La Comunidad de Madrid vivió este verano el peor incendio de su historia. En julio, tres focos distintos confluyeron en un gran fuego que arrasó con casi 30.000 hectáreas en la Sierra Oeste. Más de 70.000 personas fueron evacuadas, se cerraron 11 municipios y las autoridades cortaron 13 carreteras hasta apagar las llamas. El proceso de regeneración será largo y su reconstrucción, costosa: con el auge de los fuegos forestales y las temperaturas extremas, los ecosistemas se resienten y sus gobiernos buscan soluciones a contrarreloj. Aunque acabado el verano, muchas también se extinguen hasta próximo aviso. Por eso hay municipios probando fórmulas con las que proteger sus montes de un clima abrasador.

Hace dos años en Rivas Vaciamadrid, donde buena parte de la superficie es masa forestal y está ligada al Parque Regional del Sureste, el Ayuntamiento comenzó a idear una coraza para su principal monte urbano: el Parque de Mazalmadrit, con más de 120 hectáreas de terreno vulnerable. El proyecto nace de un diagnóstico previo que visualizó una vulnerabilidad muy concreta: la alta densidad de pino carrasco, un tipo de árbol que acumula biomasa seca y se hallan cerca de las zonas residenciales. Estos pinares fueron plantados hace medio siglo, durante una era de repoblación forestal en España.

Pero el consistorio ripense cree que el paso de las décadas y la falta de intervención sobre el terreno han favorecido la desprotección de esos entornos ante incendios o amenazas. Una de las principales razones es la competencia entre árboles por captar la mayor cantidad posible de luz, agua o nutrientes; resultando en ejemplares debilitados y más expuestos a las plagas. Además, el del Mazalmadrit es un entorno especialmente sensible al estar conectado a otros espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste, integración en la Red Natura 2000.

Los primeros pasos del experimento se dieron en noviembre de 2024. El Ayuntamiento de Rivas y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF España) firmaron un convenio de colaboración para los próximos cuatro años, aunque con posibilidad de renovarse anualmente si se aprobaba alguna actualización del plan. La idea no era simplemente levantar cortafuegos o eliminar superficie pinar: había que modificar progresivamente el ecosistema y hacerlo resistente a posibles fuegos.

De esta forma, se planteó alterar la estructura del monte urbano y procurar que la vegetación no se extienda hasta volverse material combustible. El pacto consiste en que la organización ecologista se hará cargo de los trabajos y para ello recibirá el apoyo del Ayuntamiento, con un modelo pensado para absorber también la participación ciudadana o incluir labores de voluntariado. Los objetivos principales son adaptarse a la evolución del clima mediante una “gestión forestal preventiva” o la “restauración ecológica” de la masa forestal, tal y como detalla el municipio en comunicados sobre el proyecto. Eso sí, el trabajo no acabará hasta al menos 2028.

Actuar sobre el bosque para bajar su combustión

La primera campaña se extendió hasta 2025 e intervino sobre más de nueve hectáreas de pinar. Usaron la técnica de la clara mixta: retirar parte del arbolado reduciendo así el pulso por los recursos naturales., y abrir espacios que interrumpan la continuidad del combustible forestal. De aquella operación se extrajeron más de 500 toneladas de madera, astilladas luego y trasladadas a un gestor para su aprovechamiento como biomasa, en forma de pellets.

Pero el plan antiincendios tiene otra pata. Recuperar la vegetación autóctona y diversificar un monte dominado por pinos es una tarea a medio plazo: en la zona norte -conocida como el espartal- se preparó el terreno y han plantado más de 3.100 ejemplares de 14 especies diferentes, entre ellas encinas, coscojas, romeros, espantalobos o incluso pítano (Vella pseudocytisus), un endemismo ibérico amenazado del que se han incorporado 90 unidades. Esta selección de plantas se ha fijado teniendo en cuenta criterios añadidos como, por ejemplo, la capacidad de cada especie de apartarse al suelo yesífero que imperan en montes de Rivas.

La segunda fase del convenio con WWF España se prolongaba hasta este 2026, cuando se han ampliado los trabajos a otras “cuatro o cinco hectáreas” según las estimaciones municipales, que ponen el foco especialmente en zonas próximas a urbanizaciones de alta peligrosidad. En esta etapa se ejecutarán cortas selectivas o podas en las ramas bajas secas, con idea de interrumpir una continuidad vertical en caso de incendio. Los ejemplares que no hayan sobrevivido al tiempo u otros fuegos serán repuestos y regados en verano, además de revisados periódicamente con desbroces en la vegetación competidora.

Y es que el seguimiento de las plantaciones es otra parte de la estrategia. Mientras los responsables del Fondo Mundial para la Naturaleza supervisan el estado de las nuevas especies introducidas, ambos actores procurarán que su mortalidad no supere el 30% después del verano. Las plantas que no sobrevivan se repondrán al año siguiente con mediciones o correcciones, con idea de que el trabajo se adapte a la evolución del monte y su ecosistema. La aspiración del Ayuntamiento de Rivas es ahora mismo hacer del Parque de Mazalmadrit un referente regional en materia de prevención de incendios; pero lograrlo no será sencillo.

La factura de los incendios: casi tres millones en los montes

La experiencia de Rivas llega después de que la prevención forestal haya dejado de ser una cuestión estacional. Este último verano ha sido el más cálido registrado en España desde que hay registros, en una serie histórica que comenzó en 1961. En un escrito remitido a la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda solicitó en octubre nuevas ayudas contemplatas en el Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) para paliar estragos por los incendios forestales, que relaciona directamente con un peligro de “excepcional gravedad” para la población española y un escenario meteorológico adverso.

Dados los episodios encadenados de altas temperaturas, se cifran daños estimados de unos 3.500 millones de euros. En Madrid, mismamente, la reconstrucción de la Sierra Oeste refleja una primera aproximación a lo que cuesta recuperar el patrimonio forestal después de un gran incendio. El Ejecutivo regional ha anunciado una inversión de cerca de 2,8 millones para intervenir en montes públicos afectados por los fuegos del verano. Más de dos millones irán a parar a 10 montes de utilidad pública de la Sierra Oeste, y otros 750.000 euros servirán para revitalizar el entorno de Lozoyuela, Buitrago del Lozoya y Puentes Viejas.

Ese presupuesto contempla trabajos que van desde la retirada de árboles quemados o peligrosos hasta la reparación de pistas forestales y cerramientos, pasando por medidas para evitar la erosión del suelo y el arrastre de cenizas hacia infraestructuras de abastecimiento de agua. La cifra, sin embargo, no representa el coste total para reparar la Sierra Oeste: el Gobierno autonómico anunció otro paquete millonario de medidas cercano que incluye bonificaciones para viviendas, empresas, explotaciones agrícolas o ganaderas u otras actuaciones de recuperación.

Desde el Ayuntamiento de Rivas, en su caso particular, tratan de extraer otra vía de salida: la de una intervención previa que prevenga futuros gastos de reparación o trabajos de emergencia sobre montes ya calcinados. Mediante la reducción del material combustible presente en los bosques o la introducción de especies, el fin es minimizar las condiciones para la propagación de un fuego y proteger al ecosistema con un experimento en 120 hectáreas de parque.

Pero de fondo hay una intención de probar fórmulas efectivas que puedan extenderse a otros espacios forestales de la región. Especialmente aquellos que, como Mazalmadrit, conviven con urbanizaciones y acumulan décadas sin gestión preventiva. En un verano en el que la Sierra Oeste ha sido un espejo del alcance que puede adquirir un gran incendio, Rivas plantea una pregunta que trasciende sus límites municipales: ¿cuánto cuesta cuidar un bosque antes de que arda, y cual es el precio de intentar recuperarlo después?

“Pagamos más de 1.000 euros de matrícula, y eso que nuestras tasas son de las baratas”. Mónica, Guillermo y Alejandro estudian Matemáticas en la Complutense (UCM). Es un miércoles a media mañana, pero no están en clase: han decidido sumarse a una nueva marcha por la educación pública que, esta vez, pone a las universidades en el punto de mira. Aunque los docentes de colegios e institutos madrileños llevan semanas en huelga, no ha sido hasta ahora que la comunidad universitaria se ha adherido a la protesta con dos manifestaciones seguidas. La primera arranca este 4 de noviembre en un recorrido simbólico, que pasa por la calle Ferraz y termina en la calle Génova, sedes de PSOE y PP. Mañana, día 5, habrá otra desde Atocha a Sol que parará frente a la Consejería de Educación, actualmente presidida con Mercedes Zarzalejo.

Pero su apellido ya protagonizó algunas de las pancartas vistas este mediodía. “¿Dónde está Zarzalejo?”, cuestionaba uno de los carteles que portaban los manifestantes, en el que aparecía una imagen de la consejera sobre un documento dibujado. Las seis universidades públicas de Madrid han denunciado la merma de recursos y una “infrafinanciación” desde la administración regional, a la que consideran más inclinada hacia una apuesta por la universidad privada. En España son las comunidades autónomas las que poseen las competencias en Educación, por lo que buena parte de los cánticos se dirigieron a los gobiernos populares de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida: de los primeros dependen sus condiciones y de los segundos, el estado de los edificios en los que estudian.

Sin embargo, también hubo quejas contra los socialistas. Los manifestantes querían iniciar su marcha frente a la sede del PSOE, en plena calle Ferraz; aunque una indicación del Gobierno desvió ese recorrido hasta las calles colindantes. Poco antes de la marcha, convocada a las 12.00 hora, los sindicatos comenzaron a difundir un aviso a navegantes.

“La delegada del Gobierno no ha permitido iniciar la marcha contra la privatización de la educación en el punto donde la habíamos solicitado: la sede del PSOE. Lo ha hecho sin dar ningún motivo claro para ello”, señalaron desde Comisiones Obreras (CCOO) en una escueta nota de difusión, en la que indicaban una nueva localización para iniciar la marcha en el número 19 de la calle Marqués de Urquijo, a unos 300 kilómetros de la primera localización anunciada.

Desde el equipo de Pilar Trinidad Nuñez –al frente de Delegación en la Comunidad de Madrid desde la dimisión de Francisco Martín– han matizado estas conclusiones, en las que se tilda de “arbitraria” la actuación de la delegada. “No ha sido un cambio de última hora: en la toma de conocimiento [documento que formaliza estas convocatorias] venía recogido el punto de inicio en la esquina de la calle Marqués de Urquijo con Martín de los Heros. Se ha puesto ahí la cabecera para ordenar el flujo, porque se espera una gran afluencia de gente. Podrán pasar por la esquina con Ferraz”, detallan fuentes de la institución.

Durante el recorrido se atravesaron dos puntos clave para los manifestantes: las universidades de Nebrija y la Pontificia de Comillas, ambas privadas. “Estamos pasando por un centro que pertenece a la Iglesia Católica y otro donde estudiar cuesta miles de euros. Y sin embargo, para los que estudien Medicina en la Universidad de Nebrija también hay plazas en hospitales públicos”, lanza al otro lado del megáfono uno de los asistentes, vestido con la camiseta verde y su característico logo en defensa de la educación pública: “Ayuso está forzando a que cada vez más gente tenga que pagar esas cantidades, y ya no solo los de clase alta. Es un modelo que se promueve todos los días reduciendo plazas en la pública, y por eso estamos hoy aquí”.

A la salida de la facultad, tres chicas que estudian precisamente en ese centro privado observan a los manifestantes. Consultadas por este periódico, aseguran que la protesta ante sus ojos les parece “súper lícita y necesaria”, pero piden a los manifestantes que “no se metan con la universidad privada”. “Es raro, porque al final es un gobierno progresista el que manda, ¿entonces qué es lo que critican?”, lanza una de ellas, pese a que las competencias educativas recaen sobre el Ejecutivo regional.

Entre los asistentes a la protesta había docentes como María, contratada predoctoral en la Universidad Complutense; pero también otros perfiles muy diversos de cada etapa de la educación pública: Primaria, Secundaria, Bachillerato o FP (Formación Profesinal). “Mi experiencia es que conseguir estos contratos [predoctorales en universidades] es tremendamente difícil, y la mayoría de los investigadores lo hacen sin un sueldo que les permita vivir. Eso trae muchas dificultades: si cada vez hay menos plazas las notas de acceso serán más altas, y a veces te inscribes al doctorado sin saber si podrás vivir de ello. Así nadie puede organizar su vida”, narra la primera de ellas, que se confiesa “hiperestimulada” después de una manifestación a la que han acudido miles de personas. De momento no hay cifras oficiales de asistencia.

Luis, maestro de Primaria en un colegio público, también ha ido a apoyar las protestas universitarias. “Al final estamos todos igual de jodidos: a nosotros, por ejemplo, ahora nos han metido más CEIPSO [un modelo que incluye Primero y Segundo de la ESO en los colegios] sin ampliar el personal preparado para dar clase en estos centros, y las ratios por aula siguen siendo de 26 o 27 estudiantes cuando no deberían pasar de 20, que es lo óptimo”, establece. En el caso de la Formación Profesional, destaca a su lado María, llegan a contar “incluso 30 o más”.

Al llegar al número 13 de la calle Génova, sede del Partido Popular, los cánticos se sucedieron. “Ayuso, Almeida, iros a la mierda”; “no nos interesa una educación al servicio de la empresa”; “Ayuso, atiende, la pública se defiende”. Los manifestantes que habían querido arrancar la marcha desde la sede del PSOE en Ferraz ahora culminan frente a la del PP, poniendo la guinda a una ajetreada mañana de protestas. “¿Cuándo no hay manifestaciones, últimamente?”, responde con ironía un agente del cordón policial a una señora que le pregunta en el cruce con la calle de Sagasta. El jueves por la tarde habrá una segunda marcha por las universidades madrileñas, y todo noviembre será agitado: a las protestas actuales se sumarán, en pocos días, una huelga general y elecciones turbulentas.

Eran las 2.54 de la madrugada cuando Juan notó algo raro. Lo sabe porque tenía el móvil en la mano y aún estaba despierto, aunque dentro de la tienda. Fuera hacía frío. Le sobresaltó la entrada de unos agentes uniformados, que lo cogieron de los brazos hasta sacarlo de la pequeña carpa donde acampaba en la Puerta del Sol. Siempre según su relato, fue “gaseado” con spray pimienta y le quedaron marcas del forcejeo en el cuerpo. “Me apartaron del resto y luego me tuvieron una hora solo, hasta que el gas ya me dejó estragos en la cara”, declara a Somos Madrid a las seis de la tarde del día siguiente, en un mirador junto al Jardín de las Vistillas: “Lo que hemos visto ha sido una acción violenta por parte de la policía, y nuestra mejor defensa es comportarnos de forma pacífica”.

Dice tener un informe médico que lo acredita y alterna sus explicaciones con comentarios a otros participantes allí reunidos, que a veces pasan a consultar detalles. Es una tarde ajetreada en la que medio centenar de personas, casi todos expulsados de Sol esa misma noche, deliberan sobre sus próximos pasos. Horas antes un macrodispositivo policial compuesto por 420 agentes desmanteló el campamento por la vivienda que comenzó a formarse el 26S.

Aunque oficialmente se ha anunciado un desalojo con apenas incidentes, en el que han participado 220 efectivos de la Policía Nacional y otros 180 de la Municipal, bomberos o servicios sociales, los desacampados denuncian un “desalojo violento” y “excesos de violencia policial”. Son los calificativos que repiten muchos de los presentes, reunidos horas después en otro lugar para ultimar detalles de una nueva marcha hasta Sol. Había sido convocada de urgencia y movida por las distintas entidades u organizaciones ciudadanas que mantenían la acampada, con más de un mes de trayectoria y una ciudad a pequeña escala creada en protesta, primero, por el mercado del alquiler, y luego por otras causas sobre las que horas antes se había leído un comunicado en mitad de la plaza.

En él analizaban lo logrado, marcaban nuevos pasos a seguir y dejaban entrever su intención de, poco a poco, irse retirando de Sol para continuar desde otras vías. Pero la irrupción policial, de la que aseguran no haber recibido aviso ni orden judicial a la vista, cambió sus planes. “Dijeron que tenían una autorización oficial, pero todos la hemos pedido y que nos conste ninguno ha podido verla”, rememora Diana, otra de las afectadas esa noche que aún seguía pendiente de volver a Sol.

“A nosotras nos sacaron a las 3.45 y estuvimos retenidas hasta las 4.30 de la mañana, con los antidisturbios entrando y echándolos a todos”, añade, asegurando que a la mayoría de ellos les han confiscado teléfonos móviles, documentación identificativa, papeles de trabajo en el caso de los migrantes, medicamentos para trastornos del espectro autista, la diabetes o contra los ataques de asma, así como enseres de gente sin hogar que “ha perdido todo lo que tenían”. Es lo que detalla Pepe, uno de ellos, que aparenta entre 40 y 50 años. Vino de Toledo y vivía en la calle hasta que oyó hablar de la acampada de Sol, donde decidió plantar su tienda en busca de “un lugar más seguro y con gente” donde pasar la noche.

Insiste en que los agentes accedieron “con cuchillos de doble hoja para cortar las vallas” y “gas pimienta con el que rociaban a todo el que estaba allí”. Otra de sus acompañantes (se identifica como Miriam) muestra uno de los vídeos de aquella noche. En él aparece una joven que acampaba en Sol y corrobora las imágenes a preguntas de Somos Madrid. “¡Por favor, el Samur, que no puedo más! ¡No puedo más!”, grita entre llantos y en plena noche. Al fondo se ve un cordón policial mientras los gritos de la joven se solapan con otra voz, aparentemente la de la persona que graba: “Por favor, ¡solo necesita un inhalador! ¡No es nada raro!”.

Miriam sostiene que a la chica le estaba dando un ataque de asma ante la inacción de los agentes, y estos “impedían el paso hasta la ambulancia de Samur [los servicios sociales madrileños]”, algo que corrobora ella misma, prefiriendo mantener su nombre en el anonimato. Delegación del Gobierno asegura, sin embargo, que el desalojo de Sol se produjo sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Entre los últimos acampados de Sol también hubo dos detenidos. Se identifican como Alejandro y Sufi. Ambos son jóvenes y aseguran haberse conocido entre tiendas, pero fueron los únicos en ser llevados a comisaría y liberados horas más tarde. Ahora dicen estar a la espera de juicio. “No será un juicio rápido”, añade Ayla, otra de sus compañeras.

El testimonio de estos dos jóvenes señala directamente actos de “violencia policial” que, a su juicio, fue “arbitraria y excesiva”. A Alejandro por ejemplo lo “acorralaron mientras se echaba un cante”; es decir, lanzando a viva voz consignas contra las actuaciones. “Entonces fue cuando empezaron a enzarzarse [los agentes] con los demás, y a mi me cogieron y me sacaron en el aire cogido por las extremidades. Ellos lo vieron, ¿a que sí?”, pregunta al volverse ante Ayla, Sufi o Alberto, que escuchan la conversación durante la nueva marcha hasta Sol, citada a las 19.00 horas de este martes.

Los tres asienten y piden que cuente lo que vino después. “Cuando me dejaron en la calle, otro guardia vino directo hacia mi y me dio una patada en los huevos. Sufi también estaba allí”, narra el joven. Ambos fueron detenidos y dicen no tener móvil, ni “esperanzas” de conservar los objetos que guardaban en el campamento y ahora habían ido a parar a algún depósito del Ayuntamiento; ironizan con el de Valdemingómez [el vertedero municipal].

Los detenidos recuerdan que unos instantes más tarde esos mismos policías le esposaron junto al kilómetro cero, frente a la Real Casa de Correos, dejándole leves marcas en la muñeca. Los testigos consultados por este períodico, al menos una decena, coinciden al mencionar golpes e incluso “palizas”, cuchillos para forzar la entrada, la falta de tiempo para recoger sus cosas o lo abrupto del desalojo: “Nos dijeron que en 40 minutos todo debía estar fuera”.

Poco después, los servicios de limpieza comenzaron a desmontar las tiendas de campaña y a retirar los restos de la acampada, cortando el acceso a viandantes hasta desde por la mañana. A las 13.00 horas la plaza ya se encontraba despejada y abierta al público: el Ayuntamiento suma unas 36 toneladas de tiendas u otros objetos requisados, que han ido a parar a los depósitos municipales con la promesa de ser entregados a quien los reclame vía formulario. Sin embargo, los allí presentes temen que el sistema de recogida con grandes palas de excavadoras haya dejado dañados sus materiales.

A las 12.30 horas de este martes, Lucila cruzó una Puerta del Sol cuya imagen había cambiado por completo. O al menos ya no era lo que recordaba. El perímetro de la plaza estaba precintado y donde hacía unas horas continuaban los restos del movimiento –cuyo número de miembros o colectivos implicados había ido mermando– ya gobernaba de nuevo el habitual tránsito de turistas. 

“Ahora están limpiando y huele bastante a lavandina”, dice Lucila, que, sobre todo, ha encontrado “muchos camiones” de limpieza en la zona y a la que ha sorprendido la rapidez de la operación, pues comenzó de madrugada. El debate abierto por la continuidad de la acampada tenía que ver con acordar cuál era a partir de ahora la forma más útil de presionar. Después de empujar a un adelanto electoral o contribuir con sus llamamientos en asambleas a la convocatoria de la huelga general, el movimiento había perdido fuerza y cada vez contaban menos manos para sostener su día a día.

Finalmente, el pasado lunes alrededor de un centenar de personas leyeron un manifiesto con diversas reclamaciones genéricas. Algunos todavía pretendían continuar, aunque la mayoría se preparaba para desmantelar y recoger progresivamente tiendas y enseres. Sin embargo, la repentina actuación policial en la noche del 2 al 3 de noviembre desarticulaba completamente lo que quedaba de acampada 38 días después de su arranque.

Ese ha sido el abrupto desenlace de una progresiva disminución de fuerzas desde que el Sindicato Inquilinas de Madrid, la organización que lideró la acampada en sus primeros compases después de que el 23 de septiembre se ejecutara el desalojo de Maricarmen, iniciase una progresiva retirada de efectivos para focalizarse en los barrios y en la huelga general del 11 de noviembre. Una dinámica similar a la que han seguido otros colectivos consultados por este periódico. Pese a ello, la organización de arrendatarios ha mantenido su respaldo a la acampada y, contra diferentes bulos y rumores, nunca ha llamado activamente a su desmantelamiento. Es por ello que uno de sus portavoces, Fernando de los Santos, ha criticado en declaraciones a los medios la actuación policial y de la Delegación del Gobierno en Madrid: “Lo primero es condenar e investigar la violencia empleada hacia quienes están protestando pacíficamente”.

“Mientras miles de personas están sin hogar y las preocupaciones por la vivienda siguen sin ponerse en el centro, la máxima preocupación de las administraciones empezando por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es desalojar a estas personas”, denuncia. De los Santos considera que el proceso de la acampada ha sido “muy útil para que la gente se acercara a la lucha por la vivienda y otras luchas, como la educativa, la laboral o la antirracista”. Ahora, dicen, el propósito es “trasladarla a los barrios y las calles para construir la huelga del 11N, pararlo todo y conquistar de verdad el derecho a la vivienda”. El Sindicato envía estas palabras desde París, en una reunión de urgencia entre representantes de sindicatos laborales y de vivienda de siete países que da cuenta del alcance global que ha logrado la movilización.

Gustavo y Pablo pertenecen a la Asamblea de Vivienda de Villalba, uno de los grupos que integra el Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid (Pucvm). Con gran presencia desde el inicio de la acampada, la propia idiosincrasia de la entidad les hizo tener claro desde el primer momento que el movimiento debía desembocar en los barrios y los municipios. Pucvm acabó oficializando su retirada hace dos semanas para iniciar ese trabajo localizado, sobre todo de cara a la huelga general. “Entendimos que la presión política de las acampadas ya estaba hecha y que la huelga requería un curro”, opina Pablo.

Apunta Gustavo que eso no implicó desligarse totalmente de la plaza y que él, a título personal, continuó acudiendo en algunas ocasiones aunque ya sin pernoctar. Admite que la composición social cambió, aunque cree que los medios han desdibujado la realidad de quienes quedaban: “No era tan desagradable como querían pintar. Llegó más gente sin hogar, con una vida difícil, pero no era inseguro. Valoro la permanencia y que se diera auxilio y techo a personas en situación de calle”.

De hecho, expone que esas personas acabaron adoptando formas de organización social herederas de los propios movimientos presentes desde un inicio: “Quedaba gente que ha trabajado en auxiliarles, apoyarles y enseñarles el poder de la organización. Se ha generado una asociación de casi 50 personas en situación de calle, capaces de trabajar en común y solventar problemas de convivencia, o de mantener las tareas de limpieza instauradas desde el principio”.

Algo que se vincula con el que, según Pablo, es el principal logro del asentamiento iniciado el 26 de septiembre: “Ha servido de aprendizaje colectivo y apoyo mutuo para personas muy distintas. Lo vemos ahora con la huelga, donde después de 12 años sin ninguna convocatoria las compañeras militantes que recuerdan esa experiencia no son las más jóvenes. Hay que incorporar esos saberes y adaptarlos, tener capacidad para entenderse con gente que viene de sitios muy distintos, no olvidar perspectivas como la antirracista…”. Una ardua tarea para encauzar el “repunte de atención mediática hacia casos de problemáticas de vivienda y hacia la gente que quiere luchar”.

En Collado Villalba lo han comprobado de primera mano. Cuenta Gustavo que la Asamblea de Vivienda ha experimentado un boom de asistencia: “La acampada ha permitido que mucha gente se anime a cooperar. Hasta ahora casi toda la gente que venía tenía un problema, ahora llegan personas por el mero hecho de militar y echar una mano”. Para su compañero, ha sido el fruto de una labor que precede a lo ocurrido en Sol: “El trabajo diario de hormiguita en las asambleas se ha catalizado de manera positiva, pero a nivel de base se valora lo positivo que ha sido ponerse cara y colaborar mano a mano”. El Pucvm, aunque viene de una larga trayectoria de colaboración entre entidades, tomó forma y nombre pocas semanas antes de la acampada. El timing acompañó. “Quedan cosas por cerrar a nivel teórico u organizativo, pero en lo práctico y en lo emocional nos ha dado mucho”, resume Pablo.

Hasta ahora casi toda la gente que venía tenía un problema, ahora llegan personas por el mero hecho de militar y echar una mano. Quedan cosas por cerrar a nivel teórico u organizativo, pero en lo práctico y en lo emocional nos ha dado mucho

Más allá de ese impacto positivo a nivel de su agrupación, valoran positivamente la repercusión en la movilización social de Madrid y de todo el país (incluso a nivel internacional), aunque no haya estado exenta de tensiones: “La acampada ha sido un lugar de encuentro con distintos colectivos. Las alianzas se colocan y las diferencias también se hacen más visibles. Es importante saber qué nos une y qué nos diferencia”, subraya Pablo. 

Desconvocar para organizar

Una de las organizaciones presentes en la acampada que ha marcado perfil propio es la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), integrada en el Movimiento Socialista, también presente en las movilizaciones recientes con la Organización Estudiantil Socialista (OES). Carlota, militante de CJS, coincide no obstante con el análisis de que entendieron que los pasos a seguir conducían a “los barrios, los centros de trabajo y los de estudio”. Sus tareas de organización y difusión comenzaron a orientarse hacia los comités unitarios y juveniles del 11N.

“Desde que surge la acampada tenemos claro que tiene que ser una herramienta de construcción de un poder independiente más allá de lo institucional. No podía estar supeditada a la aprobación o no de los decretos, a las elecciones, ni siquiera a la huelga. Debía servir para denunciar la situación de la clase trabajadora, no para parches ni para campañas al gobierno. La desconvocatoria respondía a los intereses de crear esa organización”, aclara Carlota.

En CJS entienden la acampada como “un primer paso positivo para muchos jóvenes que nunca habían acudido a movilizaciones y no querían sentirse meros agentes pasivos”. “Se ha demostrado que hay una juventud dispuesta a organizarse, en nuestro caso en coordenadas socialistas, frente al discurso de esa ola reaccionaria entre los jóvenes que, por otro lado, no negamos. Si uno de cada cuatro jóvenes se plantea votar a Vox, se ha puesto en el foco a esos otros tres de cada cuatro y en la urgencia de construir un proyecto que movilice en otros postulados”, desarrolla Carlota.

“Durante unos días fue fácil poner la tele o leer un periódico y dar con un discurso netamente socialista. Eso nos ha permitido demostrar que nuestro discurso es perfectamente comprensible para la clase trabajadora y quienes sufren las condiciones de miseria. Unas condiciones que no se pueden abordar omitiendo la responsabilidad del Gobierno central y de los autonómicos, de los especuladores en su conjunto, de la patronal”, opina. Como valoración general Carlota cree que “ha servido para mucho al conjunto de organizaciones y sindicatos que han participado de cara a alcanzar ese horizonte futuro desde una orientación política acertada, sabiendo que el contenido no está fijado de antemano”.

Preguntados acerca del momento con el que se quedaría de estas semanas en Sol, Pablo duda y repasa varios logros: “Hemos ampliado la caja de resistencia, hemos recogido donaciones directas a personas migrantes en Ceuta... Pero me quedo con un turno que compartí en el punto de atención sanitaria con una compañera enfermera. Aprendí de la logística de los cuidados y la gestión de momentos de crisis. Cuando ocurre una catástrofe, como han sido los accidentes de tren, los incendios o el volcán de La Palma, es cuando cobra valor ese saber organizarse y gestionar la vida. Donde hay violencia no hay apoyo mutuo y donde hay apoyo mutuo no hay violencia”.

Su compañero Gustavo baja la reflexión a lo terrenal con una de las emotivas imágenes que podían verse durante la acampada: “Me quedo con la respuesta social positiva que ha habido, aunque haya excepciones de gente que venía a provocar o a criminalizarnos. Me quedo con ver llegar a las 8.00 de la mañana a dos señoras con un bizcocho recién horneado. Con lo difícil que en muchos momentos era gestionar la cantidad de cosas que había, cómo llegaba de todo cuando pedías linternas, pilas, baterías externas... nos han dicho muchas veces que lo que hacíamos era admirable y que hemos contribuido a una sociedad mejor construida”.

Carlota duda entre dos momentos. El primero, el propio desahucio de Maricarmen que dio pie a todas las movilizaciones. “A las personas que militamos en sindicatos de vivienda y sabemos lo que es poner el cuerpo en un desalojo nos conmovió”, señala. El segundo es la reclama nocturna en la noche del 2 noviembre, horas después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda. CJS, que ya lideró la indignación en el momento de la votación, emprendió una marcha hacia el Congreso en un momento de enorme rabia social. “Fue una imagen muy potente, vimos que juntas podíamos vencer los discursos que se pretendían dar desde sectores de la acampada con un mensaje contundente y serio sobre lo que queríamos como juventud socialista. Nos motivó, pero queda mucho trabajo por hacer para que ese espejismo se transforme en realidad. Esto no ha hecho más que empezar, no acaba con la acampada, con la huelga, ni con las elecciones”.

Ayla, que ha vuelto a Madrid después de siete años viviendo en Dinamarca pasó las últimas dos semanas acampando en Sol. Antes de que pasaran 24 horas desde el desalojo ya estaba retornando a la plaza junto a otros que, en muchos casos, tuvieron menos suerte que ella. “Yo fui de las pocas que tuvo tiempo de recoger sus cosas”, destaca, aunque después paso la madrugada pendiente de dos compañeros detenidos y hablando con el abogado que logró sacarles de la cárcel. Ahora están a la espera de juicio y Ayla combina el enfado por lo ocurrido con algo de esperanza.

“Después de vivir en el extranjero y sabiendo cómo estaba España ahora no esperaba encontrarme con algo como esto, una reivindicación con la que hacer comunidad. Creo que nuestro futuro será distinto al del 15-M porque allí al final hubo mucho politiqueo, pero en Sol hemos intentado dejar ese enfoque y hacer política desde lo pequeño, como son las asociaciones de barrio o las luchas del día a día que seguirán en pie aunque las tiendas se caigan”, desea en declaraciones a Somos Madrid. Y no solo las organizaciones vecinales han participado en este movimiento: también lo hicieron desde otras luchas más específicas o entidades de larga trayectoria.

Aunque al principio fueron muchas las entidades ecologistas que se sumaron a la protesta, su presencia también se ha diluido o queda lejos de ser lo que era. El 27 de septiembre, la sección joven de Ecologistas en Acción anunciaba su incursión en la acampada, que apenas había empezado a formarse una noche antes. La confederación de colectivos por el medio ambiente unió pronto su causa a las reivindicaciones contra el actual mercado inmobiliario, al que también se consideran ligados. “Veníos aquí a Sol con nosotras, defendamos el planeta y la vivienda juntas”, invitaba una de sus portavoces. Sin embargo, hacía ya unos días de su retirada, así que la desacampada no les ha pillado de pleno. 

“Ya tiendas no teníamos ninguna, por suerte, aunque creo que quedaban unas carpas y eso sí que es una putada”, relata Carlos, que milita en Ecojóvenes y ha sido una de sus caras más visibles desde el kilómetro cero. Desde un mostrador improvisado, donde exhibían folletines o información sobre su trabajo, la acampada y vías de participación ciudadana. Pero una vez comenzó el pulso interno entre quienes mantenían a flote la acción protesta y los partidarios de un desembarco progresivo, ellos consideraron que era mejor abandonar para continuar esa senda desde otras vías. 

Sobre recuperar las cosas que la Policía ha retirado de Sol, de momento todo parece “un caos”. “Primero se dice una cosa, luego otra… estamos esperando a ver si se aclara un poco [el procedimiento] y podemos intentarlo, pero personalmente no tengo mucha esperanza”; confiesa Carlos, a quien también preocupan las personas sin hogar que en los últimos días habían sumado sus propias tiendas a las que ya copaban la acampada, en intento de resguardarse en lugares más seguros y aprovechar la concentración de gente. 

También las ONG andan pendientes de lo ocurrido. Es lo que explica Jesús, trabajador social en una organización dedicada a la reinserción de las personas sin hogar. En los últimos días, habían desplegado a algunos miembros en la acampada después de que conocer que allí también se han refugiado quienes no tenían donde dormir. Han pasado la jornada del martes pendientes de quiénes hayan podido perder sus tiendas o enseres, habiéndose visto afectados por la decisión de Delegación.

Al límite de que expirara el plazo para formalizar el acuerdo, el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha sellado por escrito un acuerdo con los vecinos de Carabanchel Alto, respresentados por su organización vecinal, que pone coto a un polémico cantón de limpieza que iba a instalarse en el distrito. En la calle de Los Morales, donde iba a ubicarse parte de la infraestructura de residuos, irá ahora un vestuario con dos plazas de aparcamiento para trabajadores de la obra, dejando al resto de la parcela una “zona verde con área infantil y espacio de ejercicio para mayores”. Así lo especfica el nuevo convenio firmado el martes por la tarde en el Palacio de Cibeles, que no se ha anunciado hasta ahora para respetar el luto oficial por la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo).

El pacto definitivo llegaba un día antes de que los representantes del barrio dieran un golpe sobre la mesa después de una larga historia de idas y venidas. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado de otros representantes municipales –el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo, y el responsable de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo– ha sellado un convenio con la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, que finalmente pone coto al proyecto para un futuro cantón en la calle Los Morales. El nuevo acuerdo llega meses después de que el Ayuntamiento de Madrid publicara el proyecto de obras para sorpresa de los vecinos, a los que había prometido modificaciones.

El 29 de noviembre de 2022, el entonces delegado municipal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), envió una carta con sello del Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso este periódico. En ella, el entonces responsable local reiteraba su “compromiso inquebrantable” para que el cantón de limpieza no se instalara en dicha parcela, que en el mismo escrito reconoce haber sido refrendado por la vicealcaldesa Begoña Villacís, número dos de Almeida y portavoz de Ciudadanos en Cibeles, después de una visita un mes antes, el 18 de octubre.

El área de gobierno de Mariano Fuentes ya no existe, o al menos no con ese nombre: ahora sus competencias se intengran en el departamento de Urbanismo con Carabante al frente. Por parte de la organización vecinal ha acudido a la sede municipal su presidenta, María Secos, junto a otros compañeros que estuvieron presentes en la firma. El documento limita el alcance del cantón y fija para su funcionamiento una serie de condiciones por escrito, entre ellas que la superficie final construida no podrá superar los 151,48 metros cuadrados y el edificio, además, tendrá una única planta sin posibilidad de introducir instalaciones subterráneas.

“Yo vivo exactamente a 16 pasos de la parcela y no era algo sostenible”, contaba María a Somos Madrid poco antes de entrar a reunirse con los representantes municipales. En adelante, el consistorio se compromete a que el aparcamiento que antes iba a ubicarse en un extremo oeste de la parcela, y ahora queda liberado, será un área ajardinada. El coste de estos cambios, la ejecución de obras, la instalación y el mantenimiento del espacio, correrá a cargo de la autoridad municipal, que también asumirá posibles cargas administrativas u otras tasas asociadas.

También se limitan las actividades que podrán desarrollarse en el futuro recinto: por ejemplo, no se podrá trabajar de noche y siempre habrá un máximo de diez trabajadores, con labores que se desempeñen siempre en instalaciones cerradas para reducir el ruido. La acumulación o el trasvase de residuos estará prohibida al igual que el almacenamiento de maquinaria, tareas de carga y descarga o el estacionamiento de vehículos en el exterior de la parcela.

La promesa fallida de 2022, en vilo hasta ahora

La firma del convenio cierra, al menos sobre el papel, una disputa que se arrastra desde la anterior legislatura. En 2022, con José Luis Martínez-Almeida al frente del Ayuntamiento y el Gobierno municipal de coalición con Ciudadanos, el Consistorio se comprometió a que el cantón no se construiría en su ubicación original o a buscar una alternativa consensuada con los vecinos. Según recordó la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), uno de los responsables municipales llegó a trasladar ese compromiso por escrito y otro aseguró públicamente que se estudiaría un emplazamiento alternativo.

Sin embargo, el proyecto volvió a avanzar con la mayoría absoluta del PP. El 7 de abril de 2026, Carabante aprobó el proyecto técnico para construir el parque auxiliar de maquinaria en la calle Los Morales, 27. La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el 5 de agosto, pese a las protestas vecinales y a los compromisos que las asociaciones daban por adquiridos.

La reactivación del proyecto reabrió el conflicto en el barrio. La Plataforma No al Cantón de Los Morales y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto denunciaron que el Ayuntamiento estaba faltando a su palabra y anunciaron nuevas movilizaciones para exigir que se respetasen los acuerdos anteriores. Los colectivos cuestionaban, además, la distancia entre el discurso municipal —que presentaba la instalación como unos vestuarios de unos 100 metros cuadrados— y los planos y documentos técnicos, que se referían a un parque de maquinaria y contemplaban otros usos.

Las discrepancias volvieron a quedar patentes en la reunión convocada el 21 de mayo con representantes municipales. Los vecinos habían sido citados con el concejal de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Páramo; el director general de Limpieza y Residuos, Víctor Manuel Sarabia; y el concejal presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Finalmente, solo acudió este último, sin que se ofrecieran explicaciones por la ausencia de los otros dos responsables. El encuentro no despejó las dudas de los residentes sobre el alcance real de la infraestructura.

Un acuerdo que modifica el proyecto, pero no lo elimina

El convenio que se firma este miércoles introduce cambios concretos en la distribución de la parcela municipal, situada entre las calles Los Morales, La Torta y Palau de la Música. Según el documento, el Ayuntamiento mantendrá el uso principal del solar para el servicio público de limpieza, pero reservará los extremos este y oeste para zonas ajardinadas, con la previsión de incorporar un área infantil y otra de ejercicio para mayores.

El Consistorio se compromete también a adaptar los siguientes pliegos de contratación del servicio de limpieza para reducir el aparcamiento a las dos plazas previstas y la superficie de maniobra necesaria. La superficie edificada quedará limitada a los 151,48 metros cuadrados correspondientes a los vestuarios y esas dos plazas cubiertas. El Ayuntamiento deberá redistribuir las prestaciones del servicio en la zona de influencia para mantener los estándares de calidad de la limpieza viaria.

La ejecución de las zonas verdes y de los espacios infantiles y de ejercicio correrá íntegramente a cargo del Ayuntamiento. Para vigilar el cumplimiento de los compromisos, el convenio crea una comisión de seguimiento paritaria, con dos representantes municipales y dos de la asociación vecinal. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro mediante acuerdo expreso. A cambio, la asociación se compromete a impulsar campañas de sensibilización sobre la conservación de las zonas verdes, la limpieza urbana y el uso adecuado de papeleras y contenedores, además de canalizar las sugerencias vecinales sobre el servicio municipal.

El desenlace deja una diferencia sustancial entre la reivindicación inicial y el resultado: los vecinos no han conseguido que el Ayuntamiento renuncie a instalar una dotación vinculada al servicio de limpieza en Los Morales, pero sí que delimite por escrito su tamaño, sus usos y sus condiciones de funcionamiento, y que reserve parte del terreno para nuevos espacios públicos. La firma supone así un paso para cerrar una disputa que volvió a estallar cuando el Gobierno de Almeida reactivó un proyecto que el barrio creía descartado. Queda por comprobar que los compromisos recogidos deriven abran espacio verde y cumplan las restricciones autoimpuestas.

La imagen de María Santiago dio la vuelta al mundo como símbolo del horror en La Gota de Leche, una institución benéfica que en los años treinta repartía leche esterilizada y atendía a madres lactantes sin recursos. El 30 de octubre de 1936, mujeres y niños hacían cola frente al número 9 de la calle Espada cuando las primeras bombas cayeron sobre el centro de Madrid. Las tropas del golpe militar tomaron la capital con vuelos a la española, una táctica de aviación que consiste en volar a muy baja altura y atacar sin descanso. Por delante se llevaron vidas de cientos de civiles y, en La Gota de Leche, las de unos 60 menores según estima la prensa de la época. El gobierno de la República utilizó una imagen del cuerpo inerte de María Santiago, enumerada cómo víctima “número 35”, en un cartel de propaganda internacional a modo de advertencia: “Esto es lo que Europa tolera o protege, y lo que tus hijos pueden esperar”.

Las fotografías de la época muestran un edificio destrozado, con el techo totalmente hundido por las explosiones y a su alrededor, la nada. En la esquina donde antes estaba ese inmueble se ha reconstruido, manteniendo parte de la estructura original, lo que hoy es una escuela infantil. El centro se llama Rosalía Rendú y toma su nombre de una religiosa francesa que nació mucho antes de aquellas bombas y es conocida por su labor social en barrios humildes de París. Pero la historia de aquel enclave pasó a ser conocida como un punto de inicio en la Batalla de Madrid, que este mes de noviembre cumple 90 años.

En 2017, hace ya casi una década, el Ayuntamiento de Madrid aprobó reconocer a 32 personajes, colectivos e instituciones vinculados a la memoria de la ciudad. Así se reflejó en un informe del 21 de noviembre, donde el Comisionado de la Memoria Histórica que entonces presidía la abogada Paca Sauquillo aceptó la propuesta sugiriendo que el homenaje se hiciera colocando placas en lugares específicos, aunque con criterios de homogeneidad estética que lo acerquen a otras conmemoraciones similares e incluyendo el nombre con una breve descripción.

Uno de estos puntos singulares es la calle Espada, en su esquina con Esgrima. Allí era donde la institución municipal La Gota de Leche llevaba instalada desde 1913. La placa conmemorativa nunca llegó a materializarse y hoy este lugar carece de un letrero municipal que reconozca los hechos ocurridos durante la Guerra Civil Española. En la propuesta que en su día trasladó a Pleno el tercer teniente de alcalde con Manuela Carmena, Mauricio Valiente  –que hoy cierra las listas de uno de los candidatos a liderar Izquierda Unida a nivel local–, también aparecían otros nombres o reconocimientos que no siempre llegaron a fraguarse.

Pero algunas sí lo hicieron. En 2019, por ejemplo, se inauguró en la plaza de Soledad Torres Acosta (Luna) una placa anunciada en aquellos años y en recuerdo de Arturo Ruiz, el estudiante asesinado por miembros de la extrema derecha en la confluencia de Estrella con la calle Silva, donde pasó a lucirse un letrero en su recuerdo. Murió un 23 de enero de 1977, en una España ya sin Franco y décadas después del desastre en La Gota de Leche. Pero fue víctima de un atentado mientras participaba en una manifestación pública por la amnistía que el Ministro de Gobiernación, Martín Villa, y el Gobiernador Civil en Madrid, Juan José Rosón, se habían negado a legalizar.

Pese a la prohibición, miles de personas se congregaron en la Plaza de España, lo que ocasionó las habituales cargas policiales y la dispersión de los manifestantes por las calles aledañas. Hoy, entre los aficionados a esas historias madrileñas está Álvaro un joven de 31 años nacido en el distrito de Arganzuela. Es biólogo y ahora mismo se confiesa enfocado “a tiempo casi completo” en unas oposiciones del profesorado; pero reconoce que no siempre a lo que te dedicas es tu único interés. De esa idea nació Ecos de noviembre, un “intento de cuenta sobre la guerra” que ya reúne a una pequeña comunidad de 1.500 seguidores en Instagram.

El nombre de perfil es un guiño al mes en el que comenzó la Batalla de Madrid, punto crucial en el relato bélico y que dio inicio un 8 de noviembre de 1936, para no acabar hasta casi tres años después. La ciudad logró resistir a la entrada de las tropas sublevadas gracias al apoyo de ayuda soviética o las Brigadas Internacionales, pero Francisco Franco (ya al frente de los golpistas) convirtió la invasión en asedio hasta que la ciudad cayó en marzo de 1939. “Un día te das cuenta te que siempre pasas por sitios con una historia reciente y significativa”, reseña Álvaro, que con esa idea empezó a difundir en redes y en su tiempo libre imágenes de todo el material de archivo, fotografías, recortes de periódicos o cortes de grabaciones que encontraba investigando.

Hace unos días se paró frente a la Escuela Infantil Rosalía Rendú, que hoy sigue en el mismo lugar donde antes estuvo La Gota de Leche. El edificio es idéntico y conserva casi por completo la estética original, con algunas variaciones al cambiar las rejas o superponer materiales. Pero a su alrededor nada indica que allí ocurrió un bombardeo hace menos de un siglo. La Batalla de Madrid se convirtió en una pantalla internacional de lo que el fascismo hacía en España, y el gobierno de la República dispuso difundir imágenes de niños muertos que abrieron portadas en la prensa europea.

“Puede que en su momento, mientras te caen las bombas y todo colapsa, terminas simplificando mucho algunas decisiones; pero realmente había una batalla paralela a la de la calle que se jugaba en lo diplomático, y no solo en los combates”, considera el madrileño, después de examinar documentación sobre aquellos años y exponerla a través de montajes. A su modo de ver, una conclusión está clara: “La guerra también se ganaba o se perdía en la Sociedad de las Naciones, no solo aquí. Y un bombardeo que deja muchísimos niños, niñas o incluso bebés muertos es algo muy potente y prácticamente incontestable”.

En realidad, aquellas imágenes no impidieron que Madrid cayera años después a manos de los sublevados, ni que el gobierno militar tomara las riendas del país con Francisco Franco a la cabeza, instaurando una dictadura que se prolongaría los próximos 40 años y dejaría a España a la cola de la industrialización europea. “Si lo pienso hoy, con nuestra perspectiva actual, me parece que esas fotos tal vez ayudaron a convencer al que ya estaba medio convencido, pero no a toda la población. Es parecido a lo que ocurre ahora: uno ve lo que pasa en Palestina y la sociedad se pone las pilas, protesta y se lleva las manos a la cabeza. Pero cuando pasa el tiempo y absorbes tanta información fatal, ni una imagen así puede cambiar el rumbo”, concluye finalmente este biólogo y amante de la historia local.

Daniel Jiménez, un periodista vallecano que trabajó como asesor en el equipo de Manuela Carmena y ha llevado la comunicación de Antonio Maíllo (IU) en la campaña de las andaluzas, da ahora el salto a la primera línea. Este martes por la tarde ha registrado su candidatura a las primarias de Izquierda Unida para ir a la cabeza en unas futuras listas para la Alcaldía de Madrid. Con Jiménez o quien resulte ganador el procedimiento interno del partido, se sumará una nueva opción a la izquierda en la carrera por las municipales de 2027.

Jiménez actualmente coordina IU Puente de Vallecas y ocupa el puesto 13 de las listas para el Congreso del Frente Amplio por Madrid, aunque queda la incógnita de las alianzas que se configurarán en torno a los comicios madrileños y sobre todo cuál será el resultado definitivo de estas primarias. En su equipo aún recopilan los avales necesarios para formalizar la propuesta, y tienen hasta este jueves.

“Queremos recuperar una Izquierda Unida que vuelva a ser protagonista de la vida política de Madrid, que esté presente en cada barrio y contribuya a construir una alternativa para sacar a Almeida de Cibeles. Tenemos militancia, experiencia y un proyecto colectivo”, ofrece Jiménez en su carta de presentación. En los primeros puestos le acompañan una politóloga y economista, Alba Agraz, y el arquitecto Jon Bakaikoa, responsable federal del Área de Modelo Urbano de IU y empleado en el Ministerio de Vivienda, según añade el partido.

Pero su lista para liderar IU Madrid también la cierran otros nombres conocidos tanto de la política como en movimientos vecinales. Uno de ellos es el de Mauricio Valiente, exdiputado en la Asamblea con Ahora Madrid –embrión de Más Madrid y la primera marca creada por Carmena– o Gloria Cavanna, histórica activista de “La Prospe”, el barrio madrileño de la Prosperidad (Chamartín). Allí ocupó durante años la portavocía de la AV Valle Inclán de Prosperidad, la asociación ciudadana del barrio.

Completan la candidatura Elena Quintana (Puente de Vallecas), Jorge Martínez (Moratalaz), Fátima Lasala (Vicálvaro), Javier Fernández (Centro), Martha Revelo (Retiro), Raúl Travé (Carabanchel), Silvia Peterkin (Tetuán), Raúl Tarjuelo (Ciudad Lineal), Blanca Escudero (Hortaleza) o Javier Moreno (Ciudad Lineal). “Estas primarias no van solo de elegir a un grupo de personas, sino de decidir qué Izquierda Unida necesitamos. Queremos una organización abierta, democrática y presente en las luchas de nuestros barrios, capaz de contribuir a una alternativa amplia de izquierdas para gobernar la ciudad”, ofrece Jiménez, a la espera de recuperar influencia para IU en Madrid en los próximos comicios.

Este mismo verano, Más Madrid confirmaba que no habría alianza con Izquierda Unida ni Sumar en la Asamblea Regional. Con sus miembros ahora integrados en la nueva marca Frente Amplio aún no se sabía que iba a pasar con Izquierda Unida en la capital, donde actualmente no tienen concejales pese a que a los últimos comicios se presentaron en una coalición con Podemos, que finalmente ha presentado a Pablo Fernández como candidato. Ahora un nuevo actor puede entrar en el terreno de juego. El próximo 10 de noviembre se conocerá el resultado de las primarias internas de IU.

Sobre Daniel Jiménez

Daniel Jiménez ha cubierto como periodista la actualidad municipal en Madridiario y ha ejercido como responsable de prensa en la Embajada de Bolivia en España. Actualmente trabaja en comunicación política y, desde joven, milita en Izquierda Unida. Su actividad la ha desarrollado principalmente en Ciudad Lineal, Chamartín o Tetuán, focalizándose en la defensa de los derechos LGTBIQ+.

Se convirtieron en dos de los libreros más conocidos del panorama cultural madrileño, pero el anuncio de su marcha del histórico local de Pérgamo y las denuncias de especulación inmobiliaria han terminado por explotarles en la cara. Pablo Cerezo y María Treviño son las dos caras más visibles de la segunda vida de esta librería, la más antigua de Madrid y que estuvo a punto de cerrar por la jubilación de sus dueñas en 2022. El día antes de decir adiós, se anunció que un empresario había decidido invertir en Pérgamo y salvar el negocio, dando paso a una nueva etapa en la que él alquilaba el local a la familia originaria, un escritor mexicano ponía los contactos y Pablo Cerezo fue contactado para regentarlo. Pero hace unas semanas anunciaron que la propiedad había decidido no renovarles el alquiler y empezaron a protagonizar charlas o debates sobre la precariedad actual para la venta de libros.

La noticia ha sido adelantada este martes por El País, que ha ofrecido una versión de los hechos muy distinta a la que se conocía sobre “especulación inmobiliaria” y que se inició por una entrevista de Cerezo en la Cadena Ser, hace dos semanas. La librería abrió sus puertas en 1946, hace ochenta años, de la mano de los padres de Ana y Lourdes Serrano. En 2022 decidieron jubilarse después de una década al frente del establecimiento, pero no querían tirar por tierra un legado familiar. Una visita casual del empresario Juan José Janeiro dio un vuelco al asunto: las dueñas anunciaron un día antes del cierre previsto que este inversor había decidido rescatar el negocio y otorgarle una segunda vida.

El proyecto quedó en manos de un equipo con funciones diferenciadas. Janeiro asumía la financiación y Pablo Cerezo, un joven sevillano, llevaría la logística y su funcionamiento diario. A ellos se sumó el escritor José F. Hernández para proporcionar contactos y vínculos con la escena literaria, pero abandonó el proyecto en 2024, el mismo año en el que la empresa Xeito Libreros SL (que se conformó con la nueva directiva de Pérgamo) registró la marca como propia, dando lugar al conflicto que ahora se detona.

Ana Serrano no tuvo conocimiento de la operación hasta hace poco y por terceros, tal y como ella misma había notificado a El País y también ha podido conocer este periódico. La antigua propietaria considera que la marca pertenece a su familia y cuestiona que los gestores hayan podido apropiarse de ella sin consultárselo. Cerezo, por su parte, sostuvo que actuó por consejo de un amigo y ante la creciente visibilidad que estaba adquiriendo el negocio. En una entrevista reciente con Somos Madrid, ambos insistieron en que la especulación inmobiliaria era el verdadero motivo de su marcha del local, sin mencionar este registro previo de un logo histórico. Este periódico ha intentado conseguir su respuesta sobre la apropiación de la marca, sin hasta ahora conseguirlo.

El entendimiento con la propiedad empezó a resquebrajarse hace dos años, cuando Xeito Libreros solicitó registrar la marca Pérgamo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que finalmente la concedió a la sociedad en 2025, según ha podido comprobar Somos Madrid. El registro comprendía no solo el nombre, sino también elementos característicos de la identidad visual de la librería: la caligrafía inclinada de la fachada, la línea que subraya el rótulo y el color morado.

La disputa adquiere especial relevancia porque el registro se produjo mientras la familia seguía vinculada al establecimiento como propietaria del inmueble, y porque el proyecto había nacido precisamente para evitar que desapareciera el legado de los fundadores. Con la salida de Hernández, Janeiro incorporó a Cerezo y Treviño como copropietarios de Xeito Libreros, con un 30% de participación para cada uno.

La versión de las propietarias difiere de la de los libreros

En una comunicación remitida por sus abogados, Ana y Lourdes Serrano rechazan que la marcha de los libreros responda a una subida del alquiler o a una operación especulativa para expulsar al negocio del local. Según ese escrito, la renta mensual se ha mantenido desde 2022 en una base imponible de 2.600 euros. Las propietarias calculan que este importe está más de un 40% por debajo del precio medio de mercado, basándose en la renta de otros locales comerciales de características similares en el encarecido barrio de Salamanca.

Asimismo, ambas hermanas sostienen que en este tiempo renunciaron a implementar las subidas anuales conforme al IPC, el Índice de Precios al Consumo. De acuerdo con sus cálculos, esa decisión ha supuesto un ahorro acumulado de aproximadamente el 15% para los operadores respecto a la renta que habrían podido exigir conforme a lo firmado. También niegan haber planteado cualquier otra subida del alquiler como condición para que los actuales gestores continuaran su actividad en Pérgamo.

Aun así, reconocen y valoran positivamente lo logrado en este tiempo por Pablo Cerezo y sus compañeras. “La familia propietaria del local y fundadora del negocio original manifiesta su plena satisfacción con el trabajo estrictamente cultural y de librería desempeñado por los jóvenes que operan el negocio, reconociendo que la revitalización de la Librería Pérgamo es un hecho constatable”, destacan en la nota.

En cuanto a la salida de estos inquilinos, las propietarias afirman haber aceptado el calendario fijado de forma unilateral por los propios gestores para abandonar el establecimiento en noviembre, con la única exigencia de que se abone la última mensualidad dentro del plazo estipulado. Su versión, por tanto, es que no han forzado el cierre ni han expulsado a los libreros mediante un incremento del alquiler. El desenlace dejará dos cuestiones abiertas: qué ocurrirá con la actividad librera en el local de siempre y qué recorrido tendrá la marca registrada por Xeito Libreros. Mientras tanto, las propietarias insisten en que su voluntad es que Pérgamo siga existiendo en el mismo lugar en el que ha permanecido durante ocho décadas y anuncian que su intención es mantener la marca.

Octubre ha sido un mes extraño: empezó con una acampada masiva en Sol, le siguió un adelanto electoral y conmocionó al país por la muerte de Maricarmen. Un nuevo ciclo de movilizaciones ha desencadenado manifestaciones en toda España, algunas seguidas de enfrentamientos con la Policía y denuncias por exceso de violencia. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid fue criticado por actuaciones de sus agentes en la Complutense o en la calle Huertas, y pidió abrir investigaciones urgentes. Pero ahora, con todo en ebullición, Francisco Martín sorprende al abandonar su cargo antes de un noviembre que viene fuerte.

La noticia la adelantó El País este domingo por la tarde, aludiendo a un descontento al no haber sido incluido en las listas electorales de su partido, el PSOE. Martín llevaba tres años al frente de la Delegación del Gobierno y su mandato ha estado marcado por el tira y afloja con los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, de carácter local y regional. Sin embargo, su apoyo tácito a la socialista Enma López cuando presentó su candidatura en las primarias contra Reyes Maroto, elegida de Ferraz, marcó tensiones con la cúpula; más después de que Maroto se impusiera a López y esta fuera despojada de sus cargos en el grupo municipal.

La subdelegada Pilar Trinidad Núñez suena como el principal relevo al frente de la institución, con sede en la calle Miguel Ángel, aunque el cargo tendrá que confirmarse este martes en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, las redes sociales de Francisco Martín –donde solía ser muy activo– llevan semanas en silencio: su último post en X es del 17 de octubre, y en Instagram no publica nada desde hace casi un mes, el 18 de septiembre. La renuncia del dirigente del PSOE se ha producido a escasas 24 horas de cerrar el plazo para registrar listas electorales, que los partidos han ido configurando estos últimos días a raíz del adelanto electoral.

Los comicios antes previstos para 2027 tendrán lugar, finalmente, el próximo 29 de noviembre. El tiempo corre y la repentina marcha de Martín deja a su relevo con una larga lista de tareas sobre la mesa y cinco sapos que tragar en los primeros días de trabajo.

Una acampada en el aire y sin desconvocarse de Sol

La acampada por la vivienda en Puerta del Sol, que este lunes cumple un mes desde que se puso la primera tienda, mantiene en vilo su continuidad. Con la convocatoria de elecciones y los preparativos para una huelga general inminente -uno de sus principales objetivos- las asociaciones de barrio y organizaciones de vivienda que continúan en la protesta aún debaten si es mejor marcharse para centrar esfuerzos en los siguientes pasos, o permanecer en Sol y seguir presionando desde allí.

“El verdadero éxito de esta acampada no debería medirse únicamente por cuánto tiempo conseguimos aguantar, sino por nuestra capacidad para convertir todo lo que hemos conseguido aquí en una fuerza colectiva y política que perdure más allá de la Puerta del Sol”, destacaba a mediados de mes una de las portavoces en las asambleas de la tarde, donde se debate el devenir del movimiento. En este primer mes de acampada el delegado ha recibido críticas desde todos los frentes, muchas vinculadas a la actuación policial en la zona (sobre la que tiene competencias).

De un lado, PP y Vox le espetaban su permisividad con la expansión de tiendas por las calles colindantes; mientras que en sindicatos u otros sectores a la izquierda reprochaban lo contrario: que la presencia policial en las manifestaciones por la vivienda era excesiva y su actuación, desproporcionada. Pero la acampada no será, ni de lejos, el único frente a la vista.

Tres huelgas previstas en un noviembre caliente

A lo que quede de la acampada y antes de ir a las urnas, el futuro delegado o delegada tendrá que atravesar tres huelga simultáneas. Una de ellas, la más notable, es la huelga general convocada para el 11 de noviembre, para la que habrá que negociar servicios mínimos en los sectores de competencia estatal como Cercanías Madrid o el Aeropuerto de Barajas. En el caso de la Policía Nacional, sin derecho a huelga al ser un cuerpo de seguridad del Estado (así lo fija la Ley Orgánica 2/1986), quedará plantear y distribuir un despliegue de vigilancia.

Y es que la del 11N no es el único parón programado. Desde mediados de octubre está activa una huelga indefinida del profesorado en la educación pública. Los docentes exigen a la Consejería de Educación una negociación efectiva y compromisos firmes para mejorar sus condiciones laborales y garantizar la calidad del sistema. Señalan al Gobierno regional por el abandono que perciben, pues las competencias educativas están delegadas en la comunidades autonómas. Pero Francisco Martín también quedó salpicado desde el primer minuto.

Hace dos semanas, cuando arrancó la huelga educativa, volvió a haber cargas policiales contra unos piquetes estudiantiles organizados en la Universidad Complutense (UCM), frente a la Facultad de Químicas. Hubo heridos y detenidos, pero también señalamientos directos hacia la Policía por la virulencia de las actuaciones, que quedaron grabadas en vídeo.

Así que el siguiente embrollo será una tercera huelga educativa, esta vez de carácter universitario y prevista para el 4 y 5 de noviembre, afectando a los seis campus de la región: la Complutense, la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM), la Carlos III (UC3M), la Universidad de Alcalá (UAH) o la Rey Juan Carlos (URJC). Con el recuerdo reciente de las cargas en la UCM, lo previsible es que la actuación policial en esta huelga de universidades también se mida al detalle.

El viernes pasado, a las puertas de su último fin de semana como delegado, Martín anunció una investigación interna para esclarecer si hubo negligencia en otras actuaciones policiales, esta vez frente al Palacio de Santoña en Madrid y en una nueva reivindicación docente. Los testimonios recopilados por Somos Madrid denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte. Este periódico también pudo comprobar el parte de lesiones de uno de los afectados, en el que constan hematomas “con forma de porra”.

Protestas en Barcelona y la amenaza de un Blocus en Madrid

Estos son los hechos sobre la mesa, pero también hay amenazas latentes. Una de ellas es la que dejan las protestas en Barcelona, que este fin de semana ha vivido graves altercados, saqueos en una veintena de negocios y más cargas policiales en una protesta convocada a través de las redes sociales. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, por unos disturbios inspirados en las actuales protestas en Francia.

En España, este movimiento se ha difundido con el nombre de Blocus, como se conoce a sus impulsores. Las autoridades siguen su rastro en plataformas como TikTok, aunque su existencia no solo perturba en Cataluña. En las últimas horas se han difundido rumores u otros mensajes no confirmados que apuntan a más ciudades para continuar las protestas, entre ellas Madrid. Aunque estos anuncios no garantizan que las manifestaciones vayan a llevarse a cabo, su amenaza también está latente. Sea como sea, Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en un momento convulso y sin haber ofrecido aún explicaciones públicas.

Un eventazo para mantener la llama. El próximo 15 de noviembre, cuatro días después de la primera huelga general de la década, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos aspira a llenar el Palacio de Vistalegre en un gran fiesta por la vivienda, y para ello ha primero ha llenado su cartel de rostros conocidos. El encuentro busca expandir el ánimo y la indignación después del 11N, marcar agenda y no dejar que el rumbo a unas elecciones generales capitalice el malestar o el horizonte de soluciones al problema. Y para ello han llenado el cartel de rostros conocidos.

Amaral, Rozalén, Zahara, Rodrigo Cuevas, Biznaga, Delaossa, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Metrika, Las Petunias, Parquesvr, Restinga, Toldos Verdes, Tremenda Jauría... Hay muchos conciertos confirmados y artistas que han decidido mostrar su apoyo públicamente al Sindicato de Inquilinas, uno de los protagonistas en los últimos meses. Ha sido un actor crucial en el caso de Maricarmen y estuvo entre los primeros impulsores de la acampada en Puerta del Sol, así como en las negociaciones para una huelga general.

Además de la música en directo, en el evento de Vistalegre también participará un amplio elenco de influencers o comunicadores conocidos: Facu Díaz, Inés Hernand, Miguel Maldonado, Samantha Hudson, Alpilpil, Nerea Pérez de las Heras, Yunez Chaib, La Prados o Marc Biarnés; así como otros militantes conocidos del propio órgano sindical. “Tendrán un papel central en el desarrollo del acto”, han avanzado los promotores, cuyo objetivo anunciado es claro: atraer a cuanta más gente posible para que no paren las movilizaciones.

El acto ya consta en la programación mensual del recinto multiusos, sobre una antigua plaza de toros. La entrada no es gratuita: el Sindicato de Inquilinas asegura que los beneficios irán íntegramente a pagar costes del evento (gastos de producción y organización) y a financiar uno de sus fondos de ingresos, destinado a afrontar las multas o represalias derivadas de su actividad sindical, como las que se interponen al paralizar desahucios. El precio final es de 16,50, desglosados en 15 euros por la entrada y 1,5 para gastos de gestión con la promotora, Ticketmaster.

“Así damos continuidad a un ciclo de movilización que comenzó el pasado 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen. Las protestas, las acampadas y las movilizaciones posteriores contribuyeron a situar la emergencia habitacional en el centro de la conversación pública y a conectar un caso concreto con una crisis que atraviesa la vida cotidiana de miles de hogares”, señala en una nota informativa el Sindicato de Inquilinas, que plantea la cita como una forma de convertir la indignación de hoy en una organización duradera.

“Reivindicamos la necesidad de fortalecer la organización desde abajo y ampliar la movilización social para que el derecho a la vivienda deje de estar subordinado a los intereses económicos”, añaden los sindicalistas, apuntando a una misma raíz para problemas cotidianos en España, y entre los que mencionan la vivienda pero también los salarios, las pensiones o el coste de la vida.

Las entradas solo podrán portarse en formato digital y no se generará un documento PDF o el billete físico, sino que aparecerán directamente en la cuenta de cada usuario siete días antes del evento. Será un sábado por la tarde y el Palacio de Vistalegre abrirá puertas a las 17.00 horas, aunque las actuaciones comenzarán a partir de las 18.30 horas según la web de Ticketmaster. Un mismo usuario tendrá el límite de 10 entradas por persona, y para procurarlo se excluyen pagos asociados al mismo nombre, correo electrónico, dirección de facturación o número de la tarjeta de crédito.

“Aquí se debate quién puede vivir dignamente y quién se beneficia de las dificultades de la mayoría. Frente a un modelo en el que la vivienda funciona como negocio mientras cada vez más personas tienen dificultades para acceder a un hogar, la organización sindical busca articular una respuesta colectiva capaz de disputar las condiciones materiales de vida”, sentencian, en una declaración de intenciones que incluye encuentros culturales o de ocio para mantener viva la ilusión.

Por último, hacen un llamamiento a la ciudadanía: “El próximo 15 de noviembre llenaremos Vistalegre para celebrar el comienzo de un nuevo ciclo de luchas y conquistas colectivas. Un gran acto de celebración en el que la música, la cultura y la política se darán la mano. Una reivindicación colectiva de nuestro poder sindical y de un futuro lleno de conquistas para las trabajadoras e inquilinas que movemos este país. ¡Nos vemos en Vistalegre para celebrar todo lo que hemos conseguido y demostrar que vamos a por mucho más!”.

Este domingo el 26S cumple treinta días desde que la acampada de Sol puso su primera tienda. En 24 horas ya eran más de 100; y en pocos días, más de 1.000. Las comparaciones con el año 2011 y su 15M no se hicieron esperar: aquella primavera otro asentamiento de indignados ocupó esa misma plaza, una de las más turísticas de Madrid, en protesta por la situación del país. De todo movimiento amplio surge un eslogan que lo define. Si el de hace 15 años pedía un vuelco completo al sistema bajo el lema “Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, esta última acampada apuesta por algo más concreto, que todo el mundo entiende: “Ni una Maricarmen más”.

Cuando se extendió el rumor de las primeras tiendas, las conversaciones sobre la Puerta del Sol pusieron a sus acampados frente al espejo del 15M. “Es bueno que haya pasado, pero no creo que dure lo mismo”, pensaba Elena, de 34 años y, desde hace unos meses, en paro. Ella estuvo en la manifestación del 26 de septiembre, en la que miles de personas recorrieron Madrid y otros puntos de España en solidaridad con la vecina de Retiro, que falleció a los 87 años semanas después de ser desahuciada. Lo hicieron por ella, pero también por sí mismos: “Nadie tiene garantizado el poder morir en su casa”.

En su caso se sintió muy interpelada: una semana antes su casero les había notificado que tendría que dejar su domicilio en febrero. Vive en un piso compartido y en un año se cumplían los cinco mínimos para mantener medianamente estable el precio de su alquiler; pero el propietario alegó la única cláusula por la que podía esquivar la solicitud que ellos hicieron meses antes, antes de que cayera el decreto para pedir la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos: que tenía que recuperarla como vivienda habitual porque “a él mismo le habían subido el alquiler”. “O eso decía”, duda Elena.

El precio del alquiler no para de encadenar récords y, con los años, las quejas entre afectados por la hipoteca que impregnaron el 15M se han ampliado ahora a una mayoría de inquilinos, que ni siquiera pueden vivir en la casa de otro. A Maricarmen, que ya se ha convertido en un símbolo de la actual lucha por el mercado de la vivienda, quisieron cobrarle 2.560 euros por un piso de alquiler que antes costaba 500 al mes. Todo por un contrato de hace 70 años que, al morir su madre, ella no pudo subrogar más. El día de su desahucio, ante cientos de personas que asistieron en su apoyo, salió de aquella casa en camilla rodeada de policías, manifestantes y periodistas.

A su lado había personas vestidas con el color naranja, característico del Sindicato de Inquilinas. Aunque, como en mayo de 2011, este movimiento popular crece descabezado y en manos de asambleas multitudinarias y periódicas –además de las comisiones internas, que han desarrollado una microciudad en mitad de Sol con calles delimitadas y avenidas que homenajean luchas sociales; puntos de cuidados, comida gratuita procedente de donaciones e incluso tiendas abiertas, destinadas al teletrabajo–, la visibilidad que fue ganando el Sindicato de Inquilinas con su participación en las negociaciones con Maricarmen también sumó al llamamiento.

Madrid concentra los distritos más caros del país

Este órgano sindical no nació ayer, pero apenas ha cumplido su primera década. El descenso del poder adquisitivo a la par que los salarios se volvían estancos y la vivienda multiplicaba su precio hizo que muchos se vieran donde nunca esperaron: a las puertas de la calle. Un estudio del INE (Instituto Nacional de Estadística) publicado esta misma semana volvía a dar a Madrid la guinda del pastel: 14 de los 15 distritos más caros del país están en la capital. De entre las ciudades analizadas, solo un barrio de Barcelona (Sant Gervasi) se colaba en la cima, con una media de 6.707 euros el metro cuadrado se colaba en la cima. Lidera Recoletos, que alcanza los 10.952 euros el metro cuadrado. En Retiro, donde vivía Maricarmen, ronda los 8.000.

La lucha de esta acampada en 2026 ha nacido muy focalizada en un problema de base, el de la vivienda, al que le atribuyen otros tantos derivados en el ámbito de la salud, el trabajo o la calidad de vida. El 15M fue, según quienes lo vivieron desde la misma plaza de Madrid que hoy vuelve a protagonizar una acampada crítica con el sistema, algo más difuso en cuanto a objetivos. “No es porque no se tuviera claro qué fallaba o cómo haber actuado diferente, sino que el descontento era tan amplio y por tantas cosas acumuladas que había asambleas de todo tipo, desde el principio: por la sanidad pública, por la banca, por las hipotecas, los salarios... la vivienda era entonces un punto más de la lista”, recuerda Lorena, que entonces vivía en casa de sus padres y en el mismo distrito donde Maricarmen no pudo morir.

Hoy vive las acampadas desde otra óptica, más de “observadora” y no tanto como una “parte activa” del movimiento, aunque sí comparte el sentido de la protesta. “Yo ahora vivo de alquiler con mi pareja en Legazpi y, de momento, no tenemos perspectiva de poder comprar una casa”, narra a sus 39 años. Ambos tienen trabajo estable. Aunque la de Puerta del Sol es tal vez la más visible de todas las convocatorias, ha llegado a haber concentraciones de tiendas simultáneas en decenas de ciudades de todo el país: algunas siguen activas a fecha del último recuento consultado (finales de octubre), como Barcelona, Valencia, Sevilla o Palma; otras, desde Málaga a Bilbao, han anunciado su marcha o debaten hasta cuándo mantenerse en pie.

Después de tambalear la política hasta empujar a un adelanto electoral e incluso la primera huelga general desde 2012, saber acertar en los próximos pasos ha sido una cuestión latente, tanto en la acampada como en las instituciones. La última asamblea sobre su futuro acabó casi en tablas. Sobre eso mismo reflexiona otro de los vecinos de Madrid que, en su juventud, vivió las protestas del 15M y ahora encuentra ciertas similitudes al pasear por Sol. Pero también aspectos en los que ambas divergen.

Como entonces, el movimiento en su conjunto se vertebró al tiempo en las asambleas de barrio, partiendo de asociaciones que ya existían en los distritos o empezaban a conformarse al calor de las protestas. Estas traían al debate algunos puntos a tratar y esas posiciones eran incluidas en el orden del día, casi como un mini escenario de lo que hoy puede verse en una comisión municipal al uso. Con la diferencia de que no hablan solo unos portavoces, “pese a que siempre se repitieran caras conocidas” –reseña Luis–, sino que “todo el mundo podía intervenir hasta tal punto que, al final, eso podía parecer más un micro abierto visto desde fuera”.

“Todavía es pronto para decir que esta acampada ha durado más: aunque se dijo que en 2011 desmantelaron en junio [casi un mes después de iniciarse], en agosto todavía seguía habiendo tiendas y continuaron las movilizaciones masivas en la calle”, estima Luis, que no considera aquel último coleteo como algo “residual”, sino una continuación de lo que había significado el 15M. De hecho, ese año había convocadas otras elecciones generales precisamente para noviembre, aunque dos días antes de la fecha anticipada escogida ahora.

Si aún hay algo que ambas acampadas de Sol mantienen en común es, por encima de otras cosas, su rechazo frontal a soluciones parciales. Pese al anuncio de un adelanto electoral y el segundo intento por parte del PSOE de aprobar las medidas de los decretos urgentes tumbados por PP, Vox y Junts, los portavoces de la acampada y las asociaciones vecinales o de vivienda implicadas mantuvieron la senda de una huelga general, convocada finalmente junto a los sindicatos mayoritarios para el próximo 11 de noviembre. “Lejos de ser un movimiento residual, lo que estalla en Sol no termina de irse con la acampada”, resuelve, al despedirse, este vecino de Madrid.

Son habituales de la Plaza de Oporto, en el corazón de Carabanchel. Allí se plantan entre un quisco a la salida del metro y la amplia terraza de un bar conocido. En pleno cruce de caminos. “¡Dios te ama! ¡En este mundo individualista es cuando más debemos acercarnos a él!”, exclama al micrófono, conectado a un altavoz gigante que replica su voz por toda la zona. Los predicadores evangélicos se han convertido en otro elemento del paisaje en el distrito, el más poblado de Madrid y que en los últimos años ha experimentado un boom de población latina. Especialmente de Colombia o Perú, según datos del Ayuntamiento.

Sin ser la primera vez, uno de sus barrios volvió a acoger un fin de semana a cientos de jóvenes trajeados, especialmente chicos pero también mujeres; y otros tantos adultos u oradores que asistían a una convención internacional vinculada a la Iglesia Evangélica. “Lo importante no es hacerte parte de la multitud. Lo importante es acercarte y tocar a aquel que puede hacer el milagro en tu vida. ¡Que puede salvar tu alma de esta noche!”. Una voz desgarrada y envuelta en música clásica crea un ambiente épico. Se solapa con las imágenes de multitudes trajeadas, ondeando banderas de distintos países en un estadio de techos altos. Y de pronto, una cuenta atrás: “Ya casi está aquí”.

Es el vídeo promocional distribuido por la IPUE, la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, una rama de la Iglesia homóloga en Colombia y con representantes en otros puntos del continente. Llaman a sus fieles en España o a quienes puedan acudir a una convención internacional en el Palacio de Vistalegre, uno de los edificios más icónicos del distrito y donde son habituales los actos más variopintos: desde los conciertos de k-pop hasta históricos mítines de Podemos o la ultraderecha, pasando por las reuniones religiosas en un barrio cada vez más evangelizado.

Para muchos, especialmente dentro de la comunidad migrante que se concentra en Carabanchel, supone de primeras un espacio de reunión con otros compatriotas, que como ellos han cruzado fronteras y se mantienen lejos de su familia. Otros, especialmente desde determinados espectros políticos, lo ven como un impulso a ideas conservadoras y un nicho latente de potenciales votantes. Y a algunos vecinos de la zona, como Hugo, simplemente les resulta un tanto extraño.

“Son los que están normalmente a la salida del Metro de Oporto, ¿no?”, pregunta para asegurarse. Hace más de una década que vive en una de las calles más próximas, que desemboca en la gran avenida del General Ricardos. Compró ese piso con su expareja y desde entonces habitúa los bares “de abajo”, muchos de ellos frente a la plaza en el Valle del Oro, como se conoce al cruce de caminos en ese punto de Carabanchel.

Todo el entorno está en plena transformación por obras, en un plan integral de la Junta Municipal del Distrito para modernizar el barrio y venderlo a la francesa como un nuevo Montmartre, centro neurálgico del arte, los locales de música o la vida bohemia. Pero desde hace unos años, cruzarse con predicadores en plena calle a última hora de la tarde, especialmente en ese foco de tránsito, se ha convertido en otra característica del lugar. “La primera vez que los vi me sorprendió mucho, porque no era algo que estuviera acostumbrado a encontrarme precisamente en España. Pensé que era raro dar con algo así en mi barrio”, cuenta Hugo sobre aquellos encuentros de vuelta a casa.

Desde entonces –habla de los primeros años postpandemia– le cuesta concretar una periodicidad para dar con ellos, pero suele verlos cada poco tiempo y casi siempre en la misma zona. “Supongo que es normal que busquen hueco en los lugares con más tránsito. Yo siempre los veo desde el Yakarta [un bar junto a la plaza de Oporto], y es verdad que al principio usaban más los megáfonos. Pero ya no lo veo tanto, no sé si les habrán llamado la atención”, explica en conversaciones con Somos Madrid. Al final, tiene sus conclusiones: “Yo creo que lo más polémico, o lo que nos puede parecer a muchos de primeras, es que hay una cierta intromisión en el espacio público, ¿no?”.

“Muchísimos chicos en traje”

“Madrid ya es una ciudad bastante ruidosa y está muy saturada. Incluso yendo en el metro te encuentras a predicadores, vendedores o músicos ambulantes dentro, y ahora cuando sales también puedes seguir oyendo estas consignas religiosas”, añade Hugo, que fija entre las siete y las ocho de la tarde la hora clave: es cuando más veces encuentra a estos predicadores en Oporto. El último fin de semana, con motivo de la convención internacional de la Iglesia Pentecostal Unida, el cajero del supermercado que hay en el acceso sur del Palacio de Vistalegre, con una zona comercial, contaba que esos días entraban “muchísimos chicos en traje” a comprar comida entre charlas.

“Es algo religioso, creo; pero qué curioso que tengan que asistir así vestidos, como si ninguno tuviera un origen humilde”, cuestiona al otro lado del mostrador Andrés, que trabaja en turno de mañana y es también es migrante argentino. Utiliza un nombre ficticio. “Venimos por la gracia de Dios”, es lo poco que revela uno de los jóvenes a la salida del supermercado. Porta bajo el brazo una ensalada césar plastificada y dice haber encontrado un “refugio” al “aislamiento” en la Iglesia Evangélica Salem, una comunidad cristiana en la calle del Cidro, Carabanchel, que también ha promocionado en redes sociales su participación en el congreso del IPUE. Así que él celebra este tipo de encuentros como una forma de “reunirse con Dios y mis hermanos”.

Y sin embargo, el dossier informativo que los organizadores han colgado en su página web ya enlaza en su tercera página (las dos primeras son la portada y el índice) una opción de alojamiento de manos de una empresa privada, Aparthotel Encasa. Esta compañía gestiona hoteles de tres estrellas en otra zona de Madrid, el distrito de Vicálvaro; para lo que se da un precio estimado de entre 164 y 180 euros, dos noches. Vicálvaro está a casi una hora y media en transporte público del Palacio de Vistalegre, y sin embargo aparece a la cabeza del menú.

En la misma página se marca una distancia de 45 a 50 minutos en transporte público desde los apartahoteles, y menos de media hora en coche. Lo segundo es fácilmente comprobable, aunque pocas combinaciones de Metro o Cercanías permiten reducir la distancia. A lo largo de once páginas, el despliegue de alojamientos turísticos, promociones directas de Airbnb, más de una decena de hoteles de distinto rango (buena parte de ellos de la cadena NH, una multinacional española con precios de entre 300 y 400 euros para compartir habitación las dos noches.

“Nuestros servicios se caracterizan por estar impregnados de la presencia de Dios, con alabanzas y enseñanzas bíblicas. Tanto si eres un hermano en Cristo o un amigo con inquietudes, nuestra misión es asistirte, instruirte y guiarte en tu camino espiritual”, especifica la entidad promotora del evento evangélico, la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, en su propia presentación pública. Aunque el evangelismo, una corriente protestante que rechaza autoridades católicas como el Papa o el Vaticano, es una confesión religiosa minoritaria también es de las que más lugares de culto concentra en España.

Según un catálogo elaborado en 2023 con datos del Registro de Entidades Religiosas y el Observatorio del Pluralismo Religioso, esta fe contaba con 4.322 espacios y 3.524 entidades presentes en el país. Dentro de la misma corriente, su rama pentecostal se distingue por un uso de la música, la predicación o el refuerzo de las comunidades apelando a emociones o experiencias personajes (ajenas a figuras aparentemente inalcanzables) que, a la larga, crea lazos entre sus fieles.

Su implantación entre la población latinoamericana no se explica únicamente por las creencias que los migrantes traen de sus países de origen. Las iglesias se prestan como redes de apoyo para quienes llegan a una ciudad nueva y se hallan lejos de su entorno: ofrecen amistades, acompañamiento, ayuda en situaciones difíciles e incluso contactos útiles. Pero el fenómeno tiene también una dimensión ideológica.

Hay movimientos evangélicos pentecostales que defienden posturas ultraconservadoras respecto a temas como el aborto, los roles de género o el modelo de familia. Algunos de sus líderes religiosos, como la “apóstol” Yadira Maestre, han estrechado públicamente sus relaciones con representantes del PP y la derecha política.

Este jueves, el colegio público Asunción Rincón amaneció entre pintadas amenazantes. Sobre uno de sus muros, alguien había dibujado una esvástica en recuerdo de la Alemania nazi junto a extraña exigencia: “¡Fuera adoctrinamiento a los niños!”. La vandalización se produjo en el interior del centro escolar, mediante un acceso no autorizado cuando estaba cerrado, en algún momento entre el miércoles y el jueves por la mañana.

Las pintadas de contenido fascista se ensañaron contra un mural con la bandera arcoíris situada en el patio del colegio, símbolo LGTBI. Se acompaña de lemas como “lealtad a la patria” y advierten de un supuesto “adoctrinamiento”. Fuentes vecinales también añaden otras proclamas que no alcanzan a verse en la foto, como “maricones fuera”; e indican que el ataque se pudo extender a otros espacios del centro educativo. Este último extremo no ha sido confirmado por el centro escolar.

Preguntados por este periódico, en el CEIP Asunción Rincón se muestran reacios a hablar del tema y prefieren no darle más cancha. La dirección del centro se puso manos a la obra para tapar las consignas y, en el momento de publicarse este artículo, tratan de pasar página. “Ya está todo solucionado. No queremos hablar del tema”, cuelga una de sus trabajadoras, que solo confirma lo ocurrido.

“La junta [directiva] se ha hecho cargo y no nos interesa moverlo más”, destacan al otro lado del teléfono, desde donde no parece haber intención de presentar una denuncia o escalar en la investigación. Fuentes de la Policía Municipal indican que no se ha producido ninguna denuncia por estos hechos ni en la comisaría de Chamberí ni en la sección que investiga las pintadas vandálicas.

En la Asociación de Familias de Alumnos, el AFA, también han decidido no dar más rienda al asunto. “Se ha borrado en menos de tres horas y hemos preferido no hacer ningún comunicado, porque es lo que quieren: repercusión y publicidad”, concluye una de sus portavoces. Poco después de las informaciones publicadas por Somos Madrid, desde el colegio han aclarado en un mensaje a las familias que el centro “ha presentado la correspondiente denuncia ante la policía” y que “la Junta Municipal ha restaurado el mural rápidamente”. Sin embargo, poco antes los agentes del cuerpo local aseguraban no tener registro de actuaciones o investigaciones derivadas por este tema.

EL CEIP Asunción Rincón reconoce en su último comunicado el “acto vandálico” y lo ha ubicado en el interior del centro, pero sin especificar el punto exacto. Sí se determina que este “ha dañado el mural del arcoíris con un mensaje homófobo y nazi”, y que “ha aparecido una cruz gamada en una pared del mismo espacio”; pero desmienten otros “rumores” como los que hablaron de un forcejeo en las puertas o un posible acceso al interior del edificio.

“Asimismo, decir que algunas familias han convocado una concentración en rechazo a dicho acto mañana de 8:55h a 9:05h e invitamos a todos y todas a sumarse a la iniciativa”, cierra así el colegio su actualización del asunto.

Hace más de un año, un centro social de Moratalaz (La Sede) también sufrió el ataque de unas pintadas fascistas que enarbolaban a “Cristo Rey” o incluían mensajes como “Cerdos, fuera de aquí”. Una de sus habituales, Ana Mata, lamentó en declaraciones a elDiario.es que en España se hubiera sido, a su juicio, “muy permisivos con la intolerancia”.

El profesor de un colegio religioso ha sido detenido como presunto responsable de agresiones sexuales a varios de sus alumnos durante el pasado curso. El acusado trabajaba en el centro católico de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, ubicado en la calle Valverde, junto a la Gran Vía y donde enseñaba Matemáticas. Lo ha avanzado El Mundo y confirmado luego la Policía Nacional.

En las primeras informaciones que han trascendido a la prensa, los abusos se situaban en un campamento de verano que tuvo lugar al cierre del curso. Los investigadores no han oficializado estos detalles, aunque sí se especifica en un comunicado que los supuestos delitos fueron cometidos contra sus propios estudiantes, de entre 12 y 15 años.

Los agentes confirman que la investigación sigue abierta y se ha identificado a nuevas víctimas, por lo que el alcance del crimen puede estar lejos de adivinarse. El arrestado está acusado de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual en la misma horquilla de edad —pero con víctimas diferentes—, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming, una forma de ganar la confianza de los menores haciendo uso de las redes sociales o el mundo digital.

Las primeras pistas

Los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han asumido el caso. Las primeras pistas llegaron a través de comentarios que esos alumnos hicieron luego a otros docentes, en las que advertían de conductas ejercidas por “un profesor que ya no trabajaba en el centro”, detalla la Policía en su nota.

El colegio concertado de las Mercedarias lleva abierto 125 años en el cruce de las calles Valverde y Puebla, en el barrio de Malasaña y en pleno centro del ajetreo madrileño. Cuando la Policía obtuvo el permiso judicial para registrar la casa del detenido se incautaron allí varios dispositivos, que han pasado a examen: teléfonos móviles, ordenadores portátiles u otras herramientas de almacenaje.

La detención tuvo lugar el pasado 13 de octubre, hace exactamente una semana; pero no se ha conocido públicamente hasta hoy. El acusado ya está en prisión y a la espera de juicio.

Después de un año de vaivenes judiciales, Julio César Santos podrá seguir ejerciendo como jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. El alto cargo de José Luis Martínez-Almeida, que seguía firmando expedientes pese a haber sido condenado en julio de 2025 a nueve años de inhabilitación, logra zafarse definitivamente de una sentencia que consideró ilegal un derribo ejecutado tres años atrás en la Cañada Real Galiana. Hace algo más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enmendó ese primer fallo de la Audiencia Provincial después de un recurso presentado por los abogados municipales. Y ahora la defensa del denunciante, A.C., confirma a Somos Madrid que este será el fin de periplo y no presentarán nuevos recursos.

“No es viable”, declaran fuentes del CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales –una cooperativa de abogados vinculada a luchas sociales o perfiles vulnerables– que llevó la causa del afectado, un vecino del Sector VI de la vía pecuaria que acreditó haber residido desde 2006 en la vivienda demolida. Casi dos décadas más tarde, en 2022, Julio César Santos firmó una orden de demolición en colaboración con el entonces comisionado en la Cañada Real, un cargo provincial para gestionar el desmantelamiento de este poblado chabolista.

Entonces estaba al frente Mikel Gorbea, que fue cesado un año más tarde y también declaró como investigado frente a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Este último fue absuelto al considerarse que carecía de responsabilidad penal, pues era el Ayuntamiento el que ordenaba de facto el derribo. Sin embargo, ya entonces se declaró como hecho probado que Gorbea notificó a Santos vía e-mail de un supuesto abandono de la parcela en cuestión, que su titular llevaba meses negando con alegatos y documentos varios.

Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse. “El comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación”, reseñaron en su día desde la acusación particular, después de conocer que solo un cargo municipal saldría escaldado con la denuncia.

Pero el conflicto legal no se cerró ahí. La defensa de Julio César Santos, el único condenado entonces, elevó el caso al TSJM y logró inclinarlo a su favor con una nueva sentencia, publicada el pasado 30 de diciembre. En ella se consensuaba, en resumidas cuentas, que el tribunal provincial no acreditó debidamente que este funcionario había actuado a sabiendas de que su gestión del derribo era injusta y arbitraria. No se rechazan directamente los hechos probados en el fallo de 2025, aunque sí se determina que estos no bastan para una condena por “prevaricación administrativa” como la que finalmente se impuso.

A raíz de este último revés, desde el CAES pidieron tiempo para revisar los nuevos argumentos jurídicos y sopesar con su cliente un posible recurso desde el que continuar presionando. No obstante, a una semana vista su conclusión es clara: con esto termina “la última instancia” con la que podían moverse.

En su momento, el Ayuntamiento de Madrid celebró que la Justicia diera marcha atrás a la condena, pese a que a otros vecinos de la Cañada Real les habían seguido llegando cartas con órdenes de demolición firmadas por Julio César Santos incluso después de su inhabilitación. Al denunciante de este caso en el Sector VI se le ofreció durante la pandemia un traslado a otra vivienda en la localidad de Cobeña, de la que pagaría un 50% mientras que el resto se financiaría con fondos europeos. Pero él mismo señaló en el juicio que había rechazado la oferta (por la vía administrativa) ya que le quedaba muy lejos de su trabajo, en un desguace a casi 60 kilómetros en San Martín de la Vega.

Desde el lunes por la mañana solo hay un tema de conversación. La crisis por la vivienda ha abocado al país a un adelanto electoral, con el presidente Pedro Sánchez entre la espada y la pared y siendo incapaz de responder a una demanda urgente desde las instituciones. Ahora vuelven los mitines de campaña y habrá apenas dos meses de preparación: los aspirantes tendrán que convencer a su electorado y ellos, a su vez, deberán definir cuáles son sus criterios de seducción. La vivienda está en el epicentro y ya no solo según el CIS, que encadena varios barómetros colocándola como la gran preocupación de los españoles. También en la acampada de Sol, que suma unas 2.000 tiendas y se ha convertido en el núcleo más visible de este maletar, parece claro el diagnóstico. Lo difícil es plantearse quién o qué fórmula (no necesariamente electoral) puede acercarles más a arreglarlo.

En la misma mañana en la que la Moncloa anunciaba elecciones el próximo 29 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid amanecía entre gente expectante frente a su sede, donde se ha instalado el asentamiento. Sánchez ya había avanzado que este fin de semana lo usaría para deliberar un posible adelanto de los comicios, previstos originalmente para la primavera de 2027.

Este periódico ha preguntado entre los acampados de Sol cuáles son a su juicio las medidas más urgentes que deberá adoptar un nuevo gobierno, y qué reclamos principales tienen como electores. Las cuestiones relacionadas con la vivienda, la educación pública o la sanidad han dominado buena parte de las respuestas, especialmente la primera. Medidas como la limitación al número de casas que un solo particular puede poseer, la creación de un portal inmobiliario estatal o el freno a la expansión de fondos y grandes tenedores en ciudades como Madrid han coincidido entre los encuestados, pero también se pidió eliminar las guardias médicas de 24 horas, modificar la Ley de Extranjería, derogar la Ley Mordaza o desatascar los salarios para acercarlos al coste de la vida.

“Es el momento menos malo para la izquierda”, afirmó Iván el lunes a primera hora, después de escuchar en directo el dictamen del presidente. Le parecía que el estallido social tras el voto en contra del PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda, con el PNV sumándose a tumbar también uno de ellos, era el caldo de cultivo idóneo para relanzar al PSOE: “Esta es una convocatoria estratégica”. Horas más tarde, otros acampados en Sol charlaban sobre el adelanto electoral, con una duda en común: la mayoría no sabe a quién votar.

Vivienda: tope de pisos por casero o un portal inmobiliario estatal

“España está tan polarizada que la derecha asume el rechazo a todas medidas sociales, porque no son las 'suyas'. Pero mucha gente está convencida de que les van a expropiar su segunda casa y todos debemos insistir en que ese no es el problema, ni lo que se está reclamando”, expone Alejandro, otro campista en mitad de Sol. Él tiene 27 años, y propone en cambio un sistema en el que un solo propietario, sea empresa o particular, no pueda acumular 10 casas mientras persista el problema de acceso a la vivienda. También limitar a un máximo de dos inmuebleslos que pueda tener un casero al uso.

“Si damos por hecho que esto no son solo ideas de la izquierda y cada vez más gente lo reclama, el equilibro parlamentario sería más sencillo”, añade Bruno, de 22 años. Él pide no olvidar que a veces “una idea de la derecha puede no estar mal para alguien de izquierdas, o al revés”, y por eso aboga por un sistema “más participativo” en el que la ciudadanía “pueda tomar voz ante cuestiones importante, como los decretos [Maricarmen]”, de forma que las dinámicas parlamentarias no influyan en decisiones clave.

Básicamente, propone votar en plebiscitos públicos algunas medidas troncales como las que afectan a la vivienda o la sanidad, sin dar lugar a “estrategias internas” de los partidos que “obstruyan el debate”. De hecho, he ahí para ambos otra de las dificultades a la que se enfrente estos meses un votante de la izquierda, entre los que se incluyen. Con los aliados del gobierno sin líder claro y una “falta de referentes” percibida entre jóvenes, algunas como Irene (22 años) creen que ahora los acampantes “parecen tener claro adónde van”, refiriéndose a una huelga general, pero aún no a quién confiar su voto.

Fin de las guardias médicas de 24 horas y más participación social

“Mucha gente ha desconectado de sus representantes y, aunque a nosotros en la calle nos toque defender un discurso más exigente es normal que un gobierno no pueda cumplirlo todo. Pero el sostén no puede estar en partidos como el PNV o Junts, sino en otras formaciones progresistas que remen a favor”, considera después de días en la acampada. La caída de los dos decretos urgentes de vivienda auspiciados por el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años cuyo caso ha detonado una crisis institucional; o la convocatoria de una gran marcha en 54 ciudades el sábado abrieron un breve lapso de incertidumbre que ha terminado en un adelanto electoral.

El lunes el presidente anunció comicios para el 29N y, un día más tarde, el Consejo de Ministros terminó aprobando dos nuevos decretos similares a los que cayeron el viernes, con medidas más restrictivas para los fondos buitre. Por ejemplo, ahora se les prohíbe comprar vivienda hasta 2030, dos años más que en la norma tumbada el viernes. Este miércoles las medidas fueron publicadas en el BOE, el boletín oficial del Estado, y el jueves entran en vigor.

“Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, zanjaba el presidente, trazando las primeras líneas del que será su gran reclamo de campaña: solo desde el Gobierno pueden responder a las demandas de la calle.

Más participación ciudadana en las decisiones clave

En pleno pulso ciudadano y sindical para blindar desahucios o regular los precios del alquiler, otras propuestas o áreas de debate han comenzado a abrirse dentro y fuera de Sol. Desde el sábado 26 de septiembre, cuando una gran manifestación por Maricarmen culminó en las primeras tiendas sobre la plaza –que fueron cientas en apenas 24 horas y, luego, más de mil–, una acampada como la que solo se vio durante el 15M abrió paso a debates y asambleas en la que se discutían fallos estructurales del sistema, y algunas vías para atajarlos.

Los aspirantes a obtener o revalidar su escaño en la Cámara Baja mueven ficha a contrarreloj, primero para buscar un líder del espacio que antes ocupaba Sumar y ahora pasa a llamarse el Frente Amplio (se habló de la ministra Mónica García, pero finalmente Más Madrid propondrá a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau) como en la creación de un relato desde el que ganar la confianza ciudadana. Sin ser una muestra representativa ni absoluta de la población española, la acampada en la Puerta del Sol lleva días organizando debates y charlas a pie de calle sobre la vivienda, el rentismo o el impacto de los fondos en el mercado; pero también acerca de la sanidad, las escuelas infantiles, migraciones, precariedad laboral o formas mejores de participación social.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de esta generación de cristal”, revela Ignacio, que tiene 45 años pero se ha unido a la acampada en esta plaza del centro, que acogió otra gran movilización social en 2011. Para mostrar su apoyo a la protesta Ignacio ha utilizado adrede uno de los términos que más pesan sobre sus artífices, jóvenes en buena medida: la generación de cristal, que se presupone frágil e incompatible con la frustración.

Remontar el informe PISA y cambiar el diálogo sobre la migración

“Creo que aquí hay gente que, como muchos, aún no sabe lo que quiere en estas próximas elecciones, ni si son buenas o no para la huelga. Pero se están moviendo cosas, ponen ideas sólidas sobre la mesa y todos los días hay debates abiertos al público, en los que se discute cómo intervenir en la situación del país”, remarca su acompañante, otro hombre de mediana edad que prefiere no aparecer.

Cerca de la salida, tres amigas de entre 21 y 25 años dibujan sobre cartones, apoyados sobre sus piernas entre el runrún de Puerta del Sol. Cuando se les pregunta por este mismo debate, el de qué medidas ven imprescindibles o cuáles son los problemas por los que decidieron acampar, sale una risa espontánea. “Llevamos hablando de lo mismo toda la mañana”, explica Ariadna, la mayor de todas y en el ecuador de la veintena. Se confiesan preocupadas por los resultados del último informe PISA, que puso el acento en las dificultades de comprensión lectora entre el alumnado español, o por la forma en la que “se habla de la inmigración en el debate político”.

Pero, sobre todo, les preocupa la vivienda y la desafección social que “ahora parece romperse” en Sol, y atribuyen a unos partidos políticos que “han dejado huérfanos de representación” a quienes tratan de ver “más allá de una consigna”. “Ya sabes: Yolanda Díaz hizo mucho ruido y pocas nueces”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la vuelta a la tortilla. Ha absuelto a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, de otra sentencia anterior por la que la Audiencia Provincial le condenó a nueve años de inhabilitación. El origen del caso se remonta a 2022, cuando Santos ordenó demoler una casa en la vía pecuaria (donde los asentamientos merman después de años organizando traslados o derribos) que seguía habitada pero de la que notificaron una situación de “abandono”. La Audiencia determinó hace más de un año que el alto cargo municipal había incurrido en un delito de “prevaricación administrativa”, pero ahora otro tribunal superior revoca esa sentencia.

“Es un fallo decepcionante”, consideran desde el CAES nada más conocer la resolución. El Centro de Asesoría y Estudios Sociales es una cooperativa de profesionales de la abogacía con enfoque de derechos humanos, que ha defendido en este caso al denunciante anonimizado, A.C. Según el auto anterior de julio de 2025, sellado por la Audiencia Provincial de Madrid, había quedado acreditado que este residía legalmente en la vivienda del Sector VI (Cañada Real está dividida en seis sectores) desde 2006.

También se remarcaba que Julio César Santos ordenó el derribo a sabiendas de que había alegaciones pendientes, pues el afectado continuó aportando escritos y presentando recursos al expediente de demolición, cuya principal razón de ser era que no había nadie viviendo dentro. El derribo terminó efectuándose el 14 de julio de 2022, abriendo paso a un conflicto legal que aún hoy sigue pendiente.

Esta última sentencia, con fecha del 30 de septiembre y a la que ha tenido acceso Somos Madrid, distingue entre ordenar un derribo que pueda ser discutible o irregular desde el punto de vista administrativo, y cometer un delito de prevaricación. Para condenar por este último, según el alto tribunal, no basta con demostrar que se demolió una vivienda o que hubo de por medio un procedimiento cuestionable. Debe acreditarse que el funcionario actuó a sabiendas de que su gestión era injusta y arbitraria.

“La sentencia se apoya en prueba que no es inequívocamente incriminatoria, sino neutra o ambivalente en algunos resultados, e infravalora los elementos exculpatorios, lo cual no es asumible [...] No concurren en la actuación del señor Santos las condiciones del delito de prevaricación”, dicta la última sentencia, considerando que la previcación de la condena no queda estrictamente demostrada.

En el Ayuntamiento de Madrid consideran el fallo “contundente”, indican fuentes municipales a este medio al destacar que en el fallo no se acredita una actuación arbitraria por parte del jefe de servicio municipal, que el expediente urbanístico era competencia del Ayuntamiento y que se tramitó conforme al procedimiento.

Fuentes del CAES, el centro de abogados que asesora al denunciante, tildan la sentencia de “decepcionante” e indican que en estos momentos aún examinan al detalle sus argumentos. De momento no han hablado con el afectado, A.C., pero aseguran que presentar o no un recurso dependerá también de su decisión, o de las posibilidades que extraigan con la lectura del documento. De momento, queda esperar a ver cuál es su siguiente paso.

Una mujer octogenaria pasó sus últimos siete años enredada en juicios y burofaxes; todo por conservar la casa en la entró siendo adolescente. Ese tiempo, sumado al peso de la edad, ha bastado para hundirla en un proceso de desgaste físico y emocional que terminó solo 14 días después de su desalojo, ejecutado al cuarto intento y ante una amplia contestación social. Maricarmen Abascal (1938-2026) ha muerto este miércoles estando aún en el hospital. No había logrado recuperarse del golpe pese a la negociación histórica que llegó después, en la que Urbagestión (actuales propietarios del inmueble) cedió a la presión y permitió volver a casa a una inquilina recién desahuciada, algo insólito según su abogada. Pero ya era tarde. “¡No es muerte, es asesinato!”, se oía gritar a la multitud nada más arrancar, pasadas las ocho.

La de este jueves fue una marcha más silenciosa que de costumbre. Frente a los habituales coros o las consignas cada pocos minutos, vistas en otras manifestaciones recientes por Maricarmen o la vivienda, esta noche pudieron escucharse cánticos disueltos casi al momento. A veces, porque los propios asistentes al homenaje chistaban al primer ruido, pidiendo respetar el luto. Otras, porque los ánimos caían o se elevaban a cada paso. Cuando la manifestación cruzó el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, las voces se hicieron eco. “¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!”.

A las 20.50 de la noche, casi una hora después de la salida desde Sol, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid contaba unos 20.000 caminantes en la ruta hacia la calle Alcalde Sainz de Baranda. Exactamente 24 horas antes, el Sindicato de Inquilinas emitía un comunicado informando del fallecimiento, del que ya había empezado a correrse la voz.

Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro

Maricarmen — Vecina de Retiro y símbolo de la crisis por la vivienda

“Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda son un antes y un después en la historia de este país [...] El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”. Lo señalaba uno de los grupos directamente implicados en la negociación para la huelga general y, hasta hace poco, también en el mantenimiento de las acampadas. Tenían la confianza de la vecina de 87 años, que incluso pidió su participación en conversaciones con Urbagestión. En esas primeras consideraciones después de su muerte fueron insistentes: su historia no acaba aquí.

La indignación ciudadana que estos días queda al descubierto “cumplirá” con la que, entienden, ha sido una de las principales enseñanzas de Maricarmen; o al menos de las más repetidas en declaraciones a la prensa y alegatos públicos: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”. Guiados por un cordón policial, que formaban una decena de agentes a la cabeza, no era extraño ver caras en llanto, flores o velas e imágenes de Maricarmen, que ya ha transcendido de sí misma.

La movilización pública por Maricarmen ha encumbrado al mismo tiempo al Sindicato de Inquilinas, que ya rebasa su propio récord con más de 5.000 afiliados. Su acompañamiento durante años a la vecina de Retiro, su participación en las acampadas o el desbloqueo de una huelga general, convocada finalmente para el próximo 11 de noviembre, le han convertido en uno de los protagonistas del mes. Aunque recientemente ha ido retirando su implicación en las protestas de Sol, otras plataformas de vivienda, vecinales o políticas presentes desde su estallido han ido cobrando relevancia.

Durante la primera media hora no hubo altercados: todo transcurrió al más puro estilo de una marcha funeraria. En la mitad delantera hacían una fila los miembros del Sindicato de Inquilinas, vestidos de su característico color naranja y entre quienes se pudo ver a Alicia del Río, una de sus portavoces más conocidas. Pero entrando a la calle Alcalde Sainz de Baranda, y después de un aplauso colectivo que acompañó a la llegada, la riña entre dos hombres tambaleó una protesta serena.

“¿Cuánto ha tardado Pedro Sánchez en arreglar la vivienda, cuánto?, espetaba con ironía uno de ellos a un miembro de manifestación, que portaba una bandera palestina. Al instante, varios se reunieron a su alrededor. ”¡Fuera fascistas de nuestros barrios!“, empezaba a corearse. Poco después, se escuchó por primera vez el nombre de la empresa que propició este desahucio.

“¡Urbagestion, asesinos!”, lanzaron algunos, y luego todos al unísono, poco antes de cruzar la esquina de la calle de Maricarmen. La marea humana continuó el sentido y, con el primer pie en Alcalde Sainz de Baranda, se acabó el silencio. “¡Maricarmen, no te olvidaremos!”. La gente irrumpió en aplausos y al grito de “vosotros, rentistas, sois los terroristas”. Entonces, las palmas comenzaron a marcar el compás de voces al unísono.

La repercusión social del caso, que encadena semanas de manifestaciones masivas, ha colmando el vaso de la indignación por la vivienda. El precio de una casa, ya sea en alquiler o en propiedad, vuelve un bien básico un lujo cada vez más inaccesible en España, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid, donde el precio medio ronda los 6.500 euros el metro cuadrado en caso de compra y 23,4 €/m² para el alquiler, según datos recientes de los principales portales inmobiliarios.

Así que, en paralelo a la transformación de la anciana en un símbolo contra el mercado inmobiliario, se ha ido configurando a su alrededor una campaña de desprestigio e informaciones sobre supuestos roces con otros vecinos, o que aluden a su rutina y carácter. “No solo hablan mal de Maricarmen sino que, hasta el último minuto, no la han dejado volver a su casa. Si no pudo ella, hoy iremos nosotros”, reseña Pablo, que enciende una vela mientras anda hacia Retiro.

Él sigue en una tienda de la acampada de Sol, donde varios colectivos se han agrupado ahora bajo nuevas siglas: Pucvm, Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid. Esta es una entidad recién creada para coordinar las luchas por la vivienda en los distintos barrios o municipios, ya sea de la capital u otras zonas de la región. Aún hoy mantienen cerca de 2.000 tiendas de campaña en mitad de una de las plazas más turísticas del centro.

Poco después de saber que Maricarmen se había marchado sin poder volver a la que fue su casa durante 70 años —y que su familia había alquilado por primera vez en 1956 con un contrato de renta antigua que ella no pudo subrogar—, el Sindicato de Inquilinas llamó a concentrarse este jueves a las 20.00 horas frente a la estatua del Oso y el Madroño, símbolo de Madrid y un emblema en plena Puerta del Sol.

El recorrido anunciado arrancaba desde la acampada por la vivienda y llegaba al número 46 de Alcalde Sainz de Baranda, donde Maricarmen residía antes de ser sacada en camilla el mismo día de su desahucio. Una imagen para la historia. “Esa era la casa en la que solo querías permanecer hasta el final”, reseñaron desde el órgano sindical, que ha decidido volver igualmente en una marcha simbólica junto a miles de personas y rumbo a la vivienda donde empezó todo. “Si a mí me agobia el alquiler porque el contrato me cumple el año que viene y tengo a mi madre, que me ayuda, no me imagino lo que esto supone para alguien de casi 90 años”, reflexiona Carla, que ha venido con su pareja con una idea clara: “Esto no puede volver a pasar”.

Frente a la casa de Maricarmen, los gritos de “no toleraremos ni un desahucio más” se hicieron cada vez más largos. Era una advertencia ciudadana expresada entre silencios, lágrimas o flores; pero también rabia e indignación: “¡Esta España sí me representa!” o “¡esto sí es patriotismo!” fueron proclamaciones hechas a viva voz, y una de las más comunes: “¡Maricarmen vive, y la lucha sigue!”. Sentados en círculo, mirando hacia las mismas ventanas desde las que ella vio evolucionar el barrio, los allí reunidos llegaron a guardar cinco minutos de silencio.

A la tristeza le siguió la música y unos cantos gregorianos, que ensalzaron luchas obreras a los que pusieron el broche que unas palabras de Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas: “Ella podría haber sido una víctima más de este rentismo inhumano. Pero decidió ser la última”. Luego, el círculo humano se abrió y una enorme pancarta ocupó su lugar. En ella estaba pintado a mano su rostro y unas palabras de despedida que, a la vez, pretendían ser de revelación: “No vamos a dejar de luchar”.

Los tiempos de la política son inescrutables: todo cambia en un segundo y es difícil seguir el ritmo. Hace dos semanas Maricarmen no había sido desahuciada, su caso no había provocado una reacción social masiva y un segundo 15M no había conquistado la Puerta del Sol. Y en los últimos tres días, el vuelco ha sido total: en apenas 72 horas han caído dos decretos urgentes en el Congreso, Pedro Sánchez ha convocado elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre y el Gobierno ya busca venderlas como un gran plebiscito por la vivienda. En mitad de esta vorágine, la acampada de Sol continúa en pie y mantiene su objetivo: allanar el camino hasta una huelga general. Pero sus miembros no son indiferentes a lo que ocurre en la Cámara Baja, y conviven con preferencias dispares o dudas sobre lo que es mejor.

En un paseo por la plaza horas después de anunciarse el adelanto electoral, el debate está servido. Muy cerca del acceso desde calle Preciados, detrás de unos toldos azules con los que se cubrieron en días de lluvia, un grupo numeroso comenta lo ocurrido. Son diez personas de distintas edades, aunque todos en la veintena salvo Txus (63 años) y Panda (40). Ellos vienen de otra generación, pero dicen sentirse unidos a esta lucha por la vivienda, y también –indica el segundo– al “movimiento joven y reivindicativo” que rodea a la acampada. 

Son abiertamente de izquierdas, aunque los matices en su discurso advierten de un movimiento diverso. “En las causas sociales puede ser más fácil presionar por la izquierda que por la derecha”. Esta vez la reflexión es de David, que tiene 29 años y confiesa estar preocupado por la decisión de adelantar elecciones. A la vez que lo supone como un “punto de inflexión”, marcado por la demanda ciudadana de tener casas asequibles, teme que a largo plazo pueda ser una zancadilla a sus reivindicaciones. Ante la pregunta generalizada de si fueron a votar en las últimas elecciones todos responden que sí, salvo los que en ese momento eran menores de edad. No siempre lo han hecho con convencimiento.

Entre los manifestantes de Sol se palpa, por lo general, un malestar profundo con la política institucional y la capacidad actual del Ejecutivo para hacer cumplir sus promesas. Y eso genera dudas ideológicas manifiestas, que ellos mismos no saben responder aún, moviéndose entre el descontento mayoritario hacia el Gobierno progresista y el interés –pese a ello– de conservar una representación parlamentaria en este segmento.

“Mucha gente ha desconectado ya de nuestros representantes públicos, especialmente en la izquierda. ¿Quién es ahora candidato? ¿Qué propone cada uno? Son cuestiones a las que es difícil seguir la pista, y no precisamente porque no haya interés entre los jóvenes”, considera Irene, de 22 años. Aun así, en la acampada la mayoría de los consultados sí parece conocer al detalle algunos nombres sobre la mesa.

A la hora de elegir un candidato preferente para la marca de turno a la izquierda del PSOE, los que más han sonado han sido Ada Colau o Emilio Delgado, entre otros. La primera fue alcaldesa de Barcelona por Barcelona en Comú; el segundo es diputado regional de Más Madrid en la Asamblea y, en los últimos meses, ha despuntado por inaugurar las charlas itinerantes con Gabriel Rufián, uno de los primeros en abogar por un frente común de la izquierda.

“A mí me gusta la Colau, pero igual es porque soy catalán”, confiesa Lucas Pulido, creador de contenido en redes y una mitad de @Alpilpil junto con Adrián Melero, que le acompaña en la conversación y se decanta por la misma opción, aunque ambos ponen otro nombren en el tablero, que también había sonado en las últimas horas: Pablo Bustinduy.

El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es otro de los ministros de Sumar (una coalición en pleno rebranding) que ha sonado entre los manifestantes de Sol para sustituir a Yolanda Díaz en su liderazgo. “Es una buena opción, pero parece que él no quiere. Y eso puede tener que ver con el precio personal que tiene ser candidato en un proyecto cogido con pinzas. Tal vez haya que esperar a que en la izquierda se valoren otras opciones”, destaca Adrián, que junto a otras dos amigas (Cris y Paola) reflexiona sobre la desafección política y los candidatos “quemados por la legislatura”. Con esta etiqueta se menciona, por ejemplo, a Mónica García: “No sé si su perfil tiene la fuerza necesaria para lo que viene”.

La ministra de Sanidad suena como posible candidata para relevar a Yolanda Díaz en el espacio de Sumar, reconfigurado ahora bajo una nueva marca aún sin líder: Frente Amplio. Sin embargo, de entre los jóvenes consultados por Somos Madrid ninguno la consideró su mejor aspirante. “Yo prefiero a Manuela Bergerot, por ejemplo”, sorprende Bruno (23 años), dando un nombre fuera de las quinielas para liderar el espacio. Bergerot es actualmente la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional desde que García abandonó el cargo en su ascenso al Ministerio, pero hasta ahora no ha sonado entre los pronósticos.

De todo el grupo es María (22 años) la única que parte una lanza por la ministra de Sanidad, aunque muestra sus reservas: “A mí me gusta Mónica García, pero no creo que sea lo que necesitamos ahora”. En general, tanto su amigo Bruno como Alejandro (27 años) sienten un “descontento generalizado” con la clase política, y es por eso que ven más opciones entre los perfiles “menos gastados” –y entre los que mencionan a Colau, Delgado o incluso Gabriel Rufián– que en los rostros conocidos, asociados a la “inacción” del Gobierno actual con el problema de la vivienda.

Bruno ofrece una posible solución, o al menos un camino para evitar “que decisiones cruciales se resuelvan por interés político”: que las medidas “importantes” se voten directamente, como en las democracias participativas. “Si los decretos de vivienda hubieran sido un plebiscito ciudadano y no una votación en el Congreso, tal vez hoy estaríamos en un debate distinto”, añade Alejandro, sumando argumentos: “Aunque nuestra democracia funcione con representantes públicos y por mucho que les hayamos votado, hay momentos clave en los que la ciudadanía debería poder pronunciarse”.

Sábado, 26 de septiembre. El desahucio de Maricarmen, que ha pasado de vecina anónima de 87 años a símbolo de la crisis por la vivienda, ya había prendido la mecha. Madrid es una ciudad repleta de casos como el suyo, pero su larga lucha llevaba años resonando. Cuando la sacaron finalmente en camilla de la que había sido su casa (después de tres intentos previos) fue ante cientos de testigos. Y una ola de protestas entró en ebullición. Lo que pasó después ya se conoce: una manifestación multitudinaria y la acampada masiva que acabó instalándose en plena Puerta del Sol. Algunos hablan de reminiscencias con el 15M; otros defienden que su sentido es distinto, aunque las formas se asemejen. Pero lo que está claro es que un movimiento descabezado tomó en apenas unos días una de las plazas más turísticas de la capital. ¿Casualidad o estrategia?

“La acampada fue algo mucho más improvisado de lo que la gente cree”, asegura al otro lado del teléfono Pablo Pérez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid que vivió en primera persona aquellas horas de improvisación y logística. “Veníamos de toda una semana denunciando este tema y sabíamos que el debate ya tenía bastante presencia. Pero, al final, Maricarmen ha terminado representando algo más grande que ella misma: el hecho de que ninguno tenemos control sobre nuestra propia vida. Y esa rabia se ha canalizado”, cuenta, sobre las primeras reflexiones que aquel sábado por la tarde compartía con sus compañeros mientras partían en la manifestación.

Sobre las ocho y media de la noche –dos horas después de iniciar la marcha– llegó la noticia de que iba a haber una acampada: “Valeria [Racu] dijo en un mitin que la gente estaba cogiendo tiendas de campaña y se iban a plantar en la plaza”. Antes de eso, decenas de miles de personas se habían concentrado para respaldar a Maricarmen y reclamar un decreto de vivienda, que luego se partió en dos y finalmente se rechazó el viernes por culpa de PP, Vox, Junts y PNV, este último en el caso del segundo texto. Unas 25.000 personas tomaron las calles ese día, según la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, aunque los organizadores elevaron 12 veces esa cifra y contaron 300.000 asistentes.

Después de ese 26 de septiembre, un día clave para las protestas y tal vez el momento exacto en el que la indignación por la vivienda trascendió a la propia Maricarmen, tocaba consolidar lo hecho. Unas horas más tarde, en la mañana del domingo, Delegación sumaba cientos de personas acampando en Sol y reclamando equilibrar el precio de la vivienda. Precisamente en esa zona, una de las más caras de Madrid, el metro cuadrado ronda los 7.000 euros según una primera búsqueda en portales inmobiliarios.

Primeras horas de acampada: cómo mantenerse a flote

Ese día ya comenzó a intuirse que algo ocurría y era distinto. Una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, advirtió en esa primera jornada de que las acampadas iban a “seguir adelante” si el Gobierno de Pedro Sánchez no aprobaba el decreto Maricarmen, que iba a votarse el martes siguiente y al que el boca a boca popular dio el nombre de la vecina de Retiro. Pese a las reticencias iniciales de Sumar, socio en la coalición con el PSOE, el Consejo de Ministros acordó dividir esta reivindicación en dos normas distintas. Pero el reclamo tenía otro muro por delante: su votación el viernes 2 de octubre en el Congreso de los Diputados.

Antes de sucederse todos estos acontecimientos, la misma portavoz del Sindicato de Inquilinas que anunció el domingo la consolidación de la acampada lanzó al aire una pregunta, dirigida al presidente del Gobierno y que, a su juicio, sobrevolaba la protesta: “¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población, que somos inquilinas?”

En un paseo por la acampada días después de su estallido, Alex (28 años) y Laura (32) confrontaban sus puntos de vista. Él estuvo en la manifestación del sábado y se quedó acampando ese mismo día. Ahí seguía a fecha del miércoles. Ella, en cambio, trabajaba temprano al día siguiente y ha estado yendo o viniendo como puede. “Yo sí me había enterado de que iba a haber acampada, porque he militado en plataformas por la vivienda y se comentó en redes internas. Pero hasta el último momento nada estaba claro”, afirmaba Laura, que prefería dar un nombre ficticio.

A su alrededor, lo que comenzó el sábado con unas cuantas tiendas de campaña se había convertido en una ciudad a pequeña escala, con mapas y cartógrafos que ponen nombres a las “calles” o distribuyen letreros de cartón que delimitan cada área. Los nombres, todos con tinte político: “Avenida de Maricarmen”. “Plaza Lésbica”. “Lucha de clases”. “Calle Barrikadas”. “Dictadura del proletariado”... Al ver que la acampada crecía y superaba las 1.200 tiendas, distintas organizaciones o asociaciones civiles afincadas en Sol convocaron las primeras asambleas. Tenían que decidir sus próximos pasos.

Juegos, zonas de 'coworking' o puestos de comida donada

Algunas llegaron a ser multitudinarias, como las que daban cita a asistentes o curiosos a última de la tarde, llenando la plaza de personas y reclamaciones desde el megáfono. Otras, de carácter “interno” o a menor escala, buscaban soluciones a los primeros problemas logísticos: ¿Cómo ordenar las tiendas y abrir espacio al tránsito? ¿Cuál era la manera idónea de “democratizar” las decisiones y representar todos aquellos sentires? ¿Qué necesitaban y qué echarían en falta durante noches al raso?

De esta forma, comenzaron a colocarse toldos cogidos con palos de fregona y algunas carpas pasaron a distribuir comida, bebida, productos de higiene, tapones de oídos para dormir, café en el desayuno, compresas, medicamentos, libros, juegos de mesa –desde el Catan al Exploding Kittens–, gel hidroalcohólico... Frente a uno de los estands, dos chavales echan un ojo. “Hoy han traído Poeta en Nueva York”, comenta uno de ellos. En otros puestos hay colocados carteles con los recursos más escasos (hielo, por ejemplo) o centralitas para las donaciones. In situ indican que es de ahí de donde proviene todo el material expuesto.

La institucionalización es el objetivo final de una protesta. Desde ahí podremos entrar en debates, pero lo primero es forzar a que haya una respuesta estructural

Alex — 28 años. Estuvo en la acampada desde el sábado

La discusión que dos de los campistas, Alex y Laura, tenían en ese momento giraba en torno al futuro que debía de tener ese movimiento. “Para mí es un flashback de lo que vivimos en el 15M, y por eso tengo miedo de que se institucionalice. Me decepcionaría mucho: creo que no debemos perder la perspectiva de clase”, reseña ella, ante gestos de negativa por parte de su acompañante. “La institucionalización es el objetivo final de una protesta. Luego, desde ahí, podremos entrar en debates sobre cómo gestionar la propiedad privada [refiriéndose a las casas], pero lo primero es forzar a que haya una respuesta estructural”, contrapone Alex, cuando aún no se conocen las posiciones finales en el Congreso sobre los dos decretos que esperan.

De vuelta a la conversación con el Sindicato de Inquilinas, uno de los principales impulsores de la actual protesta por la vivienda, remarcan que no son los únicos. “En los últimos días, hemos ganado notoriedad, pero los desahucios no solo los paran las acampadas, sino la organización y el trabajo diario”, remarca uno de sus portavoces, que nombra otras plataformas presentes en Sol: desde las educadoras infantiles o trabajadoras sociales hasta Greenpeace, partidos políticos o asociaciones de barrio.

“Aunque alrededor hay mucha vigilancia policial no hemos tenido un desalojo forzoso y creo que eso ha dado tranquilidad a otra gente para venir. Pensábamos que al arrancar la semana habría una bajada de asistencia, pero muchos han ido turnándose en el trabajo para dejar siempre a alguien en la tienda”, reseña Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas.

Por las noches, cuando se va el sol y solo quedan los de la acampada, el entorno cambia de ritmo. Las tiendas empiezan a iluminarse con linternas que cuelgan de algún soporte improvisado. La gente se reúne dentro y se sienta en círculos, charlan o beben cerveza mientras sopesan las razones que le han llevado hasta allí; o simplemente pasan el rato. “¿Quieres dibujar a tu casero?”, pregunta uno de ellos, que ofrece un rotulador negro para pintar sobre una pieza grande de cartón.

Queda poco espacio: el centro lo ocupa una caricatura de un hombre con dientes grandes y un cigarro en la boca. Al lado, un señor mayor con rostro enfurruñado. Otros simulan rasgos de mujer, figuras con cuernos u hombres fornidos con patas de pollo. Conciliar el sueño es difícil, y en la madrugada suele haber al menos dos personas controlando cada uno de los accesos. “Perdona, ¿estás acampada?”, pregunta una de ellas a quienes tratan de acceder, especialmente si portan alguna bebida alcohólica. “Es más bien un método disuasorio, para controlar que nadie entra muy borracho o viene a agitar la acampada”, cuenta uno de ellos.

Desde el 26 de septiembre y hasta que dure este movimiento por la vivienda, la turística y transitada Puerta del Sol deja imágenes de asambleas públicas o sentadas en las calles colindantes, que atraen las miradas o propician preguntas formuladas en inglés. Siempre hay algún viajero que hace fotos e incluso free tours atravesando el campamento, usando las calles o accesos creados con cinta adhesiva. En algún momento de la madrugada, el ruido se disuelve. Nunca del todo.