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La tercera división del fútbol español alberga un desconcertante proyecto deportivo. Ubicado en Móstoles, el Flat Earth FC se constituyó el pasado año como el primer equipo identificado con las teorías de la conspiración. “Piensa por ti mismo. No dejes que te coman la cabeza”, claman en redes sociales los responsables de una plantilla que, en un contexto de emergencia sanitaria, se han dedicado a lanzar mensajes contra la vacunación, contra las medidas de seguridad frente a la pandemia del coronavirus y, por supuesto, la ferviente defensa del principio de que la Tierra es plana.

“El Flat Earth FC es el primer club de fútbol cuyos seguidores están unidos por lo más importante: una idea”, anuncian en su página web junto a un vídeo promocional narrado por el presidente y principal precursor del proyecto Javier Poves. El madrileño, exjugador del Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón, justificó el cambio de nombre argumentando que en el futuro “no ve al Móstoles Balompié” y que necesitaba una nueva organización que “defienda la verdad”. Una “verdad” que choca peligrosamente con los criterios sanitarios.

El estallido de la pandemia del coronavirus y la llegada de las restricciones para limitar los contagios ha destapado al equipo como una organización antivacunas, antimascarillas y antigubernamental. Uniéndose y promocionando actos contra las medidas sanitarias, el Flat Earth FC aprovecha su escasa actividad en redes sociales para recordar, empleando la excusa del fútbol, sus principios.

El “primer club de fútbol creado para pensar” paradójicamente ha tenido que acatar el marco sanitario de la Federación de Fútbol de la tercera división madrileña que obligaba a reducir la liga a dos subgrupos de diez equipos para poder competir.

El sarcasmo de sus posiciones acerca de la pandemia, así como de la condición esférica de la Tierra, ha terminado por situar en el foco de sus críticas a Pedro Duque, actual ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y astronauta de profesión. Duque, tildado de “actornauta”, ha sido elegido por los aficionados como la imagen del equipo e, incluso, como mascota de los días de partido.

Y es que pasearse por las cuentas de los aficionados del equipo supone encontrar multitud de perfiles cancelados y suspendidos por infringir normas comunitarias en las redes sociales. El estallido de la pandemia y el crecimiento de la actividad en Internet trajo un aumento de los bulos y la dispersión de informaciones poco contrastadas, por lo que las grandes plataformas establecieron un marco normativo para evitar la difusión de bulos.

Los sistemas de verificación externos que se encargan de contrastar la veracidad de las informaciones vertidas en Internet ha llevado a Facebook, por ejemplo, a advertir de la falsedad del contenido y a Twitter a “obstaculizar” la forma de compartirlo para limitar la expansión de ciertos mensajes.

La ventana de amigos del club presenta a una serie de canales de Youtube con los que se comparte mensaje, tono e ideología; todo con el objetivo de crear una comunidad internacional de terraplanistas que se sientan representados por el Flat Earth FC. El proyecto de Poves supone un ejercicio de deslocalización de la identidad futbolística sin precedentes y que ya aglutina a decenas de fans alrededor del globo contra la ciencia, contra los científicos y, ahora, contra la salud pública.

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“Como un reloj”. Los ciudadanos de la villa galesa de Aberhosan llevan un año y medio denunciando caídas en la conexión de banda ancha cada día a las 7 de la mañana. La incidencia, que incluso afectaba a pueblos cercanos, había trasladado a un equipo de ingenieros a la región con el objetivo de dilucidar e investigar qué estaba ocurriendo. Tras meses de pruebas y sustituciones de cableado, el equipo finalmente ha encontrado la fuente de las interferencias que ocasionaba la caída puntual del servicio: una televisión antigua.

Según un informe de servicio de OpenReach recogido por la BBC, cada día, a las 7 de la mañana, uno de los ciudadanos de Aberhosan encendía religiosamente su televisión, causando un “ruido eléctrico” que, inmediatamente, tumbaba el resto del servicio de banda ancha en el área. “Quisimos hacer un último test para ver si el fallo era causado por un fenómeno conocido como SHINE (un ruido eléctrico con un gran nivel de impulsos), este suceso implica una interferencia eléctrica emitida por un aparato que puede impactar en la conectividad de la banda ancha”, reporta el ingeniero Michael Jones.

Empleando un aparato para analizar el espectro eléctrico, el equipo deambuló por la zona alrededor de las 6 de la mañana con el objetivo de captar ese “ruido” que diera sustento a la teoría. “A las 7 de la mañana, como un reloj, sucedió”, relata Jones antes de aclarar que el impulso llegaba desde una de las casas de la población. “Al final resultó que todas las mañanas uno de los ocupantes de la casa encendía su antigua televisión provocando una caída en el resto del pueblo”, asegura el ingeniero en el informe de OpenReach.

El vecino, que no ha querido identificarse, se sintió “avergonzado” tras descubrir que su televisión de segunda mano había provocado la caída del servicio en los últimos 18 meses. “Inmediatamente estuvo de acuerdo en apagarla y no volver a usarla nunca más”, asegura Jones.

La jefa de ingenieros de la compañía en Gales, Suzanne Rutherford, ha asegurado que el equipo está “encantado” de haber resuelto finalmente “el misterio de Aberhosan” que tanto había “frustrado y deprimido” a sus compañeros, que no lograban dilucidar el motivo de las caídas del servicio.

Nueve jóvenes influencers han sido detenidas en Egipto acusadas de vulnerar “los valores familiares y sociales” en la red social TikTok. Los arrestos, amparados por la ley de ciberseguridad del país, llegan justo cuando el movimiento #MeToo ha ganado una mayor relevancia en Egipto, donde muchas mujeres se han sumado a la ola de denuncias de abusos y violaciones.

Las situación ha sido denunciada por plataformas como Access Now, que señala que la policía “está apuntando a las mujeres en las redes sociales de entornos socioeconómicos más bajos”. Entre las detenciones está Manar Samy, madre de un niño de tres años, Menna Abdelaziz, de 17 años y que publicó un contenido detallando haber sufrido una violación, así como otras estudiantes.

La serie de arrestos tienen su origen en el caso de Haneen Hossam, una estudiante e influencer en TikTok que, bajo el mismo pretexto, fue condenada en abril a dos años de prisión y a pagar una multa de 300.000 libras egipcias (unos 16.000 euros). Hossam está pendiente de su apelación por la vía judicial, pero otras seis jóvenes ya han recibido penas de prisión y el resto se encuentran a la espera de la condena.

Detenciones bajo la ley de ciber seguridad

Las detenciones se han realizado bajo el precepto de la ley de ciberseguridad egipcia. La norma, que permite al Gobierno monitorizar y decidir qué se publica en Internet y qué no, se ha valido de la vaguedad de un término como “los valores familiares y sociales de Egipto” para condenar los bailes, vídeos y demás contenidos que las nueve jóvenes han venido publicando en los últimos meses.

Sienta “un peligroso precedente”, avisa Access Now, que señala que “no es casualidad que la mayoría de arrestados con estos cargos sean mujeres”. Sus publicaciones denunciaban, en algunos casos, agresiones y violaciones de un país cuya población femenina en su práctica totalidad (99%) ha sufrido o sufre abusos sexuales, según un informe de Naciones Unidas de 2013.

La revolución digital del #MeToo

Frente a un contexto que convierte a El Cairo en la gran ciudad más peligrosa para las mujeres, el movimiento feminista egipcio se agrupó y comenzó a denunciar a principios de este año y a través de las redes sociales abusos, violaciones y, en definitiva, toda violencia sistémica contra las mujeres.

Una de las cuentas más activas, Assault Police en Instagram, se ha establecido como un punto de encuentro y altavoz para más de un centenar de denunciantes que emplean la plataforma para señalar a violadores por todo el país. “Pedimos ser escuchadas... solo estamos usando las herramientas que tenemos, prestando nuestras voces para crear un cambio”, asegura una de las coordinadoras de la cuenta y activista Sabah Khodir.

Egipto no criminalizó el abuso sexual hasta 2014 y, actualmente, los procesos judiciales que llevan a condenas por violación son extremadamente complejos. Las redes sociales y el empoderamiento del movimiento #MeToo en el país ha llevado a las víctimas a denunciar sabiendo que su testimonio, finalmente, tiene un impacto real. El pasado mes de julio, la denuncia de cuatro mujeres a través de Instagram llevó a la detención de un hombre acusado de chantajear y abusar sexualmente de varias jóvenes. “Este es el inicio de una oportunidad (para el cambio) que debemos aprovechar”, relataba el abogado Tarek Elawady a Reuters.

La respuesta de las autoridades egipcias ha sido, por el momento, encarcelar y juzgar a jóvenes influencers por aquello que publican en Internet para defenderse de su discurso contra los abusos y la violencia machista. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en la red llaman a aumentar la presión internacional sobre estos casos para impedir que sirvan como escarmiento.

Es 1986, Lionel Richie acaba de triunfar con su álbum 'Dancing On The Ceiling', 'Brothers in Arms' de Dire Straits da sus últimos coletazos y los RUN-DMC firman con Aerosmith el himno 'Walk This Way'. Los CD, los discos compactos digitales, amenazan con derribar un imperio del vinilo que termina, finalmente, cayendo frente a la comodidad del formato portátil. 34 años después, la nostalgia se consume, se compra y se vende. Y el vinilo vuelve a girar.

Según el último informe de la Recording Industry Association de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), el vinilo ha superado los ingresos en venta física al CD por primera vez desde la década de los ochenta. El comunicado de la asociación, que ha registrado los resultados comerciales del primer semestre de 2020, asegura que las ventas de vinilos aumentaron un 4% con respecto a 2019, resultando el 62% de los ingresos por venta física total (232 millones de dólares) y superando al CD por primera vez desde 1986.

La caída generalizada del sector a consecuencia de la pandemia del coronavirus y las medidas restrictivas han supuesto un desplome de las cifras de venta física y la consolidación del modelo en 'streaming'. La RIAA ha estimado en un 23% la caída con respecto al ejercicio de 2019 y las ganancias derivadas de ambos formatos, vinilo y CD, apenas superan los 360 millones de dólares.

Concretamente, la percepción por venta de discos compactos (129,9 millones de dólares) ha caído un 48% en el primer semestre de 2020, lo que ha acabado por desvanecer la brecha con el formato vinilo.

Una tendencia creciente desde 2005

Según Nielsen Music, el volumen de ingresos por venta de vinilos ha ido aumentado desde 2005. Desde entonces y hasta el último informe de la propia asociación, el formato ha seguido una tendencia creciente que, finalmente, ha terminado por situar al vinilo como el soporte físico que más ha ingresado en lo que llevamos de 2020.

El ascenso de los ingresos por las ventas de vinilos choca, frontalmente, con la tendencia y el desplome del CD. La industria musical estadounidense ya reportó en 2018 que las ventas de los discos compactos decrecían a un ritmo tres veces mayor al que aumentaban las ventas en el soporte rival. Pero, pese a la nostalgia y su rédito económico, los servicios digitales y las plataformas de streaming siguen controlando el sector y ensanchando sus diferencias de ventas, consumo e ingresos con los formatos físicos.

Un nuevo boom del 'streaming'

Con las tiendas cerradas a causa de la pandemia del coronavirus, los soportes digitales de audio vivieron un aumento del consumo del 20% con respecto a ejercicios anteriores, algo que se tradujo en un nuevo boom del formato.

La RIAA ha reportado un incremento del 12% en ingresos derivados de los servicios de pago, la publicidad online y las radios digitales. En total, alrededor de 4.800 millones de dólares durante los primeros compases de 2020.

La actitud del consumidor ha venido cambiando en los últimos ejercicios anuales. Acostumbrados a pagar por consumir música desde la comodidad de los soportes virtuales, la industria musical estadounidense ha visto como el volumen de suscripciones de pago a servicios como Spotify o Apple Music aumentaba en un 24%.

Todo ello contribuye a establecer el 'streaming' como la mayor garantía del negocio musical. Una garantía que, en seis meses, ha supuesto más del 85% de los ingresos para los productores norteamericanos.

¿Y en España?

En España, la brecha entre vinilo y CD todavía persiste. Pese a las diferencias, las tendencias se asemejan a las observadas en Estados Unidos: el disco compacto y su consumo se contrae a una velocidad mucho mayor a la del vinilo.

Actualmente, y según el último informe de Promusicae, éste último ha supuesto el 40% de las ventas físicas y su caída en el volumen de ventas, 7,7%, se debe, mayoritariamente, a las restricciones derivadas de las regulaciones para hacer frente a la COVID-19. En el mismo período, las ventas de CD se han desplomado en un 57%.

“El vinilo sigue ganando partidarios entre los aficionados que apuestan por las compras físicas”, aseguran desde la organización de productores españoles y no sería extraño observar en futuros ejercicios un vuelco de las tendencias que, como en Estados Unidos, devuelvan a España a 1986.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, sede europea de Facebook, ha enviado un requerimiento a la red social para que detenga el flujo de datos de ciudadanos europeos hacia servidores estadounidenses inmediatamente. La compañía de Mark Zuckerberg, que ya ha tratado de justificar dichas transferencias, se enfrenta a una multa que asciende hasta el 4% de su tributación anual: unos 2.350 millones de euros. El plazo para que la empresa acate el requerimiento termina la próxima semana.

La reclamación irlandesa tuvo lugar en agosto, pero ha sido revelada esta semana por The Wall Street Journal. Llega tras una investigación sobre las prácticas de transferencia de datos de Facebook y se apoya en una ley de regulación de datos, promulgada en 2016 por la Unión Europea. Dicha norma establece límites para que organizaciones como las redes sociales compartan información personal de europeos con empresas estadounidenses. En el caso de que la compañía de Zuckerberg incumpliera los términos del requerimiento, además de la multa, la comisión irlandesa enviaría una versión de la orden al resto de 26 reguladores europeos para que se sumaran a la propuesta.

Facebook ha reiterado la legalidad de sus acciones amparándose en la validez de las Cláusulas Contractuales Estándar (SCCs), un mecanismo que ya fue llevado a juicio en julio de este mismo año. “Seguiremos transfiriendo datos en conformidad con la reciente regulación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta que recibamos más guías”, ha asegurado Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de la compañía, en un comunicado.

En julio, el tribunal tumbó los acuerdos entre Bruselas y Washington que permitían compartir grandes masas de datos personales entre empresas, pero mantuvo la validez de las cláusulas. Facebook asegura estar cumpliendo la normativa y haber establecido “garantías” para proteger los datos de sus usuarios.

Facebook podría no ser la única empresa afectada

El requerimiento sienta un precedente acerca de cómo Estados Unidos trata los datos de los ciudadanos europeos. Otras empresas ligadas al sector siguen de cerca el procedimiento, ya que muchas dependen de las SCCs para intercambiar información con servidores informáticos estadounidenses.

Si Facebook acaba acatando el requerimiento, otras compañías con sede en Irlanda, como Google, deberían reconsiderar la forma en la que transfieren sus datos al otro lado del Atlántico o trasladarse para evitar infracciones, perdiendo por el camino algunas ventajas fiscales. Cada uno de los usos de las SCCs debe analizarse individualmente, pero, si el proceso continúa, el volumen de tráfico hacia EEUU podría reducirse considerablemente.

Un numeroso grupo de embarcaciones se ha reunido este sábado en el Lago Travis, cerca de Austin (Texas), para formar una comitiva de apoyo al presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump. La jornada fue organizada a través de una página de Facebook y pretendía congregar a cerca de 2.600 personas para mostrar “tantas banderas de Trump” como fuera posible sobre la superficie del lago. Al grito de “cuatro años más”, el acto, que pedía a los barcos no superar los 16 kilómetros por hora, ha terminado con “varias embarcaciones hundidas”, según ha informado la Policía del condado.

El suceso podría haberse producido por la cercanía de los barcos durante la travesía, algo que derivó en un “oleaje significativo”, ha admitido Kristen Dark, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Travis. Paul Yura, del Servicio Nacional de Meteorología de Austin y San Antonio, ha confirmado a Associated Press que ninguna tormenta ha ocurrido durante el acto en el Lago Travis.

Durante el acto, apodado #Dumbkirk en redes sociales, se han hundido al menos cuatro embarcaciones, según relata The New York Times, aunque el Departamento de Servicios de Emergencia Médica del condado ha aclarado que no se han producido “lesiones o emergencias médicas como resultado de estos incidentes”.

El presidente Trump, ajeno a lo acontecido, ha celebrado la travesía y ha declarado en Twitter encontrarse “totalmente concentrado en el 3 de noviembre”, jornada en la que se producirán las elecciones presidenciales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este viernes las comunidades que ya han iniciado los trámites para incorporar militares especializados en sus sistemas de rastreo territoriales. A Murcia y la Comunidad Valenciana se han sumado Castilla y León, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla.

Las regiones de Galicia y Madrid todavía no han elevado la propuesta al Ministerio de Sanidad, pero, según la ministra, ya han manifestado oficialmente su interés en añadir unidades militares de vigilancia epidemiológica.

El pasado martes, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas que, entre otras cuestiones, otorgaba más peso a las comunidades autónomas en su gestión particular de la crisis sanitaria del coronavirus. El debate acerca del recuento de casos y las dificultades de encontrar profesionales especializados en el seguimiento y la localización de los asintomáticos había supuesto una barrera para muchas regiones que, como la madrileña o la catalana, se habían encomendado al sector privado. Como respuesta, Sánchez anunció su intención de movilizar 2.000 militares para ejercer como rastreadores de apoyo. “Las comunidades que no cuenten con suficientes rastreadores, pueden contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas”, aseguró el presidente en la rueda de prensa.

Cesión “inmediata” de rastreadores militares

El Gobierno responderá de forma “inmediata” a la demanda de rastreadores del Ejército que formulen las comunidades autónomas por “el tiempo que sea necesario” y con un número de efectivos que definirán conjuntamente los ministerios de Defensa y Sanidad. Así lo han explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce durante un encuentro realizado este jueves para esclarecer las vías de actuación.

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien esperaba poder asignar este mismo viernes los primeros rastreadores militares a las comunidades autónomas. Illa ha subrayado que 2.000 efectivos ofrecerán un servicio de “alto nivel” con profesionales “muy eficaces” que trabajarán como unidades autónomas en las comunidades que los hayan solicitado. Lo harán durante un tiempo “limitado y tasado”.

El procedimiento para la incorporación de estos rastreadores militares pauta que las autonomías deben elevar una petición explicativa al Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica que motiva esa necesidad de refuerzo. A partir de ahí, Sanidad y Defensa evaluarán esa petición con una respuesta “inmediata” cediendo los rastreadores militares y el número será adecuado a la situación del territorio.

La medida ha encontrado una recepción dispar y ha evidenciado las diferencias de criterio entre las comunidades, así como las flaquezas en el rastreo de cada una de ellas.

¿Quiénes han dicho sí?

Murcia, Cantabria, Castilla y León, Melilla y la Comunitat Valenciana han iniciado los trámites para incorporar miembros de esta unidad a sus equipos de rastreadores autonómicos. Galicia y la Comunidad de Madrid ya han manifestado su interés.

La región murciana fue la primera en solicitar la ayuda militar y pidió 60 rastreadores al Gobierno para controlar los brotes de coronavirus. El consejero de Salud, Manuel Villegas, justificó la cifra amparándose en que “es lo que lo correspondería a la Región por población en el conjunto de España”.

La Comunitat Valenciana ha sido la siguiente en la lista. Ximo Puig ha demandado este jueves 150 rastreadores para controlar los brotes en la capital y su área metropolitana. Los rastreadores crearán un “grupo de acción directa en los lugares donde se produzca un brote. El ejército tiene una metodología de trabajo que puede ser apropiada”, ha añadido Ximo Puig.

El consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, ya señaló que la comunidad ha hecho “un esfuerzo inmenso” para contratar a rastreadores pero “no descarta tener que recurrir a esa medida”.

Galicia, por su parte, no han descartado pedir equipos de rastreadores al Gobierno pero demandan más información sobre el procedimiento. La Consellería de Sanidade de la Xunta se interesó por la oferta del Gobierno central tal y como confirmaron a elDiario.es fuentes del departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña, pero exige que se “concrete” la colaboración. Esta reclamación llega tras haber engrosado las cifras de rastreadores en la comunidad, que pasó de tener 20 a 6.000 en un mes y medio.

En tono crítico, la Comunidad de Madrid ha dado la “bienvenida” a los rastreadores, aunque todavía no ha elevado la petición al Ministerio de Sanidad. La comunidad, que tenía 180 rastreadores en julio, trató de reclutar voluntarios para paliar las lagunas de rastreo. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que “cualquier medida para luchar contra el coronavirus” es positiva pero la decisión corresponde al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

¿Quiénes no se han pronunciado?

Todavía no se conocen valoraciones sobre esta medida en Andalucía, Navarra, Canarias, La Rioja, Aragón y Extremadura, así como la ciudad autónoma de Ceuta, que se encuentra a la espera de ciertas aclaraciones gubernamentales sobre la posibilidad de declarar estados de alarma locales.

Esta medida, en cambio, sí ha suscitado el pronunciamiento de algunas de estas comunidades que han dejado entrever sus necesidades primordiales. Es el caso del jefe del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha asegurado que “en Extremadura no se dan las circunstancias para solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma”, una línea compartida por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que ha asegurado que “en este momento”, no es necesario un “estado de alarma”.

¿Quiénes han dicho que no?

El resto de comunidades han declarado no necesitar el apoyo militar en sus equipos de rastreadores. O, al menos, no todavía.

La portavoz del Govern de Catalunya, Meritxell Budó, ha descartado que la Generalitat vaya a solicitar la ayuda de los rastreadores militares para combatir los rebrotes de COVID-19, tal y como ha afirmado en una entrevista en RNE. “Me consta que desde Salut Pública se está trabajando con un programa de rastreo y se han aumentado mucho los equipos”, ha asegurado Budó antes de recordar que los 2.000 militares “no son una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta el número de comunidades autónomas”.

Castilla-La Mancha, por su parte, también ha justificado la negativa acogiéndose a las cifras de rastreadores, más de 400 según datos del gobierno de la región. Este número se incrementará en septiembre con la incorporación una unidad de enfermeros de vigilancia epidemiológica específica.

El Govern de Illes Balears emitió un comunicado tras la comparecencia de Sánchez argumentando que la comunidad cuenta con “las herramientas necesarias para aplicar las medidas que se van decidiendo a través de las diferentes resoluciones firmadas por la Conselleria de Salut” y rechazando emplear los nuevos instrumentos a su disposición, algo que también han asegurado, por el momento, desde el ejecutivo asturiano y vasco.

El pasado 31 de julio, Canadá lanzó oficialmente una aplicación de rastreo que advertía a sus usuarios de la exposición al virus y permitía a las autoridades investigar y localizar con mayor eficacia los contagios y los brotes que podían producirse a lo largo y ancho del país. Bautizada como Covid Alert, el soporte empleaba la tecnología de Apple y Google -que también usan otras aplicaciones como la española o la británica-, además de la tecnología bluetooth de baja energía, para, mediante la interacción móvil, avisar a los usuarios de los potenciales focos de infección y, así, ayudar a la prevención y frenar la propagación.

La aplicación acumulaba más de dos millones de descargas el pasado día 16 de agosto, según datos del Servicio Digital Canadiense, y estaba aterrizando paulatinamente en la mayoría de provincias del país, aunque el escaso volumen de usuarios dificultaba la emisión de diagnósticos fiables.

Un usuario de dicha aplicación, Sean Coates, aprovechó la transparencia del código para observar su funcionamiento y asegurarse de que su información no era compartida por terceros. El código de Covid Alert es abierto, al igual que el de otras aplicaciones como Immuni (Italia) o Corona-Warn-App (Alemania), por lo que cualquier persona con ciertos conocimientos informáticos puede comprenderlo, copiarlo e, incluso, corregirlo.

“Inicié la aplicación otra vez y noté algo extraño... algo perturbador”. Así narra Coates en su página web cómo, al arrancar la secuencia de iniciación del soporte por segunda vez, observó que Covid Alert, además de contactar con los servidores de las autoridades canadienses, contactaba con Google.

“Decidí que aquello probablemente no había sido planeado por los desarrolladores, pero me preocupó que una app, diseñada para rastrear las interacciones entre los dispositivos de las personas y que el gobierno quiere que nos descarguemos, estuviera diciéndole a Google que la estaba usando, revelando mi dirección IP en el proceso”, señala el usuario antes de especificar que el código no incluía ninguna referencia a la plataforma estadounidense (clients3.google.com), por lo que la directriz debía encontrarse en una librería con un sistema predeterminado de contacto con Google. Tras encontrarla, se dispuso a arreglar el problema.

Coates estableció un parche que impedía al soporte contactar con enlaces externos a los oficiales proveídos por las autoridades canadienses y notificó el cambio a los desarrolladores, quienes actualizaron la app e incluyeron los cambios del usuario.

Tras la confirmación de rigor, Coates aseguró que la nueva actualización impedía compartir la información de los usuarios con terceros. “Las fuentes abiertas son, normalmente, una herramienta de márquetin, pero en este caso resultó realmente útil”.

El votante republicano y la Administración Trump conviven en una simbiosis casi absoluta. El presidente entra en la Convención Nacional Republicana de este lunes con una popularidad del 90% entre el electorado conservador estadounidense, según recoge una reciente encuesta de Gallup. A pesar de sus excentricidades, Trump se ha hecho con el control del partido, pero aún quedan bastiones conservadores rebeldes que están peleando estos días por frustrar la reelección del presidente en noviembre: de los viejos miembros del partido que han participado en la convención demócrata, los conservadores que han organizado una convención contra Trump paralela a la republicana y otros grupos como el Lincoln Project, que ha conseguido recaudar más de 16 millones de dólares para invertirlos contra el presidente.

Desde su cuenta de Twitter, Trump arremete contra disidentes y dubitativos mientras intenta reducir, como ocurrió en 2016, la distancia en las encuestas con el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, que actualmente tiene una ventaja de casi ocho puntos en la media de encuestas realizada por Real Clear Politics. “Todos estuvieron equivocados en 2016. Han estado equivocados en cada una de las encuestas que he visto”“, recordaba recientemente el presidente. ”Los cuatro republicanos que participaron en la convención demócrata son solo los tontos útiles de la izquierda radical“, afirmó la campaña del presidente, que añadía una breve y descarnada descripción de cada uno de ellos.

Misión: derrotar a Trump

En un contexto de escasez propositiva en el espectro republicano, un grupo de conservadores ha iniciado una campaña contra el actual presidente de Estados Unidos. Bajo el lema “Nunca Trump”, The Lincoln Project ha conseguido recaudar más de 16 millones de dólares, según datos de la Comisión de Elecciones Federales, que ha empleado en campañas publicitarias en redes sociales contra el presidente. Open Secrets ha tasado el gasto en publicidad contra Trump y su equipo en más de 10,5 millones de dólares. Los anuncios reciben centenares de miles de visitas y ya han despertado la ira del presidente. “Son todos unos perdedores”, aseguraba Trump en Twitter.

The Lincoln Project es un comité de acción política fundado por conservadores que “ha pasado más de 200 años eligiendo republicanos”. Ahora, lejos de casar con las ideas del gabinete de la Casa Blanca, tiene la misión de “derrotar al presidente Trump”. Apelando a la figura del que fuera presidente de los Estados Unidos y personaje fundamental para comprender el proceso político del país, la plataforma ha declarado que el “trumpismo” es un “peligro para la Constitución y la República”, y por ello han iniciado una campaña, también, contra los miembros republicanos que han “copiado la crueldad de Trump y defendido, incluso adoptado, su corrupción”.

Varios senadores republicanos también están en la diana de la organización. The Lincoln Project ha gastado cerca de 7 millones de dólares en campañas contra Donald Trump y otros tres millones en publicidad crítica con Susan Collins, Mitch McConnell, Joni Ernst y hasta 11 republicanos más.

En su empeño por derrotar al actual presidente en las próximas elecciones de noviembre, la plataforma ha decidido apoyar abierta y económicamente al candidato demócrata y principal rival de Trump, Joe Biden, uniéndose así a otros comités de acción política del arco conservador que han apostado por el que fuera vicepresidente de Barack Obama.

La escuela de los Bush contra el “Make America Great Again”

Tras el Lincoln Project se encuentran ocho antiguos miembros del Partido Republicano, entre los que destacan George Conway, abogado republicano, Steve Schmidt y Reed Galen, estrategas políticos que trabajaron para las campañas de George W. Bush, y Rick Wilson, “Field Director” de la campaña de H.W. Bush en 1988. Muchos de los principales activistas de la plataforma han estado ligados, de una u otra forma, a las administraciones de la familia Bush y, algunos, incluso, se han alejado del Partido Republicano tras la victoria e imposición del discurso Trumpista.

“Hemos sido, y somos, abiertamente conservadores (o liberales) en nuestras políticas”, aseguran desde la plataforma en una carta de presentación en la que destacan también que sus “diferencias” con el Partido Demócrata no prevalecen sobre su “fidelidad a la Constitución”.

La ironía y la mofa protagonizan la estrategia propagandística con la que The Lincoln Project carga contra el presidente, quien, en otras ocasiones, ya se ha mostrado volátil y fácilmente irritable. “Nuestros esfuerzos se centran en persuadir a los conservadores descontentos (…) y garantizar una victoria y unas mayorías que impidan violaciones a la Constitución”, proclaman desde el comité.

Guerra en las convenciones

Este lunes, coincidiendo con la apertura de la Convención Nacional Republicana, arranca también la Convención sobre los Principios Fundadores, organizada contra el presidente. Las fechas no han sido elegidas al azar, ya que el evento está diseñado para contraprogramar la más que probable reelección de Trump como candidato a presidente y de Mike Pence como vicepresidente. Ambas convenciones se desarrollarán del 24 al 27 de agosto.

Entre los conferenciantes de la convención paralela destaca la presencia de políticos y representantes republicanos que, lejos de casar con los ideales del trumpismo, se han posicionado abiertamente en contra de su discurso. Es aquí donde encontramos a Mark Sanford, excandidato y rival republicano de Trump, a Carlos Gutiérrez, antiguo secretario de Comercio durante la presidencia de George W. Bush y a Christine Todd Whitman, exgobernadora republicana de Nueva Jersey, entre otros. Anthony Scaramucci, director de comunicación de la Casa Blanca durante once días en agosto de 2019, será una de las voces principales.

En el evento contra el presidente también participarán James Comey, antiguo director del FBI, y Michael Hayden, exdirector de la CIA y la NSA. El papel del primero en las investigaciones sobre los emails de Hillary Clinton, las interferencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016 y cómo todo ello pudo afectar a la victoria de Donald Trump acabaron costándole el puesto en una decisión que el presidente justificó acogiéndose a la “politización” de la investigación. El caso planteó y sigue planteando dudas acerca de la independencia que ciertos organismos federales mantienen con la administración de Trump.

Durante la convención demócrata del pasado 17 de agosto también se pudieron escuchar voces del espectro republicano críticas con la gestión de Donald Trump y que ya han manifestado su apoyo a la candidatura de Joe Biden. Es el caso de John Kasich, exgobernador de Ohio, Meg Whitman, excandidata a gobernadora de California, o la que fuera gobernadora de Nueva Jersey, Christine Todd Whitman, quien aseguró que el país necesita “una persona que pueda trabajar para todos. Republicanos y demócratas” y que “Donald Trump no es esa persona, Joe Biden sí”.

Kasich, durante su intervención, admitió que ninguno de los partidos tiene “las respuestas a todas las preguntas”, pero que “la experiencia, la sabiduría y la decencia” de Biden podría ayudar a encontrar una solución más amplia.

El turno de los republicanos lo cerró Susan Molinari, la excongresista, que mantiene cierta amistad con Biden, tildó la gestión de Trump de “decepcionante” al tiempo que aseguró que el candidato demócrata es “exactamente lo que necesita la nación ahora mismo”.

Trump, contra los pesos pesados del partido

El carácter tajante del presidente de Estados Unidos dificulta la irrupción de voces críticas con la gestión realizada desde 2016. El apoyo casi homogéneo que despierta Trump y la falta de líderes en el espectro conservador plantean dudas sobre el futuro del partido si se pierde la reelección. Y es que ha sido el presidente quien ha tratado de acallar las voces discordantes de, incluso, pesos pesados del Partido Republicano como John McCain y Mitt Romney, entre otros.

John McCain, candidato republicano que se enfrentó a Obama en las presidenciales de 2008 y antiguo prisionero de guerra, mantuvo varios enfrentamientos con Trump, quien llegó a cuestionar el papel del primero en la guerra de Vietnam. “A mí me gustan las personas que no fueron capturadas”, aseguró el actual presidente. McCain fue apresado y torturado durante cinco años y medio y es considerado un “héroe de guerra”. Aquel episodio despertó una enemistad entre ambos que acabó tornándose en un conflicto abierto dentro del Partido Republicano cuando McCain criticó a Trump por felicitar la victoria electoral de Putin en Rusia. “Un presidente no debe felicitar a los dictadores”, aseguró el exmilitar antes de fallecer en 2018.

Mitt Romney votó a favor del impeachment contra Trump en diciembre de 2019, pero el conflicto es anterior. El exgobernador de Massachusetts calificó al actual líder del Partido Republicano de “fraude” en 2016, antes de que la victoria de Trump estableciera una tregua que ha venido respetándose hasta finales de 2019. El alto el fuego terminó después de que el jefe del ejecutivo estadounidense animase a investigar a Joe Biden. Entonces Romney catalogó los comentarios de Trump de “equivocados y vergonzosos”, a lo que el presidente respondió llamando “pomposo” al político republicano.

Scaramucci criticó públicamente los comentarios “racistas e inaceptables” que profirió el presidente contra la congresista demócrata negra Ilhan Omar. Tras este primer episodio, Anthony Scaramucci acabó desmarcándose definitivamente del discurso de Trump al señalar la falta de empatía que había mostrado el presidente durante un mitin que realizó en El Paso tras el tiroteo que acabó con la vida de 22 personas. Considerado íntimo amigo de Donald Trump hasta su salida de la administración republicana, el exmiembro del gabinete se ha declarado abiertamente contrario al rumbo tomado en los últimos meses por el presidente y su séquito.

Sea apelando a la figura de Abraham Lincoln y en un tono satírico o “contraprogamando” una convención, los republicanos anti-Trump han comenzado a crear espacios críticos con la administración del presidente, lugares donde no cabe el racismo, la desigualdad y el machismo que muchas veces se esconden tras el “Make America Great Again”. Y es que la grandeza de un país puede determinarse, también, por la tolerancia de sus líderes.

La aplicación española 'Radar COVID' ya ha aterrizado en algunas comunidades, como Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura, tras unas semanas de pruebas en la isla de La Gomera. El soporte llega a nuestros teléfonos móviles para rastrear vía bluetooth a la población que experimente síntomas de la enfermedad, así como alertar al entorno en riesgo mediante un sistema de avisos que calcula la incidencia y el volumen de exposición. La aplicación, que ha desembarcado en las plataformas de descarga móviles este mismo mes de agosto, todavía deberá esperar a la integración autonómica total para que su funcionamiento se extienda al conjunto del territorio español. Aseguraba Carme Artigas, secretaria de Estado de digitalización, que “las apps de rastreo de contactos son una oportunidad de innovación sin precedentes” y, con ello, calculaba que la ventana de implantación en el resto de España podría abrirse a partir del 15 de septiembre.

Pese a las dificultades experimentadas por muchos dispositivos que no podían, siquiera, iniciar la descarga (requiere iOS 13.5 o superior), la aplicación suma cientos de miles de descargas en Play Store y sigue siendo la tendencia número 1 en la sección de ‘Salud y forma física’ de AppStore.

'Radar COVID' se suma, así, al listado de aplicaciones de rastreo que ya han empezado a funcionar en varios países europeos de nuestro entorno más cercano, aunque, de momento, los resultados son dispares.

Pobreza en el volumen de descargas

Italia fue el primer país mediterráneo en implementar una aplicación de rastreo a nivel usuario. Su 'Immuni', lanzada el 1 de junio, ha sentado las bases sobre las que se ha erigido, entre otros, el soporte en nuestro país. Con una interfaz similar a la app española, la plataforma emplea el sistema bluetooth de baja energía para evitar invadir la privacidad del usuario mediante la localización por GPS.

“Immuni vincula un código a cada teléfono. El código se genera de forma aleatoria y no contiene información sobre tu dispositivo y, por supuesto, tampoco sobre ti. Además, cambia varias veces cada hora para garantizar la máxima protección de tu privacidad”, informa la aplicación, desarrollada por la empresa italiana Bending Spoons. “Los teléfonos que se detectan entre sí intercambian sus códigos aleatorios. Cuando estás cerca de otro usuario con Immuni, los dispositivos se intercambian sus códigos a través de Bluetooth Low Energy. De este modo, la aplicación lleva un seguimiento de los contactos, pero no tiene acceso a la identidad de los usuarios ni al lugar de encuentro”.

La aplicación desembarcó en junio pero ha cosechado escasos éxitos dado el bajo nivel de volumen de descargas, algo que también le ha sucedido a Francia con su app 'StopCovid', implementada durante la primera semana del mes de junio. Mientras Italia lamenta las bajas cifras de descargas (poco más de 4 millones desde junio, un 6% de la población), las autoridades francesas han reportado que únicamente el 2% de la población ha accedido a instalarse el soporte en su teléfono móvil.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, el umbral de efectividad de una aplicación de rastreo de este tipo debería rondar el 60% para ofrecer resultados concluyentes y el 10% para realizar aproximaciones. Esta diferencia en el criterio choca con otros informes que estiman una efectividad relativa en el rastreo cuando, aproximadamente, el 20% de la ciudadanía emplea estos soportes.

En cualquier caso, las cifras son, todavía, más desalentadoras tras conocer que las autoridades francesas han tenido que iniciar una campaña de promoción después de detectar que, a la semana del lanzamiento, solo 350.000 usuarios se mantenían activos.

Hay países que todavía no cuentan con aplicaciones de rastreo

Gran Bretaña y Portugal han anunciado, como España, que la implantación de sus respectivas aplicaciones de rastreo se producirá próximamente. Desde el ejecutivo británico advierten de que no se espera su llegada hasta el otoño próximo y que, para entonces, su función, más allá de detectar infecciones e informar al entorno, será la de notificar síntomas, solicitar la realización de pruebas y acceder a información.

El país había iniciado algunas investigaciones relativas a la tecnología de rastreo por móvil, pero las dudas sobre la privacidad de los usuarios y los problemas derivados de las trabas tecnológicas (solo detectaba al 4% de los usuarios de iOS) han terminado con las autoridades británicas anunciando un cambio que integrará los soportes de Google y Apple en su aplicación.

Portugal, a su vez, dio el pistoletazo de salida a su aplicación el pasado 4 de agosto. La plataforma, de nombre 'Stayaway Covid', registra los niveles de exposición al virus de sus usuarios en los últimos 14 días. El soporte, en fase de desarrollo, todavía no se encuentra disponible en la totalidad del territorio portugués y es inaccesible para los usuarios de iOS.

Alemania y Suiza dan muestras de su efectividad

Por otro lado, Alemania desarrolló durante el pasado mes de junio una aplicación con características similares a las mencionadas anteriormente y las valoraciones sobre la gestión de la pandemia en el país germano han sido muy positivas. La razón principal que explica el éxito de 'Corona-Warn-App' es el enorme volumen de usuarios que la emplean diariamente. Más del 20% de la población alemana ha descargado la aplicación, cuyo código es abierto y gratuito (y del que se están beneficiando otras organizaciones).

Este éxito puede compararse, incluso, con el del caso suizo. El país transalpino fue la primera región europea en desarrollar, implementar y utilizar una aplicación de rastreo. 'SwissCovid', lanzada el pasado mes de mayo, fue el primer experimento en el viejo continente capaz de rastrear y advertir contagios entre su población. El nivel de desarrollo de la app es tal que ya ha empezado a interoperar con plataformas de otros países con el objetivo de homogeneizar advertencias.

Habrá que esperar hasta el 15 de septiembre para observar si el flujo de usuarios permite a 'Radar COVID' ser una aplicación efectiva que ayude a reducir los niveles de riesgo y exposición al coronavirus.

El Virgin Money Unity Arena de Newcastle ha albergado este miércoles el inicio del primer festival de música del Reino Unido tras la expansión de la pandemia del coronavirus. El espectáculo, que arrancó con los acordes de Sam Fender, ha ofrecido una imagen sorprendente: los asistentes se encontraban separados en 500 plataformas ordenadas por hileras que garantizaban, aseguran desde la organización, la distancia social entre los distintos grupos de fans. “El primer recital de distancia social del Reino Unido”, promocionan desde su web.

A los asistentes, 2.500 en total, se les garantizaba uno de estos “andamios”, además de sillas y un servicio directo de comidas y bebidas, por lo que salir de la plataforma no estaba permitido en ningún caso, a excepción de las visitas al baño.

Estas plataformas, dispuestas a dos metros de distancia las unas de las otras, seguirán organizando el espacio del festival que se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre. Así pues, los fans que quieran ver a The Libertines, Supergrass, Two Door Cinema Club o Van Morrison, entre otros, deberán aprender a vivir los conciertos desde la comodidad de una silla y la seguridad de un andamio.

La música en directo en España

La dificultad de mantener las medidas de seguridad en espacios cerrados ha puesto en jaque al sector de la música en directo en España, ya que muchas salas permanecen cerradas y los conciertos se encuentran limitados en términos de aforo. Además, en una medida que ya se ha extendido al ocio nocturno, no se permite bailar o generar situaciones en las que pueda haber contacto entre grandes grupos de población.

La gran mayoría de recitales se están produciendo al aire libre o en espacios que garanticen la distancia de seguridad interpersonal, manteniendo a los espectadores en sillas y con el uso de la mascarilla obligatorio. Ninguna directiva permite, en todo caso, sentar a los asistentes en grupos y evitar, así, el uso de la mascarilla.

“No nos vamos a entender”. Así zanjó una conversación sobre el alquiler de una vivienda la propietaria que impidió a Katherine Vargas visitar un apartamento en el centro de Madrid. La que fuera portavoz para medios hispanos en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, de origen colombiano, se encontraba buscando una vivienda desde la que teletrabajar más cómodamente cuando encontró un piso en el distrito madrileño de Chamberí a través del portal Idealista. Tras acreditar su solvencia económica, la propietaria preguntó a Vargas, de origen colombiano, de dónde era hasta en dos ocasiones para, finalmente, terminar la conversación y negarse a enseñar la vivienda. “Cuando le respondí de donde era me dijo: 'Veo que no nos vamos a entender”, relata Vargas a elDiario.es.

La propietaria, tras negarse a mostrar la vivienda a Vargas, argumentó su decisión añadiendo que ella “alquila el piso a quien quiera”. Al finalizar la charla telefónica, Vargas denunció el anuncio a través del portal digital y en redes sociales. “Deberían tener políticas claras. Los anunciantes no deberían poder preguntar sobre tu raza, tu orientación sexual o tu lugar de nacimiento para decidir a quién mostrarle o no un piso”, exige Vargas, a quien la situación le pareció “inaudita”.

Katherine Vargas trabajó en la Casa Blanca como portavoz de medios hispanos durante la presidencia de Obama hasta 2015. En septiembre de 2019 se estableció por motivos laborales, finalmente, en Madrid. La búsqueda de una vivienda había comenzado en las últimas semanas tras conocer el anuncio de su actual empresa en el que se establecía el teletrabajo para lo que resta de 2020 e, incluso, 2021.

La propietaria defiende su decisión

La propietaria del inmueble, en declaraciones a elDiario.es, ha justificado sus preguntas acerca de la nacionalidad de Vargas aludiendo a que “es una propiedad privada”. “Quiero alquilar solo a españoles, no por nada, sino porque no quiero que se vayan”, argumenta la anunciante, quien ha añadido que va a retirar el anuncio en las “próximas 24 horas” tras haber alquilado ya el inmueble. Sobre la conversación con Vargas, denuncia que la exportavoz respondió de forma “airada” a la pregunta sobre su nacionalidad y que como propietaria puede decidir “a quién meter” en su casa.

Otros casos de discriminación racial

No es la primera vez que los usuarios de Idealista reportan discriminación racista por parte de los anunciantes. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador al portal de anuncios y a la agencia inmobiliaria The New House por publicitar el alquiler de un piso “solo para inquilinos españoles”. El expediente finalmente impuso una multa de 90.001 euros a Idealista y a la inmobiliaria por publicitar “acciones que comportan discriminación en el uso de la vivienda”.

Idealista siempre ha argumentado que solo es una empresa prestadora de un servicio. “No somos responsables de la información que publican los anunciantes a su petición, salvo que tengamos conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido”, reza un comunicado de la empresa fechado el pasado 23 de diciembre.

El portal dice contar un equipo especializado y automatizado que se encarga de rastrear el “contenido discriminatorio” para, “en casos flagrantes o repetitivos”, retirar el anuncio, pero desde Idealista confirman que “al no haber negociación contractual” son los propietarios los que establecen los términos dentro de las condiciones establecidas por Idealista, según cuentan a elDiario.es. “Nosotros no podemos obligar a nadie a que alquile su casa”, argumentan desde el portal.

Dos pasajeros británicos de un vuelo entre Ámsterdam e Ibiza fueron detenidos este viernes por la Guardia Civil tras desencadenar una pelea en pleno pasillo que involucró a varios pasajeros. Según ha confirmado la compañía área holandesa KLM, el enfrentamiento en el que participaron ocho personas tuvo lugar después de que los dos arrestados comenzaran a “molestar física y verbalmente” al resto del pasaje tras negarse a utilizar la mascarilla obligatoria.

El vídeo difundido por el usuario @MicHighClub en Twitter –un podcast holandés sobre aviación– muestra cómo miembros de la tripulación trataron de impedir una fuerte pelea que ignora los gritos que advierten de la presencia de menores en el interior del aeroplano. El piloto notificó rápidamente a las autoridades la situación y, al aterrizar en España, los dos pasajeros que se habían negado previamente a portar la mascarilla fueron detenidos por la Guardia Civil, como muestran las imágenes difundidas por la misma cuenta de Twitter.

Según portavoces de la compañía, la pelea no comprometió la seguridad del vuelo, pese a que algunos medios han reportado que al menos uno de los implicados se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La regulación holandesa obliga a portar mascarilla en el interior de los aeropuertos. KLM ha trasladado dicho protocolo al interior de los aviones recordando, además, por megafonía que esta medida de protección es obligatoria durante todo el transcurso del vuelo.