más de ensilados de alfalfa y raigrás hasta final de año, aumentando la partida correspondiente de los 200.000 a los 400.000 euros, con una ayuda de 50 euros por tonelada importada. Además, ha propuesto introducir 125.000 euros para fomentar la producción propia de forraje en las islas en la ficha adicional del Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la Insularidad (Posei) de 2022. 

Pero no ha sido el único cambio que se ha realizado. En total, el REA cuenta con una partida de 62 millones que se distribuyen en ayudas a un listado de productos, desde carnes a frutas tropicales o arroz. Se subvencionan los que se traen desde la Unión Europea y se aplica una exención el pago del Arancel Aduanero Común de la UE a productos de terceros países. Mientras que se decidió aumentar la cuota de los ensilados (un proceso de conservación del forraje que permite mantener las cualidades nutritivas del pasto original), disminuye el balance de paja y de alfalfa y raigrás. 

Estos productos también se destinan a la alimentación animal y antes de 2018 se incluían en una partida unitaria, es decir, se importaba de forma conjunta y se le asignaba una sola subvención. Pero desde ese año, para tratar de solucionar el acaparamiento, el Gobierno de Canarias decidió separarlos: a inicios de este año ha permitido importar hasta 47 millones de kilos de paja, con una ayuda de 58 euros por tonelada, y 67 millones de kilos de alfalfa, con una subvención de 69 euros por tonelada.

Pero hasta julio de 2021, la importación de estos forrajes ha sido inferior al de los ensilados. A las islas llegó el 45,4% de toda la paja que se podía traer con ayudas y el 57,6% de alfalfa y raigrás. Con la modificación aplicada para el resto del año, las partidas económicas disminuyen y se reduce la cantidad total de dichos forrajes que se pueden traer a las islas: 8.000.000 kilos menos de paja (un total de 39.000 toneladas) y 6.000.000 kilos menos de alfalfa y raigrás (61.000 toneladas en total). Si bien, las ayudas por tonelada permanecen inmutables.

En cuanto al cupo de cereales para la industria del pienso (cebada, avena, maíz o pipas de girasol), la cantidad que se puede importar con ayudas se mantiene (269.500 toneladas), pero se modifica la distribución: 2.400 toneladas se retiran de la subvención de la UE y se incluyen en la exención arancelaria, es decir, se amplia el número total de kilos que se pueden traer de terceros países sin tener que pagar el Arancel Aduanero Común de la Unión Europea.

También aumenta el balance de dos partidas de la leche y nata de importación. La correspondiente a estos subproductos sin concentrar se incrementa en 1.200 toneladas más, al casi agotarse en julio la cantidad que se podía traer desde la UE; y el subtipo de leche y nata en polvo, sube en 425.000 kilos más (hasta un total de 18.000 toneladas). 

Además, desde terceros países aumenta en cerca de 500.000 kilos más la carne de pollo congelada que se pueden traer con ayudas, al cubrirse el 100% de la cuota asignada durante los primeros siete meses del año: pasa de 375 a 875 toneladas. El Gobierno de Canarias también ha aumentado en 2.000.000 kilos más la cantidad de aceite vegetal importable en el REA, pasando de 14 a 16 toneladas en total, al cubrirse el 63,2% de la partida hasta julio. Por contra, se podrán traer a las Islas 4 toneladas menos de preparados lácteos subvencionados, cuya cuota aún permanecía sobre el 90% disponible.

El Ejecutivo regional ha enviado a Bruselas una propuesta para modificar el REA de cara a 2022 que cuenta entre sus principales novedades con un nuevo balance para la apicultura, dotado con un total de 400.000 kilos importables con una ayuda de 70 euros por tonelada y otro para azúcares industriales, con hasta 28.000 toneladas. También se fija un incremento de la cuota para los ensilados de alfalfa y raigas hasta las 7.000 toneladas, así como una mayor partida para la carne de pollo congelada, la leche y nata sin concentrar y para la concentrada en polvo. Además, se establece para toda la anualidad una disminución de la cantidad de paja (que baja hasta las 3.000 toneladas) y de alfalfa y raigrás, cuyo balance desciende hasta las 2.950 toneladas.

Modificación del Posei para 2022

Los 62 millones del REA están incluidos en el Posei, cuyo objetivo, además de garantizar el suministro desde fuera de las islas, también es fomentar el autoabastecimiento de productos frescos, el acceso a otros mercados o el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales. Con una ficha financiera total de 268,4 millones de euros, se distribuye con 141,1 millones solo para el plátano y otros 65,2 millones para el resto de actividades ganaderas y agrícolas.

En mayo de 2020, la UE acordó que las Islas seguirán recibiendo la misma cantidad durante el sexenio que abarca de 2021 a 2027 y no se recortarían unas compensaciones esenciales para la supervivencia del sector primario en el Archipiélago. Desde 2007 se incluye una ficha adicional que abona el Gobierno central, que aporta más fondos al sector primario (exceptuando al plátano). Para 2022, el Ejecutivo regional ha aprobado una propuesta de modificación para aumentar la dotación de la ganadería (de 8,9 a 9,7 millones) y reducir la de la agricultura (de 19 a 18,2 millones).

En concreto, se disminuyen las ayudas destinadas a los cultivos de vides que producen vino con denominación de origen de Canarias, su embotellado o su competitividad exterior, además de la plantación de papa de mesa o aloe vera, olivos y cochinilla; por contra, aumentan las dotaciones a la comercialización de frutas y hortalizas y a la de flores, plantas y esquejes. En la producción animal, se reduce la ayuda a fomentar el consumo de carne fresca, pero aumenta la ayuda al sector vacuno, a la producción local de huevos de gallina y se introduce unos fondos de 125.000 euros para contribuir a la escasa producción de cultivos forrajeros.

Además, en el documento que se envía a Madrid para su aprobación y al que ha tenido acceso este periódico, se incluye un complemento de ayuda de 130 euros por tonelada de frutas tropicales de producción local que se comercialicen fuera de Canarias, como la papaya o el mango. Y, entre otras modificaciones respecto al programa de 2021, se reclama facilitar la presentación telemática de las solicitudes a la ayuda del Posei.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este 2 de junio la convocatoria de las ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el uso de riego agrícola en las islas, por un importe de 8 millones de euros.

Los fondos se destinan a subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de agua destinada al riego agrícola desde pozos y galerías o producida en las plantas potabilizadoras de Canarias durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Las personas interesadas podrán cursar sus solicitudes desde el 3 de junio hasta el próximo 2 de julio a través de la sede electrónica del gobierno de Canarias.

En un comunicado, la Consejería indica que para el cálculo de las subvenciones se tendrán en cuenta los costes asumidos por los peticionarios a la hora de obtener el agua de riego procedente de la desalación, de la extracción de aguas de pozos o de galerías para riego agrícola. Esta subvención establece un sistema de compensación que garantiza la moderación de los precios del agua elevada desde pozos y galerías, desalinizada, regenerada o reutilizada, hasta alcanzar un nivel equivalente al de la península.

Se trata de una ayuda anclada en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias desde 2018 tras las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2017. El Gobierno central transfiere los fondos y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca establece los criterios del reparto. Los fondos correspondientes a 2019 llegaron a las islas en diciembre del año pasado y en febrero de 2021 se incorporaron a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Han pasado cuatro meses desde que se incluyeron en las cuentas regionales hasta que el área responsable ha publicado las bases.

La Dirección General de Agricultura reconoció un retraso en esta convocatoria debido a los trámites burocráticos llevados a cabo para introducir cambios en la orden para otorgar las ayudas, tras mantener una reunión a principios de año con organizaciones agrarias para abordar mejoras en la forma de concederlas. En concreto, el Gobierno regional explicó a este periódico que se pretendía garantizar que solo accedieran a estos fondos aquellas personas que se dedicaran a la agricultura.

Entre otros requisitos, el BOC refleja que la eficiencia energética representará al menos el 50% de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada. El importe anual de las ayudas por beneficiario no debe ser superior al 30% del volumen de negocios anual que el beneficiario obtiene en la región ultraperiférica. No será subvencionable el coste eléctrico de aquellos bombeos no utilizados directamente en la obtención del agua destinada al riego agrícola, así como tampoco el agua destinada al riego de zonas verdes o cualquier otro uso no agrario. Y los beneficiarios deberán someterse a controles para garantizar que su actividad es la correcta.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, ha señalado que “con esta ayuda se garantiza a los regantes unos precios asumibles en la obtención del agua destinada a regadío y equiparados al resto del territorio español”, porque “conseguir agua en Canarias es mucho más complicado y caro que en otros territorios por las singularidades del Archipiélago, así como por los efectos del cambio climático, por lo que estas ayudas son muy necesarias para el sector primario de las Islas”.

Canarias es uno de los territorios de España en los que más dinero cuesta comprar agua para riego agrícola. Las escasas lluvias, los acuíferos, pozos o embalses en manos privadas, que fijan un precio en función de la demanda, condicionan, entre otros factores, que el acceso al recurso por parte de los agricultores suponga un sobrecoste respecto a Península. En las islas, más del 68% de la superficie cultivada es de regadío, de origen subterránea o desalada. Y para compensar los gastos de los profesionales del campo, en los Presupuestos Generales del Estado cada año se destina una partida de 8 millones de euros. Pero las esperas de los agricultores para poder solicitar y recibir el dinero se pueden alargar más de un año.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca es la administración encargada de tramitar la resolución y la orden para especificar los requisitos para acceder a la ayuda, una vez recibe los fondos estatales. En 2020, concedió los 8 millones a los regantes en función del agua consumida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. Las bases se publicaron en julio de 2019 y casi un año después, se publicó la orden. Con las ayudas correspondientes a 2017, lo mismo: se concedieron en 2019, repartidas entre 28 solicitantes. 

En marzo de 2021 aún no se han publicado las bases para las ayudas correspondientes a 2019, a pesar de que la Consejería dispone de los fondos desde diciembre de 2020. El área que dirige Alicia Vanoostende mantuvo una reunión a principios de este año con organizaciones agrarias para abordar cambios que quería reflejar en la nueva orden para la convocatoria que preveía lanzar en febrero. 

La Dirección General de Agricultura achaca la tardanza a los trámites burocráticos necesarios para introducir novedades. Y anuncia que ya la nueva orden para lanzar la convocatoria de 2019 ha pasado todos los tramos jurídicos y se encuentra en el Boletín Oficial de Canarias a la espera de que sea publicada, algo que prevé que suceda la próxima semana.

El director general de Agricultura, Augusto Hernández, explica que durante el encuentro el Gobierno regional planteó unas propuestas de base y se escucharon las iniciativas de las organizaciones agrarias. “Las llevamos a servicios jurídicos y algunas no tenían encaje porque tienen unos condicionantes muy estrictos al estar marcados por el reglamento de la UE, pero otras sí se incorporaron”, relata.

Entre los 14 grupos que acudieron a la reunión estuvo la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca). En concreto, Pablo Carmona, secretario insular en El Hierro de la entidad, quien asegura que la administración les trasladó que pretendía fijar requisitos distintos para acceder a los fondos. Por ejemplo, recuerda que la Consejería pretendía limitar los fondos a personas que consuman más de 420 metros cúbicos por año alegando que “es difícil controlar cuando son pequeños gastos”. Palca se oponía a esta medida porque considera que se excluiría a pequeños regantes que no llegan a dichas cantidades.

Hernández detalla que finalmente esa propuesta no se incluirá. Reconoce que se planteó fijar una cantidad mínima de metros cúbicos que justificara la ayuda con el objetivo “de evitar la picaresca”. Porque hay solicitantes que “tienen césped en su jardín y mantienen un pozo, usan energía para extraer agua y se les abonaba la ayuda a pesar de que no desarrollaban labores de agricultura”. 

Pero finalmente quitaron esa iniciativa porque podría afectar a agricultores que no llegaban a la cantidad mínima y en su lugar han establecido que quien quiera acceder debe justificar que el agua es para riego agrícola. Además, entre otros requisitos, Hernández resalta que para poder solicitar las ayudas se necesitará acreditar que el volumen máximo de negocio sea del 30% dedicado a otra actividad distinta a la agricultura. 

En cualquier caso, Carmona dice que no entiende por qué las ayudas se retrasan tanto. “No es algo lógico”. El secretario insular de Palca en El Hierro remarca la importancia de que los 8 millones de euros lleguen a los regantes porque en las Islas el precio medio a unos 0,35 céntimos el metro cúbico de agua para riego si proviene de pozos o acuíferos y asciende hasta los 0,50 céntimos el coste de producir agua desalada, dos o tres veces más que en Península.

Que Canarias tenga 8 millones de euros para riego agrícola fue fruto de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en los que fue fundamental el apoyo de Pedro Quevedo (Nueva Canarias) que fue denominado el diputado 176, al ser su voto necesario para sacar adelante las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta medida quedó fijada también en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado en 2018.

“Esta orden es bastante problemática y suele ser polémica porque se considera que hay agravios comparativos”, añade Hernández. De hecho, la propia consejera de Agricultura ha reconocido que “todos los años se producen retrasos en la aprobación de esta medida”. 

Los retrasos en el pago de las ayudas de 2019 también se han debido, según el director general de Agricultura, a que los fondos llegaron a las islas en diciembre de 2020. “Llegaron tarde por la pandemia”. Normalmente, asegura, estas ayudas se transfieren al Archipiélago en los meses de junio o julio “y durante el verano” pueden iniciar la convocatoria para que el pago sea efectivo antes de ese final de año. Así, Hernández espera que los 8 millones correspondientes a 2020 puedan ser otorgados también antes dl 31 de diciembre de 2021. 

No se tocará un solo solo euro del Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la Insularidad (Posei) para Canarias. El pasado 27 de mayo, la Unión Europea (UE) acordó que las Islas seguirán recibiendo los 268,4 millones de euros que le corresponden cada año, desde 2021 hasta 2027. El sector primario del Archipiélago temía que se llevara a cabo la propuesta sugerida en 2018 por la Comisión Europea de recortar un 3,9% la ayuda ante el Brexit. Una merma de 70 millones de euros menos. La gravedad de esta acción llevó a organizaciones del sector, patronales, instituciones canarias y eurodiputados a hacer un frente común para evitar la perdida de unos fondos fundamentales para sostener la agricultura o la ganadería en un territorio con una superficie reducida para cultivar, difícil orografía, escasas lluvias o altamente dependiente de la importación de determinados productos.

Con la ratificación de Bruselas, el reparto se ha mantenido de forma similar a años anteriores: intactos los 141 millones de euros para el todopoderoso subsector platanero; 65,2 millones distribuidos entre las otras actividades agrarias y ganaderas, donde se establecieron algunos cambios respecto al año anterior. Y 62 millones para abaratar la importación de productos, la misma cifra que en 2020, pero con algunas variables respecto a la cantidad destinada a cada partida.

El Posei tiene como objetivos principales fomentar el autoabastecimiento de productos frescos, facilitar el acceso a otros mercados, el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales y también garantizar el suministro desde fuera de las Islas. Para ello, los fondos contemplan desde ayudas por hectárea para el plátano, la papa o las vides a subvenciones por la adquisición de animales para la producción ganadera, como vacas o cabras, y por su reproducción; también se recoge el respaldo económico a la comercialización de papas o tomates y miles de euros destinados a reducir los costes de la importación de forraje. 

Es el Gobierno de Canarias la institución convocante de las ayudas, que se otorgan en base a una serie de requisitos antes del 30 de junio del año siguiente a la campaña anterior. Por ejemplo, este año se perciben las cantidades previstas en el Posei de 2020. Y para el que ha sido ratificado por la UE para el presente curso, se deberá abonar antes del verano de 2022.

Entre las novedades de la nueva ficha financiera del Posei de 2021, que establece el listado de grupos beneficiarios y sus cantidades, destaca la supresión de una partida de 6,3 millones de euros destinada a la comercialización fuera de Canarias de frutas, como el tomate, hortalizas y plantas y flores. La ayuda se mantiene, pero de otra forma, y los fondos se distribuyen entre diferentes partidas. En su lugar, se creó una nueva acción para la readaptación a los mercados con el objetivo de paliar los efectos de la salida del Reino Unido de la UE.

En el caso del tomate, un cultivo muy mermado por los efectos de la plaga denominada ‘mancha negra’, cuenta con una partida específica para los productores que se dedican a la exportación, con 5,3 millones de euros. Además, debido al Brexit, la UE ha aceptado una modificación para que los fondos por hectárea se incrementen desde los 15.000 a los 24.000 euros, una medida celebrada en el sector, que demanda ayudas urgentes para paliar las pérdidas estimadas en 4.000 toneladas.

Los agricultores de tomate también pueden acceder a la ayuda de 21,5 millones de euros contemplada para la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, así como flores y plantas no comestibles. Se trata de la partida con mayor presupuesto dentro de las actividades agrícolas, exceptuando el plátano, y que más ha aumentado respecto al año anterior (6,3 millones más). Las compensaciones para mantener cultivos de vides (3,7 millones), el embotellado de vino (231.000 euros) y su comercialización exterior (48.265 euros); las ayudas por hectárea de papa (6,1 millones) o los fondos destinados a los productores de Aloe Vera y Olivos (83.151 euros) continúa igual.

En cuanto a la cabaña ganadera, destaca un aumento de las ayudas para el sector vacuno hasta los 5 millones de euros, para el suministro de animales reproductores de razas isleñas (hasta los 2 millones de euros) y en la reposición de vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias (500.000 euros). Por contra, desciende la aportación europea al consumo de carne fresca de cabras y ovejas de origen local, de 1,2 millones a 660.000 euros.

La otra pata del Posei: el REA 

El Régimen Específico y de Abastecimiento (REA) es otra de las medidas contempladas en el Posei que posibilita eximir del pago de tasas aduaneras a las empresas canarias que importen a terceros países y otorga una ayuda directa por cada tonelada que provenga de un país de la UE. El Gobierno de Canarias modifica y actualiza cada año un listado de los productos acogidos al REA, desde carnes a cebada o arroces. En dicho documento se recoge su cuantía y ayuda correspondiente, que nunca debe superar los 72,7 millones euros asignados, y tiene que ser ratificado por Madrid y Bruselas.

Para 2021, al igual que el año anterior, el REA suma 62 millones. Entre otras modificaciones respecto a 2020, destaca una reducción de los fondos destinados a la importación de carne de bovino, de quesos y de paja destinada a insumos. Durante los últimos años, muy poco a poco, la dotación del REA ha ido disminuyendo, lo que implica que parte de estos recursos se han ido trasladando a ayudas para el sector primario canario, siguiendo una de las principales demandas de organizaciones agrarias del Archipiélago: potenciar las producciones locales y reducir las ayudas a productos que compiten con alimentos de las Islas.

Fondos adicionales

Desde 2007, los 268,4 millones de euros que destina la UE al Posei canario se mantienen congelados. Ese año, Bruselas autorizó incluir una ficha adicional financiada por el Gobierno de España, casi en exclusiva, y Canarias, de la que excluye el plátano, que se financia exclusivamente con fondos comunitarios. En 2020, la cifra ascendió hasta los 293,4 millones de euros, con 16,3 millones para la producción vegetal y 8,6 millones para la animal. Y este año se prevén 28 millones de euros: 19,1 para agricultura y 9 para ganadería.

Se financian con los presupuestos generales, tanto estatales como autonómicos, por lo que tardan más en ser abonados, y se destinan a compensar los pagos que no pueden ser cubiertos por completo por el Posei de la UE. Estos fondos aportan la mayor parte de las ayudas destinadas a la la readaptación a los mercados, con casi 3 millones de euros. Principalmente, en la actividad agrícola, se distribuyen a apoyar a la comercialización de frutas, verduras y plantas no comestibles (7,1 millones), al cultivo de la papa (1,2 millones), las vides (3,6 millones) y el tomate de exportación (2 millones). En la ganadería, la mayor aportación se centra en el consumo de productos de leche de vaca de origen local, con 3,2 millones de euros, y a los productos lácteos procedentes de cabra y oveja de origen local. Además, la producción y comercialización de cochinilla se nutre exclusivamente de estos fondos adicionales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves en Tenerife que los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para el periodo 2023-2027, que ascienden a 268,5 millones de euros, llegarán “íntegramente” al archipiélago, y añadió que de esa cantidad, más del 50% (141 millones) se destinarán exclusivamente al plátano.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con motivo de su visita oficial de dos días a las islas, donde tiene previsto reunirse con los representantes de diferentes sectores agroalimentario y pesquero del archipiélago y conocer de cerca la realidad y singularidad productiva de las islas. El ministro estará este jueves en Tenerife y este viernes en La Palma.

En su intervención, el ministro quiso recordar que en la propuesta inicial de la Comisión Europea, los fondos destinados al POSEI se cifraban en 258 millones, por lo que se ha comprometido ante el presidente canario a que, ya sea en la discusión que tendrán todos los ministros de Agricultura de los Estados miembro a final de mes en el marco del cierre del acuerdo de la PAC o en la conferencia sectorial prevista para la primera quincena del mes de junio, quedará confirmada esa decisión, que tildó de “absolutamente necesaria”.

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, agradeció al ministro que visite de nuevo el archipiélago para “dar la cara” ante los distintos representantes del sector primario, y quiso poner en valor que, después de negociaciones “muy duras”, finalmente sea posible que el POSEI vuelva a tener una ficha financiera semejante a la que ha tenido en periodos anteriores. “ES una magnífica noticia para todos los sectores que precisan en Canarias de esas ayudas”, afirmó Torres.

Dentro de la agenda prevista para esta jornada, el ministro se reunirá con representantes de las federaciones canarias de cofradías de pescadores, un sector que considera importante no sólo por la pesca extractiva, sino también por toda la actividad económica y social que en torno a las comunidades pesqueras y al litoral se plantean.

Luis Planas también se reunirá en el día de hoy con representantes del sector de la flor cortada y del vino, dos sectores que considera “muy importantes”, y mañana viernes, en La Palma, con representantes de las organizaciones de productores de plátano y los máximos responsables de Asprocan.

Visita La Palma

Mañana viernes, a las 10.15 horas, el presidente y el ministro visitarán las obras de regadío de la Balsa de Vicario y conexión hidráulica de la laguna de Barlovento con el Canal de Garafía-Tijarafe, que se llevan a cabo en el municipio de Tijarafe. En la visita también estarán presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández; y el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo.

A las 12.10 horas, el ministro y el presidente de Canarias ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación para informar de la jornada de visita en La Palma. Y a las 12.30 horas, Ángel Víctor Torres y Luis Planas se reunirán con representantes de las organizaciones de productores de plátano y los máximos responsables de Asprocan en el Parador de La Palma, en Breña Baja.

Más de la mitad de las ayudas que reciben los productores de la fruta estrella de Canarias se repartió entre el 5,9% de los profesionales dedicados al cultivo de plátano en 2020. La fruta más subvencionada del Archipiélago recibe 141 millones de euros, en el marco del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrícolas (Posei) de Canarias, aparte de 10 millones de euros anuales en ayuda directa estatal al transporte. Cada kilo se compensó con 0,32 euros y la producción total el año pasado fue de 443.000 toneladas. Los fondos europeos y estatales se repartieron entre 6.928 solicitudes que fueron aceptadas: tan solo 410 beneficiarios recibieron 74,5 millones de euros, porque obtuvieron más de 200.000 kilos anuales. Entre estos beneficiarios, por ejemplo, se encuentra Félix Santiago Melián, quien a través de su grupo empresarial produce en torno 12 millones de kilos en 175 hectáreas.

Por contra, según datos recogidos por el economista Juan S. Nuez en la revista Agropalca, el 70% de las solicitudes aceptadas para acceder a los fondos (4.842 productores) solo pudo acceder a 21,8 millones, al obtener menos de 40.000 kilos. Y en el punto intermedio, con un rendimiento de entre 40.000 y 200.000 kilos, se ubican 1.676 beneficiarios (el 24%), que recibieron 44,5 millones de euros.

Además, el número de solicitantes de ayudas continúa en la misma dinámica descendente de los últimos años. En 2012 fueron un total de 8.386 peticiones en total y en 2020 se han presentado 7.593, según datos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Esta última cifra es ligeramente inferior a la que ofrece la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que señala que existen “más de 8.000 productores” en las Islas para oponerse a la aprobación la Ley de la Cadena Alimentaria sin una excepción que recoja la singularidad de la fruta isleña.

La patronal platanera ha denunciado que si se mantiene en la Ley, que se está tramitando, un precio mínimo para el plátano en un contexto de libre mercado se destruiría “entre el 25 y el 30% de la producción anual”, afectando a una actividad de la que viven “15.000 familias”. Además, esto en un escenario en el que debe competir con la banana americana importada en Península, que se ofrece a un precio inferior al del plátano y sin la exigencia de cumplir las mismas normas fitosanitarias. 

La oferta de plátano y banana en Península

En la misma línea que los últimos años, 2020 volvió a pintar un panorama nada halagüeño para la venta del plátano canario en Península, según los datos de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, que recoge mensualmente el blog Hojas Bananeras del economista Juan S. Nuez. Su cuota de mercado osciló entre el 38 y 53%, mientras que la banana importada ocupó casi la mitad la oferta para los consumidores, llegando en algunos meses incluso a estar por encima de un espacio que históricamente ha pertenecido a la fruta isleña.

Los datos indican que el año pasado se exportaron desde Canarias hacia Península un total de 382.133 toneladas, lo que supuso un aumento respecto a 2019 de casi 20.000 toneladas. Esto muestra un incremento de la producción comercializada a pesar del descenso de productores. Y durante 2020 se importaron más de 324.204 toneladas de banana, un 10% menos que en 2019, principalmente desde Costa Rica y Colombia, pero también de Costa de Marfil.

Los datos de diciembre del año pasado, además, muestran que los consumidores de Península y Baleares tuvieron más oferta de banana que de plátano, con 3 millones de kilos más de la fruta importada respecto a la del Archipiélago. Esto da como resultado que el total de la oferta disponible en Península y Baleares, entre plátano y banana, ascendió en diciembre a 65,8 millones de kilos.

Pero parte de esa cantidad se destina a la reexportación hacia otros países de la UE, principalmente Portugal, al no poder absorber el mercado toda la fruta. Así, se destinaron a otras zonas unas 7.966 toneladas, pero se desconoce cuántos fueron plátanos o bananas porque Aduanas no desagrega el dato. Así, en Península y Baleares se vendieron un total de 57.891 toneladas en el último mes de 2020 entre ambas frutas. Y atendiendo a este aspecto, en todo el año los consumidores tuvieron acceso a un total de 614.100 toneladas de plátanos y bananas.

Sin embargo, los datos de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria no son los únicos que sirven para fijar la cuota de mercado del plátano. Asprocan considera que estas cifras pueden presentar “márgenes de error” porque “los movimientos intracomunitarios condicionan los datos”. Y, en base al panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, asegura que la cuota de mercado del plátano en Península se ha situado en un 60% durante 2020.

Además, resalta que la cuota de mercado “no tiene sentido si no se relaciona con el precio en verde obtenido por los productores para una oferta dada”, que fue de “0,91 euros en 2020”. Porque “la prioridad del sector es la rentabilidad del mayor número posible de productores”, independientemente de cuando obtengan la fruta, ya que “no son los mismos productores los que producen todo el año”.

“Contrariamente a lo que ha sucedido en el resto de Europa, donde el 2020 ha marcado un récord de abastecimiento de banana de importación, en España la situación ha sido totalmente la contraria”, señala Asprocan. En este sentido, resalta que el volumen de plátanos enviados a Península el año pasado aumentó un 6% respecto a 2019 “mientras que las importaciones de banana bajaron”. Aunque matiza que a pesar del incremento de envíos desde las islas, “lamentablemente” no se consiguió compensar la disminución de la oferta total.

Atendiendo nuevamente a los datos de Aduanas, únicos disponibles para 2021, desde enero a febrero Canarias envió a Península y Baleares 70.497 toneladas de plátano, mientras que se importaron 56,7 millones de kilos de bananas. Febrero ha marcado una diferencia importante entre la cantidad procedentes de las Islas respecto a la de terceros países, con cerca de 11.000 toneladas más. Sin embargo, cabe destacar que se han reexportado unas 16.159 toneladas en los dos primeros meses del año, con lo que la oferta total para los consumidores entre ambas frutas se situó en 111.128 toneladas, una cantidad inferior a la del mismo periodo del año pasado.

Elecciones en Asprocan

El 29 de abril se celebra la asamblea general de Asprocan en la que se elegirá al presidente de la patronal, que actualmente ostenta Domingo Martin desde marzo de 2017. El orden del día especifica que también se nombrará al Comité Ejecutivo, se presentarán datos de producción y comercialización del plátano en 2020 y se tratarán asuntos como la Ley de la Cadena Alimentaria o las ayudas del Posei. 

Además, se expondrán las actividades que se desarrollarán durante 2021, así como el presupuesto y las cuotas con las que contará Asprocan, que aglutina a las seis Organizaciones de Productores de Plátano isleñas, como Coplaca o Europlátano. Hasta la fecha, Asprocan ha informado que no hay confirmados otros candidatos a la Presidencia de la organización de productores.