“Pero, ¿esto es legal?”. La pregunta es de Montse, que atraviesa la Puerta del Sol un viernes por la noche. El policía al que se la formula da un sí escueto y continúa vigilando la marcha, que tan rápidamente había captado su atención. Hacia ellos se dirigen decenas de personas, 400 según la Delegación del Gobierno, que zarandean banderas de España al grito de “Pedro Sánchez, hijo de puta” y entre alabanzas a Primo de Rivera, entonando el Cara al Sol o exigiendo “más nación y menos Constitución”. Aunque una de sus consignas resonó por encima del resto: “Frente a su invasión, ¡remigración!”. Son la Falange Española y de las JONS, herederos de un partido fundado en los años 30 por José Antonio Primo de Rivera y previo a la sublevación Franquista. Esta misma semana ha obtenido un permiso estatal para concentrarse en Callao. Una hora antes y a pocos metros de allí, otros gritan justo lo contrario. Lanzan una advertencia en clave histórica: “¡No pasarán!”.

Con idea de contraprogramar la convocatoria, un colectivo antifascista de Madrid decidió organizar su propia marcha en Tirso de Molina. A modo de némesis, esbozó un lema opuesto al de la organización falangista. “¡Fuera racistas de nuestros barrios!”, coreaba al unísono otra multitud paralela, cifrada en 350 personas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, mantuvo hasta el último minuto la incógnita sobre si permitiría o no la protesta de Falange, a la que accedió un día antes de la cita. Sin embargo, el recorrido sufrió varias modificaciones para no cruzarse a la alternativa crítica con sus postulados.

El lema escogido para el acto de Falange tampoco es casual. En las últimas semanas, las oficinas de Extranjería y otros centros habilitados en Correos o la Seguridad Social se han visto colapsados por los trámites para la regularización masiva de migrantes, un proceso extraordinario que formalizará la situación administrativa de, aproximadamente, medio millón de extranjeros sin papeles en España. El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la norma a mediados de abril, después de un largo periplo parlamentario. En realidad, el motor de la regularización fue una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada por grupos ciudadanos, que comenzó a gestarse en 2020 y en pocos años presentó más de 700.000 firmas.

Como la medida no se ha aprobado hasta este año, solo permitirá formalizar su situación a los migrantes llegados a España antes del 1 de enero. En estos casos, se podrá aspirar a un permiso de residencia y trabajo con un año de duración y opción a prórroga. Es decir: les abrirá las puertas de la regularización. Con esto, el Estado pretende favorecer la integración laboral y social de quienes ya viven aquí para contribuir a la economía nacional. Sin embargo, la inmigración irregular ha sido y es un importante caldo de cultivo para grupos ultraconservadores o de extrema derecha, como Falange Española y Vox.

Estos últimos, sin ir más lejos, llegaron a abandonar todos los gobiernos autonómicos de los que formaban parte a raíz de un desacuerdo con el PP, su aliado mayoritario, por el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades. En la manifestación que ahora defiende la regularización de medio millón de migrantes se ven muchas caras jóvenes, aunque también a hombres y mujeres de entre 40 y 50 años. Algunos ondean banderas con el símbolo comunista o frases escritas en cirílico.

Una marcha en vilo hasta el último momento

“Lamentablemente hace buen tiempo”, ironizaba, del otro lado, el presidente de Falange Española, Norberto Pico. También estaba presente en la manifestación racista de Callao. “No hubiese estado que mal que les cayera un poco de agua a esos guarros”, añadía ante el júbilo de su público, eminentemente joven, para referirse a la Coordinadora Antifascista de Madrid, la entidad que les había contraprogramado. Un representante de las Juventudes de Falange llegó a advertir que su generación estaba siendo laboralmente sustituida por “esclavos africanos”, y que las ayudas sociales iban dirigidas principalmente a “delincuentes” extranjeros.

Sin embargo, el mensaje que corona la manifestación de Falange no se ajusta a la realidad. El diccionario de la Real Academia Española define invadir como irrumpir o entrar por la fuerza en un lugar. Otras acepciones válidas serían “ocupar anormal o irregularmente”, cuando el lema Frente a su invasión: Remigración surge poco después de una normativa que ha sido aprobada en las Cortes Generales y que, antes de eso, ya había sido motivada por una base sólida de apoyo ciudadano.

“Estamos aquí para defender la regularización”, detalla uno de los militantes de la Coordinadora Antifascista, en declaraciones a Somos Madrid. Cuando supieron de la manifestación organizada por Falange, que aún no había sido aprobada, decidieron concentrarse el mismo día y casi a la misma hora. No temían que eso diera un altavoz mayor a sus rivales, pues “lo normal es que sus actos resuenen mucho y nunca sean replicados”. “Preferimos no dejar más discursos racistas sin respuestas”, determinan los organizadores, que no solicitaron formalmente un permiso para manifestarse y llamaron a la “concentración espontánea” en redes.

Antes de empezar, sobre las 19.00 horas, ya había al menos siete furgones de la Policía Nacional y algunos coches de la Municipal junto a la avenida que hay pegada a la plaza. Ataviados con chalecos protectores y porras para controlar posibles altercados, los agentes ejercían una presión implícita. Entre los asistentes a la contramanifestación también estaba Serigne Mbaye, activista antirracista, miembro de la plataforma Lavapiés al Límite y exdiputado regional de Podemos. Un mes antes, a finales de marzo, fue detenido frente a su casa acusado de desobediencia grave y un delito resistencia a la autoridad. Nada más salir de comisaría, Mbaye habló de “racismo puro y duro”.

Así que ha decidido acudir a contrarrestar una manifestación que pide la “remigración” de extranjeros. Que sea Falange Española quien dio este paso también ha levantado sus alarmas. Un día antes de la convocatoria, a sabiendas de ese día se habría otra protesta antifascista y podían coincidir, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid accedió a permitir la marcha falangista, aunque obligando a limitar su recorrido original. Inicialmente iba a llegar hasta Tirso de Molina, pero es este lugar donde una hora antes tenía previsto comenzar la manifestación antifascista. Falange presentó un recurso contra la decisión del delegado. Poco antes de su cita, terminó desestimándose y el recorrido se acotó hasta Sol.

Delegación quería que Falange se quedara a las puertas de Lavapiés, sin llegar a entrar hasta la plaza de Tirso. La previsión inicial de los organizadores también era empezar la concentración en Callao, aunque cruzando parte del centro hasta desembocar en Tirso de Molina. El recorrido debía haber llegado parte alta de Lavapiés y los convocantes llevaban días caldeando las redes con mensajes xenófobos, como el de un avión sobrevolando las cuatro torres de Madrid bajo una marca ficticia: Remigration Airlines. Finalmente, el recorrido quedó reducido por un cordón policial, desplegado en la frontera entre ambas manifestaciones.

En la de los falangistas, programada a las 20.30 junto a los Cines Callao, pudieron verse banderas de todo tipo: primaba la rojigualda, pero sobre ella también podían leerse mensajes críticos contra el Gobierno o apreciar la silueta estampada de un toro de Osborne. Otros estandartes enseñaban el logo de Falange Española, que continúa inscrita como formación legal en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “¡Ayuso, payasa, los menas a tu casa!”, gritaron repetidas veces sus adeptos, que repartieron igualmente dardos hacia el PP y la “derechita cobarde”.

La convocatoria de este viernes surge en un contexto de tensión política y social, después de episodios recientes en los que grupos falangistas arremetieron contra colectivos. El precedente más inmediato fue un ataque en la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo lugar en marzo. Un grupo de militantes vinculados a Falange irrumpió en facultades del campus de Somosaguas durante actos previos al 8M para arrancar la cartelería feminista o desplegar pancartas con otros lemas. La Policía Nacional, que lo consideró una actuación “coordinada”, detuvo luego a 13 personas y puso a seis menores a disposición de la Fiscalía correspondiente.

En la Comunidad de Madrid, este último curso no está siendo como los demás. Septiembre arrancó con medio centenar de colegios impartiendo clases de Secundaria, después de que un año antes Isabel Díaz Ayuso anunciara su intención de incorporar Primero y Segundo de la ESO en algunos centros que, hasta entonces, solo incluían Primaria. Ahora pasan a convertirse en CEIPSO, que son escuelas públicas autorizadas a ofertar distintas etapas educativas, desde Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un mismo recinto. El plan de la Consejería de Educación era que los 52 colegios que se presentaron voluntarios integraran, ya desde este curso, las asignaturas de Primero; y añadir las de Segundo en el curso 2026/2027. Sin embargo, este giro a alta velocidad ha generado polémica y más de un dolor de cabeza.

“No veo más que improvisación”, sentencia Inés, madre de un alumno de Sexto en el República del Uruguay, uno de los colegios públicos que ha aceptado incorporar 1º de la ESO a partir del curso próximo. Aunque tenían la opción de matricularse el primer año de Secundaria en su mismo centro, decidieron trasladarse a otro que cubriera los cuatro años completos. “Claro, teníamos miedo de que, una vez inscrito aquí, fuera más difícil cambiar luego de instituto para completar la formación”, confiesa. Así que al final, su marido y ella optaron por matricular al hijo de ambos en el IES Renacimiento, a cinco minutos de casa y al que está adscrito su colegio actual.

Pero no será fácil: la familia denuncia que el instituto ha reducido plazas considerablemente para ese curso, y eso hace que ahora mismo haya más solicitantes que huecos libres. “La Dirección nos comunicó que el año que viene se eliminarán dos líneas [grupos de un mismo año] en 1º de la ESO. Dejarán solamente cuatro, en lugar de seis”, señala la vecina, que apunta a un total de 115 solicitudes presentadas para un total de 48 plazas públicas, que son las que se ofertarán en 2026/2027.

Solo la mitad de los interesados podrá estudiar en ese instituto, aunque también hay plazas reservadas para repetidores o el alumnado con necesidades específicas. El resto deberá buscar otra opción. Las listas definitivas con los admitidos en todos los institutos de Madrid, incluyendo el IES Renacimiento, se harán públicas el 27 de mayo, dentro de un mes. Si esta familia no consigue una plaza en este centro, a cinco minutos andando de su casa, el trayecto hasta el siguiente centro de Secundaria puede durar unos 30 minutos a pie, según calculan. Y luego están los lazos que se pierden.

Un cuello de botella en el acceso a determinados institutos

“Mi hijo tendría que separarse de su grupo de amigos y creo que es importante tener compañeros de confianza cuando aterrizas en el instituto, para que te acompañen en ese tránsito”, lamenta Inés, que comparte esta preocupación con otras familias de este y más colegios expuestos a un cambio drástico. A fecha de publicarse este artículo, la dirección del IES Renacimiento ha preferido no responder a las preguntas de este periódico.

La medida estrella de los CEIPSO se propuso desde la Consejería de Educación cuando esta aún la integraban los Pocholos, un grupo de jóvenes cercanos a Emilio Viciana –el consejero destituido en febrero– que terminaron como asesores y diputados del PP en la Asamblea. Con el caso de las dos líneas eliminadas en el instituto de Latina, la lógica de la Consejería de Educación es compensar las que desaparecen en el IES con las que se abren para ese curso en el colegio donde estudia el hijo de Inés, según trasladan las familias. Pero la realidad no está encajando con el cálculo.

La demanda del IES Renacimiento no ha bajado y los centros adscritos, como el propio República del Uruguay o el CEIP Lope de Vega, siguen derivando al alumnado. El resultado es un cuello de botella en el acceso a Secundaria pública en el barrio. Por su parte, la Comunidad de Madrid justifica los nuevos CEIPSO como una medida para “proteger a la preadolescencia” y mantener al alumnado más tiempo en entornos conocidos, mejorar la convivencia escolar o facilitar la conciliación familiar, pues incluye comedor y clases durante la tarde en perjuicio (eso sí) del profesorado que antes solo acudía a institutos al uso.

Mientras que los maestros en este primer grupo de centros permanecen durante la comida y continúan en las primeras horas de la tarde, favoreciendo la conciliación de familias con hijos pequeños, lo habitual en centros de Secundaria son las jornadas intensivas, más ventajosas para los docentes a la hora de acabar antes su labor. Pero, más allá de esta disputa entre los intereses de las familias y el de los docentes, la situación pone en entredicho uno de los argumentos centrales del Gobierno regional: la libertad de elección de centro. Sobre el papel, las familias pueden elegir. En la práctica, denuncian, la falta de plazas convierte esa elección en algo condicionado. “Se supone que lo que se vende es que hay libre elección”, explica esta madre, “pero si pides un instituto que no está adscrito te arriesgas a quedarte sin plaza”.

Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?

Inés — Vecina de Latina y madre de un alumno de Sexto de Primaria

El modelo de los CEIPSO —que busca mantener a los alumnos en el mismo centro hasta los 14 años— tampoco convence a todas las familias. Algunas valoran positivamente evitar el salto temprano al instituto, pero otras ven improvisación en su puesta en marcha. “Todo esto se basa en que hay familias que piensan que a los 12 años los niños son demasiado pequeños para ir al instituto. Yo creo que no”, señala Inés. “Si se hace bien, me da igual el modelo, pero el problema es que veo improvisación”. Las dudas coinciden con las críticas que ya han lanzado directores de institutos públicos en Madrid, que han pedido a la Comunidad que reconsidere el traslado de Primero y Segundo de la ESO a los colegios al considerar que “carece de fundamento” pedagógico y organizativo, además de tensionar la red existente.

Más de 49 nuevos colegios serán CEIPSO el curso que viene

De todos los colegios que aceptaron integrar Primero y Segundo desde septiembre –aquí el listado oficial– hay 19 que forman parte de la Dirección de Área Territorial de Centro. La mayoría, en distritos como Hortaleza, Fuencarral-el Pardo o Vicálvaro, donde crece la población en edad de escolarización. El acrónimo DAT hace referencia servicio regional que organiza los centros públicos. En este sentido, otras 17 escuelas del catálogo que incluye Secundaria en 2025-2026 forman parte de la DAT sur; siete de la este; seis de la norte y por último, tres de la zona oeste. En todos estos hay más de un centenar de cursos de Sexto de Primaria, con su alumnado como conejillo de indias.

En marzo de este mismo año, la presidenta regional avanzó que el curso que viene esta cifra se duplicaría: otros 49 centros se sumarán a los 52 que ya adoptaron este año el cambio a CEIPSO, superando en centenar de colegios adscritos en toda la región. Además del República del Uruguay, en el barrio de Los Carmenes, otros 17 centros de Infantil y Primaria dentro de la capital pasarán a impartir la ESO en 2026/2027. También se incluyen escuelas de otras áreas, como el CEIP El Olivar de Rivas Vaciamadrid o el Ernest Hemingway de Alcalá de Henares al este, el colegio CEIP Laura García Noblejas (Villaviciosa de Odón) y el San José de Calasanz (Aranjuez) en la zona sur, o el CEIP Príncipe de Asturias (Navacerrada) y el CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos) al oeste y norte, respectivamente.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan al 27 de mayo, cuando se publiquen las listas definitivas de adjudicación de plazas. Hasta entonces, intentan presionar para revertir una decisión que consideran errónea. “Se ha desbordado la demanda y, desde mi punto de vista, no tenemos una respuesta clara de cómo va a funcionar todo”, advierte esta madre. “Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?”, se cuestiona Inés, que pide reabrir los grupos clausurados del IES Renacimiento. Tal y como lo ve, la realidad de un sistema que “presume de su libertad de elección” comienza a parecerse más a un encaje de bollillos: “El mensaje que recibo es que no hay sitio para todos”.

Un momento histórico. Alegría. Devoción. Y la prioridad: que sea un éxito. Son palabras y deseos que, durante los últimos meses y en reiteradas ocasiones, han manifestado tanto el alcade de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, acerca de la visita del Papa del 6 al 12 de junio. Un año después su nombramiento, no solo es la primera parada de León XIV a la ciudad, sino que también será la única oficial de un máximo representante del Vaticano desde 2003.

Pero al jolgorio público siempre le sigue el mismo temor: “Es un reto logístico gigante”. Así lo catalogó Almeida a mediados de abril, recién abiertas las inscripciones para voluntarios o peregrinos. Mezcló la euforia con un instinto de prudencia, dada la sobrecarga prevista para esos días. Especialmente durante la misa del Corpus, que el Papa oficiará el domingo 7 de junio en mitad de una plaza pública y a la que se prevé que asistan hasta un millón y medio de personas. Así que la duda se vuelve ineludible: ¿dónde alojar a tanta gente si la ciudad ya vive colapsada?

La respuesta es de lo más variopinta: se dispondrán campamentos base en las parroquias, los colegios religiosos, casas de particulares e incluso instalaciones públicas gestionadas por el Ayuntamiento u otras administraciones de la región. En Boadilla del Monte, el municipio a 40 kilómetros de la capital donde se planteó levantar una estatua gigante del Cristo Redentor similar al del Río de Janeiro (Brasil), se han puesto a disposición de la Diocésis de Getafe más de 800 plazas para peregrinos entre varios centros municipales –principalmente, tres instalaciones deportivas completas– de cara a quienes viajen a la Comunidad de Madrid para conocer a Robert Prevost.

En Madrid capital, se hará lo propio: la vicealcaldesa confirmó a mediados de abril que aún esperaban la lista definitiva con las necesidades del Arzobispado, pero aseguró que ya trabajaban mano a mano para buscar refugio a los peregrinos. Los peregrinos son viajeros que se mueven con algún fin espiritual, no necesariamente a pie ni en condiciones de extrema austeridad. Por ejemplo, para los que lleguen a la ciudad en las primeras semanas de junio se prepararán sofás, espacios donde colocar sacos y mantas o habitaciones libres en casas particulares, dada la alta demanda hotelera para esos días. Sin embargo, que la administración municipal ceda recursos temporalmente a la Iglesia para alojar a los fieles por un fin católico ha desconcertado a algunos madrileños. Especialmente a los usuarios de estos servicios públicos.

Competiciones y actividad suspendida en los polideportivos

“Nos dijeron que ese fin de semana se suspenderían las competiciones por la visita, porque se iban a reservar las instalaciones municipales para alojamiento de gente que venía de fuera de Madrid”, detalla Pedro, cuyo hijo acude a clases en el Centro Deportivo Municipal La Fundi. Este es uno de los polideportivos que han sido reclamados por el Ayuntamiento para absorber parte de la demanda de peregrinos. Desde el complejo indican que aún no tienen todos los datos ni demasiada información sobre cómo operarán en los días clave. “Todavía no nos ha llegado la notificación oficial, ni la cifra exacta de gente que quieren albergar. Solo que estábamos entre los lugares escogidos en el distrito para alojar a los viajeros”, contesta Jorge, uno de los encargados.

Según explica, también el Centro Integrado de Arganzuela (otro polideportivo cercano) ha sido contactado. En su caso, hace unas semanas. Y aunque desconocen los detalles, esperan recibir noticias próximamente; sin embargo, dan por hecho que el evento implicará suspender toda su actividad, desde las competiciones o clases hasta las entradas de uso libre. Para Pedro, que habitúa La Fundi, esto supone una “incoherencia” al priorizar una celebración católica al uso público habitual de estos espacios seleccionados.

De momento, todo se organiza de manera extraoficial hasta que el Arzobispado tenga un número total de peregrinos, voluntarios –la expectativa es alcanzar unos 10.000, con inscripciones abiertas desde marzo– y las casas particulares disponibles para, sumadas a los recursos de la Iglesia en Madrid, se tenga una idea exacta de cuánto espacio en las instalaciones públicas se necesita. Más allá de la colaboración logística entre instituciones, la idea es que la Archidiócesis madrileña sea quien se haga cargo de los costes de la visita, así como de dar estancia al propio Papa. No obstante, ya el alcalde anticipó a principios de año que la ciudad “se volcará” en el evento, para el que estima que asistan “cientos de miles de personas”. Además de polideportivos, la idea es que también se sumen algunos colegios públicos o campus universitarios para la acogida.

Le decimos al Arzobispado que, en cualquier espacio que ellos vean susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca

José Luis Martínez-Almeida — Febrero de 2026

“Le decimos al Arzobispado que, en cualquier espacio que ellos vean susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca”, dispuso ya el alcalde a finales de febrero. Hasta que existan cifras oficiales, quienes mejor pueden aventurar el alcance de este terremoto son los que trabajan día a día en organizarlo. Lauro, por ejemplo, forma parte del equipo que prepara uno de los colegios religiosos de Madrid (en este caso, de tipo concertado y que también recibe fondos públicos) que aspiran a hospedar a unas 2.650 personas en la noche del sábado al domingo, si llegan al tope de su capacidad.

Se trata de los Salesianos de Atocha, donde se han ofertado 650 plazas el fin de semana y un extra de 2.000 más para la vigilia del 6 de junio. “Es una locura y no las llevo todas conmigo, pero tenemos un plan”, adelanta el miembro de la pastoral. Su idea es utilizar las aulas, que se despejarán el viernes después de clase, para abrir hueco a los peregrinos y que estos traigan sus sacos de dormir o esterillas. El lunes a primera hora deberá estar todo limpio y reordenado para reanudar las clases con normalidad, pero en el gran patio del edificio proyectan una especie de macroacampada al raso, donde miles de personas pasen la noche juntas.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aún no ofrecen más detalles sobre los preparativos de la visita, aunque la cuenta atrás es cada vez más corta. La semana más esperada para los católicos madrileños ya ha causado algún que otro rifirrafe entre instituciones de distinto signo político. A finales de marzo, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz anunció un operativo de seguridad con 10.000 agentes, incluidos miembros de SAMUR-Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos, en pleno cruce de reproches entre su equipo y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Poco antes, la consejera de Sanidad Fátima Matute espetó al representante de Moncloa que empleara su tiempo en “criticar cosas un poco espurias” en lugar de “dedicarse a lo importante” por la llegada de León XIV, después de que Delegación señalara que ni el consistorio ni la Comunidad de Madrid habían acudido a una primera llamada para ordenar conjuntamente la visita. Incluso Sanz le acusó entonces de forzar la polémica y, aunque Francisco Martín apenas se ha pronunciado directamente sobre el ofrecimiento de espacios municipales para peregrinos, sí ha manifestado en otras ocasiones su intención de colaborar con las jornadas, principalmente, en materia de seguridad.

En un momento donde las redes dominan la conversación política y TikTok marca su lenguaje, las iniciativas que más resuenan son las que vuelven a la raíz. El viaje en Peugeot de Pedro Sánchez para reconquistar al PSOE o el “proceso de escucha” de Yolanda Díaz, sin ir más lejos, ya marcaron un camino en la izquierda española. Pero la gran sorpresa llegó hace meses de la mano de Zohran Mamdani, que se hizo con la alcaldía de Nueva York después de una campaña puerta a puerta en la que grupos de voluntarios trasladaron su mensaje a tres millones de hogares. La fórmula de Mamdani ha inspirado dentro y fuera de Estados Unidos, y Más Madrid ha tomado nota.

– Nuestra prioridad hoy será la vivienda. Hay que estar atentos para anotarlo todo e intentar repartir bien nuestro tiempo. ¡Empezamos!

En la Plaza de Olavide, la concejala de Chamberí Sara Ladra es quien anima a la veintena de voluntarios, que esa tarde llamarán al timbre en varios bloques a su alrededor. Son, en su mayoría, militantes o personas vinculadas al partido. En ese momento, apenas quedan cinco días para que el Congreso de los Diputados vote el real decreto que permitirá prorrogar dos años más los contratos que finalicen antes de 2028. Pero tiene letra pequeña: solo quienes envíen a su casero un burofax antes del martes podrán acogerse a la norma, incluso si esta cae en la votación.

Así que, ataviados con chalecos reflectantes con el logo de Más Madrid y haciendo uso de un mapa digital, instalado en una app creada para la ocasión, los voluntarios se citaron a las seis en la plaza chamberilera, junto a una carpa del partido. Era la sexta batida similar que organizaban en un distrito de Madrid, después de que su cúpula aprobara en febrero adoptar el método Mamdani y elaborara una estrategia para recorrer viviendas a puerta fría. Hasta la fecha contabilizan más de 5.000 timbres tocados y aspiran a doblar esa cifra.

El objetivo es abrir una “gran conversación” con los vecinos y extraer las preocupaciones que, de otra manera, no siempre llegan a la conversación política. Y esta era la primera vez que decidían centrarse en un único tema: la crisis de la vivienda. A las 18.22, mientras se agrupan junto a Plaza de Olavide, empiezan a organizarse. Anotan nombres, parejas y rutas, a lo que uno lanza la primera broma: “¡Esto parece First Dates!”. Las risas que lo siguieron aliviaron algunos nervios, ya que la mayoría de los presentes nunca había participado en este tipo de interacciones.

Políticos y voluntarios con consejos sobre tu alquiler

Entre ellos había políticos más experimentados, como la propia Rita Maestre o algunos diputados del partido en la Asamblea de Vallecas, como Hugo Martínez o Marta Carmona. “No soy una experta, pero estuve en el otro lado. Y creo que es fundamental sentir que te escuchan, buscando herramientas para acercarse a la gente fuera de las redes sociales”, añadía Irene, que sí era solo voluntaria, justo antes de partir en grupos de dos para visitar las casas seleccionadas.

Irene es, a su vez, vecina del distrito y una de las afectadas en Gaztambide 37, uno de los edificios recientemente adquiridos por fondos que ahora tratan de expulsar a sus inquilinos. Después de algunos consejos prácticos, toca abandonar la teoría. En el número 4 de la calle Sagunto, donde comienza una de las visitas, una de las parejas llama a su primera puerta. Quien les abre es Miguel, un vecino de 54 años que alquila su piso en Chamberí desde hace unos nueve años.

En su caso, por el tipo de contrato que ha firmado, no puede acogerse a la prórroga del alquiler, pero aprovecha la visita para contar su caso a los voluntarios: aunque es de Sevilla hace tiempo que se mudó a Madrid y, cuando llegó al piso, pagaba unos 800 euros mensuales por el alquiler. Este edificio ahora pertenece a una única propietaria y colindaba con otro inmueble recientemente derribado, en el número 5 de esa misma calle. Reconoce que su principal problema en el día a día también es la vivienda, poniendo cara a la estadística que cada año confirma el Centro de Investigaciones Sociológicas.

En otra planta del mismo edificio, otra chica de 27 años accede a abrir su puerta. Cuenta que lleva un lustro viviendo allí y que comparte piso con otras compañeras. Cuando los voluntarios le extendieron uno de los folletos informativos sobre cómo solicitar la prórroga del alquiler, comienza a mostrar interés: su contrato acababa en noviembre y la propietaria les pide “unos requisitos absurdos” para quedarse, que no llega a especificar. Ya estaba pensando en acogerse al real decreto. “Me gusta mi casa, pero vivir en el centro también es vivir rodeado de ruido y gentrificación. Aun así, queremos quedarnos”, explica.

Unas calles más allá, otra pareja accede a los edificios de la calle Cardenal Cisneros. Entre ellos está la concejala de Más Madrid en el distrito, quien reparte junto a su acompañante algunos folletos en los buzones de la planta baja. El recorrido avanza así, entre timbres que no suenan y puertas que sí se abren, entre historias que se repiten u otras que sorprenden incluso a los pocos voluntarios. “Es increíble hasta qué punto la gente quiere ser escuchada. No esperaba que tanta gente abriera a su casa a desconocidos, y más aún viviendo de un partido político con el que pueden coincidir, o no”, destaca otra de las voluntarias, sorprendida, en declaraciones a Somos Madrid.

Empieza a anochecer y llega la hora del recuento. Al acabar la jornada, los voluntarios de Más Madrid habían llamado a 258 puertas. Solo contestaron en 102 de ellas, alrededor del 40%, pero lograron tramitarse in situ hasta 12 prórrogas del alquiler. Fuentes del partido lo evalúan como “un buen porcentaje” y apuntan a que este es un distrito fuerte para el PP, donde en 2023 obtuvieron más de la mitad de los votos. Antes habían recorrido casas en otras zonas más humildes como San Cristóbal, Villaverde o Arganzuela, e incluso en Aranjuez y otros municipios de la región. “La respuesta del puerta a puerta siempre es buena, tanto para ellos como para nosotros: los vecinos logran explicarse, y los voluntarios aprendemos a acercanos más a ellos”, concluye Irene, que se echa la mochila al hombro antes de volver a casa.

La vivienda es el principal problema de los españoles, según el CIS. Hace tiempo que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas señala el auge del metro cuadrado como una preocupación mayúscula: en marzo volvió a serlo para el para el 41,3 % de los encuestadas, muy lejos del segundo puesto que ocupaba la crisis económica (24,9%) o la calidad del empleo (19,2%), en tercer lugar. La preocupación por este tema bate récords desde finales de 2024, cuando empezó a sobresalir en las muestras. Desde entonces, Estado, comunidades autónomas, provincias o ayuntamientos tratan de poner en marcha respuestas a contrarreloj que ayuden a regular el mercado, especialmente tenso en la capital, y despejar el acceso a un bien básico. Este viernes, uno de los municipios más poblados de la región ha presentado una estrategia propia como alternativa al modelo de la Comunidad de Madrid.

“Tenemos un problema. Y se puede mirar hacia otro lado o se puede decidir intervenir. Nosotros lo tenemos claro”, proclama la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, este viernes por la mañana. La regidora de este municipio, con más de 100.000 habitantes, ha expuesto las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, una hoja de ruta hasta 2030 que se alinea con el marco estatal previsto en materia de políticas públicas. El experimento ripense se centrará en establecer mecanismos que faciliten el acceso de los jóvenes a un proyecto de emancipación. Lo hará mediante la gestión social del Patrimonio Municipal de Suelo, un conjunto de bienes inmuebles y terrenos del Ayuntamiento pensados para regular el mercado inmobiliario, desarrollar su urbanismo o construir pisos protegidos.

También se centrará en edificar futuras promociones de viviendas, que el nuevo plan proyecta en una serie de parcelas ya escogidas; o rehabilitar edificios que ya existen para incorporar (entre otras cosas) mejores métodos de eficiencia energética, que a la vez rebajen su coste. Para diferenciarse de otros municipios de la región, el consistorio ripense reivindica que sus planes de vivienda pública contemplan infraestructuras modestas pero equipadas, obviando añadidos como piscinas comunitarias o pistas de pádel habituales en comunidades madrileñas de vecinos para abarcar más espacio útil y ampliar el acceso a viviendas públicas.

Once actuaciones y tres objetivos principales

El plan de Rivas Vaciamadrid se ha presentado a media mañana en la sede de su Empresa Municipal de Vivienda, ubicada en la Avenida de José Hierro. Allí estuvo también la concejala delegada de la EMV, Yasmin Elena Manji Carro, que expuso las once actuaciones previstas para cumplir con los objetivos del plan. La primera es impulsar promociones de vivienda sobre suelo dotacional, con idea de levantar aproximadamente unos 500 nuevos pisos de titularidad pública en la ciudad. Desde 2003, según datos del Ayuntamiento, se han construido en Rivas hasta 3.500 viviendas para destinarlas, en buena medida, al alquiler social y asequible. “No venimos solo a presentar un plan, sino a ampliar y mejorar lo que ya se ha planteado en materia de vivienda”, destacó la concejala vinculada a la EMV ripense.

El precio estimado de los futuros pisos y también las fechas para su puesta a disposición pública están aún por determinar, una vez se examine y apruebe el proyecto con los técnicos. Pero la idea es que los primeros oscilen entre los 490 y los 550 euros mensuales, como en la última dotación de 83 viviendas promovidas por el Ayuntamiento. Buscan diferenciarse de otras ofertas municipales más encarecidas en localidades de la Comunidad de Madrid, donde a su vez se ha implementado el Plan VIVE, de carácter autonómico. Por otro lado, se centralizarán esfuerzos en estimular un modelo de vivienda colaborativa tanto para jóvenes como para personas con discapacidad. En el primer caso, los beneficiarios de estos alquileres solo tendrán que abonar los gastos comunes, mientras que la renta se abonará mediante trabajos a la ciudad, participando en un programa de intervención social.

De forma paralela, otras actuaciones buscarán mediar con el mercado y adquirir viviendas privadas para gestionarlas desde los distintos entes públicos, de forma que puedan devolverse a los residentes con un precio controlado. También se continuará el proyecto de cesión de viviendas para deportistas inscritos a alguno de los clubes profesionales de Rivas, y se establecerá un plan de acción con el que rehabilitar y regenerar edificios urbanos, incorporando avances energéticos o cuidando el espacio público que los rodea. Entre las ideas más llamativas está la habilitación de locales comerciales asequibles para promover el comercio de proximidad. Este objetivo, indica el Ayuntamiento, enlaza a su vez con la estrategia de mejorar el entorno de los edificios para que haya “acceso a todos los servicios”.

Un diagnóstico previo sobre la situación de la vivienda en Rivas

Es lo que estimó el portavoz del Gobierno ripense, José Luis Alfaro, quien también acudió a la presentación de este plan. En definitiva, apuntaron los presentes, se trabajará en la “mejora y el mantenimiento del parque público de vivienda” y se establecerá la propia EMV como una centralita de información y “oficina única de asesoramiento” para inquilinos o propietarios con dudas sobre las opciones disponibles. Antes de elaborar la estrategia local para influir en el mercado desbordado, iniciaron un diagnóstico previo con el que dibujar el escenario exacto al que se enfrentaban. En este documento, que el Ayuntamiento también ha compartido esta mañana, se utilizaron datos de acceso público y también aquellos proporcionados por los conciertos con otras administraciones –estatales o autonómicas– y entidades supramunicipales.

Rivas cerró el 2025 con una población de 101.637 censados para 32.277 viviendas construidas, según datos del consistorio. Sobre esta cifra, se observaron las diferencias por edad, necesidades o alguna situación anómala particular; y se contrastó con la estructura actual del parque residencial municipal y los recursos disponibles en ese momento, contabilizando las viviendas protegidas existentes o que pertenecen a personas jurídicas públicas, de cara a ver cómo podrían utilizarse y mejorar sus mecanismos energéticos o vías de accesibilidad. El plan tiene tres objetivos principales, atravesados cada uno de ellos por otros dos más específicos.

Por un lado, se buscará facilitar el acceso a una vivienda digna a la juventud para que esta pueda independizarse dentro de su propio municipio. Para lograrlo, la idea es aumentar la oferta disponible desarrollando más vivienda en régimen de alquiler asequible, así como priorizando en su asignación a los colectivos más vulnerables o que, en el diagnóstico previo, se consideró que debían tener un acceso preferente. En segundo lugar, dar respuesta a la actual demanda de vivienda entre los hogares con dificultades para acceder a los precios del mercado, desarrollando medidas específicas para ellos o trazando acuerdos de colaboración con otras entidades. Y, por último, se trabajará en un proceso de regeneración urbana que potencie dos cualidades consideradas imprescindibles entre sus inmuebles públicos, como la accesibilidad y la conservación energética como base.

“Mientras la Comunidad de Madrid boicotea la ley de vivienda y no permite que nos declaremos como zona tensionada, para intervenir los alquileres, ellos aprueban el Plan VIVE y ponen precios inasumibles a una vivienda pública”, denuncia desde Rivas su conceja de Deportes y vicealcaldesa, Mónica Carazo, con una promesa y un dardo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “En Rivas no nos distraeremos. Seguiremos trabajando en las alternativas y en nuevos planes de vivienda, aunque sea sin la ayuda de otras administraciones”.

Algo se mueve en Alcorcón. Mientras los vecinos de Usera y Villaverde aún asimilan su último varapalo judicial por el crematorio de la M-40, otro municipio vecino se enfrasca en un conflicto similar. El Ayuntamiento que dirige Candelaria Testa ha dado luz verde a la construcción de un nuevo tanatorio-crematorio, esta vez de carácter privado, en el polígono de Urtinsa, una zona industrial en cuyas proximidades se alzan viviendas particulares, una residencia de mayores o un campo deportivo. La futura dotación, que aún no ha sido adjudicada y para la que de momento tampoco existe un proyecto en firme, echa a andar entre recelos vecinales y el temor a que se generen malos olores, problemas de salud pública u otros inconvenientes.

La instalación de crematorios suele acarrear cierta polémica por el uso de hornos industriales para incinerar cadáveres a alta temperatura, lo que puede generar gases perjudiciales a su alrededor. Para blindarlos suelen colocarse lonas o recubrimientos protectores, como ocurre con el crematorio público que ya existe en la Avenida de Villaviciosa. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo en Alcorcón confirman a Somos Madrid que se ha aprobado este nuevo proyecto después de que lo solicitara una compañía privada y se constatara que era viable.

Según el Ayuntamiento, la empresa lo pidió “a través de los cauces pertinentes” para este tipo de actividades. El permiso no se les concedió hasta “comprobar que se reunían todos los requisitos”, legales o ambientales y se cumplían unos “estrictos estándares” que no especifican, pero entre los que incluyen la presentación de “informes favorables” al desarrollo de la actividad. A fecha de la consulta, en los registros municipales no constaban reclamaciones administrativas al respecto.

En 2024, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida concedió a Parcesa la licencia para colocar una incineradora en sus instalaciones. La compañía de servicios funerarios llevaba décadas detrás de este objetivo, que se topó de bruces con un amplio rechazo vecinal y varios tropiezos en los tribunales, argumentando principalmente la cercanía a núcleos de viviendas. Sin embargo, hace dos años lograron la ansiada concesión municipal suscitando protestas, recursos administrativos o críticas desde la oposición política, que sugería una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento al no evaluar debidamente su impacto ambiental.

La senda de los vecinos en el barrio de San Fermín

Desde entonces, el recorrido judicial ha sido largo y con distintos frentes abiertos. El año pasado, la Fiscalía archivó una denuncia del PSOE a este respecto al no ver indicios de delito y Más Madrid hizo lo propio con el Gobierno regional, que en estos casos concede el último aval. La demanda que presentó el partido de Rita Maestre continúa su recorrido legal, pero otro recurso que presentaron los vecinos agrupados en la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales) fue desestimado hace un mes por un magistrado de lo contencioso-administrativo en el Tribunal de Instancia número 32 de Madrid.

En este caso, la sentencia no niega posibles perjuicios a la salud pública derivados de la incineradora, ya que se limita a analizar únicamente si el Ayuntamiento actuó o no conforme a la normativa. Tanto entonces como ahora, con el futuro crematorio en Alcorcón, las autoridades municipales insisten en que todos los procedimientos se ajustan a la ley. Para el que quiere abrirse en la calle Industrias, dentro del polígono de Urtinsa, no han trascendido aún los planteamientos presentados por los solicitantes, la empresa Interfunerarias SL, y aprobados por el área local de Urbanismo.

Esta semana, un grupo de vecinos y propietarios se reunieron con el concejal del área, Miguel Ángel González, que ya estaba al frente del departamento en la anterior legislatura, cuando se solicitó por primera vez la licencia. Fuentes presentes en el encuentro confirmaron entonces que la postura del Ayuntamiento “no iba a cambiar”, y ahora tratan de organizarse otras vías. Desde el consistorio insisten en que “todas las concesiones que se aprueban pasan antes por criterios rígidos de supervisión”, y que fue en esta evaluación cuando se constató la viabilidad legal del crematorio.

Pero para algunos, la ley no lo salva todo. “Cumplir la normativa no implica que sea la mejor decisión, y lo legal no siempre es lo adecuado”, resaltan a este respecto en un grupo de Facebook en el que participan vecinos de Alcorcón, donde se cuestionaba la ubicación escogida “habiendo zonas más alejadas” o la poca promoción que se ha hecho del proyecto durante su recorrido administrativo, que comenzó en torno al año 2022. Al tratarse de una concesión a sociedades privadas, el consistorio no tiene obligación legal de someterlo a consulta pública o a una votación en el pleno. Basta con revisar si se cumplen los requisitos y verificarlo con la Comunidad de Madrid.

La parcela seleccionada está junto a una gran cadena de supermercados, y las viviendas más próximas son las del Parque Ondarreta. Los vecinos han habilitado una recogida de firmas en Change.org que concluirá el 24 de abril. En ella denuncian la concesión municipal a Interfunerarias SL para una instalación de este tipo en una zona transitada, que según la petición “ha generado inquietud y preocupación” en el barrio.

“El aumento del tráfico rodado, el riesgo de contaminación y el incremento del ruido no solo afectarían nuestra salud y bienestar, sino que también podrían devaluar las propiedades de la zona”, se temen los particulares que han impulsado la iniciativa. En el momento de publicar este artículo ronda las 400 firmas verificadas, que se suscriben a la propuesta de buscar otra localización industrial “alejada de entornos residenciales y peatonales” antes de tomar una decisión definitiva. “No estamos dispuestos a que se ponga en riesgo la salud de nuestras familias, por muchas soluciones técnicas que se usen para mitigar el vertido a la atmósfera de estos compuestos”, sentencian en su petición.

Antes de las famosas frutinovelas, teníamos a Ana Botella. Las frutinovelas son vídeos cortos, generados con IA, que se han hecho muy populares en redes y enganchan con historias melodramáticas sobre infidelidades, sexo, traiciones y giros exagerados protagonizados por frutas. Sí, frutas. Lo curioso es que, en las últimas horas, la realidad parece superar de nuevo a la ficción. En su cuenta de X, la Asociación Vecinal de Retiro Norte ha compartido una teoría sobre el misterioso embarazo fantasma de un cisne negro, que desde hace un año circula por el gran parque de Madrid.

Resulta que Luna, una hembra emparejada con Lorenzo, estaba incubando crías después de que muriera su último novio. Pero los huevos salieron vacíos, y Lorenzo se reveló como Lorenza. O eso aseguran los vecinos, a los que toda esta narrativa les ha recordado a aquella frase célebre de la exalcaldesa Botella cuando habló del matrimonio homosexual: “Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas, porque son componentes distintos”.

Más allá de este guiño, la asociación de vecinos recordó en sus redes cómo la pérdida de su anterior pareja dejó “a la pobre Luna andando solitaria como alma en pena”. Luego, el Ayuntamiento “tomó cartas en el asunto y trajo un 'macho', Lorenzo”, continúan en su relato, que ya anticipa con estas comillas que algo no encajaba. El tiempo pasó y nadie sabía nada sobre el supuesto embarazo: “Todo el vecindario preocupado pensando que les habia pasado algo... Pero no”.

“En realidad, Lorenzo es Lorenza. Y, como diria Ana Botella, si juntas dos cisnes hembra no consigues manzanas”, ironizaban desde la cuenta de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, que concluyó la historia como “un fallo del sexador de cisnes municipal”, en alusión a los técnicos. Aunque el Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado este último giro de los acontecimientos, la divertida historia de los primeros cisnes LGTBI del Retiro ha resonado entre los parroquianos del parque.

Cuando Luna y Lorenzo (o Lorenza) se conocieron, allá por 2022, se sintieron como dos seres poco comunes en su entorno, y que ahora compartían estanque y otro cuello con el que entrelazarse. No tardaron en hacer migas. En marzo del año pasado, el área municipal de Medio Ambiente confirmó el embazado, pero decidió mantenerlo en secreto para no poner en peligro a los cisnes. Esta hembra ya ha sufrido algún que otro imprevisto a lo largo de su vida, así que lo más prudente era mantener la calma.

Hace años que está tuerta y, además, el macho que la acompañaba fue atacado por un perro. Así que, en este nuevo intento, las autoridades municipales esperaron durante todo el mes de abril a que culminara la gestación. El periódo medio de incubación para estas aves suele ser de entre 35 y 45 días; así que, cuando en mayo aún no hubo noticias, comenzaron a sospechar: algo extraño ocurría. Así fue.

En realidad, los cisnes negros son raros de ver en España y, prácticamente, en todo el mundo. Como ocurre con las ovejas o los garbanzos, su nombre se ha utilizado en el lenguaje coloquial para referirse en ocasiones a acontecimientos que conllevan una sorpresa, o que son improbables. Y, curiosamente, así es como podría definirse esta frutinovela de cisnes, peras y manzanas.

La aprobación de un decreto extraordinario para regularizar a medio millón de migrantes ha disparado las solicitudes en centros de servicios sociales. Como era de esperar, desde que entró en vigor la medida el miércoles pasado se han batido récords de peticiones en varios puntos del país. Solo en Madrid, que una semana antes registraba alrededor de 1.500 citas diarias, subieron rápidamente las visitas hasta alcanzar las 4.000 nada más publicarse la norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y 5.500 más a lo largo del jueves.

Lo ha confirmado este lunes el responsable local de su gestión, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento, que advierte de un “colapso” en los servicios municipales y lo atribuye a la gestión del Gobierno central por “no consensuar” una hoja de ruta clara con las comunidades autonómas, implicadas en la cadena de la regularización. Con la puesta en marcha de la norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en la capital algunos centros de la Seguridad Social, además de las oficinas de Extranjería, para ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, ya el mismo viernes de la semana pasada hubo una respuesta contundente del alcalde: su ayuntamiento “no va a colaborar” con Moncloa más allá de sus competencias habituales en la materia, en represalia por haber quedado fuera de la planificación. Un día antes de que José Luis Martínez-Almeida sellara esta decisión, que comunicó al salir de una Junta de Gobierno, el Ayuntamiento había comenzado a repartir unos formularios no vinculantes para tantear las solicitudes, y este lunes se cerró una primera petición oficial de regularización: la de Andrés, un colombiano de 32 años.

La barrera del certificado de vulnerabilidad

Aun así, el responsable de Políticas Sociales ha reafirmado ese discurso que lanzó Almeida antes del fin de semana. José Fernández denuncia que uno de los requisitos indispensables para conceder la regularización a perfiles más desfavorecidos, el nuevo certificado de vulnerabilidad, no llegó a sus oficinas hasta el jueves de la semana pasada, con el decreto recién aprobado y “varias solicitudes acumulándose”.

El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que salieron a la calle nada más estrenarse la medida. Dicho certificado acredita las situaciones de máxima vulnerabilidad entre personas en condición irregular. Desde Cibeles explican que el procedimiento será más ágil si para el solicitante ya consta alguna intervención previa de los Servicios Sociales, aunque de no ser así también pondrá hacerse el trámite.

“Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar”, ha determinado Fernández, confiando en que este mecanismo permita descartar a quienes traten de beneficiarse de este sistema sin hallarse totalmente desprotegidos.En resumidas cuentas: para obtener el certificado harán falta, en palabras del delegado, “un trabajo previo, una historia social y una intervención social” anterior a la solicitud. En el plano político, el Ayuntamiento también ha arremetido contra Pedro Sánchez, sugiriendo que en realidad la regularización “solo responde a intereses parlamentarios” y pidiendo directamente la supresión del decreto.

La línea 6 de Metro de Madrid ha sufrido un prolongado corte en la mañana de este viernes entre las estaciones de Laguna y Oporto, pasando por Carpetana. La clausura parcial ha comenzado con el inicio del servicio este viernes y durante casi dos horas ha afectado además a Opañel y Plaza Elíptica. En las otras tres paradas, la normalidad no ha vuelto hasta casi las 11.00.

Dicha suspensión en la circulación se ha debido a una “incidencia en las instalaciones por un tiempo estimado en más de dos horas”, según ha informado la cuenta del suburbano en redes sociales. Fuentes internas detallan a Somos Madrid que “en una revisión nocturna de las instalaciones con motivo de las lluvias de las últimas semanas se ha tomado la decisión de cortar el servicio en este tramo, para proceder a reforzar el falso techo de un pequeño espacio del andén de la estación de Carpetana”. Sostienen en Metro que el objetivo es “evitar cualquier problema que pueda luego afectar a la catenaria.

Metro de Madrid ha establecido un servicio especial de autobús sustitutivo entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica al continuar interrumpida la circulación. Ha durado “mientras duren los trabajos, ahora mismo la previsión es de más de dos horas”, apuntan desde la red, al tiempo que recalcan que “se ha reforzado la línea 55 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que cubre la zona afectada por la suspensión”.

En las estaciones que han estado clausuradas, como Oporto, varios agentes de Metro están bloqueando la entrada y el personal indica a los viajeros donde tomar el servicio alternativo o posibles alternativas de transporte con las que cubrir sus itinerarios. Los buses sustituvos han circulado cargados de pasajeros y empiezan a acumularse personas esperando en las paradas.

Esta misma semana, Metro anunciaba que extenderá hasta finales de año los trabajos que se acometen en horario nocturno para la renovación de la superestructura de vía en la línea 6 de Metro de Madrid. Será concretamente en el tramo entre las estaciones de Laguna y Avenida de América pasando por Méndez Álvaro, el arco sureste (que incluye la zona afectada por este cierre), dentro de las obras para la puesta en marcha de su automatización en 2027. Así, el servicio en este sector seguirá acabando poco después de las 23.00 de domingo a jueves al menos hasta noviembre, cuando la finalización estaba prevista para mayo.

La automatización de la línea provocó el corte del servicio en la circular el pasado año, repartido en dos periódos que afectaron cada uno a la mitad de su trazado. Actualmente, las nuevas puertas de andén se están colocando ya en alguna de sus estaciones, como Legazpi, Arganzuela-Planetario o Ciudad Universitaria.

Es una de las noticias del año en Carabanchel: la gran remodelación en la plaza de Oporto llevaba años pidiéndose a gritos. Con una inversión inicial estimada en 5,3 millones de euros, este espacio entre la glorieta del Valle del Oro y el cruce de General Ricardos con la calle de la Oca pasará del batiburrillo urbano actual a convertirse en el nuevo nodo cívico y cultural del barrio. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde definitiva al proyecto después de una Junta de Gobierno celebrada, precisamente, en la sede municipal del distrito.

Las obras comenzarán este mismo año y se prolongarán, al menos, hasta la segunda mitad de 2027. La idea es transformar este centro de la intersección en un punto de referencia para el ocio y la actividad cultural, con vistas a que en el futuro también pueda albergar “grandes eventos” en su seno. Es lo que remarcaba el propio concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, desde la Junta Municipal del Distrito. Lo acompañaban el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su número dos, Inmaculada Sanz, nada más concluir la última reunión del equipo municipal, en la que se selló una reforma estructural que pretende, entre otras cosas, poner coto a las quejas por las dificultades para la movilidad a pie entre isletas, cruces o tráfico rodado.

Para ello se ampliará la superficie peatonal con 1.443 metros cuadrados y se plantarán alrededor de 110 árboles y 3.200 arbustos en su entorno, modificando el paisaje actual. La ambiciosa intervención no surge de la nada. Esta plaza en el barrio de Oporto lleva tiempo en el foco del vecindario y ha acumulado críticas de todo tipo, ya sea por su degradación progresiva o la suciedad de la zona, donde no es inusual encontrar a gente bebiendo cerveza y latas o residuos esparcidos por el suelo.

Los botellones recurrentes, la acumulación de basura en determinados puntos o la aparición de ratas en verano por el abandono de dos edificios próximos (el antiguo centro Magerit y el palacete de General Ricardos) volvieron a remover tierra en los últimos meses. Los usuarios de la plaza han pedido en diversas ocasiones incorporar más zonas verdes o de ocio infantil, que finalmente se proyectarán de cara al próximo año. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende que la inversión —que se moverá entre los 2,5 y los 5,3 millones de euros, en un principio— también tiene un objetivo claro de seguridad. O al menos, de modificar su percepción.

Aumentar la sensación de seguridad y abrir paso al peatón

El proyecto plantea eliminar “focos inseguros” mediante la reordenación del espacio urbano y la instalación de cámaras de videovigilancia. Al ser un punto especialmente transitado en el sur de Madrid, la idea del distrito es “mejorar la percepción de la seguridad ciudadana” y atraer así a nuevos visitantes. La remodelación se articula en torno a varias líneas estratégicas. En primer lugar, según lo anunciado, está recuperar el espacio público a costa de quitar protagonismo al asfalto o el tráfico rodado y aumentar las superficies peatonales, simplificar cruces o eliminar algunas de las isletas que hoy dividen la plaza.

El punto de partida será concentrar los flujos de circulación en ejes más claros y eficientes para, después, dar paso a un nuevo rol cultural de la plaza y acoger eventos o espectáculos. De hecho, hace menos de un año, la plaza de Oporto quedó en el centro de la polémica cuando el Ayuntamiento de Almeida decidió denegar el permiso para celebrar un festival multicultural en Carabanchel. En aquel caso se alegaron posibles problemas de desorden público y un exceso de ruido derivado de esos actos, aunque los organizadores —a los que se informó días antes de la celebración— denunciaron motivos “burdos y racistas”.

Queda ver de qué manera se blindará ahorala plaza para que estos inconvenientes no interfieran con la celebración de eventos en el futuro de este espacio público. Más allá de aquel choque político y los usos culturales previstos con la obra, la remodelación tratará principalmente de consolidar un “punto de encuentro vecinal” en lo que hoy es un espacio en degradación. La reorganización de los itinerarios peatonales eliminará barreras y permitirá atravesarlo de forma más directa, mientras que se instalarán nuevas estancias para el uso cotidiano.

También se actuará sobre la accesibilidad, el alumbrado y el mobiliario urbano, con criterios de eficiencia energética y adaptación a distintos perfiles de usuario. La idea, al menos sobre el papel, es pasar de un espacio hostil y fragmentado a uno continuo, habitable y con identidad propia dentro del distrito después de años de deterioro. La apuesta por reinventar la plaza de Oporto servirá, entre otros objetivos, para confirmar si el Ayuntamiento es capaz de revertir esa imagen de abandono que pesa sobre la plaza y reconciliarla con sus vecinos.

La regularización extraordinaria de medio millón de migrantes continúa dando de qué hablar. Este jueves, el alcalde de Madrid ha arremetido contra la medida extraordinaria, recién aprobada y en vigor desde el pasado 15 de abril. “Es una chapuza”, lo ha catalogado el alcalde en declaraciones a los medios desde la sede municipal de Carabanchel, donde se celebraba una Junta de Gobierno. El regidor espeta al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje a los ayuntamientos “a ciegas” ante la norma.

“Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo. Entre sus argumentos, el alcalde ha vinculado la regularización de migrantes con la legalización de personas con antecedentes y en condición irregular, pese a que uno de los requisitos para beneficiarse de la norma es presentar un certificado de delitos penales.

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, ha considerado Almeida, que incide en otro tipo de antecedentes: los policiales. “Han colado una trampa con los antecedentes [...] No es xenofobia decir que con este decreto se va a regularizar a personas con algunos gravísimos”, aseguraba a la vez que lamentaba su desconocimiento de la norma por la “falta de comunicación” del Gobierno a este respecto.

A raíz de estas declaraciones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra del Ejecutivo que ha aprobado la regularización de 500.000 migrantes, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de propagar un “bulo peligroso”. En sus redes sociales, la concejala ha apuntado a una estrategia de partido para “difundir que la regularización traerá delicuencia” y “alimentar el odio” hacia “personas que llevan años trabajando y sosteniendo Madrid”.

No obstante, también desde la Junta Municipal de Carabanchel aseguró el alcalde que para ellos es “innegociable” la “dignidad” de estas personas, y que su equipo “seguirá ofreciendo a los migrantes todos los servicios públicos” del Ayuntamiento de Madrid. “Ahí no va a estar el problema, aunque nos vayan a echar la culpa”, ha concluido, anticipando la reacción de Reyes Maroto e incidiendo en que ha de ser Pedro Sánchez el que dote de medios a los municipios “si considera que faltan capacidades e instrumentos” para hacer frente a los flujos migratorios. “Nosotros no vamos a colaborar en una chapuza”, fue su conclusión.

Los requisitos de los migrantes para solicitar la regularización

En el texto aprobado por el Consejo de Ministros se exponen los principales requisitos para acogerse a la regularización: podrán hacerlo, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. También los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Asimismo, el último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria, que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias. De un lado está la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, probando que la persona se encuentra en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, el encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Para demostrarlo habrá que presentar un nuevo informe social.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

Septiembre de 1928. El sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer viaja a unos retiros espirituales. El segundo día, cuando releía unas anotaciones viejas en su habitación después de ir a misa, recibe una inspiración divina: debe crear el Opus Dei, una nueva prelatura en la Iglesia que inspire a los fieles con acompañamientos pastorales y formación espiritual. Años más tarde, el fundador de esta jurisdicción católica pasó a ser conocido internacionalmente y, en 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Abrió camino a una sólida doctrina que hoy aún se imparte en colegios, institutos, universidades o centros concertados de todo el país. Pero hubo un lugar en el que empezó todo.

En sus cuadernos, custodiados por el Opus, escribió lo siguiente: “Consideraba yo por la calle, ayer tarde, que Madrid ha sido mi Da­masco, porque aquí se han caído las escamas de los ojos de mi alma [...] y aquí he recibido mi misión”. Decidió que su organización se fundaría en la capital, donde los suyos aún mantienen una importante influencia. Aunque hoy en día se distribuyen centros educativos del Opus Dei por los distintos barrios de la ciudad, y con distinto poder adquisitivo, buena parte de ellos continúa centralizándose en distritos acomodados como Fuencarral-El Pardo. Especialmente en los barrios de Valverde o Mirasierra.

En esta última zona residencial al norte de Madrid, con poco más de 30.000 habitantes, se encuentra uno de los principales colegios del Opus en la ciudad. Además del centro privado de Montealto, El Prado se ha consolidado como un punto conocido en el distrito de Fuencarral, donde se imparte una educación en base a principios cristianos y en la que los propios sacerdotes de la prelatura ofrecen “atención pastoral” in situ a familias, docentes o al alumnado. Ambos pertenecen al grupo Fomento Centros de Enseñanza, vinculada al Opus y con presencia en distintas comunidades autónomas.

Desde los cincuenta, hasta hoy: la presencia del Opus en Madrid

Especifican desde la prelatura que, en otros casos como el de la Red Educativa Arenales (con hasta 10 escuelas en la ciudad) no existe como tal una “vinculación institucional” continuada, pero sí “acuerdos puntuales” con alguno de los colegios o solicitudes de ayuda en cuestiones pastorales. En dichos centros, según la organización, la dirección es quien tiene la autonomía docente y el Opus organiza una “vivificación cristiana”, que estará ligada al alumnado y su rutina escolar. La delegación madrileña del círculo religioso se sostiene, como en otras zonas, principalmente gracias a los ingresos generados por las cuotas de escolarización, que varían en función de cada centro.

El pasado mes de marzo, el colegio tuvo que apartar a uno de sus profesores después de abrirse una investigación policial por supuestos abusos a tres menores durante un campamento de verano, al que acudieron dos años atrás con un club juvenil que también promueve la fe cristiana. En Madrid es donde más centros se concentran, con hasta siete en total según la página web de la institución educativa: un centro de Bachillerato o colegios privados y concertados como Aldeafuente, Aldovea, Las Tablas-Valverde y Los Olmos, además de los dos ya mencionados en Mirasierra.

Dudé mucho porque era un colegio muy religioso y mi hijo es musulmán. Pero al final ha sido una experiencia enriquecedora y se ha sentido acogido en clase

Rhama — Madre de un alumno del colegio Tajamar

Desde la organización madrileña del Opus Dei confirman que el primer colegio vinculado a su agrupación se inauguró precisamente en Puente de Vallecas, zona obrera con barrios que concentran algunas de las rentas medias más bajas de la ciudad. El colegio Tajamar abrió en 1958, siendo entonces el único colegio en Madrid ligado a la organización. Con el tiempo surgieron otros centros que replicaban este modelo y se extendieron, ahora sí, por barriadas y municipios de toda índole. Algunos nombres: Los Tilos, en Vallecas; el Senara de Moratalaz; Retamar en Pozuelo de Alarcón; el colegio británico Alegra de Majadahonda; Fuenllana o Andel en Alcorcón y Orvalle en Las Rozas.

De los que se concentran en Madrid capital, buena parte depende del grupo de Fomento, con el que el Opus Dei mantiene un convenio único que aplica a sus centros de enseñanza. Las opiniones sobre cómo es la vida en estos colegios son muy dispares. Para Rhama, por ejemplo, terminó siendo mejor de lo que esperaba. Tanto ella como su hijo Isaac, de seis años y alumno en el Tajamar, son musulmanes. Al principio, dudaba sobre si matricularle en un colegio que instruye en la fe católica y aborda en su enseñanza los mandamientos cristianos. “Hubo gente que nos lo recomendó y otra que desconfiaba al ser un colegio muy religioso”, confiesa, aunque ahora no se arrepiente de aquella decisión.

Considera que la mezcla ha sido “enriquecedora” en muchos sentidos y que su hijo “se ha sentido acogido en clase” pese a que sus creencias son distintas. Cuando es momento de rezar, simplemente se aparta y luego reanuda la lección. Al ser un centro concertado, la enseñanza es gratuita; pero Rhama paga unos 200 euros al mes entre el comedor y las actividades extraescolares. Estas cuantías, además de los pagos por la matrícula en sus instancias privadas o clubes vinculados al colegio, son una de las principales fuentes de ingresos de los centros educativos gestionados directamente por el Opus Dei.

Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio

Carlos, de 47 años — Exalumno del colegio privado de El Prado (Mirasierra)

También reciben donaciones privadas de particulares o empresas, y subvenciones públicas en el caso de las escuelas concertadas. “La educación cristiana en nuestros colegios pone el acento específico del carisma del Opus Dei: el trabajo y las circunstancias ordinarias como lugar de encuentro con Dios”, resumen sobre su finalidad desde la propia institución católica. Sin embargo, algunos afirman haber perdido su fe precisamente entre sus paredes.

Carlos tiene 47 años y vive en Madrid, pero desde los ocho y hasta la mayoría de edad pasó mucho tiempo en el colegio privado de El Prado, donde sus padres le matricularon junto con su hermano al convertirse en miembros del Opus Dei. “Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio”, recuerda el vecino, que en esa cuenta incluye también a una hermana más en otro centro ultracatólico: eran tres en total.

Reconoce que en sus clases recibió algunos valores que ahora guarda con gratitud, como el compañerismo, llegando a hacer votaciones entre el alumnado para decidir quién era el “mejor compañero del aula”. Pero aquellos días le alejaron de su dios, pese a que empezó sus estudios siendo creyente. “El sacerdote podía venir en cualquier momento a la clase, aunque fuera irrumpiendo a mitad de una lección, y sacarte del aula sí así lo consideraba. Yo mismo he estado dentro de un cuarto donde nos citaba y en el que nos preguntaba si ya habíamos tenido sexo, o si nos habíamos masturbado”, rememora, siempre según su testimonio.

Escuela de élites y consolidación en barrios más humildes

Este exalumno ha pedido omitir el nombre del sacerdote para evitar posibles represalias, y lanza una última reflexión acerca de lo que ya recuerda como una “mala y muy difícil experiencia”. “Yo ahora vivo cerca del [colegio] Tajamar, en una zona llena de inmigrantes u otras personas sin capacidad económica que llevan allí a sus hijos porque creen que así recibirán una mejor educación. Es concertado y, para ellos, gratuito. Pero el precio real es que traten de evangelizarlos”, incide, señalando que buena parte de los colegios privados se ubican en zonas de clase media alta como Fuencarral o Moratalaz, mientras que los concertados se asientan en áreas más desfavorecidas para “perseguir otro objetivo”.

La red del Opus Dei se extiende históricamente a ciertas élites económicas y sociales, una tradición que continúa vigente a través de sus centros educativos, todos privados o concertados. Madrid es su gran centro fundacional y uno de los nodos más completos en España, pero no necesariamente el que más instituciones académicas concentra: en Pamplona, sin ir más lejos, está la sede principal de la Universidad de Navarra, joya de la corona para la prelatura católica.

El presidente Pedro Sánchez, mismamente, cursó un posgrado en su escuela de negocios. También pasaron por sus instalaciones la exministra Arancha González Laya; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; o el CEO de Sanitas, Iñaki Peralta. En Madrid, la singularidad está en la mezcla de origen histórico, presencia pastoral, red escolar urbana y proyección hacia élites académicas y profesionales. La propia página madrileña del Opus añade otros centros en la región, pero no todos están en la capital. Buena parte de ellos se gestionan através de empresas o asociaciones civiles que operan bajo los preceptos espirituales y pastorales del Opus Dei.

En el caso de los concertados, estos también reciben fondos públicos de la Comunidad de Madrid para sostenerse económicamente, al igual que ocurre en otras regiones pese a que la actual ley educativa (LOMLOE) prohíbe recibir dinero de arcas comunes a las escuelas que segregan por sexo. En los últimos años, ya con esta normativa en vigor se adjudicaron 4,5 millones de euros a los colegios fememinos Fuenllana, una de sus obras corporativas; mientras que el centro masculino Andel recibió 2,7 millones. Otros 2,3 millones de euros se asignaron a Los Tilos, y el colegio Senara gestionó casi dos millones de las cuentas regionales. Todos los centros mencionados, salvo el último en Moratalaz, se ubican en zonas modestas o con bajo poder adquisitivo como Puente de Vallecas, Móstoles o Alcorcón. Y configuran una red sólida que mantiene y perpetúa su legado en la ciudad.

B. G. (por sus iniciales, ha preferido aparecer así en el artículo) vive en un tercer piso de un moderno bloque de pisos en la calle de los Voluntarios catalanes, situada el barrio de Valdeacederas. En los últimos días ha tenido que compartir piso, muy a su pesar, con un inquilino inesperado que se ha hecho fuerte en su cocina: una rata.

Después del susto, el vecino de Tetuán decidió ponerse en contacto con el servicio que el Ayuntamiento de Madrid tiene habilitado para estos menesteres (se pueden tramitar online las incidencias relacionadas con ratas a través Departamento de Control de Vectores).

En el momento de redactar este artículo han pasado ya más de cinco días y el Ayuntamiento no se ha presentado en su casa ni se ha puesto en comunicación con él. El silencio se produce a pesar de que la Administración advierte en su página de la gravedad que puede revestir la presencia del animal:

“La presencia de ratas en interiores de viviendas, locales, etc. se considera inaceptable en términos de salud pública, prevención de daños y calidad de vida. En este tipo de entornos se aplica siempre el principio de tolerancia o umbral de plaga cero”, afirma la web del Ayuntamiento de Madrid en una página con el efusivo título “¿Ratas en casa?, ¡No gracias!, o cómo evitar su acceso a edificaciones”.

Entre tanto, el vecino se puso manos a la obra para tratar de poner remedio él mismo al problema. Por un lado, su casero contactó a las dos empresas de control de plagas que hay en las cercanías de su vivienda para comprobar que se encuentran saturadas. Por otro, él mismo se dio una vuelta por los comercios del barrio, percatándose de que en los bazares de los alrededores abundan todo tipo de productos para la eliminación de roedores. Todo parecía indicar que el suyo no era un problema aislado en la barriada.

De repente, B. G. conectó su peripecia de esos días con el resto de cosas que sucedían alrededor. Obras por todos lados, calles permanentemente levantadas y cubos rebosantes de basura. Su rata es un náufrago más de un barrio en cambio.

Valdeacederas es, desde hace algún tiempo, una de las áreas de ciudad consolidada donde se está produciendo un cambio urbano más profundo. Andar por la calle de los Voluntarios catalanes, que parte de la plaza de la Remonta (la más importante del distrito), es como caminar por una zona de guerra. A un lado y a otro se aparecen bocacalles repletas de solares, camiones con el emblema de empresas de derribos, andamios encajados en espacios minúsculos, ventanas tapiadas, solares en los que nacen amapolas de entre los azulejos de lo que fue una cocina, cables eléctricos colgados de postes que hasta hace poco se sujetaban en una fachada…

Las antiguas casas bajas encaladas en blanco y con cubierta de teja, otrora características del barrio, van cayendo y en su lugar crecen edificios con miradores, en los tonos blanco y negro que ahora llaman cebra. Los edificios austeros de los años setenta permanecen en su sitio, componiendo un desigual mosaico inmobiliario que no se estudiará en las escuelas de arquitectura.

Antonio Granero es presidente de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos-Tetuán y explica que las quejas de los vecinos por las obras constantes en la barriada no son nuevas. “Se podía prever que aparecieran ratas, hay un cogollito de calles entre Voluntarios catalanes, Genciana, Ana María y otras del lado izquierdo de Capitán Blanco Aribay donde es un no parar de hacer casas”, explica.

 Granero conoce personalmente otro caso de una persona que habita un cuarto piso y tuvo ratones cuando empezó a construirse un edificio junto a su casa. “Puede ser por eso o ser una casualidad, pero desde luego estaban las obras”. Incide, de todas maneras, en que la mayoría de las quejas que han recibido como asociación tienen que ver con el polvo, el ruido o los cortes continuos e inesperados de calles.

Una de las personas que se puso en contacto con ellos fue Cristina. Es vecina de Valdeacederas desde hace más de quince años, aunque probablemente tenga que irse porque su casero, a la vista del auge del barrio, ha decidido vender.  “Siempre ha habido muchas ratas, te las encuentras por las noches donde están los contenedores de basuras. Probablemente, con tantas obras estén saliendo y subiendo a las casas”, explica.

La vecina da cuenta de otras molestias asociadas al estado constante de obras en las calles de Valdeacederas. Hay tantas que en algunos trayectos tiene que ir por la calzada porque coinciden promociones en los dos lados de la calle. Un paseo por la zona permite constatarlo. En la calle de la Guzmanía un camión de obra bloquea el camino durante rato; en la parte baja de Azucenas los cascotes de la acera levantada se amontonan en una esquina; hay bidones obstaculizando el paso en Cantueso, casetas de obra por doquier…De resultas de ello, el asfalto de Veldeacederas está constantemente agrietado.

Pero Cristina también alude al después de las obras. “Está viniendo tanta gente a vivir al barrio que el otro día iba a trabajar a la hora de siempre y éramos tantos que apenas se podía cruzar el semáforo”, explica. Valdeacederas es, como la mayoría de las calles al oeste de Bravo Murillo, heredero del urbanismo espontáneo del arrabal que fue. Las calles son estrechas y fueron pensadas para albergar casas bajas o de pocas alturas, por lo que el repentino estiramiento de su caserío obliga a repartir un espacio escaso de partida.

Sobre ello, han reparado las asociaciones vecinales últimamente. El avance del Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), que sustituirá en el futuro al Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1997, nombra distritos consolidados como Tetuán entre los que son susceptibles de aumentar su parque de viviendas. Las asociaciones del barrio han puesto de manifiesto que Tetuán es ya uno de los distritos más poblados de la ciduad. “La población crece, pero los servicios no, se quedan como están y hasta se reducen, no veas cómo están los ambulatorios de la zona”, se queja Cristina.

El borrón y cuenta nueva en las calles de Valdeacederas se está produciendo, en este caso, por las dinámicas del mercado inmobiliario y no propiciado por un plan de reforma interior planificado por la administración, como ha sucedido en otras partes de Tetuán. A Cristina le molesta también la pérdida incontrolada de patrimonio que está acarreando. “Soy esa persona que siempre está protestando porque está desapareciendo el paisaje de casitas bajas, han tirado un edificio neomudéjar o se han cargado su fachada”, dice con pesar.

La calle de los Voluntarios Catalanes desemboca en las torres Skyline del Paseo de la Dirección. La aparición de los gigantes de lujo ha marcado un antes y un después en los titulares de la prensa económica en relación con Tetuán y Valdeacederas. Un vistazo a las noticias de los dos últimos años arroja expresiones optimistas para el sector de la construcción como “el barrio que enamora a los ricos”, “barrio de moda”, “barrio estratégico”, “boom”, “explosión” …Muchas de ellas llevan cosidas, como se ve, la palabra barrio, aunque paradójicamente no faltan voces que señalan que el proceso se está llevando por delante las características de lo que solía ser la vecindad.

El precio de la vivienda en el distrito de Tetuán está en su techo histórico según la página especializada Idealista. Los 5.980 €/m2 lo sitúan en la media de la ciudad, con una subida de un + 15,8 % en el último año para compra; y en 22,9 €/m2 para alquiler (con una subida anual del 7,3%). Los precios de Valdeacederas y Ventilla-Almenara son aún más bajos que la media del distrito. Sin embargo, a diferencia que el vecino barrio de La Ventilla, la subida anual de los precios de compraventa en Valdeacederas ha sido de más de un 20%. Es el barrio al oeste de Tetuán donde más se contruye y más están subiendo los precios en compraventas. Algunas consultoras solían utilizar la densidad del mar de grúas para medir la vitalidad del sector de la construcción, especialmente antes de la última crisis inmobiliaria. Un paseo por el barrio de Valdeacederas es, actualmente, un camino jalonado de plumas metálicas sobre los tejados de sus calles.

Los distintos vecinos con los que hemos hablado para redactar este artículo insisten en la suciedad constante de las calles. B. G. señalaba el permanente estado de suciedad de los contenedores de basura que hay en la calle de los Voluntario Catalanes, junto a la plaza de la Remonta. Otros, hablan de los de la calle del Arándano. Todos inciden en la insuficiente recogida de unos contenedores que permanecen todo el día en el exterior porque muchas de las casas de la barriada no tienen cubos individuales.

Se preguntan cómo es posible que proliferen narrativas comerciales destinadas a personas de rentas altas a la vez que el barrio se encuentra tan abandonado. El pasado mes de octubre abrió sus puertas un edificio de co-living en la calle Ana María enfocado a nómadas digitales, con habitaciones que cuestan entre los 900 y los 1600 euros. Los anuncios inmobiliarios inciden, eso sí, en las conexiones del barrio con las zonas de negocios en las Cinco Torres o la Castellana, y rara vez mencionan los nombres de Valdeacederas o Tetuán. Valdeacederas empieza a compartir con el resto de barrios del distrito el catálogo de síntomas de la gentrificación,. “Están comprando todos los locales y convirtiéndolos en apartamentos turísticos, lo que es un desmadre y lleva a perder la vida de barrio, que había mucha en Valdeacederas”, lamenta Cristina.

Son los actos de la vida diaria los que, seguramente, más nos informan sobre los procesos de cambio urbano. La especulación masiva, la gentrificación o el vaciamiento por turistificación inciden en la cotidianidad porque nos dejan sin tiendas donde comprar comestibles o vecinos que nos recojan al niño de la escuela. Crean grietas en el tejido social que, a veces, dejan de ser metafóricas y ponen en peligro nuestros tobillos. Remueven la tierra bajo nuestros pies y, en el vaivén, corren peligro de verse desplazadas hasta las ratas.

La Comunidad de Madrid deniega por segunda vez la beca de comedor escolar, en calidad de víctimas de violencia de género, a las dos hijas menores de la vecina de Villaverde asesinada por su expareja en 2023. En la última convocatoria de ayudas para el alumnado de centros públicos, la de 2025/2026, las niñas no figuran como seleccionadas en la resolución definitiva de la Consejería de Educación, cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado 6 de abril. Estos bonos financian un menú escolar para estudiantes de centros infantiles, colegios o institutos gestionados por la administración autonómica, y uno de los requisitos que figuran en el criterio de evaluación es que los solicitantes tengan a alguna víctima de violencia de género dentro de su unidad familiar.

La madre de ambas chicas, que tuvo otra hija actualmente mayor de edad y hermana de las menores, contaba con 36 años cuando murió a manos del hombre con el que convivía. Con el tiempo se creó un comité de crisis para coordinar instituciones en casos de violencia machista que llevó el nombre de la fallecida, Miguela Novas Noboa. En enero de este año, sus hijas fueron desahuciadas del domicilio en Villaverde donde residía su abuela, madre de la mujer asesinada, con la que se habían mudado las tres hermanas.

La mujer, que vivía a pocas calles de donde mataron a la víctima, tenía una deuda hipotecaria después de que la sociedad limitada Ciclevile SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquiriera el descubierto que la fallecida había contraído con Caixabank antes de perder la vida. Al tiempo, la compañía pasó a reclamar la propiedad del piso después de una pugna por su titularidad que había comenzado años antes, en 2018, cuando otra empresa registrada en Luxemburgo solicitó a la abuela de las niñas que abandonaran el domicilio.

Contactada por este periódico sobre el criterio de selección para admitir o denegar solicitudes, la Consejería de Educación explica que está estudiando el recurso presentado por la familia ante la negativa a concederle la beca, aunque asegura “haber realizado correctamente todas las gestiones respecto a esta solicitud”. En cualquier caso, fuentes de este departamento recuerdan que si este recurso es estimado, la beca será concedida con efecto retroactivo y cubrirá desde el comienzo del curso escolar 2025/26.

Un desahucio hipotecario y tres víctimas desamparadas

En su momento, la hermana mayor ya se hizo eco de los problemas que tenían no solo para encontrar alternativa habitacional ante un desahucio inminente –ella misma acababa de mudarse a casa de sus suegros ante la ansiedad que le provocaba la situación en casa–, sino también para adquirir la propia condición oficial de víctimas de violencia de género. Aunque, en su día, fuentes del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid indicaron que el ofrecimiento de recursos municipales a víctimas de un desahucio se produce “con independencia” de que exista un vínculo con algún caso de violencia, la familia de Miguela aseguró que solo recibieron opciones temporales en centros de los servicios sociales, pero declinaron la oferta.

Desde entonces, han permanecido dispersas hasta encontrar una forma de volver juntas a Villaverde. La hermana mayor continúa en casa de los padres de su novio, y ha sido en este tiempo cuando solicitaron para las menores las ayudas autonómicas para las becas de comedor. En total, según datos aportados por la familia, la cuantía que corresponde al menú de ambas menores entre diciembre de 2025 y el próximo mes de junio suma 1.342 euros, 671 por cada una para 122 días lectivos. Según relatan, en el momento de enviar su solicitud para recibir las becas marcaron la casilla que permitía a la administración consultar su perfil y la documentación asociada.

Sin embargo, en la lista publicada recientemente por la Consejería de Educación –e incluye a solicitantes incorporados a la red madrileña a partir del 15 de noviembre– no aparecen sus nombres, y sus familiares denuncian una gota más en la laguna de problemas para obtener apoyo en una situación vulnerable que, además, es reconocida a nivel público.

A finales de febrero, desde el entorno más próximo a la hermana mayor insistían en que su “principal problema estaba siendo la Justicia”, pues según decían no habían conseguido aún un certificado oficial que habilitara su condición de víctima. Finalmente, lo obtuvieron el día 19 de ese mes, unas dos semanas antes de enviar la solicitud para la beca, que se registró el 2 de marzo. “Todo va muy lento”, percibían ya por aquel entonces, con la esperanza de que la reciente reunión con una fundación de mujeres que les ayudó durante el proceso y que asistió con la documentación a la Fiscalía sirviera para mover ficha.

Así fue, aunque la cadena burocrática de solicitudes y reclamaciones tiene “saturada” a la hermana mayor, que compagina su trabajo con las diversas gestiones administrativas para que sus hermanas obtengan la beca de comedor. “La apoyamos en lo que podemos, pero no llegamos a todo”, confiesan fuentes de su entorno. Poco después, celebran haberlo conseguido, aunque desconocen las razones por las que les rechazaron la beca.

Desde la oposición política en la Asamblea de Madrid, la diputada del PSOE Lorena Morales espeta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el criterio de selección “otorgue las mismas oportunidades a un hijo de guardia civil que unas víctimas de violencia de género”.

No entiendo que el criterio de selección priorice a hijos de policías frente a los de otros funcionarios, como los sanitarios

Lorena Morales — Diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid

Morales recuerda que en la lista de requisitos para obtener la beca de comedor existen categorías que benefician a familiares de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o enviados de las Fuerzas Armadas a la Comunidad de Madrid. Algo que considera una “incongruencia” teniendo en cuenta que, aunque ve comprensible dar prioridad a hijos de víctimas de violencias o terrorismo, no halla razón para, por ejemplo, “elevar a policías por encima de los sanitarios”. En respuesta a una solicitud de información que presentó al Gobierno de Ayuso, el Ejecutivo informó de que este curso se concedieron 119.870 becas a las familias con menos renta per cápita. El segundo grupo receptor fueron los hijos de policías, guardias civiles o militares.

A estos últimos se les ofrecieron 15.541 bonificaciones, mientras que 2.981 fueron a parar a víctimas de violencia de género, las terceras en la lista. En 2025 se presentaron 33.516 denuncias por violencia de género en la Comunidad de Madrid, según datos del informe anual que elabora el Consejo General del Poder Judicial. Por lo general, coinciden menos en una misma región los familiares afectados por un caso grave de violencia machista que aquellos vinculados a cuerpos de seguridad. Los datos recopilados apuntan a que otro grupo importante de becas se destinó a quienes percibían el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o las familias numerosas.

No obstante, para la diputada socialista este orden de prioridades “deja fuera” a los núcleos monoparentales. En junio de 2023, la presidenta regional anunció un plan de apoyo con nuevas ayudas destinadas, especialmente, a las familias numerosas y las monoparentales, con pagos únicos de 1.800 euros por hijo y 3.600 para tutores legales de gemelos o mellizos. Pero en la resolución que muestra Morales no aparecen como categoría aparte. En los últimos cinco años, las denuncias por violencia de género presentadas en instancias de la Comunidad de Madrid han ido en aumento. Las becas de comedor son una de las prestaciones públicas que favorecen a sus víctimas, pero las hijas de esta vecina de Villaverde aún tendrán que esperar.

La gota fue un reconocimiento médico rutinario. Y ahora el vaso se derrama sobre la Comunidad de Madrid. Los contratiempos para formar a 267 nuevos bomberos en septiembre después de dos años esperando a incorporarse han desesperado a la plantilla, que se reconoce agotada por un modelo “basado en el esfuerzo extraordinario” de sus profesionales. Ahora, una alianza entre sindicatos llama manifestarse el próximo 15 de abril frente a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, contra lo que consideran un problema de gestión que llena de “incertidumbre” a sus aprendices y aumenta la sensación de “sobrecarga” entre sus miembros.

El enredo emana de unos chequeos obligatorios que han de pasar los aspirantes una vez superadas las pruebas físicas, entre los que se incluyen ergometrías y revisiones del ritmo cardíaco. Hasta ahora los gestionaba su propia unidad médica, la del Cuerpo de Bomberos de Madrid, pero esta vez se optó por externalizar el servicio y abrir un proceso selectivo. El contrato, de dos meses de duración, se ofertó por 115.354 euros. Tal y como adelantó El País, este ha quedado desierto después del 30 de marzo, cuando concluyó el plazo habilitado.

“Nada de esto ocurriría si no hubieran descuidado nuestros recursos médicos”, opina Juan Carlos Martínez, responsable de los bomberos en CSIF. El sindicato de funcionarios es uno de los tres firmantes, junto con CSIT Unión Profesional y UGT, del manifiesto que invita a unirse a la protesta de la semana que viene. Este representante sindical asegura que, en su unidad propia, en los últimos años los sanitarios de su unidad han pasado “de ser cinco a dos” para atender a los más de 1.600 efectivos que actualmente componen el cuerpo.

Hace unos años, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Pedro Antonio Ruiz, estimó que la Comunidad ampliaría la plantilla con nuevas incorporaciones hasta alcanzar los 1.800 miembros en 2027. Ahora, los representantes de los bomberos en los sindicatos espetan que la externalización fallida del reconocimiento médico “pone en riesgo una planificación compleja y necesaria” para su trabajo, a lo que suman un “impacto directo sobre el servicio operativo”, pues parte de ese personal en práctica iba a destinarse a abastecer los parques de la región mientras los equipos se redistribuían para la apertura de nuevos cuarteles.

Nuevos parques anunciados y un 'planning' comprometido

Recientemente, el Gobierno autonómico anunció cinco parques de bomberos proyectados que se sumarán a la veintena de espacios ya existentes, distribuidos por todo el territorio. Plantean añadir bases en los municipios de Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Torrejón de Ardoz, Cobeña y Loeches, con una inversión estimada que ronda los 27 millones de euros. Las dotaciones se promocionaron bajo el eslogan de que cada vecino tendría un parque a 10 minutos de casa. Pero ahora CSIF, CSIT y UGT temen que la “falta de personal” impida o ralentice su apertura.

“No estamos ante un hecho aislado, sino una forma de gestionar que pone en peligro este servicio público y nuestras condiciones de trabajo”, estiman en un comunicado los sindicatos aliados. De momento han puesto fecha a su manifestación y, próximamente, se concretará la hora de inicio. El traspié con el reconocimiento médico, que la Dirección General de Función Pública decidió externalizar de forma “puntual” –afirmaron fuentes del organismo dependiente de la Consejería de Economía en declaraciones a Europa Press–, ha sido la puntilla que desata esta protesta.

Los promotores de la cita consideran que esto “vuelve a evidenciar una gestión deficiente que acumula retrasos, incertidumbre y perjuicios tanto para los aspirantes como para el propio servicio”. El responsable autonómico de los bomberos en UGT, Víctor Monedero, explica que en un encuentro reciente entre los sindicatos y representantes de la Comunidad de Madrid para abordar el retraso en los chequeos médicos, desde la administración les aseguraron que agilizarían todo lo posible la adjudicación del servicio, esta vez mediante contratos de urgencia.

La última licitación fue mediante un proceso ordinario, tal y como consta en el Portal de Contratación Pública del Gobierno regional. Los 267 aspirantes a bomberos, que ahora aguardan hasta saber si iniciarán su formación en septiembre, permanecen en sus casas desde que pasaron las otras pruebas a la espera superar los filtros definitivos. Con su incorporación inminente en entredicho, los representantes de los bomberos ven tambalearse planes y promesas y temen que esto pueda trastocar su planificación actual, “compleja y necesaria” para hacer funcionar el cuerpo. Mientras tanto, el departamento responsable explora posibles soluciones para acortar la espera y empezar su período de prácticas cuanto antes.

Imagine que una casa que compró hace 50 años, y de la que aún posee las escrituras, se revendió a otra empresa sin que nadie se percatara. Y que este nuevo dueño, a su vez, decidió traspasarla a un tercero que ahora la reclama. Suponga que, después de medio siglo figurando en los pagos a la comunidad, facturas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) e incluso acometiendo reformas en el piso, las dudas sobre su propiedad terminan llevándole a los tribunales en un caso tan surrealista como burocrático en su origen: el antiguo propietario, la misma empresa que se lo había vendido en los setenta, aún aparecía en el Registro de la Propiedad. Hace siete años entró en proceso de liquidación y se deshizo de todos los inmuebles a su nombre. Entre ellos, algunos ya comprados.

El 27 de septiembre de 1972, los suegros de Mario —nombre ficticio— compraron su casa en el barrio del Pilar por 288.200 pesetas a la sociedad limitada Jose Banús. Por esa década, José Banús Masdeu era un conocido promotor inmobiliario catalán y uno de los nombres detrás de varios desarrollos urbanísticos durante el franquismo: creó las famosas colmenas en La Concepción e incluso el Valle de los Caídos. Se le asignó la construcción de numerosas viviendas sociales para absorber la gran demanda entre las clases populares, en pleno éxodo rural a Madrid. Pero la empresa, constituida en los años 50 del siglo pasado, comenzó a disolverse y en 2019 inició una liquidación masiva de activos donde también entraron varias propiedades que ellos mismos habían vendido hacía décadas, pero que en ciertas áreas aún seguían a su nombre.

“Nadie nos avisó de esto. Hasta que el último comprador no vino a casa y habló con nosotros no supimos qué ocurría”, relata Mario, marido y yerno de las dos mujeres que figuran en el catastro como propietarias de la casa. Su suegra ronda los 80 años y aún vive en el piso, donde creció su hija y en el que compartió una vida junto a su marido, que era electricista. Cuando este murió, hace unos años, desde la gestoría advirtieron de alguna rareza en el testamento por la inscripción de esta vivienda, pero lo dejaron estar. Con el tiempo, una visita inesperada lo cambió todo.

“La persona que había comprado la casa llamó a la puerta y lo recibió mi suegra. Ella le dio mi teléfono y entonces nos llamó: había comprado unas casas en la zona y no sabía exactamente cuáles eran, así que fue a echar un vistazo. Pero efectivamente, era ese domicilio”, indica Mario, siempre según su relato de los hechos. Entonces, compartieron con este tercer individuo las escrituras de la casa y fotos de sus nombres en la referencia catastral. Solo faltaba una cosa, a la que se aferraron los compradores: el inmueble nunca se inscribió a su nombre.

Un paquete de 68 inmuebles por 551.000 euros

En total, Jose Banús SL cedió ante notario en Estepona (Málaga) un paquete de 68 inmuebles, que fueron transferidas a otra empresa de promoción inmobiliaria llamada Beocho Arkitecture S.L. En la escritura de aquella venta, firmada el 3 de octubre de 2019 y a la que ha tenido acceso este periódico, el propio notario explica que Banús no aportó una copia autorizada de los títulos de adquisición de las fincas durante el proceso de venta ni tampoco las referencias catastrales, pero acabó vendiendo todos estos inmuebles (la mitad de ellos en el barrio del Pilar) por apenas 551.000 euros en total, tal y como consta en el escrito notarial.

La inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad no es obligatoria en España, aunque sí permite tener más garantías frente a terceros. Así que Mario y su familia, que lograron acceder al listado de propiedades vendidas en el lote, comenzaron a visitar puerta por puerta los domicilios enumerados para ver si había otros en su situación. Solo en El Pilar localizaron a otras cuatro personas con casos idénticos al de su suegra, casas que habían comprado hace medio siglo, no inscribieron y ahora pasan a terceros, y empezaron conjuntamente a examinar sus opciones.

Primero presentaron una denuncia civil y, luego, pasaron a la vía penal a través de una querella. El caso de Mario llegará a juicio en septiembre, pero sus abogados confían en que la jurisprudencia permita zanjar el asunto antes de personarse en los tribunales. Otros afectados ya han recibido solicitudes de lanzamiento (es decir, de desahucio) para desalojar sus casas y abrir paso a nuevos dueños, pero la defensa apunta a que esta segunda venta no se hizo de buena fe y era obligación de la SL “cerciorarse de que la vivienda seguía siendo de su propiedad antes de liquidarla”.

Una empresa debe cerciorarse de que el inmueble aún es de su propiedad si va a venderlo, aunque el nuevo dueño no la haya registrado

Pablo Godot — Abogado defensor especializado en Derecho Civil y Mercantil

Es lo que sentencia Pablo Godot, abogado especializado en Derecho Civil y Mercantil y director del despacho que lleva el caso de esta vecina. Godot afirma que existen vínculos entre ambas compañías implicadas en la transacción, Jose Banús SL y Beocho Arkitecture SL, aunque atribuye solo a la primera de ellas la responsabilidad de lo ocurrido en base a la información disponible hasta el momento. El pasado 25 de noviembre, cuando presentaron ante el juzgado la primera demanda por lo civil, lograron unas cautelares para frenar nuevos intercambios de propiedades hasta que se resolviera el conflicto, pero su cliente recibió después una demanda de desahucio en precario.

Esta figura legal permite intervenir ágilmente sobre un inmueble para que el dueño pueda recuperar su propiedad si en su interior vive alguien sin contrato o que no paga la renta. Suele utilizarse en casos de okupación o usurpación del hogar. “No se va a un [procedimiento por lo] precario si hay no solo una, sino dos personas acreditadas como propietarias”, estima Godot, refiriéndose a la esposa del titular fallecido y su hija, que pasó a registrar su nombre al morir el padre.

Supuestas “coacciones” a inquilinos para abandonar el piso

En algunos casos, los afectados de otras viviendas revendidas por Jose Banús SL se han hecho eco de supuestas “coacciones” a los inquilinos con quienes mantienen un contrato de alquiler. Es lo que relata José Carlos, otro titular extrarregistral que recibió una de las casas que tenían sus padres cuando se divorciaron. Desde hace cinco años tiene un contrato de arrendamiento con una chica que conoció a través de su anterior inquilina, y a la que asegura que también fueron a visitar personalmente tras la compra para “ofrecerle dinero a cambio de abandonar el piso”.

Esta es una fórmula habitual de negociación en casos en los que un propietario busca finalizar a destiempo un contrato de alquiler, pero al existir este conflicto sobre la propiedad –en su caso, el segundo comprador es la empresa EON Capital–, José Carlos no dudó en presentar una denuncia ordinaria ante la Policía Nacional, que ha podido consultar Somos Madrid. Al igual que Mario, ha contratado a una abogada que examine el caso y asegura haber recopilado escrituras, testimonios de vecinos en el bloque que conocían a su padre o recibos de antiguos pagos asociados al inmueble.

Desde la Asamblea de Vivienda de El Pilar, un colectivo de la zona centrado en los derechos sobre la vivienda, hablan directamente de “estafa” y aúnan fuerzas con los vecinos para llegar al fondo del asunto. “Que una empresa venda dos veces el mismo inmueble es ilegal a todas luces, y no vamos a parar hasta demostrarlo”, zanjan fuentes de la organización ciudadana, que desde que recibió los primeros casos vinculados a José Banús SL se coordina con otro colectivo, la Asociación Vecinal La Flor, para buscar otros afectados y asesorar durante el proceso.

Además de los residentes ya mencionados, este periódico se ha puesto en contacto con otros dos particulares afectados por una segunda venta de esta compañía extinta, que por el momento han preferido no identificar su caso. Tanto las familias consultadas como en el colectivo de vivienda del barrio temen que la operación se haya extendido a más perjudicados, y tratan de identificar a estos posibles damnificados para presionar con actuaciones conjuntas. Una nueva operación inmobiliaria en el convulso mercado madrileño, donde los precios suben cada trimestre mientras los inquilinos e incluso antiguos propietarios ven peligrar sus hogares.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

La Archidiócesis de Madrid lanzó el 12 de marzo un aviso a todos sus fieles: “Necesitamos vuestra ayuda”. Y no era poca, pues hacían falta al menos 10.000 voluntarios que colaboraran con la Iglesia para dejarlo todo a punto antes de junio, cuando León XIV aterrizará en la capital y se rodeará durante cuatro días de creyentes, feligreses, instituciones y personalidades de la ciudad. Quedan poco menos de tres meses para la primera visita oficial de un Papa desde 2003, el año en el que Juan Pablo II viajó por última vez a Madrid. Su sucesor, Benedicto XVI, sí que llegó a hacerlo en 2011, pero fue para presidir la JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud católica. En aquel caso no era un viaje oficial del Vaticano, sino más bien una parada algo colateral para su asistencia a otro evento. Pero ahora, después de dos décadas, las parroquias buscan casa para acoger a los peregrinos que viajen desde España u otros países para conocer al Papa.

De momento, sus organizadores se muestran optimistas. “Desde que hicimos el llamamiento, hace prácticamente una semana, hemos conseguido 1.500 voluntarios. Tarde o temprano, llegaremos al objetivo”, augura confiado Ángel Luis Caballero, cura en la Parroquia de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Madrid, en Ciudad Lineal, y también el principal coordinador del Arzobispado para captar nuevos voluntarios y asegurar espacios –desde casas familiares hasta pequeñas iglesias, colegios o polideportivos– donde hospedar a los devotos que visiten la ciudad entre el 6 y el 9 de junio, durante la visita del Papa.

Un día, recibió una llamada del Arzobispado de Madrid solicitando su ayuda para vehicular los preparativos, que la Iglesia madrileña debe costear íntegramente. Este párroco tiene experiencia en actos institucionales, organización de eventos y ha coordinado otros voluntariados para la diócesis, por lo que parte de la dirección logística ha quedado en sus manos. Una de las primeras cosas que hicieron fue habilitar una página web para informar sobre la visita o actualizar novedades en tiempo real. En la pantalla principal aparece un contador con el número de días, horas y segundos que quedan hasta entonces. Pero el calendario del arzobispo empieza mucho antes.

¿Qué es lo que se necesita para recibir a un Papa? “El Santo Padre se alojará en la Nunciatura, que es una especie de embajada del Vaticano en Madrid”, explica Ángel Luis, indicando que para acoger al resto de asistentes que lo soliciten hay implicado todo un cartel de instituciones: desde las tres diócesis organizadoras (las de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe) hasta administraciones locales, autonómicas o estatales. Para prepararlo y, sobre todo, atender al público en esos días necesitarán a profesionales de distintas áreas.

“Necesitamos, sobre todo, a gente con capacidad de liderazgo y empatía. Pero también hacen falta personas familiarizas con la logística, soportes informáticos, tecnologías de la información, mantenimiento, voluntarios que controlen los accesos y salidas de cada recinto... ”, enumera el sacerdote, cuyo equipo también deberá estar al tanto de otras cuestiones propias de la institución católicas: desde la organización del protocolo o la liturgia, la comunicación con los medios o el registro de acreditaciones. Por lo general, contactan con ellos a través de las comunidades religiosas que se esparcen por las parroquias de toda la región.

Algunos tienen una habitación libre y otros simplemente un lugar donde tirar sacos de dormir y pasar la noche bajo techo

Ángel Luis Caballero — Párroco y organizador de la visita junto a la archidiócesis de Madrid

La conversación se produce mientras la campaña apenas lleva más de una semana en marcha, así que reconoce que es difícil estimar aún cuántas personas han ofrecido sus casas particulares para vivir esos días con un peregrino o grupo de feligreses con el que compartir techo y comida. En 2025, el precio medio por persona en los hoteles de Madrid fue de 168 euros la noche, y, sin embargo, superaron el 60% de ocupación con 93.000 camas disponibles.

“Algunos tienen una habitación libre que pueden preparar, y otros solo algún hueco donde tirar sacos de dormir y pasar la noche a cubierto. Pero creo que la espera tan larga para volver a recibir a un Papa también despierta en la gente ese sentido de la generosidad”, reflexiona. De hecho, existe un cronograma que marcará el paso para que, en los próximos días, puedan tener seleccionados los espacios que se asignarán a cada peregrino. Previamente, las personas interesadas en pernoctar gratuitamente en la ciudad con motivo de recibir al Papa deberán enviar antes solicitudes a la Archidiócesis, que valorará cada caso en función del número de alojamientos que finalmente reúnan.

Hasta este 30 de marzo está abierto el plazo para que las parroquias o entidades religiosas que deseen participar puedan registrarse en una lista. Desde el pasado 17 de marzo es posible inscribirse como voluntario para ofrecer un alojamiento de acogida; y desde el 24 también pueden hacerlo quienes puedan colaborar en otras tareas para la organización.

El 6 de abril, recién concluida la Semana Santa –que se conmemora entre este domingo y el siguiente–, la idea es que ya puedan abrirse las solicitudes para asistir a las celebraciones donde participe León XIV o solicitar una casa de acogida como peregrino. Este término, peregrino, se ha usado tradicionalmente para referirse a un viaje a pie hacia lugares que se consideran sagrados por alguna razón religiosa, como ocurre en el Camino de Santiago y la catedral donde yace el apóstol con el mismo nombre. Sin embargo, en este caso aglutina a todos los que lleguen para participar en la visita sea por tierra, mar o aire.

Se espera que la mayoría provenga de otras zonas de España, aunque el párroco Ángel Luis también espera que acudan miembros de las diócesis vecinas de Francia o Portugal. Sobre el calendario exacto de eventos, aún no tienen nada claro. “Todavía tienen que confirmarlo desde Roma, pero nosotros ya hemos enviado una lista con propuestas y el propio León XIV también ha indicado algunas preferencias para la visita”, destaca, mencionando entre las ofertas que hace el Arzobispado madrileño varios encuentros con la sociedad eclesiástica y civil, jóvenes cristianos de la ciudad, asistir a centros de Cáritas y organizaciones que colaboran con la Iglesia y conocer a usuarios vulnerables, o incluso una reunión con personalidades de la cultura y el arte en Madrid.

Uno de los grandes logros para ellos, de conseguirlo, es lograr que el Papa presida la misa del Corpus Christi, una festividad católica que coincide con el viaje. Asimismo, Ángel Luis añade que otras instituciones además de la Iglesia han enviado sus propuestas; entre ellas el Congreso y el Senado, dos instituciones que conforman las Cortes Generales del Parlamento en España y han pedido a León XIV que visite y lance un discurso desde sus instalaciones. Entre las peticiones que hizo el propio Robert Prevost, nombre de pila del Papa, habla de una: presentar una ofrenda a la Virgen de la Almudena, la patrona de la archidiócesis. “El Papa no ha venido a hacer turismo, sino a encontrarse con los más necesitados y conocer la realidad de nuestra sociedad”, concluye el párroco, con un largo camino por delante hasta la fecha prometida.

Un negocio extraño, pero con aspecto moderno. Dos locales ligeramente llamativos en la plaza de San Miguel, donde se cruzan la gentrificación del centro y la turistificación en los espacios gastronómicos, repletos de alimentos, tapas castizas, arroces tradicionales o delicias gourmet para bolsillos suculentos. Desde que abrió el primero, destacan sobre todo unas letras en las cristaleras, de color azul translúcido y con un bordeado amarillo: WC, la abreviatura de Water Closet. Son baños para turistas que cobran un euro por la entrada y en los que solo se puede pagar con tarjeta. Se pusieron en marcha hace un año en unas antiguas oficinas del BBVA, pero pasó poco tiempo hasta que un precinto municipal cerró el acceso al público. El inicio de su declive coincide con la salida de uno de los socios fundadores: Víctor de Aldama.

The Mad Toilets SL es, desde 2024, el nombre de la compañía administrada en su momento por el empresario, acusado de cobrar comisiones ilegales con José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y César Moreno, otro investigado en el caso Koldo que en mayo se desvinculó ante el juez de los pagos sospechosos efectuados por su socio. Una orden municipal del 21 de febrero del año pasado, resuelta días antes y que se anuncia un cartel colgado a la entrada de los baños, advierte de la prohibición de retirar o destruir el precinto que indica el cierre de las instalaciones. Su futuro próximo no pinta optimista.

Para cuando se inauguraron los baños de la Plaza de San Miguel, Víctor de Aldama ya no figuraba en el organigrama: abandonó el proyecto en septiembre de hace dos años, unos siete meses después de que la Guardia Civil le detuviera junto a Koldo García acusados de pertenecer a una red fraudulenta ligada a altos cargos del PSOE. La compañía se declaró insolvente hace unos meses y ha presentado un procedimiento especial de microempresas y microempresarios ante el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Este mecanismo concursal permite a las empresas con problemas económicos estudiar su situación y las posibles salidas para reflotar gracias a la intervención de un perito, que envía el juzgado para gestionar temporalmente las cuentas y redactar un plan de continuación. Es decir, una estrategia con la que reestructurar la actividad o liquidar activos de forma ordenada, procediendo en ese caso a la disolución de la sociedad limitada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que depende el procedimiento, confirman que dicho plan ya ha sido presentado y este se encuentra aún en fase de alegaciones.

Dos caminos posibles: reflotar con concesiones o liquidar bienes

Esta hoja de ruta deberá ser votada y aprobada por los miembros de The Mad Toilets SL. Si el plebiscito es favorable, se asumirán las acciones planteadas y se plantearán los términos en los que van a desarrollarse. Si no es así, la empresa quedará abocada a la liquidación de bienes y esta se hará de forma regulada y conforme a criterios judiciales. Pero es difícil estimar cuándo tendrán una respuesta definitiva, y mientras tanto su negocio permanece precintado y con pocas expectativas de volver a reabrir.

“Esto está empezando a rodar”, confirman desde el Juzgado de lo Mercantil número 17, que instruye el proceso. Mientras tanto, el administrador concursal asignado al caso puede bloquear cuentas, decidir a quién se paga por orden de prioridad –primero las deudas con Hacienda, luego el pago a los trabajadores y por último, a los proveedores– o, a efectos prácticos, actuar como un gerente de la empresa en funciones hasta que concluya la votación.

Según los datos públicos que ofrece el Geoportal urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, actualmente la empresa tiene a tres trabajadores en plantilla. En el buscado municipal de licencias no consta ninguna inspección reciente en los baños, que se extienden sobre una superficie de 273 metros cuadrados en total, de los cuales solo 204 m² son útiles. The Mad Toilets SL, fundada en 2022 bajo el nombre de Hot Wheels Iberica SL, calculó en su último registro un capital social de 23.000 euros. El año pasado lo cerró con resultados negativos.

Hace un par de años, Aldama y su socio presentaron la propuesta al Ayuntamiento de Madrid a través de una declaración responsable (un documento oficial por el que el titular de una empresa asegura reunir los requisitos para una actividad concreta), en la que enunciaron su idea de abrir un negocio bajo el epígrafe administrativo de saunas, baños turcos y similares. Un modelo que ha quedado salpicado por la sombra del caso Koldo, y que ahora pende de la decisión de una empresa que sopesa si presentará o no alegaciones.