Adolfo y su familia seguirán en casa, al menos, una semana más. Este migrante peruano, que vive con una hija desempleada de 27 años y su nieto, de cuatro, ha logrado algo de tiempo después de una mañana estresante. “Es poco tiempo, pero intentaremos aprovecharlo”, confiesa él mismo a Somos Madrid instantes después de despedir a la comisión judicial, que acudió a su domicilio en Vallecas en torno a las 9.30 horas con una orden de desahucio. Como Maricarmen, la vecina de Retiro que también iba a ser desalojada este miércoles 24 de junio, Adolfo gana margen a la vez que incertidumbre: ninguno sabe si resistirá a otro envite.

“Una vez más, las vecinas organizadas plantamos cara a los rentistas y su negocio de la vivienda. ¡Paramos el desahucio de Adolfo!”, anunciaba poco después de las 10 la PAH Vallekas (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que mandó a un grupo de madrugada para hacer presión frente al lanzamiento. Sobre las ocho y media, al inicio del día, uno de ellos detalló a este periódico que la Policía Nacional estaba, a su juicio, “muy agresiva”; y sin llegar a cortar la calle trataron de despejar la puerta.

“Han intentado sacarnos de allí entre cuatro [agentes], y a un compañero lo tiraron al sueño. Creo que pedirán refuerzos”, auguraban estas mismas fuentes. Finalmente, el desahucio se ha paralizado hasta el próximo martes, 1 de julio. Adolfo ya adelanta que seguirá en conversaciones con su abogado para tratar de resolver el asunto en un tiempo exprés.

Ante la mirada atenta de varios policías, aún desplegados en la zona, agradeció a las puertas de su casa –donde vive de alquiler desde 2017– “todo este apoyo y acompañamiento”. “Estoy muy agradecido: hemos logrado darle guerra a este negocio inhumano de los rentistas, que hace daño a muchas familias. Nos quedan pocos días para seguir luchando, así que intentaremos encontrar la mejor solución o pelear, pelear y pelear: la vivienda es para el pueblo”, proclamó entonces, una vez supo que esta noche volverá a dormir en su cama.

“Es una noticia agridulce, porque solo nos dan una semana, pero es tiempo para que Caixabank cumpla su promesa y renueve el alquiler”, sentenciaron desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su cuenta de X. Hacen referencia al origen del conflicto: el pasado mes de diciembre, Adolfo supo que el piso que alquilaba tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Este apartamento se lo ofreció otro peruano al que conoció en España e iba a volver a su país, y ambos firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo.

Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona. Ahora, después de que su caso se haya unido otros desahucios sonados entre perfiles vulnerables, le espera una cuenta atrás en la que deberá resolver bajo qué techo podrá vivir. Miembros de PAH han denunciado en reiteradas ocasiones que habían logrado un compromiso por escrito con mediadores de Caixabank para examinar este y otros casos similares, repartidos entre Ensanche de Vallecas, Vicálvaro y Pinto. Sin embargo, ninguna de estas promesas parece llegar a materializarse.

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.

Una llamativa nube de humo ha sobresaltado este martes por la tarde el CTBA, la zona donde se concentran los rascacielos más elevados de Madrid. El incendio originado en una de las plantas elevadas de la Torre Moeve, la segunda más alta a su alrededor, que ha sido desalojada una hora después, aproximadamente. Al poco tiempo de avistar el humo, la Policía pudo confirmar que se había producido a raíz de una explosión. Desde Emergencias puntualizan que el incidente nace de la planta 25 del edificio, y el fuego ha logrado extinguirse en torno a las 18.40 horas.

Durante el incendio no se han reportado heridos, en el operativo conjunto con efectivos de Bomberos y de Samur-Protección Civil, agentes de la Policía Nacional y Municipal. Todos fueron trasladados con el primer aviso. “Bomberos lo tiene controlado, siguen trabajando”, anunciaron rápidamente fuentes municipales, que coordinaron el despliegue.

Desde la compañía energética, en cuya sede se ha notificado el incidente, también se han pronunciado. “A las cinco se ha producido un incendio en la sala técnica, cercana a la planta 23, de la Torre Moeve. Inmediatamente hemos activado el protocolo de incendios y se ha efectuado la evacuación sin heridos”, sostienen en un breve comunicado, difundido en su cuenta oficial de X.

Miembros de Samur han atendido a dos trabajadores que estaban en la torre, por inhalación de humo. También a una transeúnte a la que el suceso le provocó una crisis de ansiedad, detallan desde Emergencias Madrid, pero todos fueron dados de alta poco después sin necesidad de un ingreso hospitalario. El servicio de emergencias 112 del Gobierno regional, poco después del incendio, compartió en redes las primeras actualizaciones del Ayuntamiento; mientras que el centro municipal de Gestión de la Movilidad informaba de cortes en el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la calzada interior de la M-30 o sus entradas por los túneles.

“Desde aquí se ve que sale humo de la torre, ahora mismo”, confirmaba una trabajadora de una pastelería situada justo enfrente, en la zona comercial de Caleido, al poco de extrañarse por un olor a quemado. “Ha empezado hace unos minutos”, añade en conversación telefónica con Somos Madrid, que se ha producido en torno a las 17.40 horas de este martes. Otros testigos presenciales también hablan de humo. Algunos, incluso llamas. Según las primeras hipótesis, estas provienen de una explosión cuyo origen queda por confirmar.

Anya, trabajadora del cercano gimnasio Kairo House, sitúa el origen del humo poco después de las cinco de la tarde. “Nuestra alarma de incendios ha saltado hace 20 minutos”, explica mientras relata el desalojo de otro edificio cercano, el de AES. También relata la llegada de mucha policía y bomberos a la zona, con cierto caos de tráfico por momentos. En el momento de la llamada, en torno a las 17.30 de la tarde, aún no sabían si podrían abrir los espacios habilitados para dar clases, que comenzaban a las seis.

Dentro del edificio cubierto por el humo, tres empleados fueron los últimos en ser desalojados, quedando confinados en una zona segura durante cerca de una hora, confirman desde Jefatura. Con su salida, a salvo y sin heridas, ya no quedan personas dentro de la torre incendiada más allá de los efectivos de Bomberos, que han continuado en el interior para revisar el edificio una vez extinto el fuego.

La Torre Moeve tiene 248 metros de altura y es el segundo rascacielos más elevado de la capital y de España, solo superado por la Torre de Cristal, situada justo al lado. Fue diseñada por el arquitecto Norman Foster y construida en el año 2009. El delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que “los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños” en una publicación en redes sociales.

El pasado mes de diciembre la torre sufrió un pequeño incendio provocado por un transformador eléctrico, aunque en esa ocasión el origen del fuego estaba en la planta sótano, por lo que resultó menos llamativo. Fue necesaria, eso sí, la evacuación y el corte del suministro eléctrico.

Una parcela municipal con más de 1.200 metros cuadrados de superficie. A su lado, un muro de propiedad privada, cubierto de hiedra y rodeado de una densa vegetación. Esta se extiende a la vía pública y termina afectando a las zonas de alrededor; al menos, eso dice el Ayuntamiento de Madrid. En un expediente firmado a finales de mayo, el distrito de Fuencarral-El Pardo resolvió exigir a los titulares de esas viviendas colindantes que retiren las enredaderas y contraten, para ello, un servicio especializado que habrán de pagar de su bolsillo. En el aviso municipal también se detalla que estos habrán de abonar una tasa aparte, de 349,64 euros, y notificarlo luego al consistorio.

Sin embargo, no todos lo aceptaron de buen grado. Poco después de recibir el requerimiento, el pasado día 25, el propietario de uno de los inmuebles apelados por la Junta Municipal presentó un recurso de reposición para que la administración diera marcha atrás. En él, contravino algunos de los argumentos de sus servicios jurídicos. El primero de todos, y del que emanan el resto de apuntes, tiene que ver con el origen de la vegetación trepadora.

“Nace y se desarrolla principalmente en una parcela [...] cuya conservación y mantenimiento incumbe exclusivamente al Ayuntamiento, que es quien ha permitido el crecimiento descontrolado de la vegetación hasta afectar a las propiedades colindantes”, insiste el recurso, que se refiere a un terreno en la calle Mirador de la Reina número 41. En el portal urbanístico de Madrid, está calificado como suelo dotacional; es decir, está reservado a un uso de interés público.

Además, el titular asegura que antes de la última resolución municipal (que delega el coste de retirar la hiedra) ya existían solicitudes “reiteradas” de los vecinos para el mantenimiento de la parcela, “motivados por su estado de abandono” y la “proliferación de plagas de roedores”, según se describe en el escrito de reposición. En sus conclusiones, concluye que el consistorio traslada a otrs particulares la obligación de subsanar “una situación imputable en exclusiva a la inacción municipal”, en una orden “llamativa y desproporcionada”.

Preguntados por esta cuestión, desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo –órganos de gobierno ramificados por distritos– afirman no haber recibido aún este recurso. Sobre el origen de la hiedra, insisten en que sus propios técnicos concluyeron después de una inspección in situ que la parra no proviene de estos terrenos: “Ni siquiera lo hemos plantado nosotros”. Dos versiones contrapuestas, la de la administración y la de los propietarios, que ahora deberá dirimirse. “Si el recurso se recibe en plazo, los servicios [jurídicos] lo estudiarán y emitirán una resolución”, concluyen fuentes de la administración local.

En su dictamen del 20 de mayo, el distrito más extenso de Madrid (con casi 24 hectáreas) solicitó a los dueños de una propiedad privada en la calle Cerro de Alamos Blancos, pegada a la parcela del Ayuntamiento, que se deshicieran de los ejemplares de parra virgen después de un informe emitido por sus técnicos, después de personarse e inspeccionar la finca, y en el que se concluye que el crecimiento de la vegetación también estaba afectando al entorno.

Una “contradicción flagrante” del Ayuntamiento

No obstante, el recurso vecinal entiende esta petición como una “contradicción flagrante” de su propia política municipal, que describe a las plantas enredaderas y trepadoras como un elemento con “funciones ecológicas importantes”, entre los que se menciona el alimento que proporcionan a pájaros o polinizadores o la posibilidad de servir de refugio a algunas aves. De hecho, el titular del inmueble argumenta que en las mismas imágenes aportadas por el Ayuntamiento en su notificación existen evidencias de que la vegetación “alberga nidos de pájaros”.

El recurso incide en que, de ser así, los servicios municipales deben constatar que los nidos no están en períodos de incubación “antes de ejecutar cualquier decisión”, amparándose en la normativa estatal del Patrimonio Natural y de la Diversidad (ley 42/2007), que prohíbe destruirlos en este lapso de tiempo. Aunque lo que pretenden los vecinos es que la Administración revoque íntegramente su resolución, se acepta de forma subsidiaria asumir la retirada de hiedra siempre que sea solo en suelo privado y se permita al propietario utilizar “sus propios medios”, sin necesidad de contratar a una empresa intermediaria.

En este caso, el consistorio debe hacerse cargo de la misma tarea en la zona que le corresponde, la de la parcela municipal. Finalmente, el recurso aporta cinco documentos para sostener su argumentación (capturas de las referencias catastrales o el Geoportal del Ayuntamiento e imágenes de la parcela y vistas cenitales) y otros cinco jurídicos, apelando a una “falta de legitimación pasiva” por parte de José Antonio Martínez Páramo, concejal-presidente del distrito, y una serie de posibles vulneraciones del derecho. Todo ha comenzado por una parra de vegetación en los muros de una vivienda, pero parece enredarse hasta ver quién debe deshacerse de ella.

“A veces se dice que hay proyectos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Este era uno de ellos. Y, sin embargo, gracias al esfuerzo, la generosidad y la confianza de muchas personas, el IES Numancia ha logrado hacerlo realidad: un viaje de estudios”. En octubre del año pasado, un instituto en un barrio obrero decidió que no iba a conformarse por tener menos recursos. Este centro de Vallecas, uno de los distritos con menor renta per cápita de Madrid, llevaba 15 años sin poder organizar una salida. Ocho meses más tarde, afrontan el último tirón del curso sabiendo que aquel deseo sí estaba a su alcance: gracias a una colecta viral, han regresado a casa después de tres días en Granada.

En otoño, un grupo de profesores abrió un crowdfunding con el objetivo de llegar a los 8.000 euros, la cantidad que necesitaban para que el alumnado del IES Numancia –con unos 300 estudiantes, entre Primaria y Secundaria– pudiera visitar la Alhambra, bañarse en las playas de Salobreña o contemplar la capital nazarí desde sus impresionantes miradores. No todos pudieron viajar, pero la cifra final ha ido creciendo con sus expectativas: si en un primer momento se plantearon llevar a unos 60 alumnos, en la madrugada del pasado 8 de junio fueron 84 estudiantes y siete docentes quienes, a bordo de un autobús, pusieron rumbo a la ciudad andaluza.

Habían quedado muy temprano, casi a las cinco de la mañana, en la puerta del instituto. “Sorprendentemente, nadie faltó ni llegó tarde. Está claro que esta ilusión que nos movía fue capaz de vencer hasta a la más pertinaz de las perezas adolescentes”, recuerda ahora con gracia su profesor de Geografía e Historia, David Sicilia. El es uno de los docentes que capitearon la colecta, que terminó duplicando su presupuesto inicial: de los 8.000 euros fijados, al cierre del crowdfunding habían recaudado casi 20.000 euros en donaciones, algunas de hasta 100, 200 o 400 euros.

Otros métodos más tradicionales para costear viajes largos no eran efectivos en Puente de Vallecas, donde vender dulces a 22 euros la caja no se logra fácilmente. Finalmente, el viaje salió puntual y con alguna sorpresa. “Tuvimos un nuevo momento de suspense antes de la salida: se presentó un estudiante que inicialmente había estado incluido en el viaje, pero que hace unos meses nos dijo que no podía ir”, recuerda el profesor en una crónica del viaje. Aunque no estaba previsto, comprobaron que aún quedaba un asiento libre y, rápidamente, contactaron con el hotel: “¡Se subió al bus en el último instante!”.

Los nervios impidieron conciliar el sueño, y algunos vieron amanecer desde sus ventanas. Después de una parada a medio camino, donde pudieron contemplar los territorios en los que tuvo lugar la batalla de Las Navas de Tolosa –y que aparece en su temario de Historia–, llegaron al embalse de Cubillas. Entre las montañas granaínas pasaron la mañana practicando actividades acuáticas. Kayak, remo, hidropedales, paddle surf... el alumnado disfrutó del enclave hasta las cinco de la tarde, cuando pudieron contemplar una panorámica de la ciudad que estaban a punto de conocer desde el mirador de San Cristóbal. “Las vistas desde allí son impresionantes”, admite Sicilia.

Se hicieron fotos, tomaron conciencia de dónde estaban y lo que habían logrado. Nada más llegar al hotel volvieron las sorpresas: Amanda, que había sido profesora en el Numancia tres cursos atrás, apareció en el hall para convertirse en guía inesperada en su primer paseo de reconocimiento. Después de cenar, disfrutaron “con responsabilidad” de la noche y volvieron a las habitaciones con un buen sabor de boca. Ya al día siguiente tocaba el plato fuerte del viaje: una visita a la Alhambra.

Divididos en grupos de cuatro, pasaron dos horas y media en el complejo fortificado, corazón del antiguo reino nazarí de Granada. “Nos impresionaron profundamente la belleza de los palacios y la gestión andalusí del agua”, sigue la crónica de David Sicilia. Antes de eso, a primera hora, pudieron disfrutar de otra joya del patrimonio nacional. En la Capilla Real les esperaba un grupo de guías voluntarios de una asociación local de Granada, taQa. Cuando conocieron su historia, se ofrecieron de manera gratuita a mostrar sus conocimientos al alumnado, que también accedió sin coste al monumento gótico.

“Antes de entrar, dedicamos unos minutos a tomar conciencia de todo lo que había hecho posible estar allí y a agradecer la generosidad”, reflexiona el docente, una semana después de aquel viaje. Esa noche, la última, fueron a la bolera: “Casi nadie había jugado nunca, así que nos reímos tanto de nuestros aciertos como de nuestros fallos”. A la mañana siguiente también hubo primeras veces. Cuando Somos Madrid se hizo eco de la colecta del IES Numancia, David Sicilia recordó que para muchos estudiantes esa sería la primera vez que ven el mar. Entonces aquello era solo un sueño bonito, pero ese día pudieron cumplirlo.

“Cuando llegamos a la playa de Salobreña, comprendimos que todo el esfuerzo había merecido la pena”, resume el profesor, uno de los principales impulsores del crowdfunding, en su recuerdo del viaje: “Uno de los motivos que nos hicieron ponerlo en marcha era que parte del alumnado nunca había visto el mar. Por eso, compartir ese instante tuvo algo de especial y de emocionante. Hubo reacciones de todo tipo, aunque algunas nos arrancaron una sonrisa inmediata. La meteorología se puso de nuestra parte y el cielo permaneció nublado durante buena parte de la mañana, lo que nos permitió disfrutar sin sufrir el calor directo del sol. Pasamos horas bañándonos, paseando por la orilla, jugando y, sobre todo, disfrutando de una experiencia que difícilmente olvidaremos”.

Han vivido años de idas y venidas. Primero el asesinato de su madre; luego, un desahucio. Pero las hijas de Miguela Novas Novoa, a la que en 2023 asestaron 45 puñadas hasta acabar con su vida, ya tienen un veredicto oficial para el juicio contra su agresor. Richard Fermín, original de República Dominicana, ha sido declarado culpable por unanimidad, después de confesar el crimen en el primer día del juicio. En una vista pública, el portavoz de un jurado popular ha anunciado la decisión de condenarle por un delito de asesinato con agravante de género, según ha publicado Europa Press.

Finalmente, tampoco se ha aceptado aplicar un atenuante por alteración psíquica, consumo de drogas o su propia confesión de los hechos, tal y como solicitaba su defensa. El juicio arrancó el primer día de junio con la declaración del acusado. Después testificó la única hija mayor de edad de Miguela, Leticia, que relató un historial de violencia, acoso y derribo. La joven, de 22 años, narró cómo conoció a Richard Fermín y las amenazas que este profería a su madre casi desde el inicio de la relación, el año de la pandemia.

Luego llegaron los golpes, que Miguela trataba de disimular ante sus hijas o atribuía a alguna caída accidental, y más tarde el acoso se extendió a su propia familia: “Mi madre quería dejarlo, pero no podía. Si bloqueaba su teléfono él me llamaba a mí, lo hacía mil veces, y me decía que le iba a enseñar a respetar a los hombres”, llegó a expresar ante el juez. Al comienzo del juicio, la Fiscalía pedía para el asesino confeso de esta vecina de 35 años, que vivía en Villaverde, una pena de 25 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y discriminación por razón de género, tal y como están tipificados estos delitos en el Código Penal.

Pena de prisión e indemnizaciones a la familia

Además, el Ministero Público solicitó indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los hijos menores de edad, por su condición vulnerable en el momento de los hechos; 111.500 euros para Leticia y 86.000 para la abuela de la víctima, que quedó a cargo de sus nietas. La mayor hija de Miguela aseguró en la Audiencia Provincial de Madrid que, ya una vez empezaron las amenazas o los golpes, la idea cortar la relación empezó a complicarse. “Yo me enfadaba con ella y le pedía que lo dejara, pero tenía mucho miedo”, contó Leticia, reconociendo que en aquella época no se fiaba de las explicaciones de su madre y decidió tomar medidas.

Le revisó el teléfono, leyó conversaciones que, para ella, ratificaron una situación de abuso. Llegó a ir dos veces a la comisaría para presentar una denuncia, pero allí le dijeron que solo la afectada podía interponerla, según testificó ella misma. Tanto la joven como sus dos hermanos menores, un niño de nueve años y otra chica de 11, siguieron viviendo con su abuela Victoria, madre de la mujer asesinada, hasta que a principios de enero fueron desahuciadas de aquella casa. Victoria N.P., que vive con unos 600 euros al mes para mantenerse a ella y a sus nietas, contrajo una deuda hipotecaria con Caixabank que luego fue adquirida por una empresa inmobiliaria, llamada Circleville SL.

A finales de año recibieron un aviso de lanzamiento, y la mayor de las hermanas terminó mudándose con la familia de su pareja para alejarse de la ansiedad que todo aquello le causaba. Cuando comenzó el juicio contra el asesino confeso de su madre habían pasado tres años desde que fue asesinada. Entre medias, un conflicto de papeles relatado por la familia: o no tenían la acreditación oficial como víctimas de violencia de género, o Leticia y su abuela hacían malabares para obtener la custodia de los pequeños, que según ellas pasó a quedar vacía con la muerte de Miguela. Tampoco recibieron las becas públicas de comedor en los colegios donde ambos están matriculados, pese a que existe una categoría específica para víctimas de esta lacra.

La Conferencia Episcopal mantiene su fe en los 150 millones. Es el retorno económico que calcularon para la visita del papa a Madrid, cofinanciada con fondos públicos y que supuso un desembolso inicial de 25 millones de euros, aproximadamente. Pese a esta creencia, las evidencias empíricas marcan en un sentido contrario: en la capital hubo hosteleros que percibieron un bajón en las ventas, muy alejadas de las expectativas iniciales. Los libreros también achacan el bajón de ventas en la Feria del Libro a las restricciones a la movilidad. Sin embargo, la institución católica se muestra segura de que se cumplirán sus estimaciones, e incluso ven posible llegar a superarlas.

“Hemos encargado una auditoría sobre el impacto económico, pero la Comunidad de Madrid ya estima unos 120 millones de euros solo en esa región. Podemos prever que la cifra total de la visita estará en la línea que dijimos”, respondió a los medios el coordinador nacional adjunto de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, cuando al cierre de sus intervenciones esta fue la primera pregunta que se lanzó en la sala.

Acompañado del presidente de la organización de obispos, Luis Argüello, y también del coordinador Yago de la Cierva, el representante de la Iglesia española no descartó que esta cifra final pueda aumentar aunque, como mínimo, fue firme en que cumplirá con sus previsiones. Los resultados del estudio se conocerán y harán públicos “en las próximas semanas”, tal y como auguró Giménez Barriocanal. De confirmarse esos 150 millones de beneficio, significará que los ingresos totales de la visita han rondado los 175 millones de euros, sin descontar los gastos.

“No sé cuánto dinero será, pero claramente está muy por encima de todo el esfuerzo que se ha hecho en materia económica”, concluyó el religioso, a lo que añadió “toda la aportación al bien común” que a su juicio trajo el viaje apostólico, y que “no se traduce en el PIB [Producto Interior Bruto] pero también es importante”. Más allá de la fe, al cierre de su viaje a Madrid el optimismo no abundaba entre camareros y hosteleros.

Choque con la percepción de los trabajadores de hostelería

Este periódico recogió algunas declaraciones en locales y restaurantes dentro de la M-30, que coincidían en la percepción de unas expectativas frustradas. “Ha venido menos gente el fin de semana”, contó una empleada en un restaurante próximo a Matadero, un centro cultural, que vinculó el “bajón” de ingresos con las restricciones en los desplazamientos. El despliegue municipal ante la visita ha sido total, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir a las empresas que facilitaran el teletrabajo, para evitar colapsos de movilidad.

Los trabajadores consultados por Somos Madrid apuntaron a otras particularidades que llegaron con León XIV, como retrasos de los proveedores o el pinchazo en las reservas para las comidas o cenas, “resentidas” por la incertidumbre en los desplazamientos. Esta misma semana se hacían públicos los datos de otro gran evento en la capital, la Feria del Libro, cuyo balance provisional empeoró ligeramente respecto a su última edición.

Aunque el recuento definitivo no se sabrá hasta el miércoles, hasta el jueves pasado se registró una facturación de 7.260.000 euros y 430.845 ejemplares vendidos. Unas cifras que se quedan a las puertas de su impacto en 2025, cuando el mismo balance inicial reportó más de 7,5 millones de euros y añadió unos 20.000 libros más a los que se vendieron en estos días. A falta de que la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal rebata estas predicciones, la certeza hasta el momento es que un evento católico ha captado la atención y recursos de toda la ciudad.

El año arrancó con la promesa de deschabolizar Madrid, eliminando asentamientos improvisados en las laderas de la M-30 a su paso por Ventas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo defendió aludiendo a “molestias” y “problemas de convivencia” con los vecinos, pero ahora vuelve al centro de la diana por un caso parecido: según El País, el Ayuntamiento ha dado la orden de no avisar a las personas sin hogar antes de retirar sus pertenencias del lugar en el que pernoctan, como se venía haciendo hasta ahora desde los equipos municipales de apoyo.

El consistorio niega que esto se haga sin al menos un aviso previo, aunque evita dar respuesta a la pregunta de si ha habido algún cambio en las directrices de su personal, tal y como sostiene El País. En sus informaciones, el periódico recoge que este cambio es efectivo desde marzo, cuando se obligó a los Equipos de Calle no notificar de los operativos de limpiezo que podían acabar tirando algunas pertenencias de personas sin hogar. Sin embargo, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento consultadas por Somos Madrid insisten en que “no se tira nada sin notificarlo”.

“Siempre se ha avisado [a las personas sin hogar] y lo seguiremos haciendo”, afirman sobre los protocolos de limpieza, que pueden afectar a sus enseres. El departamento que dirige de José Fernández justifica estas actuaciones como una forma de evitar “problemas de salud pública”, como la acumulación de basura en la calle o la atracción de roedores. También invita a las personas en situación de calle a “tener recogidas sus pertenencias”, aunque no llega a detallar cómo hacerlo si no tienen casa donde guardarlas.

“Los equipos de calle trabajan con ellos cómo hacer uso del espacio público evitando la insalubridad”, se limitan a decir. Pese a las explicaciones municipales, las informaciones publicadas recogen testimonios anónimos de trabajadores sociales que aseguran haber recibido una directriz expresa y haber manifestado expresamente su desacuerdo con ellas. Una cuestión que el consistorio ha esquivado en distintas respuestas.

El propio Almeida también ha salido al paso de las críticas. Ante esta última controversia, el alcalde defiende que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa ha asegurado que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Sanz es también la responsable de Seguridad y Emergencias, departamento del que depende la Policía Municipal. Este cuerpo es el que se encarga, junto a Samur Social y Selur (el servicio municipal de limpieza), de llevar a cabo los operativos de higiene urbana. Ha pasado medio año desde que Almeida comenzó a desmontar chabolas por todo Madrid, y apenas una semana desde que la visita del Papa León XIV devolviera el protagonismo a las personas sin hogar. Sin embargo, las acusaciones cruzadas ya están de vuelta.

Ni los jóvenes son de extrema derecha, ni Vox es el partido que más les convence. Al menos es lo que retrata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que ya en sus últimos barómetros colocó al partido de Abascal en tercer lugar para el votante de entre 18 y 24 años, un tramo de vida asociado en la educación reglada a la etapa universitaria. Los datos recogidos en el mes de abril le dieron un 14,8% en intención de voto joven, unos dos puntos menos que el PP (17,1%) y seis respecto al PSOE (21,4%), la opción más popular entre los encuestados. Pero el porcentaje que sobresale es el que está aún en disputa: el 23% de votantes con menos de 25 años está indeciso, prefiere no votar o echará una papeleta nula o en blanco. Para llegar a ellos, la extrema derecha se ha fijado en las universidades: un espacio plagado de jóvenes en pleno proceso de politización y con edad para votar.

En el camino han logrado visibilidad, pero aún están lejos de alcanzar la hegemonía. Durante el 15-M, la comunidad universitaria se volcó en las protestas y reclamó mejoras sociales en un momento de hastío político. Algunos campus de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM) o la Carlos III se convirtieron en un símbolo del movimiento: sus estudiantes, docentes y las asambleas universitarias tuvieron una participación activa en las acampadas de la Puerta de Sol. Juventud Sin Futuro, uno de los colectivos que prendieron la mecha del 15-M era, de hecho, eminentemente universitario.

Cuando pasó 2011 y el suflé bajó, ese activismo desde las aulas quedó centrado en causas más concretas, y no tanto en un descontento general: feminismo, movimientos por la educación pública o reivindicaciones culturales. En ese tiempo, tanto los grupos más conservadores como los de extrema derecha permanecieron ajenos a la hegemonía cultural, y su presencia pública en las facultades fue más bien de nicho, muy focalizada en organizaciones concretas como el sindicato Respuesta Estudiantil, extinto desde 2015. Pero en la última década y, especialmente, desde hace unos años, todo parece distinto.

“¿A ti también te han dicho que la II República fue un paraíso?”

El pasado 20 de abril, un anuncio volvió a mover las aguas. El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) envió un correo electrónico a la comunidad universitaria para anunciar un evento. “¿A ti también te han trasmitido que la Segunda República fue un paraíso democrático?”, comenzaba el mensaje. En cierto modo, acabó volviéndose en su contra. Este órgano interno de gobierno es de carácter público y gestiona todo lo relativo al alumnado, e invitó a las facultades a una ponencia con los autores de un libro de 2017. En él, dos historiadores de otra universidad madrileña, la Rey Juan Carlos (URJC), plantearon la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios de la Segunda República, que aceleraron su fin.

Estos dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que obtuvo la mitad de los votos y prendió la mecha de la Guerra Civil. En la agenda de la UAM, el acto de Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío —que ya avanzan en la sinopsis que su libro “causará polémica y debates encendidos”—, no contaba como actividad oficial. Esto, según la universidad, no necesariamente es inusual: ocurre con los eventos no institucionales o que no convocan ellos directamente, sino una entidad externa o alguna asociación estudiantil. En este caso, era lo segundo.

Pero todo lo demás fue fruto de un error: al día siguiente, el propio Vicerrectorado de Estudiantes remitió un segundo e-mail en el que pedía hacer “una aclaración”, dado que “la redacción del [anterior] mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta”. “Estimados estudiantes, [...] La difusión de este tipo de actividades a través de los canales institucionales responde a la solicitud recibida, pidiendo la difusión de una actividad organizada por estudiantes. En ningún caso dicha difusión implica una toma de posición institucional, ni la asunción de los contenidos, enfoques o planteamientos de los actos anunciados”, escribió su vicerrectora, Nuria Fernández Monsalve.

El órgano de representantes insistió en su “compromiso con el rigor académico, el pensamiento crítico y los valores democráticos que inspiran a la institución, así como con una convivencia basada en el respeto y el diálogo”. “Tomo nota de ello: reforzaremos los criterios de comunicación para que el carácter estrictamente informativo de estos envíos resulte inequívoco”, se disculparon. Aunque, a preguntas de Somos Madrid, desde la Universidad Autónoma aseguraron que el segundo correo electrónico “no se envió expresamente por haber recibido críticas”, sí admiten una “confusión”: ese acto no era de la institución, así que no tenía que haberse promocionado por las vías oficiales.

Sin embargo, rectificaron la primera comunicación al “darse cuenta de que no era un evento de la universidad”. La diferencia entre unas actividades u otras, además de quién las coordina, es si por lo general reciben subvenciones públicas para desarrollar su agenda. De momento, nada apunta a que así fuera en el coloquio sobre 1936: la actividad sí que parte de una organización elegida entre las que representan al alumnado en la Facultad.

Los nombres detrás de estos movimientos juveniles

Alternativa estudiantil es una asociación próxima a la extrema derecha en la universidad española. Conocedores de que el fetichismo de las pequeñas diferencias ha funcionado tradicionalmente en el campo nacional —incluso más que para la izquierda—, su discurso delimita líneas maestras que refuerzan algunos conceptos como patria, familia y religión. Un vistazo a sus redes sociales devuelve multitud de mensajes que caben en estos moldes, y congregan los temas habituales de una derecha sincretista o algunos homólogos en Europa, como el espacio florentino Casaggi Firenze. Que, de hecho, ha servido de cantera juvenil para Fratelli d'Italia, el partido de Georgia Meloni.

Entre sus memes abundan los mensajes islamófobos, recuerdos franquistas, alusiones a la Reconquista, imaginería católica elaborada con IA, las teorías de la conspiración de sus hermanos mayores (como la del 11-M) o defensas indisimuladas del plan Kalergi (un supuesto complot internacional para importar trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las “razas europeas”). Pero el origen del grupo hay que buscarlo en las políticas europeas de movilidad universitaria.

Diego Fernández de Eribe venía militando en grupos juveniles de extrema derecha desde el Bachillerato. Algunos nombres: Revuelta Identitaria, Juventud Identitaria, Estudiantes por España o Plataforma 722. En 2022, la beca Erasmus le llevó hasta la ciudad de Turín, donde militó en el Frente Universitario de Acción Nacional, una veterana formación italiana de extrema derecha cuyas prácticas quiso trasladar a España a su vuelta. Un año después, se juntó con antiguos camaradas y miembros del entorno del medio de comunicación Herqles para fundar Alternativa Estudiantil. La mayoría de estos datos los contó el fundador de la asociación para un trabajo académico, hace ya un año.

Fernández de Eribe también ha trabajado en CitizenGo (marca europea de la que depende Hazte Oír) y fue candidato por Vox en Ávila. Dimitió en septiembre de 2025 como presidente de la asociación que él mismo había fundado, pero sigue activo en los saraos del campo juvenil patriota. Intervino como activista, pero sin filiación militante, en la conferencia celebrada en Madrid el pasado 11 de abril sobre Remigración llamada Frontera, en la que participaron el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto con miembros de otros grupos españoles y portugueses de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Alternativa Estudiantil.

Los vínculos con Vox: militantes invitados y actos comunes

En un comunicado emitido luego por la organización, esta salió al paso de las suspicacias ocasionadas por los movimientos internos de Vox, o la creación de posibles escisiones en la formación para declarar su independencia. Aunque nacieron en Madrid y esa sigue siendo su principal base de maniobras —actualmente tienen presencia en la UAM, la Universidad Carlos III, la Complutense y la Rey Juan Carlos—, se han extendido a Asturias, Valencia, Alicante y Málaga, según sus publicaciones en redes sociales.

Los referentes internacionales en los que se apoyan son otros grupos y sindicatos juveniles de la derecha, como el ya mencionado de Turín o el NSV flamenco. También los franceses Cocarded étudiante, con quienes mantuvieron un encuentro en el Centro Social Hermanos García Noblejas de Pueblo Nuevo, punto de encuentro ideológico en el barrio que opera bajo el nombre Asociación Cultural Alfonso I. Dentro de España, se incardinan en una tradición de grupos de extrema derecha como Respuesta Estudiantil, ya desaparecida; además, tienen relaciones con otros grupos universitarios similares, como X El Futuro (Alicante), S'ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, ambos de Cataluña. Juntos acudieron recientemente a un acto en Castellón al que también asistió Jorge Buxadé, de Vox.

La coincidencia en espacios comunes con Vox no es anecdótica. El pasado 12 de abril participaron en un acto de Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox. Solo unos días después, una delegación del grupo se fotografiaba con los diputados Carlos Hernández Quero e Isabel Pérez Moñino, certificando la cercanía a los sectores soberanistas y más alejados del liberalismo de la formación de extrema derecha. Sin ir más lejos, sus redes exhiben otras reuniones públicas con Hernández Quero.

Alternativa Estudiantil nació en septiembre de 2023 en el seno de la Facultad de Derecho de la UAM. Aunque critican constantemente a los “institucionalistas”, han hecho de la participación en los órganos de representación estudiantil de las facultades una punta de lanza para su crecimiento, junto con la organización de actos polémicos y las habituales pegadas de carteles. Su primera actuación reseñable fue presentarse a las elecciones de Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la misma universidad.

Entonces obtuvieron dos representantes y pasaron a la acción, insistiendo en discursos críticos con las universidades, la izquierda o esos colectivos denominados institucionalistas y trasladando el mensaje de que sus preocupaciones habituales son ajenas al día a día del alumnado. La baja participación en los distintos comicios universitarios permiten que, con muy pocos votos, un grupo organizado consiga cierta representación en los órganos de representación universitarios. En un ejemplo elocuente: en las elecciones de la UAM en marzo de 2026, lograron un representante con 10 votos en el Consejo de Gobierno.

El avance desde 2018 y la visibilización de actos polémicos

La excepción española en Europa respecto al peso de partidos de extrema derecha en sus Cortes vio su fin en diciembre de 2018. Vox, que había ganado fuerza con el conflicto catalán, entró de lleno al Parlamento andaluz y anticipó la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. Con este impulso, algunos de esos espacios condenados a la marginalidad volvieron a tomar parte en el debate político. En las universidades madrileñas, uno de los episodios más polémicos tuvo lugar hace cuatro años.

Era abril de 2022 cuando un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) increparon a Javier Ortega Smith hasta expulsarle de un acto no autorizado en la Facultad de Ciencias Políticas. El Campus de Somosaguas vio nacer a Podemos y está íntimamente ligado a la historia reciente de la izquierda. El entonces miembro de Vox, hoy en disputa abierta con su dirección, había acudido a un evento organizado por una plataforma ajena a la universidad, y que el Decanato ya había cancelado un día antes. Sin embargo, sus promotores avisaron de que eso no les pararía. La facultad terminó cerrando preventivamente sus instalaciones y hubo un gran despliegue policial, similar al que se repitió en febrero del año pasado con un antiguo compañero de siglas de Ortega Smith.

En febrero de 2025, cientos de estudiantes se plantaron en la Complutense para boicotear un acto de Iván Espinosa de los Monteros. Como el invitado no podía acceder a la sala de conferencias, acabaron suspendiéndolo. Pero estas disputas muy sonadas fueron marcando una voluntad ideológica, en busca de asentar a determinados grupos en un entorno universitario que hasta entonces se les escapaba. La cita con Espinosa de los Monteros la había convocado, precisamente, una de las asociaciones estudiantiles con representación entre facultades.

Libertad Sin Ira nació en 2021. Capitaneada por Ignacio Dancausa, hoy al frente de las Nuevas Generaciones del PP, su objetivo fundacional era disputar el “monopolio” de la izquierda en las universidades públicas. Hoy constan en el listado oficial de asociaciones con representación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Entre los valores que ellos mismos exponen en su página oficial suenan muchos conceptos comunes (consenso, democracia representativa, libertad de expresión...) y otros que resuenan en círculos conservadores, como la unidad o la lealtad a España.

Los recursos universitarios para asociaciones estudiantiles

Dos años después de echar a andar, en marzo de 2023, Libertad Sin Ira protagonizó un primer momento tenso con la universidad, algo distinto al que luego vivió con el acto frustrado de Iván Espinosa de los Monteros. La asociación estudiantil había invitado a otra cara visible de Vox, Rocío Monasterio, para ofrecer una charla por el 8-M. Como el resto de políticos mencionados, Monasterio hoy ya no forma parte del núcleo de Santiago Abascal, pero entonces era uno de sus rostros más conocidos. La Facultad de Derecho de la UCM, donde se quería organizar la cita, advirtió que esta “no había sido autorizada” y que, por lo tanto, tampoco podría celebrarse.

Eso no frenó su expansión: para cuando volvieron a intentarlo, en 2025, esta organización ya había consolidad su presencia en varias universidades madrileñas. Según su propia página web, aún mantienen delegados estudiantiles en cuatro de seis instituciones: la UCM, la URJC, la UAM y la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Sobre qué implica formar parte de la Junta de Gobierno o de Facultad en uno de estos centros académicos habla una de las plataformas con presencia transversal en varios de ellos, UAM x la Pública. Nacieron en la Universidad Autónoma como una agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores de derecha de la universidad pública.

Uno de sus portavoces explica a Somos Madrid que, de entre las asociaciones estudiantiles, no todas tienen una razón política o de lucha social. De hecho, son las menos frecuentes. La mayoría de entidades registradas por el alumnado son culturales o de ocio. La plataforma universitaria de la UAM detalla que algunas giran en torno a los juegos de mesa, o a la robótica en el caso de algunas escuelas de ingenieros. Cuando obtienen representación formal en unas elecciones de la facultad, también pueden acceder a un presupuesto que cada academia dispone para actividades impulsadas por estudiantes. “En la [Universidad] Autónoma, por ejemplo, te dan alguna ayuda según el tipo de actividad que propongas”, aseguran desde la organización universitaria, que calcula unos 100 euros obtenidos para un taller de reprografía y 150 en otro de carpintería.

El dinero iba a parar a la adquisición del material con el que desarrollar y promocionar el evento. Aunque las cantidades siempre varían, en función de lo que cada centro decida en sus cuentas. “A veces se pide que el alumnado adelante el presupuesto. Se pacta una cuantía, luego se aportan facturas de todo y, al final, la universidad lo repone”, afirman las mismas fuentes, tajantes a la hora de citar alguna referencia directa a las asociaciones estudiantiles que hoy orbitan en sus facultades y mantienen vínculos con la extrema derecha. “Al final, su verdadera ventaja no es la de tener una gran representación e influencia interna, sino el hacer ruido. Si les damos otro altavoz, dudo que eso juegue a nuestro favor”, concluyen.

El proceso electoral del Colegio de Arquitectos de Madrid puede llegar a su resolución un año después de que se celebraran las elecciones. La candidatura ganadora de los comicios, Todos COAM, de corte más conservador y con el exconcejal del PP Sigfrido Herráez al frente, sufrió el pasado 1 de junio un revés en los tribunales, al anularse las medidas cautelares que permitieron su concurrencia a las elecciones.

El caso es complejo porque lo que se debatía antes de los comicios para dirigir el órgano que agrupa a 11.000 arquitectos en Madrid era si el actual decano podía presentarse, ya que la lista alternativa, Nexo COAM, de corte más progresista, aseguraba que había cumplido el máximo de mandatos posibles. La cuestión se ha dirimido durante un año en los tribunales hasta la resolución de hace dos semanas, cuando su candidatura quedó anulada por no haber agotado antes la vía administrativa, le dijo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid.

Ante esa situación, la Mesa Electoral ha acordado esta semana convocar la toma de posesión como nuevo decano del candidato de Nexo COAM, Jesús San Vicente. Está fijada para el próximo martes, 16 de junio, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Pero aún no está claro que pueda llegar a producirse.

El actual vicedecano del Colegio y miembro de la candidatura de Herráez, Pablo Olalquiaga, resalta en declaraciones a Somos Madrid que el juzgado “no ha entrado aún al fondo de la cuestión” y “solo” advierte que deberían haber agotado antes la vía administrativa, “sin llegar a entrar en si la candidatura era o no elegible”. En este sentido, apunta a que sus abogados ya están examinando la cuestión de cara a próximas acciones, y critica la actitud de la Mesa Electoral: “No tienen ninguna potestad para convocar una investidura cuando el conflicto aún no se ha resuelto”.

Mientras todo se aclara, Sigfrido Herráez sigue siendo el decano del COAM. Lleva un año en el cargo de forma interina, mientras se resolvía este proceso judicial. Ahora, la candidatura de San Vicente teme que vuelva a adoptar la misma estrategia para perpetuarse como decano. Esta investidura tendría lugar después de unas elecciones en las que la candidatura de Herráez -ahora anulada- ganó los comicios de 2025, aunque lo hizo por un estrecho margen.

Un máximo de mandatos puesto en duda

Herráez ascendió a la cúpula del COAM en 2020, después de una moción de censura contra su predecesora. Como la legislatura ya estaba a medio terminar solo dirigió el órgano durante año y medio, pero bastan 365 días para que, según el artículo 30.5. de sus estatutos, compute como un mandato de cara a volver a presentarse: un miembro de la junta directiva solo puede permanecer un máximo de dos legislaturas.

Cada una consta de tres años, y Herráez solo llevaba cuatro y medio antes de las elecciones. Sin embargo, esta letra pequeña derivó en una hecatombre preelectoral, cuyas consecuencias judiciales aún colean. Mientras tanto, el próximo mes de noviembre se cumplirán seis años de la elección del decano, el periodo máximo de mandato que contemplan los estatutos del COAM.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

Los derribos en la Cañada Real, el asentamiento chabolista entre Madrid, Rivas y Coslada que las administraciones aún tratan de erradicar, vuelven a llamar la atención de los tribunales. Después de que, en julio del año pasado, la Audiencia Provincial madrileña condenara a un alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a nueve años de inahibilitación por “prevariación administrativa” en la demolición ilegal de una vivienda, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo acaban de admitir a trámite nuevos recursos que apuntan a más derribos ilícitos. La lupa judicial, esta vez sobre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, examinará otros casos recientes denunciados en el sector 4.

Los tribunales que investigarán las reclamaciones serán los números 7 y 25 de Madrid. De ello han informado desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que lleva ambos procedimientos. El letrado Javier Rubio, que forma parte de la defensa, explica que las demoliciones han afectado a la mitad de una vivienda y parte de otra parcela. Allí viven dos familias, que han pasado “más de una década” en este tramo de la vía pecuaria, hoy sujeta a un Pacto Regional entre administraciones públicas para dar soluciones habitacionales y urbanísticas al problema que plantean estos terrenos.

En octubre de 2020, la empresa eléctrica Naturgy cortó el suministro en la Cañada Real, dejando a sus vecinos sin luz bajo el argumento de unos cultivos ilegales enchufados a esa corriente. Desde entonces algunos sectores permanecen sin electricidad, aunque los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid han ido organizando traslados a otras viviendas (muchas veces a kilómetros de la capital) para vaciar por completo el recinto. Ahora, los vecinos pretenden denunciar el “acoso institucional” que avistan de por medio con una protesta el próximo domingo, 14 de junio. Saldrán a manifestarse en las calles de Rivas.

El consistorio ripense ha defendido la legalidad de su actuación el 28 de abril en el sector 4, y recuerda que los asentamientos se alzan sobre suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid y “protegido frente a nuevos desarrollos urbanísticos”, como en ocasiones se ha augurado para el futuro de la Cañada. El Ayuntamiento de Aída Castillejo sostiene que las intervenciones “no se dirigieron contra viviendas ni hacia asentamientos residenciales”, sino “ocupaciones ilegales de suelo público anexas a las construcciones” que ya habían recibido sanciones urbanísticas, pero “volvieron a ser ocupadas para usos privativos”.

Asegura que colaborará con la Justicia “aportando toda la documentación” que se le requiera, aunque mantiene que su actuación busca frenar nuevas ocupaciones o riesgos de seguridad. En sus conclusiones, el consistorio apunta hacia los realojos como una verdadera “solución para las familias vulnerables” y rechaza, por consiguiente, la consolidación de construcciones sobre un terreno no urbanizable. Además, remarca la existencia de mecanismos de participación con las asociaciones vecinales de la Cañada, y arremete contra “determinados despachos de abogados que hacen negocio con la vulnerabilidad de muchas familias, alimentando expectativas que no contribuyen a resolver el problema de fondo”.

“No hay autorización judicial”

Según el abogado del CAES, en el caso de estos últimos denunciantes “no se ha ofrecido ninguna medida” alternativa después demoler una parte de su vivienda. En este sentido, advierten de posibles vulneraciones de derechos fundamentales por unos derribos que, además, se ejecutaron “sin ninguna autorización judicial”, tal y como sostienen desde la cooperativa a cargo. Con la admisión a trámite de sus recursos, informan de que ambos juzgados han requerido al Ayuntamiento de Rivas que remita el expediente “completo” de actuaciones para examinar su contenido.

También han trasladado el caso a la Fiscalía de Madrid, para que así valore su postura. La representación del CAES añade que estas destrucciones parciales en Cañada implicaron “la tala de 17 árboles con más de diez años de antigüedad”, aunque esto de momento debe pasar por el filtro de lo Contencioso-Administrativo. Que estos recursos se hayan admitido y vayan a investigarse aún no implica que haya un hecho delictivo, aunque sí supone que los tribunales consideran que existen elementos suficientes para un análisis a fondo.

Uno de los grupos ciudadanos del sector 4, en el que se ubican las viviendas afectadas, también se ha pronunciado al respecto. Desde la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 celebran la decisión judicial. “Esperamos que se haga justicia y se frene la ola de ataques que venimos sufriendo”, destacó su portavoz en unas declaraciones recogidas por el comunicado del CAES. En ellas, reclama que se “consoliden” las viviendas en lugar de realojarles en otros puntos, de forma que puedan “pagar [desde allí] las contribuciones que correspondan”.

“Acoso institucional”

En el escrito conjunto, los denunciantes recuerdan que tanto el Ayuntamiento de Rivas como la Comunidad de Madrid ya fueron condenados por un derribo ilegal en 2024, por acciones llevadas a cabo dos años antes y que también afectaron a la Cañada Real. Entre sus conclusiones, la entidad jurídica que asesora a los denunciantes también califica de “acoso institucional” algunos mecanismos de la administración para vaciar estas parcelas, y que vinculan a un crecimiento urbanístico sin límites que incide directamente sobre los residentes.

Asimismo, estos nuevos procedimientos llegan después de otros casos polémicos y recientes, en los que llegaron a detectarse actuaciones negligentes. El más relevante es el de una vivienda del sector 6, uno de los pocos que continúan sin luz. Fue derribada en el año 2022 y la Fiscalía acusó a dos responsables públicos, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro a cargo de la Comunidad, por propiciar una demolición sin garantías legales. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid solo condenó a uno de ellos, el jefe de Disciplina Urbanística en el consistorio, que fue inhabilitado durante 9 años aunque continuó firmando órdenes de demolición después de aquella sentencia.

Con cada invierno o verano, las escuelas de Madrid se revuelven por la climatización en las aulas. El año pasado, el colegio público de Nuestra Señora de la Paloma (en pleno centro de la ciudad) fue uno de los seleccionados por la Ayuntamiento de Madrid para ejecutar obras de mejora en los posis, el cuarto del conserje, en instalar allí un aire acondicionado. Sin embargo, lo que se anunciaba como una buena noticia terminó con la paciencia de su directora, que se opuso a la climatización de una única estancia mientras la situación del resto seguía siendo “insufrible”. Meses después, Sandra Valiente usa esa misma palabra, insufrible, para referirse a la llegada del verano.

Este miércoles por la mañana, la portavoz de Más Madrid se ha desplazado a las puertas del centro para denunciar la “desprotección” en centros educativos ante una nueva temporada de calor. Rita Maestre se ha reunido allí con una representante de la AFA, la Asociación de Familias de Alumnos, que en declaraciones a los medios cuestionó que se atendiera menos a un servicio público con menores que a cualquier puesto laboral al uso.

“Aquí todos trabajamos en sitios climatizados. No entendemos cómo, en cambio, se pide a los niños que pasen horas empapados en sudor”, ha destacado Alejandra Pérez en representación de esta plataforma. Reitera que los picos de frío o calor, conforme pasen las estaciones, “no van a desaparecer” por sí solos. “Sabemos que no puede cambiar todo de hoy para mañana, pero lo único que pedimos es un aire acondicionado”, resuelve la portavoz: “Seguiremos peleando”.

Sobre las controvertidas palabras del consejero de Cultura de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha sido tajante: “No voy a entrar a debatir si fue correcto o no, pero lo que se está pidiendo desde las familias no es ningún gran lujo”. La semana pasada, en el último pleno de la Asamblea Regional, Mariano de Paco bromeó con las críticas por altas temperaturas en las aulas, considerándolas una “fuente de inspiración” y asumiendo que “cuando hace calor, hace calor”.

La directora del colegio de Nuestra Señora de la Paloma, Sandra Valiente, reconocía esta mañana en declaraciones a Somos Madrid que el aire acondicionado se instaló finalmente en diciembre pero solo en el posi, “en período vacacional” y “para hacerlo de manera sigilosa”. En este sentido, hay una bifurcación de las competencias sobre el centro que también afecta a qué áreas se climatizan: mientras que el Ayuntamiento tiene potestad para vigilar estancias en las que trabaja su personal directo, de la Comunidad dependen la gestión educativa y la situación general en las aulas.

En diciembre, después de que este periódico informara de las quejas en el centro de La Latina, el representante del personal municipal en los colegios con UGT, José Antonio Chacón, respondió a las críticas de su directora destacando que la instalación de aire acondicionado para su plantilla “jamás implicará que se lo vayan a poner a ellos, ni antes ni después, porque se tramita por vías diferentes”. Con estas palabras, el responsable sindical aludió a que la decisión de climatizar sus dependencias responde a “antiguas peticiones” de los delegados de Prevención en el consistorio, concluyendo que habrá de ser la Comunidad de Madrid la que aborde sus reclamaciones.

“Hace dos semanas vino una técnico [del Gobierno regional] para hacer mediciones en todas las dependencias. A las once de la mañana, todo estaba a más de 27 grados”, responde, del otro lado, la responsable del CEIP. Aquella visita emanó de otra denuncia que ellos presentaron el pasado mes de junio ante la Inspección de Trabajo, tal y como afirma Sandra Valiente. Mientras tanto, su Dirección ha colocado seis termómetros en las paredes del edificio para continuar midiendo la temperatura, en aras a respaldar sus críticas y obtener una respuesta de la administración.

“Es una situación insostenible que ningún adulto ha de soportar en su entorno de trabajo, y que incumple con el sentido común o el cuidado más básico de niños y niñas”, ha suscrito Rita Maestre en su visita a los alrededores del colegio. “No deberíamos aceptar excusas presupuestarias o técnicas: ahora mismo en Madrid se está construyendo un circuito de Fórmula 1, levantado en tiempo récord con dinero público. En ese tiempo y con esos fondos, daba para climatizar todos los colegios de Madrid”, resuelve la líder de Más Madrid.

La portavoz del principal partido en la oposición municipal ha recordado que “el calor no termina con el curso escolar”, y que en algunos centros también se alojan campamentos de verano en los que los menores “pasarán otros 15 días sudando”. Deposita la responsabilidad tanto en el Ayuntamiento como sobre el Gobierno autonómico, quienes “tienen que asumir sus funciones y no hacer chascarrillos”. En sus conclusiones, insiste en la incompatibilidad de un despliegue económico para la F1, que se celebrará en septiembre, con cualquier argumento que aluda a una falta de fondos: “¿No hay dinero para una cosa, y sí para la otra? Si tenemos esos recursos y esa capacidad técnica, también lo hay para poner toldos, árboles, fuentes, cambiar las ventanas y colocar equipos de climatización”.

Lo advirtieron hace meses, pero aún no encuentran solución. Con un largo historial de goteras, humedades, desperfectos e incluso una rotura de tubería reciente, que llenó sus oficinas de aguas fecales, los juzgados de Plaza de Castilla vuelven a sumar quejas a la lista. Pero esta vez, la Comunidad de Madrid lo niega. La sede de un tribunal de guardia cerró estancias en abril por una plaga de chinches, que en mayo volvió a infestar el cuarto de diligencias. Este martes, varias semanas después, el sindicato de funcionarios ha denunciado la situación ante varias instituciones: el servicio de Prevención de Riesgos de Justicia, a cargo del Gobierno regional; la Dirección General de Infraestructuras, que gestiona los edificios judiciales; el departamento de Mantenimiento de sedes judiciales y también el Decanato de los Juzgados de Madrid.

“Sí, hicieron una limpieza contratando a un servicio de desinsectación. Pero los compañeros han seguido sufriendo picaduras, síntoma de que la actuación programada no ha servido”, sentencia David Mohedano, delegado de Justicia de CSIF en la zona. CSIF es el sindicato que ha reiterado formalmente los problemas de los que ya advertían los funcionarios públicos en declaraciones recientes a El Periódico de España. Sin embargo, fuentes del Gobierno regional aseguran que esto “es falso” y que hasta ahora “no han recibido ninguna queja formal”.

En el último certificado de desinsectación, efectuado por la empresa PHS Seronten y con fecha del miércoles pasado, concluyen que no se ha encontrado “indicios” de “presencia de chinches, ni heces, ni manchas de huevo”. Pero desde el sindicato de funcionarios sostienen que, poco después de alzar la voz de nuevo, recibieron una respuesta desde el servicio de limpieza. “Nos acaban de contestar que vendrán mañana a una visita urgente del servicio DDD [desinsectación] para valorar la situación y, fruto de ese diagnóstico, acordar nuevas actuaciones”, revela a Somos Madrid el representante sindical.

En su denuncia oficial, CSIF dice tener conocimiento de que la presencia de chinches en juzgados de guardia “continúa afectando a los compañeros que desempeñan su labor en Plaza de Castilla”. “Siguen sufriendo picaduras aunque ya hubo una campaña de desinsectación. Tal y como puede verificarse, no ha solventado la incidencia”, resume el comunicado difundido a primera hora de la tarde. “Mañana tenemos el Comité de Seguridad y Salud. Lo llevamos como primer punto en el orden del día”, anticipa Mohedano, que secunda la petición lanzada por su sindicato: “Debemos atajar de una vez este problema, que atenta gravemente contra las condiciones de seguridad y la salud del funcionariado, y adoptar de inmediato todas las medidas necesarias”.

La persistencia de la plaga ha llevado a algunos funcionarios a extremar precauciones al finalizar su jornada por miedo a trasladar los insectos a sus domicilios, mientras esperan una intervención que erradique definitivamente el foco. Esta situación afecta a uno de los complejos judiciales más activos de la capital, y por el que cada día pasan profesionales de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, policías o ciudadanos.

Las quejas por las condiciones de trabajo en Plaza de Castilla no son nuevas. En los últimos años, trabajadores y representantes sindicales han denunciado reiterados problemas relacionados con el mantenimiento de los edificios, que van desde filtraciones de agua hasta averías o deficiencias estructurales. La aparición (y persistencia) de las chinches añade ahora otro capítulo a un catálogo de incidencias en una instalación clave para la Justicia en Madrid,

“Oeeeeeee, oeoeoeeeeeeeee. Oeeeeeee. Oeeeeeee”. Son las siete y media de la tarde en el estadio del Real Madrid. Las gradas están repletas: unas 70.000 personas cantan, aplauden con fuerza y corean genuinamente el famoso cántico sin letra, que suele oírse en las competiciones deportivas. Pero esta vez no se celebra un partido de fútbol. Tampoco la última victoria de Florentino Pérez, que finalmente seguirá al frente del club. El que acaba de salir al campo es Robert Prevost, el papa León XIV. El público le recibe como a una auténtica superestrella, a la que los artistas invitados (como David Bustamante o Íñigo Quintero) le dedicaron sus canciones dentro de un estadio que, de manera excepcional, volvía a dar conciertos. “Hoy la Iglesia ha echo un golazo para siempre”, bromeó el pontífice.

Antes de su entrada, la pareja televisiva formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo acompañó a un público expectante. En uno de los interludios, ambos fueron introduciendo a unos jóvenes invitados por sus parroquias que venían de zonas como Getafe o Tres Cantos. Desfilaron por el escenario y hablaron de sus deseos o ambiciones. También se animó la espera con conciertos, homenajes o marionetas. Pasadas las siete de la tarde, todo se paró en seco: León XIV estaba a punto de llegar.

Una retransmisión en vídeo mostró al papa desde su vehículo, poco después de abandonar la Catedral de la Almudena y recibiendo un baño de masas cuando iba a entrar al estadio. En su interior, las aglomeraciones y la distancia entre los asientos y el escenario impedían ver con claridad, pero las voces se agitaron desde el momento en el que cruzó la puerta. Un largo aplauso –que duró minutos– recibió a León XIV en el Bernabéu. Lo primero fue escuchar los testimonios de algunos asistentes, que iban saliendo al escenario para contar su propia historia. Hablaron un vecino “laico” que un día decidió unirse a la vida parroquial, un treintañero a punto de casarse y que hace poco recibió su Primera Comunión o una familia de peruanos, en un guiño indirecto a sus orígenes como sacerdote en este país de Latinoamérica.

Entre el jolgorio y la emoción, el público gritaba o aplaudía con cada referencia: jóvenes, adultos, niños y una amplia masa de fieles fueron llenando un estadio abarrotado, donde los grupos de voluntarios (vestidos con camisetas verde) y varios trabajadores de seguridad ponían mil ojos a su alrededor. En un momento, León XIV abandonó el sillón blanco que coronaba el escenario poligonal, dividido en dos secciones diferenciadas, para dirigirse a la comunidad diocesana de Madrid. Con la broma del gol católico, las risas inundaron por unos segundos el estadio de fútbol, pero se cortaron rápidamente cuando el pontífice empezó a hablar.

“Gracias al arzobispo [José Cobo] por haber introducido la parábola del canto”, apuntó sobre los conciertos, que esa tarde entretuvieron a decenas de miles de espectadores durante la ofrenda floral en La Almudena. El papa reconoció en las canciones, muy habituales para la liturgia religiosa, otra forma de “crear comunidad” entre las “distintas almas” que ha ido conociendo en su visita. Considera a España como un pueblo que “ama la música, la danza y el estar juntos”, pero que también conoce la “frustración y la desconfianza”. Y por eso ha dirigido un mensaje a su comunidad diocesana, protagonista de aquel encuentro.

“Vosotros testimoniais el Evangelio en la capital de un gran país europeo, sede de instituciones y organizaciones en las que se toman decisiones importantes para el presente y el futuro. Pero también destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas, en busca de nuevas oportunidades”, concluyó, antes de evocar la historia bíblica de Nehemías: “Él involucró a una comunidad entera para reconstruir los muros de Jerusalén”. Una alegoría que llama a reconocer al otro y “no temer” a la diversidad de voces, procedencias o sensibilidades. Le sirve, al final, para lanzar otra advertencia: “Huid de las personas que cantan siempre la misma melodía”.

Vosotros testimoniais el Evangelio en la capital de un gran país europeo. Pero también es el destino de millones de visitantes, de hermanos y hermanas, en busca de nuevas oportunidades

Papa León XIV — Discurso en el estadio Santiago Bernabéu

Mientras Prevost hablaba, no se veía un solo asiento libre entre las gradas. Lograr una plaza no era fácil, pero cada cual tenía sus razones para intentarlo. “La Iglesia me ha cambiado la vida”, resumía uno de los chavales que, en un momento dado, tomaron el micrófono. Otro hombre narró la situación que le hizo entregarse a la fe, después de conocer cómo era la vida teniendo hijos con discapacidad. Entre los presentes también había meros curiosos, o algún que otro espectador que decidió unirse al gran evento estelar que esa semana tocaba en Madrid: con Bad Bunny haciendo diez conciertos en el estadio Metropolitano, el Bernabéu contraprograma el hito con un discurso del papa.

La visita de León XIV es la primera oficial de un papa a Madrid desde Juan Pablo II, que viajó tres veces a la capital. Su última estancia fue también la más exprés: un traslado de dos días en mayo de 2003. Casi una década más tarde, aunque sin llegar a ser un viaje apostólico, su sucesor Benedicto XVI voló a la ciudad para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que concluía ese año en la base aérea de Cuatro Vientos.

En estos 23 años –15 si se empieza contar desde la JMJ– han sucedido muchas cosas dentro y fuera de la Iglesia: la muerte en 2008 del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y uno de los grandes rostros del abuso sexual a menores; las primeras reuniones con víctimas y las sanciones impuestas por Benedicto XVI, después de que proliferaran más denuncias en Irlanda, EEUU, Alemania e incluso España, donde en 2019 se destapó el caso de la abadía de Montserrat.

Voces críticas durante la visita de León XIV

El Papa Francisco trató de modificar el rumbo pese a las resistencias de la jerarquía eclesiátisca, con reformas en la Curia Diocesana o un acercamiento a las comunidades vulnerables, y el impulso de normas para obligar a denunciar cualquier presunto abuso sexual entre miembros de la Iglesia. Por primera vez, se estableció una responsabilidad en la omisión de socorro. Desde su nombramiento, León XIV ha jurado defender aquel “preciado legado”; sin embargo, una de las polémicas aterrizadas con su visita arremete cuestiona si se ha incumplido esa promesa. Acompañado de una fotografía del actual papa y simulando una reunión con él frente a la Nunciatura, Miguel Hurtado protagonizó el domingo una performance que era, a su vida, una crítica hacia Robert Prevost.

El primer denunciante público en la Abadía de Montserrat y conocido activista contra los abusos en la Iglesia se presentó a las puertas de la residencia papal en Madrid, en señal de protesta al no haber sido recibido por el pontífice. Hurtado, que sufrió abusos sexuales por parte del monje Andreu Soler y lo comunicó internamente (sin éxito) a los 22 años, consideraba que León XIV había optado por recibir a víctimas de “perfil bajo” –el representante del Vaticano se reunió este lunes con seis afectados por abusos de miembros del clero español– para no ver cara a cara a quienes “pueden apretarle” o “hacer preguntas incómodas que no quieran responder”.

También desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, inmerso en procesos judiciales de desahucio o causas con bloques de arrendatarios que se disputan su casa con un fondo inversor, han querido trasladar su propia lucha al pontífice. En una carta, que una portavoz de Sumar entregó este lunes en el Congreso, le han advertido del papel de algunas entidades vinculadas a la Iglesia en casos de especulación inmobiliaria. Un dardo indirecto al desahucio de Mariano Ordaz a los 67 años, cuya casa pertenecía a una orden católica, o a la venta millonaria de Fusara –una fundación ligada al Arzobipado de Madrid–, que ofreció unos edificios que habían sido donados para contribuir a causas sociales y terminaron pasando a empresas privadas.

Sin embargo, hasta el momento León XIV ha sido (junto a Bad Bunny) un gran reclamo para la ciudad. Para la misa oficiada por el papa el domingo desde Cibeles, después de la vigilia, y la procesión del Corpus Christi se calculan en torno a un millón y medio de asistentes, que debían escanear un código QR para obtener una plaza gratuita en el evento, al aire libre aunque con la previsión inequívoca de que iba a saturarse. Según la televisión pública española, que distribuyó a otras cadenas del mundo una retransmisión institucional, unos 400 millones de personas siguieron la visita del pontíce a través de sus pantallas.

En su despedida, también el arzobispo José Cobo lanzó un deseo al aire. “La Iglesia de Madrid quiere ser una Iglesia en salida: un hogar donde cada vocación cuente; donde la corresponsabilidad no sea una teoría, sino un estilo de vida. [...] Una Iglesia que no tema abrir procesos y que se deje interpelar por la realidad”, confesó ante un público multitudinario y frente a León XIV, que después de aquel evento pasaría su última noche en la ciudad. El viaje continuará hasta el día 12 de junio, con otras paradas entre Cataluña y Canarias. “Santo Padre [...] más que levantar la voz, queremos aprender a afinarla. No multiplicar discursos, sino dejar que nuestra vida suene a Evangelio”, rezó el arzobispo.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

La primera vez que un papa anunció una visita oficial a Madrid hubo que aplazarla porque coincidía con unas elecciones generales, las del año 1982. La votación de la que saldría airoso un joven Felipe González cambió de lleno el panorama político justo antes del evento, que se aplazó unos meses. Pero la victoria socialista no impidió que, en noviembre de ese año, Juan Pablo II (1978-2005) pisara al fin la capital, que en la edad moderna no había recibido la visita de ningún otro pontífice.

Por aquel entonces, otro socialista era el alcalde de Madrid. Enrique Tierno Galván, agnóstico confeso, que recibió al Papa en latín y le hizo entrega de las llaves de la ciudad junto a la plaza del Doctor Gregorio Marañón, en pleno paseo de la Castellana. Nada más aterrizar, el viaje apostólico ya había dejado una imagen para la historia: la de Juan Pablo II besando el suelo de Barajas.

Desde el aeropuerto dio luego un discurso inaugural en el que estuvieron presentes Juan Carlos I y su esposa Sofía como reyes de España y el que ya era presidente en funciones, Leopoldo Calvo Sotelo. Muchos de los actos que tuvieron lugar en los días siguientes volverán a repetirse ahora, esta vez ante una nueva generación de fieles. Repetirá incluso el Santiago Bernabéu, que Karol Wojtyla utilizó como recinto de masas para un encuentro celebrado con jóvenes. También ofreció misas multitudinarias en la Plaza de Lima.

El 3 de noviembre de aquel 1982, pocos días después de su llegada, Juan Pablo II se reunió con unos 150.000 jóvenes que poblaban las gradas y el césped del Real Madrid. A ellos les confesó, desde un escenario papal montado en medio del campo, que ese era “uno de los encuentros que más esperaba” en su primera visita a España. “Me permite tener un contacto directo con la juventud española en el estadio Santiago Bernabéu, testigo de tantos acontecimientos deportivos”, les dijo al inicio de su discurso. Fue uno de los acontecimientos más rompedores y recordados de aquel viaje.

También León XIV congregará miles de personas en el estadio del club que preside Florentino Pérez, e igualmente dará protagonismo a los jóvenes con un acto central de su agenda. Pero no a la vez: el encuentro en el Bernabéu será el lunes y le reunirá con la comunidad diocesana de Madrid, mientras que el sábado previo se celebrará una vigilia acompañado de distintos grupos juveniles. Una de las incógnitas que circularon antes de anunciar la agenda oficial de la visita fue el lugar desde el que 'entraría' a la capital, en un sentido simbólico.

La Puerta de Alcalá o una entrada desde Carabanchel

El 18 de agosto de 2011, Benedicto XVI cruzó a pie la famosa Puerta de Alcalá acompañado de 50 jóvenes de cinco continentes y un amplio grupo de agentes policiales. Aquel fue uno de los momentos más recordados de la hasta ahora última visita papal, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Por dónde accedería León XIV, considerado el heredero de una Iglesia más modesta y cercano al ideal de Francisco? Aunque ya se intuía antes del anuncio oficial, finalmente la primera visita del nuevo Papa será a un centro de Cáritas en Lucero, entrando desde Carabanchel. Un mensaje que exhibe cercanía con las periferias, y un distanciamiento respecto a los iconos más céntricos o turísticos.

Sea desde uno u otro lado, las visitas de un alto representante del Vaticano siempre son concurridas. En otro viaje de Juan Pablo II, unos años más tarde de aquella foto besando el suelo de Barajas, el pontífice se dio un baño de masas en el que ha sido uno de sus actos más multitudinarios en Madrid: una gran misa en plena plaza de Colón, junto al paseo de la Castellana.

Era 1993 y llegó a reunir a un millón de personas atentas a la eucaristía, sentando los primeros precedentes del impacto y la capacidad de movilización que pueden tener los encuentros a pie de calle con un máximo representante del Vaticano. Desde entonces, esta misma plaza se ha convertido en uno de los espacios emblemáticos de las visitas papales a la capital.

Durante su largo período como papa, que duró desde los inicios de la democracia española hasta su muerte, Juan Pablo II llegó a visitar varias veces la capital: lo hizo a principios de los ochenta y luego, a principios de los noventa. Volvió a hacerlo una década más tarde, justo dos años antes de fallecer. Fue entre los días 3 y 4 de mayo de 2003 cuando se produjo la tercera y última visita oficial del polaco Karol Józef Wojtyla a Madrid. También fue su quinto viaje a España, aunque esa vez solo pisó la capital.

Un despliegue policial y humano con pocos precedentes

Por aquel entonces, el Ayuntamiento –que dirigía Alberto Ruiz Gallardón– desplegó uno de los mayores operativos municipales de la época, con unos 4.300 efectivos municipales. De todos ellos, más de la mitad (2.500) eran agentes de la Policía Municipal, mientras que unos 500 se destinaron a labores de recogida extraordinaria. El resto se repartieron entre efectivos de Bomberos, Samur o el servicio de limpieza.

Más de dos décadas en adelante, para la visita de este mes de junio, ese récord se supera: ante la llegada de León XIV se ha coordinado un dispositivo histórico que en total suma 14.000 agentes, en su mayoría miembros de la Policía Nacional y a cargo de la Delegación del Gobierno (9.700, así como otros 625 guardias civiles), que también incluía el despliegue de 4.000 policías municipales que se coordinarán desde el Área municipal de Seguridad y Emergencias. Además, este mismo departamento ha anunciado que otros 1.000 efectivos de Samur-Protección Civil velarán por la seguridad de la visita. En total, solo el Ayuntamiento dispondrá 10.000 personas para asegurar que todo transcurre con relativa normalidad.

La ciudad, además, espera un retorno económico “muy importante” para la visita. Más allá de los edificios municipales que las administraciones han ofrecido para alojar a peregrinos inscritos a través del Arzobispado, principalmente en colegios, institutos o polideportivos, se intuye una alta ocupación hotelera y un sinfín de visitantes entre finales de esta semana y principios de la siguiente. Según las previsiones que hace la Conferencia Episcopal, para la visita a España se esperan ingresos en torno a los 150 millones de euros, después de haberse desembolsado unos 25 millones en preparativos.

Sobre el caso de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha manifestado en varias ocasiones que la llegada del Papa supondrá para la ciudad un “reto logístico gigantesco”, en el que tratarán de movilizar el máximo número de recursos disponibles. La vicealcaldesa de Madrid y responsable de Seguridad, Inmaculada Sanz, aseveró a finales de marzo que “toda la plantilla” de su departamento “va a estar absolutamente implicada” en los actos del 6 al 9 de junio. Será el primer viaje oficial de un Papa a la capital española desde que Juan Pablo II la pisó por última vez en su breve estancia de 2003. Así que la previsión es que se convierta en un macroevento.

El mayor evento católico desde la Jornada Mundial de la Juventud

Hasta la fecha, el evento católico con un pontífice a la cabeza que más personas ha concentrado en Madrid –buena parte de ellas, llegadas desde países de todo el globo– sucedió hace algo más de una década, aunque no se trató de una visita apostólica. En 2011, la ciudad fue la sede de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud; una gran cita internacional organizada por la Iglesia para reunir al Papa con miles de jóvenes de distinta procedencia.

Ese verano, entre el 16 al 21 de agosto, todo Madrid se transformó en un enorme recinto de actividades, esta vez alrededor de Benedicto XVI (2005-2013): un acto de bienvenida al aire libre, en plena plaza de Cibeles; otro encuentro masivo, como es tradición, junto a la plaza de Colón; recorridos por las distintas parroquias, colegios u otros lugares clave de los barrios y una guinda final, con la vigilia y una misa en el aeródromo de Cuatro Vientos. Solo a aquel acto de clausura acudieron más de un millón y medio de asistentes, convirtiendo el recinto en la sede de una misa histórica. La última, de hecho, que un máximo representante del Vaticano ha ofrecido en la ciudad desde entonces.

El sucesor de Benedicto XVI, y el último pontífice hasta el nombramiento de León XVI, tuvo una relación dual con la región madrileña. El papa Francisco (2013-2025) murió el 21 de abril del año pasado sin haber viajado a Madrid, al menos no desde que fue nombrado en la fumata blanca. En sus 12 años de mandato recibió diversas invitaciones desde los distintos gobiernos que se alternaron en España, y también desde la Casa Real. Pero ese vuelo nunca llegó a darse.

Sin embargo, en sus días de formación como jesuita residió durante varios meses en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares. Vivió en ella como Jorge Bergoglio, e incluso celebró allí su 35 cumpleaños. Pero nunca volvió como Francisco. En algunas ocasiones, el papa argentino explicó que su prioridad era conocer la realidad en los estados más pequeños o los menos desarrollados, dejando entrever que España no estaba en esa lista. Ahora, con la llegada inminente llegada de su sucesor y el precedente de otras visitas masivas, los engranajes comienzan a rodar: en total, 18.000 voluntarios coordinados con la Archidiócesis se sumarán al despliegue de recursos públicos. Todo queda a punto para que, en los próximos días, la ciudad se convierta en un amplio recinto apostólico.

Queda menos de una semana para que el Papa pise Madrid. La capital remata sus preparativos antes del evento, que durará varios días y se prevé tan histórico como masivo: ya a finales de febrero, el alcalde aventuró la llegada de “cientos de miles” de visitantes. Desde entonces, uno de los principales retos del Arzobispado ha sido buscar alojamiento gratuito para buena parte de ellos, los llamados peregrinos. Pero la tarea se complica en una ciudad encarecida, atravesada por la crisis de la vivienda y donde una noche de hotel ronda los 170 euros. Así que se tanto Ayuntamiento como Comunidad de Mdrid optaron por ceder espacio público con tal de darles cobijo.

Las administraciones públicas, municipales y autonómicas, anunciaron su intención de colaborar con la Diócesis ofreciendo edificios municipales donde acoger a los peregrinos. Sin embargo, para lograrlo en tiempo y forma hubo que soslayar algunos filtros. “La Comunidad de Madrid, como si pudiera disponer libremente de lo público, decidió unilateralmente cederlo como alojamiento de peregrinos, con una orden obligatoria al centro, sin audiencia de los interesados o las familias”, han denunciado este lunes, en un comunicado público, desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de histórico instituto Cardenal Cisneros, en pleno centro de la capital.

En esa zona y para esa fecha, los precios de pisos turísticos rondan los 300 y 500 euros entre el viernes y el domingo, mientras que en hoteles u hostales el alojamiento pasa de 150 hasta 400 euros para estos tres días. Aunque la administración se compromete a que todo quedará a punto de cara a las clases del lunes y que la cesión no interrumpirá su actividad lectiva, las familias denotan otros problemas colaterales.

“Habrá gastos extra, consumo de agua, electricidad, vigilancia y limpieza. No sabemos quién los sufragará, pero ya sabemos que no va a ser la diócesis”, añaden desde uno de esos institutos, donde intuyen que finalmente se hará a expensas de “todas las familias de Madrid, y especialmente el alumnado del centro que se muere de calor y el próximo invierno, puede que de frío”. Con esta última frase, las familias hacen alusión a las obras de climatización que, en los últimos meses, han mantenido sin ventanas los pasillos y estancias del centro.

Las familias condenan una situación “injusta y desigual”

Ahora, con la llegada de los peregrinos y la cesión “obligatoria” de un espacio público –insisten desde el Cardenal Cisneros–, este instituto de Madrid reanuda sus vaivenes con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad. Primero fue por el retraso en la reparación de sus ventanas y la falta de alternativas durante el invierno; y esta vez por una decisión que consideran “injusta y una desigualdad”. Para explicarlo, contraponen la visita del Papa a otra experiencia reciente y con distinto desenlace.

Malasaña a Escena, una iniciativa vecinal que promociona el teatro de barrio y a la que está adherida su centro, solicitó “en tiempo y forma” el uso del salón de actos para una de sus obras, en sinergia con el grupo de teatro que ya existe en el instituto. “La cesión del uso de este espacio se aprobó por unanimidad en el Consejo Escolar del centro y, sin embargo, fue denegada unilateralmente y con vagos argumento por parte de la DAT”, concluyen, refiriéndose a la Dirección de Área Territorial (una forma de ordenación y supervisión autonómica de las escuelas), encargada de autorizar o considerar este tipo de solicitudes.

A finales de mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirmó que la Consejería de Educación ofrecerían un total de 80 institutos públicos al Arzobispado de Madrid para que, en sus patios o gimnasios, pudieran alojar a los peregrinos que antes se habían inscrito en la Archidiócesis. En un comunicado, la Comunidad de Madrid explicó que este uso exclusivo durará desde el viernes por la tarde hasta la noche del domingo, y uno de sus consejeros ya vaticinó que la cifra de centros podía aumentar en los próximos días: en total, el Ejecutivo autonómico ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización católica.

Educación se niega a dar nombres de los institutos seleccionados

Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de Educación para conocer los nombres y ubicaciones de todas estas instalaciones comunes, pero la Consejería ha preferido no aportar esa información. Somos Madrid también ha podido constatar que al menos otros dos centros educativos más de la capital no han recibido ninguna solicitud previa, ni tenido opción de celebrar consejos escolares para decidir si ofrecían o no el espacio.

Según el reglamento interno de la propia Comunidad, estos órganos de participación –con representes de la Dirección, docentes u otros trabajadores, familias y alumnado– deben emitir un informe con cada solicitud de utilización, y confirmar que esta no interfiere con sus actividades escolares. Es lo que expone el artículo 5 del decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la región.

Uno de los colegios seleccionados, el Mejico de Ciudad Lineal, también denunció que habían tenido que anular una de las actividades extraescolares que tenían programadas, y para la que habían recibido una aprobación oficial desde la Junta Municipal del Distrito. Sin embargo, la visita del Papa y la necesidad de hallar espacio para todos cambió las tornas, y hubo que aplazar el evento. Las críticas contra esta cesión “involuntaria” no solo llega desde las familias, sino también a través de sindicatos como STEM, una entidad madrileña de enseñanza. A pocos días de la llegada de León XIV, Madrid ultima sus preparativos aunque eso pase por saltar algún escollo en el camino.

Música, cánticos reivindicativos, alguna lágrima propia o ajena y un pasillo humano que la acompañó hasta casa. Aunque también estaba previsto, finalmente no hubo acampada: al menos al día siguiente aún no habría nada que temer. Contra todo pronóstico, así ha terminado la marcha multitudinaria convocada esta tarde en apoyo a Maricarmen, la vecina de 87 años que aún resiste a los intentos de un fondo para desahuciarla de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en pleno centro de Madrid. Su familia firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla: primero lo intentó en octubre y luego, este miércoles.

El desalojo se ha frenado a última hora, pero eso no ha impedido que cientos de personas salgan a la calle para defender su derecho a la vivienda. “Esto no es una victoria: sabemos que lo hacen para desmovilizar a los vecinos y que no vayamos a apoyarla en el siguiente intento”, señalan desde la manifestación fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había convocado la protesta y programado una acampada nocturna frente a la casa de Maricarmen, en aras de impedir su desalojo a la mañana siguiente. Pero la cita se ha pospuesto hasta dentro de tres semanas.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 lo confirmó a última hora: en lugar del 3 de junio, tendrá lugar el día 24. “Nos veremos entonces, Maricarmen”, aseguró desde el distrito de Retiro el actor Juan Diego Botto, uno de los artistas invitados al pasacalle por la vecina. Comenzó a las 19.30 horas frente a una biblioteca municipal, la de Eugenio Trías. Junto a Botto estuvieron otras caras conocidas del mundo de la cultura, con Ismael Serrano y Rozalén cantando en dúo frente a una multitud que rodeaba a la protegonista, situada en el centro: una anciana de 87 años se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda.

Pero su situación actual comenzó, en buena medida, con el machismo habitual que regía la legislación franquista. “Por aquel entonces, las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba ella misma a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en los años 50. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer (impulsado en democracia) que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida.

Cuando en 2005 murió su madre, el blindaje terminó: como segunda subrogada, Maricarmen ya no estaba protegida. Aun así, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de los 500 euros que paga en la actualidad y abona con una pensión de 1.400.

A finales de 2020, y después de haberse negado a abandonar la casa, recibió una primera orden judicial de desahucio. El juzgado dio la razón al considerar que, cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente” y los compradores mantuvieron esa aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones de los propietarios, y ya en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Desde entonces, Maricarmen ha inspirado a su alrededor un movimiento de resistencia ciudadana impulsado, a la vez, por los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Llegó incluso a participar como figura invitada en la última gran manifestación social de mayo. Entonces sonaron muchos de los cánticos que ahora se repiten en favor de la inquilina de Retiro. “Si pago el alquiler me quedo sin comer”; “ni gente sin casa, ni casas sin gente”; “no es meritocracia, es parasitismo” o “Maricarmen se queda” fueron réplicas a viva voz que, esta tarde, despertaron la curiosidad de varios paseantes que recorrían el centro de Madrid.

Los habituales de la zona, en cambio, parecían estar enterados de lo que ocurría. “Han intentado desahuciar a una anciana, pero como no lo han conseguido están aquí para evitar que vuelvan”, respondía un hombre de unos 65 años, que observaba la marcha desde una de las calles que enmarcan la avenida. Aunque su situación económica era buena, no descataba que un día algo así pueda llegar a ocurrirle: “Últimamente parece que todos estamos expuestos”. Con los ojos de otra generación, pero también puestos en la protesta ciudadana, un joven sevillano acompaña a los manifestantes.

Se llama Álvaro, tiene 22 años y estudia Ciencia Política. Desde hace poco, también es miembro del Sindicato de Inquilinas. Además, vive cerca de alli y sabe que tiene suerte respecto a la media, porque paga 400 euros por una habitación. Pero cree que los inquilinos “no deben conformarse porque alguien les diga que esto es lo normal”. “Llevo cinco años viviendo en Madrid y solo conozco lo que es pagar cada vez más por un piso pequeño. Para mi, la solución está en un modelo de cooperativas: si la vivienda no entra en el mercado, ya nadie puede venderla por encima de su precio: en definitiva, más vivienda pública”, resumió frente a la marcha.

Su protagonista encabezaba a la multitud desde una silla de ruedas, empujada por una de las manifestantes que vestían de naranja reflectante, el color del chaleco que portan los miembros del sindicato convocante. Esa tarde, Maricarmen lloró y rió, y también animó a la cola humana que la seguía a elevar la voz haciendo gestos con las manos. “Tengo una edad, problemas de movilidad y aún así la única opción que me dejan es seguir luchando”, volvió a reclamar desde su calle en declaraciones a la prensa, a la espera de que su caso no caiga en el olvido y las semanas no frenen la presión vecinal.

“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.