Luis se había quedado despierto hasta tarde. Ordenó sus últimos cromos y completó la lista en notas del móvil, anotando nombres de jugadores que aún le faltaban y de las selecciones con más huecos por rellenar. El sueño no impidió que amaneciera puntual y se plantara a la hora prevista (poco antes de las once) en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Es una de las desembocaduras del Rastro, y no es que allí los cromos sean algo extraño de ver. Pero cada cuatro años, coincidiendo con el Mundial de Fútbol y el lanzamiento de una nueva colección de Panini, este recinto al aire libre se transforma en una subasta popular multitudinaria, a la que cada uno trae sus deberes hechos.

Resguardados bajo un árbol, un padre recita a su hija los nuevos cromos que han conseguido. Ella tacha el código de cada lámina en una tabla de Excel, impresa para la ocasión. Cuando terminan, se abren paso entre la gente –más de un centenar de personas intercambiaban o exponían sus cromos ese domingo por la mañana– y allí encuentran a Luis, que justo se ha instalado a la sombra del mismo árbol. “¿Cambias cromos?”, pregunta la joven, a lo que él saca su caja de Panini y cuenta que ha viajado desde Barcelona, donde estos trueques a pie de calle también son habituales.

Pero hay un jugador de la Selección Española que se le resiste, y vio en esta escapada a Madrid una oportunidad para encontrarlo. “¿Tenéis repe a Lamine Yamal?”, se lanza, a lo que la familia revisa rápidamente entre sus dos tacos de cromos, sujetos con una goma fina. La editorial italiana, famosa por sus álbumes oficiales de fútbol, lleva casi seis décadas lanzando las colecciones exclusivas del Mundial, pero está cerca de que la licencia con la FIFA (organizadores de la Copa de Fútbol) pase a otra empresa desde el año 2030. Hasta ahora, la edición de 2026 es la más extensa de la historia, con 980 cromos en total y 68 especiales, impresos en material premium.

Para reunir tantos como los que había esa mañana había concentrados en el Rastro, la opción más sencilla es comprar sobres individuales por 1,50 euros y con siete unidades cada uno. Otras maneras pasan por adquirir cajas completas de hasta 50 o 100 sobres, por 75 y 150 euros respectivamente, o bien mediante apps habilitadas para intercambiar online y acudiendo a espacios como este. A veces son los quioscos o las librerías quienes organizan los intercambios, pero muchos ya se conocen los lugares espontáneos donde históricamente se canjean cromos de fútbol repetidos.

Aquel padre y su hija no tenían a Lamine Yamal, pero Luis continuó su ruta hasta dar con un par de amigos. Vestían camisetas blancas con logos de marcas: una de Tommy Hilfiger y la otra de Calvin Klein. El primero de ellos ya había completado su álbum del Mundial 2026 y al segundo solo le quedaban tres láminas, así que “cantan” al joven catalán los números que necesitan. Gracias a eso, consiguen el cromo especial de la Selección de Japón, pero Luis tampoco encuentra en ese intercambio su ansiada imagen de Lamine.

Junto con Pedri, mediocampista, es el único jugador de La Roja que le falta para completar el equipo. Además, comparte con Lamine Yamal que ambos son de Cataluña, y tiene ganas de conseguir su cromo. Alrededor, decenas de personas de todas las edades se organizan en la plaza madrileña: algunos aprovechan los asientos para colocar sus álbumes y captar la atención de otros aficionados, y el resto deambula por los recovecos hasta encontrar a un cómplice con el que intercambiar su mercancía. “Oye, ¿cambias?”, pregunta una voz a su espalda.

Es Miguel, un joven en la veintena que ha venido desde Parla porque ya es un parroquiano de los domingos en el Rastro. Especialmente, desde que sus calles vuelven a convertirse en la Meca de Panini. Ya ha reunido la mitad de la colección, y quedan pocos días para que España se mida con Francia en las semifinales del campeonato. Así que apura sus últimas cartas y ambos empiezan a negociar. Él ha conseguido la caja oficial de Panini, un rectángulo metálico con el logo de la FIFA. En general, pueden verse varias de ese mismo modelo entre los aficionados de la Plaza del Campillo.

Las estrategias para ser rápidos y efectivos en el intercambio, y tener que rebuscar lo menos posible entre tacos, son diversas y originales: por ejemplo, otra familia cerca de allí revisa sus estampitas guardadas en una especie de cartera diminuta, donde las tienen clasificadas por número y Selección. Una pareja mayor admite haber madrugado porque su hijo, que es “muy fan” del coleccionismo y está completando su álbum, se había quedado dormido e iba a perderse el domingo en el Rastro. Así que, adueñándose de su carpeta –donde tenía las listas con sus cromos y los que aún faltaba conseguir–, se plantaron ellos solos en la gran subasta de cromos.

Luis aprovechó la ocasión para preguntarles y compartieron sus adquisiciones. Aquí hubo un buen botín: los primeros encontraron hasta 24 cuartas que el joven tenía repetidas y faltaban en la lista de su hijo. Él, después de revisar varios equipos y hacerse con un puñado de cromos que le interesaban, dio por fin con su objetivo: la cara de Lamine Yamal se abría paso entre el resto de jugadores del taco. Entusiasmado, volvió a casa con medio centenar de láminas nuevas para su álbum y sin tener que haber pagado ni un euro.

Eran las 10.30 horas cuando se confirmó el peor de los pronósticos: Dulce, Herminio y su familia tenían que abandonar la casa en la que han vivido los últimos cinco años de su vida. De poco sirvió que a las siete de la mañana empezaran a concentrarse decenas de personas frente al domicilio, en un bloque de viviendas sociales de El Ruedo (Moratalaz) donde ese día había programado un desahucio. Esta pareja tiene cinco hijos, tres de ellos menores y uno, el más pequeño, con síndrome de down y necesidades especiales a la hora de mantener una rutina fija. Pero ahora, después de este segundo intento en un mismo mes, deberán alternarse entre casas de familiares hasta dar con la solución definitiva.

“¡Pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo! Dejar a cinco niños en la calle es para volver a casa y darse golpes de pecho. ¡No tenéis conciencia ni corazón!”, gritó el padre de familia a los ocho agentes que conformaron un cordón policial, tratando de contener a los manifestantes. Herminio abandonó su casa con lágrimas en los ojos y se hizo brevemente el silencio, por primera vez desde que los asistentes avistaron a lo lejos un furgón de la Policía Nacional. Formando una cadena humana, los vecinos bloquearon el acceso hasta ser arrastrados por los efectivos allí presentes, que inicialmente trataron de persuadirles para abandonar el lugar.

Algunos cayeron al suelo; otros, terminaron enzarzándose verbalmente con la Policía hasta que, poco a poco, las esperanzas mermaron. A las puertas del domicilio había, en ese momento, tanto miembros de organizaciones ciudadanas con experiencia en luchas sociales hasta vecinos de a pie, que conocen la zona y son en su mayoría de etnia gitana, al igual que la familia expulsada. En declaraciones a Somos Madrid, Herminio confirma que han cambiado la puerta de su casa y también la cerradura, así que solo queda mantenerse a flote y dividirse entre casas de familiares: “Al menos, hasta que alguien escuche a la ONU”, resalta.

Y es que, horas atrás, los ánimos de Dulce y su familia habían dado un vuelco. El martes por la tarde, a un día de la segunda fecha de desahucio, un organismo de la ONU apoyó su causa y trasladó públicamente sus preocupaciones al Gobierno central. Pidió frenarlo hasta llegar a una conclusión clara u ofrecerles una vivienda alternativa “que se ajuste a sus necesidades”, después de que los aliados de Dulce enviaran una carta al Comité de Derechos del Niño (el brazo de Naciones Unidas para la Infancia) para denunciar su situación, exponiendo que la única altermativa recibida desde la Administración era una habitación temporal en pisos compartidos.

El pasado 21 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 del Tribunal de Instancia de Madrid autorizó a la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social, a acceder a la vivienda “ocupada ilegalmente” por Dulce y su familia, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. Aunque hubo un primer intento el pasado 3 de julio, este logró paralizarse a tiempo y dar algo de oxígeno a los apelados. Ni ella ni Herminio tienen contrato oficial del piso, según aclaran las asociaciones vecinales implicadas en la protesta. No obstante, ambos “han solicitado en múltiples ocasiones negociar un contrato de alquiler social para quedarse en ese piso”. No lo consiguieron.

“Una habitación no es opción para familias numerosas”, lamentaba esta madrugada José, el hermano de la afectada y uno de sus allegados más activos con la causa, refiriéndose a la única alternativa que hasta el momento han recibido. Aunque en los días previos fue quien mantuvo más contacto con los medios de comunicación, este miércoles no pudo acudir a la protesta que el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y otras asociaciones vecinales habían convocado frente a la casa de Dulce. Cuenta que justo le coincide con unas pruebas médicas para tratarse la epilepsia, por las que llevaba ocho meses esperando. A lo largo de la mañana fue muy criticada la ausencia de miembros de Samur Social que asistieran a las familias, con más alternativas que una habitación colectiva.

Fuentes del área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad –que gestiona este servicio de emergencias– confirmaron a Somos Madrid la presencia de estos efectivos en el domicilio, aunque este periódico no los ha localizado. “Los servicios municipales ofrecieron a la familia un programa de alojamiento alternativo y Samur Social ha puesto a su disposición un recurso temporal, pero lo rechazaron”, zanjan, refiriéndose a lo que según la parte afectada era una única habitación para todos en un piso compartido. “Según trasladan, cuentan con alternativa familiar”, añaden, a lo que los representantes vecinales especifican que se trata de “un hueco para dormir en el salón de la madre de Dulce”.

A lo largo de la mañana, en torno a medio centenar de personas llegaron a amontonarse en el lugar de la cita. Distintas organizaciones del barrio se han aliado para colaborar en la defensa del caso, también en los tribunales o acudiendo a instancias europeas. El martes por la noche, después de recibir la misiva de la ONU y habiendo enviado un nuevo requerimiento a la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional –siempre según la versión de las asociaciones–, decidieron probar un último recurso: solicitar medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Uno de los argumentos que más preocupan es la situación del hijo pequeño, que tiene Síndrome de Down”, explica a Somos Madrid una de las abogadas que colabora con la familia desde la Asociación Apoyo (Fermad), que se ha unido a otras entidades como el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, la Asociación Caminar, Coordinadora de Barrios o una radio hiperlocal. Fuentes del SVM relatan que ese mismo día, el martes, dos agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Dulce para “hacerles desistir” y pedirles que abandonaran el inmueble por cuenta propia.

Las organizaciones vecinales habían citado a las siete de la mañana a quienes pudieran acudir a la zona de El Ruedo, un complejo de viviendas sociales en los laterales de la M-30, frente al Parque de Roma. En las tres horas que transcurrieron hasta las 10, cuando estaba prevista la llegada de la comisión judicial, fueron llegando otros simpatizantes o vecinos. Lucila era una de ellas. Vecina de enfrente, acude al portal de Dulce días después de paralizar su propio desahucio. “Vivo con mi nieto, que solo tiene cuatro meses, y nuestro abogado logró que aplazaran la fecha del desahucio. Pero tampoco tenemos alternativa, y solo vivimos a unos metros de aquí”, relata a Somos Madrid, acompañada de su hijo y padre del menor.

Uno de los hijos mayores de Dulce bajaba a saludar poco antes del intento de desahucio. En ese momento, volvió a narrar su periplo. “Hay muchos prejuicios por el hecho de ser gitanos, y eso nos ha hecho más difícil el encontrar una casa donde vivir. Mi madre está muy asustada porque son muchos los menores a su cargo. Esto es una injusticia”, zanja, minutos antes del fatídico desenlace. Pasadas las once, la marea humana comenzó a disiparse y el debate se trasladó al bar de al lado, en la misma calle y con el nombre de este complejo de viviendas en la M-30. Un día antes, la Selección había ganado a Francia dos a cero en el Mundial, pero allí quedaba una sensación latente de derrota. “España no ha ganado nada”, llegó a escucharse.

Mariano, Maricarmen, Adolfo y ahora, también Dulce. Madrid suma ya varios meses consecutivos con alguna amenaza de desahucio marcada en el calendario. Hubo casos muy mediáticos y otros especialmente sangrantes, con perfiles vulnerables en el centro de la diana: jubilados, migrantes sin red de apoyo o familias enteras en el centro de la diana. Ahora, cuando el inicio del verano empieza a vaciar la ciudad, un nuevo intento de desalojo moviliza en Moratalaz: una de sus vecinas, Dulce, teme abandonar este miércoles la casa en la que vive con sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y otro con Síndrome de Down.

Su domicilio está en la Avenida Doctor García Tapia, en un barrio del sureste madrileño. Allí llevan cinco años y, hace poco más de una semana, vivieron un primer intento de desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), organismo que gestiona el parque público regional. La AVS ha tratado de recuperar la casa ofreciendo una habitación temporal como alternativa para Dulce y su familia, que ha elevado sus quejas a las Naciones Unidas con una carta al Comité de Derechos del Niño.

En el escrito denunciaban la “incapacidad” de las administraciones implicadas –Ayuntamiento de Madrid, Gobierno autonómico y el Estado– para salvaguardar a su familia y atender las necesidades especiales de uno de sus hijos, José, con tres años y una alteración genética que afecta a su día a día. Varias organizaciones vecinales, entre ellas el Sindicato de Vivienda de Moratalaz u otras asociaciones de barrio, acudieron en masa a la cita del pasado 3 de julio, cuando finalmente lograron paralizar el desahucio y dar algo de oxígeno a la familia. Al menos, durante poco más de 10 días.

Este 15 de julio han vuelto a citar a todo el que simpatice con la causa de Dulce a concentrarse desde las siete de la mañana enfrente de su casa, para ejercer presión antes y después de la llegada de una comisión judicial. Además de las misivas enviadas a la ONU solicitando protección a la Infancia, también se han presentado distintos recursos de defensa ante instancias judiciales y administrativas competentes, tal y como reivindican las entidades locales en un comunicado.

Sobre las vías judiciales aún desconocen si alguna de ellas logrará paralizar la expulsión in extremis. Pero horas antes de la fecha marcada, la familia de Dulce recibió una respuesta de la ONU. “El Comité [...] ha pedido al Estado parte que tome medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo el desalojo de la vivienda que actualmente ocupan mientras se considera esta comunicación u otorgándoles una vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades”, reza el escrito, firmado por la responsable de Peticiones Dina Rossbacher.

Aunque los partidarios de la continuidad de Dulce celebran el pronunciamiento de la ONU, nada garantiza que esto logre frenar el desahucio. De hecho, el propio texto da un margen de varios meses al Gobierno de España para que presente sus observaciones: a más tardar, el 14 de enero de 2027. “Con esta resolución de la ONU, las vecinas y vecinos de Moratalaz esperan que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acate las medidas cautelares, suspenda el desahucio y atienda a los requerimientos de la ONU”, lanzan las organizaciones por el derecho a la vivienda en un último comunicado, a la espera de que estos mecanismos de presión sirvan para desincentivar a la Agencia de Vivienda Social.

El del calor en las aulas es un debate cíclico que vuelve con cada verano y no siempre acaba al irse de vacaciones. Durante los meses de julio y agosto, muchos centros educativos se transforman en campamentos urbanos pensados para los más pequeños, que huyen del bochorno mientras sus familias concilian fuera del calendario académico. Muchas plazas son públicas y las oferta directamente el Ayuntamiento de Madrid, pero algunos beneficiarios han denunciado las condiciones en las que se encontraron estos colegios públicos.

Buena parte de esas plazas son municipales y se ofertan a través del programa Madrid Camp, una iniciativa que gestiona el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y este verano ha lanzado unas 13.800 repartidas por distintos puntos de la capital. “En el colegio donde está mi hijo han bloqueado los ventiladores. Él tiene cinco años y no me cuenta mucho sobre las actividades que hacen, pero sí que la mayoría se desarrollan en las aulas”, asegura Guillermo, padre de un menor que ha entrado a uno de los campamentos en el distrito de Arganzuela, dentro del CEIP Tomás Bretón.

Madrid Camp está dirigida a menores de entre 3 y 12 años y se abre en períodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano, con plazas que se obtienen por sorteo y rellenando antes un formulario. Como él, ahora otras familias se han hecho eco de la situación y han tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, la dirección del colegio o la empresa privada que contrata a sus monitores. Hasta ahora, dicen haber recibido solo una respuesta de estos últimos. “Los ventiladores son propiedad del centro, y es el propio centro el que los ha bloqueado y no nos deja usarlos. No es nuestra decisión”, reza el mensaje que muestran las familias, enviado desde una dirección de correo asociada al CAI de Arganzuela (Centro de Atención a la Infancia).

Desde el CEIP Tomás Bretón ya surgió alguna queja previa por el calor. El patio es de asfalto, y este centro ya fue objeto de polémica durante el curso por las altas temperaturas que soporta el edificio, rodeado por una amplia explanada con escasas zonas de sombra. Según este padre, cuyo hijo no está matriculado allí aunque sí asiste a los campamentos durante la segunda quincena de julio, fueron los monitores quienes trasladaron a las familias el problema con los ventiladores, instalados recientemente.

Respuesta del Ayuntamiento y la reacción política

“Las monitoras nos dijeron que hacen todo lo posible para que los niños no pasen calor”, asegura Guillermo, que insiste en que las reclamaciones de las familias no van dirigidas contra el personal del campamento y simplemente buscan un alivio contra el bochorno del verano en la capital. Por su parte, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid aseguran a Somos Madrid que “el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para que los ventiladores puedan utilizarse con la mayor brevedad posible”.

El episodio reabre un debate que cada verano regresa a los colegios madrileños. Aunque las aulas dejan de acoger actividad lectiva, muchos edificios continúan siendo utilizados durante semanas por cientos de menores inscritos en campamentos urbanos municipales. Las familias sostienen que esas instalaciones deberían ofrecer las mismas condiciones de confort térmico que se exigen durante el curso, especialmente en un contexto en el que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas.

De hecho, una de ellas se puso en contacto a través de redes sociales con la portavoz de Más Madrid (el principal partido de la oposición), Rita Maestre. Ahora, su grupo municipal ha registrado una batería de preguntas dirigidas al departamento responsable, el de Políticas Sociales, para conocer exactamente cuáles son los movimientos y comunicaciones que ha impulsado el consistorio, de cara a resolver este conflicto por los ventiladores “de forma inmediata”. Fuentes del partido aseguran, asimismo, haber solicitado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida el detalle de las obras ejecutadas en 2025 por la Junta Municipal de Arganzuela en este mismo centro educativo, presupuestadas en 44.204 euros (IVA incluido), con el desglose del concepto y el importe de cada una de ellas.

“Ya sabemos lo que tienen que decirles a las familias: el calor es inspirador y cuando hace calor, hace calor: esa es la respuesta de los representantes del PP desde sus despachos y coches oficiales con el aire acondicionado a tope”, ha destacado la líder de Más Madrid, que también reprocha al Partido Popular su “posición” en el último pleno a la propuesta de su partido para aclimatar los centros: “Que no, que no y que no”, reproduce Maestre. “¿Cuántos niños y niñas más se ven afectados en toda la oferta de campamentos urbanos municipales?”, lanza, finalmente, sobre el asunto.

Moverse por la calle de la Oca se ha complicado este verano. Las obras para la remodelación de esta y otras grandes avenidas que vertebran Carabanchel, como la del General Ricardos, tienen el barrio de Oporto patas arriba. Al ser un trabajo ambicioso y que pretende reformular todo el entorno con 1.443 metros cuadrados más de superficie peatonal, 110 árboles y más de 3.200 arbustos para extender la vegetación en la glorieta Valle de Oro, el proceso está siendo aparatoso. Este es el punto neurálgico y uno de los principales espacios públicos en Carabanchel Bajo. Allí está la estación de Metro, que conecta con la Circular (línea 6) y la L5; también la plaza de Oporto, que hoy es foco de críticas por su suciedad, ruido o la sensación de inseguridad pero se transformará con una renovación integral del pavimento y la instalación de una nueva fuente ornamental, en torno a la que se plantea adecuar la medianera y sus zonas ajardinadas.

La inversión total se ha cifrado en más de cinco millones de euros y forma parte de la estrategia municipal para impulsar el distrito como centro cultural y nido de artistas. El plan es continuar las obras hasta, al menos, la segunda mitad de 2027; por lo que queda un año para verlas concluir. Mientras tanto, caminar por el barrio se ha convertido en un campo de minas. “Últimamente está casi todo cortado, o hay desniveles por las obras y cruces en los que tienes que dar un rodeo, porque hay vallas bloqueando”, relata Isabel, a la salida de un outlet minorista que hace esquina con la calle de Matilde Hernández.

Como son las cuatro y media de la tarde, a su alrededor no ve ningún operario. Desde 2023, y a raíz de varias muertes por calor entre trabajadores a pie de calle, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Ministerio de Yolanda Díaz impulsaron nuevas medidas para blindar a los empleados que pasan sus jornadas al aire libre y con temperaturas cada vez más elevadas. Los primeros crearon un protocolo de actuación frente a las alertas de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), y los segundos aprobaron un real decreto para limitar actividades a ciertas horas de la tarde, en los picos de calor.

Sin embargo, y aunque queda un rato para que vuelvan a funcionar las excavadoras, regrese el tránsito de camiones o los peones y topógrafos reaparezcan en la carretera. De momento, los trabajos mantienen varios puntos del Valle de Oro delimitados por paneles, con buena parte del suelo levantada. No solo en la calle de la Oca o el entorno de la plaza de Oporto, donde predomina una calle amplia dividida en tres secciones: una central, por la que aún pasan los coches, y dos a cada lado que ocupan secciones de la acera. A principios de julio, en esas vías laterales es donde se está excavando el terreno y son visibles los conductos subterráneos, junto a los que queda apilado el material de obra en contenedores o casetas metálicas.

El Área de Obras y Espacios Públicos, órgano municipal que coordina la remodelación íntegra de este eje comercial (el “más importante de Carabanchel”, según la nota informativa que anunció en abril la aprobación del proyecto), explica que los trabajos comenzaron precisamente en la calle de la Oca, reduciendo la calzada a un único carril por sentido y añadiendo un nuevo carril bici bidireccional, que conecte con el que ya atraviesa la glorieta Valle del Oro. Sobre la remodelación de la plaza de Oporto, recuerdan en declaraciones a Somos Madrid que esta es la actuación número 47 en un espacio similar desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía, en 2019.

“La transformación de la ciudad pasa por grandes proyectos, pero también por actuaciones en los barrios que mejoran su espacio público y la calidad de vida de los vecinos. Y en este sentido las plazas son muy importantes como lugares de encuentro”, concluyen, manteniendo las previsiones inicialmente anunciadas: segunda mitad de 2027, más o menos coincidiendo con estas fechas. Sin embargo, es precisamente ahora cuando los trabajos afrontan sus días más calurosos, con temperaturas que esta misma semana oscilan entre los 35 y los 40 grados en Madrid.

Los 5,3 millones invertidos en actuaciones alrededor de Oporto, y que el concejal-presidente Carlos Izquierdo celebró ensalzando un “crecimiento récord” de la inversión en Carabanchel, irán a completar tres objetivos principales: dinamizar el comercio local, mejorar las condiciones ambientales y estéticas del entorno o abrir paso al peatón, mejorando la accesibilidad. Para lograrlo, en este tiempo se trabaja en ensanchar las aceras, renovar pavimentos, repasar el alumbrado público y el resto del mobiliario urbano o construir “una galería de servicios”.

Así describe el Ayuntamiento de Madrid este nuevo sistema, para el que se ha hablado de una galería subterránea con cajones de servicio bajo acera. La idea es que sea ahí dentro donde se guarden los conductos para el agua, la electricidad, redes telefónicas, etc., según los planes del departamento de Obras. Para la plaza de Oporto, que antes quedaba divida en dos mitades inconexas, se distribuirá el tráfico de la avenida y la calle del Valle de Oro a través de un único vial, con doble sentido y que conecte con la Oca.

Las actuaciones prevén dejar solo un cruce con la calle de General Ricardos, de forma que el resto de la calzada también se abra al peatón. Con el espacio disponible se crearán dos nuevas estancias para caminantes: una estará al suroeste de la plaza, donde la vegetación mejore la sensación térmica y quede “protegida del tráfico por parterres, arbustos y arbolado” y destinada a convertirse en un espacio de juego para niños, donde los mayores también pueden hacer ejercicios. La otra, en cambio, se situará en el tercio noroeste (justo a la salida del metro) y adoptará un “carácter más comercial”, con terrazas, zonas despejadas y usos “multifuncionales”.

Las reformas también contemplan la construcción de un carril bici de casi dos kilómetros de longitud, que ha sido promocionada como una “alternativa de transporte sostenible”. “El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una infraestructura ciclista segura y cómoda para sus desplazamientos cotidianos”, ha resaltado el Ayuntamiento. El que actualmente atraviesa parte de la calle del General Ricardos, y que pasa frente a los Jardines de Vista Alegre, es especialmente estrecho y ha sido foco de críticas por su estado en la acera. A la espera de que el calor termine y el verano permita agilizar las obras, las previsiones para esta gran promesa al barrio continúan su cauce.

Sentirse joven después de los 26 ya no es solo una cuestión de actitud. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que su versión del bono cultural, el JOBO, se ampliará hasta los 30 años de edad para “acompañar durante más tiempo a una generación que ya ha incorporado el teatro, la danza, el cine o la música en directo como parte de su forma de vivir la ciudad”. Es lo que ha destacado la concejala de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, que abrirá el ángulo a partir de la siguiente temporada de espectáculos, la de 2026-2027.

Una vez que concluya el verano, los jóvenes de entre 16 y 30 años podrán solicitar su Joven Bono Cultural, nombre oficial del JOBO, que da acceso gratuito a la programación de siete espacios municipales dedicados a la cultura: Nave 10 Matadero; el Teatro Español o el Circo Price; el Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa); el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; la Cineteca y Centro Danza Matadero. Hasta ahora, los mayores de 26 años dejaban de ser beneficiarios, pero quienes hayan perdido su cuenta por esta razón podrán volver a solicitar el JOBO y recuperar su usuario habitual, tal y como detallan desde el consistorio.

Asimismo, quienes tuvieran ya 26 años y al inicio de la nueva temporada de espectáculos haya cumplido los 27 no tendrá que renovar su bono, pues se hará de forma automática. En cambio, quienes estuvieran ya fuera de ese rango en la veintena tienen que volver a expedir su título.

Mejoras digitales para prevenir un uso desaprovechado

Con esta ampliación en la edad, el Ayuntamiento de Madrid busca “consolidar nuevos públicos para los equipamientos municipales y favorecer el descubrimiento de nuevas disciplinas artísticas entre las generaciones más jóvenes”, por lo que también se ha optimizado el sistema de reservas para “prevenir el absentismo en las entradas reservadas a través de JOBO”, y facilitar su aprovechamiento real. Esto es algo que ya ocurrió con el abono Verano Joven de Renfe, que terminó creando un modelo de sanciones para penalizar a quienes ocuparan un billete con descuento y luego no lo utilizaran.

Desde su puesta en marcha, JOBO ha facilitado más de 300.000 entradas a distintos espectáculos que han tenido lugar en Madrid, favoreciendo el acceso de los jóvenes a la oferta municipal y fomendo que esta pueda extenderse hacia nuevos públicos u horizontes. Cada usuario puede obtener una entrada por espectáculo y asistir a un evento al día, siempre dentro de las actividades incluidas en el programa y hasta completar el cupo reservado para JOBO.

El bono puede solicitarse de forma sencilla a través de la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino, o bien de forma presencial en el Centro de Turismo de la plaza Mayor. Una vez validado el registro, los usuarios pueden acceder con su cuenta personal para descargar gratuitamente las entradas disponibles para la programación adherida al programa. Las entradas pueden reservarse desde diez días antes de la celebración de cada espectáculo y son personales e intransferibles.

Amanece en Madrid con un aviso de la AEMET: es jueves y hay alerta naranja por calor. La segunda semana de julio ha sido una de las más calurosas en lo que va de año, con noches tropicales y días que rozan los 40 grados. Aunque otras regiones como Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana mantienen la alerta máxima y llegan a superar estas temperaturas, el tránsito y ajetreo de la capital hace que sus servicios públicos más multitudinarios tengan que estar preparados, tanto para el verano como para las críticas.

En los últimos días, han sido varias las que los usuarios han vertido sobre los trayectos en Metro, sin aire suficiente en los vagones o con esperas sofocantes desde el andén. A las denuncias de organizaciones vecinales se han sumado partidos políticos y ciudadanos de a pie. Entre los segundos, no parece suficiente con que hace un mes se instalaran 40 aparatos refrigeradores de gran tamaño en varias estaciones de la ciudad, ni que el aire acondicionado se haya extendido entre sus dos líneas más problemáticas: la 1 y la 5.

Son las 11.30, justo la hora a la que se encienden los ventiladores gigantes instalados en varias paradas por tercer año consecutivo. La de Gran Vía es la única estación de Madrid en la que confluyen las líneas verde y azul, y también una de las 20 en la que se han colocado estos artefactos. Sin embargo, en la mañana del 9 de julio y pocos días después del anuncio, en ninguno de los andenes de la línea 1 podía verse uno de ellos. Sí estaban en los de la L5, aunque como en el resto de pasillos y pese al tamaño del aparato solo llegaba el aire a unos dos o tres metros de distancia. En el andén con sentido a Pinar de Chamartín, Cristina (22 años) se ha arrimado a un ventilador mientras espera al siguiente tren.

“Yo vivo en Valdeacederas [distrito de Tetuán], así que siempre cojo estas dos líneas de Metro. Suelo hacer trasbordo en Gran Vía y a veces me bajo en Bilbao, porque tengo allí el gimnasio. Pero sobre todo en la L1, con trenes muy pequeños y tanta gente arrimada, incluso cuando ponen aire me cuesta respirar”, detalla a Somos Madrid. En el interior del vagón, ya en dirección sureste hacia Valdecarros, la percepción pasadas las 12.00 seguía siendo de sofoco.

Fuentes de Metro de Madrid, a preguntas de este periódico, explican la razón de que en Gran Vía no hubiera ventiladores esa mañana pese a que se anunció como una de las paradas escogidas para colocarlos. La elección de Gran Vía solo se anunció para la línea 5, donde se desplegaron artefactos de aire también en Callao, Alonso Martínez, Chueca, Ópera, Diego de León, Núñez de Balboa, La Latina, Puerta de Toledo y Acacias. La L1, por su parte, mantiene los ventiladores durante el día en las estaciones de Sol, Chamartín, Alvarado, Iglesia, Antón Martín, Estación del Arte, Atocha, Puente de Vallecas, Buenos Aires y Alto del Arenal. “En su momento, la decisión se tomó en función de diferentes factores como los flujos de aire, la ventilación o las características de cada estación”, contestan, a lo que indican que la línea 5 en esta estación se consideró prioritaria para ubicar los aparatos refrigeradores.

Insisten en que “todos los ventiladores previstos ya están instalados” y añaden, sobre las quejas relativas a la climatización de los trenes, que el aire acondicionado “funciona de igual manera en todos los vehículos: se pone en marcha a las 6:00 de la mañana y permanece encendido hasta que finaliza el servicio”. Minutos antes, cogiendo el metro desde la estación de Iglesia, aún se notaba la brisa en comparación con el bochorno en el andén. Al menos, nada más entrar. Conforme se sucedían las paradas y más gente accedía al interior, el fresco de la ventilación eléctrica iba perdiendo efecto. Las puertas de estos trenes, tanto en la línea 1 como la 5, son de las que se abren con tornos manuales y no tienen pulsador automático, por lo que permanecen abiertas durante los segundos que dura cada pausa.

Aunque la Comunidad de Madrid ha desactivado en temporada estival las aperturas automáticas de los vagones, evitando que el aire se disperse, no todos los vehículos lo permiten. En el mismo andén de Iglesia también espera José Luis, de 52 años, que es claro y conciso cuando se le pregunta por el refuerzo de la ventilación: “Me río yo de eso”. En su caso, compara el trayecto habitual que hace en la línea 1 con los viajes en la L3 desde Moncloa, donde “siempre hay aire acondicionado en los trenes” y sale desde la primera parada, así que paso un rato sin aglomeraciones. En la línea azul de Metro, dice, “nunca hay ventilación”, aunque justo el siguiente tren sí la tiene incorporada, pero a un nivel tan bajo que apenas se percibe.

Ya en la estación de Sol, una de las más céntricas y transitadas, los ventiladores gigantes lanzan algo de aire hacia los andenes de la línea 1. Sin embargo, en una de las bajadas –la que lleva hasta Valdecarros– el aparato refrigerador está colocado justo al lado de las escaleras mecánicas, enfrente de una columna y la pared, que bloquean el paso del viento. Candy, que espera en la otra punta del pasillo, lejos de la ventilación, asegura no llevarlo tan mal como otros años. “Casi siempre cojo la línea 3 y allí voy estupendamente, aunque esta [la L1] es verdad que suele ir muy cargada y no siempre me puedo sentar”, resuelve.

Este martes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) denunció en sus redes sociales que el interior de los vagones estaba a más de 32 grados centígrados: “El Metro en verano es un infierno”. También compararon el gasto público en ascensores para la estación del Santiago Bernabéu (línea 10) con el de la climatización para estas líneas. “La Comunidad de Madrid gasta 20 veces más en ellos”, destacaron, exigiendo “prioridad vecinal” –contraponiéndola a la “prioridad nacional” que evocan círculos conservadores– frente a “intereses privados”, como los que a su parecer tienen los dueños del Real Madrid.

El presidente de la Fravm, Jorge Nacarino, apareció en un vídeo cogiendo el metro en la Estación del Arte, al lado de Atocha. Con el estilo ágil de TikTok, critica el sofoco para tomar las líneas 1 o 5 que pasan por esta parada. “Aquí ya aprieta el calor, pero lo de ahí abajo ya es insoportable”, narraba el representante vecinal desde el acceso exterior al suburbano. Diego sube a un vagon “antiguo y masificado” hasta la estación de Tirso de Molina, donde con un termómetro asegura haber medido hasta 32 grados en el interior cuando solo eran las diez de la mañana. “Ese es el verdadero motivo por el que llegas sudando a trabajar”, concluía Nacarino al final de su viaje, pidiendo climatizar andenes o vagones y mejorar lo que considera una “auténtica sauna móvil”.

El mismo gesto lo repitió a la mañana siguiente Ignacio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Acercándose un pequeño micrófono a la boca, el edil retransmitió un trayecto por la línea 1. “La falta de aire acondicionado hace que meterte aquí sea entrar en el horno”, comentó Benito antes de entrar a uno de los vagones, con un dardo claro al Gobierno regional y los medios de comunicación públicos que gestiona: “Telemadrid no te lo ha contado, aunque cocerse en el metro sea ya más madrileño que el bocata de calamares”, bromeó el concejal.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre –que acaba de ser reelegida como candidata para las próximas elecciones municipales– también habló este jueves sobre las quejas de los usuarios de Metro. Lo hizo desde el Círculo de Bellas Artes, que cada verano habilita un refugio climático gratuito para hacer frente a las altas temperaturas. “Este lugar refleja lo que sí se puede hacer en Madrid, donde el metro cada día va sin aire acondicionado y siguen sin climatizar los institutos públicos”, reprochó la líder de la oposición madrileña, refiriéndose a las protestas al cierre del curso escolar por el calor en las aulas.

Somos conscientes de las molestias que causan las altas temperaturas y por eso trabajamos en diversos frentes para mejorar el confort de los viajero. Todos los trenes disponen de aire acondicionado.

Metro de Madrid

A principios de junio comenzaron a verse ventiladores gigantes en los andenes de algunas estaciones. Metro de Madrid colocó 40 nuevos equipos de refrigeración en 20 estaciones por las que pasan las líneas 1 y 5, entre las más conflictivas. Como en verano son habituales las quejas por el calor en el transporte público, generalmente saturado de por sí, se intensificaron las revisiones de estos sistemas de aire y se desactiva la apertura automática de puertas, al menos “en todos los trenes que lo permiten a nivel técnico”. “Cuando se detecta un tren con incidencia en el sistema de climatización, se retira de la circulación lo antes posible”, destacan fuentes de la red del suburbano.

Metro defiende una inversión de 3,5 millones de euros aprobada para reforzar la climatización de hasta 93 vehículos en ambas rutas. En total, pretenden actuar sobre 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la línea 1 (que une Pinar de Chamartín con Valdecarros) y 46 de la línea 5 (entre Alameda de Osuna y Casa de Campo). Para este verano, desde Metro de Madrid sacan una conclusión: “Todo dependerá de en qué momento entres en el tren, cuántos viajeros hay en ese momento o pasaron antes y a qué temperatura se está en el exterior. Esas y otras circunstancias pueden modificar la percepción”. Sin embargo, las quejas siguen acumulándose en los primeros días del verano.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

Tres hermanas se reúnen después de mucho tiempo. La última vez que se vieron fue en el funeral de su padre. Su madre, que había desaparecido del mapa, las ha citado en una sala: quiere hablar de algo importante. ¿Estará bien? ¿Cómo le habrá afectado? ¿Y si se ha dado al alcohol? En plena lluvia de ideas, Consuelo reaparece con un completo cambio de look, mechas rubias sobre un tinte rojo y una chupa de cuero. Irrumpe hablando en voz alta y con una mirada que, contra todo pronóstico, ha recuperado el brillo. “Voy a ser feliz”, anuncia a sus hijas, invitándolas a embarcarse en un viaje para descubrir si es esta la vida que quieren.

Ellas son Soledad Mallol, Mariona Terés, Marina San José, Laia Alemany y Rocío Marín, protagonistas de la nueva obra que este primero de julio, y hasta que acabe el verano, se estrena en el Teatro Maravillas. Las que gritan cuenta la ruptura de una madre con su vida anterior: entregada a su familia durante años, Consuelo (interpretada por Soledad Mallol) descubre quién es ella más allá de los demás, y cuando todos esperan que se hunda renace con nuevos deseos, ilusiones y cierto descaro.

Sus hijas, con vidas muy distintas, quedan perplejas ante la invitación. La mayor es empresaria y se ve a si misma como el sostén de la familia, otra trata de mantener unidas a sus hermanas, una se ha mentido a monja... lo que ninguna sabe aún es si ese camino que han escogido responde a sus verdaderos deseos, o más bien a una función que ellas mismas se han asignado. “Mamá necesita cariño”, “debería estar en una residencia”, “lo que le falta es fe”, “es pesada”, “está mayor”, “debería centrarse”... Cada una de las hijas debate con el resto dando por hecho que conoce lo que el otro necesita. Y entonces, todo da un giro.

“La obra nace como un homenaje a las mujeres que han cambiado nuestra vida [...] Mujeres fuertes, que de una manera u otra se han erigido como referentes: a veces de forma callada, otras empoderada como fuertes matriarcas, pero nunca conscientes de la huella que dejan”, exponde el director de la pieza, que también es actor pero no aparece en el reparto, José María del Castillo. “En realidad, lo que Consuelo intenta es que sus hijas se planteen en qué momento de la vida están, y si es ahí por donde quieren seguir. Para ella todo ha cambiado y siente que no ha vivido hasta ahora: no quiere que se arrepientan”, reflexiona Mariona Terés, que interpreta a Lourdes, la menor de las hermanas.

“Piensan que han ido hasta allí a ayudarle, pero termina siendo su madre quien las ayuda a entenderse”, añade su compañera en la obra, Laia Alemany. La más veterana de las actrices es quien se pone en la piel de Consuelo, a la que da vida entiendiendo cuál es su premisa: “Mi personaje está en ese momento vital donde todos creen que tú tambien has muerto, porque se ha ido tu marido; pero ella solo quiere vivir. Ahora siente que tiene una cuenta pendiente con sus hijas”.

Habrá pases durante todo el verano

La obra de José María del Castillo, coescrita junto a Antonio Rincón-Cano, explora los límites a los que están sujetas las mujeres a lo largo de su vida, tanto para la generación de Consuelo como en otras que la siguen. Las entradas pueden adquirirse a partir de los 15 euros y los pases continuarán todo el verano, desde este 1 de julio hasta finalizar con un último espectáculo el 30 de agosto. Esta es la tercera edición de la historia, una comedia que llega al teatro de Malasaña con nuevo elenco y fechas a la vista. “Redactando el texto nos dimos cuenta de que se había convertido en algo muy íntimo, pero también divertido: es un como la vida, que tiene drama en la comedia y un poco de comedia en cada drama”, revela el director, en un pase de prensa horas antes del estreno, a las ocho de la tarde.

“Creo que muchos hombres, y no solo mujeres, también se van a ver reflejados: al final todos tenemos una familia y hemos compartido algunos momentos similares a los de estos personajes”, considera Marina San José, que completa el hilo argumental poniéndose en la piel de una de las hijas más inseguras y afectivas. “Aquí cada uno tiene su vida y vamos siempre a nuestra bola, así que cuando ellas tratan de reconectar somos capaces de entenderlo perfectamente en los ensayos”, piensa Terés, que también interpreta a una actriz con su mismo nombre en la conocida serie de Los Javis, Paquita Salas.

“Yo a mi madre la veo muy identificada con el personaje de Soledad [Mallol]. De hecho, va a venir a ver la función y estoy muy ilusionada, quiero saber qué piensa”, incide Alemany, que concede unos minutos después de una breve interpretación de muestra. Ella misma puede verse en el espejo de esos vaivenes del día a día, que hacen que te desvincules de quienes están alrededor. “Tienes a los niños, concilias como puedes... y cuando terminas, te das cuenta: ¡esto se acaba nunca!”, añade antes de despedirse. En una reformulación de lo que hasta ahora se ha concebido como “teatro familiar”, la propuesta que aterriza en Malasaña interpela e incomoda a cada rama del árbol genealógico.

“Porrazos y multas, esa es su respuesta”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado esta mañana un episodio de forcejeos, presión policial y hasta “lesiones” entre los compañeros que acudieron a primera hora impedir el desahucio de Adolfo, un vecino de Vallecas que ha sido expulsado junto a su familia de la casa en la que convivían. En las imágenes difundidas por la PAH Vallekas se muestra a más de una decena de agentes de la Policía Nacional, ataviados con casco o chaleco antibalas, instigando a un muro humano a desbloquear la puerta del domicilio. Cerca de allí, en la Avenida de la Albufera, un centenar de personas toma la sede de Caixabank para protestar contra una de sus filiales inmobiliarias: Building Center, que ha adquirido la casa de Adolfo y es quien pide esta orden de desahucio.

Con otro grupo de policías observando desde la puerta de la sucursal bancaria, hombres y mujeres corean la consigna de “stop desahucios”, dan palmas y se amontonan en el interior del local, abierto y a plena luz del día. La PAH había citado a las siete y media de la mañana a quienes pudieran ayudar, reuniendo a decenas de personas frente a la casa de Adolfo. Él es de origen peruano y ha pasado por diferentes trabajos (hostelería, charcutería, cuidado de mayores, empleado en una consultora...); actualmente vive con su hija de 27 años y su nieto, de cuatro. Pese a los intentos por impedirlo, todos han quedado en la calle.

Desde el domicilio en Vallecas, algunos vecinos o miembros de organizaciones civiles denunciaron “violencia” policial y “lesiones” entre los manifestantes. En sus redes sociales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito ha publicado imágenes de una espalda al descubierto y llena de moratones. Y acto seguido, una advertencia: “La policía amenaza con detener a las cien personas que estamos dentro de la sucursal de Caixabank, defendiendo el derecho a una vivienda digna”.

El desalojo lo ha llevado a cabl la Policía Municipal, aunque dada la multitud que se presentó a primera hora para impedirlo, fue requerida la intervención de agentes de la UIP, la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Fuentes de este último cuerpo de seguridad detallan a Somos Madrid que frente al domicilio de Adolfo llegaron a concentrarse en torno a un centenar de personas, cifra similar a la que los miembros de la PAH estiman para la acción en la sucursal bancaria. Esta última se registró sobre las diez de la mañana, aunque el expediente policial señala que no hubo detenidos y fue una protesta “pacífica”.

Decenas de personas, vestidas con chalecos verdes y el eslogan de la PAH Vallekas, accedieron al interior de la sede para exponer públicamente el desahucio de Adolfo y su familia, que esa misma mañana estaba siendo ejecutado. Había sido programado a las 9.30 horas de la mañana en la calle María Paz Unciti, donde el vecino había alquilado la vivienda a otro hombre peruano, que había vuelto a su país y antes firmó un contrato informal con este conocido. Pasada la una de la tarde, los responsables de la Policía Municipal comparecían internamente para valorar el lanzamiento.

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En la Avenida de la Albufera, según el relato de la Policía Nacional, los manifestantes salieron de las oficinas por su propio pie una vez comenzaron a reunirse los agentes en la puerta, también de la UIP. Las imágenes difundidas en redes sociales también muestran a Adolfo, que afronta la pérdida de su casa, conversando con los agentes frente al bloque en el que ha vivido desde el año 2017. Otros vídeos o fotografías compartidos esta mañana exponen cómo hombres uniformados arrastran a algunos participantes contra el desahucio para alejarles de la entrada, sujetándoles de los brazos y halando de su cuerpo en el suelo.

“¡No toleramos ni un desahucio más!”, “¡Caixa, culpable, gobierno responsable”, se oía desde la calle que daba a las oficinas de Caixabank, en un reproche a Building Center por completar el lanzamiento de la familia peruana, que este miércoles afrontaba su cuarto intento de desalojo. El martes por la noche, Adolfo iba dejando mensajes a conocidos o periodistas, pidiendo exponer su caso para evitar este desenlace. En manos de un abogado de oficio, presentaron un recurso amparándose en su situación de vulnerabilidad social para solicitar la suspensión del desahucio.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, alega que la unidad familiar mantiene dificultades “sociales y económicas” y “carece de alternativa habitacional inmediata”. El letrado informa a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 48, de un problema “agravado” por el reciente despido de la hija de Adolfo, que según consta en el recurso tuvo lugar el pasado 3 de junio. La conciliación tuvo lugar unas semanas más tarde, pero el escenario que avista la familia no ofrece, de momento, nada más que incertidumbre.

La catástrofe en Venezuela no da tregua. El jueves pasado, 25 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país sin apenas margen para reaccionar: entre ambos solo transcurrieron 39 segundos, pero las consecuencias del desastre no terminaron ese día. Cinco días después, el recuento ha dejado unos 1.450 muertos, más de 3.100 heridos y 430 réplicas (nuevos movimientos sísmicos) que mantienen la incertidumbre entre la población. Mientras tanto, la ayuda internacional se moviliza a contrarreloj para agilizar los rescates y enviar recursos desde el otro lado del charco. Los mecanismos para hacerlo son diversos y, a veces, confusos para el ciudadano de a pie. En Madrid, la ciudad con más venezolanos de toda España, se centralizan algunos de ellos.

“¡Urgente! Hemos conseguido fletar un avión de Madrid a Valencia [Venezuela], ¡sale hoy a las seis! Quien quiera ir a ayudar, que se ponga en contacto conmigo”. No son ni las tres de la tarde del lunes cuando Carlos Villena envía este mensaje por un grupo de WhatsApp, que leen más de 300 personas. Es un chat antiguo, creado con la DANA de Valencia para formar grupos de voluntarios frente a catástrofes naturales. Carlos Villena es miembro de un conjunto de entidades adscritas a la Iglesia de la Cienciología, uno de los movimientos (en este caso, de índole religiosa) que se han sumado, por su cuenta, a otras líneas de ayuda oficiales para el país.

Desde el Consulado de Venezuela en Madrid explican que, de momento, España gestiona sus envíos a través de dos entidades principales: Cruz Roja, para el traslado de material, y Cáritas Diocesana, encargada fundamentalmente de las donaciones. Desde la primera de esta organizaciones se indica a los madrileños que toda la ayuda que coordinen podrá donarse digitalmente, sin necesidad de desplazarse a puntos físicos en los distintos barrios de la ciudad, ya sea a través de Bizum, por llamada o en su página web.

Por su parte, Cáritas sí ha habilitado un centro presencial de ayuda a Venezuela ubicado en la calle Santa Hortensia número 1-B (Prosperidad), aunque quien quiera colaborar podrá hacerlo igualmente por otras vías digitales: transferencias bancarias, bizums o donativos en su web. Sin embargo, han sido muchas las ramificaciones que ha tenido este despliegue, más allá de las ONGs coordinadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un centro comercial de Leganés, el Sambil Outlet, promovió este fin de semana una campaña de recogida de alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene, ropa u otros materiales de primera necesidad para enviarlos a los afectados en Venezuela. La avalancha de donaciones obligó incluso a trasladar el operativo a un pabellón municipal en Leganés, y suspender temporalmente la recepción de más material hasta que pudieran organizarse los envíos. “Nos dijeron [los organizadores] que se había recibido tanta ayuda que ya no podían coger nada más”, admite Wesly uno de los jóvenes que acudieron a la llamada, insistiendo en que los envíos a Venezuela sobrepasaban ya el límite de toneladas permitidas, según les informaron in situ.

Él llegó en moto sobre la una de la tarde, y colaboró durante algo más de tres horas entre zonas de embalaje: “Era un jaleo: dentro no había ventilación y éramos muchos moviéndonos, cargando cajas y generando calor. Empecé guardando material en cajas o ayudando a mover mesas”. La iniciativa fue eminentemente ciudadana: la coordinaron voluntarios y asociaciones de la diáspora venezolana, mientras otros municipios madrileños han abierto nuevos puntos de recogida.

Recursos públicos e iniciativas privadas por Venezuela

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha desplegado recursos de emergencia para colaborar sobre el terreno, poniendo a disposición de las autoridades venezolanas a algunos grupos del ASEM 112 (la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112) o el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, el ERICAM, enviando a decenas de bomberos especialistas en rescates con estructuras colapsadas.

Por su parte, en la Embajada venezolana –situada en el distrito de Tetuán– ha respondido a las críticas de estos últimos días, en relación a supuestos impedimentos a la hora de permitir el paso de ayuda humanitaria. Fuentes diplomáticas niegan la existencia de trabas burocráticas para los despegues de algunos grupos desde Barajas. “Todos recibieron la documentación necesaria en los tiempos correspondientes, y su imposibilidad de viajar respondió a decisiones de la aerolínea que ofreció las plazas”, zanjan en un comunicado.

La representación de Delcy Rodríguez en España niega las acusaciones, especialmente las que hablan de grupos de voluntarios que esperaron durante 48 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez. “Hemos iniciado coordinaciones con las distintas aerolíneas con itinerarios de vuelo hacia Venezuela, para facilitar las diligencias referentes a envío de insumos y grupos de rescate a nuestro país en las próximas horas”, añaden. El doctor Carlos Zapa, médico venezolano especializado en este tipo de crisis, ha sido otra de las voces que denunciaron estas prácticas desde el terreno.

En su caso, está especializado en medicina táctica, la que se utiliza en situaciones de crisis y sin los habituales recursos hospitalarios. Actualmente ayuda a mover material sanitario entre Colombia y Venezuela, con una vía directa a España: su compañero Juan Carlos Salinas. Salinas es español y se formó con el doctor Zapa en este tipo de rescates críticos, habiendo viajado juntos a distintos desastres naturales, como la DANA de Valencia o catástrofes en México. Hoy gestiona los envíos de material con una consultora especializada en medicina táctica y eventos traumáticos, llamada EIR Tactical Global Med & Ops.

Se dedican a poner en contacto a los proveedores de material sanitario con posibles donantes, elaborando listas con necesidades urgentes sobre el terreno y financiando directamente los productos a utilizar, de forma que el dinero solo se desembolsa cuando se va a comprar cada recurso. “En estos días, lo que más falta ha hecho en Venezuela han sido los materiales de primera intervenció: vendajes demostáticos, ferulas de inmovilización, cinturones pélvicos, torniquietes...”, resume Salinas, que envía una nota de voz. Antes de despedirse, lanza un último recordatorio para quienes, en estos días, se sientan con ánimos de mandar ayuda desde el otro lado del charco: “Los primeros días la solidaridad siempre es abrumadora. Lo difícil, y lo importante, será mantenerla cuando haya que reconstruir Venezuela”.

Un susto de madrugada y consecuencias aún por definir. El incendio en un tercer piso de la calle Salorino, del distrito madrileño de Latina, ha obligado a intervenir rápidamente a primera hora de este lunes. La vivienda en la que se ha iniciado el fuego ha quedado “completamente destrozada”, según fuentes de Emergencias, y eso ha hecho que el origen de las llamas sea aún difícil de determinar.

En total, 14 personas de todo el bloque han sido atendidas por los efectivos desplegados: diez dotaciones para extinguir el fuego y ventilar el edificio y una patrulla de la Policía Municipal, que ha colaborado en la intervención. Una persona hallada dentro de la vivienda incendiada ha ido trasladada en estado grave al Hospital de La Paz, centro médico habitual para este tipo de emergencias, por una quemadura inhalatoria.

Se trata de un hombre en la treintena, aunque se halla inconsciente y las autoridades no han podido confirmar su relación con la vivienda o el posible origen del suceso. También se ha enviado a un centro hospitalario a una anciana de 92 años, que no presentaba daños preocupantes pero sí había inhalado humo; dada su edad avanzada, los servicios de Emergemcias decidieron trasladarla “por precaución” y para descartar posibles daños internos.

Desde los equipos municipales de rescate se ha confirmado que las llamas se advirtieron sobre las 7.15 horas de la mañana; un momento en el que es más complejo actuar con rapidez ya que muchos vecinos aún duermen y no perciben la humareda.

Estas han destrozado casi por completo el piso donde se ha originado el incendio, con efectos colaterales sobre todo en otras dos viviendas: la que queda pared con pared y el apartamento superior, ubicado en la cuarta planta. Las otras 12 personas afectadas por el incendio han sido atendidas por crisis nerviosa e inhalación de humo, pero han recibido el alta en ese mismo lugar, confirman desde Emergencias Madrid.

Ir a un concierto es ya casi un privilegio. No solo porque una entrada a más de 100 euros sea algo habitual de ver, sino porque a la experiencia completa se añaden los elevados precios dentro del recinto, el billete de tren (o avión) en caso de no vivir en una gran ciudad y otra suma por el alojamiento, si no se conoce a nadie con tiempo y ganas para hacer de anfitrión. Pero, sobre todo durante la última década, a este voluminoso gasto se le suma un nuevo desembolso: bienvenidos a la era de los pop-up, productos efímeros a precio de oro.

No importa que sea entre semana, ni a horas irregulares. Un lunes a última hora de la tarde o un miércoles por la mañana, las colas para acceder a estas tiendas exclusivas son monumentales. Con la capital repleta de una alta tasa de eventos de gran impacto –además de varios macroconciertos, la ciudad acaba de despedir a Tom Holland y Zendaya o al papa León XIV–, las marcas, ticketeras y promotoras han aprovechado para exprimir al máximo la experiencia.

Solo en este mes de junio, Madrid se ha prestado a al menos tres grandes pop-up, coincidiendo con tres conciertos internacionales muy esperados: Bad Bunny, BTS y Linkin Park. El primero en instalar su tienda fue el cantante puertorriqueño, que llegó a España por todo lo alto con nada menos que diez fechas en Madrid. Durante dos semanas, una casita ocupó media plaza de Callao con largas colas a su alrededor. Algunos esperaron hasta dos horas para acceder unos minutos a aquel cubículo blanco, que en su interior guardaba una colección especial diseñada para una colaboración entre Zara y Bad Bunny.

La estructura se extendía por casi 400 metros cuadrados y las piezas exclusivas, según fueran accesorios o prendas más elaboradas, podían costar entre 20 y más de 100 euros. Para mantenerla perenne en un lugar predilecto para influencers y tiktokers, y por el que cada año transitan unas 123 millones de personas, la empresa fundada por Amancio Ortega tuvo que pagar unos 10.000 euros diarios en concepto de tasas, lo que supondrían alrededor de 150.000 a lo largo de dos semanas. El sello textil aprovechó este boom para derivarlo a su tienda habitual en Plaza España, colocando un mostrador específico para adquirir productos de la colección.

Así que algunos fans, que ya habían pagado entre 80 y hasta 500 euros para asistir al concierto, en caso de ir a la zona VIP, terminaron dando la vuelta al cubículo haciendo cola con tal de entrar. Poco después, desde el viernes día 12 y hasta el 5 de julio, otra tienda temporal comenzaba a causar furor. El grupo de k-pop surcoreano BTS, con 37 millones y medio de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, también arrasa en su visita a Madrid con merchandising exclusivo, e incluso productos promocionados para usarse en el concierto.

En la histórica Plaza de Alhajas, uno de los edificios más visibles de la Plaza de San Martín, las filas llegan hasta donde no alcanza la vista. Es miércoles, la mayoría de la gente trabaja o pasa esas horas en algún centro de estudios. Pero algunas han podido escaparse antes de que se agoten los Army Bombs, un bastón que emite luces led de distintos colores. El aparato mide unos 10 centímetros de longitud, cuesta 70 euros y las fans pueden agitarlo durante los dos conciertos de la banda, que no había tocado en la ciudad hasta el pasado 26 de junio.

A las diez de la mañana, Sofía y Lidia se plantaron en la cola del pop-up dispuestas a conseguir el suyo. “Estoy nerviosa, ¡se acaban muy pronto!”, confiesa una de ellas cuando ya empieza a pegar el sol. Entre las dos amigas, de 16 años y que se conocen del instituto, han pagado 300 euros (150 cada una) para tener su asiento en el estadio del Atlético. Como en las redes han seguido el minuto a minuto de este fenómeno comercial, saben que solo en las primeras horas del día es más probable que aún queden bastones de luz. Para acceder a la tienda, antes han debido descargar un código con un QR por Internet, que asignaba una fecha y hora a cada fan.

En ese tiempo, y durante un máximo de media hora, pueden visitar tanto una exposición efímera de BTS como adquirir productos de la gira. Además de los Army Bomb, apilados en cajas negras sobre uno de los mostradores, en el habitáculo hay muchos otros productos exclusivos: faldas por 75 euros, cojines por el mismo precio, sudaderas que superan los 160 o, entre lo más barato, una taza con los siete integrantes del grupo simulando cruzar un paso de peatones, como en Abbey Road y los Beatles. Al final, Sofía y Lidia volvieron contentas a casa, después de hacerse con su lightstick de colores.

Mientras aún dura este pop-up, entre el 22 y el 24 de junio, se habilitó otro espacio en Malasaña para mantener la fiebre del consumo. Esa semana, el martes y el miércoles, la banda de nu metal Linkin Park ofreció dos conciertos en Rivas Vaciamadrid después de siete años sin actividad. Así que la expectación era total. En una colaboración con la marca de ropa Deux Ex Machina, los autores de In The End abrieron un pequeño local en plena calle Velarde con artículos especiales de su última gira, el From Zero World Tour.

Una vez más, los precios distan de ser baratos: aunque el equipo de Linkin Park repartió 200 pinchos de tortilla a los primeros en llegar, el resto del stock se adquiría previo pago. Algunas de las camisetas más baratas, con el logo del último disco, costaban 55 euros; mientras que había sudaderas tasadas en casi 100 euros o más. “Una mujer acaba de llevarse 1.700 euros en ropa”, confesaba a Somos Madrid un vigilante de seguridad, que controla los accesos a la tienda. Fuera, en la cola, una pareja aguanta a última hora de la tarde a ver si queda algo todavía.

El estand cierra a las ocho y llevan una hora esperando a sus puertas. Se enteraron de la apertura exclusiva en sus redes sociales, concretamente en X, el antiguo Twitter. Habían visto fotos de alguna gorra que les ha gustado, y pusieron rumbo hasta allí nada más salir de trabajar. En su caso, tienen 29 y 32 años. No han conseguido entradas para el concierto, aunque querían “acercarse un poco” a la experiencia y por eso acudieron en busca de algún producto especial. Rafa, uno de ellos, asume que los precios “llegan a ser disparatados”, y más aún teniendo en cuenta que el pase del espectáculo no es barato de por sí. No obstante, lo tienen claro: “Habrá que pagarlo”.

El periodismo local se parece mucho a salir a la calle con ojos bien abiertos. Abrir la mirilla, pasear con atención o convertir la conversación con el vecino en una pista para entender cómo funciona una ciudad. En la quinta edición del Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es, inaugurada este viernes, se ha hablado de la importancia de esas grandes historias que hacen caer gobiernos o magnates e impactan en todo el mundo. Pero también ha habido espacio para reivindicar esa primera toma de contacto con la realidad: la actualidad de lo que se tiene justo al lado.

“Nuestro trabajo consiste en mirar a la calle”, resumía Celia González, sentada sobre el escenario del Auditorio Pilar Bardem, en Rivas Vaciamadrid. González es directora de Diario de Rivas y coordinadora de la Comisión de Medios de Proximidad del Club Abierto de Editores (CLABE), además de ponente en una de las charlas de la tarde: Contar lo cercano: el valor del periodismo en tu ciudad , que ha puesto a una multitud a reflexionar sobre la política de lo cotidiano.

En la misma línea de González, el director editorial de Somos Madrid, Diego Casado, ha resaltado el valor de las pequeñas historias en el periodismo local a la hora de narrar el mundo. ¿Por qué importan los planeamientos urbanísticos? ¿Qué se oye más, lo que el político dice o lo que aprueba en un pleno municipal? A lo largo de la tarde, se ha tratado de responder a algunas de esas preguntas.

“Para llegar a mucha gente, primero hay que contar lo cercano”, considera el conductor de la charla. Sobre esta premisa debatió, además de con González, junto al presentador y director del magazine cultural Desafinado (perteneciente a una emisora local de Rivas, Espacio 4FM), Jaime Sicilia. Tres perfiles que llevan años ligados a la actualidad más próxima. “Yo soy de Burgos y, cuando llegué a Madrid, una de mis obesiones era que en la capital apenas se hacía información local. Casi todo se leía en clave nacional, y eso no pasa en otras ciudades”, confiesa Casado, que terminó fundando una cabecera hiperlocal llamada Somos Malasaña, germen de la actual sección local de elDiario.es, Somos Madrid.

Con el tiempo, en el periodismo se asumen algunas lecciones. “En sitios como Madrid, es mucho más importante ver qué hacen los políticos a saber qué es lo que han dicho”, añade, incidiendo en que hay mucha historias destapadas al repasar la letra pequeña de un plan local. “La política no es solo hablar de formaciones políticas: hay muchos proyectos que nacen de ella y no siempre tienen que ver con las peleas de los partidos”, añadía Sicilia, cuyo magazine ahonda en el impacto de iniciativas impulsadas por la administración.

La particularidad del periodismo local en Madrid y alrededores siguió dando de qué hablar. Por su parte, Celia González reflexionó sobre su futuro más inminente. Esto consideró sobre adaptarse a los nuevos formatos que ofrecen las redes sociales: “Aunque el algoritmo también nos influya, no podemos dejarnos llevar por lo viral. Podemos experimentar con nuevos formatos, pero intentando no perder el pie: lo primero siempre es lo que preocupa a aquella gente que te está leyendo, o pueda generar interés”.

Una amenaza del PP tambaleó el festival

La quinta edición del Festival de las Ideas y la Cultura, que elDiario.es organiza entre el 26 y el 27 de junio, ha estado a punto de no ver la luz. A solo dos días del pistoletazo de salida, el PP de Madrid trató de impedir el acto a través del Tribunal Administrativo de Contratación Pública del Gobierno regional. Este órgano administrativo (que no judicial) ordenó la “suspensión cautelarísima” del contrato que el Ayuntamiento de Rivas ya había formalizado con elDiario.es, en respuesta a un recurso que había presentado fuera de plazo la concejala popular en el municipio, Janette Novo Castillo.

El movimiento puso el acto en la picota años después del mensaje amenazador que el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, envió a la adjunta al director de este periódico, Esther Palomera: “Os vamos a triturar”. Sin embargo, el mismo tribunal administrativo que tomó esta decisión en tiempo récord, inadmitió el recurso al día siguiente, cuando elDiario.es u otros invitados al evento comenzaron a denunciar la censura en redes sociales. Finalmente, y pese a los intentos de que no ocurriera, este viernes se ha inaugurado la edición anual del Festival de las Ideas y la Cultura.

En el programa, además del debate de periodismo local, participan otros periodistas de este medio con más charlas y también conciertos: los de Señora! y Ariel Rot el viernes, que cerrará con una DJ set con Inés Hernand; y el sábado seguirán La Bien Querida, Jordi Évole y Los Niños Jesús o una selección de pistas capitaneada por las Hinds. Antes de marcharse, los ponentes de la charla sobre periodismo local lanzan un deseo al aire: “Tenemos que seguir contando lo que sí le importa a la gente: cómo están los parques, cómo es su ciudad y cómo mejorar su movilidad”, cerró González en su despedida.

Sabía que había sido condenado, pero no durante cuanto tiempo: el asesino de Miguela Novas Novoa cumplirá una pena de 22 años y medio de cárcel por la muerte de su expareja, que dejó a tres hijas huérfanas. El crimen machista de Villaverde se produjo en la madrugada del 24 de septiembre de 2023. La víctima había subido al piso del hombre con el que mantenía una relación convulsa e intermitente desde el otoño de la pandemia. Richard Fermín Pérez Surie le asestó las 45 puñaladas que acabaron con su vida, y que ahora quedan recogidas en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde la sección 26 ya avanzaron el veredicto en una vista pública. Un portavoz del jurado popular anunció que Richard Fermín era declarado culpable por unanimidad de asesinato con agravante de género. Habían decidido rechazar los atenuantes solicitados por su defensa, que alegó consumo de drogas y alteraciones psíquicas en el momento de los hechos. Sin embargo, lo que aún se desconocía era el contenido de la sentencia, desde la pena impuesta hasta su argumentación jurídica.

Finalmente, serán 23 años de cárcel por los delitos de maltrato y asesinato, concurriendo la agravante por razón de género. Richard Fermín cumplirá medio año por el primero de estos crímenes, y otros 22 y seis meses a consecuencia del segundo. Tiene prohibido acercarse a más de 500 metros a las hijas o la madre de su víctima, y deberá indemnizar a cada uno de los vástagos menores de edad con 241.000 euros, además de otros 111.000 para Leticia, 86.000 a su abuela y asumir los costes del juicio.

La sentencia recopila algunos hechos probados, como que el acusado había golpeado a Miguela en varias ocasiones. Una fue en abril de 2022, cuando fue visto profiriéndole “frases intimidantes” en el interior de una discoteca, tal y como queda recogido en el escrito al que ha tenido acceso Somos Madrid. También se expone que un mes antes de ser asesinada, en agosto de 2023, su pareja le había manifestado su intención de romper la relación y denunciarle por su “mal comportamiento”.

A lo largo de toda la relación Richard había causado en Miguela un permanente estado de angustia, ansiedad y desasosiego, imprimiendo en la relación una situación de temor con ánimo de alterar la paz familia

Sentencia 436/2026 — Audiencia Provincial de Madrid

“A lo largo de toda la relación Richard había causado en Miguela un permanente estado de angustia, ansiedad, y desasosiego, imprimiendo en la relación una situación de temor con ánimo de alterar la paz familiar, la convivencia e imponer siempre su voluntad. Lo que no impidió el mantenimiento de la pareja, debido al miedo que a Miguela le producía la ruptura”, queda recogido en el auto. Sobre la noche de la agresión, el jurado popular considera probado que entre el 23 y el 24 de septiembre de 2023 ambos acudieron juntos al domicilio del asesino. Sobre la 01.30 horas discutieron, aunque no queda constancia de que entonces él le agrediera.

Dos horas más tarde volvieron a pelear y, entonces, Richard la atacó con un cuchillo de cocina de 32 centímetros de longitud y 20 de hoja, tal y como queda acreditado en la sentencia. Hirió su rostro, tórax y el cuello sin que ella falleciera en el acto, pues trató de salir y bajar a la planta inferior del edificio para avisar a los vecinos. Poco después de que estos llamaran a la Policía, Miguela había perdido demasiada sangre por una lesión en los vasos sanguíneos. Falleció casi al instante.

Lo que vino después: un desahucio y problemas de tutela

Su única hija mayor de edad, Leticia, celebra que “ya le hayan cantado años al asesino” de su madre. Sobre todo, después del pesar que eso les trajo tanto antes como después. En su declaración durante el juicio, que coincidió con la de su abuela y madre de la víctima, Victoria N.P., ambas relataron una relación de abusos que comenzó mucho antes del asesinato, con llamadas constantes y un control absoluto sobre la vida de Miguela.

Precisamente el pasado mes de enero, tanto Victoria N.P. como sus tres nietas (con las que convivía desde el crimen en Villaverde) fueron desahuciadas del domicilio donde la primera de ellas había acogido a su familia. Una deuda hipotecaria con Caixabank, adquirida luego por la empresa inmobiliaria Circleville SL, había derivado en una orden de desahucio recibida un mes antes. La mayor de las hermanas de mudó a casa de su novio, y el resto se repartió como pudo en viviendas de sus conocidos.

Además de Leticia, Miguela (natural de República Dominicana) tenía dos hijos menores de edad de otra relación anterior: un niño de 9 años y otra chica de 11. La pelea de su familia para lograr la tutela o conseguir una beca de comedor asignada a víctimas de violencia de género ha evidenciado, por otro lado, las costuras de la red pública para perfiles vulnerables. El asesinato de esta vecina llevó a ponerle su nombre a una comisión municipal, creada para el seguimiento y coordinación entre administraciones en la asistencia a casos de violencia de género.

Durante el juicio contra su agresor, la hija mayor también relató una serie de mensajes amenazantes que el asesino enviaba a su pareja, y que comprobó revisándole el teléfono al desconfiar de la situación. Su madre “aparecía con heridas o moratones”, quitaba hierro al asunto y todo se complicaba cuando, en algún intento por distanciarse de Richard Fermín, bloqueaba su teléfono y este pasaba a acosar al resto de la familia, tratando de recuperar su atención.

“[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a repetir Leticia, asegurando que aquellas fueron las palabras del agresor, en una de las ocasiones en las que intentó llegar a Miguela a través de sus hijas. Con la sentencia y una sentencia de 22 años y seis meses de cárcel, Richard Fermín cumplirá condena por las 45 puñaladas que, según queda ya constatado, asestó a Miguela hasta acabar con ella y desbaratar, en consecuencia, la vida de toda una familia.

Sin llegar a pisar nunca ese escenario, la memoria de Chester Bennington se plantó anoche ante 35.000 espectadores. Jóvenes, adultos, niños en compañía de sus padres. Hombres, mujeres y viejos rockeros grabando vídeos en horizontal junto a una nueva generación de fans, que esa noche ha desempolvado las camisetas de sus grupos favoritos. A su alrededor, otra tanda de personas se apelotona en las laderas del Auditorio Miguel Ríos, un recinto al aire libre en Rivas. Pasadas las diez de la noche, comienza la cuenta atrás y con ella, llegan los nervios: quedan tres minutos para que Linkin Park suba al escenario. Su última gira, el From Zero World Tour, hace dos paradas en Madrid con la promesa de empezar de cero. Pero esa noche hubo de todo: cosas nuevas y un legado muy presente.

“Estamos muy emocionados por escuchar a Emily, pero eso no significa que hayamos olvidado a Chester”, lo resumía uno de los chicos que esperaban a la banda desde el Front Stage, la zona más próxima al escenario. Chester Bennington fue el primer cantante de Linkin Park desde que el grupo adoptó este nombre. Se quitó la vida el 20 de julio de 2017, después de una depresión y problemas con las adicciones. Sus compañeros frenaron en seco y la músca entró en un largo paréntesis, que no se desvaneció hasta 2024. Fue entonces cuando presentaron a su nueva voz: Emily Armstrong. Durante dos noches consecutivas, el auditorio ripense se reecontró con una banda renacida.

“¡Make some noise!”, gritó, ante el júbilo de su público, el brazo rapero en un grupo de nu metal y uno de sus miembros fundadores: Mike Shinoda. El músico estadounidense ha acompañado a Linkin Park desde su fundación, y permanece en su nueva era junto al resto de integrantes, Dave Farrel, Brad Delson y Joe Hahn. A la incorporación de Armstrong hace apenas dos años se sumó la de Colin Brittain, el baterista que relevó a Rob Bourdon cuando abandonó la banda durante aquella pausa musical.

“Estamos muy emocionados por escuchar a Emily, pero eso no significa que hayamos olvidado a Chester

Julián — Asiste al concierto de Linkin Park en Rivas

Después de eso, Linkin Park volvió a reunirse para anunciar su octavo disco y una gira por más de 15 países. Llevaban siete años sin un nuevo lanzamiento y, de por medio, habían atravesado un duelo por su compañero. Cuando se decidieron a dar el paso, fueron insistentes en las entrevistas: no pretenden sustituir lo insustituible, sino construir una nueva etapa que respete ese antiguo legado, sea coherente con su historia y la memoria de Chester Bennington. Esa renovación estalla en Rivas este miércoles cuando, alrededor de las 22.20 horas, suena The Emptiness Machine, una de las canciones más coreadas del álbum From Zero.

El público se entrega a un sonido que parece remontar después del primer concierto, una noche antes. Pese a la euforia del momento, muchos fans salieron de la inauguración del martes con un sabor agridulce. “Es una pena que el calor y la nula sombra del recinto jueguen en contra. Tampoco ayuda que el sonido fuese inestable por momentos, los instrumentos muy altos y la voz de los cantantes, baja”, expresó en la madrugada de este miércoles un usuario en X. Narró su experiencia desde la grada 3, donde consideraba que, al menos, “el sonido era más que decente”.

“Se podía escuchar todo bastante bien, aunque a veces costaba entender a Emily [Armstrong] y Mike [Shinoda]”, matizaba en su publicación, donde también hubo quejas por las aglomeraciones para volver a casa: “Salir entre semana a la 01:00 de Rivas es terrible”. El Ayuntamiento ripense ha dispuesto un plan especial para controlar la movilidad y los accesos durante estas dos noches de concierto, restringiendo el acceso a vehículos que viajen en dirección al auditorio salvo si acreditan ser residentes, o bien para el transporte público y vehículos de emergencias.

Aunque algunos comentarios en redes hablaron de dificultades para comprar agua después del primer concierto, que ha llegado en plena ola de calor, otros usuarios agradecían que desde el recinto se repartieran “botellas gratis” durante el espectáculo. La mayoría de las quejas, sin embargo, provienen de las complicaciones para aparcar el coche o la coincidencia del final del evento con los últimos minutos antes de cerrar el Metro, que lleva hasta Madrid. Fuentes de la red del suburbano aseguraron a Somos Madrid que, en las estaciones próximas al evento, se habían dispuesto “más trenes y personal”, variando el número de vehículos “en función del momento y de las necesidades”.

La salida volvió a ser atropellada, sin llegar a empañar del todo el recuerdo de la noche. Pero la ola de calor, especialmente intensa esta semana, tampoco remó a favor. “Hay más gente pidiendo más agua que cerveza”, contaba al inicio uno de los trabajadores que, uniformados, paseaban por el recinto un pequeño tanque con bebida. En varios momentos, la pantalla enfocó al público de las primeras filas. Nadie escatimó en carteles: se vieron fotografías de Chester Bennington –un nombre muy coreado–, mensajes de apoyo para Emily Armstrong o letras de las canciones más queridas de la banda.

Son las 23.23 horas y el público se abre a uno de los primeros grandes hitos nostálgicos de la noche: comienza a sonar What I've Done. El setlist estuvo lleno de otros éxitos esperados como Bleed It Out, Burn It Down, Crawling, Numb o, en la cima de la colina, In the End. Una canción que, precisamente, habla de la frustración de acompañar a alguien que sufre y no poder ayudarle o lograr una meta que casi nunca está al alcance. Pero que para muchos fans (y no tan fans) se ha convertido ya en la banda sonora de una época.

“Dos ratas pelean por un churro con Linkin Park de fondo”

Después de años en escena, han pasado a formar parte de la cultura popular con apariciones frencuentes en la banda sonora de los AMV (vídeos musicales de anime creados por los fans) o protagonizando algunos memes ya incunables, como el de Dos ratas pelean por un churro con Linkin Park de fondo. Este vídeo de dos roedores que, literalmente, forcejean por un churro mientras suena In the End –una de las canciones más icónicas del grupo– y un hombre comenta la escena lleva décadas circulando en Internet, ya sea en clave de humor o como metáfora política. El concierto de este miércoles en Rivas pone la guinda a dos noches consecutivas de rock, nu metal y nostalgia.

La del martes ya llenó el Auditorio Miguel Ríos con 35.000 expectadores, siendo uno de los espectáculos que más personas ha concentrado en la ciudad madrileña. Antes de eso, la banda ya estrenó en España su nueva era con otra aparición en un festival de Santiago de Compostela, el O Son do Camiño. Así que la expectación por su llegada a la capital era total. De hecho, previamente se había montado en mitad de Malasaña una tienda temporal con artículos exclusivos de la gira, desde camisetas con diseños únicos hasta pines temáticos mostrando un pincho de tortilla, en un intento de hacer simbiosis con la cultura local.

Sin embargo, los precios de la colección quedan lejos de ser populares. “Ha venido gente que ha gastado más de mil euros en una compra”, resumía a principios de esta semana un trabajador de seguridad, que vigila el pequeño establecimiento de pop-up en plena calle Velarde. Entre el lunes y este miércoles, coincidiendo con la última noche de Linkin Park en Madrid, se ha abierto una colaboración temporal de la banda con la marca de ropa Deux Ex Machina, en la que esperar una larga cola permite acceder a artículos exclusivos de la gira.

Las camisetas más baratas podían adquirise por 55 euros, pero otros artículos y especialmente, las sudaderas, llegan a rozar los 100. En la puerta, algunos han llegado a esperar incluso dos horas para pasar unos minutos dentro antes de que se acabe el stock. Un nuevo ingrediente habitual, que se añade cada vez más a la experiencia contemporánea de ir a un concierto: entradas encarecidas (las de Linkin Park en Rivas, por ejemplo, salieron por un mínimo de 84 euros y hasta 150 en los lugares más visibles); obligación de pagar un viaje y hotel en Madrid, si vienes de fuera; y un ambiente movedizo en estadios masivos o grandes auditorios, con sus consecuente impacto en el día a día.

Adolfo y su familia seguirán en casa, al menos, una semana más. Este migrante peruano, que vive con una hija desempleada de 27 años y su nieto, de cuatro, ha logrado algo de tiempo después de una mañana estresante. “Es poco tiempo, pero intentaremos aprovecharlo”, confiesa él mismo a Somos Madrid instantes después de despedir a la comisión judicial, que acudió a su domicilio en Vallecas en torno a las 9.30 horas con una orden de desahucio. Como Maricarmen, la vecina de Retiro que también iba a ser desalojada este miércoles 24 de junio, Adolfo gana margen a la vez que incertidumbre: ninguno sabe si resistirá a otro envite.

“Una vez más, las vecinas organizadas plantamos cara a los rentistas y su negocio de la vivienda. ¡Paramos el desahucio de Adolfo!”, anunciaba poco después de las 10 la PAH Vallekas (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que mandó a un grupo de madrugada para hacer presión frente al lanzamiento. Sobre las ocho y media, al inicio del día, uno de ellos detalló a este periódico que la Policía Nacional estaba, a su juicio, “muy agresiva”; y sin llegar a cortar la calle trataron de despejar la puerta.

“Han intentado sacarnos de allí entre cuatro [agentes], y a un compañero lo tiraron al sueño. Creo que pedirán refuerzos”, auguraban estas mismas fuentes. Finalmente, el desahucio se ha paralizado hasta el próximo martes, 1 de julio. Adolfo ya adelanta que seguirá en conversaciones con su abogado para tratar de resolver el asunto en un tiempo exprés.

Ante la mirada atenta de varios policías, aún desplegados en la zona, agradeció a las puertas de su casa –donde vive de alquiler desde 2017– “todo este apoyo y acompañamiento”. “Estoy muy agradecido: hemos logrado darle guerra a este negocio inhumano de los rentistas, que hace daño a muchas familias. Nos quedan pocos días para seguir luchando, así que intentaremos encontrar la mejor solución o pelear, pelear y pelear: la vivienda es para el pueblo”, proclamó entonces, una vez supo que esta noche volverá a dormir en su cama.

“Es una noticia agridulce, porque solo nos dan una semana, pero es tiempo para que Caixabank cumpla su promesa y renueve el alquiler”, sentenciaron desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su cuenta de X. Hacen referencia al origen del conflicto: el pasado mes de diciembre, Adolfo supo que el piso que alquilaba tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Este apartamento se lo ofreció otro peruano al que conoció en España e iba a volver a su país, y ambos firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo.

Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona. Ahora, después de que su caso se haya unido otros desahucios sonados entre perfiles vulnerables, le espera una cuenta atrás en la que deberá resolver bajo qué techo podrá vivir. Miembros de PAH han denunciado en reiteradas ocasiones que habían logrado un compromiso por escrito con mediadores de Caixabank para examinar este y otros casos similares, repartidos entre Ensanche de Vallecas, Vicálvaro y Pinto. Sin embargo, ninguna de estas promesas parece llegar a materializarse.

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.

Una llamativa nube de humo ha sobresaltado este martes por la tarde el CTBA, la zona donde se concentran los rascacielos más elevados de Madrid. El incendio originado en una de las plantas elevadas de la Torre Moeve, la segunda más alta a su alrededor, que ha sido desalojada una hora después, aproximadamente. Al poco tiempo de avistar el humo, la Policía pudo confirmar que se había producido a raíz de una explosión. Desde Emergencias puntualizan que el incidente nace de la planta 25 del edificio, y el fuego ha logrado extinguirse en torno a las 18.40 horas.

Durante el incendio no se han reportado heridos, en el operativo conjunto con efectivos de Bomberos y de Samur-Protección Civil, agentes de la Policía Nacional y Municipal. Todos fueron trasladados con el primer aviso. “Bomberos lo tiene controlado, siguen trabajando”, anunciaron rápidamente fuentes municipales, que coordinaron el despliegue.

Desde la compañía energética, en cuya sede se ha notificado el incidente, también se han pronunciado. “A las cinco se ha producido un incendio en la sala técnica, cercana a la planta 23, de la Torre Moeve. Inmediatamente hemos activado el protocolo de incendios y se ha efectuado la evacuación sin heridos”, sostienen en un breve comunicado, difundido en su cuenta oficial de X.

Miembros de Samur han atendido a dos trabajadores que estaban en la torre, por inhalación de humo. También a una transeúnte a la que el suceso le provocó una crisis de ansiedad, detallan desde Emergencias Madrid, pero todos fueron dados de alta poco después sin necesidad de un ingreso hospitalario. El servicio de emergencias 112 del Gobierno regional, poco después del incendio, compartió en redes las primeras actualizaciones del Ayuntamiento; mientras que el centro municipal de Gestión de la Movilidad informaba de cortes en el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la calzada interior de la M-30 o sus entradas por los túneles.

“Desde aquí se ve que sale humo de la torre, ahora mismo”, confirmaba una trabajadora de una pastelería situada justo enfrente, en la zona comercial de Caleido, al poco de extrañarse por un olor a quemado. “Ha empezado hace unos minutos”, añade en conversación telefónica con Somos Madrid, que se ha producido en torno a las 17.40 horas de este martes. Otros testigos presenciales también hablan de humo. Algunos, incluso llamas. Según las primeras hipótesis, estas provienen de una explosión cuyo origen queda por confirmar.

Anya, trabajadora del cercano gimnasio Kairo House, sitúa el origen del humo poco después de las cinco de la tarde. “Nuestra alarma de incendios ha saltado hace 20 minutos”, explica mientras relata el desalojo de otro edificio cercano, el de AES. También relata la llegada de mucha policía y bomberos a la zona, con cierto caos de tráfico por momentos. En el momento de la llamada, en torno a las 17.30 de la tarde, aún no sabían si podrían abrir los espacios habilitados para dar clases, que comenzaban a las seis.

Dentro del edificio cubierto por el humo, tres empleados fueron los últimos en ser desalojados, quedando confinados en una zona segura durante cerca de una hora, confirman desde Jefatura. Con su salida, a salvo y sin heridas, ya no quedan personas dentro de la torre incendiada más allá de los efectivos de Bomberos, que han continuado en el interior para revisar el edificio una vez extinto el fuego.

La Torre Moeve tiene 248 metros de altura y es el segundo rascacielos más elevado de la capital y de España, solo superado por la Torre de Cristal, situada justo al lado. Fue diseñada por el arquitecto Norman Foster y construida en el año 2009. El delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que “los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños” en una publicación en redes sociales.

El pasado mes de diciembre la torre sufrió un pequeño incendio provocado por un transformador eléctrico, aunque en esa ocasión el origen del fuego estaba en la planta sótano, por lo que resultó menos llamativo. Fue necesaria, eso sí, la evacuación y el corte del suministro eléctrico.

Una parcela municipal con más de 1.200 metros cuadrados de superficie. A su lado, un muro de propiedad privada, cubierto de hiedra y rodeado de una densa vegetación. Esta se extiende a la vía pública y termina afectando a las zonas de alrededor; al menos, eso dice el Ayuntamiento de Madrid. En un expediente firmado a finales de mayo, el distrito de Fuencarral-El Pardo resolvió exigir a los titulares de esas viviendas colindantes que retiren las enredaderas y contraten, para ello, un servicio especializado que habrán de pagar de su bolsillo. En el aviso municipal también se detalla que estos habrán de abonar una tasa aparte, de 349,64 euros, y notificarlo luego al consistorio.

Sin embargo, no todos lo aceptaron de buen grado. Poco después de recibir el requerimiento, el pasado día 25, el propietario de uno de los inmuebles apelados por la Junta Municipal presentó un recurso de reposición para que la administración diera marcha atrás. En él, contravino algunos de los argumentos de sus servicios jurídicos. El primero de todos, y del que emanan el resto de apuntes, tiene que ver con el origen de la vegetación trepadora.

“Nace y se desarrolla principalmente en una parcela [...] cuya conservación y mantenimiento incumbe exclusivamente al Ayuntamiento, que es quien ha permitido el crecimiento descontrolado de la vegetación hasta afectar a las propiedades colindantes”, insiste el recurso, que se refiere a un terreno en la calle Mirador de la Reina número 41. En el portal urbanístico de Madrid, está calificado como suelo dotacional; es decir, está reservado a un uso de interés público.

Además, el titular asegura que antes de la última resolución municipal (que delega el coste de retirar la hiedra) ya existían solicitudes “reiteradas” de los vecinos para el mantenimiento de la parcela, “motivados por su estado de abandono” y la “proliferación de plagas de roedores”, según se describe en el escrito de reposición. En sus conclusiones, concluye que el consistorio traslada a otrs particulares la obligación de subsanar “una situación imputable en exclusiva a la inacción municipal”, en una orden “llamativa y desproporcionada”.

Preguntados por esta cuestión, desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo –órganos de gobierno ramificados por distritos– afirman no haber recibido aún este recurso. Sobre el origen de la hiedra, insisten en que sus propios técnicos concluyeron después de una inspección in situ que la parra no proviene de estos terrenos: “Ni siquiera lo hemos plantado nosotros”. Dos versiones contrapuestas, la de la administración y la de los propietarios, que ahora deberá dirimirse. “Si el recurso se recibe en plazo, los servicios [jurídicos] lo estudiarán y emitirán una resolución”, concluyen fuentes de la administración local.

En su dictamen del 20 de mayo, el distrito más extenso de Madrid (con casi 24 hectáreas) solicitó a los dueños de una propiedad privada en la calle Cerro de Alamos Blancos, pegada a la parcela del Ayuntamiento, que se deshicieran de los ejemplares de parra virgen después de un informe emitido por sus técnicos, después de personarse e inspeccionar la finca, y en el que se concluye que el crecimiento de la vegetación también estaba afectando al entorno.

Una “contradicción flagrante” del Ayuntamiento

No obstante, el recurso vecinal entiende esta petición como una “contradicción flagrante” de su propia política municipal, que describe a las plantas enredaderas y trepadoras como un elemento con “funciones ecológicas importantes”, entre los que se menciona el alimento que proporcionan a pájaros o polinizadores o la posibilidad de servir de refugio a algunas aves. De hecho, el titular del inmueble argumenta que en las mismas imágenes aportadas por el Ayuntamiento en su notificación existen evidencias de que la vegetación “alberga nidos de pájaros”.

El recurso incide en que, de ser así, los servicios municipales deben constatar que los nidos no están en períodos de incubación “antes de ejecutar cualquier decisión”, amparándose en la normativa estatal del Patrimonio Natural y de la Diversidad (ley 42/2007), que prohíbe destruirlos en este lapso de tiempo. Aunque lo que pretenden los vecinos es que la Administración revoque íntegramente su resolución, se acepta de forma subsidiaria asumir la retirada de hiedra siempre que sea solo en suelo privado y se permita al propietario utilizar “sus propios medios”, sin necesidad de contratar a una empresa intermediaria.

En este caso, el consistorio debe hacerse cargo de la misma tarea en la zona que le corresponde, la de la parcela municipal. Finalmente, el recurso aporta cinco documentos para sostener su argumentación (capturas de las referencias catastrales o el Geoportal del Ayuntamiento e imágenes de la parcela y vistas cenitales) y otros cinco jurídicos, apelando a una “falta de legitimación pasiva” por parte de José Antonio Martínez Páramo, concejal-presidente del distrito, y una serie de posibles vulneraciones del derecho. Todo ha comenzado por una parra de vegetación en los muros de una vivienda, pero parece enredarse hasta ver quién debe deshacerse de ella.