El próximo 27 de febrero arranca la campaña electoral en nuestra comunidad. Castilla y León, decidirá entre seguir perdiendo otros cuatro años de la mano de Mañueco y Vox, o apostar por un futuro de cambio, como el que representa Carlos Martínez, que vuelva a colocar a la gente en el centro de las políticas públicas.

Castilla y León no se merece seguir teniendo un presidente que convocó elecciones en 2022 para deshacerse de Ciudadanos, y acabó entregando el Gobierno de la Junta a la ultraderecha.

El resultado está a la vista: cuatro años perdidos en los que la alianza de la derecha y la ultraderecha no ha mejorado la vida de la gente, ni ha traído un proyecto de comunidad más ambicioso. Tampoco nos ha dado la estabilidad política que necesita nuestra tierra para resolver sus problemas, que son muchos.

Mañueco es el responsable de haber convertido a Castilla y León en el laboratorio donde el Partido Popular abrió por primera vez las puertas de las instituciones a la ultraderecha. Un experimento con consecuencias reales en la vida política y social de nuestra comunidad.

Durante estos años, hemos visto cómo se cuestionaban las políticas contra la violencia de género, se atacaba la memoria democrática, se ponían en riesgo derechos de las mujeres, o se negaba el cambio climático, mientras se debilitaban con ahínco servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.

Todo, por obra y gracia de un presidente que antepuso su proyecto personal, a un proyecto plural e integrador para toda la sociedad de esta tierra.

La realidad es simple: Castilla y León ha pasado cuatro años atrapada en las contradicciones de un gobierno nacido del interés partidista. No del interés general. Un Ejecutivo con conflictos internos, bloqueos presupuestarios y una inestabilidad permanente que ha impedido abordar los problemas reales de la gente.

Y esos problemas siguen ahí: pueblos sin médicos, consultorios cerrados o con horarios recortados, jóvenes que se marchan porque no ven futuro, agricultores y ganaderos con incertidumbre permanente y sin apoyos, y unos servicios básicos cada vez más deteriorados.

Castilla y León no puede resignarse a la despoblación, a la falta de oportunidades, ni al deterioro de sus servicios. Vivir en un pueblo no puede ser una desventaja. En Castilla y León no sobra ningún pueblo.

Esta campaña no va de meter miedo. Va de decir la verdad. Vox no es un partido cualquiera. Donde entra, exige retrocesos en derechos y libertades, e impone una confrontación social y unas políticas que dividen a la ciudadanía. Y el Partido Popular ya ha demostrado que, cuando le conviene, está dispuesto a aceptar todo eso, y mucho más.

Esto no se puede repetir. Está en nuestra mano apostar por el cambio y construir una alternativa de la mano de Carlos Martínez y el PSOE, o seguir en el ostracismo y el aislamiento en el que nos ha metido Mañueco y su socio ultra.

Nuestro primer compromiso es claro. Los socialistas somos tajantes. Lo que es de todos, se defiende con uñas y dientes. Por eso, queremos una sanidad rural con médicos estables y consultorios abiertos. Queremos reforzar la educación pública en pueblos y barrios, y garantizar una atención a la dependencia sin listas de espera interminables.

Necesitamos un plan real para el campo. Un campo al que le sobran discursos y le faltan soluciones: precios justos para agricultores y ganaderos, apoyo a la modernización, relevo generacional, y un impulso decidido a nuestra industria agroalimentaria que genere empleo local. Quien vive en un pueblo paga los mismos impuestos y merece los mismos derechos.

Queremos una comunidad para quedarse a vivir. El problema de muchos jóvenes no es ideológico: es vital. Sin empleo y sin vivienda, no hay proyecto de vida.

Por eso, vamos a impulsar vivienda asequible para jóvenes, con bonificaciones al alquiler y ayudas a la compra en el medio rural. Vamos a promover empleo joven ligado a la industria, la digitalización y la transición energética, sectores que están generando oportunidades en toda España.

También necesitamos transporte y conectividad dignos en todo el territorio. Castilla y León no puede ser una tierra para estudiar y marcharse, sino para quedarse a vivir.

Queremos una comunidad basada en los derechos, la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres. Un proyecto común que no dependa de la ultraderecha, ni de los intereses partidistas de los de siempre.

Castilla y León no puede ser el proyecto de un partido sin principios como el PP, ni de un gobierno dividido y rehén de la ultraderecha. Tiene que ser el proyecto de toda su gente: de quienes viven en los pueblos y en las ciudades, de quienes trabajan la tierra y de quienes emprenden, de jóvenes y mayores. De todos.

No estamos para más experimentos. Castilla y León se merece un proyecto de cambio y de futuro que vuelva a poner a la gente en el centro. Y ese cambio empieza con una mayoría progresista del PSOE que mira hacia adelante y construye futuro. Castilla y León se merece más. Mucho más.

En ninguna parte está escrito que la Junta de Castilla y León pertenezca al Partido Popular, aunque se comporten como si así fuera. Le pertenece a la ciudadanía, y esta sabe que los problemas estructurales de nuestra tierra no pueden resolverse por quienes llevan décadas gobernando para unos pocos, profundizando la desigualdad territorial, social y económica. Cada año miles de amigas, familiares, vecinos, se marchan a otros lugares, porque no ven que puedan construir un futuro, un proyecto de vida aquí.

Nuestra tierra no está condenada. La despoblación, la precariedad, el deterioro de los servicios públicos y la crisis ecológica no son una maldición: son el resultado de decisiones políticas que han priorizado el beneficio privado frente al interés general.

Basta de resignación. Es el momento de dejar de ser periferia. Para ello, es imprescindible recuperar la iniciativa pública y democrática: planificar un modelo productivo e industrial distribuido, diverso y verde, que genere empleos de calidad. Un modelo que se apoye en nuestra universidad pública, la investigación y el conocimiento, garantizando transferencia tecnológica al servicio del bien común y no de la especulación.

Aprovechemos nuestras inmensas capacidades para liderar la transición energética. Hagamos de la energía un derecho, no un negocio oligopólico. Reduzcamos su consumo, garanticemos el acceso universal y la redistribución de la riqueza. Impulsaremos un modelo público y cooperativo, justo y descentralizado, que cree empleo y revitalice comarcas como Villablino, Fabero o Guardo. La transición ecológica solo será justa si es también social: nadie tiene que quedarse atrás.

Esta transición energética debe ir de la mano de una revolución en el campo. Tenemos una gran riqueza agrícola y ganadera que debe ser garante de nuestra soberanía alimentaria. Rechazamos el modelo de macrogranjas y de grandes empresas que monopolizan la distribución de productos del campo, pagándolos a precios de miseria y usando la tierra y los animales como forma de especulación. Nuestra apuesta es por un modelo agroecológico basado en pequeñas y medianas producciones, la cooperación, los circuitos cortos de comercialización y precios justos que fijan población en el medio rural. Bajo el asfalto está la huerta y para la vida en la ciudad es necesario cultivar la alianza entre el campo y la ciudad.

Defender el campo es también defender derechos laborales, condiciones de vida dignas y relevo generacional para quienes quieren vivir y trabajar en él.

Castilla y León necesita una intervención pública decidida en materia de vivienda, entendida como derecho y no como mercancía, Es urgente poner en marcha un plan de emergencia habitacional que declare zonas tensionadas, tope el precio de los alquileres y movilice el parque vacío con alquileres sociales vinculados a la renta, promover vivienda pública y protegida para repoblar el medio rural. Garantizar vivienda digna y accesible es, a la vez, la primera urgencia social y la mejor apuesta para retener y atraer población. La vivienda pública debe ser estructural, permanente y blindada frente a la especulación, no un parche coyuntural.

Pero una vivienda digna es solo el primer pilar. Para que la vida sea plena, necesitamos redoblar nuestro compromiso con los servicios públicos de calidad en todas las comarcas. La apertura de consultorios y escuelas rurales, o de servicios a la dependencia, no se puede ni se debe medir en términos de rentabilidad económica inmediata. Al contrario: son una inversión a medio y largo plazo para atraer población a esas comarcas. Como lo es también el transporte público. Necesitamos redes de transporte metropolitano en torno a las ciudades, ferrocarril de cercanías ágil y frecuente y soluciones versátiles para conectar los núcleos más pequeños con sus cabeceras de comarca. Para ello debe abandonarse toda lógica de privatización en la sanidad, la educación y los cuidados que tienen que ser 100% públicos, con empleo digno y estable y entender lo público no como la prestación de un mero servicio, sino como elemento estratégico de vertebración del territorio.

Gozamos de un incomparable patrimonio histórico y cultural que debe ser preservado y potenciado. Hay que proteger nuestros bienes de interés cultural y “superar la utilización partidista y excluyente de la tauromaquia por la pasión hacia nuestro arte, arquitectura y etnografía. Primar la cultura de base sobre el mero espectáculo. Incentivar las industrias culturales, velando por los derechos laborales de profesionales con particulares condiciones de precariedad e intermitencia. La cultura es un derecho, no un lujo, y debe estar presente en todo el territorio, no solo en las grandes ciudades. Llevaremos la cultura del centro a cada rincón, priorizando la creación local sobre el mero espectáculo.

Y con tanta o más intensidad debemos preservar nuestro patrimonio natural, y prevenir los incendios durante todo el año mediante una política forestal pública, profesionalizada y bien financiada con salarios adecuados. Proteger nuestra biodiversidad, seña de identidad y valor esencial de nuestra comunidad. Y cuidar de forma constante el equilibrio de los ecosistemas.

Por último, defendemos una Castilla y León solidaria, en la que no se levanten muros ni fronteras sino pasarelas que permitan que quienes vengan de fuera puedan adaptarse a vivir con nosotras y nosotros. Nuestra defensa de Castilla y de León no es un gesto contra nadie sino a favor de una Comunidad con menos desequilibrios. Castilla y León no quiere ser más ni menos que nadie. Y construimos país desde la diversidad, con justicia y equilibrio entre todas. La diversidad es una riqueza y la acogida, una oportunidad para reconstruir comunidad y futuro.

Nuestra tierra es una tierra de gente trabajadora que pide la palabra para llevarla allende nuestras fronteras, queremos construir otra Castilla y León posible junto con mucha otra gente que quiera venir aquí a construir un futuro digno para la Comunidad y para quienes la habitamos. Exigimos respeto, derechos y futuro para Castilla y León y para quienes la habitan.

En España muchas personas celebramos la aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales como un avance largamente esperado. Por primera vez, el Estado reconocía una realidad que llevaba décadas sosteniéndose en silencio: la existencia de miles de gatos comunitarios en nuestras calles y la necesidad de gestionarlos de forma ética, sanitaria y eficaz. Se visibilizaba así la labor voluntaria de cuidado animal y de sostenimiento de salud pública que venimos realizando miles de personas y asociaciones por toda nuestra geografía.

La ley es clara: la responsabilidad de esa gestión recae en los ayuntamientos. Y no se trata de una recomendación, ni de una opción política. Se trata de una obligación legal para todos. Ayuntamientos grandes y pequeños. El enfoque también es claro: la metodología científica avalada internacionalmente, el método CER (captura, esterilización y retorno), acompañado de pautas mínimas de alimentación, limpieza, seguimiento sanitario, mediación vecinal y acciones de convivencia.

Pero hay una realidad incómoda de la que se habla poco: una ley puede ser moderna, necesaria y razonable… y aun así fracasar si nadie la hace cumplir.

La trampa: obligación sin consecuencias

Hoy, a casi tres años de la aprobación de la Ley 7/2023 (anunciada con antelación y con margen para adaptarse), la situación en buena parte del territorio resulta alarmante: muchos ayuntamientos siguen sin implementar un programa CER real, otros sólo lo anuncian sin ejecutarlo, y algunos incluso mantienen ordenanzas o promueven normas que entrarían en conflicto con la legislación estatal.

Todo esto tiene una consecuencia simple: cuando no se esteriliza, nacen camadas. El problema no desaparece; se multiplica. Y con él aumentan también los conflictos vecinales, los riesgos sanitarios, los abandonos y el sufrimiento animal. Pero lo más grave es el mensaje social que se transmite: se puede incumplir una ley durante años sin consecuencias reales, siempre que quien incumpla sea una administración.

¿Qué ocurre cuando incumple un ciudadano? La contradicción es tan evidente que duele. Cualquier persona sabe que si recibe una sanción administrativa —por tráfico, por impuestos, por una obligación fiscal— no hay margen. Si se retrasa, la cuantía aumenta. Si se acumula deuda, llegan recargos, apremio y embargo. Y en poco tiempo, el mecanismo de presión hace que el sistema funcione: pagas o pagas. El ciudadano es perseguible, sancionable, exigible. Pero cuando es un ayuntamiento quien incumple, el sistema se vuelve lento, borroso e inofensivo. En la práctica, el castigo es inexistente. Y esa asimetría es devastadora para la confianza democrática: la ley no se aplica igual a todos.

La paradoja: la ley que “protege” … expone

Otra paradoja desoladora es que, mientras la ley establece obligaciones municipales, el peso real sigue recayendo en quienes siempre lo hemos sostenido: las asociaciones de protección animal y las gestoras de colonias, que durante años hemos trabajado de manera voluntaria, a menudo invisibilizadas, con frecuencia perseguidas o amenazadas y casi siempre pagando de nuestro bolsillo lo que debería asumir la administración.

Somos nosotras quienes ponemos el tiempo, el coche, las jaulas trampa, los traslados, las capturas y los retornos. Quienes limpiamos. Quienes mediamos con vecinos. Quienes pagamos tratamientos. Quienes asumimos urgencias veterinarias a cualquier hora. Quienes nos llevamos a casa animales enfermos. Quienes lloramos cuando no llegamos a tiempo. Y lo hacemos no porque queramos sustituir al ayuntamiento, sino porque no hacerlo significa asistir a un sufrimiento constante y un descontrol creciente. Es decir: la inacción institucional convierte el voluntariado en un rescate permanente.

Y cuando finalmente estas asociaciones intentamos reclamar lo mínimo (gastos veterinarios y alimentación, lo básico para que el CER exista) no encontramos un sistema que proteja nuestra labor: nos encontramos con un muro. Y esto, mientras la ley también ha abierto la puerta al oportunismo: la entrada de empresas sin trayectoria real en gestión ética de colonias felinas, más interesadas en acceder a contratos municipales que en garantizar una gestión especializada y comprometida, desplazando a quienes llevamos décadas sosteniendo el trabajo desde el voluntariado y el conocimiento práctico.

David contra Goliat. Un Estado de derecho que no protege al que cumple

Aquí aparece el mayor problema democrático de todo esto: la ciudadanía queda expuesta. Porque reclamar el cumplimiento de una ley no debería exigir abogados, años de registros, desgaste y contenciosos. No debería ser una batalla asimétrica en la que una asociación pequeña, sostenida con donaciones o aportaciones personales, se vea empujada a tribunales frente a una administración con recursos, tiempo y estructura.

La Justicia se convierte entonces en una carrera de resistencia para quien menos puede resistir. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante: si no tienes dinero, tiempo y fortaleza emocional para sostener una batalla legal, tu derecho —y el cumplimiento de la ley— se vuelve simbólico.

Preguntas inevitables a quienes deben hacer cumplir la ley

Y ante este panorama, cabe una pregunta incómoda —pero imprescindible— dirigida a las administraciones competentes: ¿qué proponen mientras tantos ayuntamientos siguen desobedeciendo abiertamente la ley, sabiendo ustedes que ocurre y sin adoptar medidas eficaces? ¿Por qué al ciudadano se le exige el cumplimiento inmediato de cualquier norma, con un régimen sancionador rápido y contundente, mientras que a la administración se le permite incumplir durante años sin consecuencias reales?

La Ley 7/2023 no nació “ayer”. Se aprobó con un periodo de adaptación, se anunció con antelación y en total han pasado ya casi tres años, más que tiempo suficiente para que cualquier entidad local hubiese activado, al menos, medidas mínimas de gestión ética de colonias felinas.

Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer mientras llega ese cumplimiento “algún día”? ¿Esperar pacientemente a que la administración “se habitúe”? ¿Esperar mientras nuestros bolsillos se vacían sosteniendo con recursos privados una obligación pública? ¿Esperar mientras las personas voluntarias nos desgastamos emocionalmente y quemamos nuestra vida en una tarea que debería estar respaldada por instituciones? ¿Y qué ocurre con los animales que ni siquiera cuentan con una asociación cerca? ¿Cuántos nacimientos, enfermedades y muertes son aceptables durante esta espera?

Porque no se trata de una discrepancia política o de un debate ético: cuando se permite por inacción que continúen situaciones de abandono, enfermedad y sufrimiento evitables, estamos ante maltrato animal tolerado en la práctica, resultado directo de no hacer cumplir la ley al infractor institucional.

Y llegados a este punto, la cuestión se vuelve todavía más desoladora: ¿se pretende que el voluntariado sostenga indefinidamente el incumplimiento municipal y, además, asuma el coste de reclamarlo? ¿Se espera que las asociaciones se vean obligadas a solicitar responsabilidad patrimonial? ¿Y quién cubre entonces los gastos de abogados, los riesgos procesales, las horas de trabajo perdidas, los costes emocionales, y todo lo gastado durante años en veterinarios y alimentación? Porque sí, algunas entidades reciben subvenciones puntuales. Pero incluso en el mejor de los casos, esas ayudas cubren una parte mínima de lo que cuesta sostener una gestión real, constante y profesionalizada. El resto lo pagan los voluntarios con dinero, tiempo y salud.

El problema no son los gatos: es la democracia

Este no es un debate solo animalista. Es un debate de legalidad. De convivencia. De buen gobierno. Porque cuando una administración decide que una obligación legal no le interesa y nadie se lo exige con firmeza, el mensaje para la ciudadanía es desesperanzador: hay leyes que se cumplen y leyes que se ignoran. Y las que se ignoran, suelen ser precisamente las que protegen a los más vulnerables.

La pregunta final no es solo por qué hay ayuntamientos que no gestionan colonias felinas. La pregunta real es: ¿De qué sirve una ley si no existe un sistema efectivo que obligue a cumplirla? Hasta que la respuesta sea algo más que un papel, el precio lo seguiremos pagando quienes llevamos décadas sosteniendo el problema: personas voluntarias, entidades pequeñas, y animales que, por no tener voz, quedan a merced de la indiferencia institucional.

Tengo un sobrino con una sonrisa tan amplia como su profundo ritmo caribeño. Es un niño pausado, minucioso, con sangre de abeja, que desde que aprendió a caminar —de genuflexión en genuflexión— ha sido el reverente de margaritas y gazanias, y el recolector oficial de caracoles de la casa. Este ilustre coleccionista de ámbar y fósiles es un niño lento: un pequeñuelo que pone a prueba tu paciencia cuando se eterniza desayunando, vistiéndose o paseando. El otro día, mientras sus padres le apremiaban para subir a las cumbres nevadas de Sanabria, más arriba del lago, con la vocecita de su orgullo magullado protestaba: “No soy siempre el último de clase, solo el penúltimo”. 

Yo, lenta recalcitrante, antivelocista del camino de Santiago, mariposa Macaón de la bici que se entretiene con cualquier fresa silvestre, quisiera contarle que en ocasiones llegar el último es la prueba fehaciente de haber disfrutado del camino, que marchar despacio te permite conectar más intensamente con el entorno porque —veraz tautología— ese instante que sucede solo sucede en ese instante. Aunque bien pensado, creo que lo sabe, lo sabe con sus huesos alargados, lo cela en su cofre de los tesoros y lo retiene en sus pupilas. Es un niño notable, con un toque extravagante de potencial naturalista. Y sé que algún día descubrirá que ese gusto suyo por la pausa, esa ternura suya hacia los seres diminutos es la vanguardia de un mundo nuevo. 

Desde Sanabria, pajarean estas palabras hacia las montañas de León y aterrizan en Villamanín. Estas navidades, las nevadas trajeron el gordo. Los jóvenes de la Comisión de Fiestas del pueblo fueron los responsables de la dicha y la desdicha, ya que cometieron un error gravísimo al no consignar un talonario completo de 50 papeletas vendidas. En la práctica, esto significa que hay 50 papeletas que carecen del respaldo de sus diez décimos premiados, y que, por lo tanto, esos 4 millones de euros no se pueden cobrar. La disyuntiva es clara: repartir el dinero de los 80 décimos aceptando una quita para que todos los premiados tengan su porción de suerte o sumergirse en un complicado y larguísimo proceso judicial que dejaría esos 26 millones en un limbo legal durante años. En prensa y en la radio se escuchan los testimonios de algunos vecinos partidarios de renunciar a una pequeña parte de su premio: «Me da igual cobrar un 10% menos porque he ganado un 90», explicaba Inmaculada con una buena dosis de benevolencia hacia los integrantes de la Comisión. No hay otro camino; colectivizar el error y compartir el premio, abjurar de la avaricia son las mejores opciones para una comunidad herida por el azar.

Como mi pequeño sobrino, en esta tercera década del siglo en la que ya hemos traspasado siete de los nueve límites planetarios, estos vecinos que aceptan una quita en sus papeletas premiadas son los prefigurantes de un porvenir deseable. Como mi pequeño sobrino, también estos vecinos representan un ser social imprescindible para afrontar las múltiples crisis ecosociales en las que estamos sumergidos. Pues el signo de este siglo es aprender a compartir el espacio y el tiempo, a colectivizar la pérdida y abrazar la renuncia.

Un reciente estudio publicado en Nature Climate Change el pasado diciembre, proyecta un aumento drástico en la desaparición de glaciares en todo el globo, que alcanzará su punto álgido entre 2041 y 2055, con la desaparición anual de hasta unos 4.000 glaciares en función de las medidas que tomen hoy los gobiernos. Los glaciares se pierden, la Antártida reverdece y, por primera vez en la historia reciente de la humanidad —aprovechando el deshielo—, se abre una ruta comercial que atravesará el Ártico para que los cachivaches fabricados en China lleguen más rápido a Europa.

La Ruta de la Seda Polar, así llamada, realimentará la fuerza motriz del capitalismo fósil que impulsa hacia arriba las emisiones de CO2. Este es el estado de las cosas: cuanto más cerca está Shein, nuestro único futuro amable está más y más lejos.

Y es que, aunque nos quieran hacer creer que esto de la descarbonización va de cambiar refinerías por granjas fotovoltaicas o de cambiar el coche de combustión por el eléctrico, no es así. El planeta no tiene recursos para sostener un parque automovilístico creciente de 1.500 millones de coches y es indistinto que la energía que los anime sea la gasolina o una batería. El modelo por cuestionar es el privilegio de que todos tengamos un coche a la puerta de nuestras casas. Lo que necesitamos es una sociedad organizada en torno al transporte público en la que los coches privados dejen paso a los coches compartidos (y subrayo el adjetivo compartidos). Necesitamos sociedades que acerquen los servicios a las personas —y no al revés— minimizando la movilidad y reforzando la cercanía.

Del mismo modo, las renovables en sí mismas no solo son petrodependientes, sino que además son incapaces de sostener procesos industriales de alto requerimiento energético. Y así nos engañamos, sumergidos en trampantojos que nos impiden reconocer que estamos desterraformando nuestro único planeta habitable mediante un sistema económico que —con el crédito metabólico de los hidrocarburos— está en continua expansión colonizándolo todo, incluida nuestra atmósfera.

Delante de nosotros, en un mundo translimitado en el que el espacio vivible está en disputa, se nos abren dos caminos. Abrazar la autocontención, la sobriedad y el reparto, construyendo sociedades más lentas, igualitarias y decrecentistas o ahogarnos en un mundo oscuro, vertiginoso, en el que de invasión en invasión arañaremos los posos de nuestros recursos energéticos para matarnos los unos a los otros y arruinar la belleza y el fondo bienhechor de nuestra biosfera.

A veces dialogo con el futuro y me cuenta que mi sobrino será un hombre de paz, discípulo de Frans de Waal, de Edward O. Wilson o de Jane Goodall.

La ley que tantas veces se ha tratado de consensuar con los diferentes paridos políticos representados en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a ser paralizada por enésima vez a causa de las más de 100 enmiendas del PP a un documento que no contiene más de 70 páginas; a lo que hay que sumar la Presidencia en las Cortes de Castilla y León de un partido claramente contrario a la igualdad entre personas, ya que siempre se amparan en el articulo 14 de la Constitución a sabiendas de que su aplicación no es efectiva del todo. El panorama para las personas LGTBI+ en Castilla y León no parece que vaya a tener mejores visos en el año 2026, ya que la convocatoria de elecciones para el mes de marzo hará que todo el trabajo realizado se quede en agua de borrajas. Y no vale las promesas electorales que el partido de la Junta de Castilla y León volverá a mostrar en este tema, porque a muchas entidades LGTBI+ de esta región nos parece que su palabra vale menos que la paja del discurso en que se envuelve.

Sigue siendo desalentador comprobar que en los centros escolares el protocolo ante acoso por cuestiones de orientación afectivo-sexual apenas se pone en marcha, que el desconocimiento que existe en el profesorado ante estos temas es muy alto, que lo referente a los menores trans sigue dando reparo y rechazo y el silencio sigue siendo la norma prioritaria. Y siguiendo con el tema de las personas trans, la atención recibida en las escasas unidades hospitalarias de la comunidad autónoma dejan de lado una parte significativa de las cirugías, las cuales han de ser desarrolladas en otras comunidades autónomas y sin que hasta la fecha se sepa si se mantiene en vigor ese convenio ni su financiación. Pero siguiendo con la atención médica a las personas LGTBI+, aún se detectan casos de discriminación hacia aquellas personas con VIH, ya sean seronegativas o seropositivas, dedicándoles discursos moralizantes acerca de sus prácticas sexuales. Y si la salud ha de ser integral, en el caso de las residencias de personas mayores, existe un desconocimiento de la realidad vivida por las personas LGTBI+, las cuales desafortunadamente deben volver “al armario” ya que su dignidad no es reconocida.

Se dice que mens sana in corpore sano, pero aún tenemos demasiados ejemplos de rechazo en el mundo del deporte hacia las personas LGTBI+, principalmente en el deporte masculino, donde las burlas orales, los chistes y comentarios soeces hacen que la práctica del deporte en esos ambientes sea difícil. Y no deja de ser llamativo que Segovia, la Ciudad Europea del Deporte 2025 no haya dedicado una jornada a este tema, ya que no vale con hablar de “diversidad” (mujeres, discapacidad, racismo) pero luego no tratar el fenómeno de la lgtbifobia en particular. El mundo laboral es otro terreno abonado a la lgtbifobia, ya que las empresas se muestran reticentes a aplicar los protocolos en este terreno y ni siquiera las administraciones públicas se salvan de ello, ya que en las convocatorias de varias Diputaciones a diferentes puestos se ha comprobado que el temario LGTBI+ brilla por su ausencia o está recogido de una manera que obliga quienes opositan a reclamar estas situaciones, con el consiguiente perjuicio en el desarrollo de las mismas.

Me hubiera gustado haber realizado un resumen del año que finaliza más optimista, porque ya empezó en su momento con la negación por parte de un párroco a varios hombres gays de la comunión, y si así empezó espiritualmente, el fallecimiento del papa Francisco, y la llegada del nuevo pontífice tampoco han supuesto un cambio en la doctrina de la Iglesia Católica, la cual mantiene firmemente el obispo actual de Segovia, así como el resto de la Conferencia Episcopal Española. Lo cual me recuerda la oposición tan fuerte que hace 20 años atrás mostraron ante el Matrimonio Igualitario y cómo ese movimiento puede que sea el responsable de que en Castilla y León apenas se produzcan matrimonios entre personas del mismo sexo.

Quisiera que el nuevo año sea más igualitario y que las personas LGTBI+ tengamos por fin la cobertura legal correspondiente a la comunidad autónoma en las competencias delegadas y que no seamos marcadas, señaladas ni tampoco empleadas como justificación para agitar el miedo y buscar “chivos expiatorios” ante situaciones que no tienen una solución simple.

Los necios creen que controlar la acción política de nuestros administradores públicos es un asunto de bandos. Y se equivocan. Creen que si gobiernan los próximos todo es tolerable y “debe” desaparecer el espíritu crítico, el espíritu decente. Así estamos llegando a una democracia agónica, que en realidad nunca se ha consolidado, donde los administrados pintamos poco y los administradores se creen con derecho de pernada. Los administrados además de putas ponemos la cama y pagamos los platos rotos

Érase un señor que se llamaba Álvarez Cascos, vicepresidente del gobierno de Aznar, que en pleno boom inmobiliario decidió financiar las infraestructuras ferroviarias del país con la especulación del suelo. Especulación expresamente prohibida por la Constitución Española. De aquellos polvos vienen los lodos que hoy sepultan la ciudad de la mano de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

Desde que se creó la SVAV en 2003 han pasado 22 años, con 6 directores generales o ejecutivos, encargados de impulsar y coordinar, responsables de la estrategia y la gestión de los objetivos de la Sociedad. Todos ellos con unos sueldazos de escándalo (superiores a los del presidente del Gobierno) a pesar de que ninguno de ellos ha cumplido con objetivo alguno, ni en la fase del soterramiento, ni en la fase de la integración ferroviaria.

Los hemos tenido desde el que no pisó por Valladolid más de un día a la semana, como Antonio Cabado, a los “mandados” de Adif, o los que solo se han dedicado a mover papeles de un sitio a otro con una indolencia absoluta. Es hasta posible que los accionistas de la sociedad después de nombrarlos estuvieran por una vez de acuerdo en su incompetencia. Pero todos, y digo todos, han hecho gala de una desidia escandalosa, lavándose las manos como Pilatos, mediocres e irresponsables.

Da igual. A todos los socios les ha dado igual. Es como si la cosa no fuera con ellos, y por ende con nosotros. ¿Y qué decir del cuerpo de abogados del Estado, asesores de “élite” que ni siquiera saben convocar adecuadamente una Junta General? Pues todos tan anchos, y ni un poquito de vergüenza. Como no la tuvo Suárez-Quiñones, en las últimas reuniones retransmitidas en directo, bostezando con las intervenciones de Carnero, o el propio Carnero con asistencia “móvil” para que le “chivaran” qué tenía que decir. Él, en realidad, es solo un pollo sin cabeza.

Cierto es que el origen del desastre es el delirio del alcalde Carnero, el gran estafador. Pero el voto determinante del caos fue el del consejero Quiñones y sus acólitos, representantes de la Junta, de los intereses regionales, no de los intereses políticos de su colega de partido. De hecho y de Derecho los representantes de la Junta no han explicado en ningún momento cuáles son las ventajas de su arbitraria decisión para la Comunidad Autónoma.

Quien ha devastado el territorio con su no-gestión de los incendios de mierda, volvió a hacer gala de su desvergüenza “sin líneas rojas”. ¿Él vota lo que le dice el alcalde de turno? ¿Él, que es La Administración? ¿O es su forma de hacer “justicia” política enterrar con cenizas todo lo que toca?

Primero 20 años para pensarlo y después otros 20 para tirar un montonazo de dinero, para concluir con el menos que nada, volviendo al siglo pasado. Brillante gestión señores. Delirante la del alcalde Carnero, estafador de libro, desleal con la ciudad hasta el tuétano. Ruinosa la de Suárez-Quiñones disponiendo de más de 33 millones de fondos regionales aportados sin que nadie en la Cortes de Castilla y León le haya pedido explicaciones por acompañar a Carnero en su delirio, y traérsela al pairo la nueva estación de autobuses en Delicias que pagaba la SVAV.

El señor de Soria que quiere ser alcalde de todos en marzo, ¿se entera de algo? No parece. Ni siquiera los suyos han confiado en que en marzo exista la más mínima posibilidad de cambiar los porcentajes en la SVAV, y desbancando al devastador Suárez-Quiñones, alcanzar la mayoría suficiente para continuar con lo pactado, el Convenio de Integración de 2017.

Y así tenemos que ni Junta ni Ayuntamiento han comprendido el verdadero alcance del pacta sunt servanda y confían en que los jueces repitan la jugada de las comfort letter y todo se quede en “una actuación negligente despreocupada” que al parecer los administrados tenemos el deber de soportar.

El infausto 24 de noviembre Valladolid sufrió un apagón del futuro sin visos de que se restablezca la línea. 120 millones de euros de inversión en la ciudad han pasado a un limbo devastador, con el boludo aplauso de empresarios y comerciantes. ¿Qué podemos esperar? ¿Volver a las velas?

Para dar comienzo a este relato o misiva, he de remontarme a mi infancia. Nacer en un pueblo, marca, con todo lo que ello conlleva. El contacto de un niño con la Naturaleza, era como una gran escuela libre. Pero no todo eran enseñanzas, o, mejor dicho, sí lo eran. Había, como era de suponer, chiquillos de cada padre y madre, con los que en ocasiones compartías largos ratos las tardes de asueto. Claro está, el mirar y observar en un niño, desde su perspectiva, predominaban normalmente a las conversaciones. No era raro ver o encontrarse con otro niño y soltar posiblemente una de las preguntas más recurridas del mundo infantil: –¿qué estás haciendo? –. En otras ocasiones bastaba observar y observar y al poco rato, sentir el deseo de imitar. Ya nos vamos acercando a uno de los escollos, si de lo que se trata no es precisamente bueno ante los ojos de Dios.

Con las vacaciones estivales el tiempo de holganza era prácticamente de la mañana a la noche, salvo encomiendas o recados maternales. En esos largos tiempos, era inevitable dar, acompañado de algún cómplice, en hacer alguna picia, de las que los mayores veían, unas veces bien y otras con malos ojos, aludiendo al archiconocido dicho: son cosas de chiquillos.

En una de estas, miro, observo y acto seguido imito, resultó ser de lo más reveladora, por lo trágico de la lección en el desenlace. Le había pedido algo de dinero a mi madre para ir a comprar lo que los había visto a otros chicos. Me acerqué a la plaza del pueblo, donde había una de esas tiendas miscelánicas que tenía un gran mostrador de madera de un color oscurecido por el uso, las manos y el tiempo. Apoyando mis manos sobre éste, le pedí al señor Palmiro, un señor alto y delgado que portaba un guardapolvos de color ocre claro, aquello que vi y deseaba tener como los otros chicos. –Aquí tienes muchacho, son veinte pesetas–. Con las mismas, me apresuré a volver a casa para poner en marcha aquel artilugio metálico. Cogí un trocito de pan de la cocina y raudo me acerqué a uno de esos montones de mies que se secaban en la era. Puse cuidadosamente abierto con los dos semicírculos tensionados de cobre con una varilla que armaba el artefacto dentro del grano, de tal manera que solo asomaba el trocito de pan que había pinchado en el centro.

Regresé a casa y tras un buen rato en otros quehaceres, oí la voz de mi madre –vamos, que es hora de comer–. Comí a toda prisa y salté de mi banqueta para salir pitando a la calle. Hacía un calor intenso propio del verano. No había nadie en la calle y el silencio era absoluto. Tan sólo una ligera brisa sonaba entre las copas de los árboles. Llegué a la era y me acerqué sigiloso a la montaña de grano. Recuerdo que me faltaba el aire por la prisa con la que salí corriendo y mi corazón estaba agitado. Sobre el amarillo pajizo del grano había algo oscuro.

Mi corazón palpitaba más y más fuerte según me iba acercando. Efectivamente, la máquina había atrapado a un gorrión. Era un precioso gorrión macho, con su bonita pechera negra. Saqué de esa trampa maldita su cuerpecito y lo sostuve mirándolo sobre mis manos. Tenía el cuello roto y su cabecita se iba para todos los lados. Debió ser una muerte horrible, pensé. En un momento inesperado, se dejó atraer con sus saltitos, no precisamente a por un insecto que estuviera encima del grano, fue directo hacia ese trocito de pan blanco. Un trocito de pan puesto con engaño le sedujo y saltó hacia él, sin saber que ya no volvería a ver más la luz del sol, ni a su pareja y muy probablemente su pequeña prole de polluelos. Mi trampa, mi ballesta floreciente de alambre de cobre, le había arrebatado la vida de un golpe. Yo era el culpable. Poco a poco, me fue entrando una tristeza que no pude resolver en tiempo.

Esos malos aprendizajes de ver a otros niños, habían surtido su efecto. Ver la realidad cruel, que implica matar a un animal. Un pequeño pajarito que vuela alegre y vive junto a nosotros para enseñarnos lo frágil que es la Naturaleza, si no ponemos de nuestra parte. Ese desenlace y todas las reflexiones en ese momento y las posteriores, me hicieron ver con otros ojos y labrar en mi corazón un amor incondicional a los animales. Aún puedo ver colgada de la vieja cuadra, sobre la blanca pared encalada, la ballesta colgada de una punta sin aquel brillo de metal reluciente, ahora polvorienta y cubierta de telarañas formará parte del recuerdo como parte de mi historia.

Hecho el preámbulo en lo que a mi testimonio ser refiere, seguiré este relato con las siguientes impresiones que espero poder transmitir de seguido el núcleo de la cuestión. Ustedes juzgarán. Es una manera de hablar. Por ahora hablaremos no de pájaros, que ya les llegará su momento a las aladas criaturas su momento, hablemos de gatos. De esos bellos e inteligentes animales, provistos de una genética y anatomía naturales, capaces de realizar las destrezas más sorprendentes. Hablar de gatos, también me hace recordar esos anclados dichos populares de nuestros ancestros. “Te han dado gato por liebre”. Pues, sí, tristemente los gatos, sin yo ser un erudito en la materia, me consta que este pobre animal, ha sido perseguido por unos y por otros.

Cuando digo unos y otros, me refiero a todos aquellos que, movidos por la ignorancia, el hambre o el dinero, han demostrado en todo momento el más mínimo cargo de conciencia y apego por este ser animal. Le han cazado, envenenado, capturado, maltratado; bien para fingir en el guiso ser un conejo o liebre, por tener éstos anatomías parecidas, la más absoluta ignorancia y, o, creencias malignas envenenándolos o por un macabro divertimento. O aquellos que los capturaban para venderlos a las facultades de medicina o veterinaria, para que estudiaran sus cuerpos los jóvenes estudiantes. Esto último lo sé de buena tinta.

Afortunadamente, algunas, –no suficientes a mi modo de ver– variaciones evolutivas en los comportamientos y valores han hecho al hombre, al que llaman sapiens, tener más consideración hacia los animales en general, y a los gatos en particular. Afortunadamente como digo, han surgido defensores y amantes de los gatos, hasta el punto que, podría decirse que se han equiparado a los amantes de los perros. De hecho, me consta, que no pocas familias o parejas o mujeres u hombres, tiene en sus casas como animal de compañía gatos. Algunas o algunos, también me consta que no sólo tienen un gato, pueden tener una pequeña ONG en casa con unas cuantas criaturas de estas que por unas u otras circunstancias han ido adoptando para constituirse en una gran familia. Puestos ya con la Ley en la mano, que da título a este relato, anotaré que recientemente han sido considerados, tanto gatos, perros y el resto de animales de compañía, como miembros de la familia. Si alguien lee dicha Ley se dará cuenta, que es sustancialmente mejorable, aunque algo es algo.

Sin apartarme mucho del tema, una preguntilla a los que redactan las leyes. Si existe la familia numerosa como tal para humanos y ahora los animales que cohabitan con estos humanos son considerados miembros de la familia, ¿por qué no prevén algunos tipos de beneficios o descuentos que puedan repercutir en la economía de esa familia solidaria por el número de animales recogidos, alimentados y cuidados, en los que obviamente se incluyera una deducción en las facturas veterinarias? Reflexión hecha. Sigo con el hilvanar de esta historia.

Es bien sabido, que algunas personas solidarias, optan no sólo por atender a su gato o gatos que tiene en casa, sino que también emplean su tiempo y su dinero para atender y alimentar a los que están en la calle. Estos son los llamados cuidadores de colonias felinas, personas altruistas que lo único que reciben a cambio es la propia satisfacción de hacer el bien y el cariño que les profesan los gatos que atienden y alimentan. Luego están otros que han heredado aquel desapego infundado de los tiempos pretéritos y odian a los gatos. Les odian hasta tal punto, que son capaces de matarlos de la forma más mezquina: envenenándolos. La gran mayoría, no llegan a tanto, pero desde luego no pueden ni verlos y recurren a la sombra del mal en tirar, romper o robar los comederos, bebederos y refugios, todo esto punible según la Ley. Luego están los que, si tienen gatos en las instalaciones en pleno campo y les molestan, les detestan hasta el punto de que les gustaría que desaparecieran.

No piensen mal. Desaparecer en el sentido, figurado de que llegara un hipotético flautista que encantara con su melodía a los gatos de esa colonia y se los llevara a hacer puñetas donde le plazca, con tal de que ella, –pues es de ese género, si se me permite la expresión y el juego de palabras, la sujeta sin predicado–, no les volviera ver por allí nunca más. Ahora mismo estoy hablando, mejor dicho, he llegado, o la causa por la cual, me aventuré a garabatear estas líneas, con las que no es otra mi intención, que poner el dedo en la llaga.

Pongámonos a ello con pequeño preámbulo. Paseaba o corría por los caminos que salen del pueblo donde vivo y advertí que, en una de las tierras próximas al camino, había dos gatitos muy pequeños que parecían estar solos. Uno era blanco y negro, igualito que mi pequeño Pip, que tristemente desapareció y la otra, pues resulto fémina, de color siamés, de carita idéntica a mi Tiny. Pensé que podían estar abandonados o le había pasado algo a su madre. A mi regreso volví a verlos y no pude por menos que pensar, que los había visto no por casualidad, porque las casualidades no existen, sino porque me habían desaparecido los hermanos de mi Bell, Pip y Tiny.

De alguna manera mi mente y mi corazón lo establecieron así; nos habíamos encontrado en el camino por una razón insondable y decidí actuar en consecuencia. Así fue, al día siguiente, salí a correr y llevé un poco de pienso de gatos pequeñines y se lo puse junto a árbol cerca donde les había visto el día anterior y continué mi camino. Al regresar de nuevo por allí, observé que estaban comiendo los dos gatitos. Esto me produjo una gran satisfacción. Harán dos años desde entonces de mi adopción en plena naturaleza, pues, aunque ellos me tienen infinito apego y muestras de cariño, he comprendido y creo que ellos también, que allí, donde nacieron, en el campo junto al río es su lugar, donde viven felizmente rodeados de otros animales y en libertad.

En uno de esos trayectos que hago habitualmente cada dos días para llevarles comida a Kitt y Ammy, observé desde el camino a una distancia considerable de los míos, diría al menos de media legua, junto a una cerca que separa las instalaciones de una gran empresa que gestiona y explota la conservación de carreteras, unos gatitos tomando el sol de la mañana. Les había de diferentes colores, aunque predominaban unos blancos y negros y blancos con manchas negras y pardas. Me pregunté si estarían atendidos, pues aparentemente parecían presentar un buen estado de salud. Un buen día decidí indagar un poco y llamé una tarde por teléfono. Supuestamente, alguien vive en esas instalaciones, imagino que también cumpliendo funciones de guarda. Es señor que me atendió al teléfono, parecía una persona sencilla y amable intentando darme la información que precisaba y que resultó, efectivamente, – que nadie se ocupaba de los gatos, que ellos se las apañaban con los desperdicios o lo que cazaban–. Me instó a que pasara un día por la mañana para que me informaran mejor de la situación. Y eso hice. –Hola buenos días, ¿qué desea? –me preguntó un señor que abrió la puerta de una de las dependencias de las naves. –Hola, buenos días, desearía hablar con el gerente o responsable–, le interpelé.

Al poco aparecieron en el pasillo estrecho de acceso a la nave, varias personas más entre las cuales, había una señora que parecía querer tomar la delantera a los otros, queriendo mostrar su supuesta jerarquía y mayor diligencia en resolver asuntos a lo que el resto asentían con su silencio. –Sobre qué tema sería–. Interpeló ella (he aquí la sujeta sin predicado) en un tono vivo y seco. Posterior a este interrogatorio de alguien que no era la persona indicada por la que preguntaba para abordar la situación de la colonia felina, me fui desolado, pensando que más podía hacer. Esta persona distaba de ser amable, solidaria y comprensiva con la situación.

Mas bien daba la impresión de ser intolerable, arrogante hasta la obsesión y sin duda con un grado alto grado de egocentrismo. Sin duda alguna detesta a los animales y no dudaría si pudiera, en hacerlos desaparecer, claro está sin manchar lo más mínimo las manos. Creo que, de aquel amargo encuentro, podía explayarme largo y tendido, pero como bien es sabido, el rememorar momentos de hiel, no es muy aconsejable.

Se puede decir, que no soy de esos que se dan por vencidos a las primeras de cambio. Así que decidí estudiar los pormenores y cómo poder llegar a revertir esa injusta situación. Pues la carga que supone la aflicción por un hecho injusto o cruel, me es insoportable. Ya está, pensé; independientemente de poner en conocimiento todo esto al responsable de Área de Medio Ambiente de Simancas, decidí contactar con la empresa en su sede principal.

En este sentido, he de anotar que las conversaciones telefónicas fueron en todo momento atendidas por mujeres súper amables y educadas. La primera era una recepcionista, muy amable, a la que le trasmití la situación y los antecedentes, pues no estaba en ese momento la secretaria del director, con la que tuve el gusto de hablar en tres ocasiones posteriormente, sin de momento tener aún una respuesta favorable. Ella, muy comprensiva en todo momento, se había ofrecido a hacer de intermediaria con los de la nave en cuestión, con lo que la respuesta que obtuvo –imagino que en un tono bien diferente–, fueron idénticas a las que a mí me dieron de mala gana. Le expliqué entre otras cosas que algunos gatos muestran síntomas y afecciones por contaminación o intoxicación, pues la mayaría tienen las patas manchadas de una especie de aceite.

Uno de ellos, un pequeñín de color blanco, al que tuve que curar una conjuntivitis aguda, pues tenía cerrado el ojito de lagañas amarillentas y sus orejitas estaban como en carne viva, desprovistas de pelo. Al cogerle para curarle, pues me conoce desde que les llevo alimento, noté que su pelo estaba apelmazado impregnado de una sustancia que olía fuertemente a diésel. Me di cuenta, –le contaba a la secretaria–, que de no haberle llevado un día a casa a bañar a Nube, pues le puse ese nombre, con dos baños calientes, pues en el primero el agua resultó casi de color negro y el posterior secado, posiblemente ese gatito habría enfermado con consecuencias fatales. Y le decía que se hiciera estas preguntas y se las trasmitiera al director: ¿si una persona puede atender una colonia de gatos, ¿cómo no iba a poder hacerlo una gran empresa, sobre todo una que se alimenta de dinero público? ¿No debería constar en el código ético de una empresa que ciertamente se supone que representa al Ministerio, las conductas medioambientales y de protección animal que dicta la ley? ¿Acaso sería mucho pedir, que les pusieran algunos bebederos de agua limpia y proveerles de comida regularmente? ¿Qué le supondría eso en coste y tiempo para una empresa grande? ¿O poder habilitarles refugios, para que resguardaran del frío y la lluvia? Desde luego lo que debería exigírseles es tener las instalaciones seguras para ellos, protegiendo aquellos productos tóxicos o contaminantes en lugares donde no tuvieran los gatos acceso o cualquier otro animal.

Me consta que hay empresas que lo hacen desinteresadamente todas estas cosas, porque les sale del corazón, no por ninguna etiqueta que promueva la imagen de la sostenibilidad natural y lo verde. Ahora estoy quedo en esta espera, a la respuesta de la secretaria, si finalmente le ha podido transmitir la situación al director, a pesar de las cosas tan importantes que tiene sobre la mesa y obrar en consecuencia. Yo le dije que esperaba su llamada y que no la volvería a llamar, más añadiendo estas últimas palabras: –esto también es importante, la vida de esos animales es importante y creo que, si nos ajustamos un poco a todos los términos de la situación en la que están, diría incluso, que es una responsabilidad.

En la mal llamada planta noble de la madrileña calle Génova (no cabe considerar noble ninguna planta de un edificio reformado con fondos procedentes de la caja B del PP) andaban hechos un verdadero lío con las elecciones autonómicas vislumbradas en el próximo horizonte. Dando por descontado que pensaban poco menos que iban a arrasar, hasta bien reciente esas citas electorales eran vistas como un valioso instrumento para castigar el hígado electoral de Pedro Sánchez.

A tal efecto, Núñez Feijóo y el “minarete” que le rodea dudaban sobre si les era más rentable escalonar dichas convocatorias o agruparlas en un “superdomingo”, que sería el próximo 15 de marzo, fecha tope para celebrar los comicios autonómicos de Castilla y León (salvo que el presidente de la Junta optara por adelantarlos, algo que sería no solo incongruente con su repetido compromiso de agotar la legislatura, sino con el hecho de que hoy mismo registra en las Cortes —esta vez, cumplidos los requisitos imprescindibles— el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026).

Comentábamos aquí hace unas semanas que en la sede de Génova se habían disparado las alarmas ante el riesgo de que las próximas autonómicas de Castilla y León resultaran un fiasco, habida cuenta del manifiesto descrédito que arrastra el PP en esta comunidad —agudizado tras su calamitosa gestión de la ola de incendios forestales— y el escaso tirón electoral (empíricamente demostrado) de su presidente y candidato a la reelección “Fonsi” Fernández Mañueco.

Para conjurar ese riesgo y evitar unas elecciones aisladas en Castilla y León, se contemplaba el escenario de ese “superdomingo” que extendiera la convocatoria a las comunidades de Extremadura y Aragón, en las que sus respectivos gobiernos en minoría no disponían del apoyo de Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2026. En un principio, se barajó incluso la posibilidad de que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla adelantara sus elecciones para sumarse al “superdomingo”, algo completamente impensable después de la gravísima crisis abierta tras destaparse su negligente (en el mejor de los casos, en el peor penalmente dolosa) de los cribados de las mujeres con cáncer de mama.

Extremadura se descuelga con su adelanto electoral. Los acontecimientos se han precipitado ayer cuando la presidenta de Extremadura, María Guardiola, —obviamente con el visto bueno de Feijóo— ha decidido ahorrarse mayor desgaste y ha adelantado los comicios extremeños al domingo 21 de diciembre. Con lo cual ya solo quedaría Aragón para hacer coincidir sus elecciones con las de Castilla y León.

El problemón que tienen por delante Feijóo y su “minarete” es que el PP no va a lograr ni de lejos mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario en Extremadura, Aragón y Castilla y León (a fecha de hoy, ni siquiera tiene garantizada la mayoría absoluta de que goza Moreno Bonilla en Andalucía). Con lo cual al día siguiente se encontrará con la papeleta de tener que recabar el apoyo de Vox, dando pábulo al mantra de que el PP, con tal de llegar a la Moncloa, está dispuesto a entregar el santo y la limosna a la ultraderecha.

Y la situación es especialmente complicada en Castilla y León, donde Mañueco se enfrenta al alto coste social y electoral por su negligente (otra vez en el mejor de los casos, en el peor penalmente dolosa) actuación en materia de prevención y extinción de incendios forestales, un oneroso lastre que no arrastran la extremeña Guardiola y el aragonés Azcón.

Pensar que al gobierno de Mañueco le va a salir gratis electoralmente su calamitosa gestión de los incendios forestales es de una miopía política extrema. Cierto que se fue de rositas del desastre de 2021 en la sierra de la Culebra, lo que le permitió mantener unas políticas que han colapsado el pasado verano. Pero Zamora no es León. Puede arder todo el territorio que aún no se ha quemado en Zamora y el PP seguirá manteniendo su hegemonía electoral en esa provincia (otra cosa, por fortuna, es la capital). Pero León es sociológica y políticamente algo muy distinto. Y es en León donde el PP de Mañueco se enfrenta a una tormenta política perfecta.

No solo se trata de la provincia más castigada por los incendios, especialmente pavorosos en El Bierzo. Es que ocurre en un territorio en el que, más allá de su representación política, el leonesismo es un sentimiento transversal fuertemente arraigado desde el arranque, en 1983, de la actual comunidad autónoma. Un periodo de más de 40 años en el que el incesante declive económico y demográfico ha ido abonando el desafecto ciudadano hacia la actual configuración autonómica (y ahí está el proceso emprendido por la Unión del Pueblo Leonés con el apoyo de un importante sector del PSOE apoyando la segregación del Antiguo Reino como comunidad autónoma separada de la actual).

El delicado relevo de Suárez-Quiñones. En este caldo de cultivo concurre la fatídica circunstancia de que el primer responsable del desaguisado de los incendios, el consejero contra el Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, encarne precisamente la cuota leonesa en la Junta. Y para completar la fatalidad, poco antes del desastre Mañueco no tuvo mejor ocurrencia que colocar al susodicho al frente de la comisión gestora encargada de reflotar al PP leonés, sumido desde hace años en una crisis endémica. Lo dicho, una tormenta perfecta.

En el pasado pleno de las Cortes el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, aludió a un sondeo interno encargado por el PP sobre el grado de aceptación ciudadana de Suárez-Quiñones, antes de la crisis, llamado a encabezar de nuevo la candidatura del partido en las próximas elecciones autonómicas. No sé si tal sondeo existe, pero sí es así habría sido tirar el dinero, salvo que se trate de proporcionar a Mañueco del argumento definitivo para convencer al susodicho de que más le vale hacer mutis por el foro y aceptar su rol de político amortizado llamado a ser compensado con un escaño en el Senado. Hay que entender lo delicado del caso: Suárez-Quiñones está en el secreto —y en la trastienda— de los dos grandes “expedientes X” cerrados en falso en esta comunidad en los últimos años.

Y hablando de sondeos electorales: salvo uno recientemente publicado por el diario La Razón, que, pese a su sesgo, deja al PP lejos de la mayoría absoluta, prosigue el sospechoso “apagón demoscópico” en Castilla y León. Ninguno de los medios que tradicionalmente han venido encargando sondeos antes de las elecciones autonómicas —RTVCyL, agencia Ical, El Norte de Castilla y El Mundo de Castilla y León— han dado hasta el momento señales de vida. Y me malicio dos razones para explicar esta pasividad: O no quieren arriesgarse al ridículo posterior inflando los resultados a favor del PP o quieren ahorrarse el trago de dar un disgusto al administrador de la “chequera mediática” que salva sus cuentas de resultados.

¿Cómo empezar esta retahíla después de semejante título? En ocasiones el encontrar un título para una obra u obrita, no siempre es cosa de bagatelas. En circunstancias, como la que me ocupa o pretende ocupar, en este tiempo (aún sin definir) y Gracias, Dios me ampare, entiéndaseme bien. Y es que, se puede pensar que cuando el título es previo a la conclusión de la obra, bien podía parecer que se empieza la casa por el tejado, pero no. Nadas más lejos. Mas bien es una síntesis que une la metáfora poética con la cruda realidad. ¿Qué no se entiende bien esto? Veamos en el transcurso de lo que sigue si consigo acercarme, si acaso un poco a esa a mi entender, cruda realidad.

Para empezar diré que llevaba tiempo, por una razón o por otra, queriendo dejar un mínimo de testimonio sobre este asunto, –parece que me pongo serio–, vaya palabrita esta! Bueno, no es para menos. Lo cierto, es que, –a ver cómo digo esto, sin que empiecen a lapidarme–, vengo a hablar de la autoridad. Del mal uso, se sobreentiende, que la convierte en abuso. Y como siempre recurro a W. para contrastar tanto en definiciones como en sinónimos de ciertas palabras para mayor certeza y contraste con lo que quiero transmitir. Me van a permitir que anote aquí, en lo que la mano se va ejercitando, lo que pone W. sobre la palabra abuso.

1. m. Uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien, en perjuicio propio o ajeno: abuso de poder; estos precios son un abuso.

2. abuso de autoridad der. Extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio.

3. abuso de confianza Mal uso que alguien hace de la confianza que le ha sido depositada: en un delito el abuso de confianza constituye una circunstancia agravante.

4. abuso deshonesto der. Delito que consiste en forzar a una persona a mantener una relación sexual: le denunció por abusos deshonestos.

Hay que reconocer, que está bien recurrir al diccionario, al igual que el abogado acude a las Leyes o el creyente al Evangelio o al Corán, por nombrar algunos casos. Como en éste, yo acudo a W. y sin duda, no dejan indiferente cualquiera de las cuatro acepciones. Según parece, no ando muy desencaminado con mis asuntillos. Al lío.

Me voy a remontar en esta historia unos años en los que vivía en una calle, digámoslo así, céntrica de la ciudad. Esto venía a ser como una documentación tácita del ir y venir de la ciudad y sobre lo que en ella palpitaba. Raro era el día que al bajar a la calle, de pronto te topabas con algún hecho curioso. Curioso, la verdad sea dicho, por decir algo, quizá no sea lo más acertado, lo cierto es que eran cosas que habitualmente se veían y parecían pertenecer a tiempos pretéritos.

Pongámonos a ello. Como digo, no era raro ver a algún pobre pidiendo en la calle, en una esquina o próximo a algún comercio. Algunos recurrían a un cartel hecho como buenamente podían y sabían, sobre soportes en lo que predominaban el trozo de cartón. No siempre eran legibles del todo y la mayoría de los casos el texto o era muy pequeño o muy extenso, con lo que para leerlo así como de paso, era complicado. Mas bien tenías que pararte y si me apuras acercarte y ponerte las gafas. Claro está que esto te hacía de pronto hacedor de beneficencia y puede incluso que no llevaras alguna moneda que poderle dar al desvalido. En otras muchas, eran mujeres y normalmente estaban sentadas con las piernas recogidas entorno a ellas y un brazo levemente extendido con la palma de la mano hacia arriba. Sobre esta posición del brazo y de la mano, diré a mi parecer, que en la mayoría se veía un cierto estilo artístico. No lo digo por criticar la verosimilitud del acto,

Dios me libre, de pensar tal o cual cosa, como sé que muchos (con ello digo hombres y mujeres) deliberadamente o por habladurías, piensan o dicen por lo bajo esta o aquella cosa, que si fulano dijo que, o que, si fulanita de tal, dijo no se cual sobre el pobre en cuestión. Decía lo de artístico, porque el brazo como tal, no estaba estirado de manera arrogante y con la palma firme y algo cóncava. Más bien, el brazo en su conjunto estaba en una semiflexión armoniosa con la palma de la mano puesta como suspendida, con los dedos ligeramente abiertos y mirando hacia arriba, como si fueran ellos los que imploraran al Cielo. Recuerdo claramente a una de estas mujeres que era una anciana de corta edad con gafas. Su estatura era normal para una señora mayor de su edad.

Vestía prácticamente de negro pero llevaba un pañuelo en la cabeza, negro pero con unas flores en las que destacaba el rojo. Su mirada, que dirigía débilmente su rostro hacia abajo, como si quisiera evitar la mirada del transeúnte, desprendía bondad. Nunca la vi nunca portar cartel alguno consigo, ni decir palabra de ruego, salvo un silencioso “gracias”, al dejar una moneda sobre su mano, sin mirar a su benefactor. En cierto modo, cuando dejé de verla, sentí una ligera nostalgia por su ausencia, supongo que su semblante, aunque muy diferente, me recordaba en cierto modo aquella señora a mi abuela.

De lo que voy a contar de seguido, viene a señalar aquellos encuentros en los que me pude hacer ciertas preguntas y que finalmente me animaron a ponerlos sobre papel. Un día vi a un hombre muy delgado que se sujetaba a duras penas con dos muletas y cuyo penoso aspecto general, inspiraba lástima. Su ropas, sin ser andrajosas, se veían gastadas. Vestía un pantalón fino de tela gris en apariencia muy ligero, que llevaba arremangado hasta por encima de las rodillas. Esto era porque quería dejar a la vista la imposibilidad manifiesta en sus piernas ateridas y huesudas que, bien hacía pensar, podía haber sufrido un accidente o una enfermedad le hubiera dejado lisiado desde niño.

Vestía camisa ligera de manga larga parecida al color blanco, pero de esos blancos irreconocibles por el paso del tiempo. Sobre una de sus manos, apoyada la muleta entre el brazo y la axila, sujetaba un platillo pequeño en el que recoger las limosnas. El buen hombre, porque nada hacía pensar que no lo fuera, ni nada hacía que pudiera molestar a nadie en ese momento. Al menos eso pensaba yo. Un buen día, por empezar este pormenor, –eso ya lo juzgarán ustedes–, me encontré la siguiente escena. Estaba en esa calle céntrica este hombrecillo pidiendo, de igual forma que lo he descrito anteriormente. Era una mañana soleada y creo recordar que primavera; uno de esos días que irradian alegría y si no que se lo pregunten a los pájaros. Entonces veo que entre la gente, que a esa hora diría yo que sería próxima al Ángelus, no era muy concurrida la calle, un par de agentes de policía, municipal para ser más exactos caminando hacia él. Uno más joven que otro. El otro era de talla mediana tirando a baja y el joven, que además parecía ser nuevo en el oficio, era más alto y de comprensión delgada. Vestían de uniforme y todo eso reglamentario. Veo que van, como digo, directos al pobre lisiado y le empiezan a increpar, lo que aparentemente no parece, por los gestos, muy educadamente. Utilizo el plural, por una deformación en mi lenguaje, que buenos confusiones le causó a mi pobre madre. Un breve inciso.

–¿Hola madre, qué tal estás?– Bien hijo. Tú qué tal estás. Por dónde andas M.? –Bien, madre. Por aquí andamos, por tierras extremeñas– ¿Pero, con quién estás? –No, estoy sólo, ya sabes es una forma de hablar–. ¿Ven lo que les digo?

Así pues, lo de que empiezan realmente se refiere al más bajo, que era el que llevaba la voz cantante. Como si además de advertir al pobre ciudadano, estuviera diciendo a su compañero por su proceder “–mira chico, mira como se deben de hacer las cosas. Así es la manera de actuar con estos, bla, bla, bla–. Aquí, no hago otra cosa que fantasear con lo que imaginaba que le estaría diciendo, pues no estaba cerca de ellos, pero sí observaba los gestos de expresión y la situación propiamente dicha. Espero que sean comprensivos con mis fantaseos. Yo que iba caminando entre la gente a cierta distancia como digo, aminoré la marcha sin quitar ojo, les pasé de largo y al llegar al final de la calle, no pude evitarlo y decidí dar la vuelta, pero justo por el lado de acera en el que estaban. Me estaba acercando al lugar donde vi a los agentes con el pobre. Miraba a lo lejos entre la gente que pasaba en ambos sentidos y, los que permanecían parados, se quedaban mirando algún escaparate, pero al aproximarme más, veo que no se les ve ya en la calle. –Bueno, bien–, pensé, espero que no le hayan llevado detenido a ese hombrico, como diría mi abuela. Y no había dado ni unos pocos pasos para llegar a la esquina donde estaban y veo en la calle, como a unos quince metros en el medio de ésta, una calle estrecha y en sombra, prácticamente vacía, pues tiene muy poco tránsito, veo en mitad de la calle perplejo que están ahí los dos agentes y el pobre con la cabeza gacha sujetando su maltrecho cuerpecillo con la muleta. Quedaba claro que la intención de los agentes, parecía que tenía que ver con la posición en la que se ubicaba pidiendo. Algo así como, –¿pero hombre como se te ocurre con ese aspecto de tullido, enturbiar la buena imagen de la calle más laureada de la ciudad?– Que por ende le pusieron entre farola y farola, un montón de jardineras provistas de laurel. O esto otro, –¿Cómo crees tú que vamos a permitir que estés pidiendo en medio de la calle, mostrando tus escuálidas piernecillas, mientras la gente pasea o mira escaparates? No ves que, los comercios luego se nos quejan, que no venden porque han tenido ahí un bla bla bla, pidiendo–. Como pueden imaginar, es difícil adivinar el contenido de las reprobaciones por los agentes, pero una cosa es segura, se percibía la falta de humanidad por parte del más veterano, pues el joven, apenas si gesticulaba.

De ese otro, al que he llamado veterano, me consta que él ya tiene sus preferencias claras en cuanto a sus gestos de amabilidad con los viandantes de la céntrica calle. Apunto algunos detalles que puedan al paciente lector dar alguna pista del sujeto en cuestión. No era raro verle pararse al lado de una o varias mujeres, preferentemente jóvenes, con los brazo cruzados, las piernas separadas en una pose petulante y con una leve sonrisa socarrona. Vaya, parece que sólo es un detalle, pero sin duda esto no era un hecho aislado. Mencionaré de pasada, por lo que pude recoger en mis observaciones en unos cuantos años, que no sólo tenía a raya a los pobres, que no le merecieran respeto alguno, también tenía una especial fijación inquisidora con los ciclistas. Me refiero a aquellos ciudadanos que por el bien suyo y el de los demás, deciden aventurarse en sus trayectos por la ciudad en bicicleta. ¿Acaso esto no debería ser algo de agradecer digno de seguir ejemplo? Un inciso. Como bien saben, la bicicleta, por si sola, tiene la capacidad de desplazarse silenciosa por aquí y por allá, y no sólo no emite ningún dañino humo contaminante, sino que además de ser el transporte a la cabeza en dejar cero huella de carbono, le confiere a quien la utiliza del movimiento cardiovascular necesario que ampara la mismísima OMS, y otros muchos etcéteras.

Pues bien, de bicicletas va nuestra siguiente parte del relato. Puede ser que viniera un buen día con mi bicicleta Olma Roja, de entregar y coger unos libros de la biblioteca de la plaza de la T. Justo al llegar a la altura de la plaza S. me detengo en un semáforo y justo desde ahí observo que hay un par de motos de agentes municipales paradas. Los ocupantes han echado el pie a tierra y raudos se deciden a abordan a un joven que venía en bicicleta por la acera en dirección a la plaza S. Le paran. Le hacen bajarse de la bici y aquí empieza el trato intimidatorio, que si por aquí que si por allá, que si la acera, bla bla bla.

Como si la ciudad enterita estuviera habilitada para circular con la bicicleta de manera segura. Todo el mundo sabe, que tanto peatones como bicicletas comparten en muchos lugares espacio sin que ello suponga ningún riesgo, ni para unos ni para otros. Hechas estas preliminares, continúo. Yo a todo esto, estoy parado en el semáforo mirando la escena y pensando –pobre chaval–, el disgusto que se va a llevar si como parece, le van a poner una multa. ¿Una multa? ¡Pero, por el Amor de Dios! Se abre mi semáforo y reanudo mi marcha, pero mirando la escena con los agentes y el joven. De pronto, uno de ellos, se percata que les estoy observando –como si esto constituyera un delito–, se aparta de su compañero y sale a la calzada a mi encuentro y me da el alto. Freno mi bici y le digo –dígame, ¿qué desea? Me espeta en un tono autoritario, –acaba de saltarse el semáforo en rojo–. ¿Qué dice? –

Le respondo. –Que se ha saltado el semáforo en rojo–. Yo seguro de mí mismo, le respondo con ímpetu, –eso no es cierto, he pasado en verde. Si no me cree, venga conmigo y se lo demuestro, aún estará en verde. El agente, parece que recula, se da cuenta de su error y se acaba disculpando diciendo que quizá se ha equivocado. Y tanto. Pienso para mis adentros y continuo la marcha. He aquí, mis impresiones sobre lo ocurrido.

Pongámonos en situación. Dos agentes motorizados de policía local, ven sus motocicletas, etcétera, etcétera, por una calle céntrica de la ciudad. Se da además la circunstancia, que en la calle A, están los Juzgados de la ciudad –esto da que pensar–. Ellos, intuyo, que ven al joven ir por la acera amplia y sin apenas paso de transeúntes con su bicicleta y deciden actuar. Ipso facto, uno de ellos, se detiene al borde de la acera y el otro hace lo mismo. Brevemente desde su moto le hace un gesto, sin tan siquiera haberse quitado el casco, señalando al joven de la bicicleta. Proceden al unísono y anclan sus motos, al tiempo que se quitan los cascos, los guantes y acto seguido interceptan al ciclista.

¿Por qué lo hacen? Buena pregunta. Podíamos pensar que simplemente le informan de que debería ir por la carretera, pero esto, no parece creíble, pues es dirección contraria a la del ciclista. Ya lo tengo! Igual lo que le están indicando, amablemente, es que si va hacia la plaza S., podría haber cogido el desvío del carril bici en tal y tal sitio. Nada más lejos de la realidad! El policía que puso primero pie a tierra para dar el alto al ciclista, sabe perfectamente, o al menos es de suponer que lo sabe, que no hay un santo carril bici por esa zona céntrica y que la persona que quiere atravesar el centro, si no quiere dar un rodeo de mil demonios poniendo en riesgo su vida al transitar junto a coches por calles estrechas y cargadas de tóxicos humos principalmente de los coches diésel, ha de sortear algunas calles circulando por las aceras, cuando la anchura y la afluencia de peatones se lo permite. Pero no. Yo fui testigo ocular. Ese agente uniformado, se envalentona por la autoridad que representa y decide el solito poner el pie a tierra, diciéndose para él y su casco: –¿Pero y ese. Qué se ha pensado ese, que es esto? Estás listo, ahora te vas a enterar de lo que vale un peine.

¡Ahora mismo, pie a tierra!– Me pregunto: ¿acaso no hay en la ciudad otras cosas que vigilar y poner el pie en tierra, que sean más lícitas de ser apercibidas por una supuesta infracción? ¿Eh, señor agente, le estoy preguntando a usted? ¿Es acaso usted, uno de esos negacionistas del Cambio Climático y de los que deja arrancado a sabiendas su vehículo diésel aunque esté un buen rato parado? ¿O acaso es, que no les gustan los ciclistas. O simplemente, uno de esos intolerantes con todo lo que no es de su agrado, que anda por ahí disfrazado de Orden Público?

Doy fe, que en la impronta al encontrarme la escena, velozmente me pasan por la cabeza estas y otras preguntas, cosa que al parecer, el agente del pie a tierra, se percata que alguien les está observando en la distancia. Qué digo alguien, nada menos que otro ciclista. A lo que su reacción al verme, le hace apartarse inmediatamente wde su compañero y del ciclista, al que ya parece sentenciado a ponerle una multa por infracción bla bla bla. Y ese mismo del pie a tierra, pone en movimiento sus pies cruzando la calle con presteza y me da el alto. Advierto a lector que cuando se abre el semáforo en dirección hacia los agentes, sólo yo transito la calle. Ningún otro vehículo en ese momento circula por la calle A. Así que, el resuelto agente, no conforme con haber interceptado a un ciclista para leerle sus derechos, decide al verme, yo montado en mi bici y con la kufiya al cuello, interceptarme también. Aquí viene el delito en el que incurre ante los “ojos de la Ley” junto al mismísimo ilustre edificio del Juzgado, cuando se inventa mi infracción: –¡te has saltado el semáforo!– Me dice el muy canalla. Lo de retractarse un minuto después, tras mi contundente respuesta, no lo achoco a cargo de conciencia, tal vez, debió pensar –te estás pasando de la raya, idiota–.

Otro día ocurrió esto, muy anterior a estos hechos, les cuento. Una mañana que bajaba a la ciudad en mi olmaroja, ya saben, mi bicicleta roja, había un poco de tráfico en la carretera por la que bajo al tratarse de hora punta y que como es de suponer está en un muy lamentable estado, muy a pesar de que ha ya un montón de años prometieron hacer un carril bici. Que finalmente hicieron. Pues bien, al llegar a la altura de los primeros semáforos del comienzo de la ciudad me detuve al ver la luz roja del semáforo. Cuando estoy parado junto al bordillo que separa la calzada de la acera, pues no hay ni aún arcén, escucho que pitan desde atrás insistentemente. Al principio, no hago caso pues ignoro que sea yo el destinatario de tal molestia sonora.

Cuando me vuelvo y veo que gesticula el conductor desde el interior del vehículo y pienso, voy a ver, no sea que se me haya caído algo de la mochila, o vaya a usted a saber. Retrocedo poco a poco ayudándome con las piernas mi bici para llegar hasta la ventana del coche en cuestión. Sí, ¿qué ocurre?, le digo y me responde: –eh tú, ¡que te apartes o te vas a enterar! –¿qué dice?, le respondo. –¡que te apartes de en medio o te meto un paquete!– El sujeto, con un aire despótico, se saca al momento una cartera para enseñarme no sé qué tipo de placa de policía y continua insistiendo, –que no te vuelva ver, que si no te empapelo– Sí, sí, lo que oyen. Me quedé de piedra.- ¿Pero cómo puede haber aún gente así?–, se estarán preguntando. Pues ya ven, por lo que se ve, no hubo suficientes años de represión durante la dictadura, que a la que te descuidas aparece en el semblante de alguien la oscura cara represiva del fascismo. Afortunadamente, aun hay mucha gente buena por el mundo y por supuesto, también hay buenos agentes o agentes buenos. Sólo faltaba.

Lo que voy a contar lo he vivido en primera persona en el día de ayer. Hace algunos días [ ... ] compruebo mientras escribo, que fue hace dos días, veo y leo el titular de un periódico de provincias –pues poco más puedes leer sin pagar, cosa que me parece bien–, salvo el mencionado titular, la entradilla y dos o tres líneas; que oh, ¡Alabado Sea el Santísimo!, estas fueron mis palabras cuando leía el tabloide digital. Pues resulta que tras unas interminables obras y parones de faena, y abandonos por tiempo indefinido, parecía que finalmente u tramo, un pequeño tramo, como dice la noticia, de sólo dos kilómetros inconcebiblemente llevase más de una década sin carril bici, que permitiera a los usuarios de la bicicleta, entre los que me encuentro, unir la capital con el pueblo de S. Así reza el gran titular, por lo menos en extensión.

“Más de dos kilómetros de carril bici ya unen [bla bla bla] a falta de rematar varios accesos”.

Voy al asunto. Ayer decidí bajar a la ciudad, entre otras cosas para ver a una amiga que tenía un par de libros que entregarme dedicados y que por hache o por be, no habíamos podido coincidir, de paso, poder asistir al encuentro [qué menos] a favor de Gaza y contra la acción de hambruna y la muerte de inocentes que perpetra el estado genocida de Israel contra el pueblo de Palestina. Estos hechos en su conjunto me animaban a coger mi Olma Roja, pues así es como le puse de nombre a mi bicicleta, y me dije: –anda hijo, vete a ver [como si fuera mi Madre quien me hablara] esos asuntos y de paso pruebas ese flamante tramo de carril bici que tanto añorabas–. Y con las mismas y mi mochila a la espalda, para, como es de suponer, poder así guardar los libros antes mencionados, salí tan contento. Al cruzar el puente vi brevísimamente, sobre el río unas cuantas anátidas felices metiendo sus cabecitas en el agua mientras, alegres, movían sus colitas. Después miré al cielo un instante y vi algunas algodonosas nubes blancas sobre un intenso azul.

Sobre el firme del tramo de S., nada que apuntar. Bueno, quiero decir, nada que no sorprenda. Vamos, lo que viene siendo habitual. Pues sucio de arenas y etcéteras. Si no les parece mal, voy a pormenorizar un poco eso de los etcéteras, no vayan a pensar que hablo por hablar. Es bien sabido, que cuando se abre alguna nueva vía de tránsito del tipo que sea, bien por la habitual prisa por acabar las cosas, bien por el poco celo que hay en la ejecución, normalmente, cuando se trata de que quien paga es el Ente Público, o bien por la dejadez habitual, del siempre omnipresente –parece que ya está–, el caso es que ni por la previsión, planificación y deficiente ejecución; como, prever juntas de dilatación, proximidad de arbolado con sus esenciales raíces o vaya usted a saber, el caso es que la gran mayoría, presentan al poco tiempo, desconchones, roturas, baches, mini fallas de asfalto o saltos de nivel en las losas de cemento u hormigón. Esto es así, se pongan como se pongan. Este es el caso de este tramo de S. que lucía tan bonito en los comienzos, con el asfalto tan liso, su pintura horizontal tan blanquita y sus balizas en su sitio y que ahora, unas faltan –la mayoría–, otras están cruzadas. En algunos pliegues transversales, a los que he llamado mini fallas, más vale que vayas atento y te agarres bien al manillar e incluso te levantes del sillín flexionado un poco las piernas, pues te puedes dar un buen susto si no lo ves a tiempo, y con suerte no caerte de morros al soltarte las manos de manillar. Como poco. Vamos a dejar ya los etcéteras, que esto se está alargando y no he entrado en materia.

Entro en el tramo nuevo y la verdad es que da gloria. Todo lisito, el verde del cemento tiene un color que evoca la esperanza. Entonces pienso: –hay que ver que bien se va por este carril, que maravilla. Vuelvo a llevar mi vista al horizonte de azul y nubes blancas y todo parece armonía. La brisa fruto del movimiento es placentera. De pronto dejo todas esas ensoñaciones y caigo en la cuenta del final del titular, “a falta de rematar varios accesos”. Hum, lo cierto es que tenía la mosca detrás de la oreja, con esa coletilla. De hecho, me había puesto a imaginar la situación fruto de la cual, esa noticia llegó a ver la luz. Pensaba por ejemplo, que, estamos en verano, que digo verano, estamos en agosto, casi todo lo que llena portadas, por desgracia, son incendios [algún día me tocará coger la pluma para esto], las guerras, las confrontaciones políticas y siendo esto, como digo, tristemente así, pues dar una noticia alegre y con tintes verdes entre tanto humo, pues se me antojaba y supongo que al redactor en cuestión también, algo digno de ser publicado. Pero claro, me pregunto: ¿si no está acabada del todo, esto es ‘a falta de rematar varios accesos’, como es que esto pasa a la ligera por la redacción y le dan luz verde? Qué exactamente es eso de –a falta de rematar...–. Esto de alguna manera me iba y venía en mi cabeza tratando de esclarecer la frasecita. Rematar. Como odio esa palabra. Parece como hecho a posta. Siempre chocan las acepciones de la Rae, por lo patriarcales que resultan. Veamos un par de casos y ya. 2.“Poner fin a la vida de una persona o del animal que está en trance de muerte”. O esta otra. 3.“Dicho de un cazador: dejar la pieza enteramente muerta de un tiro”. ¿Qué piensan? No tienen desperdicio.

Yo me pregunto, ¿acaso abren una autovía o vía de alta velocidad y ponen en la noticia, –queda abierto, esto u lo otro a falta de r e m a t a r varios accesos?–. Me cuesta creerlo, aunque vaya usted a saber, cosas más raras se han visto. Imaginémoslo por un momento.

El coche con una familia al completo, incluso con perro, transitando a gran velocidad por esa flamante autovía que une las localidades de A y de B, de pronto se encuentra con uno de esos accesos a falta de rematar. Un pequeño inciso. Que es aquí donde quería llegar. Uno se pregunta, ¿cómo ha de ser el tipo y la forma del remate, pequeño, grande, complejo, peligroso? Si es un pequeño salto de nivel o un leve badén o un buen socavón, va a depender de si la cosa acaba sólo en un susto, un buen golpe en la transmisión y daños en el neumático y llanta con el salto al unísono de los ocupantes, sin excepción el perro o la cosa pasa a mayores en un accidente. No quiero alarmarles, solo recuerden el título que puse a este articulillo.

Hechos todos los prolegómenos más o menos pormenorizados –que siempre me cuesta ir directo al grano–, intentaré dar relato a lo que aconteció a continuación. En ese primer tramo por el que pedaleaba más contento que unas Pascuas, estaba todo nuevecito y las ruedas finas de mi vieja Olma Roja, apenas si hacía el menor ruido, pues como decía estaba lisito. Al fondo veo un cruce, que viene a ser lo que llaman accesos [entrada a las casas o las fincas] y aunque freno un poco, no veo bien si hay rebaje o si, en cambio, hay un corte transversal del pavimento. Pues resultó ser esto último. Salté un poco con la bici intentando evitar el impacto al bajar y al subir. Los siguientes eran parecidos los accesos con unos cortes de cambio de nivel. Algunos de estos cruces, alertado frené más, pero, mi sorpresa fue que les habían asfaltado y la unión era casi perfecta. Eran de unas fincas de grandes casas. Una vez más confiado seguí pedaleando y disfrutando del paisaje. Santo Dios! Frené solo un poco, pues iba con inercia a cierta velocidad y, ¡zas!, me tragué otro de estos cruces que más bien era un socavón por la diferencia de altura del firme y la tierra. El primero al bajar, me di una buena culada aunque intenté amortiguar el salto en flexión de piernas. No podía frenar, pues me podía caer y derrapar, pues el terreno es de tierra y piedras. Así que intenté levantar la rueda delantera un poco tirando del manillar para saltar ese desnivel y conseguí con un buen golpe en las ruedas pasar a la parte lisa felizmente sin incidentes.

Una vez en la ciudad llegaría hasta mi destino justo a tiempo. Pero conforme iba llegando, observé que, parecía que me costaba más dar pedales, vamos que no iba tan fina la bici como antes. Qué raro, pensé. Al poco caí en la cuenta que la rueda delantera iba un poco baja. Sin duda algo ocurría. Me bajé y toqué el neumático con los dedos y efectivamente tenía un pinchazo. Qué mala suerte pensé.

Hasta que caí en la cuenta que el pinchazo, realmente fue un mordisquito de algún borde afilado. Lo que viene a ser, los ya conocidos: a falta de rematar de varios accesos. Llevé mi bici en ristra un buen rato y al llegar al encuentro con mi amiga, la até a una farola junto a la Casa del S. La bella plazoleta que pone fin al pasaje peatonal con más metros de talla en piedra de toda la ciudad, estaba poco transitada y las terrazas que coloreaban la piedra caliza del suelo, tenían cierta concurrencia, pero en lo tocante al ruido, parecía tranquila.

En ese preciso momento veo abrirse la puerta de un garaje y salir un vehículo, al irse a cerrar la puerta, veo con emoción y sorpresa que faltando unos escasos centímetros para sellar nuevamente esa abertura, sale corriendo como si fuera una galga en miniatura, un pequeñísimo gatito negro. Va corriendo y corriendo calle abajo y yo le sigo con la vista. Sin llegar a pararse, su inteligente instinto le dice que no va bien encaminado seguir de esa guisa y comienza sin parar de correr a dar la vuelta bordeando la calle y entrando en la plazuela.

A pocos metros de mí, una joven está atenta e intenta acercarse al gatito. Me dirijo a ella amablemente con el ánimo de disuadirla. –No la sigas a esa criatura, la vas a asustar–. Le digo. Ella me dice con carita de pena, –es que la quiero–. Mirándome un instante volviendo su mirada a la veloz y asustada criatura. –Es que, entiendo, que, ¿quieres quedártela para adoptarla? – Sí!– Me responde. –Vale, pero vete poco a poco para que no se asuste. Dejé a la joven y vi a la gatita por última vez intentando saltar hasta una ventana. Cosa esta que parecía imposible. Cuando regresé del encuentro con mi amiga G. voy a coger mi bici pinchada y veo sentada en una terraza a la joven en compañía de lo que parecía ser, luego se confirmó, su madre. Parecían tan tranquilas tomándose cualquier cosa, ni me fijé. Me acerco y le digo a la joven, –¿qué pasó al final con la gatita? –La cogieron! –Cómo que la cogieron?– Le insistí yo. –La tienen los del bar, parece que tienen contacto con una protectora. Además, la tiene ella y no la suelta–. Yo me quedé perplejo, no entendía. Nada. Me lo explicó un poco. Que al parecer ella y esa chica iban tras la gatita, y quien pareció llevarse –perdón–, el gato al agua, [nunca me han gustado este tipo de expresiones populares] fue esa otra chica que parecía estar dentro del bar con la minúscula y asustada gatita. –Pero tú la quieres, me dijiste, entonces por qué no vas, o mejor, por qué no va tu madre y les habla. Creo que si le van a llevar a una protectora, que siempre están hasta arriba de animales, deseosos de que aparezcan gente sensible y buena para adoptar, mejor será que te le quedes tú y así le evitas a la pobre gatita más estrés.– La joven me miraba como con una expresión que no sabría definirla, pero más bien parecía triste y con pena. Su madre tomó la palabra y mirándome con cierta complicidad, me dijo, –Sí, ahora me acerco yo–. Fue decir estas palabras y sin haberme despedido, veo a un joven con un pañuelo algo manchado de sangre en la mano, debía de ser el del bar, y junto aéll, una mujer joven llevaba en sus manos como si fueran un nido a la gatita negra.

Di un par de zancadas para ponerme a su altura y les espeté, –esa chica, –señalando a la mesa con la joven y su madre–, quiere adoptarla–. Y dicho y hecho. Se acercaron con la gatita a la mesa y se pasaron la gatita de unas manos a las que serían a partir de ese momento las de su mamita. Está bien que acaben así las cosas. ¿No creen? Así que seguí caminando con mi rueda pinchada, pero iba caminando feliz. Continué andando por esa hermosa calle y luego por otras no tan hermosas, hasta que encontré un taller de bicis, que tuvieron a bien dejarme un par de artilugios para desmontar la rueda y una bomba para hincharla.

“Haga usted como yo, no se meta en política”. Dicen que eso aconsejaba Franco a influentes afectos al régimen -cuentan que uno fue el escritor José María Pemán- cuando le iban con sus cuitas quejándose del trato recibido por parte de otros prebostes del franquismo. Y algo equivalente viene a ser lo que manifestó el pasado jueves el consejero Portavoz de la Junta, el incombustible Carlos Fernández Carriedo, a propósito de la reprobación parlamentaria de la que fue objeto un día antes el consejero contra el Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Carriedo ha lamentado que las Cortes se utilicen para la confrontación política. Acabáramos. Por lo visto, el consejero Portavoz no se entera de cómo se las gasta su partido en el Congreso y no digamos del uso que hace de su mayoría absoluta en el Senado.

A la par que consejero de Economía y Hacienda del gobierno Mañueco, Carriedo lleva desde el siglo pasado encadenando cargos públicos, bien en la Junta, donde ha sido titular de cuatro consejerías a las órdenes de tres presidentes diferentes, o en las Cortes, donde ocupa escaño por Palencia ininterrumpidamente desde in illo tempore. Con esa trayectoria, nadie se extrañará que “El topillo” le tenga definido como “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”.

Pues bien, después de 30 años en política -su primer cargo público, director general de Presupuestos, data de 1995, año en el que la malograda Isabel Carrasco era titular de la consejería de Economía y Hacienda- Carriedo sigue teniendo alma de funcionario. O al menos así actúa para escaquearse cuando se le piden cuentas políticas. Lo vimos palmariamente en su contestación a las dos preguntas orales que tuvo que responder en el pleno de las Cortes de la pasada semana. Las dos las formulaba Vox y en ambas la respuesta consistió en leerle al procurador interpelante la normativa vigente en la materia.

La segunda de ella planteaba si la Comisión de Ética Pública existente en la Junta no debiera analizar la actuación de Suárez Quiñones en torno a la autorización por parte de la consejería contra el Medio Ambiente para instalar un macrovertedero en León promovido por el tinglado empresarial de Macario Fernández, que ha tenido empleado como alto ejecutivo a un hijo del consejero.

La “independencia” de la Comisión de Ética

Aparte de leer la normativa, Carriedo, sin que se le escapara ninguna risa, tuvo el desparpajo de remitirse a la “independencia” de una Comisión que está integrada por tres representantes de la Junta -entre ellos el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que la preside- y tres representantes de las Universidades designados asimismo por el gobierno autonómico. No es extraño que ante las denuncias presentadas en su día por el procurador Francisco Igea a propósito de las declaraciones incendiarias contra la inmigración realizadas tanto por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, como por el no menos infausto consejero de Trabajo, Mariano Veganzones, la susodicha Comisión de Ética Pública concluyera por unanimidad que ni uno ni otro habían incumplido el Código Ético al que están supuestamente sometidos los altos cargos de la Administración Autonómica. Declaraciones antidemocráticas aparte, García-Gallardo y Veganzones, que en gloria política estén, participaron en concentraciones ultras convocadas ante sedes del PSOE, sin que la Comisión considerara oportuno intervenir de oficio. El Código Ético afirma literalmente que los altos cargos “en actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”.

A Carriedo, pues, hay que recordarle que, salvo un breve paréntesis durante la etapa de Juan Vicente Herrera en la que solo fue procurador, lo que se dice como funcionario lleva más de 30 años en situación de excedencia especial por designación o elección como cargo público. En la práctica, su carrera funcionarial concluyó cuando fue saltó a la dirección general de Presupuestos desde la jefatura de Servicio que desempeñaba ya en tiempos del consejero de Economía del gobierno Aznar, Miguel Pérez Villar, aquel que resultara condenado por prevaricación por las fraudulentas ayudas que dieron lugar al “caso de la minería”. Y ahí lo dejo.

En estricto cumplimiento de sus obligaciones, lo que a estas alturas ya debiera haber hecho el actual consejero de Economía, es elaborar y presentar la propuesta de “techo de gasto” a someter a las Cortes como paso previo y preceptivo para tramitar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026. Y seguimos sin tener noticia alguna al respecto.

Una engañifa sin precedentes

A propósito de la obligación estatutaria de presentar anualmente ante las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hace un año la Junta, con el presidente “Fonsi” y el consejero Carriedo a la cabeza, perpetró una tomadura de pelo sin precedentes. El mismo día en el que expiraba el plazo establecido en el Estatuto, el 15 de octubre, Mañueco y Carriedo presentaron en rueda de prensa un “borrador” simulando que cumplían el mandato estatutario. Y la inmensa mayoría de los medios de comunicación, agradecidos al pastizal que reciben de la “chequera mediática” del gobierno Mañueco, dedicaron amplios espacios a lo que no era otra cosa que unos Presupuestos “fake” que nunca llegaron al registro de las Cortes, ni siquiera después de que recibiera luz verde el “techo de gasto” y de que el pleno de la Cámara reclamara por unanimidad a la Junta el obligado envío al Parlamento del correspondiente Proyecto de Ley.

Lógicamente, un año después la Junta no puede repetir semejante engañifa, aunque está por ver que por segundo año consecutivo no haga exactamente lo mismo que no se cansa de reprochar el PP de Núñez Feijóo al gobierno de Pedro Sánchez: pasar de presentar ante el Parlamento el Proyecto de Presupuestos para el año próximo. Con Vox esperando una negociación en la que blandirá el “burruño” en que convirtió “Fonsi” sus exigencias para alcanzar cualquier cualquiera acuerdo de calado, el gobierno Mañueco, anclado en una minoría parlamentaria mayor que la que sufre el de Sánchez, tiene prácticamente imposible sacar adelante unas nuevas cuentas para la comunidad autónoma.

Y justamente a un mes de que expire el plazo para presentar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuestos, y si no sobreviene otro aplazamiento, “Sicilia y León” (denominación acuñada por uno de los damnificados de la “trama eólíca”) se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados. Lo dije hace varias semanas: a Mañueco se le ha acabado la baraka.

Este verano ha sido una pesadilla para quienes vivimos en Castilla y León. El mes de agosto hemos padecido la segunda ola de calor del año, batiéndose récords de temperatura: 39,5ºC en Zamora, 40ºC en Valladolid. Estos datos han aumentado el peligro de mortalidad por altas temperaturas cobrándose 307 vidas desde principios de julio en nuestra Comunidad según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del ministerio de sanidad, con unas condiciones extremas que además de perjudicar la salud, han favorecido la propagación y persistencia de numerosos incendios forestales. Estos factores se van a reproducir y agudizar en los próximos años: veranos más largos, olas de calor más intensas y duraderas y aumento de las temperaturas que provocan que la situación de los bosques sea cada vez más seca.

Es pertinente que pongamos sobre la mesa las características medioambientales de nuestra Comunidad Autónoma y cómo el cambio climático va a afectarla. Una realidad compleja por la gran cantidad de superficie forestal que posee, más del 50%, 5,13 millones de hectáreas de masa arbórea, que ya padeció los incendios de Navalacruz, en Ávila en 2021, con 21.000 hectáreas quemadas y de la Sierra de la culebra, en Zamora en 2022, con 60.000 hectáreas quemadas y cuatro personas fallecidas. El año 2025 va a ser mucho peor con casi 200.000 hectáreas quemadas afectando sobre todo a cinco provincias, entre las que están Ávila, Salamanca y Palencia, pero de manera muy significativa Zamora y León.

La Junta de Castilla y León no ha puesto su objetivo en la prevención de los incendios ni en una buena gestión forestal de los bosques, la mirada del PP de Quiñones ha estado en la privatización del bosque, no lo contemplan como un bien social y común que hay que gestionar adecuadamente, sino que buscan la manera de que las más de treinta empresas contratadas por la Junta saquen beneficio.

Lo hemos visto en otras actividades económicas relacionadas con nuestros pueblos, los han llenado de macro-granjas de cerdos, de macro-parques eólicos o de macro-parques de placas solares fotovoltaicas, sin una regulación que ordene el territorio y lo planifique para satisfacer nuestras necesidades. Las plantas de biogás son otro ejemplo claro de cómo se quieren aprovechar del mundo rural para sacar tajada para las grandes empresas que vienen de fuera y que no se tienen que preocupar de la contaminación ambiental, ni del agua, ni del aire, ni de la tierra porque no viven aquí. Soberanía energética sí, acumulación por desposesión no.

Debería ser obligatorio que se diseñe una estrategia de Comunidad para hacer frente al reto climático aprobando un pacto social y ecológico para la gestión forestal y la prevención de incendios acordado con los agentes políticos, sociales y económicos de Castilla y León, pero esto es imposible con Juan Carlos Suárez-Quiñones como Consejero de Medio ambiente, con opiniones como: “mantener el operativo todo el año es un absurdo y un despilfarro” o “tenemos la mala costumbre de comer” como respuesta a por qué no se quedó gestionando la extinción de los incendios activos y se fue a una comida a Gijón invitado por la cámara de Comercio de León. Determinadas personas deben desaparecer de la política de nuestra tierra para que sus políticas también desaparezcan.

Queremos plantear una serie de objetivos para que cuiden las masas forestales como bienes comunales y eso requiere un cambio radical en las políticas. Si la Junta sigue en las mismas manos nos tememos que los bosques que no se han quemado este verano se quemen en los próximos porque en términos de actividad económica, el incendio genera muchas más, sobre 15 ó 20.000 euros por hectárea, frente a lo poco que gasta la Junta en prevención.

Lo que hay que hacer con los incendios forestales es prevenirlos, como gritábamos el otro día en la manifestación de Valladolid más de 4.000 personas: “los incendios se apagan en invierno”. Esto tendría que ser una máxima de las políticas medio ambientales de toda administración autonómica. A partir de ahora habrá que hablar más de cómo restaurar la biodiversidad arrasada por las llamas y de cómo conservar la existente cambiando los criterios economicistas y ver cómo encajan las políticas agrícolas y ganaderas en la prevención de los incendios forestales.

La política de ordenación y gestión del territorio nunca han sido el fuerte del PP de Castilla y León, más pendiente del resultado de las elecciones autonómicas y de su supervivencia que del futuro vital y medio ambiental de las próximas generaciones. Así lo ha demostrado ante esta emergencia climática de incendios en la que se ha ocupado más en derivar las responsabilidades al Gobierno de España que en asumir las propias, con contradicciones constantes y continuas.

Mañueco dijo el día 14 de agosto que contaba con los medios suficientes: “el problema” no es “de los operativos ni de falta de medios”, sino de las “circunstancias meteorológicas excepcionales”, al día siguiente solicitaba al Ministerio del Interior, en una carta enviada a las 22:52 de la noche, 30 helicópteros, mil soldados y 25 bulldozers “con maquinistas lo más expertos posibles en monte”. Y una de las empresas con la que la Junta ha firmado 19 contratos por 24 millones de euros en seis años desde 2019, Orthem-grupo Hozono, solicitaba en portales de empleo una oferta para bomberos sin experiencia para trabajar en León en plena crisis de incendios.

Mientras esto ha sucedido en verano, la Comunidad que preside ha ido recortando el presupuesto en prevención de incendios un 86% desde los 10,27 millones de euros en 2009 hasta los 1,41 millones de euros en 2022. A esta falta de presupuesto y de previsión por parte de la Junta se suma el hecho que:

Podríamos hacer un listado más extenso y exhaustivo pero se observa un patrón común: junto a la carencia de medios y presupuestos, la falta de capacidad organizativa y de coordinación del operativo para la extinción de los incendios y el lanzar balones fuera para no asumir las consecuencias políticas de una gestión forestal nefasta por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

Hace unos días me quedé con la intervención de una mujer en televisión que protestaba contra la gestión de la prevención y la extinción de incendios en Castilla y León y se preguntaba: “para qué sirven las Comunidades autónomas.” No deja de ser curioso que se intente desviar la crítica a quienes gobiernan Castilla y León desde hace treinta y ocho años para que sea la estructura la responsable de la catástrofe. Este pensamiento se alinea con el de hacer un censo de pirómanos para ponerles una pulsera, que Feijóo ya aprobó en 2012 en Galicia y nunca puso en marcha o con el de llamar pirómana a la directora general de protección civil y buscar quitar el foco de la falta de efectivos y medios. Forma parte de la estrategia que quiere desviar la atención de la Junta de Castilla y León que es la administración responsable de la prevención y extinción de incendios.

Por no hablar de las malas condiciones laborales que hacen que muchos de los puestos de trabajo estén sin cubrir, la gente busque otros trabajos o se vaya a otras Comunidades Autónomas. Falta personal en torretas de vigilancia, no se cubren las bajas, etc. Necesitamos un operativo cien por cien público dependiente de la Junta de Castilla y León, bien dimensionado, con puestos de trabajo estables, dignos y contratados como bomberos forestales.

Estos días hemos conocido la desigualdad salarial de los bomberos forestales. Resulta que en Castilla y León quienes trabajan a través de empresas contratadas tienen peores condiciones con salarios de 1.170 euros al mes, un poco más del salario mínimo interprofesional. Sería pertinente dignificar a quienes apagan los fuegos, no vaya a suceder que les aplaudamos pero dediquemos pocos esfuerzos para garantizar que el servicio sea digno y esté bien dotado de recursos materiales y personales. Si el servicio se hace 100% público, mejorarán sus condiciones laborales aunque desaparezca la rentabilidad de las más de treinta empresas que tienen contratos de millones de euros con la Consejería de Medio ambiente de la Junta de Castilla y León. Si en lugar de trabar 3, 6 ó 9 meses trabajan todo el año será más fácil tener una plantilla adecuada de bomberos forestales para Castilla y León.

Y si dimite el Consejero de Medio ambiente, el Señor Quiñones y el director general de Patrimonio natural y política forestal José Ángel Arranz, que es lo que exigiremos el próximo 29 de agosto a las 10 horas en una concentración en la Plaza de las Cortes de Castilla y León, será más fácil comenzar a trabajar para que en próximas emergencias nuestro operativo esté más coordinado, organizado, con medios adecuados y con personal bien remunerado y orgulloso de cuidar nuestra riqueza forestal durante todo el año.

El común de los mortales no acierta a entender que, nueve meses después de la dana de Valencia, un desastre que se cobró 228 víctimas mortales, el máximo responsable político de gestionar tamaña tragedia, Carlos Mazón, sobreviva al frente del gobierno valenciano, como tampoco que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no haya tenido el decoro de invitarle a dejar el cargo. Resulta democráticamente insoportable que a estas alturas los españoles sigamos sin conocer a qué obedeció la larga sobremesa que se tomó Mazón el día de autos tras su famosa comida en El Ventorro.

Pues bien, salvando las distancias —aquí por fortuna ninguna tragedia es comparable en cuanto al número de víctimas—, visto el desempeño político del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, uno no puede por menos que encontrar cierto paralelismo político con el caso valenciano. Con una diferencia no menor en lo relativo a la jerarquía: Núñez Feijóo no puede cesar a Mazón, mientras Alfonso Fernández Mañueco es el presidente del gobierno que nombró y mantiene en el cargo al consejero Suárez-Quiñones.

El cese o dimisión de Quiñones, que no se va a producir, llegaría ya con tres años de retraso. El titular de la consejería 'contra el Medio Ambiente' tendría que haber dejado fulminantemente el cargo tras la deplorable gestión de la Junta ante los incendios forestales que en el verano de 2022 arrasaron la Sierra de la Culebra y alrededores, calcinando una superficie cercana a las 60.000 hectáreas y causando —aquí sí hubo muertos— la pérdida de cuatro vidas humanas. Quiñones no afrontó ninguna responsabilidad política y ni siquiera accedió a dar su versión sobre lo ocurrido en el libro “Los rescoldos de la Culebra”, publicado tiempo después por el periodista Juan Navarro.

Pifia tras pifia sin darse por aludido.- Tres años después, el consejero contra el Medio Ambiente la ha vuelto a pifiar, y por partida doble, en materia de incendios forestales. Aunque ha pasado inadvertido (ignoro si por incompetencia periodística o porque los responsables de los medios han querido hacer la vista gorda), Quiñones estaba en paradero desconocido a finales de julio, los días en que las llamas se propagaron por el Barranco de las Cinco Villas y obligaron a confinar a la población de las localidades abulenses de Mombeltrán y El Arenal, calcinando cerca de 3.000 hectáreas en las proximidades del Parque Regional de Gredos. El fuego se desató en la noche del lunes 28 al martes 29 y el consejero no dio señales de vida hasta el jueves 31. Y ello porque en esa fecha regresó de donde quiera que estuviera para asistir a la sesión de Consejo de Gobierno habitual cada jueves.

Esa ha sido la primera pifia de este verano. La segunda es por todos conocida: largarse el domingo pasado a un acto de exaltación de la hermandad astur-leonesa celebrado en Gijón mientras el fuego acechaba, entre otros parajes bercianos, al parque de Las Médulas, los antiguos yacimientos romanos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con un par. Y además sin prisas para regresar a León, quedándose tan ricamente a degustar el menú asturiano preparado para la ocasión “porque tenemos la mala costumbre de comer” (sic).

Ello mientras las llamas se esparcían por el Bierzo, donde apareció ya muy avanzada la jornada. Viene al caso recordar la que le montaron el PP y sus terminales mediáticas a Pedro Sánchez por decir en una rueda que eran las cinco de la tarde y no había comido…

Todo lo anterior referido exclusivamente a los incendios forestales, pero es que la trayectoria de Quiñones está jalonada por otra serie de episodios que definen a este singular personaje, que aparcó su profesión de juez —desde 2002 fue juez decano de León— para meterse de hoz y coz (sobre todo de coz) en política. Lo hizo en 2012 de la mano de la malograda presidenta del PP leonés, Isabel Carrasco, que amadrinó su designación como subdelegado del Gobierno en León. Pero nuestro hombre estaba llamado a más altos designios y en 2015 fue nombrado gelegado del Gobierno en Castilla y León, de la mano en este caso de la entonces vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, con la que había hecho buenas migas cuando esta ejerció como abogada del Estado en León.

Sin embargo, su paso por la Delegación del Gobierno fue extremadamente fugaz. Ni siquiera llegó a tres meses. En julio de 2015, Juan Vicente Herrera nombraba nuevo gobierno y para sustituir al leonés Antonio Silván, que llevaba 12 años al frente de la consejería de Fomento, pensó en Quiñones, quien no dudó un instante en aceptar el cargo. Cuatro años después, en 2019, a la llegada de Mañueco al Colegio de la Asunción, el actual presidente de la Junta le mantuvo en el puesto, y en el gobierno autonómico sigue, ahora como consejero de Medio Ambiente.

De 'Pañuelitos' a 'Rey Sol'.- Por aquel entonces, “El topillo” se refería a él como 'Pañuelitos', apodo que le asignó el entonces gerente (y al parecer todavía tesorero regional del PP), Pedro Viñarás, el primo del antiguo “primo de Zumosol”, quien, junto con el ahora eurodiputado Raúl de la Hoz, es el personaje con mayor ascendente político sobre Fernández Mañueco. Al menos hasta bien reciente, ya que al parecer “Fonsi” está un poco hasta la verruga de ambos dos excompañeros de viaje a varias finales de la Champions disputadas por el Madrid de su alma (lo del percance sufrido en la disputada en el estadio parisino de Saint Denis siguen sin contárnoslo).

Con el tiempo, el apodo de 'Pañuelitos' quedó desfasado no solo porque Quiñones dejó de utilizar ese signo de distinción indumentaria (ahora renuncia incluso a la corbata). Nuestro hombre se hizo acreedor al sobrenombre de 'Rey Sol' a raíz de que, en conversación grabada dentro de la investigación sobre el “caso Enredadera” con un conocido empresario adjudicatario de contratos múltiples contratos de la Junta, proclamara aquello de que “La Administración soy yo”, remedo de la célebre frase L´État, c'est moi, atribuida a Luis XIV de Francia, conocido como el 'Rey Sol'.

Las pifias de Quiñones no acaban aquí. En marzo de 2017 protagonizó otra bastante chusca. Se piró del “mausoleo” de Villa del Prado en medio de la sesión plenaria de las Cortes que iba a debatir una ley promovida por su consejería para ampliar los límites del Parque Natural del Lago de Sanabria. Puso tierra de por medio con destino a Valsaín, donde se celebraba un acto con presencia de la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (¿ande andará?: “ande” va a ser: en la puerta giratoria de la empresa privada, en este caso la eléctrica Iberdrola, de cuyo Consejo de Administración forma parte desde 2021, compartiendo ese órgano con otro ilustre de esta comunidad: el exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes). Al día siguiente, Quiñones disculpó su ausencia de las Cortes asegurando que se había debido a un despiste del equipo de su consejería.

No tenemos espacio para reseñar aquí el rosario de reveses judiciales sufridos por la consejería contra el Medio Ambiente desde que el exjuez se hizo cargo la misma. Por si fuera poco, como consejero de Fomento y Medio Ambiente hasta el desdoblamiento de la consejería, es corresponsable del fiasco del concurso -¡—declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León— por el que la Junta adjudicó hace tres años 124 nuevas emisoras de radio. Si bien el concurso lo resolvió la actual consejería de Movilidad, las bases del mismo, convocado en 2020, venían viciadas ya de fábrica desde la consejería de Fomento.

En fin, pese a la multitud de méritos contraídos, abandonen cualquier esperanza de que Mañueco (quien, por su parte, ha salvado in extremis sus muebles políticos al interrumpir precipitadamente sus vacaciones en Cádiz para regresar a la comunidad y ponerse al frente de las operaciones) nos prive de la continuidad de Quiñones.

La razón es bien sencilla. Fonsi —menudo ojo clínico el suyo— no ha tenido mejor ocurrencia que ponerle al frente de la comisión gestora encargada de reflotar el maltrecho PP de León, hecho unos zorros después del estrepitoso fracaso cosechado al frente del mismo por Ester Muñoz, en su momento nombrada -asimismo a dedo por Mañueco- presidenta provincial del partido, y quien ha hecho mutis por el foro tras haber sido ascendida por el tándem Feijóo/Tellado a portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados. De modo, que tendremos “Rey Sol” en la Junta para rato (salvo, claro está, que Vox, llegado el momento, condicione a su apoyo a la continuidad del PP a su salida del futuro gobierno de la comunidad). En su día, Ciudadanos amagó con ello sin ningún éxito.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las entregas a cuenta que recibirán las comunidades autónomas en el presente ejercicio, con 8.969 millones de euros para Castilla y León, lo que representa la mayor cuantía aportada por el Estado a esta Comunidad y hasta el 9,5 por ciento más que el pasado año.

Además de esa aportación, en concepto de liquidación del año 2023, Castilla y León recibirá 627 millones de euros, por lo que si se suman ambas cantidades la financiación total será de 9.522 millones de euros, el 2,5 por ciento más que el pasado año, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en esta Comunidad.

En su comunicado, esta institución remarca que, en los siete años bajo la presidencia de Pedro Sánche, Castilla y León habrá sumado 15.530 millones de euros más en comparación con los siete años de mandato de Mariano Rajoy (PP).

La cantidad que percibirá Castilla y León representa el 6,08 por ciento del total consignado por el Gobierno central para repartir entre todas las autonomías, 147.412 millones de euros, mientras que para los ayuntamientos consigna 28.734 millones, con lo que actualiza la financiación de estas administraciones por su participación en los impuestos del estado.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de “un acuerdo fundamental” para las comunidades y los ayuntamientos, a los cuales el Gobierno entrega “los mayores recursos económicos de la historia para estas administraciones”.

La medida, que se incluyó en el decreto ómnibus y decayó el pasado mes de enero cuando éste no fue convalidado por el Congreso, venía siendo reclamada por las administraciones locales y autonómicas.

Ahora el decreto deberá ser convalidado por el Congreso, respecto a lo cual Alegría ha señalado que “esperamos que en este caso el PP, como principal partido de la oposición”, apruebe la medida.

A la cantidad citada para las autonomías hay que sumar 11.692 millones de la previsión de liquidación de 2023, según ha informado el Gobierno en una nota de prensa, en la que destaca que se trata de “una financiación total récord de 158.167 millones para este año”.

En cuanto a la financiación de los municipios, el Gobierno defiende que también supone una cifra récord, y que en los siete años los ayuntamientos han recibido un 32 % más de financiación que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, casi 40.000 millones más.

Las entregas a cuenta son pagos que el Estado adelanta a otras administraciones antes de la liquidación de su parte en la recaudación de los impuestos.

En apoyo a su consideración de “históricas” para las cifras aprobadas hoy, Alegría ha citado dos ejemplos: el de Andalucía, que va a recibir 27.435 millones de euros, un 9,6 % más que en el anterior ejercicio; y el de Aragón, que va a recibir 4.974 millones de euros, un 9% más que el año pasado.

“En estos últimos siete años de Gobierno”, ha añadido Alegría, “hemos destinado a las comunidades autónomas 300.000 millones más que los últimos siete años del Gobierno del señor Rajoy, y esto supone un 47,4 % en lo que se refiere a las comunidades autónomas”.

En la citada nota, el Gobierno defiende que “la actualización de las entregas a cuenta se produce en un escenario de prórroga presupuestaria”.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, añade, “ha desligado una vez más la aprobación de los Presupuestos de la actualización de los recursos para las Comunidades Autónomas, algo que el gobierno del PP siempre rechazó que se pudiera hacer”.

“Los hechos han desmentido una vez más la postura del Ejecutivo de Rajoy y las entregas a cuenta que, como ocurrió el año pasado también, se han actualizado a pesar de existir una situación de prórroga presupuestaria”, concluye el Gobierno.

En las últimas semanas, han sido varias las veces que se ha relacionado el adjetivo “privilegiada” con la villa de Medina del Campo, por el ‘desbordante’ número de frecuencias de alta velocidad. Sin embargo, un movimiento de protesta, reivindicación e indignación no nace de una situación privilegiada, porque la población no lo percibe así, sino como un grave perjuicio colectivo. Estas son algunas de las declaraciones que el subdelegado del Gobierno en Valladolid, D. Jacinto Canales, publicaba en diversos medios. Por repetición pueden sonar convincentes, pero basta con ahondar en el asunto para darse cuenta de que muchas caen por su propio peso. Aquí van algunas de ellas:

En primer lugar, insisten en que “las frecuencias eliminadas tienen una media de solo ocho pasajeros diarios”. Esta afirmación se basa en datos del año 2024, en el cual los usuarios de Medina AV no podían formalizar con abonos los trenes AVLO, por lo que la contribución de esos trenes a la ecuación tenía un valor de cero. Además, la media de ocupación no refleja la demanda potencial, sino la falta de pre-reserva de asientos para estos usuarios, los cuales no pueden acceder a billetes porque el sistema los excluye por defecto, caso con solera en Medina. Es decir, justifican los recortes basándose en datos sesgados por las propias condiciones injustas impuestas a los viajeros de Medina.

Los artículos también incurren en una comparación engañosa al afirmar que “Medina seguirá teniendo 7 frecuencias diarias con Madrid, más que otros municipios como Monforte de Lemos”. Sin embargo, esta comparación omite un dato esencial: Monforte de Lemos se encuentra en la provincia de Lugo, a más de 400 kilómetros de Madrid. Resulta poco realista plantear la posibilidad de conciliar una vida laboral en la capital con la residencia en dicha localidad gallega. En cambio, Medina del Campo, situada a solo 160 kilómetros de Madrid, ocupa una posición geográfica estratégica que sí permite, en muchos casos, compatibilizar el empleo en Madrid con la vida familiar en Castilla y León. Las necesidades, ritmos y perfiles de los viajeros de ambas localidades son radicalmente distintos, especialmente en lo que respecta a la recurrencia y frecuencia de los desplazamientos. Por tanto, utilizar Monforte como punto de comparación no solo desvirtúa el debate, sino que desconoce la lógica territorial y social que debería guiar cualquier análisis serio sobre la oferta ferroviaria.

En términos de eficiencia y velocidad, el subdelegado argumenta que “cada parada adicional retrasa entre 10 y 15 minutos”. Para ello vamos a echar mano de la web de Renfe y vamos a elegir tres trenes que sucesivamente añaden una parada más, para luego comparar la duración del trayecto. El AVLO 04154 Zamora – Madrid tarda 1h y 8 minutos; el AVLO 04494 Zamora – Madrid con parada en Medina AV tarda 1h y 12 minutos; y el AVLO 04334 Zamora – Madrid con paradas en Medina AV y Segovia tarda 1h y 18 minutos. Aunque el tiempo que un tren permanece detenido en una estación no se desglosa explícitamente en los horarios públicos, sí podemos deducirlo razonablemente a partir de los tiempos totales de viaje. Si aplicamos un mínimo de sentido práctico, vemos que la parada real (ese momento en que el tren está completamente quieto en el andén) no supera los 3 - 4 minutos. El resto es maniobra. Así que no: no estamos ante paradas eternas ni maniobras torpes. Estamos ante horarios ajustados que se ven comprometidos, muchas veces, no por las paradas intermedias, sino por las salidas que rara vez se producen a la hora exacta.

Por último, y quizás el más desafortunado de todos, el comentario repetido de que “se busca el interés general de los usuarios del corredor Madrid-Galicia, en su mayoría gallegos”. Priorizar a un grupo mayoritario no puede hacerse a costa de eliminar derechos de las minorías. El transporte público, especialmente el que se ampara en Obligado Servicio Público, tiene un carácter vertebrador e igualitario, y no debe regirse exclusivamente por lógicas comerciales. La Alta Velocidad no puede convertirse en un servicio elitista de grandes ciudades. La España de las pequeñas y medianas localidades, como Medina del Campo y su Comarca, también tiene derecho a conectividad y oportunidades de desarrollo.

No vamos a rendirnos. Seguiremos defendiendo a nuestro pueblo con firmeza, porque sabemos lo que nos corresponde y no vamos a aceptar menos. Nuestra comunidad merece ser escuchada y valorada, y lucharemos para que así sea.

A raíz de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por la Junta de Castilla y León, marcadas por la creciente preocupación por este tema en todo el estado y el horizonte de las elecciones autonómicas del próximo año, hemos visto conveniente escribir este artículo para aclarar valorar las políticas públicas de vivienda de la Junta, especialmente en lo que afecta a la provincia de Valladolid.

Aunque las autoridades competentes se hayan negado sistemáticamente a aceptar la declaración de zona tensionada en Valladolid, lo cierto es que el precio del alquiler medio en la ciudad ha experimentado una gran subida en los últimos años. Los datos aportados tanto por el INE como por los portales mayoritarios de alquiler (Idealista, Fotocasa) apuntan a subidas de entre un 20% y 25% en cinco años y de hasta un 10% a 12,5% solo en el último año. Este es el fenómeno más representativo de la actual crisis de vivienda nacional en nuestra ciudad.

Por supuesto, este hecho se ve reflejado en el día a día de nuestra actividad sindical: la mayoría de los problemas que recibimos están relacionados con esta subida: variando desde los numerosos intentos de actualizaciones ilegales del alquiler en base al IPC, las negativas rotundas a las renovaciones de contrato para inflar aún más los precios, hasta los más mediáticos casos de desahucio. Conviene señalar aquí que estos casos de desahucio, que hace una década se centraban en los casos de hipotecas, en la actualidad lo hacen en las situaciones más precarias, sobre todo vinculadas al alquiler.

La vivienda es ya en todas las encuestas la principal preocupación de los españoles y el gobierno territorial, con un ojo puesto en las elecciones autonómicas del próximo año, está afinando la propaganda sobre las medidas que ha adoptado en esta materia. El objetivo de este artículo es mostrar cómo, a pesar de los tintes sociales con los que se anuncian estas políticas, estas van encaminadas a engrosar y fortalecer un negocio de la vivienda que choca frontalmente con la mejora de las condiciones habitacionales de la clase trabajadora.

Las soluciones aportadas por el Ayuntamiento

Empecemos describiendo las medidas del ayuntamiento de Valladolid. Recordemos que el consistorio es gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox desde mayo de 2023, pero han heredado las políticas de los ocho años anterior de gobierno de coalición entre el PSOE y VTLP.

La sociedad municipal de vivienda y suelo de Valladolid (VIVA) gestiona un total de 500 viviendas de entre las cuáles, como ellos mismos reconocen, al menos el 20% están sin asignar a pesar de las más de 5.000 solicitudes recibidas. Las asignadas, por otra parte, han sido protagonistas del conflicto sindical en vivienda en la ciudad el pasado año: un bloque entero en Puente Jardín se organizó en el sindicato tras hartarse de habitar casas sin calefacción, con ventanas defectuosas y, sobre todo, de la completa inacción del VIVA ante sus problemas antes de organizarse. Vivienda pública y de nueva construcción, sí, pero con las mismas pocas garantías de calidad que la del parque privado. Las políticas de vivienda que involucran la nueva construcción implican necesariamente constructoras privadas que, como en el caso de esta comunidad, no se responsabilizan de las condiciones de las viviendas una vez construidas.

Las soluciones de la Junta

Por su parte, la Junta de Castilla y León presumía el pasado mes de impulsar la construcción un centenar de viviendas para jóvenes en la zona de los Cuarteles de Artillería, que darían lugar a un total de 600 viviendas gestionadas por la institución regional. Todas ellas obra de nueva construcción que la Junta ofrecería en régimen de alquiler a los jóvenes de la ciudad.

En nuestra opinión, lejos de representar una solución real al problema de la vivienda en la ciudad, estas medidas resultan completamente coherentes con el modelo de negocio de vivienda que está en el origen del conflicto. Más que enfrentarlo o resolverlo, el sector público asume el rol de corregir las fallas que el mercado privado no puede subsanar por sí mismo, con el fin de sostener la viabilidad dicho modelo a corto y largo plazo. Veamos qué queremos decir con esta afirmación.

Compartimos el análisis según el cual el llamado negocio de la vivienda no se refiere únicamente a los propietarios de las viviendas que obtienen una renta de su alquiler. Es un mercado amplio y complejo del que salen beneficiados numerosos agentes: desde las grandes constructoras y propietarios hasta las empresas de alarmas y desokupaciones que se alimentan del miedo y la incertidumbre de los primeros.

Este es el primer sentido en el que estas políticas contribuyen a sostener el negocio de la vivienda: la construcción de nuevas “viviendas para jóvenes” implica una importante inyección de dinero público a favor de las constructoras encargadas, así como de todos los negocios secundarios que participan en el proceso. Una apuesta decidida hacia la nueva construcción mientras que las viviendas existentes se degradan, como por ejemplo ocurrió a principios de año en la calle Puente Mayor.

Los segundos beneficiados de la ciudad, aunque parezca paradójico, serán los propios caseros. La construcción de nuevas viviendas, aunque aumente en unas cuantas unidades la oferta disponible, será insuficiente para frenar la subida de los precios de alquiler de manera considerable. Además, la Junta se convertirá en la casera de un segmento de jóvenes con menos recursos que, como las grandes empresas inmobiliarias reconocen, aumentan el riesgo y la incertidumbre de los propietarios.

Y esto hila directamente con la tercera consecuencia que queremos señalar: el ayuntamiento prioriza la construcción de nuevas viviendas en beneficio del sector inmobiliario mientras deja morir los barrios que ya existen. El ejemplo más llamativo es la dejadez del ayuntamiento para mejorar las condiciones de la barriada del 29 de octubre en Pajarillos. A pesar de las movilizaciones y reclamaciones históricas del barrio, se prefiere destinar los recursos públicos a promover nuevas promociones inmobiliarias en lugar de rehabilitar viviendas deterioradas y garantizar condiciones de vida dignas para sus habitantes.

En resumen, mucho ruido y pocas nueces para la clase trabajadora, que, en el mejor de los casos, podrá acceder a una vivienda pública de nueva construcción, aunque no necesariamente digna ni de calidad. Todo ello mientras la Junta se ocupa de engrasar un negocio inmobiliario que, pese a su rentabilidad, es cada vez menos capaz de sostenerse por sí mismo.

Que alguien haga algo

No debería ser sorprendente que un gobierno liderado por el Partido Popular prime los intereses del sector inmobiliario frente a las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero es que además estas políticas no son diferentes a las adoptadas por el gobierno más progresista de la historia del PSOE y Sumar.

La vivienda universal y de calidad podría ser una realidad con una voluntad política firme y una fuerza organizada que la respalde y defienda, pues se cuenta con los recursos suficientes y los medios técnicos para llevarla a cabo. La negativa de todos los partidos políticos mayoritarios a priorizarla frente a los beneficios millonarios del sector inmobiliario es uno de los grandes fracasos civilizatorios de nuestro tiempo.

Nuestra tarea como sindicato en el presente está más clara que nunca. Organizar a la clase trabajadora en defensa de sus intereses con todo lo que ello supone: ser eficaces en la defensa inmediata de nuestras condiciones habitacionales a través de la organización sindical; encabezar la lucha cultural por la necesidad de una vivienda universal, digna y de calidad y contribuir a la construcción de una alternativa política capaz de contrarrestar la ofensiva del capital frente a nuestras condiciones de vida.

Estos días se celebra en Valladolid la feria internacional Expobiomasa 2025 que reúne a profesionales y empresas vinculadas con las tecnologías de la energía de la biomasa. En su inauguración, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, manifestó su entusiasmo por esta energía y confirmó el apoyo de la Junta a los proyectos de instalación de redes de distrito alimentadas por biomasa. Suárez-Quiñones afirmó que esta tecnología es capaz de proporcionar calefacción y agua caliente “totalmente sostenible” y que la extracción de biomasa hace a los bosques “más resistentes” a los incendios.

Este apoyo sin fisuras a la quema de biomasa forestal debería contar con un poco más de templanza por parte del máximo responsable de la gestión de los bosques de Castilla y León, porque, aunque solemos calificar de “energía renovable” a la biomasa, en realidad, no tiene por qué serlo.

La quema de madera solo puede considerarse sostenible si va acompañada de una gestión forestal responsable que limite la extracción al ritmo de regeneración natural de los bosques. Asimismo, la conservación de los ecosistemas forestales y su biodiversidad no es compatible con enfoques productivistas que reemplazan los bosques autóctonos por plantaciones de especies de rápido crecimiento.

El precio de los combustibles fósiles está animando a muchas personas a utilizar la madera como fuente de calor, pero, antes de pensar en instalar masivamente calefacciones de biomasa, debemos preguntarnos si nuestros bosques pueden soportar esta carga.

Hagamos algunos números: actualmente se extraen unos 15 millones de toneladas de biomasa de los bosques españoles, aproximadamente un 40% se usa para materiales y el resto para energía. La regeneración natural ha sido superior a la extracción en las últimas décadas, lo que ha permitido que nuestros bosques se recuperen progresivamente del uso intensivo y de la expansión agraria que sufrieron durante siglos: en estos momentos, se generan unos 20 millones de toneladas de biomasa cada año. Esta es una situación muy favorable, porque se extrae menos de lo que se regenera, lo que permite el crecimiento de árboles maduros, la expansión de los bosques y el enriquecimiento de los suelos forestales.

Pero, si sustituyésemos todas las calderas de gas y gasóleo del país por biomasa, necesitaríamos aportar 3150 kilotoneladas equivalentes de petróleo que, considerando un poder calorífico de 17 MJ/kg y una eficiencia del sistema del 70%, requeriría unos 11 millones de toneladas de madera anuales. Al sumar este volumen a la extracción actual, se alcanzaría una demanda total cercana a los 26 millones de toneladas, bastante más que la actual regeneración forestal. Este cálculo es una estimación simplificada, pero pone de manifiesto que la quema de biomasa puede poner en peligro todos los esfuerzos que hemos hecho en el último siglo por conservar nuestra biodiversidad y proteger nuestros bosques.

Antes de lanzarnos alegremente a sustituir las calefacciones de gas por calefacciones de distrito de biomasa deberíamos preguntarnos muy seriamente cuánta madera se puede extraer. La Junta de Castilla y León tiene muchos expertos en las universidades de la Comunidad que pueden asesorarla a la hora de gestionar sus bosques sin caer en modelos de plantaciones intensivas de una sola especie, que, bajo determinados modelos de gestión, son muy poco “resilientes” frente a los incendios forestales.

Los bosques desempeñan un papel fundamental que trasciende su función como sumideros de carbono: constituyen sistemas complejos que proveen servicios ecosistémicos esenciales para el sostenimiento de la vida. España es un país particularmente vulnerable a la desertificación, fenómeno que se ve agravado por la falta de bosques, ya que las masas forestales contribuyen a la estabilización del ciclo hidrológico mediante un mecanismo conocido como “bomba biótica”; que atrae la humedad desde los mares al centro de los continentes.

Además, la biomasa es un recurso valioso que nos permite compensar la intermitencia de la energía solar y eólica y no debería utilizarse de cualquier manera. Antes de usar biomasa en una vivienda, por ejemplo, se debería mejorar la envolvente y aprovechar la energía solar que le llega directamente. La Junta no debería apoyar únicamente proyectos de instalación de redes de calefacción de biomasa, sino planes integrales de ahorro energético en las viviendas que contemplen primero el ahorro y luego el consumo.

El Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid llevamos diez años estudiando la transición energética y, en todos nuestros estudios, aparece la misma conclusión: la transición energética no es solo sustituir la energía fósil por energía renovable. Es mucho más. Los combustibles fósiles nos han acostumbrado a unos niveles de consumo que son imposibles de mantener con energías renovables sin comprometer muy seriamente la sostenibilidad de la biosfera. Por ello, antes de sustituir una energía por otra debemos realizar una profunda reflexión sobre nuestras formas de vida y conseguir una sociedad mucho más eficaz en el uso de la energía. Solo de esa manera se puede realizar una transición energética que no tenga desastrosas consecuencias sobre la biosfera y la sociedad en el futuro.

Hace unas semanas Alberto Bustos, militante de Izquierda Unida y exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid ponía un mensaje en una red social en el que decía que el pasado verano había acudido a su médica de Familia y le había derivado al especialista con la advertencia de que podían tardar. Le dieron cita para el 10 de marzo, pero le llegó un aviso de cambio de cita para retrasarla al 12 de mayo. En su mensaje decía de manera irónica: “Juegan con nuestra salud, pero, ¡oiga! Todo va bien en Castilla y León”.

A este mensaje hubo un montón de respuestas que exponían casos concretos de dificultades que pacientes habían tenido o tenían con la Sanidad pública en Castilla y León: para conseguir cita, retrasos de las mismas en días previos, para la realización de pruebas médicas, para sus análisis, etcétera.

Ejemplo: “Tras sufrir un trombo en un pulmón, en octubre del 2023, me tenían que hacer una prueba cardiológica. Me dieron cita para el 30 de mayo de 2024, días antes la anulan y me dicen que ya me llamarán. Febrero 2025 y no sé nada de la prueba”.

Así toda una relación de problemas concretos con la atención sanitaria del Sacyl: “con ecografía de abdomen para diciembre de 2025”, “diez meses esperando para una revisión relacionada con discapacidad y movilidad reducida”, “cita para noviembre de 2025”, “cita con la matrona derivada de urgencia por su médica de familiar para junio”, “prueba del sueño del neumólogo en enero pero el resultado para octubre”, “prueba de cardiología en verano, interconsulta de mayo de 2024, cita para noviembre de 2024 y finalmente se pospone para el 30 de enero de 2025”, etc..

Quienes vivimos en Castilla y León somos conscientes de esta precarización de la Sanidad pública porque de una manera u otra la estamos padeciendo en nuestra vida: en Atención Primaria todo el mundo ha visto cómo se ha incrementado la cantidad de días que tardan en darnos cita para el médico de familia y en especializada, las pruebas médicas y las citas tardan meses en llevarse a cabo.

De la red social podemos deducir que la gente está bastante cansada de que el sistema de salud público no sea una prioridad para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a pesar de que el 80% de la población depende exclusivamente de él para dar respuesta a sus necesidades de salud, mientras el otro 20% tiene una cobertura mixta, según el informe de la situación del sector sanitario privado de la Fundación IDIS de 2024.

Da la sensación de que hay responsables políticos del Sacyl más interesados en los beneficios de la sanidad privada que en una gestión óptima de la pública. Teniendo en cuenta que el gasto per cápita en sanidad privada ha aumentado casi el 40% en los últimos diez años, desde los 342€ de 2013 hasta los 542€ de 2023. Esto sucede debido a la política de la Junta, donde cargos públicos de la Consejería de Sanidad como la recién dimitida Directora General de Salud pública de Castilla y León, que restó importancia a una pandemia que supuso la muerte de más de 20.000 personas en nuestra comunidad. Para nosotros y nosotras, los problemas no son las declaraciones comunicativas de los altos cargos de la Junta sino las políticas que lleva el PP implementando desde 1987.

Hacer que lo público funcione peor viene acompañado del incremento del gasto privado en salud para la ciudadanía, al menos para quienes pueden asumir el pago para acceder al sistema privado. Quienes no pueden pagar o las personas mayores quedan excluidas, ya que no son rentables. De tal manera que se pone de manifiesto la máxima capitalista de: “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”.

Si observamos la evolución de los últimos años, en la pandemia el sector privado de sanidad expuso la letra pequeña de sus contratos, algunos de los cuales no incluían tratamientos de epidemias dentro de sus pólizas y, sin embargo, han utilizado la COVID-19 para mejorar su cobertura de seguros de salud privados hasta las 12 millones de personas, con la complicidad del Gobierno de España y la continuidad en el modelo privatizador del sistema sanitario de los funcionarios.

Los siete grandes grupos hospitalarios privados, que concentran el mayor número de centros y camas en España, han construido más de una decena de hospitales nuevos en un periodo de cuatro años, desde 2021 a 2025, teniendo además en mente nuevos hospitales privados, como el del grupo Recoletas en Palencia. Izquierda Unida preguntó por el interés del Ayuntamiento de Palencia, gobernado por el PSOE, ya que la construcción de este hospital tenía un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por estar el proyecto ubicado en zona inundable. No entendemos que, desde la política, desde lo público, se apueste por representar a empresas que se lucran de la sanidad, que son un negocio muy rentable, en lugar de apostar por la sanidad de todos y exigir a la Junta un mejor servicio del sistema público de salud para toda la ciudadanía.

Esta rentabilidad del sistema privado de salud depende de continuar haciendo políticas que precaricen las condiciones de la atención sanitaria en la sanidad pública, ya que mucha gente que paga una póliza preferiría el sistema nacional de salud siempre y cuando el acceso al mismo no esté deteriorado. Otra, directamente no puede permitirse el pago de un seguro privado porque el acceso depende de los ingresos, mientras que el sistema público sigue siendo solidario y te atiende independientemente de tus condiciones económicas, tu edad y tu salud.

Nuestro sistema sanitario siempre se ha caracterizado por una triple solidaridad: la de las personas jóvenes con las personas mayores, la de las personas que trabajan con las que no trabajan y la de las personas sanas con las personas enfermas y, especialmente, con quienes tienen enfermedades crónicas. Este es el planteamiento adecuado para que constatemos nuestra realidad interdependiente y hagamos que la sanidad pública, como dice nuestro coordinador federal, Antonio Maíllo, se parezca lo más posible al socialismo con el que soñamos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una inversión del 25% del presupuesto sanitario en atención primaria por aquello que dice el refrán de: “más vale prevenir que curar” y sin embargo Castilla y León invierte un 15,6% siendo este incremento de presupuesto el que mayor potencial tendría para resolver las demandas de atención sanitaria del sistema. Este aumento en atención primaria permitiría incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales de los centros de salud, siendo la reducción de los tiempos de espera y la reducción de la temporalidad de los y las trabajadoras del Sacyl claves para la mejora de la atención sanitaria en nuestra Comunidad.

A pesar de que las autoridades sanitarias del país acordaron en 2019 como objetivo que el 100% de las peticiones de citas no urgentes en atención primaria se atiendan en las primeras 48 horas, no solo se ha incumplido sistemáticamente este objetivo sino que el acceso ha ido empeorando año tras año. En el gasto público total por Comunidad Autónoma de 2009 a 2022, Castilla y León amplió el presupuesto un 3% cada año, sin embargo en atención primaria se produjo una disminución del 11%. El Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya prometió en 2020, en la presentación del V plan de salud de Castilla y León, llegar al 20% de inversión en atención primaria, pero cinco años después todavía no se ha llevado a cabo.

En 2023, en Castilla y León 57 de cada 100 peticiones de cita en atención primaria tardaron más de dos días en ser atendidas, pasando de 3,2 días de media en 2018 a 5,8 días de media en 2023 y el 8,7% espera 11 ó más días. En el caso de la cita con el especialista el proceso es superior; el 45,4% espera más de tres meses para poder ser atendido.

Contra esta operación de acoso y derribo del sistema sanitario público, ligada a la potenciación del sistema privado de sanidad, Izquierda Unida va a luchar en las calles y en las instituciones por unas listas de espera dignas que permitan curar en tiempo y forma a la ciudadanía, por la potenciación de la atención primaria como eje vertebrador del sistema sanitario público, por la no privatización de operaciones pagadas con dinero público, etcétera.

Por todo ello, tenemos motivos para defender nuestra sanidad pública el próximo 15 de marzo, en la manifestación que partirá de la Plaza de Colón de Valladolid a las 12 horas.

Izquierda Unida apuesta por la defensa del sistema sanitario universal, gratuito y financiado por impuestos y por ello participará en la manifestación para exigir una mejor sanidad pública para quienes vivimos en los pueblos y ciudades de Castilla y León.

¡Defendamos nuestra Sanidad Pública!

Sobre el papel, el presidente de la Junta de Castilla y León anduvo ágil de reflejos al cesar fulminantemente a la directora general de Salud Pública tras las deplorables manifestaciones de Sonia Tamames minimizando los letales efectos del Covid-19 en Castilla y León. Pero tampoco es para sacar pecho. Primero, porque no había otra opción, so pena de asumir un desgaste político absolutamente innecesario. Segundo, porque queda la duda de si ese cese se hubiera producido de no mediar la repercusión nacional que rápidamente alcanzó esa increíble salida de pata de banco.

El asunto se podría dar políticamente por zanjado si no fuera por algunas secuelas que pueden traer cola. De un lado, el episodio ha puesto sobre el tapete el papel de la televisión autonómica de titularidad privada que, subvencionada por la Junta con más de 20 millones de euros anuales, opera en régimen de monopolio en Castilla y León. Una televisión, que al borrar un tuit que reproducía las polémicas declaraciones de Tamames, delataba su dependencia/connivencia con el gobierno de Fernández Mañueco.

Ello justo cuando el peculiar estatus de dicha televisión estaba ya en el punto de mira de la oposición, especialmente de dos partidos tan distantes como Vox y Podemos, que consideran inaceptable el servilismo político que rinde al PP una televisión que, pese a sostenerse gracias a una multimillonaria inyección de dinero público, no está sometida a ningún control parlamentario.

Sucede que en estos momentos está en tramitación en las Cortes de Castilla y León la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), de la que pende el contrato-programa a través del cual la Junta viene subvencionando con más de 20 millones de euros anuales a Televisión Castilla y León, el canal que explotan al 50% los dos principales grupos mediáticos de la comunidad: Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (Ulibarri). Y Vox ha presentado una enmienda que propone la designación parlamentaria de un Consejo que se ocuparía de “velar por la independencia de la información difundida y promover la neutralidad editorial” en lo referido a las funciones de servicio público“ que justifican su financiación por la Junta. Un Consejo integrado por profesionales relevantes en el ámbito del sector público o del mundo audiovisual o la comunicación, que emitiría un informe anual verificando si la programación emitida cumple las funciones de servicio público encomendadas y que además estaría capacitado para intervenir en el nombramiento del personal directivo, pudiendo promover incluso su destitución. Un órgano de control en toda regla orientado a evitar que el PP siga ”manejando por la puerta de atrás“, que diría el ínclito Ignacio Cosidó respecto al Poder Judicial, una televisión autonómica de titularidad privada cuyos mayores ingresos proceden directamente de las arcas públicas de la comunidad.

La batalla emprendida por Vox no es baladí. Otros partidos y procuradores de las Cortes coinciden en denunciar que la televisión en cuestión viene siendo objeto de una descarada instrumentación partidista al servicio del PP. Con ocasión de las desdichadas declaraciones de Sonia Tamames, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, promotor en su día de la reforma de la LPI, ha calificado de “Telemañueco” al canal autonómico, criticado asimismo en términos muy duros por el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del grupo mixto, Francisco Igea.

Las muchas ronchas levantadas por la línea informativa de RTVCyL se pusieron de manifiesto el pasado mes de diciembre durante el debate de la toma en consideración de la reforma de la Ley propuesta por Podemos. En ese debate, el exvicepresidente de la Junta y en ese momento portavoz parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo, que se supone que sabía de lo que hablaba, fue muy explícito: “Si el señor Mañueco se quiere comprar un director de televisión que lo haga con su dinero”, llegó a decir el ex número dos del gobierno Mañueco, quien, por si fuera poco, aseguró que “hay periodistas y columnistas de periódico que escriben al dictado de los jefes de prensa de la Junta” (sic). Por parte del grupo socialista, la entonces secretaria de Organización del partido y de momento todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, tampoco ocultó en ese debate su malestar con el canal autonómico, posición compartida obviamente por Luis Tudanca.

Lo que está por ver es si el nuevo jefe de filas del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, lo tiene tan claro como para apoyar una reforma legislativa que, amén de poner en el disparadero a la compañía titular del canal (para mayor inri, Promecal se encuentra en preconcurso de acreedores), tiene en vilo al PP de Mañueco, que ya se quedó solo en el veto a su toma en consideración y después ha fracasado en su intento dilatorio de prorrogar el plazo para la presentación de enmiendas. Veremos qué posición marca Martínez, al que Edigrup, grupo editor de un diario en Soria, ha venido regalándole los oídos desde que vislumbró su propósito de postularse para suceder a Tudanca.

La otra inconveniencia de la 'sobrada' de Sonia Tamames ha sido la de remover, ahora que se van a cumplir cinco años, la controvertida gestión de la Junta sobre la pandemia. A diferencia de la que está montada en Madrid, donde a Isabel Díaz Ayuso le perseguirán mientras viva las 7.291 muertes por Covid registradas en residencias de ancianos, incomprensiblemente en nuestra comunidad se ha pasado página política sobre el asunto. Y ello pese a que en Castilla y León, tal como desveló en su momento elDiarioCyL, durante la peor ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril de 2020, estuvo en vigor un protocolo muy similar al de la Comunidad de Madrid, con instrucciones muy precisas de que los enfermos contagiados en las residencias no fueran trasladados a los hospitales. Un mes aquel durante el que fallecieron en las residencias de Castilla y León alrededor de dos mil enfermos de Covid, un desastre que no pudo ser investigado en las Cortes al oponerse el PP y Ciudadanos a la comisión solicitada por todos los demás grupos parlamentarios.

Resulta obvio de que al gobierno de Fernández Mañueco no le interesa nada remover ese pasado, máxime cuando el protocolo antedicho fue firmado conjuntamente por el entonces gerente del Sacyl (de Ciudadanos) y por el exgerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, este último en la actualidad secretario general de la Consejería de Familia. Desaparecida de la escena política la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, así como el partido a través del que llegó al cargo, remover aquel episodio podría poner en la picota nada menos que a la actual vicepresidenta única de la Junta, Isabel Blanco, quien, como consejera de Familia, dio su visto bueno a la firma de aquel funesto protocolo.

En suma, flaco favor le han hecho a Mañueco la exdirectora general de Salud y la televisión de bolsillo en la que perpetró las intolerables declaraciones que le han costado el puesto.

Seis semanas después de que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, fuera proclamado nuevo secretario autonómico del PSOE, los socialistas de Castilla y León celebran este fin de semana el Congreso que, de la mano del renovado liderazgo, abre una nueva etapa en sus filas. Atrás queda un periodo de 10 años bajo el mandato de Luis Tudanca en el que, pese haber sido la fuerza más votada en una de las tres elecciones autonómicas celebradas, las de 2019, el PSOE de Castilla y León no ha conseguido poner fin al ciclo de 37 años ininterrumpidos del PP gobernando esta comunidad autónoma.

Volver a ganar unas elecciones con un resultado que le permita desbancar a la derecha apalancada en la Junta desde 1987 es el reto que tiene ante sí Martínez, décimo líder que se hace cargo del PSOE de Castilla y León desde la restauración democrática de 1977. Una empresa, a nadie se le oculta, harto complicada en una comunidad sociológicamente conservadora y carente de un partido de centro o de derecha moderada que pudiera actuar de bisagra para conformar una mayoría alternativa frente al bloque que, llegado el caso, volverán a integrar la derecha pura y dura del PP y la extrema derecha de Vox. 

Bajo el lema “Quedarse es el futuro, atrévete al cambio”, que llama a rebelarse contra la sangría poblacional registrada en las dos últimas décadas, la ponencia marco del XV Congreso del PSOE de Castilla y León diseña una estrategia integral para revertir el declive causado por unas lacras estructurales que se han hecho endémicas. Junto a la despoblación -paliada últimamente por el flujo inmigrante-, el envejecimiento, la dispersión poblacional y unos desequilibrios territoriales con una creciente brecha entre Este y Oeste que lastran la cohesión social y política (el auge del leonesismo y su bandera segregacionista tienen su mejor caldo de cultivo en la indolencia de la Junta ante el desplome demográfico y ese declive económico y social de las provincias que integraron el antiguo Reino de León).

Esa bandera de la segregación enarbolada por el sector -minoritario pero nada desdeñable- del PSOE leonés que encabeza el alcalde de la capital, José Antonio Díez, se hará oír este cónclave autonómico, si bien la discrepancia se salvará previsiblemente con una resolución de compromiso que permita a todos salir del paso. Algo asi ocurrió en el congreso autonómico celebrado en 2008 en Valladolid, en el que, a iniciativa de los socialistas leoneses, liderados por el entonces alcalde, Francisco Fernández, se adoptó la definición de Castilla y León como una comunidad autónoma integrada por dos regiones, algo que nunca ha tenido una plasmación práctica. A su vez, Martínez ya ha tenido ocasión de comprobar el resquemor que producen en influyentes estamentos de la capital del Pisuerga las críticas a un centralismo vallisoletano por otra parte dificil de negar.

 A dos días de la cita prevista en Palencia, el nuevo líder socialista de Castilla y León no ha soltado prenda sobre la composición del equipo que le asistirá en la próxima Ejecutiva autonómica del partido. No hace falta especial sagacidad para aventurar que en ella tendrán presencia muy relevante los socialistas de León y Valladolid, cuyos respectivos secretarios provinciales, Javier Alfonso Cendón y Óscar Puente, han sido los máximos valedores de la candidatura del nuevo secretario autonómico. A continuación, la próxima semana asistiremos al reajuste de en la dirección del grupo parlamentario socialista de las Cortes, donde si no el de Tudanca -que está por ver si de momento permanece como portavoz a la espera de otro destino supuestamente pactado a cambio de su renuncia a presentarse a las primarias-, está cantado el relevo de alguno de los tudanquistas que han integrado el núcleo duro del exsecretario autonómico.

Durante este largo paréntesis entre su proclamación como nuevo líder y el congreso de este fin de semana, Martínez ha tenido ocasión de pulsar el estado de ánimo de la militancia en todas y cada una de las provincias, constatando un cierre de filas muy generalizado en torno a su liderazgo. Y se ha permitido además ofertar al presidente de la Junta un consenso en torno a los Presupuestos de la Comunidad que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se sigue negando a presentar en las Cortes, incumpliendo con ello tanto del Estatuto de Autonomía como el compromiso adquirido en sesión plenaria del Parlamento de la Comunidad.

Martínez se ha mostrado hasta el momento como un político que sabe lo que se trae entre manos. Su primer error puede ser el de obcecarse en compatibilizar su nueva responsabilidad con la alcaldía de Soria, a la que por el bien tanto de dicha ciudad, que no merece tener un alcalde a tiempo parcial, como por la plena dedicación que requiere el reto de impulsar una alternativa de gobierno en Castilla y León, debe renunciar para centrarse en cuerpo y alma en este último objetivo.