Se anunció en plena crisis de Barajas. Cuando el aeropuerto madrileño aún ocupaba titulares por los cientos de sintecho que se refugiaron allí, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó la construcción de un albergue para personas sin hogar en El Cañaveral. En este joven barrio del Este de la capital la noticia no sentó bien: los vecinos salieron a la calle reclamando que se paralizara el nuevo centro, al menos, hasta que la administración resuelva otras cuentas pendientes en materia de transporte o infraestructuras.

Las obras arrancaron y se frenaron temporalmente, de golpe, pero no por las protestas vecinales: la empresa adjudicataria había incumplido el contrato y este se disolvió, así que aquel proyecto “de urgencia” tuvo que aplazarse y volver a ser licitado con más presupuesto, un segundo promotor y otro calendario. Hasta este otoño no llegará el nuevo plazo para su construcción.

La primera concesionaria fue FTC Obras y Energía, que ganó una adjudicación por valor estimado de casi ocho millones (7.956.347 euros) incluyendo IVA y con un plazo de seis meses para construir en número 21 de la calle Batalla de Salamina. Sin embargo, al concluir ese plazo el Ayuntamiento resolvió en una Junta de Gobierno de finales de febrero que era necesario disolver ese acuerdo debido a los retrasos acumulados. Unas semanas más tarde, el 6 de marzo, se anunció un nuevo contrato para culminar la obra. Esta vez cayó en manos de Vías y Construcciones SA, otra compañía integrada en el Grupo ACS de Florentino Pérez.

“Durante la primera ejecución de las obras se detectaron retrasos en la ejecución y se hicieron dos visitas, el 13 y el 26 de enero. Comprobamos que no existía actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono”, detalló a preguntas de los concejales la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, sobre las razones que llevaron a anular el antiguo contrato y delegar la continuidad del centro en otra empresa privada, sin apuntar el motivo de fondo que llevó a dejar la obra por parte de una compañía que mantiene numerosos contratos con administraciones públicas. La nueva empresa, Vías, se puso manos a la obra en el mes de marzo con siete meses de plazo.

En total, según confirman fuentes municipales, llegaron a ejecutarse 3,14 millones de euros por las obras efectuadas durante el primer contrato, lo que sumaría unos 12 millones aproximadamente en la cuenta total, sumando la cuantía adjudicada en el segundo. Además, a FTC Obras se le incautó la garantía obtenida. “La diferencia entre lo presupuestado al principio y el nuevo acuerdo viene dada, fundamentalmente, porque hubo que incorporar requerimientos específicos que hicieron las compañias de electricidad y agua”, sostienen desde el Área de Obras, a lo que explican que en prodecimientos de emergencia como este “no se exige la redacción ni la aprobación formal de un proyecto técnico antes de adjudicar y comenzar la obra, pues lo que se busca es una actuación inmediata. De momento, se mantienen las previsiones del otoño y aseguran que el centro estará listo ”antes de que acabe el año“.

Mientras que la ciudad se vaciaba por el verano y con los trabajos ya avanzados, García Rodero y su homólogo en Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acudieron a visitar el futuro albergue. Ambos prometieron desde allí que el nuevo recurso proporcionará una “respuesta social ágil” a quienes lleven poco tiempo en situación de calle, tratando de prolongar la etapa lo menos posible. La idea es construir sobre 3.619 metros cuadrados de superficie en una parcela de casi 15.000 m², con capacidad para 176 personas en 12 módulos habitacionales, con cuatro cuartos cada uno y provistos de taquillas, repisas, enchufes, cerraduras electrónicas, aseos, duchas y una zona común.

Asimismo, el Ayuntamiento también ha detallado que dos de estos módulos se adaptarán para personas con movilidad reducida. En la resolución que consolida ese segundo contrato, la propia Vicealcaldía admitió que la ciudad sigue en “la misma situación de emergencia” que, en su día, llevó a licitar este centro en El Cañaveral: pese a la salida progresiva del colapso en Barajas, la necesidad aún “persiste” en el resto de la ciudad. A pesar de que el objetivo era continuar una obra ya empezada por el antiguo adjudicatario, este segundo intento se promocionó con más presupuesto y un plazo mayor.

Unos días después de que la Junta de Gobierno aprobara el nuevo contrato, tanto el PSOE como Vox en Vicálvaro –distrito de El Cañaveral– preguntaron por el proyecto al concejal-presidente de la zona, Ángel Ramos. Los primeros lo hicieron para cuestionar la paralización de un centro tramitado “de urgencia” y sugerir posibles irregularidades en el procedimiento; mientras que los segundos atacaron directamente su construcción y lo tildaron de “asentamiento”, preguntando si había medidas previstas para garantizar su compatibilidad con la “convivencia”.

“Responsabilidades políticas” o un problema de la empresa

El asunto sobrevoló instancias superiores una semana más tarde, cuando también los socialistas lo registraron en una comisión municipal de Obras y Equipamientos. La misma en la que Paloma García Rodero terminó explicando ante la oposición las razones que llevaron a paralizar el contrato. Aun con todo, el portavoz del PSOE Pedro Barrero sugirió un vínculo “privilegiado” entre el primer contratista y el Ayuntamiento, señalando otros proyectos municipales adjudicados a FTC Obras y que también había dejado colgados, como la promoción de casi 90 viviendas en Villaverde: “Cuando los problemas se repiten ya no es mala suerte, sino mala gestión o algo peor, favoritismo”.

Desde el salón de comisiones de la Casa de Cisneros, junto a la Plaza de la Villa, se habló de posibles “responsabilidades políticas” (más allá de las empresariales) en el tropiezo del albergue, que nació en respuesta a una situación de emergencia social. “La emergencia existió en el papel después de la llegada de 276 personas sin hogar, pero la gestión ha sido un fracaso”, determinó Barrero en su réplica a la responsable de Obras, recordando que el calendario inicial tenía previsto acabar los trabajos en marzo. Finalmente, el centro verá la luz unos siete meses más tarde.

Su inauguración, aunque tarde, vendrá también a culminar uno de los compromisos del área de Políticas Sociales, que aseguró para este 2026 una ampliación de la red hasta llegar a las 1.420 plazas para toda la ciudad. Actualmente son 1.250, sin contar las que aportará el futuro centro de El Cañaveral y de las que unas 370 son en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) o subcontratadas al mercado privado.

De conseguirlo, también zanjará un proyecto sacado adelante a trompicones que difícilmente aplacará todas las críticas que emanan desde colectivos sociales u ONG: más recursos, flexibilidad en los centros para brindar independencia a sus usuarios o una atención transversal pensada, sobre todo, para los nuevos perfiles que llegan a los albergues, ahora más jóvenes y a veces, con trabajo. Al fin y al cabo, el problema de la vivienda en la ciudad de la vivienda cara presiona para que muchos de los que nunca se vieron como vulnerables hoy no sepan donde vivir.

Dos días después de ser desahuciada de su piso de toda la vida, Maricarmen ha aparecido por primera en un vídeo desde el hospital. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha apoyado a la vecina de 87 años durante cuatro intentos de desahucio en el último año, ha difundido en sus redes sociales un alegato de la mujer que ya se ha convertido en símbolo de la crisis por la vivienda en España.

“No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, comienza así la anciana, que aún desconoce cuál será su futuro una vez abandone el clínico madrileño: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando”.

En el domicilio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, que fue adquirido por el fondo Urbagestión y del que salió después de ocho años negociando subidas del alquiler, alegaciones en los tribunales y un intento imposible de compra, Maricarmen vivió 70 años de su vida. Allí vio vivir y morir a sus padres, aunque a ella finalmente la sacaron en ambulancia y rebosante de estrés. Sin embargo, y después de un leve reposo, ha querido compartir unas primeras reflexiones.

“Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mí desahucio; también a los amigos que he tenido y no me han dejado ni un solo momento sola”, arrancaba con una voz aún temblorosa, pero más entera. En las horas previas al desalojo (y también durante), dentro y fuera de su casa hubo una amplia resistencia que hizo frente al despliegue de agentes pese a no lograr su cometido.

Os quiero a todos mucho. Yo soy su familia, y ellos son la mía

Maricarmen, al Sindicato de Inquilinas desde el hospital

Ahora, la vecina agradece este apoyo a las personas anónimas que la apoyaron pero también a algunas con nombre y apellido: entre ellas, el Sindicato de Inquilinas de Madrid o su abogada durante el pleito, Beatriz Duro. “Os quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía”, confiesa mientras aún digiere los últimos días y el papel simbólico que ha adoptado su caso, derivando en un estallido de indignación social e incluso propuestas entre los aliados del Gobierno para “expropiar” la casa y ofrecerla, de nuevo, a través de la empresa pública Casa 47.

De momento, todo está por ver y los próximos días serán clave hasta el siguiente Consejo de Ministros, que tendrá lugar el martes y en el que previsiblemente se abordará entre los puntos centrales. Especialmente, dada la expectación o el debate generados. “Lo que quiero es que este problema con los fondos buitre se elimine de una vez”, ha deseado, visiblemente emocionada y vestida en camisón desde la camilla del Gregorio Marañón, donde llegó en ambulancia minutos después de ser expulsada en un amplio despliegue policial.

Esa misma tarde, con Maricarmen ya ingresada (recientemente ha pasado a planta y allí sigue pendiente de unas últimas pruebas médicas), otra manifestación multitudinaria recibió a unas 10.000 personas frente al ático comprado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que tanta polémica ha desatado en torno a la presidenta madrileña.

Urbagestión consumó el miércoles el desahucio de Maricarmen. La vecina del barrio del Retiro de Madrid, que llevaba ocho años recurriendo el desalojo, tuvo que abandonar su casa de toda la vida a los 87 y sin más tregua que tres intentos previos paralizados. Al menos, hasta ahora. Ni su espíritu de resistencia, ni la presión sindical, ni el amplio apoyo vecinal, ni los intentos anunciados (aunque no consumados) por las administraciones para dar respuesta a su problema han evitado que la anciana fuera expulsada el miércoles a primera hora y enviada en ambulancia al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Allí sigue recuperándose de la ansiedad acumulada y continuará ingresada varios días más.

Entretanto, su abogada, Beatriz Duro, compagina el papeleo con las llamadas infinitas de las radios, televisiones y otros medios de comunicación. Mientras concilia el caso como puede, atiende a Somos Madrid un día después del desahucio, cuando su despacho aún recopila información de agresiones, partes de lesiones u otras pruebas con las que plantear su próximo movimiento. Maricarmen ya no podrá recuperar su casa, o eso cree, pero piensa que para el resto aún no está todo perdido: “Si el sufrimiento de esta mujer ha servido para que la gente se mueva y los políticos trabajen por la vivienda, al menos tendremos algo”.

¿Cómo está viviendo Maricarmen todo este proceso? ¿Qué desgaste tiene para alguien de 87 años encadenar varios intentos de desahucio y acabar perdiendo su casa?

En los desahucios mediáticos se habla mucho de la vulneración del derecho a la vivienda y de todos los debates, sociales y políticos, en torno a este hecho. Pero es que una casa significa mucho más: no tenerla te lleva a no poder ejercer muchos derechos, porque sin hogar no puedes tener salud. Es increíble ver cómo ha cambiado a nivel físico Maricarmen desde que vivimos el primer intento de desalojo, en octubre de 2025, y en este último. Ella era alguien que iba andando a todas partes, y que cuando venía a verme al despacho para revisar el caso hacía varios trasbordos y no le importaba. Ahora no puede moverse sin una silla de ruedas, todo en menos de un año de estrés y agotamiento.

A esa edad, el impacto emocional y psicológico puede ser mucho mayor: no solo pierde una casa, sino que pierde su identidad. Esta mañana ya la han pasado a planta y sigue pendiente de varias pruebas médicas; si en dos o tres días no lo han resuelto y el proceso se dilata, imagino que le darán el alta y luego volverá para los exámenes.

¿Dónde va a quedarse una vez que le den alta?

Creo que ni ella lo sabe. Hasta donde sé, Samur Social fue al desahucio y le ofreció un recurso de emergencia distinto al de la última vez, también en Madrid. Pero de emergencia significa temporal, y eso no es una verdadera alternativa habitacional. Además, Maricarmen ha dicho muchas veces que ella no quiere ir a un asilo, y hasta ahora tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid solo le han ofrecido plazas en albergues o residencias públicas, una regional en Alcalá de Henares.

Esta mañana [del jueves 24 de septiembre] he hablado con su primo, pero los dos tienen un nivel tan alto de ansiedad que no pueden ni pensar en eso. Lo más probable de momento es que ella se vaya a casa de él y su mujer, pero aunque sean familiares y la gente pueda creer que está resuelto, no es tan sencillo: este hombre tiene 70 años y su casa está en otra comunidad autónoma, en Segovia; además, ¿va a irse a dormir al sofá para siempre, para que Maricarmen pueda dormir en una habitación? Si un fin de semana vienen familiares o amigos a casa, te aprietas. Pero hacerlo de por vida no es una opción real.

El desahucio se ha ejecutado después de otros tres intentos que fracasaron. ¿Qué papel ha tenido en ello la estrategia jurídica, y hasta qué punto influyen la presión ciudadana, vecinal o sindical para dar la vuelta a un caso así?

Yo creo que ambos, abogados y sindicatos, hemos hecho un buen tándem que ha funcionado a medias. Sin el Sindicato de Inquilinas y si no hubiera sido un caso mediático, no habríamos conseguido estos resultados, que han sido un año de prórrogas. Pero no estamos satisfechos: esta semana hemos visto una nueva imagen de la vergüenza, que es la de Maricarmen saliendo de su casa en camilla y entrando a la ambulancia después de que la Policía reventara la puerta de su casa.

Quiero pensar que, aunque ella ya no vaya a recuperar su hogar, esto ha servido para que los políticos se pongan de verdad a trabajar por garantizar un derecho tan, tan básico. La vivienda es un problema transversal a todo lo demás, y en este momento preocupa a muchísima gente. Sin embargo, el foco desde hace años sigue poniéndose en los discursos sobre okupas o inquiokupas –etiqueta atribuida erróneamente a inquilinos morosos u otros perfiles ajenos a la okupación–. No es que no existan, pero son mínimos respecto a la cantidad de gente que ahora mismo no puede pagarse una casa, ni en propiedad ni de alquiler.

¿Qué margen de maniobra cree que tenían aquí las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda?

Yo creo que la mayoría de competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, así que para mí la Comunidad de Madrid es la principal responsable. Aun así, a día de hoy todos se pasan la pelota cuando ninguno de los tres le ha ofrecido a Maricarmen una alternativa habitacional real, donde verdaderamente pueda quedarse a vivir. El Ayuntamiento también tenía recursos más allá de las residencias o albergues, y no los ha usado. Y el Gobierno central es otro responsable del despliegue policial que vimos el miércoles, todo por el desahucio de una mujer de 87 años.

La represión y la violencia que se ha vivido para echarla tienen que tener responsables. El Ministerio de Vivienda dice que ha intentado mediar con Urbagestión e incluso ha propuesto comprar la casa para ofrecerla en régimen de alquiler social a Maricarmen, a través de Casa 47. Ha habido donantes anónimos y conocidos que han querido hacerse cargo de la renta y no ha servido de nada, no han querido escucharnos. ¿Cómo es posible que el gobierno de un país no pueda hacer nada para que una empresa detenga un desahucio?

¿Qué piensa de la última propuesta de Sumar, que ha exigido al PSOE expropiar la casa de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros? ¿Cree que puede tener recorrido?

Me parece muy bien, pero es lo que se debería haber hecho hace tiempo. Lo que deseo y espero es que no sea solo para entrar en un titular y que le aplaudan por ello. Si esa posibilidad realmente estaba sobre la mesa, definitivamente no se ha hecho nada desde octubre de 2025 hasta ahora. Por mucho que entonces nos llamaran tantos medios y políticos preocupados o preguntando cómo ayudar.

Si el Gobierno central hubiera aprobado el decreto-ley de vivienda –que obligaba a paralizar un desahucio si no había alternativa habitacional, entre otras medidas– esa habría sido otra posibilidad a nuestro favor. Pero aunque no obtuvieran mayorías, seguían teniéndolo en su mano: podían aprobarlo en un Consejo de Ministros y ya se vería después. A día de hoy, una persona con un perfil vulnerable o que ha sufrido malos tratos, por mucho que sea una víctima, no está amparada ante este tipo de desahucios. Aun así, cualquier iniciativa es bienvenida. Una vez que han echado Maricarmen ya no puede hacer nada para recuperar su casa, pero todavía pueden ofrecerle un alojamiento alternativo que se ajuste a lo que necesita.

Hace unos meses, la ONU pidió a España medidas cautelares para suspender temporalmente el desahucio. Ahora se insiste en que la jueza “debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable”. ¿Pudo haberlo hecho?

Las Naciones Unidas pidieron al Juzgado que suspendiera el desahucio hasta que las administraciones públicas tuvieran una alternativa. La jueza [Elena Cortina Blanco] podía haberlo parado simplemente atendiendo a que lo pide la ONU, pero no ha querido. No tengo nada en su contra, pero aquí nadie puede decir que no se pudo hacer nada: han hecho mucho, desde activar los mecanismos para expulsarla por la fuerza hasta no frenar el desalojo ni con un informe internacional, al menos de forma temporal.

A nosotros, como tal, la jueza no nos traslada nada directamente porque ellas no hablan con los abogados, solo resuelven y nosotros nos basamos luego en esos escritos. Ella sabe desde hace tiempo que tiene un caso complejo con una demanda de ejecución de desahucio y, aun así, creo que ha preferido seguir la norma sin más en lugar de buscar algún recoveco o escuchar propuestas con las que frenar un tiempo la causa. Yo he tenido casos así que han estado tres años en un cajón, ¿por qué este se resuelve tan rápido pese a tener tanto en contra?

¿Cuánto del resultado final de un caso depende de la autoridad judicial que lo examine, o de la interpretación legal?

Diré que buena parte de los jueces de este país hubieran dado ese mismo resultado, porque el derecho internacional aquí se tiene en cuenta a medias y terminan aplicándose las leyes internas, que no amparan del mismo modo. Al final hemos ignorado a la ONU, pero aquí todo el mundo dice que solo ha cumplido la ley, y que no podían hacer otra cosa. Todos debemos cumplir las normas, pero también podemos decidir qué hacemos y qué no; si participamos, o si nos enfrentamos a una sanción. Ni siquiera judicialmente estamos tan atados como se cree: ya digo que podría haberse suspendido cautelarmente, o alargado la resolución.

¿Cómo ha sido la comunicación con Urbagestión y sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes?

No existe desde hace tiempo. Yo estaba en contacto con ellos antes de que se resolviera la demanda, pero cuando volví a contactarles fue su abogada quien, a través del Juzgado, me señaló por saltarme el código deontológico hablando con clientes directamente. Tenía razón, y me pidieron no comunicarme más con ellos. Así que desde el primer intento de desahucio, aproximadamente, no hemos vuelto a saber nada de su parte.

También se ha dicho que Maricarmen podía haber comprado la casa cuando tuvo la oportunidad –después de adquirir la propiedad, Renta Corporación se la ofreció por 250.000 euros. Su pensión es de 1.450–, pero esto nunca ha sido una opción. No le llega y ellos lo saben, pero tienen la obligación de ofrecérsela primero no porque sean considerados y decidan darle prioridad, sino porque les obliga la ley. Aún no sabemos si presentaremos alguna denuncia contra alguna de las instituciones implicadas, de momento estamos recopilando grabaciones, pruebas o partes de lesiones de los agredidos en protestas, y probablemente llegue a algo más. Mientras tanto, el procedimiento presentado ante la ONU continúa y yo espero que termine en una condena a España, con indemnización para Maricarmen. Será difícil, pero ahí seguimos.

El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen fue también el último. La vecina de Retiro, casi nonagenaria, ha salido en ambulancia de la que fue su casa durante 70 años. Dentro y fuera, una amplia resistencia liderada por el Sindicato de Inquilinas e impulsada por simpatizantes acudía en su apoyo, después de que el fondo Urbagestión adquiriera su hogar y quintuplicara la renta hasta niveles imposibles para una pensionista. A las puertas, más de una decena de furgones policiales hicieron guardia por el desalojo. Llegaron a verse duras cargas contra los manifestantes, muchos rociados con gas pimienta en un despliegue no exento de críticas. “Así es como la Policía defiende a Maricarmen”, espetaba con ironía el órgano sindical en redes, acompañando la publicación de un vídeo en el que cuatro agentes sacaban a uno de los activistas cogido de brazos y piernas. Pero, ¿pueden ellos negarse a colaborar en un desahucio, igual que un médico objetor decide no practicar abortos?

Sobre ello responde uno de sus miembros, que no estaba entre los asignados al operativo de este miércoles: “Cuando aceptamos nuestro cargo, los médicos tienen la función de salvar vidas, pero la nuestra específicamente es la de cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones que no tienen otros funcionarios públicos: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología”. Este agente de la Policía Nacional en Madrid, que accede a responder a cambio de no revelar su nombre, se muestra de acuerdo con este veto –que también suspende su derecho a huelga, aunque no a manifestarse fuera de servicio– pese a reconocer que ha llevado a cabo “detenciones con mucha pena y contradicción”. Pero, a su juicio, “es algo que debes asumir”.

Sin embargo, la violencia vista esta mañana y el enorme despliegue de antidisturbios para echar a una anciana de casa en favor de un fondo –que ni siquiera aceptó in extremis la donación anónima de una escritora para completar el pago de Maricarmen– ha vuelto a cuestionar a quién protege verdaderamente el término “seguridad ciudadana”. Con los bomberos, que a veces participan en despliegues para desahucios, pasa algo similar aunque con una diferencia: ellos a priori no están destinados a este tipo de prácticas, solo que pueden ser llamados a colaborar. En julio de 2024, después de la expulsión de una vecina de Lavapiés llamada Zohra, comenzó a fraguarse un grupo de efectivos que quería poner fin a su intervención en los desahucios.

“En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación”, sostiene uno de los miembros de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, César Contreras. Aunque en el último y definitivo intento de desalojar a Maricarmen no fue requerida la presencia de este cuerpo, en otros casos como el de Zohra o Mariano Ordaz sí se solicitaron efectivos para algunas tareas. La organización estatal creada hace un año defiende su derecho a no participar en estos operativos, pues aunque su reglamento les “obliga a colaborar” con otros servicios públicos insisten en que esto ha de ser solo si el caso se “ajusta” a sus “competencias”.

“Samur [para asistencias sanitarias de emergencia] también tiene ese acuerdo de colaboración y si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio”, resuelve Contreras. “Si es una orden judicial expresamente la que nos menciona para acudir, entonces no tengo nada que decir. Pero si son cuerpos de seguridad y no es estrictamente necesaria nuestra presencia, creo que debemos poder negarnos a hacerlo”, reflexiona el bombero. En los últimos años, la capital ha sido testigo de numerosas y muy sonadas expulsiones de vecinos que, como Maricarmen, han visto incrementarse exponencialmente el precio de su vivienda o sido expulsados cuando un nuevo propietario ha comprado su bloque.

A la vecina de Retiro, que rechazó hasta el último momento las alternativas habitacionales en recursos municipales (que el Ayuntamiento no especifica por “protección de datos”) y de momento permanecerá con unos familiares, Urbagestión quiso subirle un alquiler de 500 euros con renta antigua hasta los 2.500 de un solo golpe. Aunque la cantidad final se redujo en una negociación, el precio tampoco se ajustaba a las posibilidades de su pensión, de unos 1.350 euros. Casos como el suyo pueden hallarse a montones.

Valverde 42 (Malasaña), donde 18 inquilinos de un mismo bloque descubrieron su venta a Vencar Capital y la intención de no renovar contratos; General Lacy 22, con una vecina que lleva 26 años en su vivienda a punto de salir junto a 32 familias, que denuncian un “vaciado progresivo del inmueble”; María Guerrero 1 y la quiebra silenciosa que trasladó su bloque a la Sareb; Salvia 1 (Tetuán) y el conflicto con el fondo Elix Rental Housing después de que comprara el edificio... La lista no para de crecer y el caso de Maricarmen vuelve a llenar de indignación las calles, redes y periódicos, con actos de protesta o apoyo a la vecina que contaron con figuras del mundo de la música, el cine e incluso una escritora anónima que, según el Sindicato de Inquilinas, se ofreció a pagar de por vida la diferencia de precio para mantener el piso de Retiro.

“Un desahucio no es una situación de emergencia imprescindible, que es lo que especifica para nosotros la normativa de incendios de la Comunidad de Madrid”, añade al debate otro bombero de la región, en este caso Victor Monedero Serrano, delegado de UGT Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid. “Nosotros estamos para temas de salvamento y rescate de personas, pero por otras vías nos podemos negar aunque haya sanciones”, considera. De hecho, llegado el momento, los miembros del cuerpo que decidan incumplir alguna de estas colaboraciones pueden enfrentar sanciones , recrudecidas con la Ley Mordaza. “No somos un cuerpo militarizado como la Policía, así que de alguna forma sí podemos actuar por principios”, sentencia Monedero.

¿Hay entonces una vía para que un bombero o un policía pueda acogerse a la objeción de conciencia ante un desahucio? El abogado experto en Derecho Laboral Adrián Todolí cree que sí, pero intuye el camino sería “difícil”. La objeción por motivos ideológicos, religiosos o políticos existe en algunos de estos casos, pero está “muy restringida” y los tribunales suelen admitirla en supuestos muy tasados. Por ejemplo, el de los profesionales sanitarios que alegan razones de fe ante un aborto. En un caso como el de los desahucios, Todolí sugiere “estudiar cada situación de manera individual, y ponderar el derecho del trabajador a no actuar contra sus convicciones frente a la obligación de cumplir las funciones propias de su puesto”.

La diferencia entre un médico y un policía, prosigue el experto, reside principalmente en “la función que cada uno cumple para el mantenimiento del Estado”. “Mientras que ante la objeción de un médico existe la posibilidad de que otro atienda al paciente, trasladar esa lógica a la Policía plantea un problema distinto: si en la calle no hay agentes que hagan cumplir las leyes, se volvería un caos absoluto”, añade. El letrado recuerda que los tribunales tampoco han aceptado históricamente objeciones de conciencia planteadas por otros funcionarios, como ocurrió con las reclamaciones para no pagar impuestos si estos iban a financiar el Ejército.

“En estos casos, el interés general y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos han pesado frente al derecho individual a apartarse de una obligación profesional”, define, aunque matiza que el debate jurídico aún no está cerrado: “Si realmente hubiera una gran reivindicación, muchos trabajadores, cerrajeros, etcétera, se negaran de forma sistemática, esto generara un conflicto grande, la prensa lo recogiera y se generara una opinión pública muy favorable, los jueces podrían tenerlo en cuenta. No como una obligación legal, pero sí como una forma de tomarle el pulso a la concencia colectiva”.

“El ático de Ayuso para Maricarmen”. Más de diez mil personas se han unido este miércoles a una protesta frente al polémico inmueble del Gobierno de Ayuso en Chamberí pocas horas después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que se ha visto obligada a abandonar su vivienda de toda la vida en medio de un enorme despliegue policial.

Los manifestantes eran en su mayoría jóvenes y han agitado las llaves en alto, un gesto habitual en las protestas que reclaman vivienda digna. “Madrid no se vende, Madrid se defiende”, ha sido uno de los lemas más coreados, junto al de “vergüenza”. También el del “Ayuso dimisión” ha salido con fuerza de las gargantas de los reunidos en el paseo del General Martínez Campos, una de las zonas con rentas más altas de Madrid.

Vanesa, vecina de Madrid que se ha unido a los gritos por Maricarmen, tenía clara la elección del inmueble comprado por la Comunidad de Madrid —y luego puesto a la venta tras el estallido de la polémica— como lugar de convocatoria: “Estoy aquí, en este ático, porque creo que es paradigmático y muestra una estafa a la ciudadanía. Este verano pillamos a Ayuso con un ático de lujo mientras las personas vulnerables siguen viviendo desahucios”, lamentaba pasadas las 19.00.

Irene, de 27 años, salía de trabajar a las seis en Vallecas y ha venido corriendo para estar puntual. Está muy implicada en el movimiento por la vivienda y conoce el caso al detalle. “No pude estar en el desahucio porque tenía turno de mañana, pero vengo ahora si hace falta porque necesitamos estallar”, sentenciaba, mostrándose convencida: “Maricarmen no sabe dónde ir, pero este ático es el mejor sitio para ella. Vamos a recuperarlo”. Con ella coincidían el resto de los manifestantes, que corean una y otra vez cánticos que piden otorgar a la vecina el lujoso inmueble que adquirió la Comunidad de Madrid.

Vicente, en cambio, se asomaba tímidamente con un amigo la desembocadura de la calle de Zurbano, que conecta con el polémico edificio. Confesaba haberse enterado el martes del caso de Maricarmen y su lucha por permanecer en Retiro, pero insistía en que aún así decidió venir andando desde Atocha para unirse un rato a la concentración.

Entre el gentío han asomado caras conocidas como la de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, la escritora Elizabeth Duval o el diputado regional Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Pero la mayoría de voces que suenan son anónimas. “Cualquiera puede visualizarse un día siendo Maricarmen, y viéndote obligado a dejar tu casa por estos precios”, narraba una de ellas, la de Luis Miguel, que ha venido desde Cáceres por trabajo y hoy mismo se ha entrado “por la prensa” de lo que habia pasado con Maricarmen. Antes de conversar con Somos Madrid, debatía con dos acompañantes sobre la legislación vigente en materia de vivienda.

“Los precios suben de toda la vida, pero no así ni con un bien tan básico como tu casa. Si estamos en este punto es porque los fondos buitre han sido muy defendidos por la derecha en este país... Y aquí también incluyo a una parte del PSOE”, espetaba el manifestante extremeño, en un dardo a la administración central y duras criticas Isabel Rodríguez: “Nadie se cree que una ministra de Vivienda no pueda hacer nada para frenar un desahucio”

Moverse por el entorno del ático ha sido prácticamente imposible desde el minuto uno. La gente formaba pequeños pasillos improvisados cuando alguien en silla de ruedas o alguna urgencia ha de cruzar la calle, que ha terminado quedando cortada. Pero el resto se abría paso como podía entre una multitud fuera de pronósticos. “Acabo de llegar y ya no sé dónde está nadie, ni los del Sindicato, ni el resto de voluntarios... Sabía que vendría mucha gente, pero esto es espectacular”, resumía a toda velocidad una de las encargadas de controlar la convocatoria, vestida con un chaleco reflectante de color naranja que proporcionan los convocantes.

Durante la mayor parte de la tarde la presencia de agentes de la Policía Nacional en la manifestación ha sido abundante, pero a diferencia de esta mañana durante el desahucio de Maricarmen, no vestían equipamiento de antidisturbios ni se han producido gestos violentos. El tráfico en el paseo, que cuenta con seis carriles para vehículos, fue cortado cuando la multitud apostada frente al edificio donde se encuentra el ático desbordó la acera e inundó la calzada, ocupándola de lado a lado.

Pasadas las 21:15 de la noche, la protesta se dividía. Pese a los esfuerzos policiales los manifestantes cortaban la Castellana y los antidisturbios intentaban frenar la marcha lanzando pelotas de goma y cargando contra la marcha. Un pequeño grupo con la cabecera lograba avanzar mientras el grueso de las personas congregadas se quedaba en torno a la glorieta Emilio Castelar.

Casi a las nueve y media, y dado que la barrera policial impedía continuar por la Castellana, un amplio grupo de manifestantes inició una sentada en mitad de la carretera. Frente a los agentes uniformados, una portavoz del Sindicato de Inquilinas lanzó un augurio a través del megáfono: “Dirán que no hemos seguido las instrucciones de la Policía. Que no hemos hecho lo que nos han pedido. ¿Y qué es lo que han hecho ellos, eh? ¡Echar a Maricarmen, joder!”, exclamó ante el estallido colectivo del resto que grita, aplaude y llama a la “desobediencia”. “Si algo nos ha enseñado Maricarmen es que hay que luchar hasta el final. Ella llevaba siete años luchando por la casa en la que han muerto sus padres, donde ha visto morir a todos sus amigos del barrio y donde ella también se quería morir. ¡Y no la han dejado!”, continuó la portavoz sindicalista ante la mirada impasiva de los agentes. La manifestación se ha desconvocado a las 21.40 de forma pacífica.

Una oleada de protestas de solidaridad

Los sindicatos de inquilinas se han sumado a la protesta en otras localidades españolas y han convocado movilizaciones ante las respectivas Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para denunciar el desahucio y exigir también responsabilidades al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una de ellas ha sido en Oviedo. Bajo el grito unánime de “No toleramos ni un desahucio más”, decenas de personas se han reunido ante la sede de la Delegación del Gobierno, en la Plaza de España. “Hay que cambiar este modelo para siempre. Convocamos la manifestación como apoyo a los compañeros de Madrid que hoy se concentran donde el ático de Ayuso y de forma simultánea en todos los territorios para exigir al Gobierno que aplique el real decreto y apruebe más medidas para acceder a una vivienda”, ha asegurado el portavoz del sindicato en Asturias, Andrés García.

Precisamente mañana, día 24, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias tienen convocada una rueda de prensa en la capital asturiana para exigir a la administración una alternativa habitacional por vulnerabilidad ante el desahucio de una mujer y su hija de 9 años previsto para el próximo lunes, 28 de septiembre.

“Un bote, dos botes, rentista el que no bote”, han coreado por su parte en el Casco Histórico de Toledo. “Maricarmen, no estás sola”, “jefes y caseros, todos al basurero” o “qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, han seguido cantando durante una concentración en la que han reclamado que no haya “ninguna Maricarmen más”, y en la que tampoco se ha librado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Ministra rentista, estás en nuestra lista”.

Con información de Pilar Campo y Javier Muñoz de la Torre.

Era la primera vez que sus estudiantes habían sido llamados a las urnas: los que votaron apenas pasaban el umbral de los 10 años, y algunos incluso menos. También era la primera vez que su colegio (o cualquier otra escuela pública de Madrid que conozcan) convocaba un referéndum para cambiar el nombre a sus instalaciones. Todo a raíz de una pregunta. En la dirección del centro llevaban tiempo haciéndosela y, un día, decidieron trasladarla al alumnado y sus familias: ¿tiene sentido que un colegio público lleve el nombre de un militar? Y más si, como es el caso, se trata de uno de los sublevados durante la Guerra Civil por liderar una rebelión de guardias civiles en plena contienda contra la República.

Antes de las vacaciones, el CEIP Capitán Cortés decidió que era la hora de abandonar simbólicamente a este personaje, un militar que encabezó un asedio en Andújar (Jaén) poco después del golpe de Estado, convirtiéndose en un emblema de la dictadura y que cuenta con un homenaje en la capital, pese a la ausencia de relación personal alguna con Madrid.

Los estudiantes del centro público que hoy mantiene ese legado acudieron a votar el pasado 21 de mayo. Lo hicieron junto a sus docentes, familiares y el resto del personal, en un plebiscito autoorganizado que ganó la escritora María Lejárraga, una de las opciones disponibles en la papeleta. Eligieron que fuera ella quien diera al centro su nuevo nombre, pero, a la vuelta del verano, todavía no se sabe qué será de esta promesa.

Desde la dirección del actual CEIP Capitán Cortés cuentan que, nada más llegar a un acuerdo, lo remitieron tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. Los primeros se encargan de velar por el mantenimiento de las instalaciones públicas educativas, mientras que los segundos tienen las competencias sobre su gestión. Hasta el momento no han recibido noticias, así que el resultado del referéndum –y la disposición que antes marcó el Consejo Escolar– no quedará zanjado hasta superar ambos filtros.

Siguiendo el espíritu de la Ley de Memoria Democrática

Según avanzan desde la dirección del actual CEIP Capitán Cortés, el primer escalón será el municipal. El trámite está paralizado, y habían puesto sus esperanzas en una visita del concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo, que acudió a las instalaciones para supervisar un tema de obras. Que Cibeles dé el visto bueno al cambio de nombre no implicará su aprobación inmediata: también deberá aprobarlo la Comunidad de Madrid en un Consejo de Gobierno, tal y como transmite la cúpula del centro después de dirigirse a la Dirección del Área Territorial en Madrid Capital, a la que está adscrito el colegio.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para conocer antecedentes similares a la votación en las aulas de Carabanchel y sus primeras consideraciones acerca de la iniciativa ratificada en primavera, pero no ha obtenido respuesta. La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 incorporó entre sus novedades la resignificación de espacios públicos erigidos durante la dictadura de Franco, y que mantienen su herencia.

“Más allá del resultado en las urnas, lo valioso de este proyecto es todo el camino recorrido: alumnos y alumnas han aprendido historia investigando en primera persona, desarrollando su propio criterio, debatiendo con respeto y experimentando el poder de decidir en común”, resolvieron sus docentes unos meses atrás, en el comunicado conjunto que se publicó después de la elección. “Más que un cambio de nombre, esto es una lección de democracia”, puede leerse aún en el encabezado.

El colegio Capitán Cortés está en Carabanchel, en el barrio de Puerta Bonita. Durante la jornada electoral el alumnado de Primaria fue a la vez votante, organizador, supervisor de las mesas y revisor del censo. Sin embargo, y pese al inicio de un nuevo curso, aquella decisión aún sigue lejos de ser efectiva. Si logra pasar los filtros hasta alcanzar su cometido, sentará precedentes en una región donde nunca antes se había votado para cambiar el nombre a una escuela pública.

La directora del centro desde hace cinco años, Maite Cerviño, confirma que se atrevieron a dar el paso al ver que la idea tenía “buena aceptación” no solo en el profesorado, sino también entre las familias. Fue entonces cuando decidieron elevar el asunto al Consejo Escolar, el órgano administrativo que ejerce como un gobierno de las escuelas. Lo forman miembros de la dirección, del personal docente o no docente y las familias, así como un representante municipal. “Toda la comunidad educativa ha votado a favor de un cambio más que justificado. Para hacerlo, los niños han tenido que aprender quién da nombre a su colegio, y ahora conocen la Guerra Civil a otras figuras contemporáneas”, defiende así su directora la posición que ha tomado el centro.

Toda la comunidad educativa ha votado a favor de un cambio más que justificado

Maite Cerviño — Directora del CEIP Capitán Cortés

La acompaña en la conversación el jefe de estudios, Alfredo Hidalgo, otro de los miembros presentes en el Consejo Escolar que avaló llamar a este colegio a las urnas. Votaron los estudiantes de quinto y sexto de Primaria, principalmente, al igual que sus familias. Entre los más pequeños se emitió un voto de grupo por clase y la participación se abrió también al personal interno. Sobre la mesa había varias opciones y algunos rasgos en común: todos los nombres debían ser de mujeres que, a ser posible, tuvieran algún vínculo con la historia del distrito.

Finalmente, la disputa estuvo entre la jurista María Telo, las maestras Justa Freire o Ramona Aparicio, la activista Lourdes Hernández Osorno y la escritora María de la O Lejárraga, por cuyo nombre se decantó la balanza. “La participación fue masiva y el ambiente, impecable [...] Con esta elección queremos homenajear a una escritora e intelectual firmemente comprometida con los derechos de las mujeres y la cultura, unos valores que encajan a la perfección con la escuela pública del siglo XXI”, determinaron desde el centro en una publicación web reciente.

Mientras decenas de profesionales de los servicios sociales se concentraban a las puertas de una comisión municipal, su concejal sorteaba críticas dentro y fuera del edificio. Los gritos de “privatización” y el maletar entre la plantilla han marcado una mañana tensa en la Plaza de la Villa, donde habían decidido reunirse para protestar por la externalización de los CAI. Este es un recurso público para la atención a la Infancia que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido externalizar, pasando a un modelo de gestión indirecta en los tres centros de este tipo que aún tenían bajo su mando.

La protesta se hizo coincidir con una comisión en la que responsables municipales del área de Familias repondía a portavoces de la oposición, que no perdieron la ocasión de recordar este conflicto. La representante de Más Madrid, Lucía Lois, pidió directamente en sala la “paralización de esta privatización” en los Centros de Atención a la Infancia; pero el delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, esquivó el debate reproduciendo vídeos de Rita Maestre, su rival en el Ayuntamiento, hablando de su gestión de los CAI durante su etapa en el Gobierno local de Manuela Carmena.

“Nosotros vamos a ampliar recursos igual que lo hizo Carmena [...] Sois pura hipocresía”, ha zanjado Fernández sobre la protesta por los recursos para la infancia, evitando responder directamente a los ataques hacia su gestión mientras, de puertas para afuera, una multitud de trabajadores hablaba de “asfixia” en los CAI y pedían no solo mantener el servicio como hasta ahora, sino ampliar su cobertura y mejorar las condiciones de la plantilla.

“Ahora mismo hay un aumento de riesgos psicosociales, bajas por estrés o burnout, agresiones que no se visibilizan porque no se puede dar respuesta a las familias y gente que está muy sobrepasada. Todo esto ya está generando el deterioro de un sistema público, así que es necesario que se mantenga como tal”, coincidían frente a los medios las portavoces de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, que ha llamado a concentrarse durante la comisión municipal.

Privatizar o no, esa es la cuestión

Por su parte, la propia Lucía Lois se mostró convencida antes de arrancar el pleno de que la gestión privada de todos los CAI implicará “salarios bajos” o “rotación constante” entre profesionales; lo que también puede mermar la calidad de un servicio que sigue siendo público. También la representante del PSOE, Ana Lima, aprovechó para advertir de una “precarización” que puede obstruir la función de estos centros. “La atención a la infancia necesita de profesionales que generen un vínculo y estén especializados”, resolvía Lima, sugiriendo que para ese nivel de implicación hace falta cierta estabilidad.

En realidad, el conflicto con los Centros de Atención a la Infancia estalló en mayo, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció dos nuevas aperturas en Vallecas. Una aparente buena noticia que, sin embargo, no sentó bien a todos; pues implicaba redistribuir a los trabajadores de los CAI 1, 2 y 3. En total, la ciudad alberga 12 y estos quieren ampliarse con dos puntos más. La reorganización municipal contempla que los 38 funcionarios que trabajan actualmente en esos tres centros pasen al nuevo CAI 14, especializado en los procedimientos de declaración de riesgo de los menores.

Aunque el Gobierno de Cibeles recuerda que estos procedimientos deben ser asumidos exclusivamente por personal funcionario, y basan ahí su argumento para redistribuir al personal. De hecho, desde el Área de Servicios Sociales niegan que este giro implique una “privatización” del sistema e insisten en los modelos de gestión indirecta que se han usado en casos similares. De momento, la previsión es que los nuevos CAI entren a funcionar en diciembre: uno de ellos para absorber parte de la carga en Villa de Vallecas y el otro, únicamente para las declaraciones de riesgo. “Nuestra propuesta sigue siendo la misma: hay que municipalizar el servicio”, concluyen los asistentes a la protesta.

En el último fin de semana de las vacaciones y a solo un día del nuevo curso, el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo de Madrid recibía una noticia inesperada: tendrán dos clases menos de las que ya habían previsto. Este colegio en el barrio de Las Tablas, al norte de Madrid, cerró antes del verano su programación de 2026/2027 con cuatro líneas para 4º y 5º de Primaria; es decir, cuatro grupos completos por cada una de estas etapas educativas. Pero en solo 48 horas y con el curso recién arrancado, una directriz de la Consejería de Educación ha desmontado el plan y levantado críticas desde tres frentes: el de las familias, el del profesorado que absorberá ahora a esos estudiantes y el de los docentes que, de un día para a otro, han perdido su plaza y deben irse a otro centro.

“Ha sido todo muy exprés, todavía no lo hemos asumido”, reflexiona una semana más tarde la expresidenta del AMPA, Marta Vega. Para ese momento, asegura que las familias ya han interpuesto dos denuncias administrativas ante la Dirección del Área Territorial (DAT), un órgano autonómico que gestiona los colegios en la capital u otros puntos de la región. La razón que se le ha dado tanto a los usuarios del centro como a los docentes reasignados es la baja de algunos alumnos de ese grupo (“tres”, según las estimaciones de Vega), derivando en este reajuste de última hora.

Las familias temen que desarticular las clases y separar a estudiantes jóvenes de un entorno conocido pueda desestabilizarles. En cambio, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, consultadas por esta cuestión, lo consideran una “adaptación del número de aulas” y aseguran que esto constituye un “proceso totalmente habitual” en la Administración. “Se ha detectado que el número de aulas autorizadas inicialmente era excesivo para los alumnos finalmente matriculados, pero en ningún caso se ha superado la ratio máxima autorizada por la normativa estatal”, declaran desde el Ejecutivo autonómico.

Con la eliminación de ambos grupos, las clases resultantes de 4º y 5º alcanzan e incluso llegan a superar el límite de 25 alumnos por aula establecido por la ley para la Educación Primaria. Para sostener estas afirmaciones hacen referencia a un porcentaje con el que la normativa, tanto la estatal como la autonómica, permite incrementar ese tope. Sin embargo, la ley educativa contempla sobrepasar el ratio máximo en hasta un 10% de manera tasada, y solo si se dan unas circunstancias “excepcionales”. “No me creo que esto sea algo excepcional, ni una razón para meter a más alumnos por aula”, considera la representante de las familias.

Cuando llegué el lunes a clase y nos dieron la noticia aún no sabíamos qué grupos se disolverían, ni tampoco quiénes tendríamos que marcharnos

Roberto — Uno de los profesores que cambiaron de centro

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en un momento en que los horarios lectivos ya estaban completamente diseñados y asignados, y con la práctica totalidad de la plantilla docente incorporada a sus puestos de trabajo. De hecho, desde el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo recuerdan que este no es un centro ordinario cualquiera: se trata de un colegio público de escolarización preferente para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Cuando llegué el lunes a clase y nos dieron la noticia aún no sabíamos qué grupos se disolverían, ni tampoco quiénes tendríamos que marcharnos”, narra Roberto al otro lado del teléfono. Este es uno de los dos profesores que han abandonado el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo: según cuenta a Somos Madrid, el martes por la tarde lo llamaron del DAT para confirmarle su salida, y el miércoles a primera hora ya estaba dando clase en su nuevo centro en La Elipa. “Me dieron cinco opciones que seguían libres y esta me quedaba muy cerca, menos mal. Pero eso no quita que hemos perdido la prioridad al elegir sin haber tenido responsabilidad alguna”, destaca.

Además, según la portavoz del AMPA, tanto en cuarto como en quinto curso se concentra “buena parte del alumnado con necesidades educativas especiales”, así como ciertas dificultades de aprendizaje y altas capacidades que requieren una atención personalizada. En consecuencia, tanto las familias como el profesorado consultado insisten en que la Consejería no ha valorado en absoluto las dinámicas ni las realidades pedagógicas de este colegio a la hora de aplicar los recortes.

Ante este escenario de incertidumbre, la dirección del centro ya ha presentado las reclamaciones pertinentes por las vías oficiales para exigir la restitución de las aulas recortadas. Al mismo tiempo, la Asociación de Familias del Alumnado (AMPA) ha alzado la voz para exigir a la Consejería de Educación una revisión inmediata de la medida y la devolución de los recursos docentes quitados a las puertas del nuevo año académico.

El Hospital Universitario La Paz es conocido por ser uno de los grandes clínicos de Madrid, y también de los más saturados. Los picos de gripe en invierno o la falta de manos durante el verano figuran entre sus momentos más críticos, y es en ellos cuando más se oyen las denuncias de sus sanitarios. Estos piden cíclicamente mejorar la previsión ante los períodos conflictivos, pero este 15 de septiembre –y cuando aún faltan un centenar de camas en Urgencias, retiradas durante el verano– vuelven a poner el grito en el cielo por el colapso del servicio, con el doble de pacientes en dos de sus salas y unas listas de espera que “no bajan de los 70 nombres”, llegando a superar los 100.

Es la acusación que, en el ecuador del verano y a dos semanas de reponer las camas que faltan, lanzan desde CSIT Unión Profesional, cuya sección sindical en La Paz insiste en el “importante desgaste profesional” que recae de nuevo sobre la plantilla, hablando incluso de situaciones cotidianas de “hacinamiento”. E intuyen que todo se debe, en buena medida, a gestores convencidos de que entre julio y septiembre cae la carga de trabajo. “Pero las necesidades asistenciales de la población no disminuyen”, contraponen.

El órgano sindical lanza varios dardos a la administración del centro sanitario: “Si Urgencias está al límite es porque se han cerrado más de 100 camas”. En un comunicado difundido este mismo martes detallan que, a fecha del 15 de septiembre, acogen a 25 personas en una sala con capacidad para 12 pacientes, y a 54 en otra pensada para casi la mitad, 24. “Los empleados tampoco reciben refuerzos suficientes como para hacer frente a esta demanda asistencial, y la consecuencia directa es la acumualción de pacientes pendientes de ingreso”, sostienen.

Consultados por esta cuestión, desde el Hospital La Paz admiten que el panorama asistencial en Urgencias es “inusualmente algo más alto de lo esperado en el mes de septiembre”, pese a que se trata del doble de pacientes registrados en algunas de sus salas, y lo atribuyen principalmente a la subida repentina de temperaturas en los últimos días. Fuentes de La Paz se muestran confiadas de que llegue una inminente “tendencia decreciente” y, aunque mencionan “picos puntuales”, desde la representación sindical insisten en que la saturación hospitalaria es una constante en sus instalaciones.

El hospital admite una tendencia “más alta de la esperada”

“Se está haciendo todo lo posible por ofrecer a los pacientes la mejor atención posible en función de su proceso y prioridad clínica”, mantienen en el clínico, reivindicando medidas tomadas ante este tropiezo “coyuntural” y entre las que mencionan la habilitación de “algunas camas más en plantas hospitalización” para agilizar las altas en planta, o la prioridad de trasladar pacientes a los centros de Cantoblanco o Carlos III. “La Comunidad de Madrid recuerda que su sanidad pública no cierra camas, sino que adapta su distribución en función de la demanda asistencial y sin que se produzca una merca en la calidad del servicio”, sentencian.

De momento, los sindicatos tienen previsto permanecer “bajo mínimos” al menos hasta el 30 de septiembre, cuando se devolverán las camas ausentes según el calendario que maneja CSIT. Mientras pasan los días y con este pronóstico, los pacientes se ven abocados a “quedarse con un servicio sobreocupado, espacios duplicados o que superan ampliamente su capacidad”. Y esto deriva en situaciones de hacinamiento que el sindicato señala como “incompatibles” con una atención adecuada y condiciones laborales óptimas. A misma presión, señalan que se prestan menos recursos asistenciales.

También este martes, aunque en otro gran pilar sanitario de Madrid, se ha desatado un maremoto. Según una noticia de El País, dos jefes del Hospital Ramón y Cajal ordenaron manipular en el sistema informático que utilizan la prioridad en las listas de espera, a espaldas de sus profesionales o pacientes. Desde el sindicato Amyts, en este caso, salieron a denunciar el caso esta misma mañana. Su portavoz, Ángela Hernández, reconoció que aunque les “parece mal que se manipulen las listas” tampoco les “llama la atención” al ser, consideran, una práctica habitual en “casi la totalidad de centros”, a los que acusan de “ocultar datos a la Consejería”. Dos controversias en un día y con la reciente vuelta de los madrileños después del verano.

A dos semanas de su estreno, Renfe ha decidido retirar los nuevos trenes suizos que circulan desde hace poco en Madrid. La decisión, que avanza El Mundo y ha podido confirmar este periódico, advierte de la suspensión temporal de varios coches de la marca Stadler por un fallo en el sistema de frenos y otros problemas de comunicación interna. Desde Renfe rebajan la preocupación e indican que “ajustar y mejorar” sus vehículos forma parte de esta primera etapa, y es algo habitual.

La empresa española había encargado una flota de trenes de gran capacidad con un contrato cerrado en 1.306 millones de euros, pensados para la fabricación y el mantenimiento de 79 ejemplares. Las incidencias en la comunicación entre coches registrados con el modelo 453 y la cifra de trenes retirados aún no es definitiva, pero la compañía ferroviaria mantiene que estas incidencias iniciales permiten “incorporar en fábrica” nuevas mejoras para los que vienen.

“En este proceso, obviamente, estamos en contacto con el fabricante para incorporar las mejoras detectadas, como algunas actualizaciones de software, mejora en señalización frenado o información al viajero”, aseguran fuentes de Renfe, puntualizando que “todavía hay pocos trenes en servicio” y es en ese momento cuando, consideran, deben “introducirse cambios necesarios antes de su incorporación progresiva”.

Los nuevos vehículos, que se estrenaron en el último día de agosto, están pensados para alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros como tope, en su versión de dos plantas. En concreto, los dos primeros se incorporaron el 24 de agosto a la línea C-7 de Cercanías después de superar el proceso de homologación, algunas simulaciones comerciales o ensayos en diferentes condiciones. El mismo día de la inauguración, el 31, se añadió a la red una tercera unidad.

Con el color rojo como emblema y pasillo amplio para bicis o personas de movilidad reducida, el ministro Óscar Puente acudió junto al presidente de Renfe, Álvaro Heredia, y el CEO de Stadler España, Ignacio Parra, a presentar los trenes con un acceso inaugural desde la estación de Príncipe Pío. Para la C-5, una de las líneas más saturadas y en la que también está previsto incorporar estos modelos, se plantea una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones, de forma que quepan los nuevos trenes de Stadler.

Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

“Ir a pedirle algo de comer a esta gente es de ser sinvergüenzas”, cuenta Willyrex a cámara en un vídeo publicado el pasado domingo en YouTube. En la grabación, él mismo se disfraza de persona en situación de calle para solicitar dinero a varios hombres que duermen en bancos o en el suelo. Lo hace en Lavapiés, barrio que el vídeo califica de “uno de los más peligrosos de toda España” y “el peor de Madrid” por supuestos problemas de orden público o tráfico de drogas que la pieza audiovisual no muestra en ningún momento.

El polémico vídeo forma parte del canal de Zazza, un youtuber italiano con vestimenta de estilo policial y que propone a Willyrex varios retos sensacionalistas para sacarlo “de su zona de confort” en este lugar del centro de Madrid. El primero es el de disfrazarse de sintecho reclamando un euro a varias personas que duermen en la calle, argumentando que le han “echado de casa”. Personas a las que luego el propio Zazza entrega varios billetes mientras suena música emotiva de fondo. Uno de ellos critica lo que hacen: “Tienes una pinta de pijo... que me pidas a mí un euro”, recrimina a los youtubers. Willyrex se viste luego de periodista para quejarse de que los coches de Policía Municipal y Nacional pasan de largo sin contestar a sus preguntas. “Si quiere hablar con la Policía, tiene que hablar con nuestro gabinete de prensa”, le contesta el único agente al que recoge el vídeo.

Ni Zazza (3,4 millones de suscriptores en YouTube) ni Willyrex (18 millones) logran captar la comisión de ningún delito ante las cámaras. El segundo lo llega a admitir: “No hemos visto ninguna pelea ni nada así, pero eso no significa que no lo haya”, añade para mantener las sospechas, como también hace el creador de contenido italiano al captar a distancia a una persona dándole a otra lo que aparenta ser un papel de liar cigarrillos, pixelado en la imagen publicada. “Mira, mira, le ha pasado algo”, sale diciendo a cámara como si estuvieran traficando con droga, apoyando la tesis sobre la que se basa toda la grabación.

Las secuencias rodadas en Lavapiés están plagadas de escenas morbosas, ante personas con escasos recursos y sobre las que llegan a cuestionar su salud mental: “Huele mal”, suelta Willyrex sobre una de ellas. “Es un sintecho con problemas psicológicos”, advierte Zazza, antes de grabarle sin pudor. El periplo acaba con críticas por parte de grupos de personas que no quieren aparecer en el vídeo, lo que anima a los dos protagonistas a seguir la secuencia y a escenificar una especie de huida de las amenazas en lugares como el parque del Casino de la Reina o la plaza de Lavapiés. “Igual me he equivocado de contenido”, llega a admitir Zazza al ver que no consigue hablar con casi nadie. Todo ante la atenta mirada de su propio guardaespaldas, que le separa de los posibles entrevistados y al que se le observa en un brazo el tatuaje de una runa odal, símbolo nórdico utilizado habitualmente por colectivos fascistas.

“Da una visión sesgada y busca bronca”

Willyrex nació en Madrid, pero vive en Andorra, donde evitar tributar en su país de origen impuestos derivados de su actividad. El pasado mes de diciembre su abogado interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional por una resolución que le exige pagar en España los gravámenes de los ejercicios 2016 y 2017. Sobre Lavapiés, dice al final del vídeo que “no volvería a ese barrio” por su inseguridad. Y eso ha acabado indignando a muchos habitantes de este lugar.

Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí

Vecina de Lavapiés

Sara, que ha vivido 20 años allí, no oculta su estupefacción al ver las imágenes, que han corrido como la pólvora entre el vecindario desde el domingo. “La actitud y objetivo no es la de conocer un barrio, sino dar una visión muy sesgada al tiempo que se busca bronca”, considera. Se muestra muy crítica con la premisa escogida y el “entretenimiento de muy dudoso gusto” que ha vuelto a poner en la diana a un barrio con estigma: “Lavapiés tienes sus sombras, sí, pero también muchas luces. Y así nunca van a conocerlo, solo a desprestigiarlo”.

“Yo vivo en Lavapiés desde hace cinco años y nunca me he sentido insegura”, asegura Marta, otra vecina que coincide con el diagnóstico de Sara: “Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí”, añade. No niega que haya problemas en sus calles, y aunque ha oído alguna vez rumores sobre “trapicheos” en la plaza de Lavapiés asegura que, hasta ahora, a ella nadie la ha molestado. “Al final parece que estos retos solo intentan sacar partido de la pobreza de la gente, y presentarla como si fuera un show”, concluye.

De entre los vecinos de esta zona del distrito Centro, algunos llevan tiempo organizados en una plataforma llamada Lavapiés al Límite, que integra a medio centenar de colectivos con un objetivo en común: acabar con el abandono institucional que sienten sobre el barrio. La agrupación ha preferido “no entrar a valorar ni dar protagonismo a quienes vienen aquí a fabricar vídeos desde el odio”, refiriéndose a los creadores de contenido que protagonizan esta polémica. 

Lavapiés al Límite recuerda los problemas del barrio que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las agresiones racistas en el barrio

Además, han querido recordar en declaraciones a Somos Lavapiés que este enclave tiene otros problemas más urgentes, que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las habituales agresiones racistas en el barrio, dirigidas también hacia sus vecinos. 

Lavapiés al Límite recuerda también que los colectivos que forman parte de la plataforma no solo trabajan desde la reivindicación: a lo largo del verano han desarrollado distintas actividades para dinamizar Lavapiés. “Si alguien quiere presentar Lavapiés como un lugar peligroso, allá ellos. Ojalá su relato sirva, al menos, para que especuladores, racistas y fascistas no encuentren aquí el barrio que están buscando”, reivindican fuentes de la plataforma.

De momento, el relato apocalíptico sobre el barrio no parece echar a los inversores inmobiliarios de Lavapiés. Son abundantes las noticias de bloques enteros de viviendas comprados por fondos, vaciados de sus vecinos para ser sustituidos por turistas o por inquilinos de rentas más altas. Una realidad en Tribulete 7 o Lavapiés 50 que no parece encajar con el relato del “peor barrio de Madrid” trazado por Willyrex o Zazza.

Primero llegaban con buenas palabras, una mano tendida y productos a domicilio que parecían facilitar la vida a sus principales clientes: ancianos vulnerables que viven solos, a veces sin redes familiares o con limitaciones a la hora de dominar su vida. Les decían que su empresa podía enviar a casa distintos productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura, generando con el tiempo una deuda que no siempre era advertida al otro lado, al menos no hasta que ya era tarde. La clave era crear una necesidad, y luego venir milagrosamente a resolverla. Cuando su víctima se reconocía hasta el cuello de deudas, aparecían nuevos actores presentándose como abogados o intermediarios financieros y con la promesa de ayudarles a saldar la deuda. Pero la salida tenía un precio: debían ofrecer su casa.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que utilizaba este procedimiento para apropiarse de la nuda propiedad de las viviendas de ancianos vulnerables y ha detenido a 32 personas. La operación ha dejado al descubierto un entramado jerarquizado, especializado y con un reparto de funciones diseñado para acompañar a las víctimas durante todo el proceso. Se dedicaban a captar a personas mayores en situación de vulnerabilidad, para luego introducirlas en un circuito de compras financiadas y endeudamiento. Cuando la deuda se hacía difícil de asumir, otras sociedades vinculadas al grupo se presentaban como la solución.

Y el resultado de la estafa ha sido estratosférico: los agentes bloquearon casi 50 casas en el Registro de la Propiedad, adquiridas por esta vía; y se han suspendido cuentas bancarias y sociedades mercantiles vinculadas al entramado en las que encontraron hasta cuatro millones de euros. La investigación comenzó en abril de 2025, después de que una familia de Alcalá de Henares denunciara que uno de sus miembros estaba siendo estafado, y se zanjó con una decena de entradas a finales de junio en domicilios de la Comunidad de Madrid —en Madrid capital, Valdemoro, Leganés y Getafe— u otras zonas como Ciudad Real y Murcia.

La primera trampa: venderles para después 'salvarles'

Aquella denuncia permitió a los investigadores tirar del hilo y acreditar que detrás había una estructura organizada que actuaba de manera coordinada y que no se limitaba a un caso aislado. El primer paso era aparentemente sencillo. Sociedades que se presentaban como empresas de venta directa a domicilio acudían a las casas de las víctimas para ofrecerles productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Los mayores acababan firmando contratos de financiación para pagar esas compras. Así comenzaba un endeudamiento creciente que, en determinados casos, terminaba siendo insostenible para personas con recursos económicos limitados.

Entonces entraba en escena la segunda parte de la organización. Nuevas sociedades vinculadas al entramado aparecían como empresas jurídicas o intermediarios financieros que aseguraban poder solucionar los problemas económicos provocados por las compras anteriores. La fórmula utilizada incluía la promesa de acogerse a la llamada “segunda oportunidad” y conseguir la exoneración de las deudas. Para ello, la trama contaba incluso con letrados en ejercicio. Pero la supuesta solución terminaba generando nuevos costes y nuevas financiaciones, con cantidades “desproporcionadas” según los investigadores.

Era un mecanismo perverso: quienes habían provocado el problema aparecían después como quienes podían resolverlo. La última fase llegaba cuando la situación económica de las víctimas las dejaba todavía más expuestas. La organización les planteaba entonces la transmisión de la nuda propiedad de sus viviendas como una supuesta solución a sus problemas.

La operación permitía a los afectados conservar el usufructo de la casa, pero la propiedad pasaba a otras personas. Según la investigación, los inmuebles se adquirían por cantidades muy inferiores a su valor real, aprovechando la situación de necesidad y vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas. En algunos casos, eran los propios familiares quienes descubrían lo ocurrido después del fallecimiento de los ancianos. Cuando acudían a hacer valer sus derechos como herederos, se encontraban con que la vivienda familiar ya no pertenecía a su familiar fallecido. Así que el alcance del engaño podía permanecer oculto durante años.

Afectados en Madrid, Valdemoro, Leganés o Getafe

Para lograrlo, uno de los puntos clave fue la vulnerabilidad de las víctimas frente a este tipo de estafas, o la incapacidad para vigilar por sí mismo sus cuentas bancarias. La ausencia de personas alrededor que pudieran detectar las compras, revisar los contratos o advertir del progresivo endeudamiento permitía comprometer su patrimonio con facilidad, dejándolos completamente indefensos y abiertos a comprar cualquier solución que se les ofrezca.

La Policía considera especialmente grave este procedimiento, precisamente, porque podría alcanzar uno de sus bienes más preciados e imprescindibles para sobrevivir: sus viviendas. Especialmente en ciudades tan encarecidas como la capital del país. El entramado había construido así una estafa de dos caras. Una empresa llegaba a casa para ofrecer ayuda, productos o soluciones. Cuando esa relación dejaba una deuda, otra aparecía para prometer una salida. Y, mientras la víctima quedaba atrapada entre contratos y nuevas financiaciones, la organización avanzaba hacia el objetivo de mayor valor: la propiedad de su vivienda.

Lo llaman inicio del curso político porque, igual que las clases vuelven en septiembre, en este mes es cuando los partidos reanudan su actividad, definen nuevos liderazgos o van tomando posiciones para lo que viene. Y si lo que viene esta vez son unas elecciones nacionales, autonómicas y municipales que se observarán muy de cerca unas a otras, intentando vaticinar la suerte que espera al resto, es normal que llegue pronto la presión por acertar. En la capital del país, el PP de Madrid se prepara para revalidar a José Luis Martínez-Almeida en el que ya sería tercer mandato. Aunque el alcalde había sembrado dudas por su reciente paternidad, diciendo que esta le hacía replantearse su futuro político, finalmente ha emplazado su destino a la próxima carrera por Cibeles, que arranca motores con pocos candidatos confirmados y muchas opciones sobre la mesa. No solo tendrán que enfrentarse a Almeida, sino también entre sí mismas.

La fecha marcada en el calendario es un domingo de finales de mayo de 2027. Será entonces cuando se celebren elecciones municipales en todos los ayuntamientos, coincidiendo con la jornada de las autonómicas. Aunque Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid el mismo año que Almeida fue investido en Cibeles (2019) ella cursa su tercer mandato, porque convocó elecciones anticipadas poco después de llegar a Sol. Ambos perfiles se han visto desgastados y tienen el reto de repetir sus mayorías absolutas, en posible riesgo debido principalmente al ascenso de Vox, pero cuentan con menos competidores en su espectro y las encuestas apuntan a un escenario favorable. En cambio, al otro lado asoma el gran talón de Aquiles que golpea especialmente por la izquierda: la fuga de votos de presentarse por separado.

De momento, solo Más Madrid y el PSOE han confirmado a sus candidatas, que serán respectivamente Rita Maestre y Reyes Maroto. La primera de ellas es la más veterana: tomó las riendas de su partido en 2020 sucediendo a Marta Higueras, que había sido teniente de alcalde con Manuela Carmena y mano derecha de la exalcaldesa. Después de unos años fuera de la política institucional, precisamente Higueras es otra de las tres candidatas confirmadas para relevar a Almeida, aunque esta vez con una propuesta alternativa a la que ya mantuvo durante su última etapa, primero en el Grupo Mixto y luego como concejala independiente. Por otro lado, está la nueva irrupción de Anticapitalistas en la escena madrileña, que a principios de septiembre y ante los buenos resultados cosechados en Andalucía presentó Liberar Madrid, su propuesta para las próximas municipales y autonómicas.

Casi a la vez, el verano consolidó a Reyes Maroto en el PSOE madrileño después de ganar el pulso a la concejala Enma López, que presentó una candidatura paralela a las primarias y terminó perdiendo con un resultado reñido. La semana pasada el grupo municipal despojó de sus cargos a la que había sido su número dos en el Ayuntamiento.

Este fratricidio a la izquierda en el camino hacia mayo de 2027 se suma a otro vivido en Vox, donde la cúpula expulsó a Javier Ortega Smith como portavoz y, poco después, también a los dos ediles que le siguieron. Sin candidatos confirmados, suena Carlos Hernández Quero como sucesor de Isabel Pérez Moñino (que relevó a Ortega Smith) por ser el siguiente nombre en las listas electorales.

Tampoco se han pronunciado sobre sus intenciones para las futuras elecciones en Cibeles otras formaciones como Podemos, Izquierda Unida (IU Madrid) o incluso Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, al que el Tribunal Supremo reclamó en julio sus movimientos bancarios en el marco de una investigación por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal.

Sin embargo, todos los partidos sin representación actual (o los que buscan conservar pocos escaños) tienen un reto en común: pasar por encima del umbral electoral. Para lograrlo, deben obtener al menos el 5% de los votos en las próximas elecciones, pues la ley electoral que rige en España deja fuera del reparto de concejales a quienes no alcancen esta cifra mínima, que varía con cada período según el censo del momento. Durante los últimos comicios en Madrid, los de 2023, para el Ayuntamiento constaban 2.386.293 electores, según el Anuario Estadístico municipal, aunque solo 1.651.560 emitieron su papeleta. Fuentes de los partidos sitúan en los 80.000-90.000 votos la horquilla para conseguir representación. Mientras todas las piezas se colocan, y a la espera de conocer cómo se definirá ese umbral para 2027, lo que se sabe hasta el momento es que las papeletas que harán oposición a Almeida serán muchas, y muy variadas.

Más Madrid cambia de número 2 y apuesta por la vía Mamdani

De todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid, Rita Maestre y el actual regidor son quienes más tiempo seguido llevan siendo concejales. Ambos entraron al Palacio de Cibeles en el año 2015, una en las listas de Ahora Madrid (embrión de Más Madrid) y el otro en la candidatura de Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones contra Carmena aunque sin una diferencia suficiente como para impedir que su contrincante fuera investida con el apoyo del PSOE. Poco después, en 2017, el PP lanzó a Almeida como su nuevo líder en Madrid, mientras que Maestre lleva ya más de una década en el salón de plenos, primero como edil y luego como portavoz del principal partido en la oposición.

A principios de julio, Maestre fue reelegida para encabezar una nueva contienda electoral, en una lista que ha presentado a Daniel Ayuso –un perfil muy conocido en redes– como su número dos. El partido vivió recientes convulsiones internas, sobre todo entre la ministra Mónica García y Emilio Delgado, que ganó popularidad por inaugurar las charlas itinerantes con Gabriel Rufián. Sin embargo, la crisis quedó zanjada cuando anunciaron un acuerdo entre las partes: García irá de número uno contra Ayuso y Delgado estará en las listas para el Congreso.

De momento, en la estrategia electoral de Maestre destaca la apuesta por fórmulas como el puerta a puerta, que tan buenos resultados le arrojó a Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, a la hora de conseguir la movilización popular para su candidatura. También está utilizando un discurso gráfico más incisivo en su cartelería, con mensajes duros y directos como la campaña del Te están robando Madrid o el autobús con la imagen de Ayuso y Almeida que circula estos días por la capital.

Reyes Maroto se reafirma como candidata, ahora sin Enma López

Aunque Reyes Maroto aterrizó en el PSOE madrileño como una paracaidista para las municipales de 2023, ha cumplido la promesa que hizo a su electorado antes de aquellas elecciones: que seguiría liderando el partido independientemente de los resultados, en lugar de abandonar un cargo menor en la oposición. Para volver a intentarlo cuatro años después, sin embargo, ha tenido que enfrentarse a la que había sido su segunda en las listas, que llevaba siendo concejala desde antes de la pandemia. Después de ganar a Enma López por apenas 200 votos y consolidar su liderazgo en el Grupo Municipal Socialista, marcó distancias con su compañera de filas y hace unos días la despojaba de todos sus cargos en el PSOE de Madrid.

López respondió a la decisión en un comunicado difundido poco después en redes sociales, donde aceptó los cambios aunque siendo muy tajante al respecto: “Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos”. Desde su reciente victoria, Reyes Maroto había evitado referirse directamente al futuro de su rival en las primarias, comprometiéndose únicamente a trabajar en un proyecto “colectivo” y para “todas las sensibilidades”. Con la expulsión de Enma López, queda un nuevo camino despejado.

Liberar Madrid, una tercera opción dentro de la izquierda

A finales de agosto, unos meses después de que Adelante Andalucía sorprendiera cuadruplicando su representación en el Parlamento, Anticapitalistas comenzó a fijarse en su modelo pensando en replicarlo para Madrid, abriendo la puerta a una tercera papeleta dentro de la izquierda. Nada más arrancar el mes de septiembre presentaron a su nueva marca madrileña, Liberar Madrid, que aparece como un grupo centrado en acabar con la hegemonía del PP en toda la región sin resignarse, en sus palabras, a soportar un mal menor. “Echar a las derechas sin renunciar a nada”, resumen, aludiendo a terminar con la desafección política.

Entre sus miembros mencionan que habrá activistas o perfiles independientes, y ya han puesto fecha a su primer acto como partido –será el próximo 24 de octubre en el Teatro Sofía– o lanzado una plataforma web desde la que sumar apoyos a su causa, que por el momento se ha posicionado en contra (a través de sus eslóganes) de la “dictadura del rentismo” en la capital, o el “sionismo genocida” que se apoya dentro y fuera de ella.

La vuelta de Marta Higueras y la promesa de encontrar el centro

Marta Higueras llevaba fuera de Cibeles desde que empezó este último mandato, que acabará en primavera. Primero estuvo en la formación de Ahora Madrid y en su posterior gobierno con Carmena, donde fue su teniente de alcaldesa y también lideró el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Con la salida de la exjueza siguió en Más Madrid hasta romper definitivamente con la que había sido su formación y pasar al Grupo Mixto con Recupera Madrid, una agrupación que se disolvió al no obtener escaños en 2023.

Posteriormente, también se separó de los carmenistas, como pasó a conocerse a esta escisión en la izquierda, y terminó siendo concejala no adscrita. Ahora vuelve con Independientes por Madrid, que se suma a la lucha por reivindicar el centro entre progresistas y conservadores. Una de sus primeras propuestas ha sido bajar un 20% el sueldo de todos los concejales para dotar de más medios a la Oficina contra la Corrupción.

Queda la duda de qué harán otras formaciones a la izquierda del PSOE, como Podemos o IU Madrid. Los primeros sorprendieron nombrando a Ione Belarra nueva candidata para disputar a Ayuso el Gobierno regional, en una jugada doble: evitar la posibilidad de que su secretaria general pueda quedarse sin escaño en el Congreso y apostar porque su partido recupere el hueco perdido en la Asamblea de Vallecas, al no alcanzar el porcentaje mínimo de votos para obtener asiento y quedarse fuera del actual reparto.

Sobre Izquierda Unida, se desconoce oficialmente cuáles son sus planes en los próximos comicios, aunque sigue existiendo margen para que aparezcan más nombres desde la esfera progresista. Fuentes cercanas a la organización confirman que el partido afrontará próximamente un proceso de primarias, deslizando que al cierre de ese proceso lo más probable es que terminen integrándose en otras candidaturas a través de acuerdos electorales.

Incógnitas y tensiones en Vox después de expulsar a Ortega Smith

La onda expansiva desde la destitución de Javier Ortega Smith como portavoz de Vox sigue agitando al Grupo Municipal, incluso en las últimas semanas. Después de un enfrentamiento entre la cúpula actual del partido y el que había sido su secretario general, la formación de Santiago Abascal siguió presionando hasta hacer que le siguieran los otros dos ediles que se mantuvieron fieles al exportavoz: Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. La primera incluso ha dejado su acta de concejala. Ahora el partido está dirigido por Isabel Pérez Moñino, un nombre menos conocido entre el electorado y que puede ser sustituido por Carlos Hernández Quero, quien figura bien situado en las quinielas.

Otro interrogante por resolver será qué hará el eurodiputado Alvise Pérez, que nunca ha confirmado que su partido fuera a aspirar a entrar al Ayuntamiento o la Asamblea de Madrid, pero ya trató de asentarse en otras comunidades durante las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León o Andalucía. No consiguió escaño en ninguna de las tres, por lo que atreverse a competir en el tablero madrileño puede no entrar en sus planes. Quedan ocho meses para las próximas elecciones y el panorama que se encuentran los políticos ya no es el mismo que en 2023, aunque mantiene uno de sus grandes retos: superar la barrera del 5% para tomar fuerza en la capital.

Este año Madrid ha hecho doblete de eventos grandes, multitudinarios e inusuales. Primero fue la visita del Papa León XIV justo antes del verano, rompiendo con más de una década sin que un pontífice visitara la capital. Y ahora llega la guinda del pastel, de la que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han alardeado por su alto impacto internacional y el retorno económico esperado: el Gran Premio de Fórmula 1, en el que Ifema ya ha gastado casi 200 millones de euros en el circuito. Ambos hitos, tanto el viaje apostólico como ahora el espectáculo deportivo, tienen en común ser acontecimientos de gran calado sucedidos casi en paralelo. Y algo más: las instituciones han desplegado en ellos recursos propios, flexibilizado normativas, alterado la normalidad en las escuelas e incluso expulsado indirectamente a los vecinos de forma temporal de sus casas.

Las autoridades han defendido que este tipo de eventos “compensan” a Madrid por el beneficio económico. Pero entre sus vecinos muchos han tenido que apañárselas para salir de casa ante la llegada de miles de visitantes en sus barrios y el ruido ensordecedor, primero por las obras y ahora por las carreras. “Mi vecina lleva desde junio teletrabajando en Isla Cristina (Huelva) solo porque no quería saber nada de la Fórmula 1”, confiesa Constantino Blanco, que además de ser vecino de Hortaleza –el distrito que atraviesa el circuito, junto con el entorno de Barajas y Valdebebas– es desde hace meses el portavoz de la principal plataforma civil de residentes aliados contra las afecciones del Gran Premio. Primero intentaron pararlo en los tribunales y dar marcha atrás al plan, pero no lo consiguieron.

Aunque aún esperan a una resolución de la justicia que determine si el evento cumple o no con la legalidad (eso sí, a posteriori), muchos ya hacen las maletas para alejarse el fin de semana de un circuito que puede llegar a superar los 100 decibelios de media según las estimaciones que hacen vecinos y expertos. El límite habitual en zonas residenciales como esta es de 55 decibelios. “Que se vengan ellos a vivir aquí, a ver si creen que compensa. Nos iremos de Madrid aunque mis hijos tengan que faltar a clase”, afirma con rabia e ironía Francisco R.S, vecino de Las Cárcavas que desde el jueves se recluirá en una casa familiar en Marbella.

Que se vengan ellos a vivir aquí los que dicen que esto compensa, a ver si siguen creyendo que es así

Francisco R.S. — Vecino de Las Cárcavas (Madrid)

El barrio madrileño de Las Cárcavas es el lugar donde colindan los distritos de Hortaleza y Barajas. Es decir, el epicentro del ruido entre el 11 y el 13 de septiembre. Desde que se creó la Plataforma Stop F1 en Madrid, donde participan muchos vecinos de este y otros puntos afectados, tanto los residentes más activos contra el evento como aquellos que lo temían comenzaron a buscar alternativas desde las que huir del ruido. Cuando a finales de agosto el Tribunal de Instancia número 18 de Madrid declinó conceder las medidas cautelares para suspender el Gran Premio, que había solicitado otra plataforma ecologista, ese proceso se aceleró.

En el instituto donde estudian los dos hijos mayores de Francisco, que ni siquiera está en la zona más próxima a Ifema, no aceptan como falta justificada para el viernes una salida por la F1. En cambio, tanto para el día que arranca el circuito como este mismo jueves (cuando empiezan los cortes de tráfico) ha habido empresas o escuelas en Madrid que han excusado a sus empleados y estudiantes, permitiéndoles no acudir a las instalaciones mientras duren estas afecciones.

Unos colegios permiten faltar a clase, otros no

El Ayuntamiento de Madrid había recomendado el teletrabajo a las compañías privadas de la zona, dadas las restricciones de movilidad. En el colegio público Juan Zaragüeta, situado junto a la M-40 y a muy pocos metros del recinto, se ha enviado una circular a las familias en la que se advertía del tráfico y los atascos para acceder al centro, instando a los responsables del alumnado a “tenerlo en cuenta” por si necesitan “modificar sus horarios en función a ello”. “Por supuesto esos dos días habrá flexibilidad absoluta en las entradas y en las salidas, no teniéndose en cuenta los retrasos ni las ausencias”, notifican, abriendo ya oficialmente la puerta a no pisar el aula si se considera inaccesible.

Los vecinos del entorno más próximo, aunque no todos los afectados, podrán acreditarse con una pegatina para entrar y salir de sus casas, todas en el perímetro cortado por el plan de movilidad de Ifema. En los últimos días, se han estado repartiendo unos adhesivos especiales para reconocer a los residentes empadronados en la parte perjudicada, de forma que puedan acceder con sus vehículos a algunas áreas restringidas a otros conductores durante los tres días de competición. Sin embargo, desde la asociación de vecinos insisten en que esta excepcionalidad no llega realmente a todos los domicilios desde los que molestará el sonido de los coches, sino a los más cercanos a Ifema.

Dicen que esto dura un fin de semana, pero aquí llevamos por lo menos un año entre muros de hormigón, vallas y operarios

Eugenia — Pasará el fin de semana lejos de su casa, junto a Ifema

Eugenia –nombre ficticio– ha decidido no utilizar la acreditación pese a estar en la zona cero: prefirió casi desde el principio buscar opciones con tal de no pisar su edificio. “En casa intentamos no hablar del tema, porque dicen que esto dura un fin de semana, pero aquí llevamos por lo menos un año entre muros de hormigón, vallas y operarios. Una siente que su casa ya no es suya”, reflexiona esta vecina, que ha pedido ocultar su auténtico nombre para evitar ser reconocida. Ella también tiene un hijo pequeño que estudia en Primaria, precisamente en el colegio Juan Zaragüeta, que ha emitido recientemente una circular entre las familias para flexibilizar la asistencia a clase por las afecciones de la Fórmula 1.

El lunes, cuando comenzaron los primeros ensayos en el recinto y volvieron las alertas por el ruido, Eugenia se confesaba sorprendida de no haber recibido noticias oficiales de la escuela. Aunque al cierre de la semana sí se pronunciaron oficialmente al respecto, en ese momento la madre no había oído nada sobre si el alumnado podría o no faltar a clase. Después de hablar con una hermana que vive en Alameda de Osuna (a unos tres kilómetros de Ifema) que le aseguró que desde allí podían oírse las pruebas de la F3, decidieron salir de casa hasta el domingo.

Me voy a hacer más de 100 kilómetros para huir de mi casa por un negocio que, dicen ellos, al final va a compensar. ¿Y compensar a quién, exactamente?

Isabel — Se irá a una casa en Riaza (Segovia) para esquivar la F1

En Alameda de Osuna, al final de la línea 5 de Metro, es justamente donde antes trabajaba Isabel. Ahora tiene 69 años, celebra estar jubilada y vive algo más tranquila a “325 metros” –afirma haberlos medido expresamente para este reportaje– del recinto de congresos. Sin embargo, y a sabiendas de que la tranquilidad se acaba por unos días (y repetidas veces en los próximos 10 años, lo que dura el contrato de los organizadores con Ifema), se ha convertido en otra exiliada por la Fórmula 1. “Tengo una casita en Riaza, Segovia. No está muy lejos y yo soy muy activa, así que no me importa ir; pero si no fuera así, buscaría quedarme con un amigo o alquilar en otro sitio”, sostiene, poco antes de arremeter contra las polémicas declaraciones que pronunciaba hace unas semanas uno de los miembros del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El consejero de Vivienda y Transportes, Jorge Rodrigo, instó a finales de agosto a los madrileños a que “se sacrificaran todos un poquito” para sacar, en sus palabras, “rentabilidad” por “un fin de semana”. Sus afirmaciones no han convencido a esta vecina: “Yo tengo problemas de tensión y paso revisiones médicas habituales. Me voy a hacer más de 100 kilómetros para huir de mi casa por un negocio que, dicen ellos, al final va a compensar. ¿Y compensar a quién, exactamente?”.

Un hombre de 47 años que circulaba en motocicleta por el distrito madrileño de Latina ha fallecido este lunes al chocar con un coche en la avenida de Los Poblados, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente se produjo pasadas las 21.00 horas en el cruce de esta vía con la calle Tembleque, cerca de la estación de Metro de Empalme, entre los barrios de Campamento y Aluche.

Por causas que investiga la Policía Municipal de Madrid, la motocicleta y el coche colisionaron en este punto de la avenida de Los Poblados. Agentes de la Policía Municipal y un conductor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al atender al motorista.

A su llegada, los sanitarios de Samur-Protección Civil continuaron con las maniobras de reanimación en colaboración con los Bomberos de Madrid, pero no pudieron recuperar al hombre y terminaron confirmando su fallecimiento. Un psicólogo de Samur atendió también a la conductora del coche, que sufría una grave crisis de ansiedad.

Según fuentes policiales consultadas por Somos Madrid, en la colisión se vieron implicados hasta tres vehículos. La Policía Judicial de Tráfico investiga ahora las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El fallecido era un agente de la Policía Nacional, concretamente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, tal y como ha podido confirmar este periódico con el propio cuerpo. La institución ha lamentado a través de redes sociales la muerte de su compañero Amador, que falleció anoche víctima de un accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio después de prestar servicio en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

“Nuestras más sentidas condolencias y un cariñoso abrazo a la familia y amigos de nuestro compañero”, ha trasladado la Policía Nacional en su perfil de la red social X, donde ha informado de que el agente murió cuando regresaba a casa después de su jornada de servicio.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, también ha expresado sus condolencias a través de la red social X por el trágico suceso. “Hoy es un día triste para Madrid. Mis condolencias a la familia de Amador y a todos sus compañeros de la Policía Nacional, especialmente a los de la Jefatura Superior de Madrid, donde prestaba servicio. Descanse en paz”, ha publicado.

Una concesión larga en el parque más extenso de Madrid. El Ayuntamiento de la capital, a través del distrito de Moncloa-Aravaca, abre una puja por la gestión de dos quioscos hosteleros en Casa de Campo durante un máximo de 25 años: 15 de ellos asegurados y otros 10 si se logra la prórroga completa, dividida en dos períodos de cinco años cada uno. Este lunes, último día de agosto, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hizo público el concurso para la explotación temporal de ambos negocios, uno en la carretera de Rodajos y otro en el Paseo de la Venta. El primero limita con Pozuelo del Alarcón, el municipio más rico de España, y el segundo está más próximo a Batán.

Son dos lotes independientes. En el de Rodajos se fija un canon mínimo de 90.700 euros anuales para ocupar una superficie de 14.367 metros cuadrados, según el portal urbanístico municipal. Esa es, en otras palabras, la cantidad más baja que el adjudicatario ha de pagar por la cesión. El terreno del Paseo de la Venta tiene una amplitud similar, aunque su precio anual desciende hasta los 73.900 euros.

En ambos casos, el proceso se configura mediante una concesión demanial, fórmula que permite ofrecer suelos de titularidad pública a entes privados por un tiempo limitado. Asimismo, dentro el contrato no solo se incluye la explotación de alguno de estos locales, sino también la ejecución de obras que puedan ser necesarias. Para mejorar su oferta, las empresas pueden proponer un canon superior al mínimo establecido, pues se trata de una “licitación al alza” que funciona a modo de subasta.

Los aspirantes deberán aportar, además, otras garantías económicas. La de tipo provisional asciende a 97.103 euros para el lote 1 y 77.662 euros del lote 2. En el caso de la garantía definitiva, será de 131.132 euros para el primer establecimiento y 103.616 para el segundo, a lo que luego se añadirá el 3% del presupuesto de obras. La diferencia es que el primer tipo de garantía sirve como una fianza, que asegura la seriedad de la oferta durante el proceso de licitación; mientras que la definitiva sella el contrato una vez adjudicado.

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse

La concesión también incorpora cláusulas de comercio justo, una condición incluida expresamente en el objeto de la licitación. Todo se formula mediante un prodecimiento ordinario abierto a distintas empresas, cuyas ofertas se valorarán atendiendo a una serie de criterios. El boletín que anuncia la salida a concurso de estos dos quioscos hosteleros especifica que ambas ofertas deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo para hacerlo se abrió este lunes, un día después de publicarse el anuncio oficial en el BOCM, y concluirá a las 23.50 horas del 30 de septiembre, justo antes de la medianoche. En los últimos años, el Ayuntamiento ha planteado distintas actuaciones para reforzar los usos comerciales y de restauración del parque. Entre ellas, la renovación integral del Teleférico de Madrid, cuyas nuevas estaciones incorporarán también espacios anexos de restauración. La reforma total de estas instalaciones fue una de las propuestas que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, incluyó en su programa electoral.

Aquella promesa se traducirá en la apertura de un bar-restaurante en la estación de Pintor Rosales, que comparte distrito con los dos quioscos que ahora salen a licitación y contará con 380 metros, a los que se suman 29 m² de cocina, 12 m² de barra y una terraza de 173 m² dentro de un edificio de seis alturas, con 4.695 m² construidos y espacio para concentrar tanto los principales servicios del teleférico como otras áreas comerciales, de restauración u otros servicios para dinamizar la zona.

Vuelve del gimnasio, ve a otra periodista frente a su casa y le lanza una mirada triste, de resignación. Se ha dado cuenta de que observa el garaje quemado junto a la entrada, al lado de las escaleras. Luego levanta un poco los hombros, como quien dice “qué le vamos a hacer”. Pero conforme empieza a hablar, su discurso va moviéndose hacia la rabia. “Toda la mañana, y ayer durante todo el día, han estado por aquí las televisiones, policías, bomberos, ambulancias... No me importa hablar, pero si tiene que servir para algo que sea para que no vuelvan a permitir guardar bicicletas con este tipo de baterías en un edificio donde vive gente”, se desquita esta vecina de la calle Canarias (Arganzuela), donde todavía huele a humo 48 horas después del incendio de un garaje de riders que se cobró la vida de un joven de 26 años.

Ella ha pedido no mencionar su nombre, ya que el dueño de ese aparcamiento bajo su casa es también vecino en el mismo bloque. Lo llama Pepe y dice que se conocen, se han visto varias veces. “Él siempre nos ha dicho que lo tiene todo legal y, como es abogado, supongo que controla esos temas”, afirma la vecina, al otro lado de la verja por la que el domingo pasado comenzó a salir el humo. Los miembros de Emergencias Madrid que acudieron al aviso confirmaron, poco después, que esta planta baja se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas. Pese a lo que el propietario aseguró a esta vecina, siempre según su relato, lo cierto es que ya a finales del año pasado recibió un aviso para retirar las baterías de carga.

Un informe de los bomberos, con fecha del 22 de diciembre de 2025, había levantado sospechas sobre los acumuladores para bicis que se guardaban en el sótano, un lugar frecuentado por repartidores de Glovo y, en general, empresas de delivery. “No sabemos ni lo que hay dentro, solo sé que hay una bajada y en el lateral derecho, unos trasteros”, continúa la vecina desde el portal. Después del expediente abierto en diciembre, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la estancia y retiraron las baterías, según fuentes de este cuerpo policial a consultas de Somos Madrid. Esto ocurrió en enero, pero los generadores volvieron a reponerse y el local continuó funcionando. Así que en abril partieron en una segunda visita y volvieron a retirar todo el material con riesgo de inflamación.

El local estaba denunciado por la Policía e incumplía la sanción

Antes se había informado de la situación a la Agencia de Actividades, un organismo municipal que gestiona las licencias urbanísticas de los negocios en la ciudad. Sin embargo, una vez allí descubrieron que las baterías volvían a estar respuestas y esta vez, según las mismas fuentes policiales, se intervinieron y se llevaron hasta el Almacén de la Villa. Este es un depósito público en Vicálvaro que guarda aquellos muebles o enseres en desuso o que han sido retirados de la vía pública. También acabaron allí estos materiales requisados, aunque no fue suficiente.

En junio, un par de meses antes del incendio, se produjo la tercera inspección en el garaje de riders: ni para ese momento había cesado su actividad. Según confirman los agentes, el hombre trató de emitir una declaración responsable para mantener el bajo como hasta ahora, pero esta se determinó incapaz. Esto, fuera de términos jurídicos, quiere decir que el denunciado intentó alegar que se cumplían los requisitos mínimos, aunque inspección in situ constató que no era así. Las autoridades indican que la Agencia de Actividades lo denunció luego por ejecución forzosa, en un intento de hacer cumplir los anteriores avisos.

“Ese sitio no cumplía las condiciones para este tipo de actividades”, resuelven desde la Policía Municipal, algo que según toda esta secuencia de trámites ya se sabía antes de que explotaran dos baterías y tuviera que morir una persona. Dos días después en la calle Canarias, próxima a la estación de Metro de Palos de la Frontera, el tramo afectado ya parece más vacío. El aspecto del garaje y, sobre todo, el olor a quemado que llega a pocos metros de distancia, aún llama la atención de algunos paseantes que este martes por la tarde cruzaban la acera. En el número 11, otro bloque de viviendas unos pasos más allá, el barrendero debatía con un hombre que iba a subir al edificio.

"Esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad, que llegan con sus mochilas de Glovo y entran al garaje. Luego pueden pasar horas dentro hasta que les ves salir

Violeta — Vecina de la calle Canarias

“La prensa dice que había 13 dotaciones de bomberos, pero yo no vi tantas. Serían unas tres, o cuatro, y sobre todo muchas ambulancias”, recuerda el segundo de ellos, que trató de bajar a ver lo que ocurría cuando llegó el tufo del incendio y comenzaron a oírse sirenas. Sin embargo, los agentes que ya había desplegados en la zona le frenaron en seco, pidiéndole volver a casa por seguridad y para no inhalar humos tóxicos. Habían explotado dos baterías y eso había iniciado las llamas en el garaje de al lado, donde más de un centenar de bicicletas se quemaron en el fuego. “Si llega a haber más bicis todavía, aquí explota todo”, coinciden ambos.

El joven fallecido tenía 26 años y era de origen bangladesí, según confirmaron las autoridades después de notificar su muerte. Aunque la mayoría de los vecinos consultados mencionaban a Glovo al recordar la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que de momento esto no se ha confirmado. En los alrededores de este bloque nadie parece tener claro cómo funciona el negocio. La Policía Nacional, que ha tomado las riendas de la investigación, tampoco desvela avances en las pesquisas, aunque los vecinos afirman que el garaje no lo gestionaba directamente su dueño: en teoría, lo alquilaba a otras empresas y particulares o también a “restaurantes de la zona”, que según ellos utilizaban los trasteros laterales para guardar material.

Desde el área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona este tipo de licencias, aseguran que las primeras denuncias sobre el local fueron las de los bomberos, en diciembre, y que después de eso el dueño recibió una orden de cese de la actividad. Como no la cumplió, el consistorio puso en marcha la ejecución forzosa del negocio y se estableció una primera multa al propietario el pasado 31 de julio, de 1.000 euros en total según detallan fuentes municipales. “Al ser una actividad ilegal, no tenemos información de las condiciones o baterías qua había en el interior”, sentencian desde el departamento que dirige Borja Carabante.

Aunque la entrada ya no está precintada, a esas horas la cancela sigue cerrada a cal y canto. Entre la verja y la entrada principal, a la izquierda de una escalera que sube hasta el recibidor para viviendas, aún quedan tres bicicletas medio calcinadas que nadie ha venido a reclamar, o al menos no parece que hayan podido llevárselas. Violeta, una mujer que también reside en esa calle y vio los hechos desde su ventana, sostiene que fue justo debajo de su casa donde los sanitarios de Samur-Protección Civil trataron, sin éxito, de conservar su vida.

“Algunos dicen que vivía allí, aunque eso no lo tenemos claro. Pero no me extrañaría, ya que esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad que llegan con sus mochilas de Glovo, entran al garaje y pueden pasar horas dentro antes de salir”, mantiene. La sección de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Glovo en Madrid, confirma su sospecha de que detrás de esta tragedia pueda haber alguien “en situación administrativa irregular”.

Los “trabajadores invisibles” de un sector golpeado

Aunque la federación madrileña de Comisiones Obreras no ha podido constatar que el fallecido trabajara directamente para esta empresa de reparto, recuerda que la capital está llena de “trabajadores invisibles” que “alquilan una cuenta” para tener donde dejar su herramienta de trabajo, que deben aportar y asegurarse ellos mismos. “El lunes [horas después del incendio] estaban aquí todos apelotonados, viendo si les dejaban cruzar el cordón policial para ir a recoger sus bicicletas. Los que habían llegado cuando se llevaron el cuerpo se veían muy afligidos, casi les faltó hacer un minuto de silencio por su compañero”, reseña Violeta, recordando las últimas horas en su barrio.

“Yo allí solo he visto entrar a gente joven, unos 30 años arriba o abajo, generalmente pobre de origen bangladesí o pakistaní”, relata la vecina, que recuerda la estructura laberíntica del garaje descrita por los bomberos después del suceso: la compleja disposición entre instalaciones fue una de las causas que complicaron el control del incendio y el posterior rescate de la víctima, de la que sí se ha confirmado que era un repartidor a domicilio aunque sin especificar quién lo contrataba.

De hecho, este sector suele saltar a la actualidad por las sanciones o denuncias a las principales compañías, especialmente por el uso de falsos autónomos para completar sus plantillas. Precisamente unas semanas antes del incendio que se cobró la vida de este joven, cuyo nombre no ha trascendido aún, se cumplieron cinco años desde la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, una iniciativa del Ministerio de Trabajo ante el boom de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats...), que inundaron el sector con falsos autónomos, y conllevaron varias sanciones de la Inspección y también en los tribunales.

“Esta etapa, que comencé en 2019 con muchísima ilusión, se acaba con una decepción inmensa y daños personales y de salud”. Así concluye la hasta ahora concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, su paso por Cibeles de la mano de Vox. En agosto se confirmaba su expulsión del partido después de haber apoyado al portavoz municipal, Javier Ortega Smith, en su cruzada contra la cúpula del partido. Ahora Toscano también deja su acta en el consistorio y abandona definitivamente el barco:“No quería seguir en una organización de cuyas ideas cada vez me sentía más alejada, así como de su forma de tratar a las personas. Me quedé porque Ortega Smith así me lo pidió, poniéndole la condición de que mi permanencia fuera solo por unos pocos meses”.

El aludido, actualmente concejal no adscrito, es quien ha anunciado su marcha en declaraciones a los medios, después de un acto en homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias. Desde ese lugar, el ex secretario general de Vox aludió a motivos “absolutamente personales” de su compañera y se limitó a reiterar su “cariño” y “agradecimiento” por el trabajo hecho. Poco después, en sus redes sociales, la propia Toscano se encargó de enumerar los motivos. Con uno a la cabeza: su reciente expulsión de la formación de Santiago Abascal.

“Como algunos sabréis, hace unos meses se inició un procedimiento contra mí por no acatar una instrucción que era ilegal. Naturalmente existen razones más de fondo, y menos obvias. Hace un tiempo me planteé dejar la política, al detectar una distancia cada vez mayor entre lo que defiendo y las nuevas posiciones del partido. Un viraje ideológico que, por cierto, denuncié tanto interna como públicamente”, ha recordado la edil saliente, que meses después de iniciarse los trámites para darle de baja señaló los vínculos de Vox con “asociaciones sionistas” defensoras de los intereses de Israel.

En su despedida a Toscano de este viernes, Javier Ortega Smith ha reivindicado su defensa de las posiciones políticas que adoptaba, “a veces en solitario, en la tribuna y contra viento y marea”, refiriéndose tanto a asuntos bien integrados en la agenda de Vox (menciona su oposición frontal a lo que denomina “ideología de género”) como a su fidelidad al entonces portavoz municipal cuando comenzó la fractura interna.

“No acatar una instrucción ilegítima me ha llevado a ser expulsada”, decía Toscano sobre este mismo tema en su carta de adiós. Insistió en que la dirección del partido “no tenía competencias” para destitutir a Ortega Smith de su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, y defendió haber tomado la decisión de desobedecer su directriz siendo “plenamente consciente de las consecuencias”; es decir, que la siguiente expulsión fuera la suya. Junto a Toscano también echaron a Ignacio Ansaldo, otro de los partidarios de Ortega en el grupo municipal.

Preguntado por quién ocupará ahora el escaño que deja vacante su excompañera, Ortega Smith ha explicado que la siguiente persona de la lista de Vox en Madrid, si es que acepta recoger el acta. Sin embargo, mantendrá la condición de no adscrito de la que ya gozaba Toscano. El número seis de entre los nombres incluidos en las elecciones de 2023 lo ocupa Cristian Toro, un medallista olímpico que ha pasado por programas de televisión como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa. En el momento de escribir estas líneas, aún no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro.

Aliados del “concejal proscrito” de Cibeles

Por su parte, Carla Toscano aterrizó en 2023 en el Palacio de Cibeles como la número dos de la lista que, entonces, encabezaba Ortega Smith. Junto con Ansaldo, respaldó al entonces portavoz municipal cuando la dirección nacional de Vox trató de sustituirle por Arantxa Cabello. Luego, todos ellos acabaron fuera del partido y abocados a terminar como concejales no adscritos, aquellos que han sido elegidos por una candidatura y ahora no forman parte de la agrupación. Actualmente, el ya concejal Fernando Martínez Vidal es quien permanece en Vox Madrid junto a Cabello, que ejerce la Portavocía.

En cuanto a su propia situación en Cibeles, Ortega Smith ha insistido en reivindicar el papel de “concejal proscrito” en el que le acompaña Ignacio Ansaldo. “Es un cargo que nos llena de orgullo porque estamos proscritos de quienes han convertido nuestro proyecto político inicial, Vox, en su negocio particular”, ha sostenido. El edil ha añadido que estar “proscritos” de quienes, a su juicio, no están a la altura de los principios y valores por los que confiaron en el proyecto muchos madrileños y españoles supone “un auténtico honor”.

Toscano e Ignacio Ansaldo apoyaron a Ortega Smith, mientras que Cabello y Fernando Martínez Vidal se alinearon con la dirección nacional. La división llegó al Pleno de Cibeles, donde los cinco concejales comenzaron a votar por separado ante la imposibilidad de materializar el relevo del portavoz. Vox abrió expedientes disciplinarios a Ortega Smith y, posteriormente, a Toscano y Ansaldo por respaldarle. Los tres acabaron expulsados del partido. Ortega Smith pasó a ser concejal no adscrito después de que la Justicia rechazara suspender cautelarmente su expulsión. La cadena de acontecimientos siguió con sus dos aliados, y ahora una de ellas se despide prometiendo no mirar atrás: “Dimito por segunda vez. Y última”.

Cualquier viajero que cruzara esta tarde por Callao, en Madrid, se habrá sorprendido de ver la plaza colapsada frente un glamuroso photocall que habían instalado en los cines. A un lado, la promoción del estreno de una nueva película española. Al otro, una multitud indignada pidiendo al Gobierno un cambio de ruta y amplitud de miradas durante la crisis en Ceuta. Dos realidades que coexisten en un mismo espacio, a la par que otras protestas a la misma hora (y por la misma causa) en diferentes puntos de la ciudad. En Cibeles, muy cerca de allí, se han reunido unas 50.000 personas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, en una manifestación criticada por recibir el apoyo de PP y Vox. Así que la concentración de Callao vino a contraprogramar su reinvindicación enarbolando un enfoque distinto.

“¡Aquí están los antirracistas!”, se oía gritar a un punto desde el centro de la plaza, donde ya habían empezado a concentrarse los manifestantes con banderas sindicales, símbolos palestinos y los colores de la España republicana. Detrás de esta manifestación hay una plataforma antiimperialista. Es la Asamblea Internacionalista de Madrid, que llamó a concentrarse allí mismo en señal de protesta por la “masacre” de finales de julio en Ceuta, cuando unas 72.000 personas cruzaron desde Marruecos según las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior.

“Los migrantes no somos mano de obra barata, ¡si queréis escucharnos, ponednos más en las tertulias!”, fue la proclama que, micrófono en mano, lanzó uno de los organizadores que hablaron al público durante la cita. A pleno pulmón y reivindicando su procedencia latinoamericana, recordó ante cientos de personas que el extranjero “no solo es parte del debate, sino que debe tomar partido en su solución”, instando a las autoridades a cesar en las expulsiones de los recién llegados a Ceuta.

Entre cánticos de todo tipo, se abría paso entre la multitud un hombre cargado de pancartas que iba repartiéndolas entre los presentes. Todas portaban mensajes críticos con la respuesta del Gobierno español y las contradicciones del discurso que habla de una invasión: “la ley de Extranjería mata gente cada día”; “ningún ser humano es ilegal”, “Europa, canalla, abre las murallas”... A su alrededor, un desfile de portavoces piden más recursos para Ceuta, asistencia sanitaria a la población que ha cruzado desde Marruecos y un “respeto real” por los derechos humanos de los migrantes.

Dos furgones policiales aparcaron frente al Corte Inglés desde una media hora antes de la protesta, convocada a las ocho de la tarde. Frente al Palacio de la Prensa podía verse otro vehículo al que precedía un grupo de agentes uniformados, que al término de la concentración vivieron un breve enfrentamiento con grupos de asistentes, ataviados con banderas españolas o el símbolo de los tercios. Estos, antes y después, se habían cruzado en la subida de la Gran Vía con otros paseantes que iban hacia Cibeles, sede del Gobierno madrileño y el lugar donde iba a tener lugar la otra manifestación. A lo largo de la tarde llegó a haber cargas policiales en la capital.

Denuncian una “masacre” en Ceuta y la escalada de violencia

El Gobierno de la ciudad autónoma confirmó la muerte de caso 90 personas durante los días más agudos de la crisis. Sus cadáveres fueron hallados en el lado español de la frontera y ahora, a más de 600 kilómetros de distancia, los líderes de esta manifestación recriminan desde la Plaza de Callao que la respuesta del Gobierno haya sido la devolución inmediata de buena parte de los migrantes, a la vez que piden agilizar la búsqueda de desaparecidos y no alargar la duda entre sus familias.

Entre las reivindicaciones principales de la Asamblea Internacionalista de Madrid también figuran el fin de la militarización o la externalización de las fronteras, así como el desmantelamiento de Frontex; la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de los CIE y un respeto férreo por el derecho de asilo. De hecho, en su llamamiento a la movilización fueron tajantes respecto al uso de términos como “invasión” para referirse a lo sucedido en la ciudad autónoma, recordando la crítica situación a la que se exponen los menores que han decidido lanzarse al mar.

De los estigmas con los que se les persigue, la organización responsabiliza a organizaciones políticas de la derecha como PP y Vox, pero también a otros subgrupos “abiertamente fascistas” que “alimentan el odio” en torno a la migración. Ceuta y sus vecinos, que vivieron más que nunca el colapso de una ciudad que mantuvo a residentes encerrados en casa y comercios cerrados durante horas, aún no se han recuperado del golpe.

Sin embaro, en las últimas semanas a este escenario le han sucedido otros ataques contra asentamientos improvisados, agresiones sexuales, boicots a las entrega de alimentos, “cacerías” contra los recién llegados... También contra algunos locales, principalmente a los musulmanes o aquellos de origen árabe, periodistas y trabajadores de entidades humanitarias.

Una sentencia previa del Supremo contra las devoluciones por mar

La asamblea organizadora de esta protesta en Callao ha hecho énfasis en la reciente detención de dos activistas de la ONG No Name Kitchen, señaladas por grabar unas actuaciones policiales. En este sentido, no solo exigen poner freno a las devoluciones en caliente, sino también garantizar una “acogida digna” para los migrantes que siguen en Ceuta, ya sea mediante su traslado a la península como facilitando sus solicitudes de protección internacional.

En el caso de las devoluciones en caliente para los migrantes que llegan a nado, ni dos meses antes de esta última encrucijada el Tribunal Supremo constató en una sentencia que esto no supera un elemento de contención fronterizo y, por lo tanto, no debe aplicarse a quien lo haga esta actuación excepcional que contempla la Ley de Extranjería.

Frente al apoyo de los gobiernos del PP a la manifestación de la FEMP –que en Madrid llevó a un choque de trenes entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno–, algunas formaciones al otro lado del espectro político han secundado públicamente la alternativa antirracista de Callao. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, compartió estos días un cartel promocional con el lema de la marcha, Paremos los pies al racismo, al que acompañó con duras para la administración.

“La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo, y por eso la gente decente tiene que alzar la voz”, consideró Belarra, en una reivindicación a la que también se han unido tanto Anticapitalistas como otros colectivos sociales críticos con la respuesta incriminatoria hacia el migrante.

“Este tren es el futuro porque se ha hecho a medida de lo que necesitamos: más capacidad, accesibilidad, comodidad y tecnología. Y los cambios se notarán desde el primer viaje”. Con estas palabras, pronunciadas en el interior de uno de los nuevos trenes Stadler, el ministro Óscar Puente ha hecho toda una declaración de intenciones: esta será su gran apuesta contra el deterioro de Cercanías Madrid, que concentra a la mitad de los usuarios de toda la red estatal. Una prueba del algodón para saber si este método puede extenderse a otras partes de España y, con el tiempo, sanear un servicio acostumbrado a la crítica.

A las puertas de septiembre, el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado los primeros trenes de la marca suiza, que se irán incorporando progresivamente a la red madrileña después de cerrar un acuerdo de 1.306 millones de euros con el fabricante para construir 79 nuevos vehículos de gran tamaño. Lo ha hecho desde la estación madrileña de Príncipe Pío, a la que ya han llegado dos ejemplares. Estos trenes están pensados para poder alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros, en su versión de dos plantas.

El color rojo impera en el exterior y, nada más entrar, pueden verse unas puertas algo más amplias de lo habitual. “Uno de los problemas que nos trasladaban era el poco espacio en los vestíbulos para personas con movilidad reducida o bicicletas, y estos trenes van a facilitar esas salidas. Ya sabemos que Madrid no lo pone fácil para moverse en bici”, ha destacado el propio Puente en un dardo al Partido Popular, que gobierna a nivel municipal y autonómico y a cuyos gobiernos atribuye parte del estancamiento de Cercanías.

Acompañado del actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y en presencia del CEO de Stadler España, Ignacio Parra, el ministro Puente ha lanzado un augurio: “Siento que los usuarios hayan tenido que esperar tanto para que esto ocurra, pero vienen buenos tiempos para Cercanías Madrid”. A su lado había también dos socialistas: el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Puente ha recordado que esta inversión llevará tiempo hasta asentarse y será costosa: cifra en unos 4.000 millones de euros el presupuesto para sanear la red en toda España. Asegura que su éxito requerirá de una planificación “consistente y periódica” que “también dé garantías a los fabricantes”; en otras palabras, que otros gobiernos futuros no den marcha atrás a la renovación de la red. En su discurso inaugural, el ministro también se ha referido a las críticas por el traslado de 41 trenes Civia que operaban en Madrid para hacerlos funcionar en el núcleo de Cercanías Valencia.

Estos eran los vehículos más grandes de los que se disponía hasta ahora en la capital, pero el Ministerio considera que sus características ya no son aptas para la capital. “La justificación de que estos trenes vengan a Madrid es porque estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita. Son unos trenes pensados en el usuario que va a recibir el servicio, así que aquí no hay favoritismo por Madrid. Es una cuestión de funcionalidad”, alega.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reprochado en paralelo las incidencias de Cercanías que espera zanjar con los nuevos trenes: “Lo que deberíamos de saber especialmente es cuántos vehículos móviles de Cercanías van a ser puestos a disposición de todos los madrileños y desde luego que el servicio de Cercanías de Madrid funcione”,

Ampliar andenes en la C-5 para que quepan los nuevos trenes

Para la C-5, una de las líneas más saturadas, se prevé una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones para que quepan los nuevos trenes de Stadler. Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

El propio presidente de Renfe ya vaticinó en sus redes sociales que estos nuevos trenes “permitirán descongestionar determinadas líneas” que, actualmente, están “al límite de su capacidad”. Por la estación donde esta mañana se han reunido los cargos públicos, la de Principe Pío, pasan tres líneas de Cercanías: la C-1, la C-7 y la C-10. La primera conecta con el aeropuerto y las dos estaciones de larga distancia, Atocha y Chamartín, mientras que la C-7 conecta con Alcalá de Henares y la C-10, con Villalba.

Los primeros trenes de gran capacidad que Renfe ha comprado al fabricante suizo comenzaron a prestar servicio el 24 de agosto, después de un proceso de homologación y ensayos operativos. A finales de abril, el ministro Óscar Puente participó en un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez. Ahora busca afianzar su legado en el Gobierno con la promesa de “un antes y un después” para Cercanías.