Desde hace días, miles de turcos han inundado la plataforma X en España con chistes, memes e imágenes generadas con inteligencia artificial enalteciendo los lazos culturales y la fraternidad entre dos países situados en extremos opuestos del Mediterráneo. La inesperada llama que despertó este furor, sin embargo, no ha sido un famoso actor de telenovelas ni un futbolista de talla mundial, sino el presidente Pedro Sánchez.

Su postura firme contra la ofensiva militar lanzada por Donald Trump en Irán, cuyo objetivo aún es incierto más de diez días después, ha provocado un aluvión de solidaridad de ciudadanos de todo el Mediterráneo y Oriente Próximo.

Los gestos de agradecimiento han ido desde las apelaciones a un humor compartido —prometiendo a los españoles injertos de pelo— a expresiones más nacionalistas, con imágenes de un toro que abraza a un lobo, símbolo de la mitología turca asociado a la ultraderecha.

Otros han intentado encajar el mapa de Turquía justo al lado de España, mientras que varias imágenes del Mediterráneo se ven inundadas por una oleada roja de votos para el PSOE. Los traductores automáticos han facilitado que muchos usuarios turcos puedan interactuar con otros miembros de la plataforma X en España en conversaciones donde se intercalan el turco y el castellano entre emoticonos y gestos de afecto.

Al igual que España, Turquía no ha permitido el uso de sus instalaciones militares a Estados Unidos para sus ataques contra Irán. No obstante, la postura del presidente Recep Tayyip Erdogan ha sido mucho más prudente que la de Sánchez, promocionando el diálogo entre Washington y Teherán, a la vez que ha advertido de los peligros de una expansión regional del conflicto.

“Plantar cara a Trump en este momento es brutal. Todo el mundo lo quiere en Turquía”, explica a elDiario.es Pelin Dinc, estudiante de políticas que ha seguido de cerca el fenómeno. “Ningún otro país ha tenido una postura tan contundente. Nadie se atreve a contradecir a Trump porque te puede montar un drama internacional. Esta imagen de fuerza gusta mucho a los turcos”, señala. “Nos recuerda al ‘one minute’ de Erdogan”, añade. Dinc hace referencia al foro de Davos en 2009, cuando Erdogan, entonces primer ministro, interrumpió un encuentro con el presidente israelí, Shimon Peres, para denunciar las “atrocidades” que estaba cometiendo su gobierno contra el pueblo palestino. Erdogan terminó abandonando la conferencia, una acción que lo convirtió en leyenda durante años en Turquía y gran parte del mundo árabe.

“Es esta firmeza. No solo de estar en contra de la guerra, sino activamente en contra, es lo que admiramos”, señala Dinc. “Luego todos estos memes nos han hecho dar cuenta que no estamos solos, que nos parecemos mucho a los españoles. Que tenemos muchos lazos en común. Al fin y al cabo somos mediterráneos”, celebra.

Inicialmente, algunos medios en España especularon con que el PSOE estuviera comprando bots turcos para impulsar la popularidad en redes de Sánchez. Sin embargo, la plataforma social es una de las más usadas en Turquía, con casi veinte millones de usuarios, el doble que en España. Aún teniendo en cuenta la diferencia de volumen de población, la penetración de X en Turquía es mucho mayor. Es habitual ver a gente de todas las edades usando la aplicación en el transporte público, mientras que habitualmente las discusiones en X traspasan a la calle y viceversa.

Incluso en Eksi Sözluk, el foro más popular del país, Pedro Sánchez cuenta con 34 páginas de comentarios y la mayoría han sido creadas este mes. La popularidad del presidente de España se refleja también en las búsquedas de Google, que se han disparado un 120% desde finales de febrero.

La fascinación por la postura del presidente ha traspasado las pantallas de los móviles, con menciones en canales de televisión turcos, declaraciones de políticos y expresiones de hermandad entre equipos de fútbol.

Antes era habitual que los turcos rompieran el hielo con los españoles con preguntas sobre el último fichaje en La Liga, algún cantante famoso o, los más politizados, con el procés en Cataluña o incluso alabando a Buenaventura Durruti. Ahora, en un país donde hablar de política es deporte nacional, Pedro Sánchez acapara muchas conversaciones. “Nos encanta Sánchez. Es el único que tiene fuerza contra Trump. El único valiente”, dice Umut, agricultor en la provincia de Esmirna.

Periodistas populares en Turquía han contribuido a avivar la llama a favor de España, como Özgür Hasan Altuncu, que animó a sus seguidores a consumir más productos españoles para contrarrestar las posibles represalias de Trump. “Haremos espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras y recomendaremos sin reservas Seat y Cupra”, señaló desde sus redes.

El propio Sánchez quiso hacer un guiño a sus nuevos fans con un mensaje en redes: “Un saludo a la comunidad tuitera turca”, escribió, junto a un vídeo de un mítin en Soria donde alguien ondeaba una bandera del país euroasiático.

“Es algo que he visto mucho en la última década en Turquía. Ensalzamos a alguien, se convierte en ídolo de masas y luego hace algo que no nos gusta y lo enterramos hasta que llega el siguiente”, dice a elDiario.es Selcuk Acar, otro estudiante que ha seguido el fenómeno de cerca. “Nos faltan referentes políticos. Estamos todos aplaudiendo a Sánchez, pero nadie se pregunta por qué no estamos en la calle protestando contra la guerra como en Irak hace veinte años. ¿Por qué ningún líder político en Turquía está alzando la voz contra ello o contra la OTAN?”, denuncia.

Acar añade que esta situación que critica se extiende a otros países. “Tampoco veo en España grandes movilizaciones más allá de las declaraciones de Sánchez. Aunque en un momento tan convulso en el que muchos ni se atreven a denunciar el genocidio en Palestina, decir que ‘No’ a Trump es un gran paso”, explica. “En realidad nos hemos quedado en el meme, pero sus palabras han tenido un gran eco en toda la región, más allá de Turquía, he visto también vídeos en Palestina, en Líbano, en Irán, de gente agradeciéndole a Sánchez su postura”, añade.

La relación entre Madrid y Ankara tiene unos cimientos más sólidos que los memes que han inundado internet. Muchos turcos han recordado estos días la solidaridad de España con el envío de helicópteros para ayudar a controlar los incendios forestales que asolaron el sur del país en 2021, o los equipos de emergencia que viajaron a Turquía tras los terribles terremotos de magnitud 7,5 y 7,8 que sacudieron el sureste del territorio en 2023, causando más de 50.000 víctimas mortales.

En Turquía la mayoría de protestas organizadas por partidos opositores u organizaciones feministas se prohíben desde hace años, mientras que tampoco se permiten las críticas al Gobierno en redes sociales.

Esta situación ha provocado que los estadios de fútbol sean uno de los últimos reductos de libertad de expresión, por lo que es habitual oír en las gradas cánticos sobre cuestiones políticas de actualidad, como el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla kurda PKK o críticas contra el presidente Erdogan.

En esta ocasión en un tono mucho más festivo, el fútbol se ha hecho eco del fervor por Sánchez con banderas españolas y cánticos a favor del presidente. El equipo más emblemático ha sido el Eskisehirspor, un club que no pasa por su mejor época, pero que desde hace veinte años sus aficionados entonan un pasodoble para animar a sus jugadores.

En uno de sus últimos vídeos evidencian la hermandad declarada entre los dos países y anuncian que se preparan para tocar “La España cañí”. Equipos españoles como el RC Deportivo La Coruña han lanzado guiños a la afición turca, publicando mensajes en su lengua con los horarios de los partidos ajustados a ambos países. La amistad deportiva ha ido más allá del aprecio por Sánchez y algunos clubes se han declarado “hermanos”, como es el caso del Valencia con el Göztepe, un equipo de Esmirna, la tercera ciudad del país.

“¿Qué equipo de Turquía sería el Sevilla?”, pregunta en redes un usuario llamado Luís, que desató un amplio debate sobre si el Trabzonspor estaba a la altura del club andaluz o sería más bien equivalente a Antalyaspor. Ambas aficiones concluyeron que la mejor idea es fusionar las ligas. En un país acostumbrado a las tensiones diplomáticas con otros países, los turcos consideran que en este contexto de guerra, tener un aliado así en el Mediterráneo es, sencillamente, motivo de celebración.

Turquía se adentra en un período incierto tras el anuncio de la disolución y fin del PKK, el grupo armado kurdo que libró una guerra contra el Estado durante cuatro décadas. “El PKK ha completado su misión histórica”, declaró la cúpula de los militantes tras celebrar un congreso a principios de mes, en el que se decidió dejar las armas, poner fin a la guerrilla y pactar una hoja de ruta por el momento desconocida. El anuncio se produce tras varios meses de conversaciones indirectas entre el gobierno y la guerrilla para negociar un proceso de desarme que ponga fin a un conflicto que ha causado más de 40.000 muertos y miles de detenidos.

Ahora el grupo armado solicita garantías jurídicas y sólidas tanto para sus integrantes como para asegurar todo el proceso de desarme. “Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, especialmente al Gobierno y al principal partido de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, para que asuman su responsabilidad y participen en el proceso de paz y desarrollo social democrático”, señala el comunicado.

Pese a las tensiones que despierta en el país, el anuncio de su disolución no ha provocado euforia entre la población o las instituciones debido a la opacidad en la que están sumidas las negociaciones. El Gobierno insiste en que se trata de un proceso unilateral de desarme, mientras partidos opositores exigen que vaya acompañado de una transformación democrática que resuelva la “cuestión kurda”, es decir, un mayor “apoyo de la existencia del pueblo y lengua kurdos”, en palabras de la diputada Saliha Aydeniz. “La razón de su opacidad es que el gobierno del AKP (partido islamista de Erdogan), aprendió la lección de los fracasos anteriores. No solo fracasó al no ofrecer resultados positivos para el Gobierno o la paz, sino que también llevó al Gobierno a perder las elecciones de 2015”, explica a elDiario.es Berk Esen, analista político de la Universidad de Sabanci en Estambul.

“Por eso Erdogan está tomando mucha cautela para que no le comporte ningún coste electoral”, añade. Esen alude a los comicios de junio de 2015, en los que la irrupción del partido prokurdo de izquierda HDP (ahora bajo las siglas DEM) superó el umbral de votos para entrar en el Parlamento, provocando que el partido de Erdogan perdiera la mayoría. Poco después fracasó el proceso de paz, no se formó Gobierno y se repitieron los comicios.

Ahora DEM, tercera fuerza parlamentaria que ha ejercido de mediador entre el Gobierno y Öcalan, asegura que las autoridades tienen “la tarea histórica de construir la paz social”. “La pelota está ahora en la cancha del Gobierno respecto a las medidas que deben tomarse, especialmente en lo que respecta a la libertad de comunicación y trabajo de Öcalan”, aseguró el vicepresidente del grupo, Sezai Temelli. A lo que el Gobierno respondió que “no se trata en absoluto de negociar”, ya que “erradicar el terrorismo es un problema grave”.

“Otra razón por la que este proceso es opaco es que no contiene ningún componente de democratización. Normalmente se espera que, si se tiene un proceso de paz, al menos hacia el final, genere efectos indirectos positivos, en particular paz social y democratización. En este caso, no creo que sea así”, asegura Esen.

Por su parte, Reha Ruhavioglu, director del centro de estudios kurdo (KSC), cree que este proceso permite poner la cuestión kurda en el centro, ahora que la lucha armada pasará a un segundo plano. “Es un paso muy importante. En Turquía, en los últimos 50 años, pero especialmente en los últimos 40, la cuestión kurda se ha discutido siempre a la sombra del conflicto. Ahora podría cambiar”, señala a elDiario.es.

“Ahora las acusaciones de terrorismo, de estar afiliado a una organización armada, no tendrán fundamento. No se podrá atacar a los políticos”, añade, aunque no cree que se vean sus efectos al menos hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028. “Podría producirse una democratización parcial, pero el Gobierno continuará con sus políticas autoritarias, especialmente contra Imamoglu”, señala, en alusión al principal rival de Erdogan, el alcalde de Estambul, cuyo encarcelamiento en marzo provocó las mayores protestas de la última década.

Cómo se desarrollará el proceso

Cómo el Gobierno dirigirá el proceso de desarme y disolución del PKK también está repleto de incertidumbre. Por el momento no parece que Ankara esté dispuesta a contar con un tercer actor para controlar el desarme, como se llevó a cabo con otros procesos similares como en el caso de la intervención de la ONU con las FARC en Colombia. Tampoco se ha hablado de amnistía, ni desmovilización, ni de una posible reintegración de sus filas.

Sin embargo, la prensa progubernamental lleva semanas dando algunas pistas sobre los siguientes pasos que podrían tomar las autoridades. Abdulkadir Selvi, periodista considerado prácticamente un portavoz de Ankara, asegura que los servicios secretos MIT supervisarán todo el proceso y descarta que Naciones Unidas se involucren de algún modo. Otro columnista progobierno, Okan Müderisoglu, sostine que Ankara está esperando que el PKK deponga las armas por completo, antes de discutir posibles medidas o concesiones al grupo armado, que pueden ir desde amnistías o reubicación de los militantes a países terceros, hasta la excarcelación de políticos como Demirtas.

La periodista Amberin Zaman, con buenas fuentes en el lado kurdo, ha publicado que Turquía establecerá puntos en el sureste del país, en Siria e Irak para que el grupo armado entregue sus armas. Ankara posee un inventario detallado de su arsenal, así que una vez verificado y completado el proceso, se podría pasar a la siguiente fase.

Entonces se podrían aprobar medidas legislativas que conduzcan a la liberación de entre 40.000 y 60.000 presos kurdos que no hayan cometido delitos de sangre. Las amnistías se llevarían a cabo en dos tandas y Demirtas podría ser liberado en la segunda, según varias fuentes. “Dado que se podrían llevar a cabo cambios en la constitución, cosas que antes estaban criminalizadas ya no lo estarán, por lo que no sería justo tratar a Demirtas como un criminal, ya que las condiciones de la época han cambiado”, insinuó el diputado del AKP, Azmi Ekinci.

También se espera que las autoridades reviertan la política de intervención en alcaldías kurdas de la última década. Öcalan no será liberado, pero se podrían mejorar sus condiciones de internamiento —lleva más de una década en régimen de aislamiento— y se contempla incluso su arresto domiciliario.

El PKK habría exigido garantías de que habrá una respuesta a su desarme, en forma de algo vinculante y formal. “Ahora hay un proceso y esto es difícil de revertir”, declaró uno de sus líderes, Duran Kalkan. “Podemos afirmar que la era del PKK ha terminado y comienza una nueva era. Apo (sobrenombre de Öcalan) define el nuevo período como la Era de la Paz y Sociedad Democrática”, señala.

Redes en el extranjero

A Ankara le preocupa especialmente las ramificaciones regionales del grupo armado y el impacto que podría tener todo el proceso, particularmente en Siria, donde las milicias kurdas vinculadas al PKK aún negocian su encaje en la era pos-Asad.

“Es importante que las ramas sirias y europeas de la organización participen en el proceso (de desarme)”, señaló Erdogan en un discurso. Precisamente la caída del régimen y la creciente inestabilidad regional podría ser uno de los motivos que habrían empujado a Ankara a querer negociar el desarme del PKK. “Obviamente el colapso de Asad en Siria, el vacío de poder en la región, el plan de Trump de retirar sus fuerzas y la actuación agresiva y asertiva de Israel ha creado una urgencia para que el Gobierno turco haga acuerdo con los kurdos en la región”, describe Esen.

Con el estallido de la guerra civil siria, la alianza del PKK y las fuerzas kurdosirias han convergido cada vez más, siendo considerada por Ankara una amenaza a su seguridad nacional. Si bien durante el curso del conflicto Turquía llevó a cabo varias ofensivas militares para expulsar a las milicias kurdosirias de su frontera, ahora podría tomar otra vía: con la disolución del PKK, se reduce la presión sobre las fuerzas kurdosirias y se allana el camino para su integración en el gobierno de transición sirio, creando más estabilidad regional. De hecho, Ankara no rechazó el acuerdo del Gobierno de Ahmed al Sharaa con las fuerzas kurdosirias para integrarlos en las instituciones estatales.

La disolución del PKK también podría tener grandes repercusiones en Irak, que alberga la cúpula de la organización en el Kurdistán norte. La misma noche de su declaración, el Gobierno iraquí emitió un comunicado celebrando la decisión. “Este acontecimiento ofrece un punto de partida para reconsiderar las justificaciones que se han utilizado durante mucho tiempo para validar la presencia de fuerzas extranjeras en suelo iraquí”, advirtió el Gobierno en un claro mensaje a la expansión militar turca en el país, que cuenta con más de un centenar de puestos militares en el Kurdistán iraquí.

“En última instancia, no se puede obviar los efectos que tendrá en la política interna en Turquía. Ahí radica la pregunta principal. ¿Qué más puede ganar Erdogan?”, señala Esen. “Pues si se avanza en el proceso, podría recibir los apoyos necesarios para enmendar la constitución y, en última instancia, levantar los límites que le impiden extender su mandato”, concluye.

Esta semana el presidente Erdogan ha asegurado que no tiene intención de presentarse a las próximas elecciones, previstas para 2028, pero al mismo tiempo está tratando de lograr los apoyos para redactar una nueva Constitución.

Cooperación con la extrema derecha

A finales de febrero, el líder del PKK, Abdullah Öcalan —encarcelado desde 1999 en la isla de Imrali, cerca de Estambul—, ordenó por carta a sus miembros la organización de un congreso para deponer las armas y disolverse. El anuncio fue precedido de una declaración del principal aliado de Recep Tayyip Erdogan en el Parlamento, el ultranacionalista Devlet Bahçeli, un político que menosprecia habitualmente a los diputados kurdos tildándolos de terroristas, pero que en esta ocasión invitó a Öcalan al hemiciclo a anunciar el fin de su organización.

El gesto despertó inquietud sobre la posibilidad de que el Gobierno estuviera iniciando un nuevo proceso de paz con la guerrilla después de varios intentos fallidos desde la década de los 90 que terminaron en rupturas, operaciones militares y tensión social.

El intento más significativo fue la intentona de 2013-2015, que fracasó en medio de las aspiraciones de autonomía kurda al otro lado de la frontera, en Siria. El proceso culminó con una brutal campaña de guerra urbana en el sureste del país, con más de 7.000 muertos entre fuerzas de seguridad, militantes y civiles, según una investigación de Crisis Group. El descalabro de los esfuerzos vino seguido de una gran presión policial y judicial contra políticos, activistas, abogados y periodistas kurdos, con miles de detenidos acusados de apoyar a la guerrilla, entre ellos el político símbolo de la reconciliación que encabezó el proceso de paz: Selahattin Demirtas, encarcelado desde noviembre de 2016.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) nació en 1978 para reivindicar mediante la lucha armada los derechos e independencia de la población kurda, que representan entre el 15% y el 20% de la población de Turquía. Con el encarcelamiento de Öcalan en 1999, la ideología del grupo evolucionó hacia demandas de mayores derechos políticos y culturales dentro de las fronteras de Turquía.

Una madrugada de finales de febrero la policía antiterrorista de Ankara irrumpió en el domicilio del periodista y activista de derechos LGTBI, Yildiz Tar. Tras pasar un día aislado en las dependencias policiales sin acceso a un abogado –igual que otras cincuenta personas detenidas en la misma operación–, Tar fue sorprendido con un interrogatorio sobre su pasado.

La Fiscalía turca disponía de unos audios obtenidos ilegalmente durante unas reuniones de temática feminista y LGTBI, a las que el periodista asistió en el año 2012, cuando apenas empezaba su carrera en el mundo de la comunicación. De las escuchas telefónicas se desprende que acudió para informar, aunque la Fiscalía las emplea como prueba incriminatoria de supuestos vínculos terroristas.

“El hecho de que unas escuchas telefónicas se conviertan en objeto de acusación 13 años después es algo que ningún abogado puede aceptar”, señaló ante la prensa Tora Pekin, miembro de la defensa de Tar.

El arresto de Tar forma parte de la última oleada de detenciones contra opositores al Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Miembros de partidos de ideologías diversas, periodistas, activistas, trabajadores humanitarios y del sector cultural han sido arrestados en las últimas semanas, acusados en su mayoría de vínculos con organizaciones terroristas.

Incluso un miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Estambul, Ferit Epözdemir, ha sido detenido por unos comentarios sobre la muerte de dos periodistas kurdos en un ataque aéreo turco en Siria. “Su detención forma parte de la ola de arrestos arbitrarios que venimos presenciando desde hace meses”, señaló el presidente del órgano colegiado, Ibrahim Kaboglu. 

Contra la izquierda ecologista y feminista

En concreto, la operación policial contra Tar y otro medio centenar de personas tenía como objetivo miembros destacados del Congreso Democrático de los Pueblos (HDK, por sus siglas en turco), una organización paraguas de formaciones de izquierda, feministas y ecologistas a favor de los derechos de los kurdos.

Tras la petición de Abdullah Öcalan, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) —considerada organización terrorista por la UE y EEUU— anunció el fin de semana pasado un alto el fuego y un futuro desarme con una serie de condiciones. Sin embargo, los días previos al anuncio fueron especialmente duros.

La Fiscalía cree que el HDK actúa como organización fachada del PKK –considerada organización terrorista por Turquía y la Unión Europea– y pretende ilegalizarla. Los detenidos han sido acusados de “organizar protestas de apariencia legal, [emitir] comunicados de prensa, manifestaciones y eventos” siguiendo las instrucciones del grupo armado. Bajo la misma acusación, decenas de alcaldes, periodistas, miembros de la sociedad civil considerados críticos con el gobierno han sido detenidos en los últimos meses

Un abogado cercano al caso señala a elDiario.es que se trata de la punta del iceberg de un proceso judicial que podría afectar a más de 4.000 personas. “Aún es pronto para conocer el alcance de la investigación, pero se basa en actividades de miembros del HDK de la última década. Cada vez son más habituales los casos judiciales por cuestiones que hace diez años no eran delito, pero que ahora un fiscal de repente cree que sí lo son”, explica el abogado, que prefiere permanecer anónimo.

“Es una forma de presionar a la oposición, porque a nivel legal las pruebas que se aportan no constituyen ningún delito, a veces no sabemos ni cómo defenderlas. La justicia actúa de forma arbitraria y no están claras las líneas rojas”, añade.

En la primera declaración de los detenidos ante el juez, la policía bloqueó los accesos al palacio de justicia e impidió una protesta de partidos opositores. “Durante los últimos 100 días hemos estado en los juzgados a diario. Venimos cuatro días a la semana para protestar, cada vez hay una nueva decisión ilegal”, declaró ante la prensa Özgür Çelik, presidente provincial del principal partido opositor, el socialdemócrata CHP.

Uno de los casos que ha generado más revuelo es el de Ayse Barim, una manager de actores detenida después de que fuera acusada de corrupción en redes sociales. El caso dio un giro durante el interrogatorio, cuando le preguntaron por su participación en las protestas del parque Gezi del año 2013, una acción ecologista que se transformó en un amplio movimiento social en contra del creciente autoritarismo del entonces primer ministro Erdogan. Barim ingresó en prisión preventiva acusada de intento de derrocar el Estado.

Poco después fue intervenida una alcaldía del partido prokurdo DEM, detenidos varios periodistas de canales críticos con el Gobierno y llamada a declarar una figura importante de la mayor asociación empresarial del país. En total, más de 300 personas fueron arrestadas la última semana de febrero. Poco después, Erdogan aseguró en un acto de su partido que la oposición “envenena la democracia” y que Turquía “necesita librarse de su bilis, especialmente del azote del terrorismo”.

“Al intervenir en todas las áreas de la sociedad civil, Erdogan en realidad está construyendo una nueva era. Es como si estuviera diseñando la oposición a su medida”, describe a ElDiario.es Sirin Payzin, periodista y exreportera de Halk TV, una de las emisoras más afectadas por la oleada de detenciones. Por su parte, la líder del HDK y diputada del partido prokurdo DEM, Meral Danis Bestas, cree que el objetivo es dividir a la oposición en un momento de grandes cambios internos en el país. “Nosotros interpretamos el escenario actual como un intento de dispersar a la oposición, impedir que se mantengan unidos”, señala a elDiario.es. “Toda esta presión contra abogados, contra partidos, contra alcaldes, ocurre en medio de un posible proceso de paz”, advierte Bestas. 

Objetivo: enmendar la Constitución

Uno de los motivos que habría empujado al Gobierno turco a negociar con el PKK es su intención de cambiar la Constitución para que Erdogan pueda prolongar su mandato, que se agotará en 2028 tras más de dos décadas al frente del país como primer ministro, primero, y jefe de Estado, después. La coalición de su partido (el islamista AKP, que gobierna junto a la ultraderecha) necesita 37 votos más en el hemiciclo para aprobar una enmienda de la carta magna mediante referéndum.

Los analistas apuntan a que podría obtener el apoyo del partido prokurdo DEM si lograran un acuerdo en el marco del proceso de desarme del PKK. Sin embargo, algunas encuestas señalan a un político opositor más popular que Erdogan. “El mayor problema de Erdogan en este momento es Imamoglu”, explica la periodista Payzin, en alusión al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, miembro del principal partido opositor CHP, que podría ser un posible candidato a la presidencia del país.

Imamoglu ganó al AKP en las elecciones locales de 2019 y en una repetición electoral, después de que el Gobierno impugnara los resultados. En 2024 renovó su cargo al frente de Estambul y, por primera vez, su partido ganó más municipios que el AKP de Erdogan. En los últimos meses, Imamoglu y su formación también han sido objeto de presiones judiciales.

El alcalde acumula siete cargos por “insultos” a la Fiscalía y otros cargos por corrupción que podrían suponer hasta 23 años de prisión y la prohibición de participar en política. “Está claro que el Gobierno está dispuesto a manipular el sistema legal para mantenerse en el poder”, declaró Imamoglu sobre los intentos de Ankara de “utilizar el poder judicial como arma”, en palabras del alcalde. El CHP ha convocado elecciones primarias a finales de marzo para elegir a su candidato para la presidencia –los comicios están previstos para 2028–, en un intento de presionar al Ejecutivo.

“Los métodos desarrollados para reprimir al movimiento kurdo, como por ejemplo la intervención de alcaldías, se están empezando a aplicar al ala turca de la oposición”, explica a elDiario.es Kerem Dikmen, abogado y coordinador del programa de derechos de KaosGL, una organización afectada por las recientes detenciones. 

Al menos dos alcaldías del CHP han sido intervenidas por el Gobierno en el último año, mientras que más de una veintena de funcionarios del partido que trabajaban en diferentes distritos de Estambul han sido encarcelados. La policía también detuvo a cinco periodistas por entrevistar a un perito experto del juicio contra Imamoglu y otros alcaldes del CHP. “(Erdogan) no solo busca dividir a la oposición, quiere diseñar a la oposición. La situación actual debería verse como un paso más en el autoritarismo, lo que llamamos la 'consolidación autoritaria'”, explica a elDiario.es Hürcan Asli Aksoy, directora del Centro de Estudios Aplicados de Turquía (CATS). “Esto brindará a la alianza gobernante del AKP la oportunidad de cambiar la Constitución, para que Erdogan se pueda presentar a un tercer mandato”, añade. 

“El punto de tensión en el próximo período será ver si la oposición entenderá sus diferencias como diversidad o no, si logrará desarrollar una estrategia común contra los riesgos comunes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la agenda global”, describe Dikmen. Por su parte, la periodista Sirin Payzin advierte de que Erdogan se podría beneficiar de la tendencia global de gobiernos autoritarios que se respaldan mutuamente. “Si hay algo que en estos momentos beneficia a Erdogan es la coyuntura internacional. En esta crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea, en las tensiones en Oriente Próximo, Erdogan se considera un afortunado”.

Parece que Turquía ha iniciado un proceso para que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido por su acrónimo PKK, cese su actividad armada y ponga fin a cuarenta años de conflicto. Se espera que en los próximos días, el líder del grupo armado, Abdullah Öcalan, haga un llamamiento a sus bases para que dejen las armas y se disuelva la organización.

“Creemos que será un llamado para iniciar un proceso a nivel legal y político, en lugar de resolver la cuestión kurda a través del conflicto y la violencia, que se ha prolongado hasta el día de hoy”, señaló a los medios Tülay Hatimogullari, colíder del partido prokurdo DEM, tercera fuerza en el Parlamento de Turquía.

La formación prokurda señaló que Öcalan hará su anuncio este mes, aunque no dio una fecha exacta. Medios locales especulan que podría ser el 15 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la detención de Öcalan, encarcelado en una isla cerca de Estambul desde 1999.

El giro ultranacionalista

Para sorpresa de todos, este nuevo proceso está apoyado por el diputado Devlet Bahçeli, líder del partido ultranacionalista MHP y aliado en el hemiciclo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Era habitual hasta hace unos meses que Bahçeli tildara al partido prokurdo DEM de “terrorista”, acusándolo de vínculos con el PKK –considerado terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos–.

Ahora, en cambio, saluda con un apretón de manos a los mismos diputados a los que amenazó. Un miembro del MHP visitó incluso una exposición artística sobre la memoria política y represión de los kurdos en Turquía, en un gesto que subraya el cambio de 180 grados de la formación ultranacionalista. “Si se levanta el aislamiento del líder terrorista, que venga y hable en el Parlamento. Que grite que el terrorismo ha terminado por completo y que su organización está disuelta”, señaló recientemente Bahçeli en un discurso en el hemiciclo.

El socio de Erdogan aseguró que si “se declara el fin del terrorismo”, Öcalan podría beneficiarse del “derecho a la esperanza”, es decir, ser liberado o ser puesto bajo arresto domiciliario, ya que pesa sobre él una condena a cadena perpetua. Sus palabras dieron pie a que el partido DEM solicitara visitar a Öcalan en la cárcel para tratar el asunto y romper así con su aislamiento, que se alarga desde hace una década, salvo contadas visitas de sus abogados y un familiar durante la pandemia. “Estoy dispuesto a tomar las medidas positivas necesarias y hacer el llamamiento requerido”, declaró en una nota tras la visita de la delegación prokurda y añadió que tiene la “competencia y determinación” para desarrollar el proceso.

Pese a su encarcelamiento, Abdullah Öcalan, de 75 años y conocido con el diminutivo de 'Apo', sigue liderando el PKK, organización que ha librado un conflicto contra las fuerzas turcas desde hace cuatro décadas y que ha dejado más de 40.000 muertos entre soldados, milicianos y civiles, aunque estos últimos representan la mayoría.

El conflicto –especialmente la guerra sucia del Estado durante la década de los 90– reforzó la marginación económica del sureste de Turquía, área de mayoría kurda, así como la presión contra instituciones y miembros de la sociedad civil por la sospecha de ser miembros de la guerrilla. El PKK se erige en representante de las reivindicaciones de la población kurda (una quinta parte de los 85 millones de habitantes de Turquía) y sus demandas han ido evolucionando desde la creación del movimiento: desde un estado independiente gobernado por los kurdos a posiciones más suaves y menos definidas como el reconocimiento de los derechos e identidad kurdas.

Mientras que el partido prokurdo DEM y Öcalan han acogido con agrado la invitación de Bahçeli, parece que en Qandil, los montes del Kurdistán iraquí donde se refugia gran parte del grupo armado, no ha sido tan bien recibida. Uno de los líderes y cofundador del PKK, Murat Karayilan, ha advertido que no cesarán su actividad armada hasta que Öcalan en persona se reúna con ellos y se establezcan ciertas garantías.

“Ni aunque fuera por videollamada. Öcalan tiene que hablar con libertad. Si no lo hace en persona, ¿cómo se puede convencer (a los combatientes del PKK) que dejen las armas?”, declaró Karayilan en una entrevista con el canal Sterk TV, emisora cercana a la guerrilla. “¿Cómo podemos discutir la cuestión del desarme sin un alto el fuego?”, agregó. Su intervención ha provocado la duda de si Öcalan, considerado por DEM la “llave” para resolver el conflicto, sigue teniendo influencia sobre los combatientes tras pasar un cuarto de siglo encarcelado.

El líder del movimiento kurdo

“Öcalan es el líder del PKK, pero también es el líder del movimiento kurdo en general. En las últimas décadas se construyó su figura de liderazgo dentro del movimiento y se fue mitificando conforme se intensificó el conflicto”, explica a elDiario.es Baris Tugrul, sociólogo de la Universidad de Hacettepe que estudia la historia del movimiento kurdo.

“El PKK tiene un comité ejecutivo y, anteriormente, cuando Öcalan pidió a la organización que retirara parte de sus contingentes fuera de un lugar, les hicieron caso, pero luego pararon. Cuando difieren de Öcalan, dicen que el líder se encuentra bajo unas condiciones restringidas por su aislamiento, que no tiene libertad, por lo que no puede tomar decisiones sanas”, describe. El sociólogo remarca que en la situación actual es difícil saber qué condiciones impone cada parte, aunque cree que el Gobierno está en contacto con todos, más allá del líder encarcelado.

“Öcalan tiene el poder para hacer la llamada. Nosotros solo somos un partido político que hace política democrática y aboga por solucionar los problemas mediante el diálogo en el Parlamento. No somos un grupo armado, por lo tanto, si pedimos que dejen las armas, nadie nos haría caso”, explica a elDiario.es Tuncer Bakirhan, colíder del partido DEM. “El movimiento kurdo se debe imaginar como una estructura holística. Öcalan es el líder de un grupo armado, pero también es el líder de un movimiento. Es una estructura con diferentes pilares y Öcalan se sitúa en lo más alto. Él conoce la región y su situación”, asegura.

Bakirhan advierte de que es necesario un proceso democrático que acompañe el cese de la actividad del PKK y resuelva “la cuestión kurda” de derechos e identidad de esta minoría étnica. Sin embargo, admite que por el momento el diálogo es entre “el Gobierno e Imrali”, en alusión a la isla donde está encarcelado Öcalan.

“Esto ocurre porque se trata la situación como una cuestión de terrorismo, centrando el conflicto en Öcalan, se niega que en Turquía exista un problema kurdo”, explica a elDiario.es Hamit Bozarslan, historiador y analista político.

El proceso no ha frenado por el momento la presión de las autoridades sobre partidos opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil. Al menos diez alcaldías (ocho del partido DEM y dos del partido opositor socialdemócrata CHP) han sido intervenidas por el Gobierno por supuestos vínculos terroristas. Mientras que desde principios de febrero, más de una decena de periodistas han sido detenidos.

“Mientras piden la entrega de armas, siguen bloqueando la política democrática”, declaró Ahmet Türk, veterano político kurdo cuya alcaldía ha sido intervenida en tres ocasiones por el Estado. “Pero siempre he creído que sería un error arrinconarse ante la intimidación y no reconocer una oportunidad para la paz”, añadió Türk, que participa en la delegación del partido DEM en las visitas a Öcalan y los contactos con los partidos del Parlamento.

Türk también fue partícipe del proceso de paz frustrado hace una década (2012-2015), cuya ruptura provocó una ofensiva de las fuerzas armadas contra el PKK en el sureste del país, con más de 7.000 muertos, entre ellos cerca de 1.000 civiles. En el proceso de paz anterior se formaron comités para consultar a la población y, a diferencia del actual, el diálogo político era más amplio, se permitió la proliferación de más publicaciones en kurdo e, incluso, una suerte de proyecto de escuelas infantiles en las dos lenguas.

¿Un proceso de paz?

“El actor legal del movimiento kurdo, el partido DEM, busca unas bases sobre las que poder negociar un proceso más amplio, que no se reduzca al desarme, pero Erdogan quiere el desarme del PKK y nada más”, señala Tugrul, experto en la historia de la organización. “Pero incluso el desarme requiere unas condiciones técnicas. Digamos, la movilización de contingentes del PKK, su reintegración en la sociedad. Aunque sea más técnico, se tiene que convertir en un proceso”, describe.

Por el momento, el diálogo actual tampoco contempla la liberación de los antiguos líderes del partido DEM, Selahattin Demirtas y Fiden Yüksedag, encarcelados desde noviembre de 2016 por varias causas relacionadas con el terrorismo. Desde prisión, Demirtas señaló en una carta su apoyo total al cese del conflicto y a seguir los pasos de Öcalan, aunque advirtió que “la paz política solo será duradera si genera paz social”.

“El problema es que cuando se frustró el proceso de paz en 2015 muchos combatientes huyeron a Siria [donde apoyaron a las fuerzas kurdosirias]. Entonces el paradigma de la cuestión kurda es diferente ahora, ya no es tan nacional, es una cuestión regional, incluso internacional porque involucra a otros países como EEUU y Rusia”, señala Tugrul.

Los cambios regionales que ha provocado la guerra en Gaza y la caída el pasado diciembre del régimen de Bashar Al Asad en Siria podrían haber impulsado al Gobierno de Erdogan a negociar el fin del conflicto con el PKK. En el noreste de Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (en su mayoría milicias kurdas), siguen enfrentándose con facciones armadas apoyadas por Ankara y enfrentadas con Damasco sobre su futuro en el país, después de más de una década de conflicto.

El Gobierno de Erdogan ha reiterado que no permitirá que las milicias kurdosirias controlen su lado de la frontera, ya que las considera una rama del PKK. “Es un proceso tan diferente. La situación en Líbano no es la misma, Irán ha perdido poder [en la zona]. Siria ha cambiado. Turquía quiere resolver sus propios problemas para convertirse en una potencia regional”, explica Bakirhan, colíder del DEM.

“No se puede apuntar con armas a los kurdos en Kobane (Siria) y hablar de paz en Turquía”, señaló en el Parlamento la vicepresidenta de DEM, Gulistan Kiliç Koçyigit. Sin embargo, Ankara nunca olvida la perspectiva nacional de los asuntos. Si bien el proceso podría contribuir a la estabilidad regional, el cese del conflicto con el PKK también podría acabar brindando apoyo a Erdogan en las urnas –el voto kurdo ha sido clave en la última década–, lo cual le permitiría el cambio constitucional necesario para perpetuarse en el poder.

“La cuestión kurda es compleja, debe abordarse desde las dinámicas internas de Turquía, pero también regionales”, señaló Koçyigit. Un aspecto que no está claro, de momento, es qué obtendrán los kurdos en este proceso. Una encuesta del centro de estudios SAMER realizada en el sureste del país y en las ciudades turcas con más presencia de población kurda, señala que menos de un tercio de la población espera que el actual diálogo derive en un proceso de paz.

Parecida a un perro labrador y de color negro azabache, todos los vecinos del barrio estambulí de Yeldigermeni conocen su nombre: Kara (color negro en turco). Alguien le regaló en algún momento un collar rojo que hace pensar que tiene un dueño, pero en realidad Kara vive en la calle. Los vecinos le dan de comer y a veces la pasean en la plaza del barrio. Kara busca compañía en las terrazas de los cafés y a veces recibe con cariño algo de comer.

Ahora, una nueva reforma legislativa aprobada por el Parlamento turco obliga a encerrarla en un refugio hasta que alguien la adopte. A ella y a los aproximadamente cuatro millones de perros que viven en las calles de Turquía y que, al igual que los gatos, han sido cuidados y alimentados por los vecinos durante décadas sin que fueran objeto de polémica.

La medida ha sido aprobada tras semanas de protestas multitudinarias y debates parlamentarios muy encendidos. Los críticos con la reforma aseguran que allana el camino para sacrificar a los animales y que se trata de una decisión más del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para polarizar la sociedad y arremeter contra la oposición con políticas que no surgen de una necesidad real. 

“Los perros en Turquía son parte de la sociedad. Mientras el Gobierno miraba para otro lado, nosotros les dábamos de comer, les dejábamos dormir en nuestras tiendas, nosotros somos quienes los cuidamos. Y ahora quieren acabar con ellos”, denuncia a elDiario.es Sibel Akbas, una ciudadana contraria a la ley, durante una manifestación en la ciudad egea de Esmirna.

“La ley de la masacre”

Apodada como “la ley de la masacre”, decenas de miles de ciudadanos se han manifestado en ciudades de Turquía contra la reforma. “No nos callaremos, no tenemos miedo, no les entregaremos a nuestros amigos”, gritaban en una protesta en el centro de Estambul. Las acciones de rechazo a la ley han aglutinado sectores muy diversos de la sociedad que hacía años que no protestaban en las calles juntos. No sólo han salido opositores al presidente turco, también nacionalistas cercanos a la ultraderecha, familias, grupos animalistas y estudiantes. “No cometas este crimen contra este país”, rezaba un cartel en una protesta.

Los perros callejeros son inseparables del paisaje en Turquía y, particularmente en Estambul, son una insignia de la ciudad desde hace mucho tiempo. Durante su paso por la metrópolis del Bósforo, al escritor Mark Twain le llamó la atención la gran presencia de estos animales: “Los perros duermen en las calles, por toda la ciudad”, escribió. “No se movían, ni aunque el propio sultán pasara por allí”.

A día de hoy, es habitual verlos durmiendo en la calle encima de cartones o mantas que algún vecino les ha traído. En invierno son bienvenidos en las tiendas, que les dejan dormir dentro para resguardarse del frío, mientras que en verano disfrutan del aire acondicionado en la entrada de los establecimientos. La mayoría de perros tiene un pendiente en la oreja, un chip que certifica que han sido castrados y vacunados. 

Sin embargo, si uno se aleja de los centros urbanos, no es raro encontrarse con manadas de cinco o más perros callejeros que en ocasiones se muestran hostiles con los transeúntes, ciclistas o coches. “Es cierto que el número de animales ha aumentado en los últimos años. El motivo es el incumplimiento de las normativas por parte del Estado y los Ayuntamientos, que no vacunaron y esterilizaron a muchos animales”, explica a elDiario.es la abogada Hacer Gizem Karatas, del Comité de Vigilancia de los Derechos de los Animales (Hakim).

“En los últimos años, hemos detectado que muchos Ayuntamientos recogían a los perros y los abandonaban en las montañas, en basureros, en carreteras o bosques, en fronteras de unos y otros. Allí se multiplicaron”, relata. En la última década, no se ha logrado esterilizar al 70% de los perros, el porcentaje necesario para controlar el volumen de la población canina.

Para Karatas, la decisión de retirarlos de la calle, y quizás sacrificarlos, “es una decisión política”, debido a que las autoridades municipales no cumplieron con su deber y el Gobierno va a hacer que los perros paguen por ello. “Si se preocuparan por los animales, la ley introduciría penas por su cría, la compraventa de perros o el abandono”, añade. 

Desde hace años, medios de comunicación cercanos al Gobierno han difundido noticias sobre perros callejeros agresivos que atacan a familias y niños, aunque el Ejecutivo no llevó la cuestión al Parlamento hasta hace apenas unas semanas. Varios diputados del partido de Erdogan, el islamista AKP, han citado las cifras de la asociación Güsoder, que busca retirar a los perros callejeros. Aseguran que 75 personas han muerto en los últimos dos años por ataques de perros o accidentes de tráfico causados por éstos.

Una polémica política

Para el periodista y analista político Murat Yetkin, la medida es una estrategia del AKP para beneficiarse de la “división y polarización social”. En medio de una crisis inflacionaria, el Gobierno “crea una polémica sobre los perros callejeros que afecta predominantemente a las clases socioeconómicas más bajas”, apunta Yetkin. “Para el AKP, el debate en torno a los perros es un intento de crear una división al presentar a los activistas por los derechos de los animales como parte de la clase media alta”. En el año 2021, después de que un niño fuera herido por un perro callejero, Erdogan culpó a los “turcos blancos”, denominación que reciben las clases altas que viven en entornos urbanos. “Turcos blancos, asuman la responsabilidad de sus animales. Estos perros, son los perros de los ricos”, espetó entonces. 

Inicialmente la reforma de ley contemplaba el sacrificio de todos los perros que no fueran adoptados en un período de treinta días, pero tras el rechazo social que provocó, el proyecto fue modificado y ahora establece el envío de todos los perros a refugios de los Ayuntamientos. La normativa permite el sacrificio de los perros “que suponen un peligro para la vida y la salud de las personas, y los animales, cuyo comportamiento no se pueda controlar o que padezcan enfermedades contagiosas”.

La abogada Karatas denuncia que el lenguaje es muy vago y no deja claro en qué circunstancias se debería aplicar. “Además debe ser un experto quien certifique si ciertas conductas agresivas de un perro son algo puntual porque está asustado o porque padece una enfermedad. Los Ayuntamientos, que son los encargados de aplicar esta normativa, no tienen esa figura”, alerta. “Con la propaganda que hay ahora contra los perros, cualquier vecino puede denunciar que un perro ladra mucho y se lo llevan. Un perro que ladra podría ser considerado peligroso y ser sacrificado”, lamenta.

La ley obliga a las autoridades locales a construir refugios para acoger a los perros en un plazo de cuatro años. Según datos oficiales, en Turquía solo hay 322 refugios con una capacidad para poco más de 100.000 perros, una cifra muy inferior a los cuatro millones de perros callejeros. El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, contrario a la reforma, ha anunciado que no implementará la ley. “Han promulgado una ley que infringe la moral. No podemos lavarnos las manos con sangre”, dijo el diputado Murat Emir.

La legislación contempla hasta dos años de cárcel para los alcaldes que no la cumplan. Esta pena de prisión ha despertado sospechas de que la verdadera intención del Gobierno es castigar al partido CHP, que le arrebató el pasado marzo la mayoría de los Ayuntamientos en los comicios locales. Ahora recae sobre este partido la financiación y manejo de los refugios. “Los refugios ya están superpoblados y por mucho que los perros pasen parte del día al aire libre, se ponen muy nerviosos al estar encerrados”, explica a elDiario.es Kasim Yildirim, voluntario en un refugio de perros en Pendik, Estambul. “Se habla mucho de recoger a los perros y alojarlos todos en un sitio, pero nadie dice nada de cómo los vamos a alimentar. Hasta ahora eran los vecinos”, añade. 

No es la primera vez que los perros enfrentan al Ejecutivo central y a los Ayuntamientos en manos de la oposición. En 2022 ocurrió una disputa rocambolesca por un perro callejero llamado Boji, que se hizo famoso en redes sociales porque utilizaba el transporte público de Estambul. El consistorio promocionó al perro como símbolo de la ciudad, con vídeos del animal subiendo al tranvía o a los barcos que cruzan el Bósforo, pero medios progubernamentales publicaron imágenes acusando a Boji de ensuciar el tranvía. El Ayuntamiento consiguió demostrar que se trataba de una campaña de difamación y que alguien colocó los excrementos en el transporte público para culpar al famoso perro.

“A pesar de las provocaciones de la oposición y de las campañas basadas en mentiras y distorsiones, el Parlamento escuchó una vez más al pueblo, negándose a ignorar los gritos de la mayoría silenciosa”, afirmó el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç.

Pese a su aprobación, la normativa sigue trayendo cola. Un diputado del AKP usó el tema para atizar a los opositores que no condenaron en público el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. “Aquellos que no pueden decir ‘asesino Netanyahu’, aquellos que no condenan la muerte de Haniyeh, no tienen derecho a hablar sobre el amor canino”, aseguró Vahit Kirisçi, diputado y presidente de la comisión parlamentaria de Agricultura.

Para los defensores de los animales en Turquía la historia se repite. En 1910, el sultán Mahmud II decidió eliminar a los perros vagabundos enviándolos a una isla cerca de la ciudad. En aquel entonces la metrópolis contaba con unos 50.000 perros y la decisión formaba parte de un paquete de medidas para “occidentalizar” las calles. Existen fotografías de centenares de perros famélicos en la orilla de la isla y cuenta la leyenda que sus aullidos se oían desde el centro de Estambul.

El territorio, ahora apodado “isla desolada”, recibió una comitiva de activistas animalistas en los años 2000, que pidieron perdón por la masacre canina y prometieron que no volvería a ocurrir. Un manifestante con una pancarta con las fotos de 1910, con centenares de perros abandonados a su suerte, recordaba recientemente aquella promesa: “No os quedéis callados, gritad contra la masacre!”.

En uno de los barrios más turísticos de Estambul, se ha habilitado un salón de bodas como campo de entrenamiento. Hombres con pasamontañas simulan ser soldados israelíes que irrumpen en medio de la oscuridad en la pista de baile, que en la penumbra parece un foso, donde permanecen expectantes decenas de activistas propalestinos de varios países. Uno de los actores zarandea a los presentes asustados, entre los que destaca una que se rebela contra el 'soldado' y otro activista que parece sufrir un ataque de pánico. Los tres acordaron previamente fingir su reacción para llevar al resto a una situación límite. De repente se encienden las luces y una mujer dice en voz alta que se tomen su tiempo para recuperarse antes de comentar lo que ha ocurrido.

Se trata de un entrenamiento de seguridad y no violencia para que estén preparados ante un eventual ataque israelí en aguas internacionales. Ese asalto podría ocurrir en los próximos días, durante su intento de romper el bloqueo marítimo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, después de casi siete meses de ofensiva y asedio israelíes. Un ataque parecido ocurrió en 2010 contra la flotilla Mavi Marmara, otra iniciativa internacional que partió de Turquía para tratar de romper el bloqueo israelí y alcanzar las costas gazatíes.

A unos 128 kilómetros de Gaza, el radar del barco detectó tres embarcaciones que se acercaban. Una unidad de élite naval cortó la señal móvil de la flotilla y militares israelíes asaltaron la embarcación, bajando desde un helicóptero, y dispararon contra los presentes. Mataron a diez activistas e hirieron a otros cincuenta, en un incidente que fue condenado a nivel internacional pero que quedó impune pese a la presión diplomática.

Ahora, algunos de los supervivientes del Mavi Marmara y otros activistas de más de treinta países se han unido bajo el paraguas de la Coalición Flotilla de la Libertad, para una misión destinada a romper el bloqueo marítimo israelí y llevar 5.500 toneladas de ayuda al enclave palestino. La flotilla consta de dos barcos de pasajeros y un buque de carga lleno de alimentos básicos como harina, aceite o conservas; así como materiales de higiene y sanitarios.

Una misión internacional arriesgada

Médicos, historiadores, abogados y otros perfiles diversos de organizaciones propalestinas se subirán a bordo. Entre los activistas se encuentran dieciséis españoles, de la mano de la organización Rumbo a Gaza, como la exalcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau; la diputada de Podemos, Martina Velarde, el número dos de la lista de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, o la diputada extremeña de IU, Nerea Fernández, que llegaron la semana pasada a Turquía.

“Hemos agotado todas las acciones civiles. Millones de personas hemos marchado en ciudades de todo el mundo por Gaza y los gobiernos no han respondido. Hemos pasado meses persiguiendo a miembros del Congreso estadounidense para que no sigan mandando más dinero a Israel. Es increíble lo que está ocurriendo”, dice a elDiario.es Ann Wright, exmilitar y exdiplomática estadounidense que en los últimos quince años ha participado en diversas flotillas que pretendían alcanzar la Franja, que ha permanecido bajo un estricto asedio de Israel desde 2007. “¿Qué más puede hacer la sociedad civil? Pues nos subimos a un barco para hacer lo que los gobiernos deberían de haber hecho para detener el bloqueo naval israelí a Gaza y llevar asistencia humanitaria”, asegura.

Según el último informe de agencias de la ONU, publicado este miércoles, Gaza sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta, en las dos últimas décadas. La hambruna es especialmente severa en el norte del enclave, donde ya han muerto al menos 30 niños por desnutrición y deshidratación, de acuerdo con el Gobierno local. La mitad de la población gazatí, alrededor de 1,1 millones de personas, se encuentra en una situación catastrófica y pasan hambre porque en la Franja no pueden entrar ni bienes comerciales ni ayuda humanitaria suficientes.

En los últimos meses se han llevado a cabo varias iniciativas internacionales para enviar ayuda humanitaria a Gaza, como lanzar fardos de comida desde el aire o trasladar toneladas de alimentos vía mar con el permiso de las autoridades israelíes. Ésta última acción fue coordinada por la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen (WCK), con una embarcación de la española Open Arms. Unos días después de alcanzar el enclave, Israel mató a siete miembros de WCK en un ataque aéreo, poniendo de relieve que aquellos que intentan llevar ayuda a Gaza son también un objetivo en esta guerra.

“El bloqueo marítimo de la entrada de ayuda humanitaria es ilegal. Israel lo aplica desde hace años. Ha desoído las resoluciones de Naciones Unidas. La comunidad internacional ha permitido a Israel seguir adelante con este genocidio, no han hecho nada para detenerlo. Por eso es importante apoyar esta iniciativa, mostrar que se puede romper el bloqueo y llevar ayuda a Gaza”, explica Wright. 

Sin embargo, el Ejército israelí está dispuesto a interceptar la nueva flotilla antes de que llegue a Gaza, según informaron fuentes de Defensa a la emisora israelí N12. Tel Aviv estaría entrenando la unidad naval Shayetet 13, la misma que asedió el hospital Al Shifa en la Franja de Gaza, causando víctimas mortales y una gran destrucción. Shayetet 13 también fue la responsable del ataque a la flotilla de Mavi Marmara en 2010. “Son los tipos que ejecutaron a gente en el hospital. Son los que han abordado nuestros barcos, sabemos sus nombres, sabemos que deberían ser procesados en la Corte Penal Internacional”, asegura Wright. “Los hombres y mujeres que forman parte de este comando deben rendir cuentas. Haremos lo que podamos en alta mar”, agrega. 

El socio turco de la coalición internacional, la ONG islamista IHH, es considerada una organización terrorista por Israel y tiene prohibida la entrada al país desde 2008, por sus presuntos vínculos con el grupo político Hermanos Musulmanes. IHH encabezó la flotilla que navegó rumbo a Gaza de 2010, cuando murieron una decena de sus miembros. En esta nueva misión, se ha encargado de gestionar la logística del viaje, con la compra de los buques y la recogida de la ayuda humanitaria.

Desde el inicio de la guerra en Gaza IHH se ha postulado como uno de los actores más activos de Turquía a favor de los palestinos, con protestas semanales y recogidas de ayuda humanitaria. En diciembre, sus integrantes incluso marcharon hacia la base militar de Incirlik, en el sureste del país y utilizada por Estados Unidos, para protestar por su apoyo a Israel. Ante la prensa internacional mantienen un perfil bajo, comparado con sus compañeros de otras nacionalidades, mientras negocian con el Gobierno turco para que les permita zarpar. Si bien el líder de IHH, Bülent Yildirim, anunció que la flotilla saldría a finales de marzo, la fecha se ha ido retrasando hasta el momento.

Aún sin fecha de partida

La misión ha sufrido otras demoras, achacadas a problemas técnicos y permisos, y ahora se postula como nueva fecha de partida el próximo viernes 26. “Todavía estamos negociando con funcionarios turcos”, señaló a la prensa Mustafa Özbek, jefe de prensa de IHH. El Ejecutivo no se ha pronunciado en público sobre la flotilla, aunque se cree que no está a favor de su partida desde Estambul debido a la crisis diplomática que se podría desatar si Israel llega a atacar una embarcación llena de activistas internacionales.

El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan se encuentra, además, en medio de una crisis de imagen por no haber tomado medidas concretas contra la ofensiva israelí en Gaza. En las últimas semanas ha intentado adoptar un papel más activo, restringiendo la exportación de medio centenar de productos a Israel e invitando a los líderes de Hamás a Turquía para tratar de buscar una solución al conflicto.

“Esperamos que Turquía apoye lo que estamos haciendo porque actuamos conforme el derecho internacional. Lamentablemente varios países mediterráneos han colaborado con Israel para mantener el asedio. Antes solíamos zarpar desde Chipre o Grecia, pero ahora lo han frenado por la presión de Israel. No creo que el Gobierno turco haga eso”, señala a elDiario.es Huwaida Arraf, abogada palestino-estadounidense que tiene intención de navegar en la flotilla.

La diputada de Podemos Martina Velarde cree también que Turquía ha recibido presiones de otros países. “Nosotras entendemos que sí, que zarparemos. Es verdad que nos han retrasado la partida, que hay presiones internas y de fuera, pero creo que finalmente podremos salir, por eso estamos aquí todavía”, señala a elDiario.es. La coalición ha denunciado presiones por parte de Estados Unidos y Alemania a Turquía para que no salga el barco. En una carta conjunta han pedido la “libertad de navegación en aguas internacionales” y “protección ante las amenazas de asalto pirata violento que anuncia Israel”. En una visita este martes a los barcos que integran la flotilla, en Tuzla, a las afueras de Estambul, Ada Colau reiteró su llamamiento a la acción: “Está todo preparado. Tenemos derecho a navegar y es nuestra obligación actuar para detener el genocidio en Gaza”.    

El último obstáculo electoral de Recep Tayyip Erdogan para asegurarse el control del país durante otro lustro se convirtió en su primera derrota en las urnas. A medida que avanzó el recuento de votos en las elecciones locales del domingo en Turquía, una ola de color rojizo se extendió por gran parte de las 81 provincias del país. El principal partido en la oposición, el socialdemócrata CHP, no sólo ha mantenido el control de las principales ciudades de Turquía, sino que ha ganado las alcaldías de 35 provincias, postulándose como la formación más votada con el 37,8% de los apoyos.

Cada votación en Turquía es percibida como un plebiscito sobre el liderazgo de Erdogan y, en esta ocasión, el mandatario ha perdido por primera vez, tras ganar consecutivamente quince citas electorales. “Comenzamos este éxito juntos, con este sólido viaje hacia la democracia que empezó hace cinco años. Juntos representamos la comprensión de la bondad, la belleza y la unidad de las personas”, declaró tras el recuento de votos el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que renovó su cargo con una aplastante victoria con el 51,1% de los votos, diez puntos más que el candidato respaldado por el presidente turco.

Desconocido en el panorama internacional, Imamoglu goza de una creciente popularidad en Turquía y se cree que podría ser el próximo contrincante de Erdogan en las elecciones presidenciales de 2028. Exalcalde de un distrito de Estambul, Imamoglu consiguió en 2019 romper con veinticinco años de gobierno del AKP en esta ciudad, tras ganar los comicios en dos ocasiones, después de que las autoridades impugnaran los resultados de la primera votación. En aquel entonces contó con el apoyo de otras formaciones opositoras –desde partidos nacionalistas hasta la izquierda prokurda– que unieron fuerzas para arrebatar la alcaldía al partido gobernante.

Sin embargo, en los comicios de este domingo esas formaciones más pequeñas presentaron candidatos propios, fruto de divisiones en la oposición tras su fracaso en las elecciones presidenciales del año pasado –en las que Erdogan fue reelegido para un segundo mandato–. En esta carrera electoral solitaria, Imamoglu también batalló contra unos medios de comunicación en manos del Gobierno y contra campañas de desprestigio de líderes del AKP.

El alcalde ha sobrevivido por el momento a un proceso judicial que amenaza con inhabilitarlo, un juicio que ha sido interpretado por la oposición como una intentona del Gobierno de apartarlo de la política. El contrincante de Imamoglu en las urnas, el exministro de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, no consiguió atraer a los votantes, pese a haber aparecido en la mayoría de los mítines junto al presidente turco.

Las principales ciudades turcas, en manos opositoras

“Dominar las principales ciudades del país en un contexto que tiende hacia el autoritarismo, en el que el presidente controla el Parlamento y el Ejecutivo, es una gran oportunidad para la oposición. Le da margen de maniobra porque las alcaldías toman importantes decisiones en economía, industria y turismo”, señala a elDiario.es el politólogo de la Universidad de Sabanci de Estambul, Berk Esen. Si bien los resultados en Estambul son los más importantes de estos comicios, ya que la metrópolis de dieciséis millones concentra el 20% de la población turca, la victoria del CHP en las urnas es tan o más importante en el resto del país.

El partido socialdemócrata ha ganado en las cinco grandes ciudades del país como Ankara, Esmirna, Adana y Mersin. También en las urbes más industrializadas como Bursa, Manisa y Denizli o la ciudad minera de Zonguldak. El partido opositor ha conseguido penetrar en provincias del mar Negro y de la Anatolia profunda, que eran considerados hasta ahora feudos conservadores que votaban al AKP. “Hoy los votantes decidieron cambiar el panorama que existía hace 22 años en Turquía y abrir la puerta a un nuevo clima político en nuestro país”, declaró el domingo por la noche el líder del CHP, Özgür Özel, quién asumió el mando del partido hace pocos meses y renovó la imagen de la formación.

La estrategia del partido socialdemócrata es sólo uno de los factores que le ha llevado a la victoria en las urnas: los analistas apuntan a los efectos de la crisis inflacionaria como el principal motivo de la bajada en el apoyo a Erdogan. Turquía arrastra desde hace más de dos años una grave depreciación de su moneda y un aumento de los precios, que no ha empezado a golpear a las empresas hasta hace unos meses, según los economistas.

El presidente islamista renovó su mandato como jefe de Estado y la mayoría en el Parlamento gracias a una serie de medidas para maquillar la crisis económica, como el aumento de las pensiones, el sustento de la lira turca de forma artificial, el suministro de gas gratis para los hogares durante un año y la facilitación de los créditos. Meses después otra realidad se ha empezado a notar en los bolsillos de los turcos. Las empresas, en particular las pymes, se han visto forzadas a prescindir de parte de su plantilla, mientras que los precios para los consumidores no han parado de subir y el Gobierno ha incrementado los impuestos.

Este giro hacia políticas más austeras para estabilizar la economía ha supuesto una carga aún mayor para los hogares, que han castigado al partido gobernante en las urnas. Este voto de castigo se puede apreciar también en la participación, que descendió el domingo al 76%, respecto al 87% de las elecciones del año anterior.

Los antiguos socios de Erdogan

Por otro lado, partidos nacionalistas e islamistas que hasta ahora formaban parte de la columna vertebral del AKP han presentado candidatos propios, lo cual ha hecho que pierda importantes ciudades del país. Su antiguo aliado ultranacionalista, el partido MHP, ha perdido tres grandes alcaldías respecto a los comicios de 2019, pero su decisión de presentar candidatos propios en otras ciudades ha dividido el voto conservador.

Aún más peligroso para Erdogan es el Nuevo Partido del Bienestar (YRP), de tendencia islamista que encarna el voto protesta de carácter más conservador. YRP está liderada por Fatih Erbakan, hijo del ex primer ministro Necmettin Erbakan, un influyente ideólogo islamista que ha marcado el ideario político del propio Erdogan. El partido ultraconservador es crítico con el gobierno del AKP, marcadamente anti Unión Europa, defiende los valores familiares conservadores y niega los derechos LGBTI.

Se presentó por primera vez en las elecciones parlamentarias del año pasado, en las que ganó cinco diputados y apoyó a Erdogan para asegurarle la mayoría en el hemiciclo. En estos comicios, el YRP decidió presentar sus propios candidatos y se ha convertido en la tercera fuerza más votada del país, con el 6,2% de los votos; ha arrebatado dos importantes alcaldías al AKP en el centro de Anatolia y el sureste del país, con una campaña crítica con las medidas económicas del Gobierno y haciendo hincapié en las contradicciones de su política exterior.

El YRP ha basado su estrategia electoral en criticar la postura de Erdogan en la guerra de Gaza, acusando al mandatario de ser crítico con Israel sin llegar a cortar los lazos diplomáticos con Tel Aviv. Ese discurso ha disparado la popularidad del partido, mucho más que la de otras formaciones escindidas del AKP y críticas con Erdogan. La formación islamista dará de que hablar en el futuro, ya que el YRP y el AKP son “dos frutos del mismo árbol” que pelean por el poder, como señala este lunes en un análisis el periodista Bahadir Özgür.

Este panorama podría dificultar las aspiraciones de Erdogan de impulsar una nueva reforma constitucional. Pese a que no se conocen los detalles de la propuesta, todo apunta a que el mandatario buscará un cambio legal que le permita seguir en el poder después de 2028, año en que agotará sus dos mandatos al frente del Estado.

Otro resultado electoral que dejará su impacto en los próximos meses es la victoria del partido prokurdo de izquierda DEM, que ha ganado dos alcaldías más que en las elecciones pasadas, asegurándose el control de un total de diez. El partido llegó a los comicios mermado por los procesos judiciales que pedían su cierre –por los que ha llegado a cambiar de nombre hasta en tres ocasiones en el último año y medio– y con miles de sus miembros en prisión.

Las autoridades turcas intervinieron casi todas las alcaldías que habían ganado los prokurdos en las elecciones de 2014 y 2019, alegando que sus alcaldes tenían vínculos con la guerrilla kurda PKK, considerada terrorista por Ankara. El partido DEM ha ganado en importantes ciudades como Batman, donde Gülistan Sönük se convertirá en la primera alcaldesa mujer, tras arrebatar el Ayuntamiento a un partido islamista conservador kurdo aliado del Gobierno.

“Barça, stop Limak, ¡salva la naturaleza!”, “¿Qué harás, Barcelona? ¿Le meterás este gol al futuro?”, rezan los carteles de una protesta organizada por un partido de izquierda turca en pleno agosto en el centro de Barcelona. Los manifestantes intentan enviar un mensaje al presidente del Barça, Joan Laporta, para alertarlo de que un desastre ecológico que ocurre en Turquía está conectado directamente con el club blaugrana.

La carta lo describe claramente: la empresa turca Limak, que ganó la adjudicación para renovar el Camp Nou presentando la remodelación como un proyecto sostenible, es un holding gigante que está destruyendo un bosque centenario en el sur de Turquía. Limak quiere abrir una mina de lignito en un área del tamaño de 105 campos de fútbol para usar el carbón para sus centrales térmicas. Ni la empresa constructora ni el Fútbol Club Barcelona han contestado a las solicitudes de entrevista de elDiario.es.

Los vecinos de la zona en Turquía llevan cuatro años inmersos en una batalla legal contra la empresa constructora por el impacto medioambiental y social de la mina en la región. Desde hace décadas, las centrales térmicas en esta provincia del mar Egeo llamada Mugla han contaminado la tierra y el aire hasta el punto de secar e intoxicar cultivos colindantes, poniendo fin al trabajo de muchos campesinos y expulsando a decenas de familias que vivían ahí desde hace varias generaciones.

Durante el proceso judicial, los tribunales han fallado varias veces a favor de suspender el proyecto, pero la empresa recurrió también a varios tribunales hasta que consiguió finalmente un permiso de construcción. Los vecinos iniciaron hace unos meses una vigilia para proteger el bosque de Akbelen, hasta que la gendarmería irrumpió de madrugada hace tres semanas.

“Han conseguido talar el bosque de Akbelen, pero permanecen las raíces y la flora de la zona. Aún se puede salvar el terreno, si no se toca más, podría volver a ser fértil en 15 años”, explica a elDiario.es Haluk Özsoy, vecino y miembro de la Plataforma de Medio Ambiente de Mugla (MUÇEP). “Después de talar el bosque, intentarán explotar los pueblos de alrededor. El bosque es solo el inicio, pero los vecinos seguiremos resistiendo”, añade.

Tras las protestas por la tala del bosque de Akbelen, el programa de la ONU para el desarrollo (PNUD) anunció el cese de su actividades con la empresa Limak, que contemplaba un programa para fomentar la presencia de mujeres en el mundo de la ingeniería. 

Gases lacrimógenos y detenciones

La tala se llevó a cabo con rapidez mediante la expulsión constante de vecinos y activistas ecologistas. Usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para ahuyentarlos. Trajeron inhibidores de frecuencia para impedir que los activistas se comunicaran entre ellos y detuvieron a cuarenta personas. Los vecinos también denuncian malos tratos durante las detenciones.

En el caso de Özsoy, lo detuvieron policías de paisano e intentaron meterlo en un coche a la fuerza en un momento en el que no se estaba produciendo ningún acto de protesta. “No se identificaron, no me dijeron a qué departamento pertenecían. Me resistí porque iban de paisano y nos lanzaron gas lacrimógeno. Me llevaron al cuartel de la gendarmería”, describe. Otros dos activistas contra la deforestación de la zona confirman lo ocurrido a elDiario.es.

Vecinos del bosque Akbelen acudieron al Parlamento para denunciar el impacto medioambiental y social de la construcción. Sesenta pueblos se encuentran dentro del área autorizada para las operaciones de extracción de carbón y algunos de ellos tienen olivares, una plantación protegida por las leyes turcas. Los activistas denuncian que no se está respetando la normativa y se construye cerca de los olivares y terminan contaminando las plantaciones.

Hasta la fecha al menos 23 pueblos han sido evacuados debido a las operaciones mineras. “Destruyen la agricultura obligando a la gente a migrar, degradando la calidad de los alimentos y el agua que posibilita su crecimiento. Estas explotaciones tienen un gran impacto social”, explica a elDiario.es Asli Odman, urbanista y miembro del observatorio ISIG, que estudia la seguridad y salud de los trabajadores.

“Las tierras de los alrededores, aunque no hayan sido privatizadas, también se ven afectadas por la mina. Los campesinos tienen que vender sus tierras. No hay agua suficiente y el polvo contamina sus productos. No solo es una tragedia medioambiental, tiene también un grave impacto social”, describe. Según un informe de la organización Climate Transparency, Turquía genera el 32% de su electricidad a partir del carbón y aunque se ha comprometido a reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2053, actualmente planea aumentar la producción de energía con este material.

“Me tiraron gas lacrimógeno, no puedo ni hablar. Hay tantas cosas que quiero decir. Vinisteis y terminasteis con (los cultivos de) algodón, tabaco y agricultura. ¡Ahora estáis destruyendo nuestros árboles! ¡No nos dais derecho a vivir! Salid de vuestras casas de cristal y mirad cómo estamos, mirad la situación de vuestros ciudadanos”, gritaba durante una protesta contra la deforestación de Akbelen Osman Asal, agricultor en una tierra cercana.

“La pandilla de los cinco”

Turquía ratificó hace dos años el acuerdo de París sobre el cambio climático y cuenta con leyes ambientales muy parecidas a la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, Odman critica que la legislación no se aplica y el poder judicial acaba favoreciendo los intereses de las empresas. “Nuestra legislación es buena. Siempre digo que si tuviéramos una revolución ecologista, no cambiarían ni una coma de nuestra normativa”, bromea.

“El problema es que constantemente se añaden decretos a leyes vigentes que cambian una coma, una palabra y permiten adaptar la legislación a las necesidades de una empresa concreta”, describe. “Grupos vecinales o ecologistas lo denuncian y el caso se alarga entre 5 y 10 años. En muchas ocasiones ganan, pero cuando les dan la razón ya es tarde y la empresa ya ha intervenido en la zona”.

El Gobierno privatizó el terreno de Akbelen en el año 2014 y poco después, en 2021, lo adjudicó a la empresa YK Energy, un consorcio de Limak con el holding turco Içtas. Limak ha sido una de las constructoras del aeropuerto de Estambul, el más transitado de Europa; y de decenas de proyectos de puentes, pantanos y centrales eléctricas en Turquía y una decena de países. Limak es conocida como una de la “pandilla de los cinco”, en alusión al quinteto de holdings que se benefician de la mayoría de licitaciones públicas del país.

En las dos últimas décadas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido acusado de crear una red clientelista de empresas –dueñas de la mayoría de medios de comunicación– favorables a su partido a cambio de contratos a dedo. El manejo de algunas licitaciones ha llevado a Limak a juicio en varias ocasiones. El caso más sonado es de 2004, cuando fue demandada por malversar más de medio millón de euros falsificando contratos durante la construcción del edificio de la Guardia Presidencial.

“Ya saben cuánto cuesta una vida”

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado a la empresa por el impacto medioambiental de sus construcciones y por el elevado número de accidentes laborales que sufren sus trabajadores. “Limak es responsable de más de un centenar de muertes laborales. Es una empresa privada y todo se gestiona de forma interna con indemnizaciones. Ya saben cuánto cuesta una vida, una pierna, un brazo. Están seguros de que no habrá proceso penal contra ellos”, describe Odman.

Un caso reciente fue la participación de Limak en la construcción del aeropuerto de Estambul, en el que algunas informaciones señalan que han muerto hasta 400 trabajadores, aunque es difícil conocer la cifra real. Semanas antes de inaugurar el aeródromo, un grupo de trabajadores se manifestó para pedir condiciones más seguras de trabajo. Su concentración fue criminalizada por las autoridades y 24 trabajadores fueron detenidos.

La protesta contra la deforestación de Akbelen también fue criticada por las autoridades, en este caso por el propio presidente Erdogan. Llamó a los vecinos y activistas que intentan proteger el bosque “marginales con aspecto de ecologistas” y señaló que no entiende la reivindicación.

En un último intento de llamar la atención sobre su caso y concienciar a la población del impacto ambiental que se les viene encima, el comité de protección del bosque de Akbelen también ha querido recurrir al Barça. “Creemos que el Barça tiene el poder potencial de parar esta masacre ecológica porque indirectamente comparte responsabilidad de lo que ocurre con su trato con Limak”, explica a elDiario.es Berkay, miembro del partido de izquierda TIP, que organiza la protesta en Barcelona.

La licitación del club blaugrana al gigante turco no ha estado exenta de polémica. Limak no tiene experiencia en renovación de estadios de fútbol, una de las condiciones que exigía el Barça cuando sacó inicialmente la licitación. Se cree que la directiva de Laporta habría rebajado los criterios de la adjudicación para que entrara la empresa turca, que ofrecía un presupuesto más ajustado que el resto de candidaturas.

“Nos gustaría mostrar al público catalán y español la cara real de la empresa que va renovar el Camp Nou”, añade. Pese a que las obras de renovación del estadio empezaron hace un mes, los vecinos de Akbelen creen que el Barça aún está a tiempo de romper su trato con Limak y frenar el avance de la mina en la región. Esperan que el club blaugrana cumpla su lema de ser “més que un club”.  

El día 25 de junio estaba prevista la tradicional marcha del Orgullo LGTBI en el centro de Estambul, pero las autoridades de la ciudad volvieron a prohibir el evento y desplegaron un imponente dispositivo de seguridad.

Las autoridades cerraron dos paradas de metro durante horas, vallaron la calle más comercial del barrio donde iba a tener lugar el desfile y desplegaron centenares de policías, lo que obligó a los manifestantes a cambiar el lugar del evento en el último minuto para burlar el veto. Centenares de activistas lograron marchar en otro barrio de Estambul y ondear banderas. La policía llegó un poco más tarde y detuvo a 93 de los participantes.

Mientras, en Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía, las fuerzas de seguridad impidieron la marcha del Orgullo, arrancando con violencia cualquier bandera o pancarta y deteniendo a los que corearon proclamas a favor del colectivo LGTBI.

Un total de 53 personas fueron retenidas, incluidos cuatro abogados que acudieron a la marcha para proteger los derechos de los asistentes. Ante la actuación policial, los jóvenes detenidos cantaron eslóganes esposados en el interior del furgón policial. “Respondamos a quienes nos detuvieron bajo tortura con nuestras risas, nuestras canciones y nuestra resistencia”, escribió una asociación en Twitter.  

Más homofobia después de las elecciones

Desde que las autoridades prohibieron por primera vez la marcha del Orgullo en 2015, la presión sobre la comunidad LGTBI turca ha ido en aumento y se han cancelado otros eventos calificándolos de “perversos”. Pero los ataques e insultos directos a los integrantes del colectivo se incrementaron durante la campaña de las elecciones presidenciales del pasado mayo, en las que el presidente Recep Tayyip Erdogan renovó su mandato y la mayoría en el Parlamento.

El mandatario islamista acusó a la oposición de “ser LGTBI” y usó vídeos de propaganda electoral en los que asociaba a partidos opositores, milicianos de la guerrilla kurda PKK (considerada terrorista por Ankara), estudiantes universitarios y marchas LGTBI.

Tras los comicios, la persecución ha ido más allá de prohibir la marcha del Orgullo y otras manifestaciones públicas, censurando cualquier acto relacionado con el colectivo. Desde finales de mayo han sido detenidos asistentes a un pase de una película y se han prohibido picnics y encuentros para tomar té organizados por grupos LGBTI.

“La escalada política contra el colectivo empezó hace años, mucho antes de estas elecciones, pero ahora ha alcanzado su punto máximo”, explica a elDiario.es Kerem Dikmen, coordinador del programa de derechos humanos de Kaos GL, una de las principales organizaciones que representa a esta comunidad en Turquía.

La estigmatización ha llevado a la suspensión temporal de una maestra y del director de un colegio de Estambul por decorar el aula con un arcoíris para una actividad que no estaba relacionada con las personas LGTBI ni sus derechos.

Aunque el Gobierno turco no permite ningún tipo de protesta considerada crítica, sí ha autorizado encuentros anti-LGTBI, incluso de grupos ultranacionalistas e islamistas, que han buscado el enfrentamiento directamente con el colectivo.

“Al aumentar la retórica anti-LGTBI, el Gobierno ha ayudado a fomentar prejuicios, ha envalentonado a grupos anti-LGTBI en Turquía, algunos de los cuales han llamado a la violencia contra estas comunidades”, advierte Amnistía Internacional en un comunicado. “Con el pretexto de proteger los valores familiares, las autoridades están negando a las personas LGTBI el derecho a vivir libremente”.

“Crean mucho miedo en el colectivo porque si el Gobierno dice que somos terroristas, ¿Qué hará la Policía cuando nos vea?”, se pregunta Aisha, una activista trans en la protesta del Orgullo en Esmirna. “Hay mucha impunidad respecto a los ataques contra las personas LGBTI. Si pudiera, me iría del país”, asegura a elDiario.es.

Persecución política y legal

En un Ayuntamiento en manos del partido socialdemócrata CHP, una funcionaria que no quiere publicar su nombre asegura que el acoso del Gobierno de Erdogan ha tenido impacto también en las administraciones locales gobernadas por la oposición. “No se prohíben los actos LGTBI, pero nos ordenan que no los fomentemos para que el Gobierno no nos ataque. Prefieren invertir en actos que fomenten la igualdad, pero sin ser explícitamente pro-LGTBI”, dice a elDiario.es.

En el Parlamento turco, el partido de Erdogan, el islamista AKP, está en coalición con dos partidos ultraconservadores que brindaron su apoyo al presidente a cambio de una serie de concesiones. En particular, el ultraconservador YRP pidió el cierre de asociaciones LGTBI y cambios en el sistema educativo para “priorizar la moral y valores familiares”.

El Gobierno está preparando una enmienda constitucional que podría allanar el camino para el cierre de asociaciones LGTBI, según declaró un representante del AKP al diario turco Diken. Si fueran clausuradas ahora, las asociaciones tendrían más margen para apelar con la ley actual, por lo que las autoridades esperan al cambio constitucional, denuncian los activistas. “Necesitamos deshacernos rápidamente de esta perversión que se propaga”, dijo la misma fuente del partido de Erdogan.

En medios de comunicación progubernamentales se ataca habitualmente al colectivo, acusándolo de recibir fondos de Bruselas y de importar una “ideología europea”, alejada de los valores morales turcos.

La “promoción de la homosexualidad” fue la excusa de Ankara para retirarse del Convenio de Estambul, un tratado paneuropeo que establece un marco legal para luchar contra la violencia machista. El texto señala que no se debe discriminar a las víctimas de violencia por su “orientación sexual” y su objetivo es prevenir y proteger a las mujeres de la violencia.

“El Gobierno ataca sistemáticamente a las personas LGBTI, a los kurdos, a las mujeres, a los refugiados, a las trabajadoras sexuales... La alianza que está en el Gobierno criminaliza nuestras vidas”, señaló la comitiva del Orgullo en una declaración a la prensa durante la marcha de Estambul. “A aquellos que nos retiraron del Convenio de Estambul y nos criminalizaron de la noche a la mañana les decimos: ¡Nunca nos someteremos!, ¡No renunciaremos a nuestras vidas, a nuestra resistencia!”.

Sercan, un activista gay de Estambul, explica a elDiario.es que las cosas han ido a peor recientemente: “Erdogan es conservador, pero cuando llegó al poder, la comunidad LGTBI no era su enemigo. Es algo reciente y creo que tenemos que insistir en ello. Forma parte de un recorte de libertades, pero termina criminalizando al colectivo”. Sercan hace mención a la campaña electoral, cuando el exministro del Interior, Süleyman Soylu, tildó al colectivo de “movimiento terrorista”, mientras que Erdogan llamó a sus miembros “virus” y “pervertidos”.

“La palabra terrorismo se usa mucho en Turquía como lanza política para atacar a la oposición. Es muy arbitrario. Quién es considerado terrorista en Turquía seguramente no sea considerado así en otro país y viceversa”, afirma Dikmen de la asociación Kaos GL. “Ahora la comunidad LGTBI se ve como una organización que erosiona el concepto de familia, destruyendo los códigos culturales. Llamarlos terroristas es una forma de aumentar la reacción social contra ellos y sus asociaciones”.

“Tenemos muy poco margen para hacer activismo. No podemos respirar. No podemos decir según qué cosas en redes porque pueden detenernos. No podemos manifestarnos en las calles. No podemos hacer nada”, denuncia Sercan. Sin embargo, agrega que seguirán adelante: “No estamos cansados. Seguiremos luchando porque son ellos los que tienen que cambiar, no nosotros”.

La comunidad LGTBI se ha convertido en la baza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para atacar a la oposición en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Los sondeos indican que el mandatario podría perder la presidencia tras 20 años en el poder. En un discurso electoral cada vez más agresivo, Erdogan mezcla la homofobia, la identidad religiosa e incluso el terrorismo, para polarizar a la sociedad y atacar a la oposición.

Ante la pérdida de popularidad en las encuestas, Erdogan ha pedido a sus votantes que animen a conocidos y familiares a que voten a su partido para “no tener accidentes este domingo”. “La oposición promete sacar de la prisión a los terroristas, promete emplear a partidarios de organizaciones terroristas. Aún peor, promete dejar a nuestro hijos en las garras de pervertidos LGTBI”, declaró el pasado domingo en un mítin en Mardin, ciudad kurda del sudeste del país. “Enterraremos a los pro-LGTBI en las urnas”, dijo, añadiendo que no permitirá que “borrachos” tomen el poder, en alusión a una posible victoria de la oposición.

El ministro de Interior, Süleyman Soylu, señaló en un mitin de campaña que las personas LGTBI quieren casarse “con animales” y culpó a la oposición y a Occidente de querer dividir a la sociedad turca. “Es terrorismo cultural. Propaganda terrorista que trata de que las personas olviden sus valores, su religión, su amor a los padres, su lealtad familiar. Esta es la política de Europa, la de divide y vencerás, como en Estados Unidos”, describió Soylu.

El ministro se presenta como candidato a diputado en el mismo distrito de Estambul que su peor enemiga, Zeynep Esmeray, una candidata trans de la formación izquierdista Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP). Ésta se presenta a la elecciones con una coalición de partidos de izquierda prokurda que defiende, entre otras cuestiones, los derechos de las personas LGTBI. “Nuestra situación siempre ha sido precaria, pero ahora recibimos mucha presión de las autoridades. Nos atacan porque saben que están perdiendo. Juegan con los sentimientos de la gente, con sus creencias religiosas y por el camino nos arrojan a los lobos”, explica a elDiario.es Esmeray. “En medio de una campaña difícil, de crisis económica, de un terremoto, el ministro de Interior dice que nos casamos con animales. Es patético”, añade.

La candidata critica que estas guerras culturales son muy peligrosas porque terminan afectando a las leyes y medidas políticas del país. Pone como ejemplo las declaraciones de Erdogan sobre que las mujeres que trabajan son “medias personas” y su presión para que tengan muchos hijos. Estas palabras han propiciado cambios institucionales como el Ministerio de la Mujer, que actualmente se llama Ministerio de la Familia o la retirada del Convenio de Estambul contra la violencia machista. “Es una estrategia de todos contra todos, de unas religiones contra otras, de unas ideas contra otras, pero esto se está acabando. La sociedad está con nosotros y por nuestros derechos, mucha gente nos apoya. Tengo ganas de llegar al Parlamento y mirar a Soylu con la cabeza bien alta”, dice la candidata.

Los ataques a la comunidad LGTBI por parte de Erdogan no son nada nuevo, pero es la primera vez que los utiliza para atizar a la oposición en medio de una campaña electoral. La deriva homófoba tomó un rápido descenso a principios de 2020, cuando las autoridades turcas intentaron frenar unas protestas universitarias contra la intervención del Gobierno en la elección de los rectores de estos centros. En aquel entonces, Erdogan llamó “pervertidos” a los miembros de la comunidad LGTBI y reprimió cualquier tipo de expresión en el espacio público, incluido el uso de banderas arcoiris en protestas.

También ha retirado a Turquía del Convenio de Estambul, un tratado paneuropeo que establece un marco legal contra la violencia machista, porque “promueve la homosexualidad”. Y en las celebraciones del Orgullo del año pasado más de 300 personas fueron detenidas en las calles de Estambul. Sin embargo, el país cuenta con fuertes organizaciones por los derechos LGTBI, con miles de miembros, que siguen intentando llevar a cabo acciones en las calles, en las redes y creando estructuras de protección ante el desamparo institucional.

Si bien Turquía es un país constitucionalmente secular donde la homosexualidad nunca ha estado criminalizada, las personas LGTBI sufren discriminación, violencia y una falta de protección institucional. Según datos de ILGA Europe (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), Turquía se sitúa en el puesto 48 de 49 del ránking de derechos LGTBI, solo por delante de Azerbaiyán.

“El Gobierno intenta mantener por todos los medios el apoyo de grupos conservadores nacionalistas. Los mejores ejemplos de ello son la salida del Convenio de Estambul y la conversión de Santa Sofía en mezquita”, explican desde Hevi LGTBI, una asociación que protege los derechos de los kurdos y refugiados LGTBI en Turquía. “Para influir en la masa de votantes se crea la percepción de que estos temas son el único problema de la sociedad e intentan imponer esta agenda. Sin embargo, las encuestas muestran que el mayor problema de la sociedad es la economía”, añade. “Primero crean el problema y luego tratan de convertirlo en una victoria”.  

El año pasado grupos a favor del Gobierno e islamistas organizaron manifestaciones “profamilia” y contrarias al colectivo LGTBI en varias ciudades del país, con el beneplácito de las autoridades, que han prohibido protestas críticas en los últimos cinco años. “Con la esperanza de que estas acciones unirán a los votantes conservadores, usan la retórica anti-LGTBI en plena campaña electoral”, señala en un comunicado KaosGL, una de las mayores organizaciones por la defensa de los derechos LGTBI en Turquía. 

En la carrera por la mayoría parlamentaria, el partido de Erdogan, el islamista AKP, ha formado una coalición con el partido ultranacionalista MHP, cuarta fuerza en el hemiciclo. También cuenta con otras dos formaciones extremistas, YRP y Huda-Part, que apenas cosechan el 1% de los votos, pero que han exigido derogar leyes contra la violencia machista y clausurar organizaciones LGTBI a cambio de brindar su apoyo a Erdogan. 

Ante estos ataques, el principal candidato opositor, Kemal Kiliçdaroglu, ha rechazado las acusaciones del Gobierno y ha pedido respetar a todos los ciudadanos. “Hay que respetar el estilo de vida de todos. Yo no hago del estilo de vida de las personas un instrumento político. La política es una cosa aparte”, señaló en una entrevista con medios turcos. “La política es encontrar soluciones a los problemas actuales. Tenemos que respetar la fe y la identidad de todos”, enfatizó. 

La historia de Betül es la de muchas familias que están sufriendo la crisis económica en Turquía. Hace tres años regentaba una peluquería en Bayrampasa, un barrio residencial de la parte europea de Estambul, donde vive con su marido y dos hijos. La inflación alcanzó el 85% en octubre del año pasado, aunque varios estudios apuntan que continúa superando el 100% en ciudades metropolitanas como Estambul.

Este aumento súbito de los alquileres, las facturas del gas y electricidad obligaron a Betül a cerrar su negocio. Ahora, a través del boca oreja, corta el pelo a vecinas del barrio. Su marido trabaja en una gasolinera y la crisis le interrumpió un proyecto de negocio, que se quedó en la nada y con deudas. Desde entonces, sobreviven con las ayudas y descuentos que encuentran, como la “leche popular”, una iniciativa del ayuntamiento de Estambul para cubrir las necesidades básicas de las familias que pasan por dificultades económicas.

“Mis niños tienen dos y cinco años, por eso nos dan leche gratis. Con eso cocino también. Busco los productos más asequibles en los mercados. Soy toda una experta en encontrar ofertas”, bromea. Ella y su familia están pensando en mudarse a Alemania, donde podrían encontrar trabajos mejor pagados que el sueldo mínimo en Turquía (400 euros), pero para ello necesitan ahorrar porque la lira turca se ha devaluado un 73% en los últimos cinco años. 

La situación económica centra la campaña de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo en Turquía. La mayoría de economistas apuntan que el aumento de precios se debe a las medidas heterodoxas del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, que ha intervenido en las decisiones del Banco Central, creando desconfianza entre los inversores y haciendo tambalear la lira y los precios.

El mandatario asegura que estos problemas ya han quedado atrás e insiste en remarcar los avances de su Gobierno en las últimas dos décadas, especialmente el desarrollo en infraestructuras y defensa. La oposición ha formado por primera vez una coalición de seis partidos de diferente ideología –desde centroizquierda a liberales, nacionalistas e islamistas– con el objetivo de derrocar a Erdogan. La alianza ha propuesto un candidato común a la presidencia: Kemal Kiliçdaroglu, que encabeza la mayoría de encuestas.

Este jueves, el candidato Muharren Ince, al que las encuestas daban en torno al 5% de intención de voto, se ha retirado de la carrera, lo que puede beneficiar a Kiliçdaroglu. Si ninguno de los dos candidatos principales alcanza el 50% de los votos, se celebraría una segunda vuelta el 28 de mayo. En las parlamentarias, el baile de porcentajes es más incierto, aunque indica que Erdogan podría ganar de nuevo el Parlamento. En todo caso, las encuestas muestran unos comicios muy reñidos entre dos modelos de Turquía muy diferentes, fruto de años de polarización social.

“Yo votaré otra vez a Erdogan, creo que él nos puede sacar de esta crisis. Mis padres llegaron a Estambul hace treinta años desde Konya (Anatolia central) y vieron como Erdogan mejoró el país”, explica Betül. “Si alguien puede solucionar nuestra situación es él. La oposición no me convence, no conocen las necesidades de la gente”, añade.

Muharrem, un jubilado de 70 años residente en la costa Egea de Esmirna, opina lo mismo. “Erdogan es un líder fuerte. Turquía ayuda a otros países económicamente en África, ayuda a Ucrania, ayuda a los Balcanes. Si estuviéramos en crisis, no podría hacerlo. Todo es propaganda de la oposición”, espeta. Muharrem admite que los precios han subido mucho en los supermercados, pero “la inflación ha subido en toda Europa”, añade.

“Erdogan ha ido perdiendo apoyo en la sociedad de un 55% de intención de voto a un 45% en los últimos cinco años. Alcanzó el nivel más bajo, de un 38% en mayo de 2022, cuando empeoró mucho la situación económica”, explica Ulas Tol, jefe de investigación del centro de estudio de impacto social TEAM. “Los problemas siguen siendo enormes, pero las acciones populistas del presidente provocan la sensación de que él está al mando de nuevo y puede solucionar la crisis, pero hay una trampa. No puede pasar del 45% de votos”, alerta. 

Las zonas del terremoto

Tres meses después de los devastadores terremotos que sacudieron Turquía causando más de 50.000 muertos, Dogukan ha reanudado por completo su trabajo. Desde hace diez años es encargado de ventas de una empresa de producción de nueces en Dukadiroglu, en Kahramanmaras, una de las provincias más afectadas por el terremoto.

“Hemos interrumpido el trabajo en varias ocasiones por problemas logísticos y porque muchos de los trabajadores se han quedado sin casa. Sus hogares quedaron completamente inhabitables”, señala. Antes del sismo la empresa, ya pasaba por un mal momento debido a la crisis inflacionaria que azota el país desde hace casi dos años.

“Importamos fertilizantes y pesticidas y cada día es más caro producir. No solo por la inflación, también porque la lira turca se debilita ante el euro y sale más caro comprar fuera”, describe. Dogukan, de 42 años, asegura que hasta ahora había votado a Erdogan, pero que la crisis económica le ha hecho dudar de la gestión del mandatario. Esta vez votará a la coalición de Kiliçdaroglu. “Los precios han subido en todos los países, pero aquí mucho más. Cada día comprar sale más caro”, explica.

“Creo que necesitamos un cambio. Mi mujer seguirá votando a Erdogan porque el Estado nos ha ayudado mucho después del terremoto. Yo creo que solo un cambio nos sacará de esta crisis. Veremos qué pasa”, añade.

Alrededor de tres millones de personas abandonaron la región del terremoto para instalarse en otras provincias del país, pero solo 133.000 han registrado su voto en otras provincias. Las autoridades turcas dieron un escueto margen de tiempo para registrar una nueva dirección para poder votar y la mayoría tendrá que desplazarse de nuevo a la zona afectada para participar en los comicios.

Otros, que viven en tiendas de campaña desde hace tres meses, también tendrán que desplazarse al colegio electoral más cercano, en ocasiones a varios kilómetros de donde residen. Este panorama comporta múltiples problemas logísticos para poder votar, porque muchas familias lo han perdido todo en el sismo y no tienen medios económicos para poder costearse el viaje. 

Una organización de la sociedad civil que trabaja para monitorear la transparencia de los procesos de voto, Oy ve Ötesi, ha lanzado una campaña solidaria para que la población compre billetes de bus para que los afectados por el terremoto puedan ir a votar. La organización cuenta en estos comicios con 100.000 voluntarios repartidos por todas las provincias del país para asegurar que el proceso de votación sea limpio y seguro.

“Tenemos voluntarios al pie de la mesa electoral, observarán el proceso de voto y denunciarán posibles irregularidades”, asegura Ertim Orkun, director de la organización. “En Turquía hay cerca de 200.000 urnas y somos 100.000 voluntarios. No somos suficientes como para estar en todas las mesas electorales, pero con esta cifra podemos tener un panorama estadístico de las anomalías que se puedan producir”, señala.  

Polarizar la campaña

En este baile de votos, ambos candidatos hacen campaña para contar con el apoyo de sectores de la sociedad que pueden ser un voto clave. Uno de ellos son los cinco millones de jóvenes que votarán por primera vez. “Es cerca del 8% del electorado, una proporción a tener muy en cuenta”, sostiene Tol. “Este grupo de población tiene dos particularidades: primero son más disidentes, se sienten más incómodos con el Gobierno actual. Segundo, su oposición al Gobierno no significa que apoyen directamente a la oposición”, describe. 

Por otro lado, la tercera fuerza en el actual Parlamento, el partido prokurdo izquierdista HDP, cuenta con un apoyo estable del 10% de los votos y puede ser determinante. La formación se presenta a las Parlamentarias con una coalición de partidos de izquierda, pero en las presidenciales no ha presentado candidato y ha anunciado que apoyará a Kiliçdaroglu. 

En las últimas semanas, Erdogan ha relacionado al HDP con el terrorismo de la guerrilla PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) para atacar a la principal coalición opositora. Además del terrorismo, el presidente recrimina su apoyo a la comunidad LGTBI, una acusación que usa con frecuencia para confrontar a la población.

El ministro del Interior, Süleyman Soylu, ha afirmado que la oposición son LGTBI que “se quieren casar con animales” y ha declarado que estas elecciones son un “golpe de Estado” de Occidente para que gane la oposición. Esta escalada de tensión en los discursos ha provocado un ataque con piedras de grupos nacionalistas en un acto electoral de la oposición en Erzurum, en la Anatolia oriental, en el que resultaron heridos siete civiles.

En otro acto del HDP/YSP en Mersin, en la costa Mediterránea, un grupo nacionalista también atacó el vehículo del partido, causando cinco heridos. La oposición ha llamado a la calma, ha pedido que sus seguidores no salgan a la calle a celebrar la victoria en caso de que ganen, en un intento de evitar enfrentamientos contra los votantes de Erdogan.

En el barrio de Armutlu, en la ciudad de Antioquía, ha nacido un nuevo núcleo urbano tras el terremoto que sacudió la región a principios de febrero. En los cruces de calles y en pequeñas plazas abundan los stands de varias organizaciones de la sociedad civil, que intentan cubrir las necesidades de las miles de personas que se han quedado sin hogar tras el seísmo.

Con la ayuda de voluntarios llegados de todas las partes del país, se han organizado para suplir cualquier emergencia: desde un techo bajo el que pasar la noche, a atención psicológica, juguetes para niños, comida caliente, agua potable e incluso medicinas para mascotas. A su alrededor continúa el traqueteo de máquinas excavadoras que sacan escombros mientras algunos vecinos esperan desde hace días poder recuperar el cuerpo de familiares fallecidos bajo los edificios derrumbados. Suena el claxon de coches de policía que intentan abrir el camino a furgones fúnebres, que no paran de entrar y salir de la ciudad. Apenas quedan edificios en pie en la zona y una nube de polvo invade todo el barrio.

La provincia a la que pertenece Antioquía, Hatay, es una de las más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero. Ha sufrido el derrumbe de miles de edificios, entre ellos hospitales públicos. El temblor destrozó carreteras dificultando el envío de ayuda humanitaria e incluso su aeropuerto quedó inhabilitado durante días. Hatay es también donde los equipos de rescate turcos llegaron más tarde. Hace unos días, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, pidió disculpas por lo que describió como un “trabajo no del todo eficiente” en el envío de ayuda en los primeros días tras los terremotos y lo achacó a los efectos del seísmo y a las inclemencias del tiempo.

Testimonios de personas afectadas y organizaciones coinciden en que las autoridades no empezaron a aparecer en el barrio hasta 48 horas después. Fueron las entidades de la sociedad civil las que desplegaron ayuda en la zona desde el primer día, ejerciendo a veces de rescatistas, a veces de proveedores de sustento y de médicos.

Tamer Dogan, miembro de la formación marxista Partido de la Libertad Social (TÖP), llegó al barrio unas 16 horas después del terremoto, tras organizar un camión con comida y tiendas en Estambul. “Cuando llegamos no había nada, no había agua, por no decir comida. La gente suplicaba por un poco de agua. Por el camino paramos en varios sitios para dar botellas a la gente. No tenían mantas, no tenían tiendas, nada. Algunos habían encendido un fuego y tiritaban a su alrededor”, recuerda. “Conocemos el terreno y por eso nos fue fácil movernos aquí. Las demandas de la gente no son iguales en todas las zonas afectadas. Unos pedían comida urgente; otros, tiendas. Lo hemos ido solucionando en reuniones de crisis de forma interna. Así distribuimos la ayuda. Ahora tenemos una sede permanente aquí y cuando ya no nos necesiten, nos iremos”, señala Dogan.

El Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), en alianza con TÖP en las próximas elecciones, también desplegó un campamento el primer día en la zona, que ahora atiende a unas 600 personas a diario. “Ocho horas después del terremoto montamos nuestro campo aquí. No teníamos equipos de rescate, no somos profesionales. En este momento de urgencia rescatamos a varias personas con nuestras propias manos. Sacamos unas 200. Ahora nuestra organización asiste al resto, cada día vienen tres camiones con ayuda”, explica Hakan Günes, miembro del partido.

En su campamento hay una zona para solicitar autobuses para desplazarse a otras ciudades del país, un espacio habilitado para que los niños jueguen y otro para atender a mascotas rescatadas bajo los escombros. Un par de calles más allá, el Partido Comunista de Turquía (TKP) ofrece sopa caliente y arroz. Decenas de vecinos hacen cola para recibir alimento a diario y, entre ellos, también se acercan varios miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en la zona.

“Las fuerzas de seguridad que vinieron no tenían nada, no tenían comida tampoco. Nos piden cigarrillos y usan nuestros lavabos también. Es el Estado quién debería proporcionarles este sustento, pero aquí actúan como si nunca hubiera habido un terremoto”, asegura Dogan.

Detenciones arbitrarias y material requisado

Todas las organizaciones consultadas aseguran que las autoridades les han requisado material de ayuda humanitaria, como lavabos portátiles o productos de higiene, para distribuirlos en otras zonas. La organización feminista Mor Dayanisma (Solidaridad Morada) también ha denunciado que las autoridades les han impedido distribuir productos sanitarios y de higiene íntima a mujeres afectadas por el sismo.

El Gobierno impuso el Estado de emergencia en las regiones afectadas por el terremoto y en los últimos días se han producido detenciones arbitrarias de miembros de estas entidades, denuncian sus miembros. El pasado 16 de febrero una decena de miembros del TKP fueron detenidos en la provincia de Osmaniye. La policía entró en su campamento asegurando que solo los equipos de rescate turcos AFAD podían distribuir ayuda humanitaria. En Hatay fueron detenidos el mes pasado dos miembros de TÖP por criticar al Gobierno en una comparecencia pública tras repartir comida a vecinos de la zona.

Según datos de Naciones Unidas, un millón y medio de personas se habrían quedado sin hogar en Turquía. Cerca de medio millón de personas se habrían trasladado a otras provincias del país, según las autoridades turcas, mientras que el resto sobrevive en casas rurales, con familiares o en la calle. 20 días después del terremoto aún se necesitan tiendas de campaña en varias provincias del país, especialmente en Hatay. La provincia fue sacudida por otro sismo de 6,4 el 20 de febrero que provocó el derrumbe de nuevos edificios.

A finales de febrero, la Gobernación de la provincia se presentó en la plaza donde se han desplegado las organizaciones exigiendo que se marcharan del lugar para instalar tiendas de la Media Luna Roja. Por el momento continúa el forcejeo entre las autoridades y las organizaciones, que quieren continuar asistiendo a los vecinos del área.

Las organizaciones sobre el terreno asisten ahora a las miles de familias que quieren permanecer en la zona. Algunas esperan enterrar a sus fallecidos, otros quieren seguir cerca de sus casas por miedo a que saqueen sus pertenencias y otros están decididos a seguir en sus ciudades y trabajar en su recuperación. Con la ayuda de donaciones e ingenieros, el partido TIP está construyendo casas con contenedores para brindar un poco de comodidad a las familias que permanecen en la zona. “Este pequeño proyecto puede ayudar a unas 200 personas. Vamos a poner en unos días unos 35 containers”, explica Hakan Günes. “Hemos hablado con el Ayuntamiento y con iniciativas locales para saber cuánta gente lo necesita, porque quizás preferirían vivir en los pueblos. Queríamos saber primero sus necesidades”, concluye.

Donación internacional

Este lunes se ha celebrado en Bruselas la Conferencia de Donantes Juntos por la Gente de Turquía y Siria, organizada por la Comisión Europea y la presidencia sueca del Consejo de la UE, para ayudar a las víctimas de los terremotos, que han dejado más de 50.000 víctimas mortales, 115.000 heridos y 14 millones de afectados entre ambos países.

“Hemos recaudado 7.000 millones de euros en total para apoyar a la gente de Turquía y Siria, más de la mitad de los cuales fueron aportados por el equipo europeo”, dijo la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. “Mostramos al mundo que estamos apoyando a quienes lo necesitan, y siempre estaremos con nuestros socios”, afirmó la funcionaria.

El encuentro fue convocado por Von der Leyen y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en nombre de la presidencia del Consejo. Participaron más de 60 delegaciones de la Unión Europea y sus estados miembro, Naciones Unidas, el Banco Central Europeo y otras instituciones.

Según estimaciones de la ONU, el daño causado por los sismos en Turquía excede los 100.000 millones de dólares.

Los edificios se vinieron abajo de tal manera en la ciudad de Antioquía, capital de la provincia de Hatay, que es muy difícil distinguir lo que era una calle, un comercio o una vivienda. Los terremotos que azotaron la región el 6 de febrero y causaron más de 41.000 muertos, dejaron cientos de construcciones derrumbadas cada una de una forma distinta. Una estructura cayó en medio de la calle, otra engulló los coches aparcados en la acera, otra se inclinó peligrosamente hacia los transeúntes, otra perdió las columnas de la planta baja y se cayó sobre sí misma... En esta provincia aún no han terminado las labores de búsqueda y rescate. “Se acabó Antioquía”, “Antioquía ya no existe”, exclaman los vecinos en medio de las ruinas de las que fueron sus casas. A pesar de que el epicentro de los dos terremotos no se produjo en el centro de la ciudad, la provincia está cruzada por una de las fallas que temblaron hace dos semanas. 

Urbanistas, arquitectos e ingenieros insisten en que son las construcciones inadecuadas en zonas sísmicas las que causan más muertos y no los terremotos en sí. El Gobierno turco ha anunciado que investigará las edificaciones derrumbadas para determinar las negligencias que se cometieron durante su construcción o si se realizaron modificaciones posteriores, una práctica habitual en Turquía. Se cree que en miles de edificios se usaron materiales poco adecuados como hormigón a base de tierra o hierros frágiles en columnas, o que directamente se modificaron muros de carga para ampliar comercios en las plantas bajas de los edificios. “Ningún escombro se retirará sin recoger pruebas. Todos los que tuvieron responsabilidad en la construcción, inspección y uso de los edificios están siendo evaluados”, declaró el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag. 

Un grupo de 170 abogados ha presentado denuncias ante los fiscales locales para perseguir a los contratistas por “muerte por negligencia”. La denuncia pide que funcionarios públicos que dieron el visto bueno a construcciones o inspecciones inadecuadas también sean juzgados. “Esta cadena de investigaciones debe comenzar con los alcaldes y debe incluir a todos los funcionarios municipales. Además, debería contemplar a contratistas y funcionarios encargados de controlar los edificios”, señaló en un comunicado Cesim Parlak, uno de los abogados que presentó la denuncia. 

Partidos opositores han acusado al Gobierno de no cumplir las normas de construcción para levantar edificios más resistentes y malgastar los impuestos especiales recaudados tras el gran terremoto de 1999 en Izmit, que causó 17.000 muertos. Además, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto recibieron en los últimos años amnistías de construcción, que les permitieron sortear normativas sobre seguridad contra terremotos. Los abogados amplían el espectro de culpables por el derrumbe de los edificios y quieren investigar también ayuntamientos y empresas auditoras que aprobaron estas negligencias. 

Vigilar los escombros para recoger pruebas

Los letrados desconfían de la investigación de las autoridades y temen que se retiren los escombros de los edificios derrumbados sin analizarlos. Por ello, han hecho una llamamiento para que abogados voluntarios de todo el país se desplazen a la zona afectada por el terremoto para analizar los edificios y recoger pruebas. 

Antes de que se retiren los escombros fotografían el edificio derrumbado desde todos los ángulos posibles, toman una pequeña muestra de hormigón y hierro de una columna. Luego preparan un informe que podrá ser usado posteriormente como prueba judicial. “Analizaremos si los materiales coinciden con los informes de construcción y si son adecuados. Con este informe y los documentos que tenemos de cada construcción, las familias podrán llevar ante la justicia sus casos. Son miles, va a ser un proceso muy largo”, explica uno de los abogados voluntarios de Ankara. 

Paralelamente, el Gobierno ha iniciado una labor titánica para analizar el estado de las estructuras que quedan en pie para determinar si han resultado muy dañadas por el terremoto y deben ser demolidas o aguantan y deben ser reforzadas. Se trata quizás, de la mayor labor de reconstrucción desde el inicio de la República. Las autoridades turcas han movilizado a funcionarios de varios ministerios para que vayan a la zona afectada por el terremoto a analizar las estructuras que quedan en pie. Por el momento, el Gobierno ha anunciado que al menos 105.794 edificios deben ser demolidos inmediatamente.

Uno de los primeros edificios en recibir una orden de demolición fue la sede provincial de urbanismo en Antioquía, que contiene un archivo con los registros de edificios de la provincia y cambios en los inmuebles. Cuando se emitió la orden el pasado sábado 11 de febrero, un grupo de abogados hicieron guardias en la puerta del edificio, ante el temor de que alguien quisiera destruir las pruebas. “(En el edificio) hay muchísimos documentos oficiales, sobre si las construcciones se ajustan a la normativa o no, si se tienen que demoler… Estos documentos pueden servir de prueba en futuros juicios, son muy necesarios para determinar la responsabilidad de los constructores”, señala la abogada Bedia Büyükgebiz, quién inició la movilización contra el derribo del edificio.

“Hay cientos de edificios que están muy dañados y la gente pide excavadoras a gritos. ¿Por qué se dan tanta prisa en querer derribar este edificio?”, alerta. Días después y ante la presión de la protesta, el Estado ordenó parar la demolición del edificio y la Fiscalía pudo poner a buen recaudo los ordenadores y documentos. “Sabemos que se mueve mucho dinero (en la construcción). Por eso, aún sabiendo que el suelo no es apropiado, se aprueban proyectos. A veces se permiten bloques de cuatro pisos y de repente viene una amnistía y resulta que el bloque tiene cinco”. 

Varios economistas calculan que el coste de la reconstrucción de ciudades enteras podría superar los 10.000 millones de euros, cerca del 10% del PIB del país. Según datos de la agencia de gestión de desastres y emergencias de Turquía AFAD, cuatro de las quince millones de personas afectadas por el terremoto han abandonado el área afectada, ya sea para refugiarse temporalmente con familiares de otras provincias o alquilando nuevas residencias.

La migración interna del país también supone un reto para otras provincias, que acogen a cientos de miles de ciudadanos nuevos. Funcionarios de la provincia de Mersin, colindante con el área afectada por el terremoto, señalaron que la provincia ya ha acogido 400.000 ciudadanos nuevos y espera que la cifra alcance el medio millón en los próximos días. Su alcalde, Vahap Seçer, ha pedido ayuda para poder mejorar las infraestructuras para los nuevos ciudadanos. “Se requerirán grandes inversiones y recursos financieros. Nuestra provincia debería ser incluida en el área del desastre o recibir un estatus diferente”, señaló en una rueda de prensa.

Los miles de residentes que siguen en la zona afectada por el terremoto sobreviven en tiendas de campaña o en sus coches. En algunos lugares llevan dos semanas sin agua potable ni electricidad. Las autoridades y organizaciones de la sociedad civil han empezado a instalar contenedores de emergencia en las afueras de las ciudades afectadas, para acoger a los que se han quedado sin hogar, mientras el Gobierno reconstruye sus casas. Se desconoce cuánto se alargará la espera y tampoco si alguna vez podrán regresar a lo que eran sus ciudades.

Aún peor es la situación de los refugiados que residían en el área. Cerca de 10.000 han vuelto a Siria a enterrar a sus familiares, mientras que el resto vive con miedo de huir de la zona porque las autoridades turcas solo les han dado un permiso de tres meses para moverse por el país. Comenzar, de nuevo, una vida en otra provincia es muy difícil para todas las víctimas del terremoto, que se encontraron en la calle sin documentos ni ningún tipo de pertenencia cuando el sismo sacudió sus hogares. 

Mehmet Yaşar Coşkun ha pasado a ser un nombre conocido en Turquía. Detenido en el aeropuerto de Estambul cuando trataba de huir del país, este contratista es responsable del edificio de 250 viviendas de Antioquía, Hatay, del que no ha quedado una estructura en pie tras el terremoto de 7,8 que sacudió el sureste del país el pasado lunes. En estos edificios, construidos en 2013 y que aseguraban que cumplían con todos los estándares de seguridad, vivían cerca de 1.000 personas. Horas después de la detención de Coşkun, un segundo contratista, Mehmet Ertan Akay, responsable de una urbanización colapsada en Gaziantep, ha sido también detenido. La cifra de fallecidos por el sismo ya asciende a más de 33.000 en Turquía y Siria y los edificios colapsados a 60.000.

A medida que las autoridades dan por terminadas las labores de rescate en algunas de las diez provincias afectadas por el terremoto, expertos urbanistas analizan las estructuras dañadas para tratar de entender el motivo de su colapso.

“La distribución de los componentes del cemento de los edificios derrumbados no es la adecuada”, señaló a la prensa turca Kasim Mermertas, uno de los expertos. “Hemos detectado defectos materiales graves pero sacaremos conclusiones con los resultados del laboratorio”, detalló.

En algunas edificaciones es muy complicado analizar si había fallos en la estructura porque no queda nada en pie. Cerca de 170 abogados han presentado una denuncia penal conjunta, pidiendo a las autoridades que investiguen a los contratistas responsables de los edificios colapsados.

Todos los expertos coinciden en que una mala estructura es más mortífera que el terremoto en sí. Turquía se encuentra en una zona sísmica muy activa y a pesar de que el Parlamento ha aprobado múltiples legislaciones que exigen a los edificios cumplir con estándares de seguridad, muchos contratistas han podido sortear estas normativas.

El Gobierno turco concedió en 2018 amnistías a miles de empresas constructoras y edificaciones que no cumplían estos estándares. Según la Cámara de Urbanistas de Estambul, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto han recibido en los últimos años este tipo de amnistías. “Fiscales y expertos deben inspeccionar cada edificio destruido y tomar muestras antes de que los escombros se retiren por completo”, señaló en un tuit Mücella Yapici, exmiembro de la Cámara de Urbanistas de Estambul que actualmente cumple cadena perpetua por unas protestas que hubo en Turquía en 2013.  Desde el pasado miércoles el Gobierno empezó a trasladar a víctimas del terremoto, tanto heridos como gente que ha perdido sus casas, a otras provincias del país para descongestionar la región donde siguen trabajando los equipos de rescate. En sus nuevos hogares provisionales se han levantado miles de habitáculos containers que las autoridades han utilizado anteriormente en casos de terremoto. Por otro lado, organizaciones humanitarias locales también han creado webs en las que ciudadanos pueden ofrecer provisionalmente habitaciones o pisos para la gente que se ha quedado sin casa.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió este sábado levantar edificios nuevos seguros en el próximo año. Muchos afectados no han creído sus palabras y ven muy complicado que se puedan edificar miles de edificios en apenas doce meses, sobre todo en las zonas más afectadas, que supondría casi levantar ciudades enteras. “El Gobierno no estaba preparado para este desastre y está dificultando la tarea de otras organizaciones humanitarias, de los ciudadanos y alcaldes de municipios que quieren ayudar”, asegura Soli Ozel, académico en la universidad de Kadir Has en Estambul. 

Erdogan ha anunciado que las universidades continuarán con el curso de forma online para que los estudiantes afectados puedan seguir con sus clases y también, porque muchas familias sin hogar serán reasentadas temporalmente en residencias universitarias. Hay otras cuestiones que las autoridades no han tenido tiempo de tomar medidas, como los miles de empleos perdidos, los trabajos de agricultura de la zona o incluso la capacidad de los equipos de varias ligas deportivas de poder continuar con sus temporadas. El impacto del terremoto a nivel económico y sobre todo político también es incierto. 

Desde el día que ocurrió el seísmo, miles de afectados critican la lentitud de la logística de los equipos de rescate turcos. Miles de familias en todas las provincias afectadas, pero especialmente en Hatay, en la costa Mediterránea, aseguran que los equipos de rescate turcos tardaron días en llegar para socorrer a sus familiares atrapados entre los escombros. 

Días antes del terremoto Turquía ya vivía inmersa en la campaña electoral de las elecciones parlamentarias y presidenciales, previstas para el próximo 14 de mayo. Estos comicios son percibidos como los más importantes de las últimas décadas, en las que se podría producir (o no) un gran cambio político después de 20 años del partido de Erdogan, el islamista AKP, en el poder. El país se encuentra además, en una grave crisis económica, con una fuerte devaluación de su moneda y una inflación superior al 50%. 

Ante la grave devastación y los miles de desplazados provocados por el terremoto, un oficial del Gobierno señaló a Reuters que ven “serias dificultades para celebrar elecciones el 14 de mayo”, dado que el sismo ha afectado a más de 15 millones de habitantes. En la zona afectada no hay tiempo para pensar en estas cuestiones, pero muchos tienen claro que el Estado ha estado ausente en muchos aspectos. “La cifra de muertos aumentará mucho en los próximos días. Veremos el alcance de esta tragedia y claro que va a tener repercusiones a nivel social. Ahora solo podemos hablar sobre lo que el Estado ha hecho o no ha hecho. Esto es lo más importante y no las elecciones”, señala Kutay, miembro de Kaldirac, una organización izquierdista que atiende a afectados por el terremoto. 

“No llego a contar los edificios que se han destruido, la vista no me alcanza. Solo puedo contar los que se han quedado en pie”, dice Suat Yenipinar, voluntario en los esfuerzos de rescate en Pazarcik, una de las decenas de ciudades afectadas por el terremoto de 7,8 que arrasó el sureste de Turquía el pasado lunes.

Ya son más de 6.000 los edificios que se han derrumbado por completo en la región y las estructuras colapsadas ascienden a 11.000.

Las autoridades aún no han podido evaluar el daño total en las infraestructuras de la región, pero se cree que pueden ser centenares de miles las edificaciones que han quedado completamente inhabitables. 

Preguntas y críticas

Conforme pasan los días, crecen las preguntas y las críticas por las políticas de construcción del Gobierno turco. El país euroasiático se sitúa en una zona sísmica muy activa y debe cumplir normativas de seguridad en sus construcciones para que estas puedan resistir un seísmo, explica Sedat Turkmen, geólogo en la Universidad de Çukurova en Adana. Turkmen remarca que son los fallos en la construcción los que provocan más fallecidos, no el terremoto en sí. “Aspectos como el material del cemento o el diseño de la estructura son cruciales”, dice a elDiario.es.

Desde el año 2000 se han aprobado varias legislaciones que exigen a las constructoras utilizar hormigón de gran calidad reforzado con aceros en las regiones más propensas a sufrir terremotos. La estructura del edificio también debe seguir una tecnología que absorba el impacto del temblor. “Hay diferentes niveles de inversión en la construcción. Especialmente en la arquitectura civil, el control es mucho menor. No quiere decir que no haya control ni normativas, pero la gran duda es si esta se aplica a todos los niveles”, explica Joao Cruz Neves, arquitecto que ha trabajado en numerosos proyectos en Turquía. 

Varios edificios derrumbados en provincias como Malatya, Kahramanmaras o Gaziantep fueron construidos hace menos de tres años, según varias informaciones publicadas en la prensa turca. 

La legislación de prevención antiterremotos no solo se aplica a las nuevas construcciones; también exige controles en edificaciones más antiguas. Estas renovaciones son muy costosas para las empresas constructoras y el Gobierno les ha tendido la mano con continuas amnistías, para que queden exentas de multas o no se vean obligadas a cumplir con los certificados requeridos. El geólogo Turkmen considera que estas amnistías son, en parte, causa del derrumbe de tantos edificios en el terremoto del lunes.

La directora de la Cámara de Urbanistas de la Unión de Ingenieros de Turquía, Pelin Pinar Giritoglu, ha asegurado a la prensa turca que cerca de 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto han recibido este tipo de amnistías.

“La prevención es clave”

“La prevención a nivel de arquitectura es clave en estos casos. Es como tener un protocolo antincendios. Se puede prevenir mayor daño de un terremoto con una buena construcción. Está comprobado con muchos estudios. Otros países con una actividad sísmica alta, como Japón, tienen legislaciones más estrictas (que Turquía)”, asegura Cruz Neves. 

Una semana antes del terremoto del 6 de febrero, medios turcos anunciaron que el Gobierno estaba preparando un nuevo proyecto de ley para otorgar nuevas amnistías a edificaciones que no cumplen con las normativas para la prevención de terremotos.

Hace tres años, después de que un terremoto de 7 grados afectara la provincia turca de Esmirna, en la costa del Egeo, el ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo señaló en un informe que 672.000 edificios de la región se habían beneficiado de la amnistía. El mismo estudio aseguró que más del 50% de los edificios de todo el país violan alguna de las regulaciones de prevención de los terremotos.

Como consecuencia, también se produce confusión en la población, que no termina de saber si su propia vivienda es segura y podría resistir un nuevo seísmo. “Cuando alquilas o compras un piso, tienes que tramitar un certificado conforme el edificio es seguro ante un terremoto. Aun así siempre te queda miedo en el cuerpo sobre si ese papel es real o un mero trámite”, admite Asli Korkucu, arquitecta. Según una encuesta de la empresa turca Konda (2020), el 80% de la población en Turquía desconoce si su edificio podría resistir un seísmo.

“Está irreconocible, es como otra ciudad, como una simulación”, dice Ipek Sanmaz, una joven estudiante que viajó este martes hasta Antakya, una de las ciudades afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió un día antes el sureste de Turquía, cobrándose miles de vidas. “Estuve aquí el verano pasado y me ha costado reconocer algunas calles. No queda nada. La gente deambula sin saber qué hacer, en algunas zonas no queda comida y hace mucho frío”, explica a elDiario.es. 

La ciudad es una de las más afectadas por el seísmo y durante la noche del lunes, a temperaturas bajo cero, sufrió cortes de luz y agua. Miles de vecinos pasaron la noche en sus coches o al raso tras perder sus hogares. Las autoridades turcas aún no han podido evaluar el estado de los edificios que se mantienen aún en pie, por lo que recomiendan a la población que no regrese a sus casas por temor a nuevos derrumbes. Más de 6.000 edificios han colapsado tras el terremoto y se desconoce aún la cifra de desaparecidos.

MAR NEGRO

BULGARIA

GEORGIA

Estambul

Ankara

TURQUÍA

Gaziantep

Epicentro

Nicosia

CHIPRE

Beirut

SIRIA

LÍBANO

Damasco

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

IRAQ

JORDANIA

FUENTE: USGS

MAR NEGRO

Estambul

Ankara

TURQUÍA

Epicentro

Gaziantep

Nicosia

Beirut

MAR MEDITERRÁNEO

SIRIA

LÍBANO

CHIPRE

Damasco

ISRAEL

IRAQ

JORDANIA

FUENTE: USGS

En las últimas décadas, Turquía ha experimentado mucha migración interna, por lo que miles de personas en las grandes ciudades del país tienen a algún familiar o conocido en una de las diez provincias afectadas por el terremoto. “Mi familia no reside aquí, pero tengo amigos que han perdido casi toda su familia, más de cinco familiares. Es inexplicable cómo de un día para otro ya no queda nada”, dice Sammaz.

La joven ha viajado desde Ankara en furgoneta para llevar garrafas de agua y alimentos básicos para las miles de personas que afrontan una nueva noche a la intemperie en las zonas afectadas por el terremoto. “Hemos llegado incluso con bidones de gasolina porque varios conocidos nos dijeron que en muchas gasolineras no queda. Es necesaria por si alguna persona tiene que llevar a un familiar en una emergencia”.

Buques, aviones y hoteles

En Antakya, precisamente, decenas de familias han pedido ayuda a través de las redes sociales y algunas aseguran que los servicios de emergencia aún no han acudido a rescatar personas atrapadas bajo los escombros de algunos edificios.

Los equipos de rescate no dan abasto. El Gobierno turco ha desplegado 13.000 efectivos entre servicios de emergencia y bomberos, pero en algunas zonas falta comida, así como mantas, tiendas de campaña, manos y máquinas para retirar los restos de edificios derrumbados.

Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj y en apenas un día han rescatado a más de 8.000 personas, según cifras oficiales. Algunas carreteras siguen completamente colapsadas por el terremoto y la ayuda humanitaria ha llegado a través de helicópteros. También han llegado los primeros buques en la costa Mediterránea para trasladar heridos a otras provincias del país.

Un día después del terremoto el balance de víctimas en Turquía es de más de 8.500 fallecidos y 49.000 heridos –junto a Siria, ha sobrepasado los 11.000 fallecidos–. Aerolíneas turcas han habilitado más aviones para distribuir la ayuda humanitaria en la zona y para trasladar a heridos a hospitales de otras provincias. Por otro lado, centenas de hoteles en toda la costa mediterránea han reabierto, fuera de temporada, para acoger a las familias que no tienen donde pasar la noche. 

El Gobierno turco ha declarado el estado de emergencia durante tres meses en las diez provincias afectadas para “facilitar el manejo de los equipos de rescate y el envío de ayuda financiera a las zonas afectadas”, según aseguró el presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Movilización ciudadana

En otras ciudades al oeste del país, continúa la movilización ciudadana para enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto. En el aeropuerto de Estambul miles de voluntarios han hecho cola durante horas para poder volar al sureste y se han vivido momentos de tensión con las autoridades por la espera y el retraso de vuelos.

En la mayoría de ciudades se han habilitado en apenas unas horas, pabellones para recibir, catalogar y enviar ayuda humanitaria a los afectados.

“Durante todo el día no ha parado de venir gente pero la verdad es que necesitamos más voluntarios. Muchas personas se han acercado a traer estufas eléctricas, mantas, tiendas de campaña, compresas y pañales para bebés. También muchas botellas de agua porque nos han dicho que en algunos lugares han pasado horas sin”, dice Ezgi Kalkmaz, voluntaria en uno de los centros de la ciudad de Esmirna, en la costa del Egeo. “Todo el mundo aporta lo que puede. Incluso varias constructoras han ofrecido camiones para transportar el material donado porque mucho voluntariado trabaja al margen de las ONG oficiales y necesitamos medios para enviar este material”. 

Varan y su familia han perdido su casa en la provincia de Sanliurfa, en la frontera con Siria, pero cuenta con alivio que toda su familia se encuentra en buen estado. “Hemos dormido seis personas en una tienda de campaña. Primero hicimos una pequeña hoguera con algunos vecinos, hemos estado buscando también mantas para las próximas horas. Los equipos de emergencia nos han ayudado mucho”, dice. “Todo el barrio se ha movilizado para ayudarnos unos a otros, solo esperamos que todo esto termine pronto”. 

Ali Ziraatçi consiguió salir de su edificio antes de que se derrumbara la fachada tras el terremoto ocurrido durante la madrugada de este lunes en el sureste de Turquía y el norte de Siria. “Nos despertó el temblor y tardamos en reaccionar pero conseguimos salir de casa todos”, explica por teléfono a elDiario.es, aún sin haberlo llegado a asumir. “Vivimos en un segundo piso. No nos dio tiempo a coger nuestras cosas, parte de nuestro edificio se ha derrumbado. Todas nuestras cosas siguen allí”, dice desde Gaziantep, epicentro del primer sismo.

Más de 2.300 personas han fallecido en el sureste de Turquía y en el norte de Siria por dos terremotos de magnitud 7.5 con epicentro en la ciudad turca de Kahramanmaras, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. El primer temblor se produjo a las 04:17 de la madrugada hora local con más de 50 réplicas superiores a seis grados. Horas después, a la 13:24 y en medio de las labores de rescate, se produjo un segundo sismo de 7.5 grados.

“Estamos intentando encontrar a nuestra tía que vive en otra ciudad, de momento no sabemos nada de ella”, lamenta Ali Ziraatçi. La familia del joven, estudiante de ingeniería de 26 años, ha sido desplazada a un pabellón cercano, mientras él y su hermano mayor se han dirigido a edificios cercanos de la zona para ayudar a los equipos de rescate a buscar supervivientes entre los escombros y despejar las zonas afectadas de los restos de edificios.

Fulya Korkmaz, de 56 años y residente en Ankara se ha desplazado con su coche hasta la zona afectada para llevar mantas, té caliente y alimentos básicos a una de las zonas afectadas. Su intención es llegar a Malatya, donde tiene varios conocidos que han perdido sus casas. “Es increíble, hace una semana estaba allí y ahora no queda nada del edificio donde nos hospedamos. Voy a hacer varios viajes para traer algo caliente”.

Labores de rescate

Los teléfonos de emergencia han colapsado en varias zonas afectadas y decenas de personas atrapadas bajo los escombros han intentado pedir ayuda a través de sus redes sociales, publicando sus direcciones o preguntando por seres queridos. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que reduzcan el uso de internet para no colapsar las líneas en las zonas de emergencia. También han solicitado no usar vehículos en caso de extrema necesidad porque muchas familias han intentado huir de zonas afectadas, bloqueando las carreteras y el acceso de los servicios de emergencia. Equipos de rescate, bomberos y sanitarios se han desplazado a la zona afectada desde todas las provincias del país.

“Pedimos a la población que done sangre, alimentos básicos y mantas. Es lo que más se necesita ahora. Por el momento la respuesta de la ciudadanía está siendo muy rápida y positiva”, señala Zümrü, voluntaria en la media luna roja turca. “Turquía es un país que vive terremotos constantemente. Los dispositivos se movilizan muy rápido, pero lo cierto es que el de hoy ha sido muy grave. No recuerdo un terremoto tan grande en el país”, añade.

A la difícil labor de rescate se le añaden las continuas réplicas del terremoto -se han producido más de 70 de más de seis grados- y las condiciones meteorológicas, con tormentas de nieve en casi toda la región. La pista de dos aeropuertos de Hatay y Gaziantep, en la frontera con Siria, se ha roto tras el temblor. Por otro lado, varios equipos de emergencia trabajan para limpiar y reparar las carreteras de acceso a varias ciudades, después que el terremoto y una tormenta de nieve colapsara sus accesos. El Gobierno ha declarado el más alto nivel de emergencia estatal y ha solicitado asistencia internacional.

Al oeste de Gaziantep, en Antakya, dos hospitales se han derrumbado por el temblor. “Muchos edificios en Antakya se han derrumbado, dos hospitales de la zona han quedado totalmente destruidos. También una estación de policía”, señaló el gobernador de la provincia, Rahmi Dogan. “Solo quedan ruinas de muchos edificios. Hemos tenido que improvisar tiendas en patios y reunir a las unidades de rescate allí. También tenemos problemas con el aeropuerto, por el momento los aviones no pueden aterrizar”, añadió.

MAR NEGRO

BULGARIA

GEORGIA

Estambul

Ankara

TURQUÍA

Gaziantep

Epicentro

Nicosia

CHIPRE

Beirut

SIRIA

LÍBANO

Damasco

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

IRAQ

JORDANIA

FUENTE: USGS

MAR NEGRO

Estambul

Ankara

TURQUÍA

Epicentro

Gaziantep

Nicosia

Beirut

MAR MEDITERRÁNEO

SIRIA

LÍBANO

CHIPRE

Damasco

ISRAEL

IRAQ

JORDANIA

FUENTE: USGS

“Incluso los edificios gubernamentales han sido evacuados. No hay lugar donde poder estar a salvo, la gente de momento espera en la calle a que les ayuden”, señaló la emisora CNNTürk en la ciudad de Malatya, otra urbe afectada por el temblor.

Grecia, Estados Unidos, La Unión Europea y Azerbaiyán han respondido rápidamente a la petición de Ankara de ayuda internacional, enviando efectivos de protección civil. Las infraestructuras en el norte del país han quedado gravemente dañadas y muchos edificios se han derrumbado, afectados también por una década de guerra y aislamiento.

Turquía se sitúa en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, con terremotos constantes en varias regiones del país. El temblor de hoy es el mayor de las tres últimas décadas, después de que un terremoto en el noroeste del país causara 17.000 muertos en 1999. En el año 2020 y en plena pandemia del coronavirus, se produjo un terremoto de 6,8 grados en el este de Turquía que causó 40 muertos y otro en la provincia egea de Esmirna de 7 grados, causando la muerte de 114 personas.

Mesud Yasar es un verdulero de Estambul en edad de jubilación que nunca ha trabajado tantas horas como este año. El aumento de la inflación en Turquía, que alcanzó el 80,21% de tasa anual en agosto, le obliga a dedicar más horas a la venta de verduras para poder llegar a fin de mes. “No puedo recortar más los precios porque la clientela ha bajado un poco. Hacemos malabares para poder ingresar un poco más y pagar las facturas”, explica.

Las verduras feas que antes nadie compraba ahora las vende a mitad de precio en una esquina de su barrio los sábados. Del resto hace encurtidos que su mujer vende en otro mercado. Desde hace cinco meses, sus hijos cocinan en casa menús a base de verduras y los venden a trabajadores del vecindario a través de su cuenta de Instagram. “Aún así empezamos a tener deudas. Los fertilizantes han aumentado mucho de precio y la gasolina para el transporte también. Vamos ahogados”, lamenta.

En el último año, el Gobierno turco ha aumentado en dos ocasiones el salario mínimo hasta 5.500 liras (unos 300 euros) para dar un respiro ante la galopante inflación, aunque sigue siendo insuficiente para muchas familias. Según la Asociación de Derechos del Consumidor de Turquía, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Cerca de la mitad de los trabajadores con contrato laboral en Turquía cobran el sueldo mínimo y su aumento no se ajusta al incremento de los precios en el mercado. Los alquileres, la factura del gas, electricidad y transporte han aumentado entre un 50 y un 100% en los últimos meses.  

Precios que no paran de subir

Mientras que en la zona euro la inflación bate récords y ha superado el 9% debido al aumento de precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, en el caso turco la subida empezó hace más de un año. En septiembre de 2021 se produjo un desplome de la lira turca provocado por un recorte en los tipos de interés por parte del Banco Central, bajo presión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El mandatario asegura que los tipos de interés son “la madre de todos los males” e insiste en bajarlos. El Banco Central ha recortado en los últimos dos meses hasta 200 puntos los tipos de interés, que han quedado en el 12%, muy por debajo de la inflación actual.

La mayoría de economistas recomiendan que los tipos se equilibren con la inflación porque de lo contrario, los intereses pasan a estar en negativo. El presidente turco ha despedido a tres jefes del Banco Central en los últimos tres años en un intento de imponer su visión de la economía. Sus intervenciones en el organismo han provocado una gran desconfianza en los mercados y la lira se ha depreciado un 28% respecto al dólar en lo que va de año y un 80% en los últimos cinco años. Sin embargo, Erdogan ha insistido esta semana en su política: “Mi batalla principal es contra los intereses. Mi principal enemigo son los intereses”.

Varios economistas creen que el Gobierno puede estar permitiendo la devaluación de la moneda para incentivar las exportaciones y el turismo en el país. Lo cierto es que en la primera mitad del año el PIB ha crecido un 7,5% y las exportaciones han aumentado un 18%. Para el economista Emre Deliveli, este aumento de las exportaciones es temporal y duda que el plan del Gobierno esté funcionando.

“Claro que con la moneda devaluada nuestros bienes son más atractivos, pero el PIB ha crecido sobre todo por el consumo nacional. La gente que puede y tiene ahorros los gasta ahora porque sabe que los precios aumentarán en los próximos meses. Pero este consumo frenará tarde o temprano. Veremos que la economía se ralentiza en el segundo semestre”, dice Deliveli. 

Mientras algunos indicadores económicos son positivos, en la calle los precios no paran de aumentar. La Cámara de Comercio de Estambul ha declarado que la inflación en la ciudad ha alcanzado el 100%, mientras que el grupo de economistas independiente ENAG asegura que el Gobierno maquilla las cifras de la inflación y que el aumento de precios real podría rondar el 180%. “Un amigo es mánager en una de las cadenas de supermercado más grandes de Turquía. Ha investigado el aumento de precios en el último año y ronda el 110% en los bienes de supermercado”, cuenta Deliveli.

“Lo notamos en productos básicos como la leche. Hace un año compraba un cartón por unas 10 liras, ahora son 18 y sigue cambiando. Intento seguir las ofertas y comprar en varios supermercados. Tardo más, pero me sale a cuenta”, explica Mina Çagdas, profesora en una escuela infantil. 

Una moneda estable

A principios de año, los economistas aseguraban que la devaluación de la moneda turca provocaba un aumento de precios. Desde el verano, la moneda se mantiene estable en 18 liras por euro, pero los precios no paran de subir. “Ha llegado un punto en que la moneda no es lo que provoca la inflación, si no las expectativas. Por ejemplo, un pequeño comercio de reparación de zapatos aumenta los precios porque ve que la luz, el agua y otros productos están aumentando de precio. Y así todos entran en un círculo en el que van aumentando los precios”, explica Deliveli. Por otro lado, las autoridades turcas pueden estar manteniendo la lira estable de forma artificial, gastando las reservas de divisa, una acción que muchos economistas advierten que es insostenible.

El ministro de Finanzas, Nureddin Nebati, ha intentado atajar las críticas sobre el manejo de la economía y aseguró a principios de septiembre que los precios empezarán a caer a finales de año. “Les prometo a ustedes y al presidente que veremos una caída en la inflación a finales de diciembre”, dijo Nebati. El economista Deliveli coincide en que la inflación va a caer a finales de año, pero porque se calcula en relación a los precios de hace un año, cuando Turquía ya había empezado a sufrir una grave inflación. “Es solamente una cuestión matemática. Claro que vamos a ver un poco de caída, pero de momento no mejorará la situación”. 

Wafaa nació hace un año y medio en Estambul, pero no aparece en ningún registro ni tiene nacionalidad: es apátrida. Su padre, Sayed, temía que al pedir un documento de identificación para su hija, la administración exigiera ver los papeles de su esposa. La madre de Wafaa vive en Turquía de forma irregular desde el año 2019. Aunque Wafaa nació en suelo turco, las autoridades no le otorgan la ciudadanía porque ninguno de sus progenitores es turco. Podría acceder a la nacionalidad siria porque sus padres son de Homs, pero temen ir al consulado y pasar por un largo interrogatorio de las autoridades.

“Yo no he hecho el servicio militar y en Turquía tengo reconocida la protección temporal como la mayoría de sirios. Sé que Wafaa necesita papeles, pero me da miedo contactar a las autoridades de Siria”, dice Sayed. La condición de apátrida de la pequeña Wafaa supone una privación de derechos que el resto de niños tiene: acceso a una educación y sanidad gratuitas. Esta falta de derechos le dio a esta familia un susto hace unos meses, cuando Wafaa cogió una fuerte gripe que le afectó un pulmón.

“Si no tienes papeles, tienes que pagar más por la consulta y es muy caro. Encontramos a un médico sirio que vino a casa y por suerte en un par de semanas ya estaba recuperada. Pasamos mucho miedo”, dice Sayed.

Según un informe recientemente publicado por el Centro de Estudios Migratorios de Ankara, en Turquía hay 750.000 menores apátridas de familias sirias. Si se le añade los nacidos de familias afganas e iraquíes y de menores no acompañados que han entrado en el país, la cifra podría ascender al millón. Estos niños no tienen ninguna nacionalidad ni tampoco un documento de protección en el país. “No pueden obtener la ciudadanía turca según la ley. Los funcionarios turcos los consideran de nacionalidad siria”, explica Murat Erdogan, director del Centro de Estudios Migratorios. El informe señala que estas familias, que tienen un estatus de protección temporal en el país, no solicitan el mismo documento para los recién nacidos, un paso crucial para poder acceder a una atención médica y educación. Los padres refugiados no registran a sus hijos por barreras del idioma o económicas, añade la investigación.  

“Si no están registrados, todo son problemas. Si su hijo se enferma, tienen que pagar más en el hospital y existe el riesgo de que el médico llame a las autoridades y sean deportados porque no tienen una documentación que legalice su situación en el país”, dice Nuray, una abogada experta en derecho migratorio. “Al final, depende del funcionario que te asista. Es una situación de extrema vulnerabilidad”, añade.

Muchas trabas

Erdogan aconseja a las autoridades del hospital donde se produjo el parto y a los funcionarios de las oficinas de migración que acompañen a los refugiados en el proceso de registro de los recién nacidos para evitar negligencias y una vulneración de sus derechos. Sin embargo, en los últimos tres años las autoridades prácticamente no han admitido nuevos registros de protección temporal ni estatus de refugiado. Turquía ha pasado de una política de fronteras abiertas tras el inicio de la guerra en Siria en 2011, a establecer una prohibición de facto en la admisión de nuevas acogidas. Los refugiados recorren un laberinto de oficinas para poder obtener algún tipo de documentación. “El principal problema es el registro. Las familias van a las oficinas y están cerradas, les echan del edificio o no aceptan ningún tipo de documento”, explica Nuray.

Turquía acoge cerca de cuatro millones de refugiados, principalmente de Siria, Irak y Afganistán. Actualmente, el país sufre una grave crisis económica con una rápida devaluación de su moneda y la inflación rozando el 80%. La incertidumbre económica ha hecho proliferar los discursos xenófobos en varios partidos opositores, que ven en las políticas anti refugiados un filón para atacar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Este clima xenófobo ha propiciado políticas recientes como no permitir a los refugiados desplazarse de una provincia a otra, o no permitirles alquilar una vivienda en ciertos barrios. Estas barreras diarias dificultan aún más todo el proceso de registro de los menores nacidos en Turquía.  

Menores no acompañados

Mientras que las organizaciones humanitarias han calculado un número estimado de los niños refugiados nacidos en Turquía, se desconoce la cifra de menores no acompañados que residen actualmente en el país. La mayoría de estos jóvenes son de nacionalidad afgana e iraquí, y llegaron a Turquía acompañados de familiares cercanos o entraron ilegalmente para buscar trabajo o tratar de cruzar hacia Grecia.

“Aunque sea menor de 18 años, las autoridades lo consideran un adulto, no un niño”, dice Murat Erdogan. “Por ello, no pueden beneficiarse de los derechos de protección infantil. En la mayoría de casos, se los considera adultos por la dificultad de realizar pruebas médicas que confirmen su edad”, añade.

Según las últimas cifras oficiales del Gobierno, en Turquía hay registrados 22.000 afganos. Varias ONG estiman que la cifra podría ascender a los 400.000 o 500.000, si se tiene en cuenta a los que no tienen documentación oficial. “Es el grupo de población más desamparado porque no suelen tener redes familiares que les ayuden. El sistema se aprovecha de ello y terminan en redes de trabajo infantil”, lamenta Nuray.

Hace cinco años que Marwan vive en el mismo barrio de Estambul y, por primera vez, no deja que sus hijos jueguen en la calle. Huyó de la guerra en la ciudad siria de Homs y, tras probar suerte en varias localidades turcas, terminó asentado en Esenyurt, un barrio estambulí que acoge a más de 100.000 refugiados sirios. “Unos jóvenes del vecindario le pegaron a mi hijo en la calle y, desde entonces, no quiere ir a la escuela porque allí también lo insultan. Tampoco salen a jugar fuera”, dice Marwan. “El odio ha aumentado mucho. Por precaución solo salimos para trabajar o ir a comprar”, añade. Marwan trabaja en un restaurante en una zona financiera de la ciudad y cuenta que cada vez escucha más comentarios contra los refugiados. “Dicen que les quitamos el trabajo, que hacemos que el precio de los alquileres suba, que molestamos a sus mujeres”, describe. 

En los últimos meses se han multiplicado los ataques en Turquía contra refugiados y migrantes. En la ciudad de Esmirna, en la costa del Egeo, tres refugiados sirios murieron en un incendio provocado en la fábrica donde trabajaban y dormían en diciembre de 2021. En Estambul, un joven sirio murió asesinado en su casa por un grupo de hombres. Otro hombre falleció apuñalado en Diyarbakir en enero de este año, en el sureste del país. El último caso se conoció en mayo gracias a un vídeo publicado en redes sociales, en el que aparecía un hombre propinando una patada en la cara a una mujer siria.

“Estos eventos han coincidido con una grave crisis económica y política en Turquía. Algunos partidos políticos han manipulado la cuestión de los refugiados para obtener beneficios políticos. Esto ha empeorado mucho su situación en el país”, dice Didem Danis, socióloga fundadora de la Asociación para la Investigación de la Migración (GAR). 

Varios partidos opositores utilizan la crítica a la acogida de refugiados como arma arrojadiza contra el Gobierno. El principal líder opositor, Kemal Kiliçdaroglu, ha prometido que enviará de vuelta a Siria a personas sirias y de otras nacionalidades si su partido gana las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el año que viene. Kiliçdaroglu también ha sugerido convocar un referéndum para que la población decida qué hacer con los refugiados.

Una nueva formación nacionalista, el Partido de la Victoria, ha lanzado una campaña en redes sociales pidiendo la expulsión de los refugiados con vídeos no verificados de acoso callejero a mujeres turcas por parte de migrantes, en los que supuestamente se burlan de la bandera turca. Marwan dice que este tipo de vídeos se han hecho muy virales y que sus compañeros de trabajo turcos se los han mostrado. “Es muy peligroso. Siento que si un sirio comete un error o hace algo malo todos pagamos por ello”, lamenta.

Sin derechos

Recientemente, unas 70 asociaciones por los derechos de los migrantes y ONG se reunieron en Estambul para denunciar el aumento del rechazo contra los refugiados. “Muchos refugiados llevan diez años aquí y los seguimos viendo como extranjeros. El problema está en la integración. ¿De quién es la culpa? ¿De las personas que vienen o de nuestros programas de integración?”, dice Taha el Gazi, miembro de la Plataforma de Solicitantes de Asilo.

El Gazi cree que uno de los motivos del rechazo a los refugiados sirios es que el Gobierno los acogió con un estatus de protección temporal en el año 2014, pero han pasado ocho años y su situación prácticamente no ha cambiado. “Muchos niños han nacido aquí, pero sus familias no los han podido registrar como ciudadanos turcos por su estatus de protección temporal. Tampoco han podido registrarlos como ciudadanos sirios”, añade. 

En 2016, el Gobierno turco adoptó una nueva regulación que permite a los sirios acceder a permisos de trabajo. Sin embargo, de los cerca de dos millones de sirios en edad de trabajar, apenas 200.000 han obtenido la autorización. Estas bajas cifras se explican por las trabas ligadas a la normativa: el empleador es quien debe solicitar el permiso de trabajo, pagando una cuota que muchas empresas se niegan a tramitar.

La mayoría de sirios son explotados en el mercado laboral, con trabajos sin contrato por debajo del salario mínimo en Turquía, que ronda los 230 euros netos mensuales. Los que trabajan en la economía sumergida son los que más han notado el grave aumento de la inflación en el país, que alcanzó el 73% en mayo según cifras oficiales, mientras que varios estudios independientes apuntan que el aumento de precios respecto al año pasado supera el 100%.

“Retorno voluntario”

Ante el aumento del debate sobre el futuro de su acogida, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció un plan de “retorno voluntario” de un millón de refugiados sirios a zonas del norte de Siria. Un proyecto que incluye la construcción de viviendas y servicios en las regiones bajo control turco en Siria y que genera muchas dudas, tanto por su gestión como por el hecho de que muchos refugiados no son naturales de esa región.

Ayhan Kaya, investigador de migraciones para la Universidad de Bilgi en Estambul, no cree que haya un gran número de sirios dispuestos a volver a su país. “Creo que hay un elemento de clase en este proyecto. Los que estarían dispuestos a ir son los más pobres de todos los que han estado viviendo bajo el umbral de la pobreza en Turquía”, dice. Kaya también cree que el anuncio del Gobierno plantea muchas dudas sobre su gestión, pero remarca que en ningún caso se trataría de un “retorno”, sino de un reasentamiento o de una reubicación. “Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno debe ser seguro y voluntario. Debe haber negociaciones diplomáticas entre el país de retorno y el de recepción. Esto de momento no se está produciendo”, añade.