Chile comenzó este miércoles la etapa política más conservadora desde el regreso a la democracia. El ultraderechista José Antonio Kast asumió la presidencia del país hasta 2030 y se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el fin de la dictadura, y también el primero desde entonces que respaldó a Augusto Pinochet y la continuidad de su régimen.

Kast, de 60 años, tomó el relevo del progresista Gabriel Boric tras recibir la banda presidencial y jurar el cargo en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, acompañado de jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina.

En su primer discurso como presidente, desde el balcón de La Moneda, apuntó al Gobierno que lo antecedió y dijo que recibió un país “en peores condiciones” de lo que podía “imaginar”.

“Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, insistió el nuevo mandatario ante cientos de seguidores que se congregaron frente al palacio de Gobierno para vitorearlo.

Acompañado de Pía Adriasola, la primera dama —un rol que ha recuperado tras ser haber sido suprimido en el Gobierno anterior— Kast señaló que ha instruido a su gabinete que audite todos los ministerios porque, según indicó, “la ciudadanía tiene el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

“Gobierno de emergencia”

Entre gritos de “Pueblo unido, Chile protegido”, Celia Álvarez, de 70 años, una de sus simptizantes, dijo a elDiario.es que espera que, en los próximos cuatro años, Chile “mejore como país después de lo que pasó, que la delincuencia se desató”. Cadir Cruz, cubano de 37 años que lleva 11 en Chile, pidió a Kast “mejorar la economía, la seguridad y las libertades” y “recuperar el tiempo perdido con Boric”.

Padre de nueve hijos y ultracatólico, el nuevo mandatario ha prometido instalar un “gobierno de emergencia” para revertir la situación en materia económica y de orden público que, según él, ha legado al país el Ejecutivo de Boric, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron en este mandato.

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad”, dijo el dirigente desde el palacio de gobierno, que a partir de hoy se convierte en su casa, a pesar de que desde 1958 había dejado de ser residencia presidencial.

“La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda, no para someter, sino para proteger”, dijo Kast en su alocución.

Antes de su comparecencia y en un gesto inusual en la tradición chilena, firmó varios decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, como el llamado Plan Escudo Fronterizo para “desincentivar la inmigración irregular” y “construir barreras físicas”.

100 días de “luna de miel”

Kast, que ganó las elecciones al tercer intento, ha formado una coalición de gobierno con miembros del Partido Republicano, en el que militó hasta horas antes de jurar el cargo, junto con la derecha tradicional y algunos partidos pequeños de centro.

La mayoría de sus ministros –13 hombres y 11 mujeres–, que también asumieron este miércoles sus cargos, provienen del sector privado y académico y tienen un perfil poco político. Dos de los nombres más polémicos son los que encabezarán las carteras de Justicia y Derechos Humanos y Defensa, donde ha designado a dos antiguos abogados que defendieron al dictador Augusto Pinochet y a su familia en distintas causas.

“Hay una experiencia acumulada de dos gobiernos de la derecha tradicional, pero la duda recae en cómo será la conducción de esos cuadros”, dice a elDiario.es Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile.

A partir de ahora, Kast pone en marcha su llamado “Plan desafío 90”, una hoja de ruta para los primeros tres meses de Gobierno que incluye medidas administrativas, cambios reglamentarios y proyectos de ley para despachar en el Congreso y aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia.

“La seguridad podría ser un problema recurrente, si no hay medidas concretas o el manejo comunicacional no es adecuado en los primeros 90 días”, precisa Avendaño.

Para la politóloga Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado, Kast “contratará con un período de luna de miel de 100 días, en los que debería encaminar sus proyectos más importantes”, pero, según ella, por la composición del Parlamento, “no es difícil que –en eso– tenga perspectivas de éxito”.

Aunque deberá lidiar con un Parlamento dividido y sin mayoría de su sector, que dependerá de los apoyos del populista Partido de la Gente (que no les asegura el voto) las presidencias de ambas Cámaras pasaron este miércoles a manos de la derecha tradicional, lo que allana el camino del nuevo presidente para la primera etapa de su mandato.

Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 —como él—, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró el centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones —el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura—; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 euros) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica a elDiario.es Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, ha instalado la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano han disminuido en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario ha admitido que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que —dice— “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

Desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast se ha dedicado a recorrer América Latina y el mundo para estrechar lazos con gobernantes afines y tomar apuntes de algunas políticas, sobre todo en materia de seguridad, que pretende estudiar para exportar a la realidad chilena.

En el último mes y medio, ha viajado a Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y El Salvador, y ha sido recibido por los presidentes de todos los países, con los que comparte ideología política. La semana pasada, además, también fue a Bruselas, Hungría e Italia en la que es su quinta gira como mandatario electo.

Kast, que a partir del 11 de marzo se convertirá en el primer mandatario de ultraderecha de Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es el presidente electo que más viajes internacionales ha hecho antes de tomar posesión.

“Es un esfuerzo deliberado por construir una imagen de liderazgo activo, resolutivo y ejecutivo desde el primer día posterior a la segunda vuelta”, explica a elDiario.es Michelle Hafemann, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Según ella, Kast intenta “proyectarse” como un presidente que “no se queda en las declaraciones ni en las promesas”, sino que “se reúne con mandatarios internacionales, comenta la contingencia política nacional y se involucra tempranamente en los temas que marcarán su agenda”. 

El futuro presidente, de 59 años, ganó las elecciones con la promesa de crear un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegada de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en Chile han disminuido en el Gobierno del progresista Gabriel Boric. 

Son gestos y señales que, según Hafemann, buscan “contrastar” la imagen que el Partido Republicano de Kast ha construido sobre la Administración de Boric, a la que presenta como “lenta, ineficiente y con dificultades para responder a las urgencias del país”.

Alianzas y temas prioritarios

La primera salida al extranjero llevó a Kast a la vecina Argentina, estrecho socio comercial, donde se reunió con el presidente Javier Milei, su aliado político y con quien se dejó fotografiar con la polémica motosierra. Luego viajó a Perú para proponer a José Jerí, sin éxito, la idea de crear un corredor humanitario que permitiera el paso de venezolanos que quisieran regresar a su país. En Ecuador, también trató de convencer a Daniel Noboa de lo mismo. 

A finales de enero visitó República Dominicana, donde llegó hasta la frontera con Haití y recorrió la “verja inteligente” instalada por el Gobierno de Luis Abinader; y Panamá, donde intervino en el Foro Económico de América Latina y el Caribe para pedir “unidad” en la región en el combate contra el crimen organizado. También sostuvo un encuentro con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien está ideológicamente en las antípodas.

Su gira por Centroamérica culminó en El Salvador, donde visitó por segunda vez (la primera fue en 2024) el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de alta seguridad levantada para aislar a los pandilleros, y se reunió con Nayib Bukele. “Queremos pedirles la colaboración para mejorar nuestro sistema penitenciario y conocer su derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, pero de acuerdo a nuestra realidad”, dijo desde allí el presidente electo.

Su despliegue, en un contexto regional tensionado por la crisis venezolana, tiene dos líneas, según comenta a elDiario.es Paz Milet, analista internacional de la Universidad de Chile. “Reforzar las alianzas que él había generado con anterioridad, pero también generar nuevos espacios de diálogo en la región”, dice. Según ella, el ultraderechista plantea que “la región se enfrenta a demandas y amenazas transnacionales, por lo que es fundamental actuar coordinadamente”.

Además del control de la migración y el combate al crimen organizado, Kast apuntó también a la reactivación económica, un objetivo que ha buscado en su gira por Europa. 

Acompañado del presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo la semana pasada en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro celebrado en Bruselas y organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024 y que tiene al exministro español Jaime Mayor Oreja como su presidente de honor.

Luego se trasladó a Hungría para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración —mostró interés en las vallas de alambre fronterizas para evitar el ingreso de refugiados— y el apoyo a la familia. Finalmente, llegó a Italia, interesado en conocer más sobre el “sistema carcelario” impulsado por Georgia Meloni y atraer inversiones, sobre todo en el sector energético. 

Tras su regreso de las vacaciones, en febrero, planea una gira por Estados Unidos, según trascendió en la prensa local, para “acercarse” —dice Milet— al presidente Donald Trump, con quien Boric ha mantenido varias tensiones.

Diferencias con el gobierno anterior

Los presidentes electos en Chile han mantenido, tradicionalmente, un perfil más bajo en política internacional antes de asumir formalmente el cargo. “Kast rompe con esa tradición para reforzar la idea de un liderazgo eficiente y en acción”, dice Hafemann. 

Para el politólogo de la Universidad Diego Portales Rodrigo Espinoza, Kast está demostrando “que no hay que esperar hasta marzo y que en realidad las decisiones ya se están tomando”, además de querer dejar claro que “va a haber un giro desde el día uno en la forma en la que se está gobernando”. 

Habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical

Rodrigo Espinoza — politólogo de la Universidad Diego Portales

Sin embargo, las salidas al extranjero pueden abrir nuevos flancos al futuro mandatario, que hasta ahora —y durante toda la campaña— había mostrado su lado más moderado y evitó referirse a cuestiones de valores y libertades individuales. En la cumbre celebrada en Bruselas, retomó las riendas de la batalla cultural y pronunció su discurso más ideológico hasta ahora: “Hoy experimentamos los frutos de una cultura dominada por los -ismos (…) el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza a la integración”, dijo.

Su discurso, dice Hafemann, “remite a un Kast marcadamente conservador, muy similar al que conocíamos antes del giro estratégico de la campaña”, por lo que “no queda del todo claro cuál de estas dos versiones será la que efectivamente gobierne”. “Se aprecia una tensión evidente con la idea de que los temas culturales e identitarios no serían una prioridad de su eventual gobierno”, añade la analista. 

Para Espinoza, “habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical”. 

Los expertos recuerdan que aunque estos gestos ocurran fuera de Chile, la información llega completa al país, donde circula simultáneamente la imagen del líder conservador ideológico y la del presidente orientado a la gestión. “La cercanía con referentes internacionales abiertamente conservadores —concluye Hafemann— puede tensionar esa realidad y generar fricciones entre las promesas de moderación hechas en campaña y las señales ideológicas que hoy se proyectan hacia el exterior”.

En medio de la censura, el miedo y las mordazas que impuso la dictadura de Augusto Pinochet en Chile a partir de 1973, un eco emitido a 14.000 kilómetros de Santiago, desde Moscú, logró romper el cerco informativo, trascender las fronteras y convertirse en el cable que conectó el exilio con la resistencia dentro del país para denunciar las violaciones a los derechos humanos.

Radio Moscú, una emisora soviética que tuvo un rol fundamental durante la Segunda Guerra Mundial para los países dominados por el fascismo, comenzó sus emisiones para Chile el 18 de septiembre de 1973, una semana después del golpe de Estado. Como respuesta al golpe militar y bajo la iniciativa del Gobierno soviético y del Partido Comunista de Chile (PC), puso en marcha el programa Escucha Chile, un espacio de 60 minutos dedicado al análisis político y cultural que, además, informaba sobre los horrores del régimen pinochetista.

“Escucha Chile, las noticias que la Junta (militar) esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo”, decía su sintonía de bienvenida.

“El Gobierno soviético apoyó la idea de que Radio Moscú dedicara parte de su programación para Latinoamérica al programa Escucha Chile, una experiencia liderada por periodistas, intelectuales, comunicadores muy comprometidos con el proceso socialista chileno de Salvador Allende (1970-1973)”, explica a elDiario.es el periodista Raúl Rodríguez, autor del podcast Escucha Chile, la voz de la solidaridad (Sonora Media, 2024), nominado a los Premios Gabo 2025.

Quienes informaron desde ahí coinciden que Escucha Chile fue mucho más que un programa radiofónico. “Tuvo un papel fundamental para denunciar, salvar vidas y dar a conocer dónde estaban los detenidos”, dice a este periódico María Victoria Corvalán, una de sus locutoras. Hija del histórico dirigente Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista durante la dictadura, llegó a la emisora moscovita con 19 años, cuando llevaba cinco en el exilio.

“Una red de informantes impresionante”

El primer chileno que habló en esos días por Radio Moscú fue el parlamentario comunista, escritor y filósofo Volodia Teitelboim, quien se encontraba en Italia durante el golpe y fue enviado por su partido a Rusia, donde terminaría dirigiendo Escucha Chile. Meses más tarde, llegaron el escritor José Miguel Varas –premio nacional de Literatura y que se convirtió en redactor jefe del programa– y los periodistas Eduardo Labarca, del diario comunista El Siglo, y Guillermo Ravest, quien difundió el último discurso de Allende por Radio Magallanes antes de que fuera silenciada por el régimen.

“Los soviéticos dieron la máxima potencia a sus equipos de onda corta, que rebotaba en el océano, llegaba a Chile y se podía escuchar con mucha claridad”, cuenta Eduardo Labarca, quien pasó en Moscú ocho años de sus cuatro décadas en el exilio. El programa tenía una audiencia “enorme” –relata– porque ofrecía “las noticias que la dictadura ocultaba”, a través de “una red de informantes impresionante”.

Había exiliados chilenos de hasta 40 países que escuchaban el programa –cuenta Labarca–, incluso muchos lo grababan y lo “imprimían en boletines” para el exilio. Según él, muchas noticias llegaban a través de familiares de víctimas del régimen que llamaban a algún exiliado para avisarle de las detenciones y, luego, eran estos exiliados quienes avisaban a Moscú para que divulgara la información. “La noticia era conocida, entonces, en Chile y en el exilio, y lo que la dictadura había querido mantener en absoluto secreto, se empezaba a difundir”.

Escuchar ‘La Mosca’

Parte importante de la información que transmitía Escucha Chile procedía de la prensa clandestina, como el periódico Unidad Antifascista, dirigido desde septiembre de 1973 por el periodista Marcel Garcés.

“Nos hacían llegar la información de distintas maneras: de forma personal, en cartas, hojas o papelitos y, a la vez, la entregábamos a alguien del equipo para que la mandara a Moscú”, cuenta Garcés, que en los años 80 llegó a formar parte del equipo de la emisora en Moscú. “Trabajábamos muy compartimentados, para que no hubiera posibilidad de, si caía alguien, seguir toda la cadena”, relata.

Tampoco faltaba el contenido de la prensa chilena, que llegaba a Moscú a través de aerolíneas escandinavas. “En el aeropuerto trabajaban varios exiliados chilenos que recogían los diarios que se regalaban arriba del avión y nos enviaban un tremendo paquete en vuelos que llegaban directamente a Moscú”, recuerda Labarca.

Nos transformamos en el programa que escuchaban tanto chilenos como la propia dictadura

Marcel Garcés — Periodista

Otra forma, mucho más ingeniosa, era a través de envases, en especial en frascos de colonia de la marca Rodrigo Flaño, una cajita verde con letras doradas en la que introducían un mensaje que también viajaba en avión, recuerda María Victoria Corvalán.

“Nos transformamos en el programa que escuchaban tanto chilenos como la propia dictadura”, comenta Garcés. En plena noche, por la diferencia horaria, las familias se reunían a hurtadillas y en silencio absoluto, corrían las cortinas y bajaban el volumen de sus transistores de onda corta con antenas caseras, recuerdan los periodistas. Era el ritual de escuchar Radio Moscú, “la Mosca”, para sus seguidores incondicionales.

Desde la capital de la URSS se emitían tres horas diarias de contenido sobre Chile en dos franjas horarias distintas que repetían la programación. “De todas las redacciones internacionales de Radio Moscú, que entonces transmitía en 20 lenguas, éramos la que tenía más facilidades y libertad editorial”, dice Labarca.

“Una voz de esperanza en plena dictadura”

Uno de los episodios más recordados por los exintegrantes de la emisora es la llamada telefónica desde el programa al campo de prisioneros de Ritoque, en la región de Valparaíso, unos 150 kilómetros al noreste de la capital. Eduardo Labarca contactó en directo con el centro de reclusión para informar a Luis Corvalán, preso en el lugar, de que había sido reconocido con el Premio Lenin de la Paz, un importante galardón que entregaba la URSS.

Los militares cortaron la conexión, pero los prisioneros escucharon la emisión en vivo por un pequeño transistor que atesoraban. “Cuando los presos oyeron la noticia lo celebraron con una botella de pisco que tenían escondida”, cuenta Labarca.

A final de la década de los 80, con una tímida apertura de los medios informativos en Chile, el papel de Radio Moscú “se fue reduciendo” porque “ya no era tan indispensable para saber lo que ocurría en el país”, narra María Victoria Corvalán en su tesis de final de carrera, en la que escribió sobre ello. Escucha Chile se emitió por última vez el 31 de enero de 1990, un mes y medio antes de que asumiera el primer presidente de la democracia, Patricio Aylwin (1990-1994).

“La radio rompió las fronteras y la censura, fue una voz de esperanza en plena dictadura”, concluye Corvalán.

Gracias a locutores, opositores que sostuvieron en la clandestinidad el envío de información a Rusia y a la fiel escucha de exiliados y oyentes, el programa se mantuvo en antena desde el inicio hasta el final del régimen, 17 años sin interrupción.

El ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile con un cómodo margen y se convierte en el primer líder de la extrema derecha en llegar al Gobierno desde el retorno a la democracia.

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, gracias al apoyo de la derecha tradicional de Evelyn Matthei y de la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, Kast ha superado a la progresista Jeannette Jara, que encabezaba la mayor coalición de fuerzas de centroizquierda e izquierda. Kast ha recibido un 58,1% de los votos, mientras que Jara obtiene un 41,8%.

En su primer discurso, el ultraderechista ha prometido que será “el presidente de todos, sin excepción”, y ha prometido “un cambio real” en el país. Kasta ha afirmado que Chile “ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”, ha declarado quien será el primer presidente pinochetista después de décadas. “Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”, ha agregado en su discurso frente a miles de sus seguidores en Santiago.

Kast ha ganado en todas las regiones del país, incluso donde se había impuesto Jara en la primera vuelta (el sur del país, en la Metropolitana y la región de Valparaíso, bastión tradicional del centro-izquierda e izquierda). “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”, ha señalado Jara. “Nos toca ahora hacer oposición y el camino de la unidad es el único que merece la pena. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica y tenemos una fuerza social y cultural que debemos consolidad, cuidar y hacer crecer. No hay espacio para el desánimo, hay una tarea que continúa”, ha añadido.

“No queremos promocionar el odio. Somos un solo país”, ha asegurado en tono conciliador. “Debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado”, ha añadido.

A la tercera, la vencida

Kast llegará a la La Moneda tras su tercer intento (los anteriores fueron en 2017 y 2021) y pese a haber perdido la primera vuelta contra Jara por la fragmentación de candidaturas dentro de su propio sector. 

De 59 años, es hijo de un matrimonio de migrantes alemanes –su padre estuvo afiliado al partido nazi– y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Fue diputado 16 años por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido nacido al alero del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) al que abandonó para fundar el Partido Republicano.

Un defensor de Pinochet en La Moneda

Con estrechos vínculos con la dictadura, la ha defendido a lo largo de su trayectoria política: su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su carrera ha aplaudido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

Hasta ahora, el primer y único presidente de derecha en Chile desde el retorno a la democracia había sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Con la gran promesa de formar un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos colocó la seguridad y el orden público en el centro de la discusión electoral. Según su programa, blindará la frontera norte con vallas y zanjas, construirá cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico y endurecerá las penas para cualquier delito, entre otras.

Tras su victoria, ha afirmado que “quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley”, advirtiendo de que “los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos”. Ha dicho que su victoria “no es la meta, sino el punto de partida”, desde el cual los cambios que propone empezarán a aplicarse “de inmediato”, pero frente a las expectativas que puedan tener los votantes, les ha advertido de que “los resultados no se verán al día siguiente”.

Con el triunfo de Kast, Chile se suma a la ola de gobiernos ultraderechistas del mundo y de la región, consolidando un nuevo polo en Sudamérica, junto con la Argentina de Javier Milei y con la mano tendida a Donald Trump. Pese a tener agendas muy parecidas, el tono y las formas del ultra chileno son menos agresivas y confrontacionales que las de estos otros mandatarios del continente. Su perfil es más parecido al de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de quien se ha declarado admirador, o al de la francesa Marine Le Pen.

Meloni ha felicitado a Kast por su victoria a través de un mensaje en X: “Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile”. “Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más”, ha afirmado la primera ministra.

En el continente americano, Milei ha expresado su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien ha calificado de “amigo”, y ha asegurado que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”. Desde las antípodas del espectro político, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha felicitado a Kast y le ha deseado “mucho éxito”, reafirmando el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido de que “vienen los vientos de la muerte” a América tras la victoria de Kast, afirmando que “el fascismo avanza” y que él jamás le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, comparando el ganador de las elecciones en Chile con la figura de Pinochet.

Desde Washington, el secretario de Estado de Donald Trump ha felicitado a Kast en un comunicado y se ha mostrado convencido de que, bajo su liderazgo, “Chile va a avanzar en prioridades compartidas, que incluyen fortalecer la seguridad pública, poner fin a la inmigración ilegal y revitalizar la relación comercial con EEUU”.

Kast recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de parte del mandatario saliente, Gabriel Boric, que por ley no pudo presentarse a la reelección. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya anunció hace días que el Gobierno de Kast incorporará a ministros de la coalición de la derecha tradicional, Chile Vamos, que lo ha apoyado en estos comicios, pero está por ver si se sumará también el ultraderechista radical Johannes Kaiser, quien tras perder la segunda vuelta hizo campaña por Kast, pero no ha aclarado si quiere integrar el próximo Ejecutivo chileno. 

Si los pronósticos de las encuestas se cumplen, Chile elegirá este domingo al primer presidente de ultraderecha desde el retorno a la democracia. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llega como favorito según todos los sondeos, por delante de la candidata progresista, la exministra Jeannette Jara, quien ganó la primera vuelta con el 26%, al frente de la coalición más amplia de la historia del país, pero con escasas posibilidades de suceder a Gabriel Boric, que dejará La Moneda el próximo 11 de marzo.

Kast, que intenta por tercera vez llegar a la presidencia y quedó segundo en noviembre con el 23,9% de votos, superaría ahora el 50% gracias al apoyo de la extrema derecha más radical del excandidato Johannes Kaiser y de la derecha tradicional de Evelyn Matthei, que, tras quedar en cuarto y quinto lugar en la primera vuelta, se apresuraron a respaldar al ultraconservador. Aunque el traspaso de votos nunca es exacto, el escenario para Jara es complejo: solo puede intentar captar los indecisos del populista de derecha Franco Parisi, tercero con el 19% de votos.

Todos los expertos coinciden en que el escenario es muy favorable para Kast, exdiputado de la derecha tradicional más conservadora que abandonó para fundar su propio partido, más radical. Creen que será difícil que Jara logre revertir el llamado “péndulo chileno”, una tendencia que se repite desde 2006 basada en que ningún mandatario chileno ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Orden público y migración, en terreno de la derecha

La recta final de la campaña presidencial –en la que ambos candidatos han ido escalando la confrontación– ha mantenido el foco en la seguridad, el orden público y el control migratorio, que la ciudadanía sitúa como sus principales preocupaciones.

Los dos candidatos están peleando la misma agenda

Claudia Heiss — Red de Politólogas

“La derecha tiene la primera opción de ganar cuando la discusión se juega en esos temas”, dice a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Según él, “ha sido la campaña menos woke (algo así como progre) posible”. Para Claudia Heiss, de la Red de Politólogas, “los dos candidatos están peleando la misma agenda”.

Pese a su histórica militancia en el Partido Comunista chileno (PC), que aseguró que suspendería en caso de ser electa como señal de “amplitud”, Jara “no ha hecho una campaña de bandera roja, el martillo y la hoz, ni de la bandera verde del feminismo, ni de la diversidad sexual”, afirma Bellolio, quien sostiene que Boric, en 2021, “estaba mucho más a la izquierda”.  

Las anteriores elecciones, en las que Kast ganó la primera vuelta, “estuvieron muy marcadas por la agenda del estallido social, de la sensación de abusos, de la colusión, de las demandas sociales”, recuerda Heiss. 

Tras el fracaso de los dos procesos constituyentes de 2022 y 2023 –el primero liderado por la izquierda e independientes y el segundo por la ultraderecha de Kast– la mayor ola de protestas desde la democracia fue “estigmatizada” y marcada como un “momento de delincuencia y destrucción”, dice la politóloga. “Se construyó un relato que vinculó el estallido social con la crisis posterior de la pandemia, la economía y la delincuencia”, agrega. La alternativa que se intentó construir –dice– “no prosperó” y en su lugar se consolidó “una mirada mucho más conservadora y preocupada de la estabilidad y la seguridad”. 

Dos supuestos extremos “moderados”

Si Jara optó por jugar en el terreno de la derecha y mostrar firmeza en materia de seguridad, Kast trató de evitar los temas de la llamada “batalla cultural”, como el aborto o la eutanasia, y eludió hablar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) pese a su historia familiar y política. Su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su trayectoria política, ha defendido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

“Kast no ha mencionado los temas más disruptivos para él porque en la elección pasada le quitaron votos”, apunta Heiss. 

Para Bellolio, ambos candidatos “se han moderado”. En su opinión, hoy existe una “polarización afectiva,” pero no necesariamente “ideológica o programática”, y hay “mayor convergencia entre las dos candidaturas pese a venir de las antípodas”.

¿Protagonismo de nulos y blancos?

Una de las grandes incógnitas de esta cita electoral es el voto nulo o blanco, que podría marcar un récord en la historia electoral del país. Parisi llamó a apostar por una de estas dos opciones tras una polémica consulta a su militancia.

Aunque Chile tiene una baja tendencia al nulo o blanco, la obligatoriedad del voto –que se aplica por primera vez en una segunda vuelta presidencial– elimina la abstención como posible respuesta para el votante desencantado. 

“Es una apuesta arriesgada porque, si los votos nulos o blancos son menores de lo esperado, estaríamos ante un electorado que no obedece a su líder natural”, apunta el sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile Octavio Avendaño.

“Derechización de la derecha”

Una victoria de Kast modificaría el mapa de alianzas regionales con la Argentina de Javier Milei y Chile como principales polos de la extrema derecha en Sudamérica, alineados con El Salvador de Nayib Bukele y Donald Trump en Estados Unidos, dispuesto a restaurar su dominio regional tras años de desinterés.  

Para la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López, la gran pregunta es “cómo ambos candidatos se posicionarán frente a Estados Unidos y China”, un asunto poco presente en la campaña y que, afirma, “no es evidente en ninguna de sus agendas”.

Son los votantes del sector de la derecha quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas

Cristóbal Rovira — Politólogo de la Universidad Católica de Chile

A su juicio, el posible triunfo de Kast se relaciona más con un “castigo” del electorado por el “descontento socioeconómico acumulado, expectativas incumplidas, inseguridad ciudadana o crisis migratorias” que con una “derechización” de Latinoamérica. Cree que se han visto ejemplos similares con el peronismo y Milei en Argentina, el uribismo y Petro en Colombia, o con los procesos de continuidad que han vivido México o El Salvador.

Para Cristóbal Rovira, politólogo de la Universidad Católica, hay una “derechización de la derecha” empujada por la competencia interna: “Son los votantes de ese sector quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas”, dice el experto en este espectro político.

Congreso fragmentado

Uno de los desafíos para el próximo presidente o presidenta será lidiar con un Congreso muy fragmentado y con mayoría de derecha, aunque insuficiente como para evitar negociaciones.

“Ni la izquierda ni la derecha tienen una mayoría aplastante para pasar la aplanadora a la otra”, señala Heiss. Ante un gobierno de extrema derecha que “quizá quiera imponer algunas medidas radicales”, el Parlamento podría actuar “como un factor moderador”, vaticina. Sin embargo, la alta presencia de independientes, la fragmentación y la indisciplina partidaria hacen que las votaciones sean difíciles de anticipar.

El nuevo Congreso asumirá sus funciones en marzo, el mismo día en que lo hará quien sea electo en los comicios de este domingo. 

La candidata progresista Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile seguida muy de cerca del aspirante ultraderechista José Antonio Kast. Jara, con un 26,8% de los votos, tiene algo más de dos puntos de ventaja sobre Kast (23,9%).

Tal y como pronosticaban las encuestas, Jara gana la contienda, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, en la que se enfrentará con Kast, líder de la extrema derecha más tradicional, el 14 de diciembre. En tercer lugar, queda Franco Parisi, populista de derechas, con un 19,7%, cuyos votos serán de gran importancia para la segunda vuelta. El presidente, Gabriel Boric, ha felicitado a ambos candidatos y ha deseado suerte a los dos.

Johannes Kaiser, que encabeza el sector más radical de la extrema derecha y amenazaba a Kast por el segundo lugar en las encuestas, queda en cuarta posición (13,9%); y Evelyn Matthei, conservadora, ocupa la quinta posición con un 12,5%. Sin embargo, sus votantes serán decisivos para la elección del próximo presidente de Chile y ambos han trasladado públicamente su apoyo a Kast en el desempate del próximo mes. Sumando sus porcentajes al de Kast, el ultraderechista superaría el 50%.

Jara lidera una inédita coalición de fuerzas progresistas, la más amplia de la historia chilena. Por primera vez, una militante comunista se impone en la primera vuelta de unas presidenciales, lo que significa, en cierta medida, un triunfo para su partido en un país donde el anticomunismo es visible y vigente. La presidenciable ha señalado que, de ser electa, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

Exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años y militante histórica comunista, Jara propone, entre otras medidas, fortalecer el control de las armas de fuego y levantar el secreto bancario para seguir la ruta del crimen organizado. Para rebajar “el costo de la vida”, propone el llamado “sueldo vital” de 750.000 pesos (unos 695 euros), una de sus propuestas estrella, con aumentos graduales del sueldo mínimo (hoy en 529.000 pesos) y transferencias directas a los trabajadores; y un “hipotecazo”, destinado a jóvenes de hasta 40 años para optar a una primera vivienda. 

Kast, de nuevo a por La Moneda

Kast, que intenta por tercera vez llegar a La Moneda, se enfrenta al escenario opuesto al de hace cuatro años, cuando ganó la primera vuelta presidencial, pero perdió el cara a cara contra Boric. Fue la primera vez en Chile que quien ganó la primera convocatoria no llega a la presidencia.  

El exdiputado, de 59 años y líder del Partido Republicano, propone un polémico recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio, aunque a pesar de las preguntas de la prensa no ha detallado la fórmula para concretarlo. También quiere instalar cárceles de máxima seguridad y aislamiento para líderes del narco, endurecer las penas para miembros del crimen organizado y financiar unos 2.000 vuelos para deportar migrantes en situación irregular a sus países de origen. 

Era la primera vez desde el retorno a la democracia que dos candidatos competitivos de extrema derecha tenían opciones de pasar a segunda vuelta. La alianza de las dos ultras y la derecha tradicional, sumada a parte de los votos de las otras cuatro candidaturas (de un total de ocho), será fundamental en el duelo del próximo mes, coinciden los expertos. La sorpresa respecto a las encuestas la ha dado Parisi, que repite el escenario de 2021, cuando también quedó tercero y desplazó por primera vez a la derecha tradicional.

A partir de este lunes, se abre un nuevo período de campaña electoral (la propaganda iniciará 15 días antes) para que tanto Jara como Kast relancen sus respectivas candidaturas de cara a la segunda vuelta, que se prevé muy polarizada. Desde 2006, ningún presidente ha sido relevado por un sucesor de su misma línea política y el poder ha oscilado entre el centroizquierda (o izquierda en el caso de Boric) y la derecha, como un péndulo.

Más de 15,6 millones de personas estaban llamadas este domingo a elegir al sucesor de Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. Estas han sido las primeras presidenciales con voto obligatorio.

Chile vota este domingo en unas elecciones presidenciales inéditas entre ocho candidatos en las que por primera vez desde el retorno a la democracia dos aspirantes de ultraderecha –José Antonio Kast y Johannes Kaiser– compiten contra la coalición de fuerzas progresistas más amplia de la historia chilena, encabezada por la comunista Jeannette Jara. También es la primera vez que el voto es obligatorio.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. De los ocho candidatos, solo cuatro tienen posibilidades reales de alcanzar la segunda vuelta, un escenario casi seguro, porque ninguno supera el 50% de apoyo en los sondeos.

La exministra Jara, histórica militante comunista que representa a todas las fuerzas de centroizquierda e izquierda, desde los democristianos hasta los comunistas; y el ultraderechista Kast, líder de la extrema derecha más tradicional que busca la presidencia por tercera vez, son quienes –según las encuestas– tienen más posibilidades de disputar la segunda ronda. Sin embargo, Kaiser, que lidera el sector más radical de la extrema derecha, sigue de cerca a Kast y amenaza con desplazarlo. El gran interrogante de la jornada será cuál de los dos ultras consigue el segundo puesto para enfrentar a Jara en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En cuarto lugar quedaría la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, exalcaldesa y heredera política del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024. Aunque comenzó la carrera electoral muy bien posicionada, su candidatura fue perdiendo fuerza a medida que ha ido avanzando la carrera.

Una comunista frente a dos ultras

Jara ganó en junio las primarias presidenciales con el 60% de los votos contra Carolina Tohá, otra exministra de Boric, perteneciente al ala más moderada. Su victoria representó uno de los mayores triunfos electorales del Partido Comunista chileno (PC), aunque paradójicamente, para su partido –en el que milita desde los 14 años–, ella nunca fue su carta principal. El PC tampoco ha mostrado un respaldo incondicional a su candidatura: la dirección ha emitido comentarios que han incomodado a Jara y ha exhibido diferencias con ella, como cuando dijo que en Cuba hay presos políticos y el presidente del partido, Lautaro Carmona, la contradijo públicamente.

Hace poco anunció que, de ganar, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

“Ser militante comunista en una candidatura unitaria le ha generado problemas, se lo echan en cara y por eso ella intenta despegarse, en la medida que puede, del partido”, explica a elDiario.es Federica Sánchez, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado. 

El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador

Cristóbal Huneeus — Director del portal de análisis Chile Decide

Para el politólogo Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, ser la candidata única de un bloque tan amplio “es su mayor ventaja”, pero a la vez representa a un oficialismo “con baja aprobación” y “cuestionado” por falta de avances en crecimiento económico, empleo y seguridad. Eso –dice– se “traslada” a su candidatura, “por más que intente distanciarse del Gobierno”, como ha hecho en varias ocasiones.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia chilena que hay dos candidatos competitivos de ultraderecha con opciones de pasar al cara a cara del próximo mes. Kast, que en 2021 ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda vuelta contra Boric, se ha mostrado más moderado de lo habitual en su campaña, en parte, por estrategia, y en parte, porque Kaiser, que se sitúa como una fuerza emergente, lo ha desplazado del extremo de la derecha. 

Tras unos años como influencer en Youtube, Kaiser fue electo como diputado del Partido Republicano de Kast, en 2022, pero se apartó de la formación a raíz del segundo proceso constituyente, que fracasó bajo el liderazgo de los republicanos.

Voto obligatorio

Un factor determinante y que añade un mayor grado de incertidumbre a estas elecciones es el voto obligatorio. Aunque ya se aplicó de forma excepcional en los plebiscitos (2022 y 2023), estas serán las primeras presidenciales en las que rija plenamente. Los últimos mandatarios fueron elegidos con una participación de unos siete millones de votantes, la mitad del padrón electoral.

Los expertos coinciden en que la participación voluntaria favorecía a la centroizquierda, mientras que la obligatoriedad beneficia más a la derecha. “El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador”, dice Cristóbal Huneeus, director del portal de análisis de datos electorales DecideChile. 

Quienes no acudan a las urnas se arriesgan una multa de entre 30 y 100 euros, salvo los extranjeros habilitados para sufragar, que quedan exentos de la penalización. Más de 880.000 migrantes –el 5,6% del padrón electoral– podrán votar en la primera vuelta. “El voto migrante suele anclarse en la centroderecha o la derecha y será un voto de castigo al actual Gobierno”, dice Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad de San Sebastián. Para Mireya Dávila, de la Universidad de Chile, este electorado será especialmente relevante en la Región Metropolitana y en el norte del país.

La seguridad, el gran tema de campaña

La seguridad pública ha dominado la campaña: todas las candidaturas sin excepción han puesto énfasis en la materia, que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía. Kast, Kaiser y Matthei la han relacionado siempre con la migración –echando mano de casos mediáticos y pese a que las cifras no demuestran este vínculo–. Sus propuestas en este sentido van desde el despliegue militar en la frontera o cárceles en el desierto, hasta minas antipersonas o el trabajo forzado en las prisiones. Jara, por su parte, ha apostado por la prevención y propone levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado.

La economía y el desempleo también han sido temas centrales, otros asuntos que también inquietan a los chilenos. En cambio, los derechos sociales –protagónicos en el estallido social de 2019– y otros valores como los derechos humanos y el aborto quedaron relegados.

Excepto Jara, los otros tres candidatos justifican, en mayor o menor medida, la dictadura de Augusto Pinochet. Tanto Kast como Matthei son, además, familiares directos de altos cargos del régimen. Durante la campaña, Kast ha evitado a toda costa referirse al tema y Matthei ha caído en contradicciones e incoherencias. Kaiser, en cambio, ha elogiado abiertamente al dictador y ha dicho que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias, lamentablemente”.

“Cansancio electoral”

Esta será la decimoquinta votación que Chile celebra desde las protestas de 2019, entre plebiscitos, primarias abiertas, municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales. “Hay una suerte de cansancio electoral”, dice Abedrapo.

Además de la presidencia, los electores escogerán también la mitad del Senado y la toda la Cámara de Diputadas y Diputados. La composición del Congreso será otra clave de la jornada, porque de sus integrantes dependerá la viabilidad del programa de quien ocupe el sillón presidencial a partir de marzo.

Cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en diciembre de 2008, colocó la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) 20 años después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo hizo “segura” de convencer a las generaciones futuras “de que algo así nunca más vuelva ocurrir”.

Inaugurado en 2010, en pleno centro de Santiago, y convertido en el símbolo de los derechos humanos en Chile, el recinto exhibe todo tipo de documentos para explicar el golpe de Estado contra Salvador Allende (1970-1973), del que este jueves se cumplen 52 años, y la represión de casi dos décadas, que dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

“No solo es un espacio de memoria a las víctimas y a quienes lucharon contra la dictadura, sino también un lugar para educar en los derechos humanos a los más jóvenes a través de la cultura, las artes y otras manifestaciones”, explica a elDiario.es su directora, María Fernanda García.

Chile creó tres comisiones para la verdad. En España nunca se creó una entidad que, avalada por el Estado, detallara la magnitud de la represión franquista

El MMDH fue el primero dedicado a las víctimas de una dictadura en todo el hemisferio sur y ha sido admirado por mandatarios y autoridades de todo el mundo, también por el presidente español, Pedro Sánchez, que lo ha visitado en un par de ocasiones.

“El museo es la culminación del proceso de la memoria, la permanencia para no olvidar lo ocurrido y, en eso, España está al debe”, opina la docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, María José Henríquez. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el país austral existen más de 200 memoriales a las víctimas de la dictadura, entre ellos 22 lugares clasificados como “monumento histórico”.

El Gobierno español anunció en 2024, casi 50 años después del fin de la dictadura franquista, la creación de un Centro de Exposiciones de la Memoria Democrática que se emplazará en el barrio madrileño de Lavapiés, en un edificio perteneciente al Ministerio de Hacienda. “El gran riesgo de la falta de simbolismos es el olvido y eso impide las reconciliaciones y entender el sufrimiento de la gente que todavía no tiene respuesta”, apunta Henríquez.

El paso del tiempo y las leyes de amnistía

Si bien es común establecer paralelismos entre procesos transicionales de países distintos, expertos consultados por elDiario.es coinciden en que para el caso de Chile y España hay elementos fundamentales diferentes, como el tiempo. “En el caso español, hubo una guerra civil, luego distintos períodos con picos de violencia o de represión y, posteriormente, un proceso de transición mucho más largo (que el chileno) y sin apenas ejemplos en los que fijarse”, señala a elDiario.es el historiador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Misael Arturo López. Según él, la oleada democratizadora de los años 70 “sirvió de espejo” para las transiciones latinoamericanas, entre ellas la de Chile.

“La dictadura de Pinochet fue más corta y, cuando acabó, las víctimas aún estaban vivas para intentar perseguir (a los victimarios)”, apunta María José Henríquez, que destaca que en el país austral “son los hijos quienes demandan políticas de memoria, mientras que en España son los nietos”.

Además, las leyes de Amnistía operaron de forma distinta en ambos países. Para el periodista e historiador Mario Amorós, biógrafo de Allende y Pinochet, entre otros, aunque en Chile la ley de amnistía impuesta por la dictadura en 1978 no ha sido derogada, hoy “es papel mojado” porque “ha sido reinterpretada” por la justicia gracias “a la lucha de la izquierda” y del movimiento de derechos humanos. “No tuvo real aplicación al imponerse el derecho internacional humanitario”, añade a este medio el abogado Hugo Gutiérrez, impulsor en 1998 de la primera querella contra Pinochet de la mano del Partido Comunista.

La amnistía aprobada en España en 1977, en cambio, “fue una ley de punto final”, afirma Amorós, porque “hasta hoy ha permitido abortar cualquier investigación judicial” de los crímenes franquistas y –añade– tampoco “se han depurado los cuerpos policiales o del Poder Judicial heredado de la dictadura”. Sin embargo, Misael Arturo López discrepa: “No fue pensada como ley de punto final”.

“Aunque en parte, equiparaba a víctimas y verdugos y evitó una causa general contra las fuerzas de seguridad –explica López– no fue una victoria de los perpetradores, sino de la sociedad civil y la oposición que reclamaban la amnistía para comenzar un proceso de cambio político verdadero en España”.

Hasta la fecha, en Chile han concluido con sentencia más de 1.300 juicios por violaciones de los derechos humanos en dictadura que han supuesto condenas de prisión para más de 1.150 exagentes policiales y militares. Pinochet murió en 2006 en condición de procesado, desaforado y en prisión domiciliaria. “A más de medio siglo del golpe de Estado, los principales represores están en prisión o han fallecido, mientras que, en España, la impunidad es absoluta”, dice Amorós.

Gutiérrez, cuya querella logró el arresto domiciliario de Pinochet solo 12 días antes de su muerte, considera que el Poder Judicial chileno “entendió la relevancia de no dejar en la impunidad los crímenes de la dictadura”.

Comisiones de verdad y búsqueda de víctimas

En marzo de 1991, a un año del fin de la dictadura, el primer presidente de la democracia chilena, Patricio Aylwin (1990-1994), presentó en La Moneda los resultados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que entonces cifró en 2.279 las personas que perdieron la vida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Las carencias de esa primera comisión, enfocada solo en los casos de ejecutados y desaparecidos políticos, fueron enmendadas más tarde por la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech (2004) y Valech II (2006), por el apellido del obispo que la presidió, donde se registraron también a los torturados y encarcelados. En total, Chile levantó tres comisiones para la verdad. En España nunca se creó una entidad que, avalada por el Estado, detallara la magnitud de la represión franquista.

En ambos países, el auge de la extrema derecha ha generado una batalla por el relato sobre la memoria

A diferencia de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero (1997), la actual ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez (2022) –que la sustituyó– establece que las entidades que incluyan entre sus actividades “la indagación, localización e identificación” de las personas desaparecidas durante la Guerra y la dictadura “podrán contar con la colaboración” del Estado “a través de mecanismos de financiación y ayuda”. Para López, se trata de “una especie de externalización” de la recuperación de víctimas.

En Chile, 50 años después del Golpe, el Gobierno del progresista de Gabriel Boric puso en marcha un inédito Plan de Búsqueda a través del cual el Estado se hace cargo por primera vez de buscar a los desaparecidos. “El Estado chileno se pone al frente de la iniciativa –enfatiza López–, mientras que en España hay una intermediación”.

Organizaciones civiles y batalla por el relato

Las agrupaciones de derechos humanos en Chile empezaron a gestarse en 1974, en el momento más duro de la represión, con el apoyo de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas. “No sólo exigieron verdad, justicia y reparación hasta hoy –dice Amorós– sino que su papel fue trascendental en la lucha por la democracia y durante la transición”.

En el caso de España, en cambio, “hubo que esperar hasta los primeros años de este siglo para que surgiera masivamente el movimiento memorialista (integrado principalmente por veteranos luchadores antifranquistas y los nietos y nietas de los represaliados)”, recuerda.

En ambos países, el auge de la extrema derecha ha generado una batalla por el relato sobre la memoria. “En España no tenemos una narrativa común sobre el proceso de democratización como sociedad civil”, asegura López. Según él, “es absurdo encontrar una verdad única del pasado porque la memoria histórica es de todos”. “El problema –precisa– es si esa memoria es democrática o no: todos podemos tener memoria histórica, pero no todas las memorias son democráticas”.

En opinión de Henríquez, el “peligro” es que los relatos “se conviertan en un panfleto o una versión maniquea de los hechos”, sin “integrar todas las dimensiones”, porque eso “te aleja de la postura del otro”. Amorós ve la “batalla por la memoria” como una defensa de la democracia hoy amenazada por la ultraderecha y concluye: “No se trata de la batalla por el pasado, sino de la batalla por el futuro”.

Aunque les separan más de 13.000 kilómetros de distancia, Chile y Palestina mantienen lazos históricos que se remontan a finales del siglo XIX y que han convertido al país sudamericano en el mayor albergue de la comunidad palestina en América y el más grande fuera del mundo árabe, con cerca de 500.000 personas, aunque no existe un censo oficial.

Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014). La comunidad palestina en el país austral está muy organizada y, desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, ha movilizado a miles de personas en varias manifestaciones y protestas contra el genocidio. La última, la llamada “Marcha de las ollas vacías”, recorrió el centro de Santiago para protestar contra la hambruna en la Franja.

“Es una comunidad bastante influyente e integrada en la sociedad chilena, muy presente en la vida económica, política, cultural, artística y deportiva del país y en la que hay desde grandes empresarios hasta políticos”, dice a elDiario.es el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile Ricardo Marzuca.

Chile toma posición, “puede hacer más”

A medida que Israel ha ido recrudeciendo su ofensiva en Gaza y Cisjordania, Chile ha hecho cada vez más explícita su posición. El presidente chileno, Gabriel Boric, reconocido defensor de la causa palestina, llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv apenas empezaron a intensificarse los ataques hace casi dos años; ha condenado en múltiples ocasiones y sin eufemismos los asesinatos y asaltos contra la población gazatí; y ha retirado a los agregados militares en Israel.

“La política exterior chilena es una política de Estado que no cambia según el signo ideológico de cada nuevo gobierno. Tiene un carácter continuo y permanente y su primer eje es el respeto irrestricto a los derechos humanos como valor universal en todas circunstancias, tiempo y lugar”, explica a elDiario.es el abogado Nelson Hadad, exembajador de Chile en Jordania, Irán y Egipto.

Junto a México y Colombia, Chile presentó, en enero de 2024 en la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar posibles crímenes de guerra en Gaza; y en septiembre del mismo año se sumó a la acusación de genocidio contra Israel impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas.

En su último discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso, a principios de junio, en pleno bloqueo de la ayuda y comida en la Franja, Boric anunció que promoverá una ley para prohibir la importación de productos procedentes de las colonias israelíes, respaldó el embargo de armas promovido por España e instruyó al Ministerio de Defensa un plan urgente de diversificación tecnológica. Sin embargo, más de dos meses después, los flujos comerciales se mantienen.

“Acá el responsable es un Gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Los invito a todos a no pelear entre pueblos”, dijo el mandatario, que conoció bien durante su etapa de parlamentario, en la que viajó a Cisjordania.

Para la Coordinadora Palestina en Chile, que reúne a activistas y agrupaciones sociales por la causa, “el Estado de chile puede y debe hacer más”. Proponen sanciones, suspender las relaciones e interrumpir el intercambio de bienes y servicios entre ambos países.

Su dirigente, Pablo Abofoum, opina que Chile, con su posición “privilegiada” en América Latina, podría “impulsar la unidad regional para presionar a Israel” en términos diplomáticos, comerciales y militares.

Una comunidad dedicada al comercio y al textil

Los primeros grupos de palestinos llegaron a Chile entre finales del siglo XIX y principios del XX, “con la desmembración y el colapso” del imperio Otomano, por un lado, señala Marzuca, y “tras la ocupación” de Oriente Medio por parte de potencias europeas como Francia y Gran Bretaña.

Según los estudios, añade, entre finales del XIX, el fin de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, después de la creación del Estado de Israel en 1948, habrían llegado a Chile aproximadamente entre 8.000 y 10.000 migrantes árabes, en su mayoría palestinos procedentes de solo tres localidades: Belén, Beit Jala y Beit Sahour.

América era percibida como un mundo nuevo lleno de oportunidades. “La geografía de Chile, desde el punto de vista morfológico, es muy similar al territorio histórico de Palestina (antes de la ocupación de 1948): alargado y bañado por mar”, dice Hadad.

Los primeros árabes que emigraron al país austral optaron por el comercio y los textiles, sectores clave para su crecimiento y desarrollo. Crearon sociedades de beneficencia, organizaciones culturales y levantaron uno de los clubes de fútbol más importantes de la Primera División, conocido popularmente como Palestino. Hoy, en la colonia, hay dueños de grandes bancos privados, industrias e instituciones agrícolas.

Club Deportivo Palestino, “embajador de la causa”

Fundado en 1920 y profesionalizado en la década de los 50, el Club Deportivo Palestino representa los colores e incluso las consignas nacionales de ese territorio y tiene mucha popularidad entre los aficionados. “Se ha consolidado como un auténtico embajador de la causa a nivel mundial, transmitiendo un mensaje de paz, identidad y solidaridad a través del deporte”, señala el club en un dosier para la prensa en el que también habla de ser “un puente” entre las comunidades palestinas de ambos lados del océano.

Para Marzuca, se convirtió en “un elemento de identificación” no solamente en Chile, sino en todo Latinoamérica, y “en un símbolo de la resistencia palestina”.

Con sede en La Cisterna, un barrio popular de la periferia santiaguina, en sus instalaciones lucen símbolos y mensajes en defensa de los derechos de los palestinos, como su lema institucional: “Más que un equipo, todo un pueblo”. Además, los jugadores, que hoy son todos chilenos, se han posicionado frente al conflicto con distintos gestos simbólicos: desde minutos de silencio de rodillas, hasta lazos negros en el brazo en señal de luto, el uso de la kufiya (pañuelo palestino) o pancartas contra el genocidio.

Uno de los hitos más emblemáticos del equipo fue en 2014 cuando en sus camisetas reemplazaron el número uno por la silueta alargada del territorio de la Palestina histórica. “Este hecho, cargado de simbolismo, trascendió las fronteras deportivas y se convirtió en un acto de resistencia cultural que resonó en todo el mundo”, señala el club. Hoy esta prenda ha cuadruplicado sus ventas en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Francia, Bélgica y el Reino Unido, y muchos la exhiben en las protestas contra la guerra.

Recientemente se ha conocido que el club santiaguino apoyará a la selección de fútbol de Palestina en la creación de un centro de entrenamiento en suelo chileno y que, además, el país austral será cantera para nuevos jugadores que puedan hacer crecer a la selección en medio de la guerra, que ha provocado la extinción del deporte en el país.

Cuando faltan tres meses para las elecciones presidenciales de Chile y con las candidaturas ya inscritas en el Servicio Electoral (Servel), la batalla principal –que se presume intensa y muy peleada– se disputa entre la ultraderecha de José Antonio Kast y la candidata continuista del Gobierno, la exministra Jeannette Jara, que por primera vez representará a toda la izquierda, centroizquierda y a los democristianos.

Los comicios de noviembre, en los que por primera vez desde el retorno a la democracia competirán dos partidos de extrema derecha, avecinan una campaña polarizada entre dos proyectos políticos radicalmente opuestos.

“Esta elección es distinta a otras porque tiene candidaturas fortalecidas en los extremos y con alto apoyo de la ciudadanía, que se ha apartado de sus preferencias más moderadas y de centro que caracterizaron a la política chilena hasta hace menos de una década”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero.

Jara, de 51 años, ganó las primarias presidenciales de junio y dejó atrás a la también exministra Carolina Tohá, la opción más socialdemócrata, y al diputado Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio, donde milita el actual presidente, Gabriel Boric.

Desde entonces, a Jara se le ha visto en sus redes luciendo sus “outfits de la semana”, mostrando lo que lleva en su bolso de mano o preguntándose qué piensa Google de ella en lo que ha sido una campaña “más lúdica y menos ideológica”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon.

Unidos contra Kast

A diferencia de otros líderes comunistas, Jara es percibida como una figura cercana y menos dogmática. Se ha distanciado de su partido en cuestiones sensibles como la defensa de Cuba o Venezuela y en su primera versión de programa ha excluido el aborto sin causales para no incomodar a los socios más conservadores de su nueva coalición: “Es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana (DC)”, ha explicado Jara.

“La Democracia Cristiana actuará como moderador de las expectativas del Partido Comunista (PC), lo que puede presentar problemas para la nueva coalición al momento de fijar su programa de gobierno”, sostiene Escudero. Para Rodolfo Disi, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, “el temor a una eventual victoria de Kast actúa como un fuerte factor aglutinador dentro de la coalición”, y coincide en que “será difícil” elaborar propuestas “que satisfagan por igual” a todo ese arco político. “Será una coalición más motivada por la contingencia –añade– que por puntos compartidos más profundos”.

Abogada y exsubsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), con quien se la compara a menudo, su nombre empezó a despegar durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo por la capacidad de negociación que demostró en la tramitación de leyes clave para este Gobierno, como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas o el aumento del salario mínimo.

“Jara, en su campaña, ha tratado de rebajar la influencia del Partido Comunista, ha bajado las barreras de entrada a su candidatura al presentarse como una socialdemócrata y pragmática que es capaz de alcanzar acuerdos con la derecha, como demostró en la reforma previsional”, explica a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Kast, “más moderado” y “estadista”

Kast, que por tercera vez intentará llegar a La Moneda y perdió la segunda vuelta con Boric en 2021, rivaliza con Jara por la primera posición en las encuestas, por lo que la ha convertido en su principal adversaria política en esta carrera presidencial. “Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, de las mentiras, de la incompetencia”, dijo durante el lanzamiento de su campaña el lunes, desde Antofagasta, al norte del país.

Exdiputado ultracatólico de 59 años, es muy cercano al mandatario argentino, Javier Milei, y al líder de Vox, Santiago Abascal. También es seguidor de Donald Trump y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y del modelo neoliberal instaurado en ese período.

En la derecha y sus extremos han proliferado las opciones, pero no han alcanzado la unidad. Desde la derecha tradicional y el centro se presenta la exalcaldesa Evelyn Matthei que, eclipsada por Kast, está quedando atrás en las encuestas. También está la extrema derecha de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario-PNL), más radical e irreverente que la de Kast; y el populista liberal Franco Parisi (Partido de la Gente-PDG), que apunta a los desencantados de la política y quedó tercero en la primera vuelta de 2021.

“Hoy existe un nicho más grande de ultraderecha que ocupa Johannes Kaiser, lo que le permite a Kast no tener que representar directamente todo ese espectro (al menos en primera vuelta)”, dice a elDiario.es Disi. En su opinión, tras los “malos resultados” de 2021, sobre todo con las mujeres jóvenes, Kast “ha optado por no enfatizar los aspectos de su agenda que pueden percibirse como antiderechos”.

“La existencia de Kaiser le ha permitido a Kast posar de estadista”, opina Bellolio. Según él, protagoniza una campaña “más moderada” que hace cuatro años: “Ha evitado entrar en peleas por cuestiones que tienen que ver con la memoria de la dictadura porque entiende que ese público ya lo tiene en el bolsillo y que ahora debe pensar cómo romper el techo de cristal, especialmente con las mujeres jóvenes”.

Un voto mucho más volátil

Más de 15 millones de chilenos estarán obligados a votar el 16 de noviembre en un escenario incierto porque, por primera vez desde 2012, el voto será obligatorio en unas elecciones presidenciales. Según los expertos, se desconoce la preferencia del 40% del padrón electoral porque se trata de electores nuevos tras la reposición del voto obligatorio.

“Estos votantes suelen tener una identidad partidaria muy baja y eso hace que su voto sea mucho más volátil”, apunta Simon. Los analistas entrevistados coinciden en que este colectivo aporta un “voto protesta o destituyente” con el que “quieren mandar un mensaje de bronca contra el establishment y la clase política”.

“Hoy quien está en la posición desafiante de mandar ese mensaje de molestia contra los gobernantes es la derecha, pero eso no significa que el nuevo votante sea de derecha, porque el día de mañana, si es que llegara a gobernar la derecha, ese voto iría para la izquierda”, precisa Bellolio.

Desde 2006 la presidencia de Chile se ha alternado entre el centroizquierda –con Michelle Bachelet– y la derecha tradicional –con Sebastián Piñera–, excepto en 2021, cuando Piñera pasó la banda presidencial al izquierdista Gabriel Boric en un nuevo salto del péndulo. Los próximos comicios revelarán si este péndulo se mantiene en el eje, con Jara, o gira 180 grados hacia Kast.

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Chile, el Gobierno del progresista Gabriel Boric encara la recta final de su mandato con dos proyectos encima de la mesa: el del aborto legal hasta la semana 14 y la reconversión de una cárcel con privilegios para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric, que llegó al poder en marzo de 2022, anunció a principios de mes en el Parlamento que convertirá la acomodada cárcel de Punta Peuco, donde cumplen su pena más de 130 condenados por crímenes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), en un penal común y corriente. “He instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, dijo ante los diputados, en su último discurso anual de rendición de cuentas ante la cámara.

Ubicada 50 kilómetros al norte de Santiago, la cárcel de Punta Peuco, mucho mejor equipada que el resto de instalaciones penitenciarias, ha sido polémica desde su construcción.

La decisión de Boric ha sido criticada por la oposición que defiende que la mayoría de los reos que permanecen ahí tienen más de 80 años y que la polémica retrotrae temas del pasado “que causarán más violencia interna en la discusión”, como dijo el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, de la derecha tradicional.

El tema, que cada vez que resurge refleja la polarización social sobre el pasado reciente de Chile, se ha instalado en la precampaña electoral de los comicios de noviembre. De momento, la candidata de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos e hija de un exministro de Pinochet, dijo que “no cuesta nada revertir” la medida, en caso de llegar a La Moneda.

El abanderado de la extrema derecha, José Antonio Kast, calificó el anuncio de “provocación”. En los últimos días, Kast ha pasado a liderar la intención de voto tras superar a Matthei en una encuesta reciente. El sondeo de Cadem publicado la semana pasada colocó en el primer puesto a Kast con el 17%, un punto más que su rival conservadora.

Aborto legal hasta las 14 semanas

La otra piedra en el zapato para la derecha y la ultraderecha que marcará los últimos meses de gobierno será el proyecto de ley del aborto. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado una propuesta para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, una de las grandes promesas de Boric y una de las principales demandas de las organizaciones feministas, que quieren ampliar la norma actual.

Aprobada en 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), la ley vigente permite la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

“Por demasiado tiempo se ha tratado como criminales a las mujeres que han abortado. Son miles al año y se les ha obligado a la clandestinidad”, aseguró el presidente en su discurso, en el que pidió a los legisladores que “no nieguen el debate democrático” sobre el tema.

El proyecto, que ha ingresado al Parlamento sin urgencia, tiene un recorrido difícil. El Gobierno no tiene mayoría y tanto la oposición como los democratacristianos ya han anunciado que votarán en contra. Además, como una señal del enfoque que se dará a la discusión, ha sido excluido de la Comisión de Mujer y solo será analizado en Salud, Constitución y Hacienda. La intención de los parlamentarios conservadores es enterrar el proyecto cuanto antes.

“Modificar el rumbo”

Las expectativas de cambio prometidas por Boric empezaron a desdibujarse pocos meses después de su llegada al poder, con el fracaso del primer proceso constituyente, surgido del estallido social de 2019 y que –con un marcado sello progresista– fue rechazado por una amplia mayoría de la población.

“Al fracasar el primer proceso constituyente, tuvo que introducir cambios importantes en su agenda porque había condicionado parte de su programa de transformaciones al ese proceso”, dice Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile, quien añade que el plan inicial del mandatario quedó “limitado y reducido a reformas muy acotadas”.

Para Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad San Sebastián, el nuevo escenario llevó al presidente a “tomar y aceptar al mundo socialdemócrata” del centroizquierda tradicional, que se integró a la primera línea de su Gobierno.

Además, durante su gestión –cada vez más moderada– ha dado varios “giros” improvisados y cambios de guion que, según Avendaño, se deben a “la falta de apoyo político y de una mayoría parlamentaria”. Para la socióloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss, sin embargo, esta capacidad de “reaccionar a cambios de contexto y modificar el rumbo hacia posiciones menos radicales” es “parte de los aciertos” del Ejecutivo progresista.

A pesar de las críticas de la oposición por “ser insuficiente”, Boric ha priorizado temas que a menudo no son señas de identidad de la izquierda, como el crecimiento económico y la seguridad, que inicialmente no tenía tanto peso en su programa.

“Avances sociales importantes”

Uno de los legados de Boric será, según los expertos consultados por elDiario.es, la reforma de pensiones, una de sus principales promesas que llevaba más de una década pendiente. Aunque no se aprobó tal y como le hubiese gustado, como él mismo admitió, la nueva ley destacó por los acuerdos a los que llegaron los distintos sectores políticos. “Estos esfuerzos para conformarse con no hacer grandes reformas estructurales para lograr acuerdos nacionales es de lo más destacable de su mandato”, dice Abedrapo.

Además, añade Heiss, “hizo avances sociales importantes” como la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, el aumento del salario mínimo –que este mayo llegará a 529.000 pesos (unos 490 euros)–, o el fin del copago sanitario para recibir atención en el sistema público de salud.

La ley chilena prohíbe a Boric volver a presentarse a las elecciones por la limitación que impide gobernar durante dos mandatos seguidos. Sin embargo, el presidente –que durante prácticamente todo su mandato ha mantenido una aprobación entre el 26 y el 30%– dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y –apunta Heiss– “convertido en un referente de la izquierda chilena” (y latinoamericana). “Es probable que lo veamos volver a contiendas presidenciales en el futuro. No sería ninguna sorpresa para nadie”, concluye.

En plena preparación del hemisferio sur para enfrentar un “verano de extremos” y “un calor de récord”, la reconocida monja brasilera Rosita Milesi, recientemente galardonada con el Premio Nansen por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alerta que “el calentamiento global y sus consecuencias ya generan más desplazamientos forzados que las guerras”.

Con 79 años, Milesi, conocida como Hermana Rosita, galardonada por su labor al frente del Instituto de Migración y Derechos Humanos (IMDH) que fundó en Brasilia en 1999 y que dirige desde entonces, destaca en una entrevista telefónica con elDiario.es que la situación es “especialmente preocupante” en América Latina, “con inundaciones sin precedentes y sequías prolongadas”.

Tras su paso por Chile, donde participó en un evento institucional para celebrar el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, un modelo pionero de colaboración regional, Milesi subraya la necesidad de “prestar atención a los países de menos recursos y a los más vulnerables, como las mujeres, los niños y ancianos”. La religiosa, descendiente de italianos lleva casi cuatro décadas dedicadas a trabajar con la migración: “Se convirtió en la causa de mi vida”.

Había expectativa de un cambio de rumbo en Venezuela, pero al no confirmarse, el movimiento migratorio volvió con más fuerza

En plena escalada de la incertidumbre en Venezuela por la inminente investidura del futuro presidente, la Hermana Rosita recuerda que, pase lo que pase en el país caribeño a partir de enero, América Latina no podrá mirar hacia otro lado ante un posible aumento de migrantes y refugiados porque “su acogida es un imperativo legal, aunque –dice–los desplazamientos forzados de grandes poblaciones sobrecarguen los sistemas de apoyo y asistencia de los gobiernos”.

Anticipa que el movimiento migratorio “posiblemente se incrementará” después del 10 de enero, si quien sigue en el poder es Nicolás Maduro, en una réplica de lo ocurrido justo después de las elecciones de julio: “Había expectativa de un cambio de rumbo en Venezuela, pero al no confirmarse, el movimiento migratorio volvió con más fuerza”. 

Según ACNUR, actualmente hay más de 730.000 personas con necesidad de protección internacional en Brasil, entre ellas 144.000 personas reconocidas como refugiadas, en su mayoría de Venezuela, seguidas de Cuba y Siria.

Sor Rosita, que ingresó con 19 años a la congregación de los Misioneros Scalabrinianos, fundada para ayudar a los migrantes italianos que llegaban a América a finales del siglo XIX, dice que las demandas de refugio y migración “son consecuencia de la falta de perspectivas en el país”, más que por “un presidente u otro”, aunque “ambos puntos están relacionados”. Tanto Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia reivindican la victoria en los comicios. González Urrutia ha expresado su intención de acudir el 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el Gobierno, para prestar juramento del cargo.

Muchos de los que promueven la xenofobia son hijos o nietos de migrantes

Ante el auge de los discursos de odio contra la migración, que políticos y medios de comunicación a menudo relacionan con la delincuencia, la Hermana Rosita llamó a “la responsabilidad de los líderes políticos” para que dejen de “sembrar el odio” y se preguntó “quién asumirá la responsabilidad de sus consecuencias”. En su opinión, “muchos de los que promueven la xenofobia hoy son hijos, nietos o bisnietos de migrantes, personas que llegaron de diversas partes del mundo para rehacer sus vidas en el ‘Nuevo Mundo’”.

La monja cree que la mejor receta para combatir esos discursos es la educación: “A través de ella, niños, adolescentes y jóvenes pueden construir comunidades interculturales que valoren la alteridad y la contribución de quienes llegan al país, aunque sin pertenencias, pero con sus potencialidades y talentos”.

Sobre las relaciones entre gobiernos y organizaciones defensoras de derechos humanos y de la migración y el refugio, cree que “existe una dificultad de los Estados en aceptar la presencia en el terreno y a colaborar” con estas entidades. “Siempre que podemos insistimos a los Estados que nos acojan como aliados, no como enemigos”, dice tras ser preguntada por los sucesivos ataques que Israel ha perpetrado contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza.

Ante toda crisis repentina, la respuesta de la autoridad es el cierre

Reconocida por su trabajo en la Ley de Refugiados de Brasil de 1996, que logró ampliar la definición de refugiado de acuerdo con la Declaración de Cartagena, y en la Ley de Migración de 2017, no le sorprende la primera reacción de varios países europeos ante la huida de Bashar al Asad de Siria de suspender la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país: “En toda situación de crisis repentina, la respuesta habitual de las autoridades es la negación, el cierre”. 

Para ella “la pregunta no debería ser ‘¿cuántas personas están pidiendo asilo?’, sino más bien ‘¿cuántas personas necesitan asilo y cuáles serían las consecuencias de no acogerlas desde un punto de vista humanitario?’”.

El pueblo que hoy acoge, en algún momento ya fue acogido o puede que necesite acogida en el futuro.

Crítica con la falta de “dimensión histórica de los Estados”, reflexiona que “prácticamente todos los países, en algún momento de la historia, han generado presión humanitaria sobre otros, ya sea por guerras o por tragedias naturales”. La galardonada, que dice que recibir el Premio Nansen “es un honor”, concluye que la migración “es un movimiento cíclico” y que “el pueblo que hoy acoge, en algún momento ya fue acogido o puede que necesite acogida en el futuro”.

Después de recorrer por más de una hora las reliquias que atesora el Museo del Estallido Social de Chile, un espacio dedicado a recordar la mayor ola de protestas en el país suramericano desde el retorno a la democracia, cinco estudiantes y su profesor se sientan en círculo y escuchan atentos a la guía que los acompaña, Nataly Navarrete, integrante del colectivo que lo gestiona, que rompe el hielo: “¿Qué les ha removido de la experiencia que acaban de conocer?”.

Este jueves se conmemora el quinto aniversario de las protestas de octubre de 2019, cuando los estudiantes de secundaria protagonizaron varias movilizaciones simultáneas contra el aumento del billete de metro que derivaron en un fragor popular por mayores derechos sociales. Unas manifestaciones históricas, que se alargaron hasta el inicio de la pandemia y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. 

El museo comunitario y autogestionado, hoy ubicado en La Florida, un barrio de la periferia de la capital, fue creado en el centro de Santiago en marzo de 2020 “ante el inminente escenario de borrado y blanqueamiento por parte del entonces presidente Sebastián Piñera”, explica a elDiario.es el curador del espacio, Marcel Solá. 

Un enorme mural de ojos de hojalata recuerda a los más de 400 heridos oculares por disparos de bombas lacrimógenas, pero la casa también acoge muchos otros objetos que hace cinco años formaban parte del paisaje cotidiano del centro de Santiago: desde escudos de latón decorados o lienzos reivindicativos, hasta cartuchos de bombas lacrimógenas, neumáticos quemados o gafas de protección. No hay carteles explicativos ni descripciones de ningún tipo. Observado todo, en conjunto, encapsula el momento histórico que Chile vivió.

En el patio, que también alberga recuerdos de aquellos meses de protesta, tres turistas alemanes se hacen fotos con el icónico Negro Matapacos ('paco' significa 'policía' en el argot coloquial chileno), una escultura de tres metros de altura de un perro callejero que simbolizó la lucha contra la discriminación, el racismo y el abandono social. “Supe del museo por un artículo publicado en la prensa alemana y me parece que tiene mucho valor para que las próximas generaciones conozcan el pasado de Chile sin que sea tergiversado”, dice a elDiario.es la única de las tres visitantes que habla español mientras se saca una foto con la figura.

“Una práctica para el negacionismo”

En diciembre de 2019, dos meses después del estallido y aún en plena ola de protestas, el 74% de las personas consultadas creía que Chile sería un mejor país, sin embargo, hoy el 68% cree que la sacudida social y política tuvo consecuencias negativas, según la encuestadora Cadem. El Centro de Estudios Públicos (CEP) también reveló que solo el 17% considera que el estallido fue “positivo o muy positivo”, frente al 50% que lo ve “muy malo o malo”.

“Quieren mostrar el estallido social como algo a la ligera y sin propósito, tratar de eliminar el recuerdo de lo que pasó”, critica a elDiario.es Catalina Henríquez, que tiene 21 años y es una de las estudiantes de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile que visita el lugar y participó activamente en las movilizaciones. 

La oposición de derecha y ultraderecha habla de un “estallido delictual”, de “violencia” y “destrucción” y emplazaron al presidente Gabriel Boric –que llegó al poder dos años después– a retirar los indultos y las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas de las protestas porque consideran que fueron “irregularmente” acreditadas como tales. La portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, respondió que “se puede condenar la violencia que ocurrió y, al mismo tiempo, rescatar las demandas (salud, educación, pensiones)” que provocaron las protestas.

Cinco años después, estos reclamos no se han concretado y las reformas que mejoras en estas materias siguen esperando en el Parlamento, controlado por los conservadores.

“Hay una batalla por imponer relatos que interpreten lo sucedido: quienes hablan de ‘estallido delictual’, quienes defienden un proceso social fruto de las inequidades del sistema y, en menor medida, quienes lo romantizaron como un momento cuasirrevolucionario”, dice a elDiario.es Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile.

Para Kenneth Bunker, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, “hoy la gran mayoría, incluyendo las personas más bien moderadas, centristas e independientes, han tomado una posición bastante adversa”. Un cambio de relato que, según Navarrete, “es una práctica más para el olvido y el negacionismo de este país”.

“Un espacio más necesario que nunca”

Los rastros de las manifestaciones –grafitis, murales, eslóganes– fueron borrados del centro de la ciudad y el recuerdo de aquellos días se ha convertido en un tema incómodo. “Todo lo que estaba relacionado con el estallido ha ido muriendo poco a poco”, opina Bunker.

En los últimos días, el tema ha vuelto a la agenda pública por la imputación formal al exdirector general de Carabineros y otros altos mandos por su presunta responsabilidad en los abusos policiales que se cometieron entonces. Las movilizaciones dejaron más de 10.000 causas judiciales, pero solo el 0,42% concluyeron la investigación. Ha habido 44 sentencias condenatorias, según cifras de Amnistía Internacional.

En la memoria colectiva, dice Dávila, permanece que Chile vivió una protesta social “clara y contundente” por “una mejor calidad de vida”, pero también “violencia urbana en ciertos sectores” y el “fracaso” de dos procesos constituyentes. La memoria que reivindica el museo, en cambio, dice Solá, está “cargada de emotividad” de las esperanzas de aquellos días. Por eso, concluye, “ante la criminalización, este espacio es más necesario que nunca”.

Cuando en 1972, en pleno Gobierno de la Unidad Popular (UP), el presidente Salvador Allende (1970-1973) recibió la noticia de que la España franquista tuvo un papel clave en las negociaciones internacionales por la deuda externa que en aquellos tiempos asfixiaba al Ejecutivo socialista, el mandatario chileno exclamó sin reparos: “¡Viva la verdadera amistad. Viva España!”.

“En términos politólogos, este fue el punto de no retorno, el momento en el que España se involucró decidida y políticamente con el Chile de Allende”. Así describe el episodio la historiadora chilena María José Henríquez en su libro que, precisamente, evoca este momento –¡Viva la verdadera amistad! Franco y Allende, 1970-1973 (Editorial Universitaria).

“Aunque por las características de los regímenes se podría pensar que eran relaciones frías, fue todo lo contrario”, dice a elDiario.es esta académica de la Universidad de Chile. Los vínculos diplomáticos entre el Chile de la UP y la España de Franco, en las antípodas ideológicas, se consideran una anomalía, una incongruencia porque –añade la autora– “van más allá de la interpretación dicotómica este-oeste o izquierda-derecha de la Guerra Fría”.

El rumbo que debían tomar esos lazos, dice el libro, quedó fijado en la instrucción del entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Gregorio López Bravo, a la comitiva que asistió a la toma de posesión de Allende, el 3 de noviembre de 1970. El texto recoge que no había “ni enemigos socialistas, ni amigos conservadores; solo pueblos hispánicos”.

Henríquez opina que para ambos países “hay una coincidencia de intereses del Estado y una intención de posicionar a España en el juego geopolítico internacional”. Para ella, esta estrecha relación “demostró el pragmatismo” con el que se actuó en la esfera internacional: “Si la España de Franco ofrecía ayuda y esta valía para llevar adelante las reformas prometidas y estimadas como indispensables para el desarrollo, las consideraciones ideológicas no serían un impedimento, como efectivamente no lo fueron”, escribe. 

“Que Chile no sea una segunda Cuba”

En su investigación, de más de cuatro años, la historiadora detalla cómo desde finales de 1970 la dictadura española otorgó “atención prioritaria” a sus relaciones con América Latina, en un momento de “cambio político” y necesidad de “acelerar la modernización” en la región: “La política exterior se convertía en herramienta para su desarrollo”. 

Henríquez sostiene que el “antiamericanismo” de Franco es otro factor decisivo que sustenta las relaciones. En su obra recuerda que “el régimen franquista no solo no rompió relaciones con Cuba, sino que jamás se adhirió al embargo”.

Joaquín Fermandois, presidente de la Academia Chilena de Historia y académico de la Universidad San Sebastián, recalca en una conversación con a elDiario.es que las “buenas” relaciones entre Franco y Fidel Castro llegaron al punto de que cuando muere el dictador español, La Habana declaró tres días de duelo con bandera a media asta.

“Si para Washington se debía atacar a Allende para evitar que Chile se convirtiera en una segunda Cuba, para el Palacio de Santa Cruz (sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español) se debía apoyar a Allende –diferenciado de la UP en su conjunto– para que Chile no se convirtiera en una segunda Cuba”, dice Henríquez en su libro.

Ministros, embajadores y cancilleres

Hay varios personajes que tuvieron un rol clave en la cordialidad, solidaridad y hasta “amistad” de los vínculos entre Madrid y Santiago. A juicio de Henríquez, un imprescindible fue el ministro de Asuntos Exteriores español, López Bravo: “Actuó con mucha autonomía del entonces vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, lo que fue fundamental”. 

López Bravo llegó al frente de la cartera en 1969, con 46 años. Impulsó las relaciones hispano-chilenas con una gira por 17 países latinoamericanos en la que “no hubo ninguna manifestación” contra su llegada, recuerda Henríquez. En su visita a Chile, en marzo de 1971, expresó su interés por un país “que realiza una experiencia política de excepcional interés, que España sigue con la máxima atención” e insistió en “intensificar” relaciones con La Moneda “en todos los campos donde la cooperación pueda ser fructífera y práctica”. Férreo defensor del Plan Iberoamericano, que buscaba el acercamiento con América Latina a través de la cooperación financiera o técnica, apostó por la apertura de España en un mundo marcado por la bipolaridad.

Para la escritora, también es “fundamental” el rol del embajador español en Chile, Enrique Pérez-Hernández: “Desarrollará una amistad y una muy buena relación con Allende”. Otro nombre relevante es Clodomiro Almeyda, el canciller chileno, a quien Fermandois describe como “muy pragmático, pero sin perder su visión estratégica”. En su viaje a España, en junio de 1972, declaró: “Llega Chile hacia España, ahora movido por un hondo y auténtico impulso de amistad hacia vuestro pueblo, de reconocimiento hacia vuestro Gobierno y de apertura hacia el futuro de nuestras patrias”. 

Entre los principales hitos que lograron estos diplomáticos destacan, en opinión de Henríquez, la defensa de Chile por parte de España en el Club de París, donde el país sudamericano negociaba su deuda externa, “lo que suponía enfrentarse directamente con Estados Unidos”; el apoyo del Gobierno franquista para la celebración en Santiago de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo (Unctad III); y el crédito español concedido a Chile, de mayor peso que el que le entregó la URSS a la Unidad Popular.

“España ha ayudado al marxismo”

A pesar de las cercanas relaciones diplomáticas, Allende y Franco nunca se vieron en persona. Sin embargo, al menos en dos ocasiones al mandatario chileno se le planteó la posibilidad de viajar a Madrid, según la investigación de Henríquez. El entonces presidente del Banco Central chileno, Alfonso Inostroza, relata –en una entrevista reseñada en el libro– el gran dilema que suponía para Allende un eventual encuentro con el dictador español y llegó a plantearse cómo iba justificar dar la mano a Franco si en Naciones Unidas iba “a hablar de democracia y gobierno popular” y había “sido un demócrata toda la vida”.

El avance de los acontecimientos en Chile enfrió las relaciones, que empezaron a ser cada vez más cuestionadas tanto por la España franquista como por el Chile allendista. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre, del que este miércoles se conmemoran 51 años, la derecha chilena criticó duramente la política exterior española de la etapa anterior: “Tenemos la sensación de que España, en lugar de fomentar el nacionalismo chileno, ha ayudado al marxismo en América, ha colaborado con Fidel, nuestro gran enemigo, y ha facilitado el camino a Allende”, declaró en octubre de 1973 el entonces líder de la derecha, Sergio Onofre Jarpa. 

“Para los sectores más duros del franquismo, Pinochet se convirtió en un referente, en alguien digno de admiración, porque, como antes su caudillo, había derrotado al ‘comunismo”, dice a elDiario.es Mario Amorós, historiador y biógrafo de Allende. 

El disenso que abrieron los contactos entre la España dictatorial y el Chile revolucionario se arrastra probablemente hasta hoy. María José Henríquez explica que su libro “fue muy incómodo tanto para gente de izquierda como de derecha” y que el documento terminó “cayendo en una suerte de amnesia”. Opina que su trabajo pone de manifiesto “cuánto cuesta aproximarse a fenómenos que desafían la ideología y la politización”. Sin embargo, cree que las desconocidas relaciones entre Franco y Allende revelan algo “fascinante”. “La posibilidad que ofrece la historia de desafiar la visión más cómoda y convencional”, dice.

La foto del alcalde chileno Daniel Jadue, gobernante comunista de uno de los barrios más populares de Santiago, esposado, custodiado y sometido a prisión preventiva ha instalado en la agenda chilena el concepto de lawfare y una fuerte polarización a favor y en contra del edil en plena carrera para las elecciones municipales de octubre.

Un tribunal de Santiago decretó la semana pasada la medida cautelar más dura contra Jadue, una de las figuras de más peso dentro del Partido Comunista chileno (PC) y –bajo el argumento de que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”– se avino a la petición de la Fiscalía, que lo acusa de varios delitos de corrupción (fraude fiscal, administración desleal, estafa, cohecho y delito concursal) ocurridos en 2020 y vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) que él mismo presidió durante la pandemia.

El caso de las Farmacias Populares comenzó a investigarse hace tres años, tras una querella presentada por la empresa Best Quality por estafa contra la Achifarp, acusándolos de no pagarles cerca de un millón de dólares en material médico como mascarillas. El alcalde siempre ha negado todas las acusaciones. La Fiscalía lo acusa de ocultar deliberadamente las dificultades económicas que atravesaba la asociación al estar en plena precampaña presidencial y municipal; utilizar la organización “para fines personales” y “abusar de sus facultades” en el cargo, entre otros. “Los imputados se aprovecharon de la estructura, la organización y el patrimonio de esta asociación para su propio provecho y para sus propios intereses”, señala la Fiscalía.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar ¡Apelaremos esta medida desproporcionada!”, publicó Jadue en sus redes al conocerse la noticia. Ya desde la cárcel Capitán Yáber, ubicada en la capital y destinada a presos de alta connotación pública y sin delitos violentos, el alcalde agradeció el apoyo de sus partidarios y aseguró estar “tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán”. Su defensa apeló la decisión el pasado sábado, pero el tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva.

La Farmacia Popular de Recoleta fue uno de los proyectos estrella de Jadue durante su primera administración y consistía en conseguir precios más bajos que los del mercado en medicamentos para los vecinos de su barrio. La propuesta fue imitada por más de 150 municipios del país –tanto de derecha como de izquierda– que se constituyeron en la Achifarp, encabezada por el propio alcalde y hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos investigados.

El debate sobre la “proporcionalidad”

La prisión preventiva no estaba en los planes del alcalde ni de su partido, que ha sufrido un duro golpe a pocos días de una campaña de primarias municipales y en plena cuenta atrás electoral. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señala a elDiario.es la “desproporción de la medida cautelar” y la “preocupación de que este proceso se transforme en un juicio político”. La líder comunista insiste que, como partido, tienen “una opinión política de este proceso” y que su defensa “es la del proyecto y la gestión que encarna Daniel Jadue en Recoleta”.

El debate sobre la proporcionalidad de la medida ha abierto la polémica en la sociedad chilena e incluso entre expertos en la materia. “En este caso, la proporcionalidad no existe ya que hay medidas menos lesivas para cautelar”, dice a elDiario.es el doctor en Derecho y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. “El propio objetivo que fijó la jueza como fundamento –el riesgo de nuevos actos ilícitos– también se satisface con una cautelar menos intensa que la prisión preventiva”.

El exfiscal Carlos Gajardo, uno de los más reputados del país y encargado de varias de las grandes investigaciones sobre corrupción del último tiempo, considera, en cambio, que los delitos imputados a Jadue son “reiterados, muy graves y con penas altas asociadas”, por lo que “justifican una media cautelar intensa” como la prisión preventiva. Según él, “concurren varios de los criterios establecidos en Código Penal, entre ellos, ”la gravedad de la pena, el carácter de los delitos y el hecho de haber actuado en grupo“.

Tras la decisión de la jueza, inmediatamente las críticas de los afines al alcalde apuntaron a la exalcaldesa de la comuna capitalina de Maipú, Cathy Barriga, una candidata independiente de derecha que quedó bajo arresto domiciliario por su presunta responsabilidad como autora de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público entre 2016 y 2021, mientras gobernaba.

Para Gajardo, también en ese caso debería haberse aplicado la prisión preventiva: “Casos semejantes deben tener un mismo trato. De eso se trata la justicia. Fue un error que no se decretara la prisión preventiva de Barriga y hoy eso es más evidente”, señaló en redes.

Sin embargo, la exfiscal Erika Maira, hoy representante de otro de los imputados en el caso Barriga, señala a elDiario.es que la diferencia principal entre ambas causas es que en el caso de la exalcaldesa “la Fiscalía no logró demostrar con el estándar suficiente la existencia de los hechos y la participación en esos”, dos de los tres requisitos básicos que fija el Código Penal chileno.

¿Un caso de lawfare?

En la antesala de la audiencia de imputación (que en Chile se conoce como formalización), Jadue recibió una carta de apoyo de distintas organizaciones internacionales que denunciaban “persecución” en su contra y advertían que “la guerra judicial, o lawfare, es una práctica que azota proyectos emancipatorios”.

De nada sirvió que antes de dar a conocer su decisión, la jueza advirtiera que no había tomado en cuenta “filiaciones ni ideologías políticas”, porque la máxima cautelar levantó rápidamente reproches. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó en una carta que la medida “ratifica el uso exacerbado del lawfare como estrategia regional para acusar sin fundamentos legales y probatorios a líderes progresistas, promoviendo la persecución política”. Incluso Izquierda Unida, desde España, ha expresado su “enorme preocupación” por la “utilización de los tribunales con fines políticos (lawfare) contra uno de los líderes de más prestigio de la izquierda chilena”.

En opinión de Nash, la lucha contra la corrupción “es una necesidad” en una sociedad democrática, pero “siempre debe hacerse cumpliendo con los estándares mínimos en materia de derechos humanos”. Según él, en el caso de Daniel Jadue ha habido un “uso de la prisión preventiva como una forma de anticipar la pena”, por lo que “puede ser considerado una forma de lawfare”.

El caso de las Farmacias Populares comenzó a investigarse hace tres años, tras una querella presentada por la empresa Best Quality contra Achifarp por estafa. La empresa acusaba a la asociación de no pagarles cerca de un millón de dólares en material médico como mascarillas. El alcalde siempre ha negado todas las acusaciones.

“En Chile no hay persecución política”

Jadue, arquitecto y sociólogo de 56 años, culmina su tercer mandato en la alcaldía, por lo que no se puede volver a presentar a las elecciones de octubre, según la ley chilena. Con el alcalde, los comunistas han ido ganando cada vez más protagonismo en la política chilena hasta ocupar varios de los puestos clave del Gobierno.

Está por ver como el avance de este proceso judicial afecta la estabilidad de la coalición gubernamental, de la cual es parte el Partido Comunista, que ostenta varios cargos clave. La ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, con quien el alcalde comparte militancia, ya anticipó el mismo día de la audiencia que el Ejecutivo “respeta la labor de la justicia” y la “división de poderes”.

El presidente, Gabriel Boric, quien se enfrentó a Jadue en las primarias presidenciales por la coalición Frente Amplio, destacó su “labor transformadora”, pero marcó distancias y aseguró que en Chile “no hay persecuciones políticas judiciales” y que el edil debe defenderse ante la Justicia y “no atacando las instituciones”.

La defensa del alcalde, que tiene otro frente pendiente con la justicia por una presunta adjudicación irregular de licitaciones de luminarias, apeló la decisión, pero el tribunal decidió mantener la prisión preventiva. Por delante, el proceso contra Jadue tiene ahora 120 días (prorrogables) en los que la Fiscalía tendrá que recoger las evidencias de su acusación.

Hace dos años que el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción y ordenó el despliegue militar en varias localidades del sur de Chile en un intento de contener el aumento de sabotajes y acciones violentas en territorio indígena causadas por el conflicto entre el Estado chileno, el pueblo mapuche y grandes empresarios y latifundistas. Desde el 16 de mayo de 2022, la polémica medida se ha prorrogado en el Congreso chileno decenas de veces y, paradójicamente, Boric se ha convertido en el mandatario progresista que más tiempo ha mantenido a los militares en la zona en disputa.

“La militarización en el territorio, en realidad, se vive desde hace mucho más de dos años, desde que una tiene memoria”, dice la rapera mapuche Millaray Jara Collio –o MC Millaray, como ella misma se hace llamar– en una entrevista a ElDiario.es. A pesar que desde su escaño en la Cámara de Diputados, entonces como diputado, Boric había criticado duramente el despliegue de soldados en la zona ordenado por su antecesor, el fallecido Sebastián Piñera, solo dos meses después de llegar al poder reculó en su estrategia para abordar el conflicto.

“Es muy chocante, para mí, visitar los territorios (mapuche) y ver tanques y militares en la entrada, pero se está normalizando, sobre todo las nuevas generaciones, los más pequeños”, dice en una entrevista a ElDiario.es MC Millaray. “En ocasiones nos apuntaron, no sé con qué intención, pero apuntaron hacia el auto (coche)”, añade.

Con 18 años recién cumplidos y oriunda de la Pincoya, un barrio popular de la periferia santiaguina, la artista se ha convertido en una de las voces más prometedoras del rap en Chile, cantando en castellano y en mapudungún, lengua mapuche que aprendió de su bisabuela materna, una anciana casi centenaria que todavía vive en Wallmapu, el territorio mapuche. “Con la música podemos inculcar a los jóvenes valores de respeto a nuestra historia; a nuestra lengua, para que no muera; y a nuestra lucha por la tierra a la que pertenecemos”, dice la joven, que sacará su primer disco el segundo semestre de 2024. 

“Se nos hace ver como terroristas”

Según cifras del Gobierno, los actos de “violencia rural” en las regiones sureñas de La Araucanía y BioBío han disminuido en un 35% respecto a 2023 y un 51% respecto a 2021; mientras que los “ataques incendiarios” se redujeron en un 44% respecto al año pasado. Sin embargo, la zona centro-sur atraviesa ahora un complejo escenario porque a los ataques asociados a reivindicaciones políticas y ancestrales, se suman otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado o el robo de madera. Una mezcla que resienten, sobre todo, las comunidades locales. “A nosotros se nos impone la Ley Antiterrorista, se nos inculpa de cosas que no son y se nos hace ver como terroristas”, lamenta MC Millaray. 

En las últimas semanas las alertas y sospechas en el territorio mapuche se han disparado a raíz del triple asesinato policial ocurrido hace menos de un mes en la zona. Se trata del atentado más grave de la historia reciente del país perpetrado contra el cuerpo de Carabineros, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como fueron muertos los agentes: un grupo disparó a la patrulla policial y quemó su vehículo con ellos dentro.

Nadie reivindicó el ataque, hasta ahora no hay detenidos y las investigaciones siguen su curso, pero las autoridades coinciden en que el “modus operandi no corresponde con la violencia rural” en las localidades afectadas por el conflicto. “Se nos tacha de muchas formas, cuando en realidad hemos sufrido varios montajes; se habla de las supuestas zonas rojas y violentas, pero jamás se habla de los traumas que deja la violencia en los niños y ancianos mapuche”, critica la cantante, que también es portavoz de la Red de la Infancia Mapuche.

Para MC Millaray quedan lejos las movilizaciones históricas de 2019 en las que la sociedad chilena, en una suerte de reconciliación histórica, se volcó con el pueblo mapuche, que representa el 9% de los casi 20 millones de habitantes de Chile. Ondeaban sus banderas y sus símbolos y lemas eran omnipresentes en todas las marchas. La joven participó en las protestas, rapeó, cantó y gritó en la plaza principal de Santiago mientras creía en la posibilidad real de enterrar la Constitución actual, heredera de la dictadura, y sustituirla por otra que reconocía la plurinacionalidad del Estado chileno y entregaba mayor autonomía a los pueblos originarios. 

Todo quedó en un sueño que se evadió cuando el texto fue rechazado por una amplia mayoría: “Fue como alzarse en una unión que no se había visto antes, como si de repente existiera una empatía hacia nosotros; después, pero, fue todo muy decepcionante, un gran retroceso”. De la sociedad chilena, pensó: “Habrían podido hacer algo importante por nuestros derechos, pero antes que eso prefirieron quedarse con una Constitución que arrastraba tanto dolor”. 

“Avanzar sin olvidar”

Millaray, que significa “flor de oro” en mapudungún, canta a la tierra, a la naturaleza y reivindica los derechos de su pueblo a recuperar sus tierras ancestrales: “Existe una deuda histórica que nunca se ha cumplido con la tierra”, dice. Para intentar avanzar en esta dirección, determinar la demanda de terrenos mapuche y fijar un plazo para devolverlos, el Gobierno de Boric puso en marcha hace un año la Comisión para la Paz y el Entendimiento que elabora un catastro en varias regiones del sur de Chile. “Jamás van a poder saldar esta deuda porque es muy grande, es demasiado el territorio y mucho ya ni siquiera pertenece al Estado chileno”, apunta la compositora y activista medioambiental. “Las transnacionales se instalaron en el lugar y se habla de devolver una tierra que fue vendida a quien la está devastando”, añade.

Escéptica con los acuerdos que puedan dejar los diálogos de la Comisión para la Paz ante un conflicto centenario y enquistado por décadas, MC Millaray “no espera nada del Estado” porque –dice– “jamás se han cumplido las leyes, ni siquiera los tratados internacionales firmados (por Chile) voluntariamente”. Vivió desde pequeña el racismo y la discriminación, incluso “por parte de personas cercanas y de profesores”, y en sus redes, donde acumula más de 37.000 seguidores, ha sufrido acoso y amenazas. “Como mujer mapuche, como mujer indígena, esto a mí no me quita la esperanza”, recalca. Su hoja de ruta para el conflicto propone “seguir adelante, sin olvidar jamás el pasado” y, sin una solución de fondo a la vista, concluye: “No podemos perdonar, pero sí podemos avanzar”.

Como cada sábado, decenas de mujeres participan en el taller de bordado en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, uno de los 60 lugares de memoria protegidos por la ley chilena para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero las puertas del recinto hoy están excepcionalmente cerradas. Entre las asistentes, que bordan una arpillera para la conmemoración del 14º aniversario de la recuperación del sitio, la conversación gira en torno a la grave crisis de financiamiento que afecta a una parte de los espacios como este. 

El Gobierno de Gabriel Boric hace cuatro meses que adeuda los recursos comprometidos en el Programa de Sitios de Memoria (PSM) iniciado en 2023, lo que ha dejado en la estacada a 13 memoriales del país. Además, el Ejecutivo anunció que cambiará la modalidad de entrega de los fondos, que pasarán a otorgarse por concurso y no de forma directa, como hasta ahora. “Como trabajadores y trabajadoras nos hemos enfrentado a condiciones de inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y por la falta de financiamiento del Estado”, apuntaron los sitios afectados en un comunicado. 

“Estos lugares tienen un valor muy importante para nuestra sociedad, son alertas para recordar lo que sucedió, para que nunca más suceda. No puedo entender que se puedan llegar a perder”, dice a ElDiario.es Cecilia Ramírez, de 55 años, una de las asistentes al taller de bordado. Su compañera y coetánea Sol Queupil, que tiene un suegro detenido y desaparecido por la dictadura, recuerda la importancia de “no perder la memoria” en un momento de “auge del negacionismo”. 

Sin más alternativa que el cierre

En la Casa Memoria José Domingo Cañas, un antiguo centro de detención y tortura que hoy lleva el nombre de la calle donde se ubica, cerca del centro de la capital, trabajan cuatro personas, un par de becarios y varios voluntarios. “El año pasado éramos un equipo estable de ocho, pero la mitad tuvo que ser despedida por la inseguridad de los recursos”, explica Paulina Acevedo, encargada del área de Educación. 

Otros espacios no pudieron resistir el abandono económico y tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas, como el Museo Neltume, en la Región de Los Ríos, al sur del país, dedicado a resguardar la memoria de la resistencia a la dictadura y las víctimas que dejó en ese territorio. 

“Al no tener otro tipo de financiamiento, queda todo un equipo de trabajo sin sueldos y el espacio queda sin la posibilidad de seguir operando, por lo que no hay otra alternativa que cerrar puertas”, apunta la presidenta de Neltume, Angélica Navarrete. 

“Para toda la red de sitios de memoria, esta situación es un golpe muy duro que no solo pone en juego la viabilidad de las instituciones afectadas, sino que da un mensaje de que este es un tema que no interesa ni a este Gobierno ni a la sociedad en su conjunto”, dice Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Javiera Bustamante, investigadora en Memoria Histórica de la Universidad Alberto Hurtado, subraya que “son sitios ya de por sí frágiles y vulnerables, tanto en su materialidad como en cuanto a sus capacidades de gestión, en recursos humanos y económicos” y recuerda que los 13 memoriales afectados fueron seleccionados por el PSM por estar “en evidente riesgo de deterioro, desaparición, afectación y agravios”. 

Navarrete lamenta que no exista una ley que proteja un financiamiento para los sitios de memoria “de forma continua e independiente del Gobierno que asuma”, para evitar la “pelea de cada año por el presupuesto”. 

Competir por recursos escasos

Hasta antes de 2023, cuando se implementó el PSM, los sitios de memoria sobrevivían como podían, “entre rifas, eventos para recaudar fondos y aportes personales”, aunque algunos también recibían recursos (más limitados) para proyectos específicos, explica Ana Becerra, presidenta de la fundación a cargo del sitio Rocas de Santo Domingo, un popular complejo residencial costero durante el Gobierno de Salvador Allende convertido luego en centro tortura por el régimen. 

En su primera cuenta pública como presidente, en junio de 2022, Boric se comprometió a “recuperar y revalorizar” los lugares de memoria, pero su compromiso duró un año. En 2024 su financiamiento se ha ido postergando y, tras las últimas reuniones, el Programa de Sitios de Memoria, vinculado al Ministerio de Cultura, prometió que los recursos llegarán en mayo, pero sin retroactividad. “No resuelve nuestra situación, porque no sabemos qué va a pasar en estos tres meses previos”, critica Acevedo. “Además, si los fondos son concursables nos obligará a competir entre nosotros, lo que es muy perverso”, añade. 

“Se acerca a un acto de traición”

Los trabajadores de los memoriales afectados dicen sentir “tristeza, rabia y decepción”, además de considerar “una falta de respeto a la memoria y a las personas desaparecidas”, en palabras de Paulina Acevedo. 

Claudio Nash considera “inconcebible” la actitud “indolente” de un Gobierno integrado por partidos que sufrieron la represión y que siempre habló de los derechos humanos como parte esencial de su agenda. Para él, lo ocurrido “se acerca más a un acto de traición que a un acto de desprolijidad o abandono”. 

Trabajadores del sector han mostrado su apoyo en público y, a nivel internacional, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que agrupa más de 370 sitios en más de 70 países, emplazaron al Gobierno chileno a “ofrecer una solución inmediata” a los lugares perjudicados. 

Más allá de las soluciones que el Ejecutivo ofrezca en el corto plazo, la antropóloga Bustamante opina que esta crisis “demuestra la deuda histórica (del Estado) con las políticas de memoria en Chile y las tareas pendientes en verdad, justicia y reparación”. 

Convencida de que la Casa de Memoria José Domingo Cañas “resistirá” este impasse, Paulina Acevedo lo resume así: “Es el Estado el que tiene la obligación ética y moral de mantener estos sitios porque fue el que en su momento violó los derechos humanos de miles de personas”. 

Después de permanecer dos días en absoluto silencio sobre el tema, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló desde Chile este domingo por primera vez sobre la imputación de la justicia española a su pareja, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. 

Ayuso, que pretendía dedicar este viaje exclusivamente a promocionar la capital española a inversores, altos empresarios y universitarios chilenos, tuvo que hacer un hueco en su apretada agenda para responder sobre la situación de su pareja, que empañó el que es su primer viaje oficial por América Latina. 

“El tiempo demostrará lo que pasa aquí. Mientras esté judicializado no puedo hablar”, dijo en la presentación de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en el Estadio Español de Santiago. “No es mi Gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”, insistió. 

Díaz Ayuso habló de una “estrategia chavista y putinista” porque “los datos de un particular están rondando en los medios de comunicación” y, sobre las acusaciones de amenaza a periodistas de elDiario.es y El País por parte de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, espetó: “Yo soy periodista. A mí nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa”. 

“Pedro Sánchez ha decidido ir ‘a la venezolana’”

Coincidiendo con su primera declaración pública a los medios, el diario chileno El Mercurio, de tendencia conservadora, publicó este domingo una entrevista en la que la gobernante refuerza los mismos argumentos e insiste en que el caso “no tiene nada que ver con su papel como presidenta de la Comunidad de Madrid”. Y añade: “Pedro Sánchez ha decidido ir ‘a la venezolana’ y utilizar todos los poderes del Estado contra el adversario político”. 

Tanto en el acto de este domingo con restauradores y propietarios de los comercios gourmet como en la entrevista al diario chileno, Ayuso lanzó dardos contra el presidente español, a quien pidió explicaciones sobre los supuestos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con el Grupo Globalia antes del rescate de la aerolínea Air Europa por parte del Ejecutivo central. También recordó que tiene sobre sus espaldas el 'caso Koldo', que involucra al hombre de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La noticia sobre la investigación de González Amador trasladó toda la atención a la capital chilena para recoger la reacción de la líder del PP de Madrid. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de la prensa, Ayuso guardó silencio durante dos días consecutivos y se blindó de los requerimientos de los medios. En las cinco actividades previas a la de este domingo, su equipo seleccionó las pocas preguntas que la prensa pudo plantear después de sus intervenciones obligando a los periodistas a escribir previamente sus cuestiones en un papel. 

Sin agenda política

La presidenta madrileña, que viajó acompañada del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, descartó una agenda política en su viaje: no fue recibida por ninguna autoridad local ni mantuvo encuentros con los partidos políticos chilenos de la oposición. 

Las referencias a la política chilena y regional las reservó para el foro organizado por el digital conservador El Líbero, donde deseó a la izquierda española y latinoamericana “una derrota sin paliativos”. También en la entrevista a la prensa chilena opinó sobre el Gobierno del progresista Gabriel Boric: “Todo el mundo lamenta cómo estuvo [Santiago] y cómo está hoy (...) cómo era la inversión, la llegada de talento y de empresas y cómo está ahora”. Lo dijo, a pesar de que la última revisión del Banco Central chileno posicionó el 2023 como el año con el mayor flujo de inversión extranjera en Chile desde 2015.

A la caza de inversores y estudiantes

Ayuso se enfocó durante cuatro días en posicionar a Madrid como uno de los principales atractivos empresariales, turísticos y de estudios de Europa y abrió las puertas de la capital a inversores, gente de negocios, estudiantes, docentes e investigadores. 

“Es la región que está más de moda en Europa” y “nos hemos convertido en ese lugar de oportunidades del que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere visitar”, dijo el viernes en un encuentro con estudiantes y docentes en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, una de las más prestigiosas del país, donde tuvo una cálida recepción.

En su discurso alabó “la vida a la madrileña, de espíritu libre y bravo” e insistió que “a Madrid se va a que a uno le dejen en paz, a ser lo que uno quiera, sin que la administración, la burocracia ni la política le diga cómo tiene que vivir, sentir o dirigir su vida”. 

Algunos colectivos locales, empero, la acusaron de mentir: “No venga esta señora a mentir a nuestro país, a hacer creer a las personas LGBTIQ+ chilenas que Madrid es una maravilla, porque no es cierto”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las organizaciones chilenas a favor de la diversidad sexual más reconocidas, por las reformas impulsadas bajo su gestión a varias leyes que protegían la diversidad sexual.

Ayuso enfila este lunes la recta final de su viaje, marcado por la investigación judicial a su pareja, con una última reunión empresarial y una nueva charla, en la Universidad de Los Andes, sobre las oportunidades del sistema universitario de Madrid. 

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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“Lo que estamos viviendo estos días es la tragedia más grande desde el terremoto del 27 de febrero de 2010”, que dejó 525 muertos. El presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió así a la ola de incendios más devastadora en décadas que desde el viernes azota la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, y que hasta la noche de este domingo ha dejado 122 personas fallecidas, según el último parte oficial. 

“Es Chile entero el que sufre y llora a sus muertos”, expresó el presidente desde la zona afectada el domingo, en un discurso en el que también decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes y anunció varias medidas para la reparación.

Hasta ahora, se calcula que hay unas 15.000 viviendas damnificadas (con distintos grados de afectación), más de 11.000 hectáreas calcinadas y más de 300 personas desaparecidas entre los escombros desde el viernes. Los vecinos de las zonas afectadas, concentrados sobre todo en cuatro comunas (Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache) permanecen bajo toque de queda nocturno y 1.200 de ellos se refugian en albergues, tras haber sido evacuados de sus hogares o haberlos perdido por completo.

Los fuegos han calcinado grandes sectores urbanizados como la zona industrial de la ciudad de Viña del Mar, pero también amplios sectores de viviendas sociales y campamentos irregulares, donde vecinos de escasos recursos se instalaron en la década de los 60.  

Además de disponer de puntos de recogida de artículos de primera necesidad desplegados por todo el país, Boric ordenó que el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se utilice “íntegramente como espacio para realizar actividades para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la tragedia”, con monitores y profesores para cuidarlos.

“Calor intenso, extenso y frecuente”

Los devastadores incendios han coincidido con una ola de calor extrema que elevó las temperaturas hasta casi 38 grados. Un salto de los termómetros que se sumó a vientos fuertes, propios de la región, de entre 30 y hasta 60 kilómetros por hora, que aceleraron la propagación de las llamas. “Estamos viviendo unas olas intensas de calor con récord histórico por el cambio climático”, dice a elDiario.es Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile.

El escenario se agrava por la sequía de más de 18 años que arrastra el país. Si bien el invierno pasado fue especialmente lluvioso en la zona centro-sur y se apaciguó un poco el déficit histórico, “no fue suficiente para poder contrarrestar la sequía acumulada por casi dos décadas”, explica Castillo. “Hoy tenemos un bosque nativo y plantaciones con mucho estrés hídrico, porque hay muy poca agua, y eso condiciona al encendido y a la propagación”, añade. Coincide con el ingeniero forestal y académico de la Universidad de Aysén Carlos Zamorano, que dice que las olas de calor registradas en Chile “son cada vez más intensas, extensas y frecuentes” y aplacan el impacto beneficioso de un invierno lluvioso.

“Las precipitaciones invernales favorecieron el crecimiento de vegetación que hoy, en la temporada seca, alimenta los fuegos”, dice también a elDiario.es Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Chile.

Tras un duro fin de semana de combate contra las llamas, en las últimas horas se ha producido una mejora de las condiciones climáticas que facilitó las tareas de extinción durante el domingo y el lunes. Sin embargo, el llamado es a no bajar la guardia porque aunque la propagación se ha detenido, se mantienen varios focos activos.

Más allá del clima, los expertos también atribuyen las causas de los fuegos al impacto de un modelo forestal basado en el monocultivo de pino y eucalipto, promovido por el Estado durante la dictadura (1973-1990). Vastas extensiones continuadas de estos árboles, altamente inflamables, aumenta el riesgo de grandes incendios, según los expertos. “Chile también es vulnerable al cambio climático por la continuidad de monocultivos forestales: tenemos una única especie que cubre millones de hectáreas; la homogeneidad es el problema”, dice Zamorano. 

“Falta de prevención”

Las autoridades creen que, por la simultaneidad y el lugar donde se iniciaron, varios de los incendios podrían haber sido intencionados. “No sabemos si esto es una banda organizada o si son pirómanos; será la justicia quien dirima aquello. Se están buscando a los culpables”, dijo el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca. 

Hace un año, cuando el país sufrió otra ola de incendios que dejó 27 personas fallecidas en regiones del centro-sur como La Araucanía, Biobío y Ñuble, también se concluyó, a través de una investigación, que casi la mitad de aquellos fuegos fueron provocados.

“La causa de incendio atribuible a la intencionalidad, es decir, al delito de incendio, lejos de bajar, ha ido aumentando”, dice Castillo, que enumera las quemas de basura, el tránsito y transporte de vehículos o la actividad turística como causas de incendios atribuibles a la actividad humana. Para él, “hay un trabajo pendiente en este ámbito” y propone como solución “intensificar la educación y capacitación para prevenir incendios”, especialmente en el currículum escolar y para quienes trabajan con distintas comunidades.

“La prevención tiene que enfocarse en una campaña permanente y en la educación ambiental, una educación cívica que se echa mucho de menos en nuestro país”, dice Zamorano. Según él, en Valparaíso y Viña del Mar se suman problemas sociales de fondo –como la acumulación de basura, los vertederos ilegales, las tomas de terreno, hacinamientos y casas precarias– que complejizan más las tareas preventivas.

El año pasado, el Gobierno de Boric aumentó hasta los 156 millones de dólares la partida para el combate de incendios en el presupuesto de 2024. Se trata de la mayor cifra de la historia del país destinada a estas tareas: un 47% más en comparación a la partida de 2023 y un 97% comparado con el 2022. En septiembre, además, el Ejecutivo presentó el Plan de Incendios Forestales para esta temporada, que consideró más de 3.330 brigadistas repartidos por el país y 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros con maquinaria y vehículos especializados. “Estamos preparados, hemos invertido, pero la responsabilidad también es de la ciudadanía”, afirmó entonces.

Cinco meses después, el país vive, conmocionado, uno de los peores incendios de su historia. Las víctimas mortales siguen aumentando y todavía quedan por delante casi dos meses de verano en el hemisferio sur.