Insiste en que no lo hace aposta, pero las novelas de Cristina Armunia abordan grandes temas sociales de la actualidad como la precariedad laboral o las diferentes realidades del mundo rural. Nació en Teruel en 1988, pero su imaginario comenzó a fraguarse mucho antes. Desde las historietas familiares hasta la más larga tradición del realismo mágico, Armunia referencia todo lo que le inspira como si de un ensayo académico se tratara. 

Este abril, ha publicado su nueva novela, La puta Margarita y otras flores de mi pueblo, de la mano de la editorial Dos Bigotes. Su primera obra, Un lugar seguro (Libros.com), apareció en 2023. Esta vez, relata una tierna historia de amor adolescente entre dos chicas de un pueblo de Teruel que viven el paso a la edad adulta entre maizales, sueños voraces y lazos familiares que, a veces, ahogan. 

A una isla desierta, Armunia —que trabajó como periodista en elDiario.es— se llevaría Cien años de soledad y algún libro de Juan Marsé, aunque la naturaleza de la isla le inspiraría, de la misma forma que hizo la tierra turolense, para escribir y dar forma a unos personajes a los que es imposible no coger cariño.

La puta margarita y otras flores de mi pueblo conforma un mosaico de relaciones románticas, parentofiliales, rurales, e incluso de uno mismo con sus propios sueños. ¿Cree que está cambiando algo que mejore la aceptación de jóvenes LGTB en los pueblos?

Hombre, yo quiero pensar que sí. Creo que cuando yo era pequeña teníamos una gran falta de referentes. En los sitios pequeños eso todavía es más plausible, más claro. Y cuando había referencias en series o películas estaban llenos de tópicos o de cosas que a lo mejor no representaban del todo las realidades. Y a mí me hubiera gustado tener más series que ver, más libros que leer. O igual los había, pero yo no los conocía. Y, en parte, este libro busca eso también, contar una historia bonita de amor entre dos chicas y que la pueda leer mucha gente. Y que también una chica joven la coja y la lea, pues que se emocione. Yo creo que las cosas sí que han cambiado y, al menos yo lo percibo así, en ciudades como Teruel. La verdad que cada vez hay más ejemplos de iniciativas, de actividades muy diferentes a cuando yo tenía 15 años.

Normalmente, cuando escribo no pienso: “Quiero escribir de este tema porque este tema es el que quiero tratar”. Sino que yo escribo y me sale una historia. La anterior fue de precariedad laboral, esta es de LGTBI rural y la siguiente va a ser sobre burnout en el trabajo. Todo tiene un tema, pero no me siento con el objetivo de ser una voz distinguida en algo.

Vivir un amor como el de Clara y Esther o un desamor en soledad, sin poder contarlo o sin querer hacerlo por el miedo al qué dirán, te marca para siempre

¿Cómo cree que puede marcar a una persona vivir un primer amor tan accidentado y clandestino como el que viven Clara y Esther?

Te puede marcar para siempre. Creo que vivir un amor así o un desamor en soledad también cuando eres joven, y a lo mejor no lo puedes contar o no lo quieres contar por el miedo al qué dirán, te tiene que marcar para siempre. Te marca incluso cuando tienes unas circunstancias, vamos a decir más favorables, cómo no te va a marcar si encima ha pasado algo negativo o algo más traumático. Y además los primeros amores es que no se olvidan. Pasan 15 años y de repente una noche vuelves a soñar y dices: “Madre mía, otra vez estoy sufriendo con esto”. Así que, bueno, sí que siento que esa clandestinidad hace que, tanto para lo positivo como para lo negativo, te marque mucho más.

¿Qué es lo que más ha disfrutado de escribir este libro?

Disfruté mucho escribiendo las escenas en los maizales. Y en la huerta, en las fiestas. Cuando quieres que la persona que te gusta te mire y quieres que te haga caso e irte con ella. No es que me gustara escribir esas escenas, es que cuando las releo me emociono un montón porque me gustan mucho y me gustaría que el público en general lo percibiese. Y de hecho me consta porque me ha escrito ya algún amigo o amiga que me dice: 'Cris, me he acordado de tal persona que fue mi primer novio, que fue mi primera novia'.

La puta Margarita y otras flores de mi pueblo es su segunda novela. ¿Qué diferencias ha notado a la hora de escribir la primera y la segunda?

Hay muchas diferencias. Para escribir la primera novela no tenía un plan, y eso fue un error. Es bonito probar a escribir sin sentarte a escribir e investigar tú mismo cómo puede crecer una idea. Es una experiencia que, incluso, te enseña. Y eso es lo que precisamente me pasó cuando empecé esta segunda novela, además de que tenía bastante más claro el argumento. Sí que me hice un mapa de colores: qué personajes y cuándo salían, para intentar valorar si había un equilibrio. Pero eso lo he conseguido hacer porque escribí la primera, sino habría sido un poco más complicado saber cómo sentarse a escribir 200 páginas.

¿Tuvo algún problema con las diferentes voces narrativas?

Lo que pasó fue que... digamos que dentro del libro hago algo así como metaliteratura. A una de las protagonistas le gusta escribir. Le gustaría ser directora de videoclips, concretamente. Entonces, le gusta montarse sus historietas en libretas. Cuando alguien le cuenta algo, va corriendo a una de sus libretas y se lo apunta. Y esta idea de las libretas me surgió porque hay dos historias centrales que son la historia de amor entre Clara y Ester, que son dos chicas de un pueblo que se enamoran, y la historia que aparentemente es secundaria entre Margarita y Ventura. Cada uno que decida cuál es la historia central. Entonces, esa otra historia yo la quería llenar de naturaleza, de ruralidad, de realidad, y quería cambiar un poco la manera de escribirla. Entonces, al principio la idea de la libreta era un poco confusa y no se entendía muy bien por qué daba esos saltos el narrador. Entonces se me ocurrió meter la idea del cuaderno que, de hecho, ocupa un capítulo, que se llama La libreta roja y ahí intento explicar un poco al lector por qué hago eso.

Y hablando un poco del léxico, ha mencionado lo de la naturaleza y quería preguntarle qué tipo de léxico ha buscado introducir en la novela, si ha usado palabras de su pueblo, palabras de su familia...

Me gusta pensar que he conseguido que la naturaleza sea otro personaje más dentro de la novela. No la naturaleza como algo bucólico y algo superbello, sino la naturaleza en todas sus vertientes. Por ejemplo, en algunos pueblos de Teruel hay granjas de cerdos y, cuando hace mucho calor en verano, pues huele muy mal y eso es así. Pero, dentro de esas descripciones y de contar cómo son esas eras, esas huertas, esos terrenos, esas granjas, creo que intento captar la belleza también dentro de las cosas que no son tan bonitas.

Siempre he sido una niña muy de escuchar las historietas que me contaban mis padres, las historias que me contaban mis abuelas

Y es verdad que conozco muchas cosas relacionadas con los pueblos o con los antepasados por las historias que me cuenta mi familia. Siempre he sido una niña muy de escuchar las historietas que me contaban. Porque, al final, una parte de mi familia fueron agricultores en mi pueblo, otra parte eran medieros, o como mi bisabuelo, que era esquilador. Entonces sí que tengo esa especie de atmósfera, de mundo rural, lo tengo en mi familia. Siempre he intentado atesorar todas las historias y de hecho lo sigo haciendo. De vez en cuando les digo 'explicadme esta historia que me contasteis hace poco que no me quedó clara', y les grabo.

Y también usa la naturaleza para explicar las emociones de las protagonistas conforme va evolucionando su relación, tanto las buenas como las malas

Sí, y esta es la manera que he encontrado en este libro de incluir el realismo mágico. A mí me gusta llamarlo realismo ácido, porque no siempre la aproximación hacia esa realidad es bonita. Utilizo esa forma de escribir para acercarme a los conflictos, para acercarme a las cosas buenas que pasan, pero también a las malas. Y también es como mi barrera defensiva. Me acerco a ello, utilizo esas descripciones y, cuando ya me parece suficiente, pues me vuelvo a alejar. Creo que también es algo que ejercité mucho en Un lugar seguro y que creo que he conseguido llevar a buen puerto aquí, a lo mejor con más sentido o con un hilo argumental más claro. Y es algo que en mis próximos proyectos sigo planificando y pensando cómo incluir ese realismo mágico del que yo he bebido tanto, del realismo mágico latinoamericano. Cómo llevármelo yo, una chica de Teruel, para acercarse a eso.

Ha hablado de sus referentes literarios, de García Márquez, Sepúlveda, Camila Sosa y Rosa Montero, entre otros. ¿Por qué escogió para comenzar el libro la cita “Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable” de La ridícula idea de no volver a verte?

Lo que dice esta frase creo que resume un poco el libro, porque es verdad que aunque tiene un punto de drama, que tiene puntos que te compunge, incluso cuando lo estás leyendo es bello. Como Rosa Montero en ese libro, que cuenta varios procesos de duelo y aun así se marca un libro que es una locura de bonito.

Isabelle Werck-Ginestà pierde la cuenta de las biografías que ha publicado a lo largo de su carrera académica. Especialista en el ámbito musical, existía una historia alejada de este campo del saber que impulsó el ritmo de su escritura justo el día después del entierro de su madre. Había mucho que “aclarar” sobre ella, según cuenta la entrañable parisina en conversación con elDiario.es. 

A pesar de que hace muchos años que no visita Madrid, Isabelle llega a la cafetería con facilidad, desenvolviéndose con las paradas del Metro y fijándose en la gente con la que coincide en el vagón. “Así es cómo se conoce a la gente de una ciudad”, bromea al llegar al punto donde la espera este periódico.

Su madre, Marina Ginestà, fue una joven militante republicana que realizó importantes trabajos de intérprete entre periodistas que contaban la Guerra Civil española por todo el mundo. Pero también fue un gran pilar y ejemplo a seguir para ella, su hija Isabelle.

Medio francesa, medio catalana, Marina saltó a la fama mucho más tarde del final de la guerra. La obra del fotógrafo alemán Hans Gutmann fue adquirida por la Agencia EFE en el 87. Pero no fue hasta el 2008 que el archivista Xulio García Bilbao descubrió la identidad de la modelo. Y corrió como la pólvora por todo internet. Su rostro adolescente y su mirada desafiante, capturados el 21 de julio de 1936 desde el Hotel Colón de una Barcelona pletórica por la resistencia ante los golpistas, se convirtieron en un icono de la Guerra Civil y la contienda republicana.

Sin embargo, Marina nunca quiso contar su verdadera historia, marcada por varios episodios dignos de película. Desde un infantil romance con Ramón Mercader, muchos años antes de que el estalinista matara a Trotsky, hasta un matrimonio con un diplomático belga que la llevó a cenar con la reina de Inglaterra, entre otros rostros conocidos de la alta cuna europea. Además de la huida por los Pirineos hasta Perpiñán y el exilio de toda su familia en Venezuela durante 10 años. Su hija pequeña, Isabelle, fue testigo de todos estos episodios y de la audacia de una mujer que nunca bajó los brazos ni calló ante nada ni nadie. 

A los siete años, Isabelle comenzó a preguntar a quien se convertiría en su persona favorita, su madre, el porqué y el cómo había llegado hasta allí. Y no fue hasta los “58 o 59 años”, cuando la vida de Marina entraba en la recta final, que conoció todos los detalles, incluso los más desagradables, de lo que presenció la joven miliciana durante la batalla por defender los ideales socialistas. Por aquel entonces, cuando Marina rompió por completo el silencio frente a su hija, su foto posando con un fusil “prestado”, que nunca disparó, ya ilustraba exposiciones y libros en el mundo entero. 

“Se han contado muchas tonterías sobre la foto”. Así defiende Isabelle la publicación de unas memorias póstumas –Marina falleció en 2014– que su madre nunca quiso escribir, pero que ella defiende ahora por el poder de las “historias familiares”. La editorial Bala Perdida trae a España esta biografía importada desde la capital francesa, bajo el título de Marina Ginestà. La chica del fusil.

¿Cómo definiría a su madre para una persona que solo ha visto la foto, la famosa foto con el fusil al hombro?

Una persona que solo ha visto la foto la encontrará provocadora. Y tanto la izquierda como la derecha la encuentran un poco terrorista, porque es lo que provoca la imagen con ese fusil. Pero lo que yo creo es que se ve toda su personalidad futura.

¿Y usted cómo la definiría realmente?

Realmente, tenía a menudo esa expresión y era una persona muy alegre y optimista. Creo que estaba muy agradecida porque había tenido mucha suerte durante la guerra y aún después. Y era un poquito pícara. Tenía mucho sentido del humor y era dinámica. Siempre quería que se hiciera algo. '¿Qué vamos a hacer?'. Ya sea en casa o lo que sea. Pero lo que siempre digo es que le gustaba la vida y creo que tuvo una vida larga con varias vidas, como dijo alguien. Y supo hacer la síntesis de todas esas vidas muy diferentes. La educación francesa primero. Insisto sobre eso porque la educación francesa la ayudó enormemente durante la guerra y por supuesto después también. Esto fue una especie de pasaporte que tuvo. Después, en la guerra, con esos acontecimientos tan impactantes. Y mucho más tarde, en esta vida de diplomática en la que tenía que hacer un papel de señora distinguida que no mete la pata. 

Se llevaban muy bien, ¿verdad? Tenían una relación muy estrecha…

Sí. Porque también, como nos movíamos todo el tiempo por el trabajo de mi padre... Mi padre tenía que quedarse tres años aquí, tres años allá, un año y medio allá, moviéndose. Y yo, hija única, así que obligatoriamente estaba muy cerca de mis padres, pero no lo siento porque aprendí mucho.

¿Y fue consciente del éxito que tuvo la foto, de la popularidad que alcanzó? ¿Qué decía sobre eso?

La primera vez [que se enteró] dijo inmediatamente y repetía dos cosas. Lo primero: 'Yo no usé nunca ese fusil. Yo no he disparado nunca'. Bueno, has leído en el libro que hay un momento, un pequeño incidente. Pero ella no se servía de ese fusil ni de ningún fusil, en realidad. La segunda cosa que dijo, con razón: 'El que tiene el mérito es el fotógrafo'. El fotógrafo ha tenido mucho talento porque hubo muchas otras chicas guapas con fusiles. Era la moda de esa época. Y no sé si las fotos eran tan buenas como esta, ¿verdad?

¿Mantuvo la relación con el fotógrafo? ¿Seguían en contacto?

No, no, no. No se daba cuenta de lo que iba a pasar más tarde con todas esas fotos. No sé ni siquiera si yo cuando era joven vi esa foto. No le hizo mucho caso.

Porque Hans Gutmann se acabó yendo a México. ¿No volvieron a hablar ni nada?

No, y es una pena porque en México ella hubiera podido encontrarlo, pero creo que ni lo pensó.

¿Por qué cree que nunca quiso escribir o contar su historia?

Tengo dos hipótesis. La primera es que no le gustaba hacerse la interesante. Bueno, contaba su vida con mucha animación cuando estaba con amigos o con familia. Lo contaba, pero todo en desorden. Y es por eso que, cuando ella tenía ya 94 y pico, le dije: 'Vamos a clasificar todas las fotos, vamos a poner fechas'. Lo que creo es que la historia familiar no es nunca insignificante. La historia familiar tiene mucho interés. También es historia. Le dije: ‘Vamos a clasificar las fotos y me vas a contar todo lo que conozco más o menos bien en orden’. He hecho un poco el trabajo que haces tú y le enseñé mis apuntes. Y ese es el primer motivo. Creo que no quería hacerse la interesante por escrito. La segunda cosa es que creo que había algunos recuerdos muy desagradables que no tenía ganas de refrescarlos. Y hay cosas que me contó muy tarde, muy tarde, cuando yo tenía 58 o 59 años. Y estuve sorprendida de aprender ciertas cosas que no me había contado nunca.

¿Qué fue lo que más tardó en contarle?

Lo de todos los muertos que había visto cuando tenía 17 años. Eso me lo contó al final... Y también lo que pasó en Alicante cuando estuvo presa. Yo no sabía todo eso.

¿Y por qué usted sí ha decidido contarlo? ¿Qué cree que aporta esta historia?

Yo estoy acostumbrada a escribir. Tengo siete publicaciones y escribo vidas, escribo vidas de compositores. Sé más o menos cómo se hace una biografía. Pero mi primer motivo era la ternura por la madre desaparecida. Empecé muy lentamente el trabajo el día siguiente después del funeral. Y también es que creo que hay que aclarar las cosas porque Marina es un icono y, al principio de todo, tanto la gente de izquierdas como de derechas la toma por una especie de guerrillera. Y me parecía importante decir quién era porque se han contado muchas tonterías sobre esta foto. He visto en internet gente neofascista que dice que está en el infierno ahora o que es un hereje o tonterías así. Bueno, entiendo que los neofranquistas sean completamente alérgicos a esta imagen. Y, por otro lado, hay quienes ven una guerrera y también sobre eso había que decir la verdad. 

Creo que lo más característico de la foto es su mirada, la mirada desafiante que también te da la juventud. ¿Cree que en algún momento de su vida llegó a perder esa actitud retadora?

Era optimista. Bueno, en el final de su vida... Pero eso tiene poco interés y no lo cuento. Yo tengo la impresión de que tomó demasiados medicamentos, pero eso es una cosa mía. 

Bueno, pero ¿en su etapa de diplomática siempre mantuvo esa actitud desafiante?

Sí, tenía mucha soltura, sabía muy bien hablar. Los españoles, según veo, hablan todos muy bien. Sí, sí, ya lo creo. Y ella estaba en países extranjeros. Quizás un poco fríos, como Bélgica, Inglaterra. Bueno, tenía mucha admiración por el estilo de los ingleses, pero ella no lo tenía. Ella era extrovertida.

Pero cuenta en el libro que admiraba la educación y los buenos modales de Francia. O sea que tenía un poco de mezcla.

Sí, era su referencia: Francia. Eso de saber francés y de tener el primer diploma, que es el certificado de estudios que tenía un cierto nivel a esa época. Eso ayudó a mi tío durante la guerra. Lo admitieron inmediatamente como oficial en el ejército y Marina encontró inmediatamente una ocupación de intérprete de periodistas.

No sé si se hablaba en su casa, pero qué opinaba o cómo opinaba su madre acerca de las noticias que llegaban de España progresivamente, de la muerte de Franco, de la Transición…

La muerte de Franco la vivimos en España. Eso fue una cosa un poco extraordinaria, porque mi padre había rechazado una embajada. Eso no lo escribí. Rechazó una embajada en Bogotá porque era peligroso para los diplomáticos. Así que él no lo quiso así. No tuvo nunca el título de excelencia de embajador, pero tuvo mejor ir a Barcelona. Ser representante de Bélgica en Barcelona es casi una embajada, así que entre el 72 y el 76 tuvimos tiempo de ver la evolución de cerca. Además, mi madre siempre estaba al corriente de la actualidad en el mundo entero, en España y en el mundo entero. Era mucho más apasionada que yo.

¿Y qué cree que aportan historias individuales como las de Marina en un contexto global tan convulso como el de ahora?

Bueno, me parece que siempre es agradable interesarse por una persona como si tú la hubieras conocido un poco. Es mi misión, hacer un retrato muy vivo.

Hay una parte en el libro, al principio, en la que habla de que Marina fue a las Juventudes Socialistas y era comunista, de la misma manera que alguien criado en una familia conservadora hubiese ido a la iglesia.

Claro. Sí, porque era bastante obediente a lo que había alrededor. Se adaptaba. Por eso se adaptó tan bien a la diplomacia.

¿Cuál es su parte favorita del libro? La que más le gustó escribir.

Me apasionó interesarme por la Guerra de España, que conocía mal porque en la escuela me lo explicaron, pero en media hora. Y era el año de mi bachillerato. Era un solo profesor que nos lo contó en un curso muy corto He leído sobre la guerra. Eso me ayudó porque había cosas misteriosas. Por ejemplo, ¿por qué estuvo Marina como periodista en Valencia? ¿Por qué en Valencia? Eso no me lo explicó ella, pero veo la resolución de que el Gobierno se había mudado a Valencia y también el periódico, La verdad, se había mudado a Valencia, claro. Y así puedo seguir un poco sus huellas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que han comenzado a “bloquear” los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, según la agencia Reuters. La medida se anunció este domingo y su aplicación estaba prevista a partir de este lunes a las 14.00 GMT (16.00 hora peninsular española). De acuerdo a The New York Times, en los primeros 90 minutos del bloqueo no se había registrado ningún incidente.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes.

“El bloqueo no impedirá el tránsito de buques neutrales a través del estrecho de Ormuz con destino a o desde otros países”. No obstante, según el texto, al que ha tenido acceso Reuters, estos barcos “neutrales” podrían ser inspeccionados para detectar la presencia de contrabando, y añade que los envíos humanitarios, incluidos alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales, también estarán permitidos, sujetos a inspección.

Estados Unidos ha respondido con este bloqueo al cierre del estrecho por parte de Irán a los barcos de países no aliados, medida que tomaron como modo de presión económica tras los ataques aéreos de EEUU e Israel sobre su territorio.

El Centro de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO) informó durante la tarde del lunes de que había recibido un aviso por el que se restringían las operaciones marítimas a lo largo de la costa de Irán. Esta restricción suponía que, además del bloque de buques con origen o destino Irán, todos los barcos podrán encontrar “presencia militar” en las aguas que separan el golfo Pérsico del mar de Arabia.

Además, Trump ha publicado este lunes en TruthSocial que si Irán trata de emplear sus lanchas de ataque rápido para eludir el nuevo bloqueo en Ormuz las eliminará de forma “rápida y brutal”, al estilo de las supuestas narcolanchas (que en más de una ocasión eran simples buques pesqueros) que EEUU hundió en el mar Caribe y las cercanías de la costa del Pacífico a lo largo del año pasado.

Por su parte, Teherán ha amenazado con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo. Un portavoz militar iraní calificó de “piratería” cualquier restricción estadounidense al transporte marítimo internacional y advirtió que, si los puertos iraníes se vieran amenazados, ningún puerto del Golfo Pérsico ni del Golfo de Omán estaría seguro. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que cualquier buque militar que se acerque al estrecho violaría el alto el fuego.

Por otra parte, Trump también aseguró este lunes que Irán se puso en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa Trump en la tarde de este lunes en Washington, tras lo que agregó: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han rechazado este domingo conjuntamente, a través de un comunicado, la intervención militar de EEUU en Venezuela del sábado, tras la que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una prisión federal, junto a su esposa, Cilia Flores. Según los países firmantes de la carta, esta acción militar unilateral “contraviene principios fundamentales del derecho internacional, en particular el uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Estos seis países también manifestaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, como lo manifestó la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”, continua la misiva.

Los países firmantes expresan así mismo su “profunda preocupación y rechazo” ante las acciones militares unilaterales de Estados Unidos en territorio venezolano. Recuerdan que contravienen principios fundamentales del derecho internacional como “la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”, todos ellos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Y además señalan que la intervención violenta de EEUU en Venezuela constituye “un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Los seis estados iberoamericanos reiteran también que la situación venezolana debe resolverse “por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones”, pero también exigen que sea “sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, añaden los firmantes, todos ellos líderes de gobiernos de tendencia izquierdista.

España, junto a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, solicita tanto al Secretario General de la ONU, el portugués António Guterres, como a los Estados Miembros de los distintos organismos multilaterales, que hagan “uso de sus buenos oficios” para contribuir a “la desescalada de las tensiones” y a la preservación de la paz en la región.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha compartido el comunicado conjunto a través de sus redes sociales, donde ha expresado su “preocupación frente a los hechos ocurridos en Venezuela” y ha reiterado que la situación política en el país debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, señalaba este sábado que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable”. El presidente Lula añadía que los actos son “una afrenta gravísima” a la soberanía de Venezuela y “un precedente extremadamente peligroso”.

“Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, agregaba el líder brasileño, que comparaba esta acción militar con “los peores momentos de interferencia en la política de América Latina y del Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”.

El mismo sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionada por los medios respecto de los últimos acontecimientos en Venezuela en una visita al Estado de Tlaxcala, descartó una llamada con su homólogo estadounidense y reiteró la condena de la intervención militar de EEUU en territorio venezolano.

“Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, señaló Sheinbaum, que es una de las firmantes de este comunicado, y que se remitió al comunicado emitido horas antes por la cancillería mexicana al respecto de las acciones ilegales de Estados Unidos.

En el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México condenó y rechazó “enérgicamente” las acciones militares unilaterales acometidas por el Ejército estadounidense en territorio de Venezuela, “en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Frente a ello, México urgió “a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

El comunicado de la Cancillería mexicana remarcó, además, que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo”, por lo que advirtió que “cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

Por su parte, el Gobierno de Uruguay reafirmó este domingo la “posición histórica” del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

“Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta al año 1965, cuando —ante una invasión a la República Dominicana— integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y defendió una posición que se mantiene hasta hoy”, indicó el presidente Yamandú Orsi en una declaración a la prensa recogida por EFE.

Una UE sin Hungría pide una transición pacífica y “moderación”

La Unión Europea llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela que sea “respetuosa con su soberanía”, algo que choca tanto con las acciones como con las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, a lo largo de este fin de semana.

“La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”, apunta un comunicado hecho público por la alta representante europea, Kaja Kallas, y que no ha logrado obtener el respaldo de los 27 Estados miembros tras oponerse a él el gobierno húngaro.

El comunicado europeo, que exige respetar “el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro”, hace un llamamiento “a la calma y la moderación” para “evitar una escalada y garantizar una solución pacífica” a la situación de agresión de EEUU, que califica de “crisis”.

La jefa de la diplomacia europea, que asegura que la UE está “en estrecho contacto” con la Administración Trump y con socios regionales e internacionales para “apoyar y facilitar el diálogo”, pretende que se alcance una solución “negociada, democrática, inclusiva y pacífica” y que esta esté “liderada por los venezolanos”.

La UE pide también que se respeten los principios del Derecho Internacional así como la Carta de las Naciones Unidas, pero acto seguido compra el argumentario de la administración estadounidense y refleja que “comparte la prioridad de luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas”, pero señala que estos “retos” deben abordarse con respeto pleno al derecho internacional “y los principios de integridad territorial y soberanía”.

La alta representante de Asuntos Exteriores de la UE considera además “esencial” la liberación incondicional de “todos los presos políticos” en Venezuela y que se respeten los derechos humanos.

En el comunicado no se hace mención a las amenazas del presidente Donald Trump al territorio de Groenlandia, que forma parte de Dinamarca.

El profesorado en Madrid se ha volcado las últimas semanas para impulsar acciones individuales y colectivas sobre el genocidio contra Gaza a pesar de que pende sobre ellos la censura de la Administración. Estas prohibiciones de banderas y símbolos palestinos, respaldadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han despertado en los docentes la indignación por la vulneración de sus libertades, lo que ha impulsado su creatividad para sortear la censura y seguir educando en los valores de paz y los derechos humanos.

Esta semana, en la que la mayoría de sindicatos llaman a los docentes a protestar por “el derecho a denunciar el genocidio”, habrá paros educativos el viernes de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, mientras miles de estudiantes salieron a las calles este jueves convocados por el Sindicato de Estudiantes.

En las escuelas e institutos madrileños proliferan las acciones de profesores y alumnos en favor de un alto el fuego. Los colegios públicos San Ignacio y San Isidro y Joaquín Costa, ambos de Arganzuela (Madrid), han decorado el edificio con dibujos y creaciones de los alumnos en los que se pueden ver numerosas sandías, banderas palestinas y mensajes como 'No a la guerra' o 'Joaquín Costa vs. Netanyahu'.

Un joven profesor que prefiere no revelar su nombre cuenta a este periódico que los problemas con la dirección de su colegio, situado en un pueblo a 30 kilómetros de Madrid, comenzaron desde el primer claustro del curso. Varios profesores del centro decidieron hacerse una foto para mostrar su solidaridad con Palestina y el rechazo al genocidio. Este docente asegura cómo fueron amenazados con expedientes disciplinarios por parte del equipo directivo y cómo inició un debate con la directora sobre la naturaleza política o no de estas acciones. “Yo haciéndole comparaciones con el nazismo o con los terraplanistas” cuenta este profesor.

Después de las palabras de Ayuso, que acusó a estos profesionales de “intentar adoctrinar” por hablar a los alumnos de los derechos humanos y el origen del conflicto, las acciones fueron a más. La respuesta de este profesor y sus compañeros fue “llenarlo todo de sandías”.

Tenemos la obligación de despertar la conciencia del pensamiento crítico en los alumnos

Lola Cabrera — Profesora

También fue sonado el caso de un profesor de Economía en el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), al que amenazaron con expedientar por llevar a clase una camiseta de fútbol del equipo chileno Club Deportivo Palestino. Este martes la dirección del centro ha dado marcha atrás y ha emitido una carta interna en la que informa a los profesores que pueden “sentirse libres” de mostrar sus opiniones “libremente” con el “único límite del respeto” mutuo. “La fuerza de los compañeros y la fuerza sindical y mediática surtió efecto”, celebra el profesor, Guillermo López, en conversación con elDiario.es.

Otra profesora de Secundaria de la misma localidad, Lola Cabrera, explica cómo su acción particular en protesta por el genocidio y el intento de veto de la Consejería consiste en comenzar cada una de sus clases de Filosofía leyendo 28 nombres de la lista de más de 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza, además de dedicar una clase completa con cada grupo a explicar el origen del conflicto árabe-israelí desde 1947. Asegura que hay otros compañeros que están “proponiendo este tema como un tema de debate y de estudio” en cada una de sus asignaturas. “Además de la defensa de los derechos humanos, tenemos la obligación de despertar la conciencia del pensamiento crítico”, explica.

En su instituto, IES Jorge Guillén, organizaron este martes una charla didáctica para alumnos de cuarto de la ESO impartida por Alcorcón con Palestina, una asociación local en defensa del pueblo palestino y los derechos humanos.

Otras administraciones gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid están apoyando la decisión del Gobierno de Ayuso y eliminando cualquier rastro de banderas palestinas en el espacio público, como sucedió con la gran bandera pintada por niños de un colegio de Malasaña con tiza en la plaza del Dos de Mayo. A pesar de la limpieza municipal recurrente y veloz, la insistencia de los niños ha dejado imágenes de los colores rojo, negro, blanco y verde inundando la plaza.

Camisetas con sandías, kufiyas, banderas... Toda clase de simbología de protesta ha recorrido los centros educativos de la Comunidad de Madrid desde que el pasado 18 de septiembre se conociera una serie de amenazas verbales e indicaciones de la Consejería de Educación y la Inspección, así como los equipos directivos, de frenar y silenciar las muestras de apoyo y las protestas contra el genocidio israelí en Gaza. La plataforma de profesores Menos Lectivas lanzó, ese mismo día, una campaña de llamamiento a la docencia madrileña para que acudiera a clase portando símbolos palestinos como la sandía, la kufiya o los colores de la bandera. “No nos vamos a callar ante el genocidio. ¡Viva la educación pública, viva Palestina libre!”, animó Menos Lectivas en el comunicado.

Por su parte, un centenar de asociaciones de madres y padres de centros públicos y concertados firmaron un texto de condena al “hostigamiento de la Consejería de Educación a equipos docentes y familias por mostrar su apoyo a la población palestina”. En este comunicado, firmado por AMPAS de colegios e institutos de toda la región, exigen “que se respete la libertad de expresión de toda la comunidad educativa”. “Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo y de todo nuestro sistema democrático. Por ello, apoyaremos e incentivaremos aquellas iniciativas que, tanto dentro como fuera de los centros educativos se lleven a cabo, para alzar la voz contra este genocidio”, añaden.

Sindicatos, AMPAS y estudiantes se han movilizado y han convocado concentraciones esta semana, en la que la rectificación del IES Prado Santo Domingo ha supuesto un “éxito” para la lucha en contra de la censura, según el profesor amenazado. Los sindicatos CCOO, CGT, STEM, UGT, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase han convocado paros educativos para el viernes 3 de octubre por “el derecho a denunciar el genocidio” en los centros educativos madrileños.

El Gobierno sigue adelante con la venta de las viviendas públicas que formaron parte del programa de alquiler asequible impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que se quedaron en un limbo jurídico tras la eliminación del Servicio Público del Alquiler (SPA), siete años más tarde, por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El pasado mes de julio, las 34 familias que continuaban viviendo en estos inmuebles recibieron una carta por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, organismo que asumió su gestión, de que no iban a renovar de nuevo los contratos de arrendamiento y que procedían a la venta de las viviendas. A pesar de que no hay impagos, la Administración no ofrece alternativas a los vecinos más allá de la compra, por un precio que alcanza en muchos casos el medio millón de euros. Tampoco han accedido a la negociación colectiva que reclama el Sindicato de Inquilinas.

Un grupo de una docena de afectados y miembros del sindicato han irrumpido este jueves en la subasta de dos edificios de esta naturaleza, localizados en el madrileño barrio de San Cristóbal, el cuarto barrio más pobre de España. Óscar, uno de los afectados que vive en Lavapiés, asegura que muchos vecinos de la calle San Dalmacio 1, la mayoría familias en situación administrativa irregular que residen en estos pisos abandonados por el Estado, no sabían ni que se iba a vender el edificio al mejor postor: “Estuvimos hace una semana diciendoles '¿Sabéis que se va a subastar este edificio?', y nos dijeron '¿En serio?' (...) Les dijimos que veníamos a preguntarles si lo sabían y a ofrecerles nuestro apoyo, a decirles que estamos en la misma situación”. Aunque este jueves no se subaste su edificio, Óscar sabe que puede ocurrir en cualquier momento y está decidido a quedarse en la casa en la que lleva 14 años viviendo con su pareja.

“Se está vendiendo vivienda pública cuando nos hace falta un millón de viviendas en España para que las personas como yo, que no pueden comprarse una vivienda de 400.000 euros, tengan un alquiler normal dentro de un estándar y completamente topado”, denuncia.

A. es una vecina del bloque de pisos que se ha subastado este jueves. Vive ahí desde hace tres años junto a su familia. A pesar de estar algo resignada a que les van a expulsar del edificio, ha acudido a las puertas de la Tesorería a mostrar su apoyo al sindicato y a los compañeros que han tratado de boicotear la venta. “Es una vergüenza, viven más de 30 niños”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Otro de los manifestantes, en este caso de una vivienda del SPA en la calle Fernando el Católico (Chamberí), renunció a su contrato tras la primera amenaza de la Administración y se marchó a vivir a Burgos. En la calle de Chamartín donde se ha celebrado la subasta, este afectado lamenta que Madrid lo haya expulsado por la falta de vivienda asequible. Ha acudido para apoyar a su amigo que se quedó en el piso y que ha participado en la protesta.

El Sindicato de Inquilinas considera que esta situación es un “desahucio invisible” impulsado por el propio Estado y ha apoyado a estas familias con acciones como la de esta primera subasta. “Vosotros os dedicáis a especular y nosotros a defender lo público”, respondía uno de los manifestantes al inversor que lo increpaba con gritos de “¡Fuera!” y “¡Desokupa!”. El intento de boicot ha terminado con el desalojo del grupo de manifestantes de la sala por parte de los servicios de seguridad y con la finalización de la venta.

La Seguridad Social considera que estos contratos de arrendamiento están “vencidos” y quiere venderlos porque, según sostienen, no tienen “competencias en vivienda” y, por lo tanto, “carecen de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa”. En ese sentido, desde el departamento que dirige Elma Saiz, indican que sus servicios jurídicos “concluyeron que tanto los contratos como las posibles prórrogas estaban vencidos”.

Además, Seguridad Social basa su decisión en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso de sus inmuebles, de 2022. “Informaba de que se debía proceder a la enajenación y corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener inquilinos en situación jurídica irregular”. En concreto, el organismo público afeaba a la Tesorería General que, de los 4.115 inmuebles dados de alta en la Gerencia de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social a la elaboración del análisis, 874 se encontraban vacíos, aunque más de la mitad eran fincas rústicas, y 179 parcialmente vacíos o sin uso, lo que suponía “importantes gastos e inversiones”, que ascendían a 143 millones de euros.

El equipo directivo del IES Prado Santo Domingo de Alcorcón ha rectificado. Este martes envió un escrito a todos los docentes en el que retira las amenazas dirigidas contra un profesor de Economía del centro, al que reprendieron por llevar a clase una camiseta de fútbol del equipo chileno Club Deportivo Palestino. “Sentíos libres de expresar vuestras opiniones de la manera que consideréis conveniente, con el único límite de respetarnos los unos a los otros, y que nuestras manifestaciones vayan siempre a favor de la convivencia”, reza el último documento firmado por el director.

Para el profesor señalado por mostrar su solidaridad con el pueblo de Gaza, Guillermo López, esta rectificación del centro es un “éxito” que no podría haber sucedido sin “la fuerza de los compañeros y la fuerza sindical y mediática”.

Hace dos semanas, el jefe de estudios de este centro dio órdenes verbales a Guillermo para que se abstuviera de acudir al centro con esta camiseta que viste los colores de la bandera palestina, que calificó como una “camiseta partidista y política”, según relata. Estas indicaciones se produjeron días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respaldase las prohibiciones de la Consejería de Educación contra la exhibición de banderas y símbolos de Palestina en centros educativos, en aras de una “neutralidad política” que no contempla la enseñanza de los derechos humanos y los valores de paz. “Dejen de intentar adoctrinar”, zanjó la baronesa popular, en un discurso muy alejado del que adoptó con la invasión rusa de Ucrania, cuando estableció puntos de recogida y banderas de Ucrania en numerosos centros educativos de la comunidad.

En este caso, el docente de Economía de este instituto había decidido ponerse esta camiseta palestina en un “momento puntual”, tras escuchar al ministro de Finanzas israelí calificar la Franja de Gaza como una “mina de oro” donde edificar una vez destruido todo el enclave. En conversación con este periódico, Guillermo asegura que se puso la camiseta para explicar ese día a sus alumnos que “entender de economía es entender cómo funciona el mundo, hasta el punto de cometer un genocidio para poner hoteles”.

Tras las órdenes verbales del jefe de estudios, Guillermo volvió a ponerse la camiseta una semana más tarde. Fue entonces cuando recibió un documento firmado por el director en el que aseguraba que, si insistía con la camiseta, se enviaría un escrito a la Dirección de Área Territorial Sur, donde decidirían si abrirle un expediente disciplinario por no guardar “neutralidad” y portar “indumentaria política”, lo que podría conllevar, incluso, sanciones económicas.

Como esta carta va en contra de la ley educativa, que protege la libertad de cátedra y la libertad de expresión de los profesores, Guillermo convocó el consejo docente de su instituto para contarles su situación. “Reuní a mis compañeros para proponerles que siendo unas decenas los que hacemos lo mismo igual no es tan fácil amonestarnos”, relata. A partir de ahí, cuenta con sorpresa que entre cuarenta y cincuenta compañeros secundaron su idea y que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia rápidamente.

Este periódico intentó contactar sin éxito con Guillermo el pasado viernes. Según explica, estaba superado por la sobreexposición mediática inesperada. El equipo directivo del centro, que sí atendió la llamada de elDiario.es, se negó a explicar el caso más allá de que se habían enviado “advertencias” para que los profesores “guardaran neutralidad ideológica”.

Una de las iniciativas del consejo de profesores para protestar contra estas presiones fue la convocatoria de una concentración en el centro para el próximo viernes, cuando están programados paros educativos contra la censura de la Comunidad de Madrid acerca de muestras de apoyo a Palestina en colegios e institutos. Para él, esta “fuerza” colectiva llevó al director a “recular”.

Este martes, tras recibir la circular en la que se expresaba la libertad de los profesores para vestir y portar los símbolos que consideren, el mismo consejo docente del instituto ha decidido desconvocar la concentración y que cada profesor secunde los paros educativos en su centro. “Seguiremos secundando y participando en todas las iniciativas que exijan el fin del genocidio”, asegura Guillermo, que subraya su deseo de que el foco vuelva a ser ese y no su caso particular.

“Si otros compañeros pasan por lo mismo y conocen este caso, espero que les sirva para coger fuerza y resistir ante cualquier censura”, expresa, a lo que añade: “El sentir generalizado es de apoyo a Palestina, también entre los alumnos”.

El consejero portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este miércoles que presentarán alegaciones para frenar el trámite de consulta pública que pretende declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria democrática por las funciones de la ex Dirección General de Seguridad (DGS) en este edificio, que funcionó como centro de torturas policiales del régimen franquista. Según la Comunidad de Madrid, este nombramiento no se debe realizar por la “vinculación” que tiene este edificio también con la época de la Ilustración.

“Lo haremos avalados por el informe de la Real Academia de la Historia que respalda a la Comunidad de Madrid en la defensa de este emblemático edificio en el que nos encontramos, ya que lo asocia, ante todo, dice, con el periodo de la Ilustración”, ha explicado el consejero tras la reunión de Gobierno, a pesar de que este mismo informe reafirma los hechos que tuvieron lugar en este edificio de la Puerta del Sol durante la Guerra Civil y dictadura, y no descarta la conveniencia de su declaración como Lugar de Memoria.

La Real Casa de Correos ubicada en la Puerta del Sol, donde la Comunidad de Madrid tiene su actual sede, albergó durante años los calabozos de la Dirección General de Seguridad de la administración franquista, considerado uno de los grandes puntos de tortura policial de la dictadura. El consejero ha recordado que, según el informe que solicitó el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la sede de la Presidencia regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), “uno de los grandes momentos del progreso de España con la plena ilustración española”.

La Real Academia de la Historia, no obstante, si comprende “las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la extinta Dirección de Seguridad” ya que, aunque originalmente fue concebida para albergar la Real Casa de Correos, su función inicial fue cambiando con el tiempo y hace alusión a que desempeñó “un papel central en la represión política y social” durante el Franquismo.

Además, García Martín ha acusado a Pedro Sánchez de meter “sus manos” en la Real Casa de Correos para “atacar a la Comunidad de Madrid, sus instituciones y todos y cada uno de los madrileños”, a lo que ha añadido: “A nosotros nos compete su protección y cuidado como sí atestigua la propia ley autonómica que destina esta sede como sede de la presidencia”. “Exigiremos que deje de atacar al verdadero valor histórico”, ha adelantado el consejero que ha defendido que el edificio está “completamente resignificado”.

“Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid nos seguiremos defendiendo de esos ataques porque es nuestra obligación y, sobre todo, porque queremos respetar las instituciones y lo que significa esta casa, que es la casa común de todos los madrileños”, ha concluído.

El choque entre la administración central y la madrileña llegó cuando Ayuso se negó a negociar con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la colocación de una placa que recordase el pasado de tortura del edificio. A finales de 2024, aprobó una ley que no permitía autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con “la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia”.

En abril, el Tribunal Constitucional frenó este intento de la Comunidad de Madrid de impedir esta declaración a través de una reforma legal exprés. Desde el Gobierno central consideran que esta norma es “inconstitucional y que invade competencias estatales”. También, afirman que es “incompatible” con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, “al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico sin límite ni ponderación alguna”.

“El rey reina, pero no gobierna”. Así ha respondido este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la pregunta sobre su opinión acerca del discurso del rey Felipe VI en Naciones Unidas la semana pasada. El monarca calificó de “masacre” y de “actos aberrantes” los ataques israelíes contra la población civil en Gaza, que supera los 65.000 asesinatos. Para Ayuso, el rey “no tiene que tomar más postura que la conciliación” y cree que tanto en Israel como en la Franja de Gaza hay “víctimas de Hamás”.

“El rey no tiene que tomar más postura que la conciliación. Y nosotros, por parte de nuestra administración, el máximo respeto. Vamos a estar siempre en una defensa cerrada de una institución importante como la monarquía”, ha apostillado.

Felipe VI pronunció en la Asamblea de la ONU: “Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia”

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha propuesto este lunes en la Junta de Portavoces una declaración institucional que cita textualmente la condena del monarca a la situación que vive la población gazatí. El PP aún no se ha pronunciado sobre su posición respecto a esta declaración institucional, pero la portavoz socialista en la cámara regional, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de “creerse por encima del bien y del mal”: “No sé si es que el rey ya no le gusta tanto”.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha esclarecido el rechazo del grupo popular a esta declaración institucional: “No vamos a permitir que usen la figura del rey con sus fines políticos, el rey hace su labor institucional y no vamos a entrar en ese juego”. Así, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de esta propuesta. “Sánchez ha conseguido que Más Madrid se haga monárquico”, ha dicho.

“La posición del PP es muy clara sobre este tema: la guerra que empezó Hamás el 7 de octubre es una guerra que debe terminar con la desaparición de Hamás”, ha señalado Díaz-Pache ante la pregunta de si el grupo parlamentario madrileño suscribe el contenido de este discurso.

El término 'genocidio' divide al PP

En una entrevista en el programa matinal de Ana Rosa Quintana (Telecinco), Ayuso ha relacionado la utilización del término genocidio, como ya han hecho tres dirigentes populares, con un “abandono” del pueblo judío: “Genocidio es algo que tienen que decidir los tribunales internacionales”. Además, ha afeado acusar de genocidio a un Estado judío después de que su pueblo sufriera el Holocausto, lo que ha calificado “verdadero genocidio” porque murieron 6 millones de personas.

Presidentes autonómicos del PP, como Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Rueda (Galicia) y Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), han condenado públicamente el genocidio, mientras María Guardiola (Extremadura) expresó su rechazo a la “barbarie que está sufriendo el pueblo de Gaza”.

“Yo pienso que aquí hay una serie de víctimas de Hamás que hay en todos los lados, en Israel y en Gaza, población que sufre desde hace muchos años bombardeos diarios y utilización de los recursos de la población para túneles y armamentos para aniquilar a Israel desde el río hasta el mar”, ha sostenido Ayuso. El 78% de la Palestina histórica ahora se considera territorio israelí y el resto de territorio está controlado de manera ilegal por la potencia ocupante.

La campaña del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para vetar símbolos y actividades de apoyo a Palestina en colegios e institutos, a la par que rechaza hablar de un genocidio sobre la población de Gaza, ha encontrado respuesta en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La alcaldía de Casarrubuelos, un pueblo al sur de la comunidad y cercano a Parla, colgó el pasado martes una bandera palestina en el edificio del Ayuntamiento, gobernado por Más Madrid. Este gesto, en solidaridad con la dramática situación que está teniendo lugar en Gaza por la masacre del pueblo palestino, suscitó una reacción en el grupo municipal del PP, que no solo presentó un requerimiento al Ayuntamiento para retirarla, sino que denunciaron a la formación ante la Guardia Civil porque, explican, “el Ayuntamiento de Casarrubuelos está empleando un bien público para un uso privado como lo es el apoyo a una entidad extranjera”.

Sin aludir a Palestina como Estado soberano en ningún momento, el PP defendió la “neutralidad” del balcón de este edificio institucional. El alcalde del municipio, Vicente José Astillero Ballesteros, se niega a retirar la bandera a pesar de la posibilidad de tener que hacer frente a una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

Alcorcón y Rivas se oponen a las directivas de Ayuso

“La señora Ayuso no quiere que los colegios hagan ninguna actividad por Palestina. Pues tiene que tener en cuenta que por muy presidenta que sea, la cultura de la paz, la mediación en valores y en derechos humanos están por encima de cualquier prohibición de su consejería.” Así se pronunciaba la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE) el pasado jueves en un comunicado dirigido a los medios con motivo del anuncio de una iniciativa que buscará “fomentar e impulsar campañas de concienciación y apoyo al pueblo palestino que visibilice el necesario respeto a los derechos humanos y la paz, en los centros escolares públicos que se adhieran a las distintas acciones”.

Así, el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por los socialistas en coalición con el grupo de Más Madrid, se opone frontalmente a las directivas de la Consejería de Educación, que ha prohibido la lectura de los nombres de niños asesinados por “protección de datos” y alegan que la restricción se justifica por considerarse “actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política” en las aulas. El viernes 3 de octubre están convocados paros y una jornada de movilización de la comunidad educativa madrileña por el derecho a educar en derechos humanos.

El municipio también prevé que los centros puedan desarrollar acciones formativas que conecten al alumnado local con el alumnado de Salfit, en Cisjordania. “Lo que vamos a promover y plantear tanto a los equipos directivos como a las AMPAS es que se hagan cartas de los niños y niñas de Alcorcón hacia Palestina y que sientan el cariño que estamos trasladando como sociedad a todos los civiles que están sufriendo”, explica la alcaldesa, que subraya la importancia de “alzar la voz contra este genocidio que se está produciendo a los ojos de todos”. 

El pasado 28 de mayo, con motivo del primer aniversario del reconocimiento del Estado palestino por parte de España, el Pleno Municipal aprobó el hermanamiento de la ciudad madrileña con Salfit, una de las regiones terriblemente azotadas por los ataques israelí. La medida consiguió salir adelante, eso sí, con los votos en contra de los grupos municipales del PP y Vox. Ahora, Testa asegura en conversación con este periódico que ya están “tramitando los visados” para traer al alcalde de Salfit a Alcorcón y firmar en persona ese hermanamiento. 

Rivas anima a llenar las escuelas de banderas palestinas

En Rivas Vaciamadrid, Izquierda Unida —que gobierna con el PSOE y Más Madrid— ignora las directivas de la consejería de Educación y anima al alumnado y a las AFAS a “llenar los centros educativos de banderas palestinas”.

En un comunicado, el grupo municipal denuncia las prohibiciones del gobierno de Ayuso y considera “inhumano” que se intente “silenciar las muestras de solidaridad hacia el sufrimiento del pueblo palestino”. Además, tacha de “hipócrita” al gobierno de Ayuso “por instar a los centros educativos a mostrar su solidaridad con Ucrania mientras ahora trata de censurar las muestras de solidaridad con Palestina”. 

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha recordado al Gobierno regional que los colegios son de titularidad municipal y que la Comunidad de Madrid solo regula la parte curricular y, por tanto, está fuera de su legitimidad decidir sobre estas actividades: “Es evidente que Ayuso y el Gobierno regional solo buscan imponer y recortar la libertad de los centros educativos para educar en valores y derechos humanos”, asegura en una nota hecha pública el pasado jueves. 

Además, para proteger al alumnado y profesorado que decidan adherirse a la defensa de los derechos humanos, el grupo de IU se pondrá a su disposición “para denunciar y asistir en los casos en los que se pretenda sancionar o amedrentar a profesorado, familias o alumnado por mostrar motivos solidarios con Palestina”.

Más Madrid y PSOE se desmarcan de una denuncia contra Montero y Belarra

En el Ayuntamiento de Cercedilla los grupos municipales Más Madrid y PSOE se han tenido que desmarcar de la decisión del gobierno municipal —del que forman parte, pero que encabeza el Grupo Independiente de Cercedilla— al anunciar el pasado martes en un comunicado que el consistorio tomará medidas legales por los “actos irresponsables” de “miembros de un partido político nacional” en el paso de La Vuelta ciclista a España por la localidad. En concreto, Ione Belarra e Irene Montero, secretaria general y eurodiputada de Podemos, respectivamente.

Fuentes de Más Madrid aseguran que se trata de una “iniciativa unilateral del alcalde”, David José Martín (Grupo Independiente de Cercedilla) y añaden que “en ningún momento fue acordado”. “Evidentemente, no estamos de acuerdo y estamos exigiendo que el alcalde dé marcha atrás inmediatamente”, han explicado a Europa Press en una conversación en la que han reivindicado que “todas las personas tienen derecho a manifestarse” y que “las protestas contra la presencia de Israel fueron pacíficas y multitudinarias”. Por su parte, fuentes del PSOE de Madrid también han explicado que el comunicado no representa la posición del partido, ni a nivel local ni a nivel regional.

Un nuevo curso académico en la Comunidad de Madrid supone un nuevo quebradero de cabeza para las familias que solicitan una beca educativa a la administración regional. Al mismo tiempo que se supo esta semana que una de cada tres solicitudes de las becas comedor resultaron denegadas el curso pasado, sin explicaciones sólidas por parte de la Consejería, se ha hecho público el nuevo contrato por el que la Comunidad ha aumentado este año un 18% el dinero otorgado a una empresa (Gureak) para externalizar la gestión de las solicitudes –un 135% más respecto al curso 2023/24–. 

Esta inversión no ha supuesto una simplificación del proceso ni una mayor asistencia a las familias que solicitan la ayuda. “Hay familias que están desesperadas”, denuncia la presidenta de la Federación madrileña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA Francisco Giner de los Ríos), Mari Carmen Morillas.

La Consejería de Educación no ha respondido las preguntas de este periódico referidas a los motivos que les han llevado a elevar por encima de los 650.000 euros el contrato a la empresa por la que se privatiza el servicio de recepción, gestión y comunicación de las solicitudes. “Toda la documentación sobre justificación e importes de los contratos públicos se puede consultar en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid”, aseguran estas fuentes, aunque el contrato lo único que argumenta es que la contratación de personal interino para realizar este trabajo supondría casi 200.000 euros más de dinero público. Así, la Comunidad de Madrid justifica el pago de 650.000 euros a una empresa licitada por la gestión de un servicio público como es la tramitación de las becas comedor, de gran importancia para familias en situación de pobreza.

Sin embargo, una gestión directa de la Comunidad podría facilitar la “comprobación automática de la renta” que, según la responsable de Incidencia Política de Educo, María Lafuente, es “fundamental” para que el derecho al comedor se extienda a todo aquel niño o niña que lo necesite. El curso pasado 137.000 alumnos se beneficiaron de la ayuda, que solo sufraga el comedor escolar en su totalidad al 2% de los solicitantes, el resto reciben la ayuda de casi la mitad del precio de este servicio escolar. Alrededor de 140.000 niños madrileños viven en una situación de pobreza severa y Lafuente incide: “La clave es que todo el alumnado que necesite esta beca la tenga, y eso en la Comunidad de Madrid no está pasando”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado lunes los datos macroeconómicos de la comunidad, que creció un 2,9% en el último año. Ayuso erige a Madrid como el “motor” económico que tira de España, “a pesar de” Pedro Sánchez. El Gobierno madrileño presumió hace unos meses de ampliar este curso la cobertura de la ayuda alimentaria a hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región y de ampliar los umbrales de renta permitidos en el caso de las familias numerosas, pero ha mantenido la partida presupuestaria en los 68 millones, como el curso anterior. Todo ello dificulta el aumento del número de niños que puedan recibir una beca que sufrague el 100% del precio del comedor escolar que, de momento, se limita prácticamente a las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital y a los alumnos amparados por la Protección Internacional.

A pesar de la ampliación del umbral de renta que se contempla para la concesión de las becas, Morillas remarca que “aún sigue siendo insuficiente”. De los 137.000 beneficiarios de las becas comedor del curso anterior aproximadamente 40.000 fueron los únicos que recibieron el sufragio total del coste del comedor escolar, una cifra muy por debajo del índice de pobreza infantil, que se sitúa en el 30,2%, superando los 300.000 niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.

Otro de los problemas según la presidenta de la FAPA es la dificultad burocrática del proceso que permite solicitudes únicamente a través de internet, en las secretarías de los centros y en ventanilla única, donde no se revisa que el solicitante haya presentado todo lo necesario para el trámite. “No es fácil”, dice Morillas, a lo que añade: “Y los recursos, menos”. Desde la FAPA aseguran que han tenido que “mediar” entre los colegios y la Administración porque hay centros y familias que llegan a una “bancarrota técnica” incluso antes de recibir las becas adjudicadas. La primera remesa de becas se recibió el año pasado en diciembre. “Para nosotros, el modelo ideal sería un comedor gratuito, universal y de gestión pública directa”, explica Morillas, a lo que Lafuente añade: “Es una herramienta clave de equidad educativa”.

Una sola respuesta: 'Excluido'

Pilar tiene dos hijos y una hija que estudian en cursos de primaria de un colegio público del barrio madrileño de Tetuán. A pesar de que los dos últimos cursos recibieron una beca parcial del precio del comedor escolar para cada uno de sus hijos, al intentar la renovación automática de la ayuda este año la respuesta de la Administración ha sido de una sola palabra: “Excluido”. Su unidad familiar supera este año por muy poco el umbral de renta permitido para la beca, pero continúa dentro de lo permitido si se consideran las tres solicitudes de sus tres hijos como miembros de una sola familia numerosa. Desde un primer momento, la gestora no lo ha tomado como tal.

En conversación con elDiario.es, Pilar relata la odisea que ha atravesado para intentar subsanar esta resolución y comunicarle a la Consejería que, en su caso, conforman una familia numerosa que está amparada por la ayuda. Al escribir al correo de contacto (infobecascen@madrid.org), recibió una respuesta automática que decía 'El buzón de correo del destinatario está lleno...', y cuando rellenó el formulario de contacto de la aplicación móvil, nunca recibió una contestación. Como la lista provisional se publicó el 31 de julio, los centros educativos estaban cerrados y las familias no podían acudir a ellos para poder preguntar. “La convocatoria se publica demasiado tarde”, denuncia la portavoz de Educo.

Tras recibir una segunda resolución negativa en la lista definitiva, con las mismas escasas explicaciones, Pilar cuenta su impotencia: “Si siempre me contestan lo mismo, y no puedo comunicarme con ellos, no sé si han mirado mi caso”. Aun así, ha presentado un recurso contra la decisión de la Comunidad de Madrid, a pesar de las dudas que le suscita el proceso: “Yo no soy abogada, no sé si hay que redactarlo de una manera determinada”. Mientras espera la respuesta final, Pilar y el resto de familias solicitantes pagan el precio completo del comedor escolar, en caso de poder hacerlo. “Conozco familias en mi colegio que no los llevan al comedor porque no pueden pagar lo que no cubre la beca o esperar a que les digan algo”, denuncia.

Un trámite que tanto para Pilar como para las fuentes expertas consultadas debería ser de comprobación y concesión automática por parte de la Administración es completamente opaco, sin información ni explicaciones y pone en riesgo el derecho alimentario de los alumnos. “Esto lo pagan los niños”, lamenta esta madre, que añade: “Es un derecho que no debería dejarse únicamente en manos de las familias”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este jueves que los jueces y fiscales deben ser “protegidos” frente a “campañas orquestadas” por parte del Gobierno central. Durante un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “amordazar al poder judicial” y ha mostrado su preocupación ante los casos de Begoña Gómez y David Sánchez: “Por ahora el único sentenciado es el propio juez”. Así, ha criticado las palabras de Sánchez, que defendió este miércoles la inocencia de su entorno e insistió en que estaban siendo juzgados por ser sus familiares. Sin embargo, fue el propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que insinuó sin pruebas el pasado lunes, cuando se hizo público que Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de fraude fiscal, delito contable y pertenencia a organización criminal, que la magistrada lo había hecho por intercesión de Sánchez en contra de la baronesa popular.

“Resulta que es la hermanita de un tipo al que [Fernando] Grande-Marlaska ha ascendido. Todo [Pedro] Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez tras la apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cambio, tres días más tarde Ayuso ha pedido “proteger” al poder judicial de “campañas orquestadas” por el Gobierno con el supuesto objetivo de desprestigiar su trabajo y frenar las investigaciones.

“No puede moverse de la Moncloa hasta que no culmine la diligencia, hasta que no amordace al poder judicial y no termine de carcomer la carrera fiscal al fin”, ha acusado a Sánchez, a quien ha señalado también diciendo: “Como hace él mismo operando contra el adversario, la alternancia política, para seguir en La Moncloa como poco hasta que someta al poder judicial a la prensa”.

Además, ha criticado que “ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada juez” y se ha preguntado “cómo será la persecución que está sufriendo” el juez Juan Carlos Peinado que “ha tenido hasta que querellarse contra dos ministros”. “El único que queda sentenciado ya es el juez de partida. Pues digo yo que esto no tiene cabida en una democracia liberal, donde creemos en la separación de poderes”, ha defendido.

Aun así, Ayuso considera que Madrid está siendo atacada por el Gobierno central y asegura que ella “no trata” así a sus “adversarios políticos”: “Yo no he tratado a mis adversarios políticos como sucede conmigo con respecto al Gobierno. Yo no sé dónde viven, yo no sé con quién duermen. Yo no utilizaría los medios de la Comunidad de Madrid para atacarlos, para desprestigiarlos, para meterme en sus vidas, ni lo hago por los ayuntamientos inferiores”.

Ha calificado a La Moncloa como “un culebrón caribeño”, ha defendido que España “vive una situación inédita” y ha zanjado su discurso diciendo: “Queridos amigos, precisamente es ahora cuando, para que la España que conocemos no se olvide de qué es, de quién es y para que nadie más se desanime, todo el mundo ayude a reducir este daño. Para proteger a jueces y fiscales de campañas que se orquestan desde el propio Estado, para que nuestro país tenga regiones escaparates en que mirarse”.

“La justicia sigue implacable, sigue su paso, y esto es lo que tiene que asumir el Gobierno”, ha valorado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el último movimiento del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El magistrado ha pedido este miércoles que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid sean juzgados ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. Ayuso ha celebrado esta decisión judicial tras el respaldo a los ataques de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, contra la independencia de los jueces por la apertura de juicio oral contra su novio. “Sánchez dirige las portadas de este país”, llegó a decir el martes ella misma en una rueda de prensa.

Rodríguez, por su parte, acusó el lunes a la jueza que lleva la causa contra Alberto González Amador de “no respetar” a la Audiencia Provincial y actuar según lo dictado por Pedro Sánchez. Lo hizo el mismo día que se confirmó la apertura de juicio oral contra la pareja de Ayuso, que se sentará en el banquillo por fraude fiscal, delito contable y pertenencia a organización criminal. En última instancia, Rodríguez señaló a Pedro Sánchez como el responsable último de esta decisión de la Justicia, una intromisión que supondría 'lawfare', ya que denuncia sin pruebas que la magistrada lo habría hecho a cambio de un ascenso para su hermano dependiente del Ministerio del Interior.

Dos días después de conocer que su pareja se sentará en el banquillo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de “extrema gravedad” la investigación de malversación contra Begoña Gómez y la causa del hermano del presidente, David Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias.

“La realidad es tozuda y, le guste o no, la justicia sigue implacable, sigue su paso y esto es lo que tiene que asumir el Gobierno. Que intente lo que sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España”, ha afirmado Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la clausura de la Jornada Agraria organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

El líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha preguntado este lunes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados “cuántos gobiernos democráticos soportarían que un familiar del presidente esté en el banquillo”. Posteriormente, el consejero portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha aclarado que el presidente popular se refería únicamente al caso de Begoña Gómez y a los delitos que se le imputan y no a los de González Amador que, insiste, es un “particular”: “No nos damos por aludidos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado al Gobierno central, con Pedro Sánchez a la cabeza, de “dirigir las portadas” de España y de marcar la “agenda mediática” para desviar la atención, sin valorar la apertura de juicio oral contra su novio, Alberto González Amador, que la jueza llevó a cabo este lunes. “Los escándalos en este país tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene”, acusa.

Ante las preguntas de los periodistas, Ayuso ha insistido en que la causa judicial contra su pareja, que le investiga por fraude fiscal, delito contable y pertenecencia a organización criminal, se remonta a unos años en los que no mantenían una relación. En cambio, González Amador compró en julio de 2022, cuando ya salían, la vivienda en una acaudalada zona de la capital donde continúa viviendo con la presidenta madrileña, y ocurrió en fechas próximas a la segunda declaración fraudulenta.

“Es una inspección fiscal que se retrotae a una época en la que apenas nos conocíamos”, ha excusado la baronesa popular, que ha añadido: “No tengo nada que ver”.

“Es una inspección fiscal que se produce hacia mi pareja cuando no era mi pareja, que no tiene que ver con mi gestión de la Comunidad de Madrid. Entiendo que mediáticamente sea muy atractivo, pero por mi parte poco más puedo decirles”, ha zanjado.

A continuación, Ayuso ha arremetido contra el hermano de Sánchez, que irá a juicio según se ha conocido este martes, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya rechazado los recursos del mismo. “Qué suerte tienen algunos porque, oye, puede encontrar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero contribuyente, qué suerte tiene”, ha señalado. La Comunidad de Madrid cuenta también con un organismo de radiodifusión público, cuya financiación depende de la Administración de Ayuso.

Acerca de las acusaciones de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de una actuación indebida por parte de la jueza que lleva la causa, Ayuso se ha limitado a decir: “No puedo valorar cada comentario que se hace en redes, ni la trayectoria de cada juez”.

“Respetamos cualquier actuación judicial a diferencia de lo que hacen otros partidos”. Así responden desde la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo tras el auto de procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental dictado este lunes contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador será así juzgado por defraudar a la Hacienda Pública 350.000 euros con facturas falsas. Fuentes de la dirección del PP consultadas por elDiario.es concluyen: “Conviene recordar, además, que se trata de un ciudadano particular y no de un cargo público”.

Más Madrid, por su parte, ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocer que la jueza ha enviado este lunes al banquillo a su novio, Alberto González Amador. Para el principal partido de la oposición madrileña, los delitos de los que se le acusa, fraude fiscal de 350.000 euros, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal, han sido determinantes en la vida de la baronesa popular. Ayuso y González Amador viven juntos en dos pisos que costaron 1,8 millones de euros, uno de su propiedad y el otro supuestamente alquilado. La pareja de la presidenta de Madrid dio de entrada 350.000 euros, la misma cantidad que había defraudado a Hacienda, para un piso que costó 850.000. Mientras que su abogado pagó 950.000 euros por el ático de la planta de arriba que la pareja disfruta a cambio de un alquiler de 5.000 euros mensuales.

“La 'organización criminal' y el fraude es lo que ha pagado los dos pisos donde vive ahora Ayuso”, ha denunciado Más Madrid a través de sus redes sociales. La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, añade: “Que vaya preparando las maletas porque tiene pinta de que va a pasar una temporada lejos del ático, y no precisamente en Rascafría.”.

Además, desde el partido exigen explicaciones a Ayuso por su férrea defensa de González Amador al conocerse la denuncia a la Fiscalía, publicada en exclusiva por elDiario.es. La presidenta calificó la causa judicial como una “inspección salvaje” en su contra y la achacó en últimos términos a una intención de dañarla a ella políticamente. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado han pedido para González Amador una pena de cárcel de tres años y nueve meses por la trama de facturas falsas para evadir sus responsabilidades fiscales, ya que la imputación por corrupción en los negocios con Quirón Prevención pertenece a otra causa judicial diferenciada.

Acerca de esta posible entrada en prisión de la pareja de Ayuso, Bergerot confía en que este juicio mandará un “mensaje”: “Ese mensaje es que la ley es igual para todos y aquí nadie se escaquea de rendir cuentas”. “Ya no hay forma de evitar lo inevitable”, ha asegurado, siguiendo la estela del mensaje de la formación: “Están acorralados y ya no hay barbaridad de Ayuso que les vaya a servir para tapar esto”.

Por su parte, el PSOE de Madrid ha recurrido a la expresión habitualmente usada por el director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para ironizar y compartir la noticia a través de un mensaje en la red social X: “Va pa'lante'”. Rodríguez suele utilizar en sus redes sociales la citada expresión para referirse a que alguien se sentará en el banquillo de los acusados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido la primera del Gobierno en pronunciarse sobre las nuevas informaciones acerca de las causas judiciales que rodean a González Amador. A través de un mensaje en redes sociales, García asegurado que Ayuso “tiene que explicar por qué salió de defender” a su pareja. “Ayuso tiene que explicar por qué salió a defenderle como presidenta de la Comunidad de Madrid: 'una inspección fiscal que como mucho era una multa”, ha recordado la ministra sobre el argumento de Ayuso en defensa de su novio cuando se conoció su imputación. El titular de Transportes, Óscar Puente, ha aludido también al delito de pertenencia a organización criminal que se investigará diciendo: “El dato de que era afiliado del PP hasta ahora era desconocido, ¿no?”.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “no tiene escapatoria” tras la apertura del juicio oral contra su pareja. “Esto es un supuesto delito como un supuesto castillo, que es lo que ha cometido la pareja de la señora Ayuso, que ha servido seguramente para financiar la vivienda donde vive la señora Ayuso”, ha dicho en declaraciones difundidas a la prensa.

“Los chanchullos de la señora Ayuso con Alberto Quirón acabarán mal. Solo es cuestión de tiempo. Y la justicia hoy da un paso más hacia la verdad, en algo que sabe todo Madrid”, ha zanjado.

Un total de 58.925 solicitudes de la beca comedor para familias vulnerables resultaron denegadas al final del proceso, un 36% del total de las solicitudes recibidas. El 99,5% de las becas denegadas responden a que los solicitantes no cumplen con requisitos “multimodalidad”, un término que la Consejería no explica, pero que el PSOE-M achaca a las trabas burocráticas que las familias han denunciado desde hace varios cursos. Unas trabas que han facilitado la presentación de dosieres incompletos para los requisitos excesivos. A pesar de que el Gobierno de Ayuso ha defendido la cobertura de esta prestación, con los 103.210 niños que la recibieron el curso pasado, no se ha conocido la cifra de rechazos hasta la pregunta parlamentaria efectuada por Lorena Morales, diputada del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.

Tal y como ha adelantado este lunes la Cadena Ser, y ha podido confirmar elDiario.es, más de un tercio de los niños se quedaron fuera de la protección alimentaria que suponen las becas comedor para las familias con dificultades económicas. “Ayuso tiene 140.000 niños y niñas en pobreza severa, pero sólo sacó 103.000 becas de comedor escolar”, señala Morales en conversación con este periódico, a lo que añade: “Madrid es rica solo para unos pocos, los suyos”.

La gestión de las becas comedor está adjudicada, desde hace tres años, a una empresa que presta el servicio para la Consejería, cuya partida se ha triplicado, de los 227.000 euros para el curso 2023/2024 a los 651.000 para el curso que comienza. Para Morales, esta inversión no se traduce proporcionalmente a un aumento en el número de beneficiarios becados. “Mientras el presupuesto para becas comedor no ha subido ni un euro para este año, el de la empresa que gestiona esas becas lo ha hecho un 17%”, denuncia la diputada.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido este lunes ante los periodistas que el hecho de que haya un gran número de solicitudes denegadas “no quiere decir que haya personas que tengan derecho a la beca que se queden sin ella”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la burocracia que hay detrás de estas solicitudes, que exige la aportación documental obligatoria a través de internet a familias vulnerables que no siempre tienen acceso a este servicio, y ha asegurado que “muchas familias se quedan fuera por trabas burocráticas o requisitos injustos”. Ha prometido, además, el registro de una proposición de ley por parte de su grupo parlamentario para “garantizar este derecho sin discriminación ni cargas burocráticas” a través de un “comedor universal gratuito y saludable”. “La burocracia está diseñada para expulsar a la ciudadanía de los derechos más básicos”, ha añadido.

El grupo socialista, a su vez, ha propuesto mejorar el umbral de renta para ampliar el derecho a comedor gratuito inmediato a todas las familias que ingresen menos de 35.000 euros al año.

Era 21 de junio de 2022 y el consejero de Educación en persona, Enrique Ossorio, visitaba el colegio público CEIP Eduardo Rojo, en Vallecas, para mostrar su apoyo y pasar revista de los puntos de ayuda humanitaria que se establecieron en varios centros madrileños para enviar a Ucrania. En las fotografías y declaraciones, rodeados de carteles y letreros en los pasillos del colegio, este miembro del Gobierno de Ayuso animaba a colaborar mientras condenaba la invasión rusa.

El Gobierno de Ayuso explicitó su respaldo a estas iniciativas escolares, orientadas también a recibir a niños y niñas afectados por la ofensiva militar. Casi tres años más tarde, los criterios de la Consejería han cambiado respecto a la dramática situación que se vive en la Franja de Gaza. A pesar de las casi 65.000 víctimas civiles asesinadas por el ejército israelí, la Inspección está ordenando a profesores y equipos directivos que retiren toda simbología palestina y mensajes de apoyo, y que cancelen las actividades en solidaridad con Palestina.

“Dejen de politizar los colegios”, zanjó este miércoles Ayuso cuando se conocieron varios casos de represión de estas muestras de apoyo en centros madrileños, sobre todo en institutos. El patrón de la presidenta madrileña pasa por considerar “politización” a toda manifestación diferente a su pensamiento, al igual que ocurrió cuando los campus universitarios madrileños realizaron acampadas para clamar por un alto el fuego en mayo y junio de 2024.

Para el Ejecutivo regional, unas llamadas por la paz son más urgentes que otras y hay víctimas que merecen la atención de la comunidad educativa y otras que no. Un total de 1.580 colegios públicos y concertados de Madrid albergaron en 2022 numerosas iniciativas, puntos de recogida y actividades para enviar comida y ropa al pueblo ucraniano, y colocaron mensajes de apoyo en los pasillos, como 'Ucrania te necesita' y una imagen de un niño con la bandera ucraniana dibujada en el rostro.

Sin embargo, la Administración de Ayuso defiende que denunciar el bloqueo de ayuda humanitaria que sufre Gaza, la hambruna sistemática y el genocidio del pueblo palestino es un adoctrinamiento que, además, tiene como fin último encubrir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Nos preocupa que esta ola de solidaridad decaiga y, lo peor, que nos acostumbremos a ver a diario imágenes atroces desde calles de toda Ucrania con muertes y destrucción sin saber que podemos hacer mucho por toda esa gente que sufre”, lamentó Ayuso el 16 de junio de 2022. Sin embargo, el pasado 10 de septiembre su discurso sobre la gente de Palestina, que también sufre por las calles de Gaza, fue muy diferente: “Nadie quiere que muera nadie, pero... Lo ha provocado gente capaz de violar y mutilar”. Justificó las muertes de inocentes porque, dice, Israel está “defendiendo” a los países europeos de la “islamización”: “Lo que está sufriendo Israel de la parte de Hamás nos va a ocurrir a nosotros también y no será muy tarde”.

Otro ejemplo de la doble vara de medir del PP de Madrid vino el pasado domingo durante las protestas contra el genocidio en La Vuelta ciclista a su paso por la capital. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó al presidente del Gobierno de agitar las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, y a los asistentes de “aplicar alguno de los métodos de ETA”. La multitudinaria protesta, en cambio, no ocasionó daños mobiliarios más allá de las vallas que se arrojaron al suelo para cortar el paso a los ciclistas por el recorrido. Mientras el PP calificaba de prácticas terroristas este corte del tráfico, ignoraban que en las protestas lideradas por la derecha es también algo habitual. La propia Aguirre hace dos años, en las protestas de extrema derecha frente a la sede del PSOE en Ferraz, animó a la muchedumbre a cortar el tráfico y colocarse más allá de las vallas colocadas por el dispositivo de seguridad.

“Queremos cortar el tráfico. Hay que explicárselo. Si cruzamos todos a la vez...”, propone la expresidenta en un vídeo de Estado de Alarma sobre la manifestación neonazi. Animando con los brazos a la multitud de enfrente, Aguirre repite: “Yo cortaría el tráfico”.

Ayuso ha marcado desde el inicio del curso político el camino al PP de cara a la ofensiva israelí en Gaza, evitando aludir al genocidio, ya declarado por el Consejo de las Naciones Unidas, pero que según Almeida no puede suceder porque ya lo sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Para la presidenta madrileña toda protesta por una causa que no comparte es “kale borroka”, una conspiración política en su contra o responde a los deseos de Pedro Sánchez para desviar la atención. Por ello, tilda de “salvajes terroristas callejeros” a los 100.000 manifestantes que lograron frenar el pasado domingo el trascurso de La Vuelta ciclista, una competición que permitió la participación del equipo Israel Tech, cuya empresa patrocinadora está en manos de un millonario sionista cercano a Benjamin Netanyahu. Ahora, los docentes que cuentan a sus alumnos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, apoyados en la libertad de cátedra, quieren “reventar la convivencia” en Madrid. Esta situación choca frontalmente con su lema político que airea la “libertad”.

Una manifestación de estudiantes convocada en la plaza de la universidad histórica de Alcalá de Henares ha protagonizado, junto con los gritos de los simpatizantes de Ayuso increpando a los manifestantes, la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid a este monumento, donde tiene lugar la apertura del curso universitario de la región. “Ayuso, sionista, estás en nuestra lista” y “¡Fuera empresas de la universidad!” han sido algunas de las proclamas de un centenar de personas que se han congregado en una de las esquinas de la plaza de San Diego, delimitados por vallas a cien metros del camino donde Ayuso ha sido recibida por la alcaldesa de la ciudad cervantina, Judith Piquet, y el consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana.

Uno de los momentos de máxima tensión lo han protagonizado cuatro representantes de los estudiantes del Claustro de la Universidad de Alcalá que han abandonado la ceremonia para unirse a la protesta. A continuación, la presidenta, rodeada de una nube de cámaras, ha evitado contestar las preguntas de los periodistas y ha saludado a sus simpatizantes, situados al otro lado de la plaza.

En conversación con este periódico, un universitario que prefiere no decir su nombre ha subrayado la importancia de la lucha de las universidades públicas por una correcta financiación, pero también por situaciones dramáticas del mundo como el genocidio en Gaza: “Ayuso dice que la política se tiene que quedar fuera [de las universidades], pero ella misma es la que lleva una política reaccionaria, que pinta como algo más técnico y profesional, pero todo es política”. “Movilizar y organizar a los estudiantes trabajadores es la única forma de conseguir derechos para los propios trabajadores y de organizar una alternativa real que represente a la clase trabajadora”, añade.

Ayuso rechaza la “cancelación” y el “sectarismo” en la educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes “las consignas, la manipulación, la colectivización y las coacciones de ningún tipo” en la educación, tras los recientes vetos de su Gobierno a la exhibición de muestras de apoyo a Palestina en centros públicos. Recibida por una concentración de estudiantes contra la infrafinanciación de las universidades y el genocidio en Gaza, Ayuso ha sugerido, en cambio, que “el que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse todo al menos una vez”.

Durante su discurso en la apertura del curso universitario en Alcalá de Henares, la presidenta madrileña ha contestado a las movilizaciones estudiantiles: “Llamamos al trabajo conjunto y nunca al enfrentamiento, ni tampoco a la politización. Tampoco vamos a aceptar la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo, el sectarismo”.

Sindicatos, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y estudiantes han respondido al veto que se conoció este miércoles, impulsado desde el Gobierno de Ayuso, para retirar símbolos y cancelar actividades de solidaridad con Palestina en colegios e institutos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. La comunidad educativa se ha movilizado para exigir a la Consejería de Educación una rectificación y el cese de las presiones para silenciar las voces de la enseñanza que claman por un alto el fuego y que defienden los derechos humanos en las aulas.

Esta respuesta de los profesores la lidera el sindicato minoritario Stem, que este miércoles recordó a la Consejería que toda limitación de la libertad de cátedra debe tener una “base legal justificada y proporcionada”; y la plataforma de profesores Menos Lectivas, que ha lanzado este jueves una campaña de llamamiento a la docencia madrileña para que acudan a clase portando símbolos palestinos como la sandía, la kufiya o los colores de la bandera.

“No nos vamos a callar ante el genocidio. ¡Viva la educación pública, viva Palestina libre!”, anima Menos Lectivas en el comunicado.

A su vez, más de 70 asociaciones de madres y padres de centros públicos y concertados han firmado este jueves un texto de condena al “hostigamiento de la Consejería de Educación a equipos docentes y familias por mostrar su apoyo a la población palestina”. En este comunicado, firmado por AMPAS de colegios e institutos de toda la región, exigen “que se respete la libertad de expresión de toda la comunidad educativa”.

“Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo y de todo nuestro sistema democrático. Por ello, apoyaremos e incentivaremos aquellas iniciativas que, tanto dentro como fuera de los centros educativos se lleven a cabo, para alzar la voz contra este genocidio”, añaden.

Sin embargo, la posición de la Consejería permenece en la negativa de permitir estas inciativas, a pesar de que en 2022 se colocaron símbolos en los mismos centros en favor de la población ucraniana que sufre la invasión rusa. Este miércoles la presidenta madrileña justificó estas acciones represivas con el objetivo de “no politizar” los colegios, a pesar de que la educación en derechos humanos está incluida en el currículo por el que se rige la enseñanza madrileña. “Dejen de intentar adoctrinar”, zanjó Ayuso.

Este jueves han salido nuevos testimonios de visitas o llamadas de Inspección que ordenan retirar banderas o carteles. El ayuntamiento de Rivas, uno de los municipios afectados, se ha rebelado contra estas restricciones y su alcaldesa, Aída Castillejo, ha recordado al Gobierno regional que los colegios son de titularidad municipal, y que la Comunidad de Madrid solo regula la parte curricular y, por tanto, está fuera de su legitimidad decidir sobre estas actividades: “Es evidente que Ayuso y el Gobierno regional solo buscan imponer y recortar la libertad de los centros educativos para educar en valores y derechos humanos”, asegura en una nota hecha pública esta tarde, una carta enviada enviada a los centros educativos y a las AFA de la ciudad en la que destaca que los centros escolares “son espacios donde el conjunto de la comunidad educativa trabaja cada día para construir modelos de convivencia basados en la igualdad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, los estudiantes tampoco permanecen impasibles. Varios adolescentes que tenían programada una reunión este jueves con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, critican las prohibiciones. Su instituto, comprometido con el genocidio en Gaza, continúa en lucha defendiendo estas muestras de apoyo. “No hay ningún tipo de opinión, solo exponemos los hechos, que son brutales y cada uno con su criterio que saque las conclusiones”, dice una de estas estudiantes.

El próximo 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, condecorará a La Vuelta ciclista y al ganador de la última edición, Jonas Vingegaard, con la Medalla de Oro de la región. Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno de la Cámara regional, en el que ha vuelto a arremeter contra el Gobierno, al que acusa de “jalear” las protestas que impidieron la celebración de la última etapa de la competición a su paso por Madrid. “Porque este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron (...) Y porque es una de las competiciones internacionales del pueblo de Madrid que han intentado desguazar”, ha explicado la baronesa popular acerca de su decisión.

Se trata del último pulso de Ayuso en contra de la presión del Gobierno, de la sensibilidad ciudadana y de las voces crecientes en Europa que tratan de impedir el genocidio en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, un genocidio ya declarado por la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas. Para la presidenta madrileña, estas protestas buscan “reventar la convivencia” en Madrid y no responden tanto a motivos humanitarios sino a cuestiones nacionales en su contra. Por ello, su última defensa en favor de Israel y su equipo ciclista ha sido la distinción de la Comunidad de Madrid a la competición, que blanqueó al régimen israelí permitiendo la participación de un equipo que pertenece a un millonario sionista cercano a Netanyahu, y al ganador, un ciclista danés que en realidad mostró su comprensión hacia las protestas.

“Por el deporte en libertad, por ser Madrid una región de integración, abierta al mundo y alegre, vamos a dar estas dos condecoraciones”, ha justificado.

La postura inflexible de Ayuso y Almeida, que niegan que esté ocurriendo un genocidio contra la población palestina, está marcando el discurso de un PP nacional que no había fijado su posición exacta respecto a Gaza. El PP ha celebrado la condecoración otorgada por Ayuso. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado su apoyo, alegando que “es muy positivo que se reconozca lo que han sufrido los organizadores y los ciclistas”. Para ella, esta medida de Ayuso es “una gran decisión” porque, según ha dicho, La Vuelta ciclista es “marca España” y “significa mucho para todas las generaciones”. “Es una de las fortalezas de nuestro país”, ha añadido.

Cuando comenzaron las manifestaciones pacíficas en las primeras etapas de La Vuelta, la presidenta madrileña marcó el tono comparándolas con el atentado en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, en el que once miembros del equipo israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando terrorista propalestino. “No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich”, dijo. A partir de ahí, ha aumentado su confrontación mediante la visita al equipo Israel-Premier Tech antes de la carrera, la fotografía con los ciclistas, las acusaciones al Gobierno de “jalear” las protestas y su calificación como “violencia política”.