Esta semana se celebraba el 40 aniversario del Consejo de la Juventud de Extremadura, una institución que lleva ya cuatro décadas defendiendo y siendo altavoz de los derechos de la juventud extremeña. En el acto central por este cumpleaños, diputadas y diputados de la Asamblea (a excepción de VOX) escuchamos muchas de sus reivindicaciones, algunas históricas.

En sus discursos se habló mucho de vivienda y de empleo, talones de Aquiles de los y las jóvenes. No podemos obviar que la emancipación en Extremadura sigue siendo de las más bajas del país y que la marcha de nuestros pueblos sigue siendo una opción muy presente para todas y todos. Cuanto mayor es la formación, más segura es la marcha y esto en ningún caso es una buena noticia.

No podemos seguir haciendo políticas de espaldas a esta realidad que tanto duele, especialmente a quienes se marchan y a sus familias. Las recetas del pasado no pueden seguir siendo válidas cuando sabemos de sobra que no han funcionado. En un mundo cada vez más tecnológico, las soluciones tienen que ser otras. Debemos tener más en cuenta a nuestro territorio, nuestra riqueza cultural y nuestro folclore están siendo reinventados por jóvenes con muchísimo talento porque de eso en nuestra tierra hay de sobra. 

La identidad y el orgullo de pertenencia a esta tierra tienen que transformarse en un impulso para el cambio y no en un eco en el que las reivindicaciones se quedan solo en el aire. No tienen que venir los de fuera a decirnos que podemos, lo que valemos, tenemos que ser nosotras y nosotros con nuestro impulso los que cambiemos de verdad el lugar que habitamos para que esos y esas jóvenes que tanto lo quieren, puedan quedarse aquí y desarrollar sus proyectos de vida, sus sueños y sus ilusiones. Y que las maletas sólo las cojan para conocer el mundo con ojos curiosos que les permitan traerse nuevas ideas aquí. 

Con 40 años el Consejo de la Juventud sigue siendo una entidad joven pero ya con experiencia, una experiencia que les permitirá seguir insistiendo en su razón de ser, seguir siendo altavoz y continuar recordando a quienes ocupan las instituciones que la juventud extremeña está, siente y quiere vivir con todos sus derechos. 

Desde la tribuna los y las jóvenes que hablaron también casi suplicaron que el Consejo y las asociaciones que representan tenían que seguir con su trabajo, que los ecos de la ultraderecha que nos acechan y que en breve serán una realidad en forma de un gobierno extraño y doloroso, no podían ser una amenaza para su desaparición. Son centro de diana junto a la cooperación extremeña, nuestra ley LGTBI y las políticas feministas, todo eso que nos hace ser región, fortalezas que tenemos que blindar a pesar de las amenazas constantes de señoros que invocan al altísimo desde esa misma tribuna.

Estaremos junto a la sociedad extremeña, no echando espuma por la boca como nos quisieran, tampoco calladas como les gustamos, sino luchando para impedir el recorte de tan sólo uno de nuestros derechos. No lo permitiremos. 

El acto se cerró con la música de jóvenes de la Orquesta de la Ciudad de Mérida, interpretaron “El hombre pájaro” de Robe, él que tanto reclamó locales de ensayo para los y las jóvenes será siempre fuente de inspiración para nosotras y para las que vengan. Por 40 años más del Consejo de Juventud. 

Mientras escribo estas líneas aún no hay gobierno en Extremadura, puede que cambie en cuestión de horas, de minutos, incluso finalmente Abascal decida que tiene que implosionar las comunidades autónomas y qué mejor que empezar por llevarnos hacia la ingobernabilidad. Así en vilo nos tienen a todas las extremeñas y extremeños esta alianza entre la derecha y la ultraderecha. Lo cierto es que han bajado el nivel de decibelios desde las elecciones de Castilla y León y se muestran más cercanos, no es ninguna sorpresa, ya dijimos en varias ocasiones que su affaire se intensificaría tras las citas electorales que nada tenían que ver con Extremadura. 

Y aquí estamos, con un gobierno en funciones que aprueba un decreto-ley que regula esas funciones y que acuerda con Vox, el único partido con el que están dispuestos a formar y terminar con ese gobierno en funciones. Todo un galimatías que confunde a la ciudadanía extremeña aburrida de tanto drama y culebrón. 

Y en este culebrón tampoco nos dejan a la oposición hacer nuestro trabajo, el de fiscalizar a este gobierno, en funciones. Esta misma semana PP y Vox rechazaban una propuesta de Unidas por Extremadura para la celebración de una sesión plenaria en la que este gobierno en funciones rindiera cuentas sobre los procesos de oposiciones, el incendio en la residencia de La Granadilla o las ayudas para los y las afectadas por las borrascas. Pero no les interesa, está claro que están más interesados en el reparto de sillones que en lo que preocupa de verdad a las extremeñas y los extremeños. 

Puede además que los de Vox estén más centrados en sus cuitas internas, ya saben, temas de financiación del partido o las voces discordantes y díscolas como la de García-Gallardo, ex alfil de la derecha más rancia en Castilla y León, que ha largado lo más grande de su anterior jefe. El gran líder tiene a todos los soldados descolocados, así que es posible que para tapar todas esas habladurías tengan a bien llegar a un acuerdo cuanto antes en nuestra región. Vaya usted a saber. 

Pero no nos olvidemos de lo importante y es que mientras se alarga este paripé vemos cómo se deterioran nuestros servicios públicos. Aulas cerradas por la humedad y espacios inservibles en un instituto público como el IES Universidad Laboral de Cáceres, toda una institución en la ciudad. También tuvimos que ser testigos de una nueva inundación en el Hospital Universitario de Badajoz provocada por la rotura de una tubería. Menos mal que la señora Guardiola nos recordó en el debate de no investidura que esas cosas no pasaban ya en nuestra región. Los hechos demuestran que, una vez más, o se equivocaba o mentía.

En fin, es posible que tengamos un gobierno antes de Semana Santa y que entre torrija y torrija nos enteremos de las concesiones que hacen los unos y los otros para llegar a ese acuerdo cogido con pinzas. ¿Estará dispuesta la señora Guardiola a derogar la ley LGTBI?, ¿a recortar más aún la AEXCID y con ello hacer desaparecer las ayudas a la cooperación?, ¿declararán BIC la cruz de los caídos en Cáceres (un asunto de vital importancia para los extremeños y extremeñas)?, ¿harán desaparecer las políticas de igualdad?, ¿cederán los informativos de Canal Extremadura? Son muchas las incógnitas, tantas como la falta de transparencia, tantas como las informaciones cruzadas y las filtraciones, intencionadas o no, que hemos visto en los medios de comunicación. 

Lo que sí tenemos claro es que nosotras y nosotros desde Unidas por Extremadura estaremos ahí para hacerles frente, desde la Asamblea de Extremadura, pero también en la calle junto a todas las extremeñas y extremeños que vean recortados cada uno de sus derechos por esta alianza entre las derechas.

Este 8 de marzo no puedo dejar de acordarme de las mujeres que están en zonas de conflicto. Entre ellas, las mujeres iraníes que son quienes más han sufrido en las últimas décadas la represión de un régimen misógino y que ahora ven cómo en sus calles caen bombas enviadas por quienes se llaman a sí mismo libertadores pero que todos y todas sabemos que no vienen a liberar nada sino a engordar sus bolsillos de petróleo. 

Una de esas bombas cayó en la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab, al sur de Irán, murieron unas 165 niñas. Las imagino como a todas las niñas del mundo, con sueños, enredadas en juegos, con ilusiones y toda una vida por delante truncada por la violencia más cruel. Trump quería un nobel de la paz y ha hecho de la guerra su bandera.

La escritora iraní Marjane Satrapi contaba en su afamada novela gráfica, Persépolis, cómo ella salió de su país siendo también una niña para poder formarse en libertad y lejos de un régimen que empezaba a borrar la presencia y la visibilidad de las mujeres como primer mandato. Satrapi a través de dibujos cuenta cómo el estado y quienes lo gobiernan pueden modificar el cuerpo, los derechos, las libertades, los proyectos de vida de las mujeres, su forma de estar en el mundo. 

Lo saben bien las mujeres afganas que sufren en la actualidad un borrado total de su presencia, no tienen voz, no tienen cuerpo, son invisibles, sin derecho a la educación, a la sanidad y sin un mínimo de dignidad, no pueden ni bailar, ni reír. Son materia porque son cuerpo, pero las están desdibujando hasta llevarlas al silencio más absoluto. La ONG afgana Rawadari ha denunciado el código penal talibán que está institucionalizado la represión y hablan de un apartheid de género, una auténtica pesadilla. El peor lugar del mundo para nacer siendo mujer. 

La voz de una niña se ha convertido en la triste protagonista de una película que recrea un hecho real, el asesinato de Hind Rajab que con sólo 6 años suplicó ayuda a la Media Luna Roja tras quedarse atrapada en un coche en la Franja de Gaza. Previamente el ejército israelí había asesinado a toda la familia con la que viajaba, ella también finalmente murió. La película, La voz de Hind está nominada como mejor película internacional en los premios Óscar, Hind no desfilará en la alfombra roja, pero al menos por un momento y gracias al cine se le devolverá la voz que la crueldad más absoluta, le arrebató. 

Hind es una de las muchas niñas que han muerto en este genocidio, otras siguen viviendo en condiciones infrahumanas en campos de refugiados sin casi acceso a lo más básico, con hambre y frío, sin educación, ni sanidad, muchas sin familias. Las mujeres no tienen acceso a lo más básico, tampoco a lo imprescindible como productos necesarios para la salud sexual y reproductiva. 

Pero no sólo en la guerra o en situaciones de conflicto las mujeres desaparecen, quiero acordarme de Salma, la mujer marroquí que estuvo secuestrada 22 meses en una casa de Murcia. Un tiempo en el que sufrió violencia sexual, física y verbal por quien parecía ser su pareja, un hombre de nacionalidad española que la destrozó física y psicológicamente hasta que ella pudo escapar. 

1.353 mujeres son las víctimas mortales por violencia de género desde 2003 hasta hoy, ellas no pudieron escapar de sus asesinos. 

Hay muchas formas de violencia contra las mujeres, las desigualdades que denunciamos también lo son, que dos de cada tres mujeres en nuestra región estén desempleadas o que cobremos de media 3.000 euros menos. Es violencia y una señal de un sistema patriarcal que siempre nos ha querido en los márgenes. 

Ahora que vemos que la ultraderecha está más cerca de ocupar el gobierno extremeño estamos en la obligación de denunciar que además de promulgar el borrado del término feminismo, quieren decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos y atacar nuestras libertades. 

El feminismo real siempre será antifascista, se lo debemos a todas las mujeres de nuestra sociedad, del mundo, a las que están y a las que se quedaron en los márgenes hasta desaparecer. 

“¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Se van a entender ya o tenemos nuevas elecciones?” Son las preguntas que la gente me hace estas semanas cuando me paran por la calle. Y es que el vodevil al que nos están condenando PP y Vox  hace tiempo que ya no le hace gracia a nadie. Por un lado, una extrema derecha que sólo piensa en su cálculo electoral estatal y sin pudor defiende que su objetivo es humillar a la señora Guardiola y, por otro lado, una presidenta en funciones cuyos continuos giros de timón la desacreditan y deslegitiman cada vez más. En medio, los intereses de una tierra que nunca ha estado en la hoja de ruta ni del PP ni de Vox y sólo es un juguete más con el que pelearse sin importarles si este juguete acaba roto. Guardiola ha decidido que no sólo va a pasar por el aro sino que va a arrastrarse por debajo de él. El último argumento de esta farsa ya lo conocen, el feminismo que Guardiola defiende es el feminismo de Vox.  

¿Y cuál es ese feminismo?, si es que lo tienen porque así a simple vista parecen términos antagónicos. Es el mismo feminismo de aquellos a los que en algún momento la señora Guardiola en campaña llamó “señoros”. El supuesto feminismo que prescinde de las políticas que protegen a centenares de mujeres en nuestra tierra de sus maltratadores y a sus hijos e hijas. El feminismo que critica la ley integral contra la Violencia de Género porque según ellos “no funciona, no protege a las mujeres, vulnera los derechos de la mitad de la población”, en palabras de Rocío Aguirre, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados.  

Y todo esto en la misma semana en la que tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, otra ha sido herida de gravedad y dos niños han sido asesinados en casos de violencia vicaria. Mujeres y niños con nombres propios y unas vidas que han sido arrebatadas por la violencia machista. Negarlo es negarles su historia.  

Es también el mismo feminismo que no va a hacer nada por atajar las enormes desigualdades que aún vivimos, como la brecha salarial que hace que las mujeres cobremos de media 3.000 euros menos al año que los hombres. Una brecha que como apuntan en el informe publicado esta semana por UGT en Extremadura, en nuestra región vuelve a crecer y es que la precariedad laboral sigue teniendo rostro de mujer. 

Y es también un feminismo que reconoce que volveremos a no ser dueñas de nuestro cuerpo y que nuestros derechos sexuales y reproductivos serán para quienes puedan irse a abortar a una clínica privada lejos de su casa volviendo a los tiempos en blanco y negro.  

¿Está segura Guardiola que es ese el feminismo que ella quiere asumir? Me gustaría recordarle que Vox sigue siendo el partido que ella misma rechazó porque negaba la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes o tiraba a la papelera la bandera LGTBI. Son y siguen siendo los mismos con los que ella por estos argumentos no iba a gobernar y gobernó, ahora ya no sólo los rechaza, sino que asume como propio su discurso.  

No me divierte el argumento ni la trama de este espectáculo, me entristece y me abochorna, como imagino que también les pasa a ustedes quienes saben de sobra que sus derechos están en juego. Y a ustedes, como a mí, no les gustará ver que nuestra política se ha convertido en carne de meme, que estamos en lo que parece un callejón sin salida en el que se abren, como en un videojuego, nuevas puertas y ventanas también sin salida.  

¿Qué nos queda por ver, señora Guardiola? Porque esta genuflexión ante el señor Abascal, de momento, nos parece además de lamentable, insuperable.  

La política, según Aristóteles, es el conjunto de actuaciones que cuidan de los hombres. Esta concepción del mundo clásico perdura hasta nuestros días, aunque algunos de los dirigentes que tenemos actualmente se empeñen en demostrar lo contrario. La convivencia, el bien común y la salvaguarda de los derechos de las personas deberían ser, por tanto, el objeto de la acción política. 

Yo sé que muchos de ustedes, al leer estas líneas, piensan que esta concepción filosófica está muy lejos de la realidad y que la política solo sirve para que se perpetúen determinadas estructuras de poder. Sin embargo, la política útil, con vocación hacia el bien común, existe, y esta semana hemos visto un ejemplo de ello con el acuerdo para regularizar a 500.000 personas inmigrantes en nuestro país. 

Una regularización que, simplemente, consiste en dar papeles a aquellos que ya están aquí, en nuestro país, que están trabajando y aportando en forma de impuestos como el IVA, pero que sin embargo, están haciéndolo sin permiso de residencia. Es decir, están trabajando en ‘negro’ y en demasiadas ocasiones en condiciones de semiesclavitud, gracias a la colaboración inestimable de algunos empresarios sin escrúpulos, que prefieren ahorrarse cuatro perras, en lugar de ofrecer certezas, seguridad y dignidad a las personas que tienen a su cargo. Están ya aquí, son nuestros vecinos y vecinas que madrugan y se desloman como los que más, pero, además, lo están haciendo sin ningún tipo de derechos, explotados y marginados. 

Solo mentes retorcidas, corazones de piedra y almas insensibles pueden negarse a algo así. Solo aquellos que solo están en política por sus propios intereses y beneficios pueden negarse a dotar de derechos y deberes a personas que están sosteniendo este país. Solo a aquellos a los que el bien común les importa poco, pueden pensar que esto es una política contraria al estado de derecho. 

Pero es que además, la regularización de las personas inmigrantes no sólo tiene efectos positivos en las condiciones de vida de las personas que durante años llevan sufriendo la falta de 'papeles', sino que además este acuerdo nos traerá importantes beneficios económicos a nuestro país, y es que se calcula un beneficio fiscal neto de 4.000 euros por cada persona regularizada. O lo que es lo mismo 2.000 millones de euros, que se dice pronto. 

Además, este acuerdo alcanzado entre Podemos y el PSOE era una demanda ciudadana que no había sido escuchada. Hace más de cinco años, organizaciones antirracistas y que trabajan con el colectivo de personas migrantes comenzaron una campaña de recogida de firmas que se tradujo en la presentación en el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 rúbricas. En 2024 se aprobó que esa iniciativa comenzara a tramitarse en la Cámara Baja. El único partido que votó en contra fue Vox. El PP, en esa ocasión, se tapó la nariz porque la iniciativa cumplía con todos los requisitos necesarios para ser tramitada. Sin embargo, ahora, con el acuerdo de regularización entre Podemos y el PSOE ha mostrado sus reticencias, asegurando que vulnera competencias europeas (algo que ya han desmentido hasta las propias instituciones europeas) y mostrándose abiertamente en contra. 

Esto no es algo nuevo, al PP de Feijóo todo lo que huela a derecho humanos le tira para atrás, pero se olvida de que su propio partido ha realizado regulaciones masivas de inmigrantes en la época de José María Aznar, que permitieron a más de 500.000 personas obtener sus permisos de trabajo y sus derechos. 

Estaría bien, por una vez, que el PP saliera de esa actitud de choque frontal contra todo y abandonaran esa campaña electoral continúa en la que se han instalado y leyeran algo más a Aristóteles y Platón sobre el concepto del bien común y la utilidad de la política. 

2026 ha empezado con fuerza. Los primeros días de este nuevo año están siendo muy convulsos, tanto en política internacional, con los delirios imperialistas de Trump, como en España y Extremadura. Uno de estos temas candentes, que abre portadas y provoca ríos de tinta, es la denuncia ante la Fiscalía de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias que aseguran haber sufrido acoso sexual y laboral por parte del reconocido cantante. Unos hechos que conocemos gracias al periodismo valiente y comprometido de medios como este para el que escribo estas líneas, y que son absolutamente imprescindibles para garantizar nuestro estado de derecho. 

Al margen de la necesidad de contar con medios íntegros e independientes, que no se plieguen ante los poderosos, lo que más me ha sorprendido de este caso es la hipocresía feminista de la derecha de nuestro país y de nuestra comunidad. Los testimonios que hemos conocido de estas trabajadoras son de tal gravedad que nadie, en su sano juicio, podría en estos momentos poner la mano en el fuego por el cantante patrio. Pero, sin embargo, sí que lo han hecho. Unas públicamente y otras con un abrumador silencio, que lo dice todo. 

Ayuso ha salido a defender a Julio Iglesias, mientras que Guardiola calla, a pesar de que las dos no dudaron en envolverse en la bandera feminista cuando se han conocido en nuestro país acusaciones similares, como hicieron cuando las denuncias recaían, por ejemplo, en Salazar o Errejón. Guardiola, ahora, ni una palabra ante las importantes violaciones de los derechos de las mujeres que podría haber cometido Iglesias. 

¿Cuál es la diferencia entre unos y otro? Pues que en los casos de Salazar o Errejón podían utilizar las acusaciones como un arma arrojadiza contra un contrincante político, y en el caso de Julio Iglesias se está tocando a uno de los suyos. No olvidemos que el cantante ha hecho campaña por el Partido Popular desde hace décadas. Son innumerables las fotos de ese “truhan” con Aznar en mítines o con Zaplana y otros destacados dirigentes del PP valenciano, algunos de los cuales han sido condenados por corrupción, y que llegaron a regar con millones de euros públicos al cantante por actividades de promoción de la Comunitat Valenciana. 

Esta es la hipocresía moral de la derecha con los derechos de las mujeres, que solo entiende el feminismo como un pin, que se quita y se pone en función de sus intereses electorales. Y para muestra de ello, la propia Guardiola, que en la última campaña electoral autonómica pidió el voto de las mujeres feministas para poder combatir las políticas machistas de la extrema derecha. Sin embargo, poco le ha durado ese compromiso. A los pocos días de conocerse el resultado ya se mostró abierta no solo a pactar con Vox, sino también a incluir a aquellos que niegan la violencia machista en el Gobierno. 

Como decía Groucho Marx, “estos son mis principios, si no les gustan tengo otros”. El problema de esta falta absoluta de coherencia y compromiso no es solo que la credibilidad de Guardiola esté cada vez más pisoteada en el suelo, sino que al final está negociando un gobierno con aquellos que en su programa electoral plantean, sin ningún tipo de rubor, acabar con las políticas de género porque las consideran un “chiringuito”. Y lo dicen aquellos cuyo líder, Abascal, lleva viviendo del cuento y de los chiringuitos toda la vida, sin dar palo al agua. 

Proponen, por tanto, acabar con los fondos de lucha contra la violencia de género, cerrar las oficinas de igualdad o anular, entre otras, todas las políticas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Si Guardiola con las elecciones pretendía deshacerse de Vox, le ha salido la jugada redonda. 

Ahora, en lugar de pactar un presupuesto, como tenía que haber hecho, tiene que pactar un gobierno entero, y lo más importante, todas aquellas políticas que afectan a la vida diaria de las mujeres de esta tierra. ¿Será capaz de entregárselas solo por seguir amarrada al sillón? Yo estoy convencida de que sí porque, lamentablemente, nos ha demostrado en muchas ocasiones que la bandera morada con la que se envuelve no es más que un atrezzo de su propaganda política. Pura hipocresía feminista.

Hoy les escribo las últimas líneas desde aquí hasta después de que pasen las elecciones autonómicas. Las dos próximas semanas de campaña electoral estaremos dando a conocer el programa de Unidas por Extremadura por todos los rincones de la geografía extremeña. Seguro que en algún momento de estos próximos 15 días nos encontraremos con muchos de ustedes, y podremos charlar sobre la región que merecemos y sobre la inestabilidad a la que nos abocan las derechas. 

Y digo la región que nos merecemos porque estarán conmigo que esta Extremadura en blanco y negro que se nos está quedando está muy lejos de lo que los extremeños y extremeñas merecen. Merecen una tierra de oportunidades, que mire para sus gentes, que las sirvan, y que pongan todos los recursos de las administraciones para mejorar sus vidas, y no que rindan pleitesía a los dueños de las grandes energéticas, que llevan décadas haciéndose de oro con nuestros recursos, mientras que aquí solo dejan migajas. Porque no nos engañemos, donde verdaderamente pagan impuestos Iberdrola, Naturgy y Endesa es en el País Vasco y Madrid. Aquí, nos quedan solo los residuos. 

Merecemos también una tierra justa, solidaria, feminista, diversa, sostenible, de acogida, que sea respetuosa con los derechos humanos, y que aleje a los machistas y a los negacionistas de las instituciones. Una tierra que cuide y proteja, y que garantice la calidad y excelencia de nuestros servicios públicos. 

Ahora tenemos todo lo contrario. Desde que la derecha alcanzó el poder, aquí los únicos que han visto mejorar su situación han sido los privilegiados, los señoritos, los que más tienen y los grandes empresarios que no pagan impuestos aquí. El resto, sufrimos largas espera para ser atendidos en la sanidad, las aulas de nuestros hijos e hijas están masificadas, y en muchas ocasiones, en situaciones deplorables, o sufrimos por el modelo de la dependencia que condena a nuestros mayores a un letargo asistencial que no tiene en cuenta sus necesidades. 

Tenemos que rebelarnos frente a esto. Tenemos que ser capaces de parar a esta derecha interesada y perversa. Esa que solo siembra odio. Y tenemos una oportunidad el 21 de diciembre. Podemos hacerlo. Tenemos la fuerza suficiente para ello. 

Por eso, nadie con el corazón progresista puede quedarse en casa ese día. Hay alternativa de izquierda en esta región, y esa es Unidas por Extremadura. Préstenme su confianza ese día porque les aseguro que no les voy a defraudar. Me voy a dejar la piel por para a las derechas en esta región, por defender lo que es de todos y por hacer de esta tierra una Extremadura mejor. Me sobran ganas y fuerzas. Me acompaña un equipo de gente valiente, honrada y trabajadora. Personas fuertes con una gran vocación de servicio público. El 21 de diciembre, únete tú también a nosotras. ¡Vamos a demostrar la fuerza de Extremadura!

Extremadura es una región históricamente olvidada, con déficits importantes en infraestructuras e inversiones. Estamos a la cola en casi todo. Pobreza, despoblación, listas de espera sanitarias, ratios educativas, empleo, e incluso, condiciones laborales. De hecho, a nadie se le escapa que los extremeños y extremeñas somos los peor pagados del país. Son muchos los sectores que llevan años reclamando mejoras salariales, entre ellos los docentes, que han protagonizado una de las mayores huelgas educativas de la región, cansados ya de las promesas rotas de María Guardiola. No es justo que sean los peores pagados del país. Ni tampoco es justo que la última homologación se haya hecho hace más de 20 años. 

No son los únicos trabajadores públicos que están reivindicando que sus sueldos se asemejen a los del resto del país (acompasándose así también al coste de la vida). Este mismo viernes el colectivo de trabajadores públicos han protestado frente a Presidencia de la Junta de Extremadura para reclamar un incremento salarial que les permita llegar mejor a fin de mes. 

Estos trabajadores públicos no son solo aquellos que están sentados en altos despachos, que cobran grandes salarios, sino que también son aquellos que limpian, cuidan, mejoran, cocinan y mantienen los servicios públicos fundamentales. A estos empleados públicos, sobre todo, que son los que llevan las cargas más pesadas con los sueldos más bajos, es a quienes más se tiene que incrementar sus retribuciones. 

Desde Unidas por Extremadura estamos totalmente comprometidos con la justa homologación salarial de los trabajadores públicos. De hecho, es algo que va a estar incluido en nuestro programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Pero también creemos que las condiciones laborales del conjunto de la ciudadanía extremeña tienen que mejorar. 

Es cierto que, gracias al trabajo, empuje y compromiso de nuestro espacio político, se han conseguido logros en los últimos años. Revertir la nefasta reforma laboral del PP ha sido uno de ellos, aunque todavía queda bastante margen de mejora en la que tenemos actualmente. Incrementar el SMI, el Salario Mínimo Profesional, ha sido otra. Esta última importantísima para una región como Extremadura, que ha beneficiado a más de 70.000 personas. Se ha pasado de 735 euros a 1.184. Se ha subido el sueldo en 450 euros más al mes. Y esto ha sido posible, a pesar del Partido Popular y Vox, que siempre, siempre, han votado en contra de las mejoras de las condiciones económicas de la mayoría trabajadora. 

Cuando la gente corriente necesita de políticas que les hagan avanzar y mejorar, las derechas nunca están. Y si no, que se lo pregunten al profesorado extremeño, que en 2023, en plena campaña electoral, les prometieron que nada más llegar a Presidencia iban a acometer la homologación salarial. Dos años y medio después, la realidad es que siguen igual. 

¡Todavía serán capaces de volverlo a prometer esta campaña electoral! 

Era la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo daba por hecho que habría elecciones anticipadas en Extremadura desde que Guardiola alcanzó el poder gracias a la extrema derecha. Tanto es así, que yo me he ganado una comida. Aposté a que el gobierno de PP y Vox no duraba ni un suspiro y que la legislatura no llegaba a los 4 años. Ni un milímetro se ha salido la señora Guardiola de mis pronósticos. A este paso, me hago pitonisa

Bromas aparte, me aventuro, sin ningún tipo de dudas, a pronosticar que esta huida hacia delante le va a salir bastante mal a la señora Guardiola. Sabe perfectamente que las cartas están echadas y que está siendo sacrificada por su líder nacional. Supongo que ya tiene atado, y bien atado con Feijóo, algún puesto o posición privilegiada cuando las urnas arrojen los únicos dos escenarios posibles para ella: o pierde las elecciones o las gana, pero para depender de una extrema derecha más fuerte y crecidita. En los dos casos, tiene que hacer las maletas e irse.

Guardiola lo sabe. Sabe que está poniendo al servicio de Feijóo su presidencia. Sabe que puede perder la Junta de Extremadura por seguir la estrategia de su líder nacional. Sabe que si la conserva, lo hará gracias a aquellos con los que juró que no gobernaría ni muerta. Sabe que está en un callejón sin salida.

Lo peor de todo esto no es solo que haya sacrificado la Junta al servicio de la estrategia de Feijóo, lo peor de todo es que está dispuesta a sacrificar nuestra región por medrar y escalar dentro del Partido Popular. La única lealtad que conoce Guardiola es la de sus siglas. Nada más. Extremadura es solo un peón más que utilizar para intentar poner en jaque a Pedro Sánchez.

Por el camino, en estos dos años de pleitesía al PP, nuestra región es un lugar peor. Un lugar donde prima más el dinero que se tiene en el bolsillo (o más bien en el banco) que el interés general. Un lugar donde se deterioran a propósito los servicios públicos para que las empresas amigas, hagan beneficios. Un lugar donde se retrocede en valores y principios democráticos para reescribir la historia.

Un lugar donde se pone alfombras rojas a las grandes eléctricas y multinacionales especuladoras, regalándoles, incluso, lo que es de todos. Un lugar donde el diálogo, el consenso y el respeto han dejado paso a la soberbia, la inquina y la mentira.

Yo, como muchos de ustedes, no me reconozco en esa Extremadura a la que las derechas nos arrojan. Yo, como muchos de ustedes, me rebelo contra ese futuro insensato e indecente al que nos quieren hacer llegar a base de medias verdades y falsas promesas. Yo, como muchos de ustedes, creo que Extremadura no se merece seguir sufriendo a la peor presidenta de la historia de esta región.

Por eso, el adelanto electoral es una oportunidad. Una para decir basta. Para luchar por esta tierra. Para defenderla de una vez por todas de tanto expolio y saqueo. Una oportunidad para cambiar el rumbo. Nuestro rumbo.

Y para ello, Unidas por Extremadura es más necesaria que nunca. Es la única opción política capaz de hacer frente a las derechas. Capaz de pelear con uñas y dientes por el futuro que merece esta región.

Es nuestro momento. Vamos a ganar Extremadura.

No sé si les va a sorprender lo que les voy a contar, pero la primera vez que me preguntaron con 4 años qué quería ser de mayor, yo lo tenía claro: quería ser misionera y hacer casas para los niños pobres. Mi deseo no era un sentimiento religioso, era una cuestión de profundo convencimiento de que hay que atajar las injusticias y luchar por la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de dónde hayan nacido. 

Esa es la esencia de la cooperación al desarrollo, que no tiene nada que ver con la caridad, ni con una política de gestos, sino con la justicia social y el compromiso de avanzar hacia un mundo más justo, más equitativo y más humano. 

Durante 30 años Extremadura ha demostrado que, pese a conocer lo que significa la desigualdad y el atraso histórico, se puede ser referente en solidaridad internacional. Hemos sido una comunidad comprometida con quienes más lo necesitaban. La cooperación al desarrollo extremeña ha configurado nuestra manera de presentarnos ante el mundo como una tierra solidaria, digna y comprometida.

La cooperación extremeña cumple 30 años y, por desgracia, a sus 30 años no goza de muy buena salud. Su salud de hierro se ha deteriorado en los últimos años desde que el PP, para contentar a Vox, ha metido la motosierra en lo que precisamente nos hacía referentes. 

Las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo acumulan un recorte superior al 26% desde la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de esta tierra. La cooperación al desarrollo ha perdido peso desde entonces en las políticas extremeñas. Ha pasado de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en este año. Es el nivel más bajo en los últimos 10 años. El número de proyectos financiados ha pasado de 44 a menos de 33.

Esto que detallo no son solo números. Son personas. Tienen nombre y apellidos. Son personas saharuauis, de Sierra Leona, de Mali, Senegal o gazatíes. Son personas que necesitan de la solidaridad de los demás. Palestina no es el único lugar del mundo en el que actualmente hay un conflicto bélico que está arrasando con la población civil. Sin embargo, en Gaza nos estamos jugando la defensa de los derechos humanos con la que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial. Parar el genocidio en Gaza es tarea de todos y todas porque en ello va el futuro de nuestra sociedad.

La presión para condenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino es fundamental que continúe para garantizar que, tras dos años de masacre, comiencen a respetarse los derechos humanos de los palestinos y palestinas, pero no nos engañemos, el genocidio ya ha tenido lugar y no hemos sido capaz de pararlo. Los culpables no pueden ser eximidos por firmar un acuerdo de paz falso y tardío. Tienen que ser juzgados como lo que son, criminales de guerra. A los equidistantes, a los que miraron hacia otro lado, a los que no fueron capaz de condenar un genocidio cuando estaba sucediendo delante de sus narices espero que la historia también les coloque en su lugar.

Como también espero que lo haga con aquellos que reniegan de la cooperación internacional. Es una tremenda pena ver el terrible retroceso al que hemos llegado por la ceguera y el cortoplacismo de políticos que se dejan arrastrar por los discursos del egoísmo, la individualidad y el miedo. 

A pesar de todo, Extremadura sigue siendo una tierra solidaria que no se queda impasible ante la desigualdad, el hambre, la violencia o la guerra y que sabe que invertir en cooperación nos hace mejores, más abiertos, más justos y más conscientes de nuestro papel en el mundo. 

Vamos a seguir empujando porque la cooperación extremeña vuelva a gozar de buena salud y a hacernos sentir orgullosas de una tierra comprometida con su tiempo y que construye un mundo mejor. 

La inmensa mayoría de los extremeños y extremeñas se pasan el día haciendo números. Números para poder llegar a fin de mes, para hacer la compra de la semana, para poder irse de vacaciones o, simplemente, darse un caprichito. Este es el pan nuestro de cada día en la región con los sueldos más bajos del país y con un mercado laboral totalmente inestable, que depende de las campañas agrícolas o del comercio de turno. Por eso, cada euro es tan importante para las familias. 

Este control económico y financiero, sin embargo, no caracteriza a nuestro gobierno autonómico, que lleva dos años demostrando que el derroche es uno de sus principios rectores. Nos lo demostraron nada más llegar al poder. Tan solo dos meses después de entrar al gobierno aprobaron una rebaja fiscal, que solo benefició a los más ricos de esta tierra, y que, según ellos mismos, supuso un impacto de 65 millones de euros para las arcas autonómicas. A esa rebaja fiscal la han acompañado otras tres más en estos dos años, que han seguido incidiendo en los beneficios para aquellos que más tienen, mientras nuestra hucha común está cada vez más mermada. Al mismo tiempo que ocurre esto, el Ejecutivo de María Guardiola rechaza, por orden de su líder nacional, la condonación de la deuda, que supondría la llegada de 1.718 millones a la región. ¡Ahí es nada!

Mientras pasa todo eso, también hemos visto a los diferentes consejeros o consejeras, e incluso a la propia presidenta, decir que no hay dinero. Que no tienen fondos suficientes para, por ejemplo, homologar el salario de los docentes extremeños a los del resto del país, a pesar de que fue un compromiso electoral del Partido Popular. Tampoco hay dinero para aumentar al 100% la jornada laboral de las ATE cuidadoras o los efectivos de extinción de incendios; para articular un plan efectivo de lucha contra las listas de espera o, entre otras muchas cuestiones, para mantener la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales, tan necesarios para la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Lo que más llama la atención es que esta forma de llevar las cuentas autonómicas viene de aquellos que se autodenominan “los mejores gestores”. “El gobierno serio y responsable” está dilapidando el dinero de todos los extremeños para beneficiar solo a ciertos sectores, a aquellos que no necesitan del sostén del estado del bienestar, y para seguir la estrategia de su partido a nivel nacional. 

Chantaje con “regalito”

La última ocurrencia de la presidenta Guardiola la hemos visto esta misma semana, que, lejos de repensar su derroche, nos plantea ahora que va a convocar elecciones anticipadas si no es capaz de sacar adelante las cuentas autonómicas. Un chantaje en toda regla, que viene además acompañado de otro “regalito”, el de la reforma del Reglamento de la Asamblea para que, si finalmente adelanta las elecciones autonómicas a 2026, no tengan que volver a repetirse en 2027, como marca actualmente la norma. Estoy convencida de que esta limitación del reglamento es lo único que le frena para dar el pistoletazo de salida al adelanto electoral y que lo de los presupuestos es un simple pretexto que se ha buscado para tener la excusa perfecta cuando llegue el momento de firmar el decreto de convocatoria electoral. Estoy convencida de ello porque es el mandato bajo el brazo que se trajo hace unos días de Murcia, por orden del señor Feijóo, al que Extremadura le importa un bledo, ya que la región es solo un peón más en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno nacional. 

Lejos de la falta de autonomía y de la inmadurez política de la señora Guardiola en este sentido, lo que más me indigna es el derroche que ese adelanto electoral supondrá de nuevo para la comunidad autónoma. Si finalmente le sale la jugada (todo depende de PSOE y la extrema derecha), la región se gastará más de 3 millones de euros en una convocatoria electoral anticipada, que dudo muchísimo que nos traiga un panorama muy diferente al que tenemos actualmente encima de la mesa porque la mayoría absoluta que Guardiola anhela está muy lejos de la realidad. Pero es que al año siguiente, en 2027, hay que convocar de nuevo elecciones municipales, y nos volverán a costar otros 3 millones de euros. El capricho de la señora Guardiola, o más bien, del señor Feijóo, nos sale muy caro a los extremeños y extremeñas. 

Nosotras, desde Unidas por Extremadura, no tenemos ningún miedo al adelanto electoral, pero consideramos que no es justo para esta tierra. Si la señora Guardiola estuviese mirando realmente por el interés general de la comunidad, aparcaría a un lado las órdenes de su líder nacional, y se centraría en sacar los mejores presupuestos para la región, incluyendo aportaciones de todos los grupos políticos, de forma generosa y constructiva, como hace cualquier Gobierno en minoría que se precie.

Además, el anuncio de adelanto electoral no hay por donde cogerlo tampoco ni siquiera en clave discursiva. ¿Cómo puede ser que si la comunidad autónoma va como un pepino, como la propia presidenta asegura, estemos en una situación de bloqueo? ¿Cómo puede ser que la región tenga a los mejores gobernantes posibles, según ellos mismos dicen, pero que sean incapaces de gobernar? ¿Cómo es posible que la señora Guardiola le permita al señor Feijóo ponerle a los pies de los caballos constantemente y que ni siquiera alce la voz para decir que por ahí Extremadura no?

Es muy triste decirlo, pero lamentablemente, la región está en manos de Feijóo y Abascal. Tendremos presupuestos si ellos quieren. Volveremos a las urnas si así obtienen rédito electoral. Dilapidaremos el dinero de todos en sus estrategias electorales. Sin embargo, lo que no han contemplado es que el pueblo extremeño no es tonto y de cuentas sabe un poco. ¡Que tengan cuidado con estos juegos de trileros, no sea que a quienes no le salgan las cuentas sea a Feijóo, Guardiola y Abascal!

No sé si ustedes perciben como yo que estamos viviendo constantemente días históricos. Fue histórico el pasado domingo cuando la Vuelta Ciclista a España no pudo finalizar gracias al pueblo madrileño, que hizo un ejercicio de dignidad al protestar contra el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo gazatí, mientras se dejaba participar en la carrera a un equipo israelí, financiado con fondos del Estado de Israel, que tiene como único propósito lavarle la cara a ese Estado asesino y genocida.

En muy pocas ocasiones, desde su creación, en 1935, la Vuelta ha tenido que ser suspendida. Fue con motivo del golpe militar del 36 y la posterior represión franquista y durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué mal están digiriendo esta protesta ciudadana los representantes del PP! Han tenido que recurrir, de nuevo, al manido argumento de que “son de la ETA”, pero ya no asustan a nadie. No, no era kale borroka, eran personas protestando de manera pacífica para intentar presionar a nuestro gobierno para que actúe, dejando de lado las buenas palabras, y se centre en los hechos.

Otro día histórico que hemos vivido, sin duda, ha sido esta semana cuando, forzada por las protestas de miles de personas por la masacre en Palestina, Radio Televisión Española ha anunciado que España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen, tal y como se lleva reclamando desde hace años. Está claro que ha sido la presión ciudadana la que está empujando a corporaciones como RTVE a posicionarse claramente contra el genocidio. Como, sin duda, también han sido las manifestaciones y protestas las que han hecho reaccionar, por fin, al gobierno de Pedro Sánchez y decretar el embargo de armas a Israel. Algo, que a mi juicio, llega muy tarde.

Igual de tarde, por ejemplo, que la condena de la señora Guardiola. Han hecho falta casi dos años de masacre y 65.000 muertos para que la presidenta de la Junta de Extremadura tenga a bien condenar la actuación del gobierno israelí. Lo hizo en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, con la boca muy pequeña, sin nombrar la palabra genocidio, no sea que Feijóo y Ayuso le llamen a filas, y mientras impulsa un plan hecho a medida para que las empresas que fabrican armas en Extremadura puedan seguir haciéndose de oro con la masacre palestina.

La postura que está manteniendo la derecha y la extrema derecha, tanto las de nuestro país y a nivel internacional, sobre el genocidio al pueblo palestino les va a perseguir. Su posición equidistante y su silencio cómplice terminarán pasándoles factura. La historia les juzgará.

En este exterminio están manteniendo la misma posición que mantienen, por ejemplo, con la condena a los crímenes del Franquismo. Ni están, ni se le espera. En este caso, debido a la deuda que la derecha tiene con aquellos que perpetraron los horrores más atroces en el Estado español, tras el Golpe del 36. Tienen una deuda con ellos porque son los mismos que fundaron durante la Transición el germen del PP, Alianza Popular, en el que estaban, entre otros los ministros franquistas Fraga Iribarne, Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, de la Fuente y de la Fuente, López Rodó y Fernández de la Mora.

¿Cómo van a condenar la muerte de miles de civiles y niños y niñas si son incapaces de condenar el asesinato de miles de paisanos durante la represión franquista? La historia pasará factura de qué hizo la humanidad cuando se cometía la mayor masacre del siglo XXI. El pueblo también apuntará la actuación de los dirigentes políticos ante estos crímenes. Porque el pueblo, aunque lo ignoren, tiene memoria.

Por eso mismo, el pueblo organizado se ha rebelado contra su “concordia” y está recuperando la memoria de nuestro pasado más reciente. Un ejemplo lo tenemos este mismo domingo donde miles de personas vuelven a participar en la Columna de los 8.000, que pretende dar a conocer el trazado por el que huyeron todas las personas que conformaron el primer gran éxodo de la Guerra Civil del 36. Mucho se habla de la Desbandá, pero es de agradecer el esfuerzo de las asociaciones memorialistas, senderistas y otros tipos de organizaciones por recuperar estos hechos, que son unos de los más dramáticos de la historia reciente de nuestra comunidad.

Unos hechos históricos, que han estado sumidos en el olvido, debido a la complicidad de los hijos y nietos de aquellos franquistas que se alzaron contra el gobierno republicano democrático. Los mismos hijos y nietos que son hoy incapaces de condenar el genocidio gazatí.

Por todos ellos, por los masacrados entonces y por los de ahora, no nos vamos a rendir. Seguiremos reclamando verdad, justicia y reparación.

Nunca más serán los olvidados de anochecida en mitad del cerro. Nunca más serán los olvidados que resistieron a los bombardeos en las trincheras, a los que cantan Pedro Pastor y Rozalén. Nunca más porque no olvidaremos.

Comienza el curso político tras las vacaciones estivales. Esas vacaciones que para el señor Feijóo están sobrevaloradas, aunque él bien que se las coge. Obviamente en este comienzo de curso político va a ser impepinable que debatamos sobre la gestión forestal tras la oleada de incendios que ha asolado este verano nuestra tierra. Una gestión que depende de la consejería de cartón piedra que fue una concesión a Vox para que hiciera presidenta a la señora Guardiola, y por la que en dos años han pasado la friolera de tres consejeros.

Una consejería que era un cajón desastre donde se mezcló la prevención y gestión forestal con la tauromaquia, la caza y los regadíos. Han tenido que quemarse 45.000 hectáreas para que la señora Guardiola se decida a hacer cambios que mejoren la eficiencia de una consejería clave para la salud de nuestro medio natural. Hemos visto con el corazón en un puño cómo numerosos pueblos eran desalojados o confinados por la cercanía de las llamas para que se decida a darle la medalla de Extremadura al INFOEX. 

Una medalla más que merecida, pero que llega tarde. Una medalla que deja fuera a los agentes del medio natural que han tenido y tienen también un papel decisivo en la extinción de los incendios. Un colectivo que no puede ni debe seguir siendo maltratado por un gobierno que les niega la existencia como policía medioambiental que son. 

Los reconocimientos están bien pero lo mejor sería avanzar en verdaderas mejoras laborales para los colectivos. Los bomberos extremeños (como los agentes del medio natural) llevan décadas exigiendo mejoras en sus condiciones laborales sin que este gobierno, ni los anteriores, les hayan hecho demasiado caso. Las mejoras han llegado a cuentagotas. 

El mejor recogimiento se demuestra con hechos y con derechos. Por eso, espero que después de este 8 de septiembre la señora Guardiola se ponga a trabajar y desarrolle el Estatuto de Bombero Forestal en la región, que permitiría a los efectivos del INFOEX poder jubilarse a los 60 años. Algo que es de justicia, ya que nadie en su sano juicio puede entender que una persona con 63 años tenga que enfrentarse al fuego, en situaciones extremas.

El Estatuto de Bombero Forestal también permitiría que se les reconozca la peligrosidad y la penosidad porque no puede ser que la administración les equipare a, por ejemplo, al personal administrativo. 

Como digo es de justicia. Y es un compromiso que la sociedad, uno que espero que se cumpla, y no pase como pasó con los sanitarios durante la pandemia, que los aplausos no se tradujeron en mejoras.

Se lo debemos a ellos. Nos lo debemos a nosotros mismos. GRACIAS infinitas. 

Permítanme hoy que me desahogue en estas últimas líneas que les escribo antes del parón vacacional. Muchos de ustedes ya estarán disfrutando de un merecido descanso, quien pueda en cualquier destino de playa, interior o, incluso, fuera de nuestras fronteras, y quien no pueda tanto en nuestros queridos pueblos, que ven cómo estos días reviven con la llegada, en muchas ocasiones, de aquellos extremeños y extremeñas que tuvieron que hacer las maletas para buscar un futuro mejor lejos de su tierra.

Estos días vuelven, o volvemos, a reencontrarnos con aquellos espacios familiares donde, durante las largas noches de verano, hacíamos travesuras junto con los amigos, teníamos nuestro primer amor o nos sentábamos al fresco. Unos lugares que están grabados a fuego en la memoria, pero que están muy lejos de ser lo que fueron. El paso del tiempo, las dinámicas coloniales que nos han subyugado durante décadas y la ausencia de políticas centradas en el medio rural, han hecho que nuestros pueblos estén cada vez más desiertos y abandonados.

Según el Instituto Nacional de Estadística, perdemos población a un ritmo de 12 habitantes al día, es decir, uno cada dos horas, ¡qué se dice pronto! Actualmente tenemos 158 pueblos en riesgo de desaparecer, con lo que eso supone.

Es obvio que necesitamos gente que venga a revitalizar nuestras zonas rurales. Son varias ya las localidades que ofrecen casa y negocio a aquellos que quieran convertirse en nuevos vecinos y vecinas.

También necesitamos mano de obra. De gente que venga a encargarse de realizar los oficios tradicionales y de ejercer las nuevas profesiones que el siglo XXI nos reclama. Son muchos los sectores que se quejan de la escasez de trabajadores, como el sector primario o la construcción, que al margen de las condiciones laborales que ofrecen, que en muchos casos deberían de replantearse, son incapaces de completar sus plantillas. Es tal, por ejemplo, la falta de mano de obra en la construcción que cuando la señora Guardiola salió a anunciar una de sus medidas estrella, como es la construcción de 3.000 viviendas, los primeros que salieron a decir que eso era imposible de realizar fueron los empresarios de la construcción por la falta de mano de obra.

Ante este panorama desalentador, con pueblos vacíos y sectores económicos incapaces de crecer, nos encontramos propuestas descabelladas y absolutamente delirantes como las que plantean la derecha y la extrema derecha. Esta semana, sin ir más lejos, dicen que quieren deportar a 8 millones de inmigrantes en situación irregular de nuestro país. ¿En qué mundo vive esta gente? Si precisamente lo que nos hace falta es más población. Uno de los motivos de sus deportaciones masivas será que no se hayan adaptado a nuestro país. Y yo me pregunto, ¿quién dictaminará y cómo que alguien se ha adaptado o no? ¿Cuáles son las reglas de la adaptación? Una absoluta chaladura, que no tiene sentido, pero que, lamentablemente, termina abriendo páginas y páginas de periódicos, extendiendo, así, el odio hacia el que viene de fuera.

Espero que esas supuestas reglas de la adaptación se apliquen también a esos extranjeros ricos, que estos días campan a sus anchas en nuestras playas, en ocasiones, con cero civismo. Que las extiendan también a aquellos extranjeros que vienen a comprar edificios y manzanas enteras de nuestras ciudades, con prácticas abusivas, para asfixiar más aún el mercado del alquiler. Y digo espero que las extiendan porque a las derechas de nuestro país les molestan mucho los inmigrantes, pero no los que vienen con un fajo de billetes en el bolsillo. Esos da igual que se adapten o no.

Estos días, después de esta última barrabasada de la extrema derecha, pienso mucho en Mass, en aquel chico que llegó en patera a nuestro país y terminó recalando en Las Hurdes. Pienso en cómo el sistema le protegió, cómo Caminomorisco y Pinofranqueado le acogieron y cómo se ha convertido en un vecino más. Pienso en cómo con el paso del tiempo ha emprendido en esa comarca, que se desangra poblacionalmente, y cómo ha hecho de Extremadura su hogar. Pienso en que merecemos muchos más Mass y muchísimos menos Feijóo y Abascal.

Son las 12 de la mañana y en las puertas de los colegios se forma el revuelo típico de las entradas y salidas. No es la hora habitual, pero los niños y niñas se van a sus casas porque hace mucho calor en las clases. Esa es la medida estrella del gobierno de María Guardiola para combatir el calor en las aulas. Mandar a los menores a sus casas, cortando las clases, sin que éstas se puedan recuperar, y pasarle la patata caliente a los padres y madres, que temen más a la conciliación que a las altas temperaturas.

Extremadura no es ajena a los vaivenes térmicos, ni muchísimo menos. Somos una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Este hecho, aunque algunos se empeñen en negarlo, es una evidencia científica de la que algunas llevamos pregonando años, aunque parezca que lo hacemos en un desierto.

Fue en el año 2019 cuando comenzamos a alertar de que la situación en las aulas extremeñas se hacía insoportable cuando llegaba el calor. Entonces conseguimos sacar adelante, con mucho esfuerzo, la Ley 4/2019 de 18 de febrero, más conocida como Ley contra el Calor en las Aulas para acondicionar térmicamente los centros escolares públicos de Extremadura. Han pasado más de seis años desde entonces, y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho? ¿cuántos centros educativos han mejorado sus infraestructuras para adaptarse a las altas temperaturas? ¿cuántos coles e institutos tienen en sus aulas máquinas de frío o calor que garanticen la habitabilidad térmica de sus instalaciones?

Es indignante que no se haya hecho nada. ¡Qué poco le preocupan nuestros niños y niñas al gobierno del PP! ¡Qué poco le han preocupado también al anterior gobierno socialista! Está claro que si pudiéramos echar la papeleta en las urnas cada año otro gallo cantaría porque parece que solo se mueven por intereses electorales, y no por el bienestar general de la ciudadanía.

Los que sí que votan son los docentes y el personal administrativo que trabaja en esos centros educativos y que, al igual que los menores, soportan que los termómetros suban más allá de los 40 grados en aulas masificadas. A ellos también hay que garantizarles unas condiciones dignas de trabajo, que además están recogidas en el decreto de seguridad y salud en los centros de trabajo, que establece una horquilla térmica de entre 14 y 27 grados.

Ninguna oficina de la administración pública. Ningún despacho de ningún director general, consejero o consejera o de la presidenta de la Junta de Extremadura está sin aire acondicionado. Estoy convencida de que estos días están funcionando a pleno rendimiento.

Garantizar la habitabilidad térmica en los centros educativos debería ser una obligación. Nadie puede aprender nada asfixiados de calor. Nadie puede trabajar ni intentar impartir conocimientos soportando un bochorno desmedido. Ninguna familia debería hacer encajes de bolillos para poder recoger a sus hijos e hijas antes de la hora porque hace calor, ¿o van a dejar también a los trabajadores y trabajadoras que se vayan a las 12 a sus casas?

¿Pueden ustedes pensar que algo así pase en otros países de nuestro entorno? Yo no me imagino, la verdad, que los noruegos y noruegas manden a sus hijos e hijas a casa porque ha comenzado a nevar o que los ingleses corten las clases porque ha empezado a llover. ¿Por qué permitimos esto año tras año?

Hay recursos suficientes para ello. La Junta de Extremadura no solo está renunciando a ingresos para regalárselos a aquellos que más tienen, que bien se podrían destinar a habilitar los centros educativos, sino que además ha sido la comunidad autónoma con mayor superávit del país con 400 millones de euros. Destinen todo eso a combatir el calor contra las aulas porque el auténtico infierno que se vive en esta región está en los centros educativos.

Estos últimos días estamos recibiendo varias noticias sobre Almaraz que desmienten las afirmaciones apocalípticas con las que la señora Guardiola nos amenaza si finalmente Almaraz cierra. Por primera vez en su historia Almaraz ha parado sus dos reactores. No han sido los únicos, también lo ha hecho Trillo, Cofrentes y Ascó. Las razones son obvias: la nuclear ya no es rentable ante el intenso desarrollo de las renovables. Llevamos meses escuchando a la presidenta extremeña anunciando un verdadero caos energético si Almaraz cierra, pues la realidad le pone un espejo enfrente a la señora Guardiola porque Almaraz ha parado una semana entera y Madrid no se ha quedado sin luz, que es lo que verdaderamente preocupa a nuestra presidenta.

La señora Guardiola ha cogido la bandera de la defensa de Almaraz porque en Génova todo lo que sea azotar al gobierno estatal está muy bien visto y la señora Guardiola ha visto aquí un filón con el que trepar en el PP estatal. 

Resulta que el cierre de Almaraz es algo consensuado con las dueñas de la central, que por otra parte, conocemos también esta misma semana que aún no han solicitado la prórroga. Parece que no les salen las cuentas por mucho afán que ponga la Presidenta en exigir su continuidad. Aunque la realidad se imponga y las lluvias de las últimas semanas hayan sido claves en la enorme generación de energía renovable, mucho más económica que la nuclear, la señora Guardiola sigue insistiendo en que el parón se debe a la extorsión fiscal que el malvado señor Sánchez perpetra contra las energéticas y exige que dejen de pagar la tasa ENRESA, que es la que sufraga la gestión de los residuos nucleares. ¡Pobres energéticas! En 2024 los beneficios de Iberdrola aumentaron un 17% respecto a 2023 y se situaron en 5.612 millones de euros. ¡Una miseria! 

Pero lo más indignante de todas las mentiras que rodean a Almaraz y que el PP utiliza como un mantra para atacar así al gobierno estatal es afirmar que defender Almaraz es defender la soberanía nacional. ¿Soberanía nacional cuando las dueñas de Almaraz son multinacionales con accionariado de fuera de nuestras fronteras? El 70% del accionariado de Endesa pertenece a Enel, empresa italiana, y Naturgy tiene el 20% en manos de BlackRock, fondo de inversión norteamericano. ¿A qué llama entonces soberanía nacional el PP? Lo más gracioso de todo este embrollo es que a los que defendemos el apagón nuclear nos atacan diciendo que preferimos comprar el gas ruso, cuando el uranio de Almaraz lo compramos ya en Rusia y tras la explosión del gaseoducto Nord Stream somos dependientes del gas licuado norteamericano, que barato precisamente no nos sale.

La última noticia que conocemos sobre Almaraz es que al menos el gobierno estatal está haciendo los deberes y ha licitado ya las obras de desmantelamiento. El cierre de Almaraz es una realidad y lo que debería hacer la señora Guardiola es exigir ya un desmantelamiento justo con los trabajadores, un plan de prejubilaciones para las personas de más de 55 años, como los que tienen la banca o Telefónica, o poner en marcha un plan de empleo para garantizar que los trabajadores no se queden en la cuneta. Pero mucho me temo que en esas tareas no está la señora Guardiola porque le luce mucho más coger la pancarta u organizar apagones a las 22:00 de la noche en las administraciones públicas, ¡Lo que hay que oír!.

Cerrar Almaraz es una oportunidad para que Extremadura deje de ser una colonia energética y sobre todo que ante la coyuntura geopolítica no podemos obviar que una central nuclear se pueda convertir en un objetivo militar, y ya sabemos lo que puede suponer esto. El riesgo de mantener Almaraz abierta mucho más tiempo de la vida útil para la que fue proyectada es una temeridad y una irresponsabilidad, y es condenar a Extremadura a ser un cementerio nuclear de manera indefinida.

La cerrazón de la señora Guardiola en este tema a veces pareciera que obedece a querer buscarse un hueco en el consejo de administración de alguna compañía energética. Las puertas giratorias están en el ADN del bipartidismo; Ángel Acebes, Fátima Bañez, Isabel García Tejerina, José María Aznar, Pío Cabanillas, Luis de Guindos, Manuel Pizarro, Isabel Tocino, Ana Palacio… Todos sentados en consejos de administración tras pasar por gobiernos del PP. La verdad es que si esto pasara no sería ninguna sorpresa.

Ojalá llegara un día en que nuestros gobernantes pensaran más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones y ahí, sin duda, estaríamos todos de acuerdo en que Almaraz debe de cerrar ya.

Es una ley frentista que pretende reescribir la historia. Una ley que no ayuda nada a la reconciliación y que no tiene en cuenta el dolor de las víctimas. Podrían ser mis propias palabras cuando a finales de enero debatimos en la Asamblea de Extremadura la mal llamada Ley de Concordia de Vox. Sin embargo, esas afirmaciones no son mías, son del diputado del Partido Popular, Laureano León, encargado de defender la enmienda que los populares le hicieron a ese vomitivo texto de la extrema derecha. En ese momento, conseguimos parar el retroceso al que nos pretendía llevar Vox porque el PP estaba ya negociando con el PSOE las cuentas autonómicas, que nunca llegaron a debatirse porque decidieron renunciar a ellas.

Hoy, esas palabras del diputado caen en saco roto. Hoy la Ley de Concordia ya no es frentista, ni plantea una visión sesgada de la historia, ni muchísimos menos. Hoy el PP vuelve a quitarse la careta y vuelve a despojarse de ese halo de centrismo y moderación con el que se envolvió, para mostrarse como lo que son: una banda organizada con valores totalmente antidemocráticos.

Y es que solo el PP, que nunca ha creído en la memoria histórica, puede vender, como lo ha hecho, la justicia y la reparación en las que está inspirada la Ley de Memoria Democrática. Solo el gobierno de María Guardiola, totalmente sin escrúpulos, puede anteponer sus intereses a la calidad democrática. Solo ella ha podido pisotear así los valores democráticos por agarrase un poco más al poder.

No nos engañemos. Al PP siempre le han sobrado las leyes de memoria. No han creído en ellas y las han tenido, cuando han gobernado, metidas en un cajón. Sin embargo, ahora, gracias al balón de oxígeno que le da Vox, no tiene reparos en renegar públicamente de esa ley, que en Extremadura ha permitido recuperar a casi 500 víctimas, que estaban olvidadas en fosas o cunetas.

Todo esto, ¿a cambio de qué? De unos meses más en el gobierno de la Junta sin muchos sobresaltos (salvo que Abascal cambie de parecer y vuelva a dejale con el culo al aire) y de cuatro nuevas bajadas de impuestos que beneficiarán, una vez más, a quienes más tienen de la región. Nuevos beneficios fiscales para los arrendatarios y grandes propietarios de vivienda, que verán cómo sus bolsillos siguen engordando, mientras las familias y la juventud sufre el drama de no encontrar casas a precios asequibles.

Son unas recetas fallidas, que ya se han puesto en marcha en otros territorios, como por ejemplo Madrid, con escasos resultados. Allí, no solo no han bajado los precios de los alquileres, sino que los grandes propietarios siguen acaparando el mercado inmobiliario. Una de cada 20 casas está ya allí en manos de grandes especuladores y, lo que es más llamativo, diez empresas concentran ya el 12% del mercado del alquiler de la comunidad madrileña. Mientras, los precios no han hecho más que subir y subir.

Y ese es el modelo que la presidenta Guardiola quiere reproducir aquí. Lo ha dicho sin rubor esta semana en el paripé de encuentro que ha protagonizado junto a Díaz Ayuso. Ha anunciado que va a copiar todo lo que hace Madrid, y eso nos escandaliza porque mucho nos tenemos que ya está reproduciendo aquí el modelo madrileño que le está llevando a deteriorar la sanidad pública, que allí está en estado comatoso, con la menor financiación por habitante y con las mayores tasas de privatización. Un modelo que perdona impuestos a los ricos y que al mismo tiempo está vendiendo también a la educación, cerrando líneas educativas y apostando, sin pudor, por los conciertos. Regalando, además, cheques y ayudas a quien menos lo necesita, a las familias que ingresan más de 100.000 euros.

Si la señora Ayuso hubiera estado en el pleno del pasado jueves seguro que hubiera felicitado y alabado a la señora Guardiola por lo buena discípula que está siendo. Por anteponer su irresponsabilidad fiscal a los principios democráticos. Por priorizar sus intereses partidistas a los de la ciudadanía extremeña. Por abrazar y dar oxígeno a la extrema derecha. Le hubiera dado un diez. Sin embargo, Guardiola este jueves ha suspendido estrepitosamente. Se ha quedado sola, arropada únicamente por fanáticos, herederos del franquismo, que generan inquina y rabian de odio.

Frente a ellos nos tendrán, SIEMPRE. No vamos a permitir que la derecha y la extrema derecha blanqueen el horror. No vamos a dejar que el pueblo se quede sin memoria.

En la pasada Coferencia de Presidentes que se celebró en Santander, la señora Guardiola dijo una verdad como una casa. La presidenta de Extremadura dijo que había que dejar las siglas de partido en la puerta y, aunque es algo obvio, la realidad es que el PP llevaba una estrategia marcada con sus presidentes y presidentas autonómicas, y ella, como una más, no se salió ni una coma del guión marcado por Génova y por el señor Feijoo. 

Arremetió contra el cupo catalán y contra la Ley de Vivienda. Una ley que, hay que recordar, difícilmente puede ser la causante del alza de los precios del alquiler, como la señora Guardiola dijo, cuando no se está aplicando en casi ninguna comunidad autónoma, a excepción de Cataluña, donde sí se ha puesto en marcha, y donde, casualmente, sí ha bajado el alquiler un 5%. Aquí en Extremadura, la insumisión del gobierno popular a esta ley ha hecho, por contra, que, en ciudades como Cáceres, suba un 19%, la mayor subida de todo el país.

En esa Conferencia de Presidentes, Guardiola tuvo una oportunidad de oro para demostrar que había dejado las siglas en la puerta y que estaba allí para defender los intereses de Extremadura, pero no fue capaz y, ante la enésima salida de tono de la señora Ayuso, prefirió callar y, con ello, apoyar el desprecio que la presidenta de Madrid hizo a nuestra tierra.

Decir, como dijo Díaz Ayuso, que pagar el SMI no es lo mismo para un empresario madrileño que para un agricultor extremeño rezuma clasismo y una profunda ignorancia. Traslada, además, la idea de que nuestro sector primario es un sector deficitario, poco profesional, subsidiado y con sueldos de miseria, en definitiva, un sector sin futuro. Ante este agravio, la señora Guardiola debería de haber sacado pecho, y defender el mayor motor económico de nuestra tierra, como es el sector primario, un sector profesional, a la vanguardia, capaz de pagar sueldos dignos y cuyos problemas son los mismos que los que puede sufrir un agricultor valenciano, manchego o madrileño.

Plantear que el SMI sea distinto por territorios es la mejor manera de crear un estado injusto y desigual, con territorios de primera con salarios altos y territorios de tercera con sueldos bajos. Es paradójico que, ante esta cuestión tan obvia y evidente, el PP, que ha puesto el grito en el cielo con el cupo catalán, (cupo que tampoco compartimos desde Unidas por Extremadura) no se indigne de igual manera. 

La subida del SMI fue una medida controvertida cuando comenzó a ponerse en marcha en 2018 gracias a Unidas Podemos. Recuerden aún las palabras de Fernández Vara, cuando auguró un descalabro en el empleo y en la economía. La realidad es que seis años después el SMI ha aumentado un 54% y, lejos de ser un descalabro, ha sido una medida que ha mejorado la calidad de vida de mucha gente. Extremadura ha sido una de las comunidades más beneficiadas, donde el 21% de los asalariados recibe el SMI, o lo que es lo mismo, han sido 73.000 personas las que han visto aumentado su sueldo a fin de mes. 

Los presidentes extremeños tienen la extraña manía de poner de relieve los bajos sueldos como una oportunidad para la atracción de inversores. Lo hizo el señor Vara en su momento, y hemos escuchado a Guardiola referirse a los bajos costes salariales como otro incentivo más cuando en Bruselas ponía en valor nuestra tierra. No es solo indignante que se saque pecho de que aquí se cobren bajos sueldos, es que es contraproducente para la imagen de nuestro sector económico y para el mensaje que lanzamos a los más jóvenes, donde directamente se les está diciendo que si quieren sueldos dignos les va a tocar hacer las maletas.

Guardiola perdió la oportunidad de defender nuestra tierra de los prejuicios clasistas de su homóloga, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para defender Extremadura no sólo hay que pregonarlo, hay que demostrarlo, y por ahora ella sólo ha demostrado estar a las órdenes de lo que Génova ordene.

Hace menos de una semana hemos conmemorado el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, el 25N. Un día en el que, lamentablemente, por segundo año consecutivo, Extremadura no ha contado con una declaración institucional porque tenemos a negacionistas de la violencia machista sentados en la Asamblea de Extremadura. Que no tengamos esa declaración institucional, que en definitiva venía a demostrar el compromiso de todos los representantes públicos y de todas las fuerzas políticas por combatir esa violencia que sistemáticamente sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un ejemplo de la involución que supone la llegada de la extrema derecha. Ellos son los que acogen en sus filas a los agresores, los que los encubren y los protegen. 

Sin embargo, el escaso compromiso con la lucha contra la violencia machista no solo proviene de la derecha más extrema de nuestra región. La otra derecha, esa que dice ser no tan extrema, viene demostrando que son lo mismo, a pesar de pregonar lo contrario. Y a los hechos me remito. El gobierno del Partido Popular, que tan comprometido dice estar con la lucha de las mujeres, con combatir la violencia machista y con el feminismo, aún no ha otorgado la categoría de Consejería a la Secretaría General de Igualdad que le impuso Vox cuando firmaron el acuerdo de Gobierno que llevó a María Guardiola a la Presidencia de la Junta. No la ha recuperado, aunque han pasado 4 meses desde que la extrema derecha rompió ese acuerdo por cuestiones que nada tenían que ver con Extremadura, demostrando que su palabra y sus intereses están muy alejados de las necesidades de nuestra tierra. 

Las consecuencias de esa decisión no solo son puramente estéticas, de mostrar el firme compromiso de la Junta de Extremadura con la igualdad, sino que también tiene consecuencias prácticas, ya que al no tener una Consejería propia que gestione y ejecute directamente las políticas de igualdad, hace que no se tengan recursos propios para ello y que se dejen de poner en marcha actuaciones imprescindibles para alcanzar el objetivo de lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Por tanto, contar con una Consejería no es solo una declaración de intenciones, y responde a la agenda ultra de Vox, que ha ordenado la eliminación de este área en todos los gobiernos autonómicos y ciudades en los que se convirtieron en llave para conformar gobierno, y que el PP sigue a pie juntillas porque realmente tampoco se cree su supuesto compromiso feminista. 

Y es que resulta sorprendente escuchar a la presidenta María Guardiola durante su discurso el pasado 25N decir que las mujeres víctimas de violencia machista necesitaban algo más que empatía, que necesitaban recursos y herramientas efectivas, cuando en el proyecto de presupuestos del próximo año mantiene la misma dotación económica para las oficinas de igualdad, lo que va a provocar que estas oficinas tengan que cerrar tres meses al año y que sus profesionales tengan ya cartas de despido sobre la mesa. No olvidemos que estas oficinas suponen una herramienta indispensable para luchar contra las violencias machistas, especialmente en el medio rural donde las mujeres tardan, de media, 20 años en denunciar. 

Resulta sorprendente también escuchar a la máxima dirigente regional decir que hay que combatir los espacios mediáticos donde se normaliza la violencia machista cuando su gobierno ha regado con dinero público a medios de extrema derecha, condenados por su falta de ética periodística, como son OkDiario, Libertad Digital y The Objetive, que se dedican a proclamar el ideario de la extrema derecha a través de bulos y desinformación. 

Es más sorprendente aún oír a Guardiola decir que hay que educar en igualdad porque es la única forma de romper los roles de género que perpetúan la violencia, cuando hace escasas semanas su partido ha rechazado en la Asamblea una iniciativa que presentamos desde Unidas por Extremadura para que la Educación Sexual Integral se implementara en todas las etapas educativas, y más cuando el Fiscal Jefe de Extremadura ha alertado del incremento en un 160 por ciento en el número de casos de violencia sexual cometida por menores y haya pedido precisametne que se actuara desde el ámbito educativo. 

Todo esto demuestra que el compromiso con la lucha contra la violencia machista del gobierno del PP, y en especial de la presidenta Guardiola, es mero postureo, como lo es todo lo que viene de su ejecutivo, que está más preocupado en la propaganda y el marketing político que en hacerle frente a los grandes retos que tenemos como sociedad, y la igualdad es uno de ellos. Ya no engañan a nadie más. 

Vivimos una emergencia habitacional en todo el país y por supuesto, Extremadura no se salva. El acceso a una casa se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para familias trabajadoras, jóvenes y estudiantes, que ven cómo la especulación se está haciendo de oro con un bien básico, que además es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. 

Dicho artículo establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Algo que, a todas luces, no se hace, ni aquí, ni en el resto del país. 

Los precios abusivos, las prácticas deshonestas de caseros sin escrúpulos, las ingentes comisiones, altos precios de las hipotecas y la proliferación de los pisos turísticos son algunos de los motivos por los que miles de personas han exigido hace unos días tener acceso a una vivienda digna, a precios razonables. Lo han hecho en Madrid en una manifestación multitudinaria y aquí, en Extremadura, en Cáceres y Badajoz, en unas movilizaciones importantes e históricas, que reflejan, una vez más, que PP y PSOE están muy alejados de los problemas de la gente de a pie. 

Aquí, en nuestra región, los extremeños y extremeñas, mayoritariamente jóvenes, han salido a protestar en las dos capitales de provincia no por algo casual, sino porque son dos de los lugares donde más está creciendo el precio de la vivienda en los últimos meses. 

El caso de Cáceres es escandaloso. Ha sido la provincia española donde más se han disparado los alquileres. Ha subido más de un 19 por ciento en el último año. Si hacemos un barrido por uno de los portales inmobiliarios más famosos, nos encontramos que los precios no bajan de los 400 euros por estudios de 20 metros cuadrados o que las familias tienen que destinar, como mínimo, 650 euros al mes por un piso decente. Esto se debe a los pisos turísticos, no paran de crecer, llegando casi a duplicar la oferta de alquiler de larga estancia en la capital cacereña.

Por su parte, en Badajoz la situación no es mejor. De hecho, los precios van muy a la par que en Cáceres y nos encontramos también estudios de 24 metros por 400 euros y pisos para familias que sobrepasan los 600 euros. Los precios de los alquileres en pisos compartidos también se han disparado. Cáceres y Badajoz han sido las dos ciudades donde más ha subido el precio de este tipo de inmuebles, llegando a alcanzar los 260 euros al mes por una habitación.

El incremento de los precios en la vivienda también se constata en el mercado de compraventa, donde la subida ha sido de un 3 por ciento en el último año en la región. La bajada de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que debería ser una buena noticia para facilitar el acceso a la vivienda, produce el efecto contrario, ya que la mejora de las condiciones de financiación eleva la demanda de vivienda y presiona en los precios, por lo que se espera que, aunque en los próximos meses encontremos hipotecas más baratas, aumenten los precios de los pisos.

Y mientras esto ocurre, los salarios en la región siguen siendo los más bajos de España y no crecen al mismo ritmo que lo hacen en el resto del país, ya que la brecha salarial entre Extremadura y el resto de comunidades se ha ensanchado más de un 50 por ciento desde 2012. 

Si esto pasa en las grandes capitales de provincia de nuestra región, nuestros pequeños municipios no escapan ante los problemas de la vivienda, donde también se sufre un incremento del precio, aunque en menor medida que en las ciudades. En nuestros pueblos lo que tenemos es que no hay suelo disponible para construir nuevas viviendas, y sin embargo, hay miles de viviendas, vacías, cerradas a cal y canto en los centros de los municipios. Algunas de ellas, abandonadas totalmente. De hecho, se ha calculado que solo en la provincia de Cáceres hay 140.000 viviendas abandonadas.

Ante este panorama, la respuesta del gobierno del PP en Extremadura es que no existe un problema de vivienda en la región. ¡Claro que no! Porque ellos conciben la vivienda como un bien de mercado en lugar de un derecho ciudadano que hay que proteger. ¿Cómo va a legislar para facilitar el derecho a la vivienda el gobierno de María Guardiola si está gobernando precisamente para aquellos que han hecho de la especulación y las rentas su medio de vida? La única propuesta en materia de vivienda que ha salido de este gobierno ha sido la de crear una oficina antiocupación. ¡Cómo si las ocupaciones fueran un problema de primer orden en la región! En lo único en lo que está centrada es en seguir desarrollando políticas que benefician a los más privilegiados de Extremadura, y para ello, necesita de Vox para sacar las cuentas. De ahí ese anuncio. 

El gobierno de Guardiola podría hacer mucho para afrontar el problema de la vivienda, pero para ello, hay que hacerlo con valentía y enfrentarse a aquellos a quienes rinde pleitesía. Podría aplicar la Ley de Vivienda estatal, una ley con muchos defectos, pero también con muchas herramientas para combatir los altos precios. Sin embargo, se ha declarado insumisa, y se ha propuesto no ponerla en marcha en la región, a pesar de que con ella se podrían limitar las subidas abusivas de los alquileres. Prefiere seguir asfixiando a las familias trabajadoras y condenando a los jóvenes a no tener un futuro, que legislar para que los especuladores ganen un poco menos. 

El PSOE en vivienda no dista mucho de su alter ego, el PP. Mientras estuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada para facilitar el acceso a la vivienda. Nada de nada. Lo único que aprobaron a prisa y corriendo a final de la legislatura, justo antes de las elecciones, una Ley de Vivienda, totalmente descafeinada, para parecer que hacían algo. El impuesto a los grandes tenedores de vivienda que logramos arrancarles se quedó también en nada, ya que lo acotaron tanto, lo descafeinaron también tanto, que realmente se quedó en un bluff.

¿Y no se preguntan ustedes por qué los dos partidos mayoritarios ante esta emergencia habitacional no hacen nada? Quizás porque en sus filas, tanto del PSOE como del PP, hay muchos rentistas y gestores de apartamentos turísticos a los que el coto a los precios les haría una faena. Solo así se entiende que, por ejemplo, el PP se niegue a legislar para regular los pisos turísticos o que la propuesta del PSOE es que uno de cada cuatro puedan dedicarse a la actividad turística. Al final, son juez y parte. 

Nosotras lo tenemos claro. En Unidas por Extremadura no dudamos ni un segundo en que hay que meter en cintura al mercado inmobiliario, topando los precios, sacando al mercado las viviendas vacías y abandonadas y garantizando el derecho constitucional a la vivienda. ¡Basta ya de precios abusivos! ¡Basta ya de casas vacías y de gente sin casas!