“Crecer primero, distribuir después”. Esta ha sido la premisa que, a lo largo de las cuatro últimas décadas, ha imperado en China y ha convertido al país en la segunda potencia económica mundial. Este éxito, sin embargo, ha situado al gigante asiático en un punto de inflexión. El Partido Comunista Chino (PCCh) debe gestionar la primera gran transferencia de riqueza privada entre generaciones de la historia del país sin generar más desigualdad, al tiempo que promueve la “prosperidad común”. Todo un reto existencial para la propia organización comunista.

El asunto no es menor y moldeará la estructura social del coloso asiático en los próximos años. Tener una fortuna que legar —sea grande o pequeña— o redactar un testamento son conceptos novedosos en China, que no dispone de un marco legal completo sobre sucesiones y patrimonio acumulado. Una carencia que deben subsanar los dirigentes de Pekín, que llevan décadas discutiendo como gravar la acumulación de capital. Un horizonte que choca con las directrices del presidente Xi Jinping, quien impulsa el concepto de “prosperidad común” para lograr un país más rico y poderoso capaz de cerrar la brecha de riqueza que divide a la población.

La urgencia del debate nace de una realidad demográfica y biológica ineludible. La primera generación de empresarios surgió a partir de 1978, tras las reformas impulsadas por Deng Xiaoping. Muchos de ellos transformaron pequeños talleres familiares en conglomerados globales que hoy exportan al mundo entero. Sin embargo, no fue hasta los años noventa, cuando se permitió la propiedad de la vivienda, que la población empezó a acumular activos. Ahora, esta generación ha alcanzado la edad de jubilación o ha empezado a fallecer, lo que sugiere que en los próximos años habrá un aluvión de traspasos de patrimonio.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Según la revista Hurun, que confecciona la lista de los empresarios más ricos de China, la magnitud de esta transferencia será colosal. En 2025, el país contaba con 1.110 milmillonarios, de los cuales el 98% se hicieron a sí mismos. El 49% tiene más de 60 años y un patrimonio superior a 720 millones de dólares. El 10% de la población posee el 70% de la riqueza privada del país y prácticamente ninguna de esas fortunas es heredada. Se estima que entre 2025 y 2035, los multimillonarios chinos transmitirán un patrimonio neto superior a los 2 billones de dólares, según The Economist.

Muchas de estas transferencias no tendrán una gestión fácil. Las complicaciones en las herencias han aumentado en paralelo al crecimiento del país. Los problemas eran irrelevantes en 1978, cuando el patrimonio familiar promedio apenas llegaba a 1.500 dólares; ahora que ha alcanzado los 170.000 dólares los litigios son constantes. Esta mejoría económica, unida a las lagunas legales, está en el origen de numerosos conflictos judiciales. La ley china divide los bienes a partes iguales entre padres, cónyuges e hijos (incluidos los extramatrimoniales) pero a ellos se suman quienes desean legar su patrimonio a nietos o parejas no casadas. Una realidad que complica las adjudicaciones de herencias.

Algunos contenciosos actuales ya avanzan estas tensiones. Ese es el caso de la herencia del grupo de bebidas Wahaha, creado por el multimillonario Zong Qinghou. Su hija, Zong Fuli, heredó el emporio tras la muerte de su padre en 2024. Un año después, tres presuntos hermanastros impugnaron sus derechos y reclamaron más de 2.000 millones de dólares. La batalla legal aún no se ha resuelto.

Pero China vive una realidad económica compleja. Junto a esas élites convive un país cuya economía sigue sin despegar, con un desempleo juvenil que supera el 16% y un consumo estancado porque a las familias les cuesta llegar a fin de mes. El PCCh se opone a una redistribución significativa por temor a que las ayudas sociales vuelvan perezosa a la gente. Xi Jinping prefiere apostar por un crecimiento económico mediante el cual las ganancias se distribuyan de manera más equitativa y enriquezcan a toda la población.

Este contraste social vaticina una transición abrupta. Sugiere que los chinos están pasando de una era en la que creían que cualquiera podía prosperar trabajando duro, a otra en la que asumen que las conexiones y los orígenes familiares son las claves de la riqueza. Un cambio que avanza una fractura social más profunda.

Actualmente, China no cuenta con impuestos de sucesiones ni sobre la propiedad. El dedicado a las ganancias de capital está plagado de exenciones y el de la renta cuenta con un mínimo exento tan elevado que el 90% de los ciudadanos no paga. Esto, combinado con los recortes a los impuestos al consumo, ha provocado que la recaudación fiscal haya disminuido del 18% al 13% del PIB en la última década. Una realidad que Pekín quiere modificar gravando el capital.

Las autoridades discuten una normativa que intenta responder a esa dualidad china. La idea es utilizar ese capital para financiar la autosuficiencia tecnológica y la transición energética. Pero les inquieta la reacción del sector privado, responsable del 80% del empleo y del 60% del PIB. Temen que paralice las inversiones o genere una fuga de capitales.

Sin embargo, la cuestión es más política que económica. Una tributación eficaz sobre las herencias requiere transparencia y la divulgación del patrimonio es uno de los asuntos más delicados del país. Sin registros de propiedad transparentes ni mecanismos de auditoría independientes, resulta muy difícil implementar un sistema impositivo eficaz.

Además, en China la riqueza a menudo está ligada al poder político. Muchos funcionarios poseen múltiples propiedades de origen opaco. Implementar este control obligaría a las élites a reconocer una corrupción que podría desencadenar disturbios y la pérdida de confianza de la población. Un escenario temido por el PCCh.

En definitiva, en China no solo está en juego el dinero de las familias más poderosas. El país se halla ante una gran transferencia patrimonial sin herramientas para gestionarla. Si se hace sin control, no solo se heredará riqueza, sino una sociedad mucho más desigual, descontenta y proclive a las protestas.

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han modificado el panorama internacional. Los precios del gas y del petróleo se han disparado y han encendido las alarmas en el mundo entero. Sin embargo, la situación amenaza con ser más crítica aún si Taiwán, epicentro global de la fabricación de semiconductores, se paraliza debido a su dependencia de las importaciones procedentes de Qatar y a que sus reservas de gas se limitan a solo 11 días. Cualquier interrupción prolongada en el suministro de chips alteraría el funcionamiento de industrias de toda índole, desde la automoción hasta la telefonía, en todos los rincones del planeta.

La globalización produce, en ocasiones, efectos inesperados. El bombardeo iraní a la refinería de Ras Laffan, núcleo de la industria de gas natural licuado (GNL) de Qatar y una de las mayores del mundo, tuvo una especial repercusión en Taiwán. En Taipéi se activaron todas las alertas debido a que esta isla, situada a más de 12.000 kilómetros de distancia de navegación del estrecho de Ormuz, depende energéticamente del gas qatarí.

La “isla rebelde”, como el régimen de Pekín califica a Taiwán, se halla sumergida en una enorme contradicción. Por un lado, registra la mayor concentración de valor tecnológico por metro cuadrado del globo. A través de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), controla el 90% de la producción de chips de vanguardia de todo el planeta. Sin estos componentes, los teléfonos móviles, la inteligencia artificial o el material militar de alta precisión de las potencias occidentales quedarían inutilizados.

Ese dominio tecnológico provoca que el peso del sector de los semiconductores sea abrumador tanto en la economía local como en la cadena de suministro global. Según las últimas estadísticas oficiales, la industria de los chips avanzados representa cerca del 21% del PIB de Taiwán y sus ventas al exterior supusieron el 74% del total de las exportaciones en 2025. Unas cifras que consolidan al sector como la auténtica columna vertebral de la economía isleña, al tiempo que sostienen su relevancia internacional.

Esta hegemonía tecnológica convive, no obstante, con una precariedad energética que roza lo alarmante. Según el ministerio de Asuntos Económicos taiwanés, la isla importa el 97% de su energía primaria. De Oriente Medio proceden el 70% de las importaciones de crudo y el 35% de las de gas natural. Esta dependencia explica la inquietud en Taipéi ante la guerra de Irán y su celeridad en adoptar medidas de emergencia para paliar los aumentos de precios y las interrupciones de suministro, ante la perspectiva de que el conflicto se dilate en el tiempo.

La realidad es que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría tener consecuencias catastróficas para Taiwán. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las reservas estratégicas de GNL en suelo taiwanés cubren solo 11 días, las más bajas del este de Asia. Este panorama dibuja un horizonte complicado para el tejido industrial y la sociedad civil, que empieza a temer por el mantenimiento de los servicios básicos.

El problema energético para la isla rebelde se ha agravado debido a que en su transición para desmantelar las centrales nucleares, como consecuencia del accidente de Fukushima del 2011, Taipéi optó por apostar por el gas natural como principal fuente energética. Actualmente, el GNL genera más del 50% de la electricidad de la isla, pero su accidentada orografía le impide almacenar grandes cantidades y depende del flujo constante de buques metaneros procedentes de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos.

El peso de TSCM

La posibilidad de que este flujo de metaneros se detenga debido al cierre del estrecho de Ormuz explica la ansiedad de los responsables de Taipéi, agravada por el voraz consumo energético de la propia industria tecnológica. Las plantas de TSMC consumen, por sí solas, cerca del 10% de toda la electricidad de la isla. Temen que se produzca una situación de emergencia y deban enfrentar el dilema de priorizar el suministro de electricidad a los hogares o dar preferencia a la fabricación de chips para evitar un colapso económico global.

A nivel mundial, el impacto de una paralización de Taiwán tendría efectos exponenciales. Según el Lowell Institute, una interrupción de la producción de chips de apenas tres semanas provocaría una pérdida de 2,5 billones de dólares en el PIB mundial.

Ante este panorama, las autoridades taiwanesas han acelerado la búsqueda de alternativas para evitar una posible escasez energética. Han garantizado el suministro de gas natural para los meses de marzo y abril y ya han anunciado que están gestionando envíos adicionales de Australia y Estados Unidos para mayo.

Y se han apresurado, asimismo, en anunciar nuevos contratos para aumentar las importaciones de gas estadounidense a partir de junio. Esta operación forma parte de la política de Taipéi de aumentar las compras a Washington para intentar ganarse los favores de Donald Trump, ante las pretensiones de Pekín de anexionarse la isla. Actualmente, el GNL estadounidense representa el 10% de la factura gasista taiwanesa y el suministro de petróleo alcanza el 30%, según el ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán.

En este contexto, el bloqueo del estrecho de Ormuz no solo tensiona los mercados energéticos, sino que revela la fragilidad del principal suministrador de chips del planeta. Taiwán se enfrenta a la paradoja de liderar el futuro digital del mundo mientras su presente energético pende de unas rutas marítimas vulnerables a miles de kilómetros de distancia.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la isla, sino la resiliencia de una economía global que se apoya en unos pocos puntos clave extremadamente vulnerables. La crisis actual obliga a la comunidad internacional a repensar como fortalecer esa resiliencia global.

“Debemos impulsar el desarrollo de un mercado nacional unificado y asegurar que las fortalezas del enorme mercado chino sigan brillando”, señala el XV Plan Quinquenal, que marca las metas de desarrollo económico y social de China hasta el 2030 y fue presentado por el primer ministro, Li Qiang, a la Asamblea Nacional este jueves. Un proyecto a través del cual los líderes de la segunda economía del planeta pretenden convertir la inmensa escala doméstica del país, con sus 1.400 millones de habitantes, en la palanca definitiva para dictar las normas del comercio y la tecnología mundial.

En Pekín son conscientes de que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el mundo ha entrado en una nueva era de relaciones internacionales. Los dirigentes chinos saben que ya no basta con ser la “fábrica del mundo” y que para influir a nivel planetario tienen que dar un paso más. Razón que los lleva a apostar por que el coloso asiático promueva un mercado interno con una normativa única de funcionamiento y que esta se convierta en el “estándar del mundo”, para superar la presión de Occidente y afianzar su desarrollo económico.

El reto no es menor. Con esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende eliminar los cuellos de botella que frenan el progreso del país, como el declive demográfico que lastra el consumo y el “feudalismo económico”, término con el que Pekín define el poder de los líderes provinciales para imponer su ley ignorando las reglas dictadas por el poder central.

Durante décadas, el milagro chino se ha alimentado de una competencia feroz entre provincias. Los dirigentes locales actuaban en sus territorios al margen de Pekín, protegían a sus empresas con subsidios opacos y barreras invisibles, para evitar que industrias de provincias vecinas les disputaran cuotas de mercado o ingresos fiscales. Este esquema productivo funcionó y contribuyó a que la economía china creciera a un ritmo de dos dígitos durante años, debido a que había una mano de obra excedentaria y no existían problemas de financiación.

Pero en 2026 este modelo está agotado. La crisis inmobiliaria ha dejado a los gobiernos locales con las arcas vacías y una deuda de más de 8 billones de euros que amenaza la estabilidad financiera del país. Ante este panorama, Pekín quiere aprovechar el XV Plan Quinquenal para desmantelar este “feudalismo económico” e imponer nuevas reglas de juego, al tiempo que sienta las bases para duplicar el PIB per cápita para el 2035 respecto al de 2020, que era de 10.504 dólares.

Ya no se trata de que Cantón rivalice con Shanghai o Shenzhen para crear campeones nacionales. El objetivo es que China y sus empresas compitan como un solo bloque contra el resto del mundo para lograr el liderazgo mundial. Una meta que Pekín considera difícil de alcanzar si no puede imponer la existencia de una sola regla, un solo estándar y un solo mercado, que sustituyan el conglomerado de barreras normativas provinciales y locales actuales.

La factura logística

Y es que la ineficiencia que supone este mapa fragmentado por un sinfín de reglas tiene un coste enorme que afecta a la competitividad empresarial. Según la Federación China de Logística y Compras (CFLP), los costes logísticos en China representan el 14% de su PIB, frente al 8% de Estados Unidos o el 9% de la Unión Europea. Una brecha que no es tecnológica, sino fundamentalmente burocrática y regulatoria.

Para neutralizar esta diferencia con Occidente, las autoridades chinas consideran que la mejor herramienta consiste en favorecer la creación de un mercado único interior y la digitalización total de la logística. Estiman que, cumpliendo las directrices del XV Plan Quinquenal, deberían reducir este coste al 10% para 2030, como consecuencia de la simplificación de la burocracia administrativa.

Con esta iniciativa que ya apuntaba el anterior plan quinquenal, China no solo aspira a mejorar su mercado interno, sino que pretende proyectar sus protocolos más allá de sus fronteras. Pekín ambiciona que cualquier empresa, sea local o extranjera, adopte automáticamente sus reglas de funcionamiento y las aplique de manera generalizada. Una fórmula que contribuiría a consolidar el “estándar chino” como la norma genérica por defecto.

El proyecto es muy ambicioso. Si Pekín logra crear un mercado único interior, con reglas para la inteligencia artificial, el flujo de datos y la energía verde idénticas en todo su territorio, habrá dado un paso fundamental para alcanzar el liderazgo mundial. Situará a las corporaciones globales ante el dilema de adoptar el estándar técnico chino o renunciar al mayor mercado del planeta. No se trata de un asunto baladí. Según la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR), el país cuenta con 1,2 millones de compañías extranjeras registradas. Ofrecerles un mercado único de 1.400 millones de consumidores sin trabas administrativas es un panorama muy tentador.

Al mismo tiempo, la generación de estas “reglas estándar” deberían facilitar la expansión internacional de sus empresas. Si Pekín logra que las normas que aplica se conviertan en el “estándar del mundo” facilitaría que sus compañías acudieran a otros mercados con una regla ya validada, lo que supone una ventaja competitiva importante.

No obstante, la implementación de ese mercado único chino no será fácil. Las ambiciones de Xi Jinping chocan con la percepción y la desconfianza de los inversores internacionales. En sus últimos informes, tanto la Cámara de Comercio de la UE en China, como la de EEUU, temen que esa iniciativa solo beneficie a las empresas locales. Su experiencia sobre el terreno les hace sospechar que el proteccionismo local persistirá de forma invisible a ojos de Pekín, y seguirá reinando la falta de transparencia jurídica. En definitiva, un entorno desigual que seguirá perjudicando a las firmas extranjeras.

Este panorama da a entender que la creación de un mercado interior unificado constituye el mayor desafío que propone el XV Plan Quinquenal. Si Pekín consigue convertirlo en realidad, China habrá dado un paso de gigante para construir la plataforma definitiva para proyectar su influencia global. Si fracasa, seguirá siendo un gigante con pies de barro burocráticos, incapaz de dictar las normas comerciales del siglo.

Japón se enfrenta este domingo a una de las citas electorales más determinantes de su historia reciente. No solo está en juego la supervivencia política de la ultraconservadora Sanae Takaichi, la primera mujer en alcanzar la jefatura de gobierno de la cuarta potencia económica mundial, sino también la definición de un nuevo modelo de Estado.

Los japoneses deberán decidir si avalan el ambicioso y polémico proyecto de “seguridad nacional” que propugna Takaichi o si castigan la inestabilidad generada por la ruptura de la tradicional alianza entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y el pacifista Komeito, que ha marcado la política nipona en el último cuarto de siglo.

Para la “Dama de Hierro japonesa”, como es apodada por su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, estos comicios no son solo un trámite doméstico, sino el trampolín necesario para que Japón se convierta en el principal arquitecto de la seguridad en la región del Indopacífico en la era de Donald Trump.

Las urnas dictarán sentencia, pero las encuestas apuntan a una clara victoria de Takaichi, lo cual reforzaría su liderazgo y le permitiría llevar a la práctica sus iniciativas económicas, en política exterior y de seguridad.

Los sondeos señalan que el todopoderoso PLD podría alcanzar los 233 escaños de los 465 en juego en la Cámara Baja —suficientes para gobernar en solitario, según el diario Asahi Shimbun—. Una cifra que podría elevarse por encima de los 300, si se suman los representantes que puede obtener su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón. Este resultado permitiría a Takaichi alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar leyes sin las trabas de la Cámara Alta.

Una amplia victoria

Una victoria amplia facilitaría a la primera ministra nipona materializar su ambición de convertir Japón en un país con mayores capacidades de defensa y un Estado más fuerte, siguiendo el legado de su mentor Shinzo Abe. Este enfoque, integrado en su proyecto de “seguridad nacional”, sustenta una política exterior basada en una doctrina de “asertividad controlada” y nacionalismo conservador, orientada a abrir un nuevo capítulo en la alianza entre Japón y Estados Unidos.

“Ese es un apretón de manos muy fuerte”, le dijo Trump a Takaichi a modo de cumplido cuando se saludaron en su primer encuentro, en octubre de 2025, en Tokio. El mensaje era claro: la alianza entre ambos países había entrado en una nueva etapa. No obstante, bajo la retórica de la amistad subyace una realidad mucho más pragmática.

La primera ministra nipona, definida por los analistas locales como una “paloma fiscal” y un “halcón” en seguridad, no ha vacilado en trasladar a la Casa Blanca su voluntad de implementar una política exterior “asertiva” [entendida generalmente como una postura más firme en la defensa de sus intereses].

Fiel reflejo del “trumpismo”, pero con características japonesas, Takaichi pretende ir un paso más allá. Si Trump exige que los aliados paguen por su defensa, ella plantea que Japón se rearme en tiempo récord, aumente el gasto militar hasta el 2% del PIB este mismo año y se posicione como el socio logístico y tecnológico indispensable para Washington en el Indopacífico.

La primera ministra japonesa no esconde sus ambiciones. Aspira a convertir Japón en una de las principales potencias del nuevo orden mundial y en el principal bastión del bloque democrático en Asia, frente a China, Rusia y Corea del Norte. Una meta que se apoya en una asertividad sin precedentes frente a Pekín.

Durante la campaña electoral, ha roto décadas de ambigüedad diplomática al afirmar que un ataque chino contra Taiwán activaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para defender la supervivencia del país.

Esta postura ha provocado la indignación de China, que la acusa de socavar el orden internacional de posguerra. Sin embargo, para Takaichi esta acusación carece de fundamento, ya que considera que ese orden está muerto. Defiende que, en este nuevo mundo de competencia entre grandes potencias, Japón debe reforzar sus propias defensas. Apuesta por modificar la Constitución y aumentar su capacidad ofensiva para que Japón no sea engullido por el expansionismo regional chino.

Rearme y bajada de impuestos

Si las urnas le otorgan la mayoría necesaria, Takaichi prevé acometer la reforma del artículo 9 de la Carta Magna para transformar su país en una potencia militar normal, capaz de actuar con autonomía estratégica, y revisar los principios de no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas nucleares. Este es el “trampolín” definitivo al que aspira la mandataria nipona y que conduciría al país a convertirse en un actor con voz propia en la mesa de las grandes potencias.

Sanae Takaichi ha propuesto a los japoneses construir un país fuerte, armado y “asertivo” que no tema las perturbaciones provocadas por Trump y esté dispuesto a sortearlas. Pero el éxito de esta apuesta no depende solo de ella, sino también de la confianza de los electores. Y en ese punto debe convencer tanto a jóvenes como a mayores de que su propuesta para superar la crisis del coste de la vida, que ya dura casi cuatro años, es la más acertada.

La realidad es que el protagonismo geopolítico que persigue la mandataria japonesa en sintonía con la agenda de Trump exige, al mismo tiempo, un esfuerzo económico sin precedentes para la sociedad japonesa. El desafío es considerable.

Los salarios reales han disminuido durante 11 meses consecutivos y el PIB real se contrajo un 2,3% anualizado hasta diciembre, lo que incrementa la preocupación por el poder adquisitivo de los hogares. La inflación, ausente durante décadas del debate político japonés, se ha convertido en una inquietud central. El encarecimiento de los alimentos, el combustible y los servicios públicos es la principal preocupación de los votantes –en este contexto, se prevé que el partido de extrema derecha Sanseito coseche avances en los comicios–.

Ante estos retos, la promesa estrella de Takaichi es suspender durante dos años el 8% del impuesto al consumo en los alimentos. La iniciativa ha sido bien recibida por los más jóvenes, que ven erosionarse sus salarios, pero ha encendido las alarmas entre los mayores de 65 años, que representan alrededor del 30% de la población. A ello se suma la inquietud de muchos analistas financieros, alarmados tanto por esta propuesta como por la de las fuerzas opositoras, que plantean la abolición total de dicho impuesto.

La realidad es que las repercusiones de estas medidas sobre las finanzas públicas son potencialmente sísmicas. Japón arrastra una deuda pública superior al 230% del PIB y el impuesto al consumo constituye la fuente de ingresos más estable para sostener el sistema de seguridad social y sanitario. Para muchos economistas, poner en riesgo esta recaudación equivale a debilitar el último dique de contención del Estado del bienestar, ya que se estima que su suspensión restaría unos 28.000 millones de euros anuales al presupuesto.

El panorama se ensombrece aún más si se tiene en cuenta el compromiso de Takaichi de apostar por un rápido rearme de las Fuerzas de Autodefensa. El aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB y la pérdida de ingresos fiscales sugieren que el mantenimiento de las pensiones y ayudas sociales dispararán todavía más una deuda que ya es la mayor del mundo desarrollado. Una ecuación de difícil resolución para la primera ministra.

Este domingo Japón elige no solo a su líder, sino también un modelo de país. Sanae Takaichi propone un Estado fuerte, armado y “asertivo”, dispuesto a colaborar con Trump en la construcción de un nuevo orden mundial. Si las urnas le otorgan la mayoría que reclama, podrá culminar su revolución conservadora y el país se asomará a una nueva era. Si, por el contrario, se impone el castigo por el coste de la vida, el país del Sol Naciente podría verse abocado a otra etapa de gobiernos efímeros. Los japoneses tienen la última palabra.

China y Venezuela están separadas por unos 15.000 kilómetros, pero esa distancia no ha impedido que las ondas sísmicas provocadas por la operación relámpago del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener al líder venezolano Nicolás Maduro hayan alcanzado el complejo de Zhongnanhai, el antiguo jardín imperial que alberga la sede del gobierno chino en Pekín.

La caída del líder chavista desbarata los planes del gigante asiático hacia América Latina, ya que su relación con Venezuela ha sido durante años una pieza clave de su estrategia energética global, al tiempo que cuestiona su política de inversiones en entornos políticamente inestables.

Para el presidente chino, Xi Jinping, la iniciativa de la Casa Blanca le llega en mal momento. Son tiempos complicados para el coloso asiático en la medida en que su economía no acaba de arrancar debido a la baja confianza de los consumidores, el endeudamiento del sector inmobiliario y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Un panorama al que se suma ahora un problema de suministro de crudo procedente de Venezuela y las dificultades financieras derivadas de la deuda pendiente del país caribeño. Una situación que previsiblemente repercutirá en los bancos y empresas chinas.

El revés no es insuperable para una economía como la china, pero sí constituye un golpe geoestratégico relevante. Durante las últimas dos décadas, Caracas se convirtió para Pekín en un socio estratégico ideal por sus recursos energéticos y la dimensión financiera de la relación bilateral. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Es un país ávido de créditos para el desarrollo y ha estado aislado de los mercados occidentales por las sanciones de EEUU.

Ante este panorama, China emergió como su principal aliado. Venezuela ha recibido más de 60.000 millones de dólares en préstamos del gigante asiático desde los primeros años de este siglo hasta 2015. Unos créditos que se convirtieron en un activo de alto riesgo para los bancos chinos a medida que la producción venezolana se desplomaba y las sanciones internacionales reducían la capacidad de Caracas para generar divisas. Una situación que desembocó en el acuerdo “petróleo por deuda”, una fórmula que tejió un entramado complejo de vínculos financieros y comerciales entre los dos países.

Esta coyuntura ha llevado a China a convertirse en el socio prioritario del país caribeño y en su principal comprador de crudo. Una relación que en 2025 le llevó a adquirir 470.000 barriles por día, lo que representa alrededor del 4,5% de las importaciones petrolíferas chinas por vía marítima. Este volumen, aunque modesto dentro de los parámetros del país asiático, ha proporcionado hasta ahora a China una fuente de crudo pesado a buen precio, que ha alimentado las refinerías independientes del país en el marco de los acuerdos de petróleo por deuda.

Pero ahora, con las presiones de Trump sobre Caracas para dirigir el destino de Venezuela, todo este entramado comercial tejido durante años por los dirigentes chinos queda en el aire. Todo depende de los planes de la Casa Blanca para el país caribeño y lo que decidan sus nuevos gobernantes. Para Pekín el principal problema no son las importaciones de crudo, que representan un porcentaje muy pequeño del total de sus importaciones petrolíferas, sino el cobro de la deuda pendiente y la suerte de las inversiones realizadas en ese país.

Entre 12.000 y 15.000 millones

Existe un alto grado de incertidumbre acerca de la deuda pendiente de pago por parte de Venezuela. Una duda que se remonta al momento en que Caracas dejo de publicar información detallada sobre tales pasivos tras su declaración de impago soberano en 2017. No obstante, diversas estimaciones de organismos internacionales cifran esa deuda pendiente con china entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.

La suerte que puedan correr las inversiones realizadas por las empresas estatales y privadas del sector petrolífero añade inquietud a las preocupaciones del Gobierno chino. Las compañías del coloso asiático han invertido más de 2.000 millones de dólares en el sector del crudo venezolano desde 2016, según la agencia Reuters. Sin embargo, estos contratos serán previsiblemente revisados por los nuevos gobernantes venezolanos, que podrían cuestionar tanto su legalidad como la deuda contraída con el gigante asiático.

Así, la situación en Venezuela sitúa a los líderes chinos ante un nuevo escenario. El principal riesgo no es tanto un impago inmediato de la deuda pendiente como una combinación de factores que deteriore la rentabilidad de su cartera latinoamericana. Un escenario que incluiría recortes del valor de la deuda, prolongación de los plazos y eventuales quitas legales o de facto, sobre los créditos vinculados al chavismo. Esta situación afectaría tanto a los bancos estatales y a las instituciones financieras de desarrollo chinas como a las firmas privadas, que verían deteriorarse el valor de sus inversiones en Venezuela.

Pero más allá de las cifras, lo ocurrido plantea a los dirigentes chinos un desafío central sobre su estrategia de inversiones y gestión de riesgos en países con alta inestabilidad política. Pekín ha combinado tradicionalmente la inversión masiva en infraestructuras y recursos —desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta hasta los acuerdos petroleros con Caracas— con una retórica de no intervención y respeto soberano.

La caída de Nicolás Maduro y la rápida reconfiguración de alianzas y prioridades en Caracas subrayan los límites de este enfoque cuando choca con los intereses directos una potencia como Estados Unidos. Una realidad que Pekín debería interpretar como una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de su proyección exterior en economías dependientes, endeudadas e inestables. Los dirigentes chinos deberían revisar tanto sus criterios de evaluación de riesgos políticos como sus mecanismos de protección de activos en el exterior. Una reflexión que debería incluir la aplicación de cláusulas más estrictas y eficaces en la cobertura de riesgos, protección de activos y defensa de sus intereses frente a cambios de régimen imprevistos.

A principios de diciembre, los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, ratificaron en Washington los Acuerdos para la Paz y la Prosperidad entre ambos países. Un acto, presidido por Donald Trump, cuyo trasfondo económico revela un tablero geoeconómico global mucho más complejo. Sitúa a la República Democrática del Congo, un país equivalente a cuatro veces la península ibérica, como campo de batalla entre China y Estados Unidos por el dominio de sus minerales críticos, imprescindibles para las nuevas tecnologías y la transición energética global. Una carrera cuya meta es controlar las cadenas de suministro y asegurar posiciones de influencia económica planetaria.

El pacto aspira a poner fin a décadas de violencia en el este del país, pero lo hace en un contexto en el que la seguridad, inversión y explotación de recursos forman parte de la misma ecuación. El Congo produce más del 70% del cobalto mundial, un mineral considerado el petróleo del siglo XXI por ser indispensable para baterías de litio, electrónica de consumo, defensa y todas las tecnologías vinculadas a las energías limpias. A ello se suma ser el principal país del globo en reservas de coltán y el segundo de cobre, además de poseer enormes yacimientos de germanio y litio, entre otros minerales críticos. Unas fuentes de riqueza a las que, a partir de ahora, deberían tener acceso prioritario las empresas estadounidenses gracias a este tratado de paz.

Con esta iniciativa, Trump intenta corregir la escasa participación histórica de EEUU en el Congo, así como limitar la influencia de China en la minería de este país africano. Washington exhibe este interés mediante una diplomacia orientada a pacificar la región y abrir la puerta a inversiones millonarias de empresas estadounidenses. A ello se suma el impulso de proyectos como la presa de Gran Inga, clave para abaratar el coste energético, o el corredor ferroviario al puerto angoleño de Lobito, concebido como alternativa a las rutas que ahora canalizan los minerales congoleños hacia China. Se trata de una estrategia que busca romper el monopolio de Pekín sobre la cadena de valor del cobalto, restándole capacidad para fijar precios y volúmenes en el mercado global de los minerales críticos.

China, por su parte, observa estos movimientos con preocupación. Durante dos décadas, Pekín ha tejido una estrecha red de intereses económicos y políticos con Kinshasa, a través de una combinación de inversiones masivas, diplomacia pragmática y acuerdos de infraestructuras a cambio de concesiones mineras. Sus empresas no solo extraen minerales, sino que también financian carreteras, presas y redes eléctricas cruciales tanto para el país como para el propio sector minero. Esta planificación estratégica ha permitido a Pekín controlar más del 70% de la capacidad mundial de extracción y refinado del cobalto a través de CMOC (China Molybdenum Co., Ltd.), la principal firma mundial del sector. Este dominio le ha proporcionado, en los últimos años, una ventaja competitiva que inquieta especialmente a la Casa Blanca y que explica la voluntad de Trump de regresar al tablero africano.

Durante dos décadas, Pekín ha tejido una estrecha red de intereses económicos y políticos con Kinshasa; Trump intenta corregir la escasa participación histórica de EEUU en el país africano

La respuesta china a los planes de Washington no se ha hecho esperar en el ámbito económico. Empresas estatales del país asiático, como la China Nonferrous Mining Group (CNMC) o la Zijin Mining Group, están acelerando sus proyectos de modernización y expansión de refinerías para garantizar el flujo de los minerales congoleños hacia su industria. Al mismo tiempo, Pekín intenta convencer al Gobierno de Kinshasa de las ventajas de su modelo de cooperación, basado en beneficios mutuos y la no injerencia política, ante los costes potenciales de una alineación excesiva con Washington en términos de autonomía económica.

No obstante, el Gobierno congoleño que preside Félix Tshisekedi es cada vez más consciente del valor estratégico de sus recursos e intenta maximizar sus beneficios y diversificar sus socios. Pero su situación es compleja. El país necesita reforzar sus instituciones, estabilidad política y recursos financieros para desarrollar sus infraestructuras básicas.

Kinshasa aspira a dar un salto industrial que le permita refinar y procesar parte de su propia producción y reducir así su dependencia de los centros de procesamiento externos. Pero, si no juega bien sus cartas, corre el riesgo de quedar atrapado en el enfrentamiento entre las dos superpotencias y ver relegadas sus prioridades domésticas a un segundo plano. En este contexto, la competencia geopolítica y geoeconómica puede jugar a favor o en contra del Congo, si bien la rivalidad entre Pekín y Washington amplía su margen de maniobra.

La realidad es que lo que está en juego trasciende la minería. El pulso entre China y EEUU por dominar el flujo de minerales críticos congoleños forma parte de la disputa por el control del nuevo orden energético mundial del siglo XXI. Para Washington, asegurar un suministro estable de minerales como el cobalto es un objetivo estratégico que busca sostener sus avances industriales y reducir sus vulnerabilidades estratégicas. Para Pekín, mantener e incluso ampliar su ventaja en el control de las materias primas no es solo una cuestión económica, sino de proyección estratégica. Su dominio en la extracción y el procesamiento le otorga una influencia directa sobre mercados clave y reduce la vulnerabilidad de sus cadenas productivas frente a sanciones, cambios regulatorios o conflictos comerciales. Es una de sus principales vías hacia el liderazgo global.

En este contexto, el Congo se convierte, una vez más, en el campo de batalla entre las grandes potencias por sus recursos minerales. El desenlace de este choque de titanes se anuncia largo y complejo, con efectos duraderos sobre la estabilidad de los precios globales y sobre la configuración de las cadenas de valor del futuro. La incógnita es si esta vez el país africano logrará transformar su ventaja geológica en una estrategia económica propia o si, una vez más, su riqueza seguirá siendo el motor del desarrollo ajeno.

En China todo pasa deprisa. Muy deprisa. En enero de 2013, Pekín se ahogaba bajo una densa capa de contaminación que superaba los 900 microgramos de partículas PM 2,5 por metro cúbico de aire, un dato catastrófico según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Doce años después, en 2025, el gigante asiático se erige como la superpotencia de las energías limpias. Una transición energética que, utilizada como estrategia de poder industrial y geopolítico, ha convertido al país en líder mundial en paneles solares, energía eólica y vehículos eléctricos.

Este liderazgo, sin embargo, no es accidental. Responde a una estrategia económica a largo plazo para dominar los principales sectores industriales del siglo XXI. Un objetivo para el cual los dirigentes chinos empezaron a definir las energías renovables como un sector estratégico para su seguridad energética y su posición global en el plan quinquenal para el periodo 2006-2010.

Desde entonces, Pekín se ha esforzado en generar una cadena de producción completa para las tecnologías limpias, desde la extracción de materias primas hasta el producto final listo para instalar o exportar. Un proyecto desarrollado apoyándose en el enorme tamaño de su mercado interno, que ha permitido abaratar costes y acelerar innovaciones, y en las nuevas Rutas de la Seda, que han facilitado la venta de sus productos a decenas de países. La fórmula ha permitido a China ampliar su influencia internacional.

Una planificación en la que el apoyo financiero masivo, estimado en unos cuatro billones de dólares, ha sido determinante. A base de subsidios y créditos preferenciales, Pekín ha impulsado la capacidad productiva de la industria verde, que así ha podido escalar producción, reducir costes y conquistar mercados exteriores con agresivas políticas de precios a la baja, que han eliminado cualquier competencia.

El resultado salta a la vista en el sector fotovoltaico. China controla más del 80% de la producción y las exportaciones mundiales de paneles solares. Un liderazgo global impulsado por un esfuerzo inversor estimado en un billón de dólares entre 2006 y 2024, que ha desarbolado la competencia internacional. La industria europea, que tuvo una posición relevante en los primeros años de este siglo, se hundió ante la imposibilidad de competir con los bajos costes de la producción china.

El 80% de la producción global de baterías...

Un patrón similar se observa en el ámbito de los vehículos eléctricos. Tres de cada cuatro unidades vendidas en el mundo en 2024 procedían de las fábricas chinas. El país concentra, además, alrededor del 80% de la producción global de baterías de litio para automoción. Un liderazgo estratégico, porque supone controlar el corazón tecnológico del automóvil, ya que las baterías equivalen al 30-40% del coste total del vehículo.

Este dominio sectorial, unido a la ofensiva en los mercados europeos de las marcas chinas, como BYD, SAIC o Geely, inquieta a la UE, dividida ante la estrategia a seguir el avance oriental. Un reto que no se limita a combatir la entrada de coches más económicos en territorio europeo, sino al riesgo real de ver sustituida la industria del motor europea, uno de los pilares del modelo industrial del Viejo Continente.

El retraso que acumula la UE en este sector es inquietante. Mientras en Bruselas se regula y se debate prolongar la vida de los coches de gasolina, en Pekín se apuesta por el hidrógeno como motor energético para vehículos pesados y logísticos, ya que ofrece mayor autonomía y eficiencia que los alimentados por baterías de litio.

El envite chino es muy ambicioso porque va más allá de la automoción y entronca con la estrategia energética global de Pekín, que busca dejar de depender del carbón, aún pilar fundamental de su sistema energético. De momento, sus dirigentes ya han aprobado un plan de desarrollo de infraestructuras y producción de hidrógeno verde a gran escala para 2035, con una inversión de miles de millones de dólares.

...y el 60% de turbinas eólicas

En el sector eólico, la situación es más equilibrada, pero la tendencia también apunta a una posición dominante. China concentra más del 60% de la producción global de turbinas y sus empresas lideran el sector a nivel mundial. Europa mantiene una posición competitiva, pero el escaso margen financiero y la falta de recursos obliga a sus compañías a importar equipos producidos en el país asiático.

Los datos son claros y subrayan que el centro de gravedad de la economía verde se ha desplazado a Oriente. China domina ya la cadena industrial de la transición energética mundial. Pero este poder no responde únicamente a una ambición ecológica, sino que sigue una lógica económica y geopolítica. Al convertirse en el principal proveedor mundial de tecnologías limpias, Pekín incrementa su influencia internacional y favorece su desarrollo económico. La prueba es que el sector verde ya representa el 10% de su PIB y actúa como un nuevo motor para un país que busca propulsores para su economía.

Pero esa apuesta verde de Pekín no está exenta de críticas. Son múltiples los reproches a China por seguir siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero del planeta, a pesar de sus esfuerzos por ser también la fábrica de energía limpia del mundo. Y el anuncio del presidente chino, Xi Jinping, ante la Asamblea de la ONU, de que su país reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para el 2035, decepcionó a muchos observadores internacionales. No obstante, es la primera vez que el gigante asiático promete una reducción de sus emisiones en lugar de desacelerar su crecimiento.

Aun así, no hay que olvidar que los dirigentes de Pekín suelen ser muy cautelosos al anunciar sus objetivos para luego sorprender con una realidad más significativa. En una cultura donde el principio de no perder la cara es fundamental –para los negocios, la política o las relaciones sociales–, conviene no olvidar que China da la sorpresa cuando menos se espera.

China ha puesto las luces largas. La cúpula dirigente del Partido Comunista del gigante asiático ha trazado esta semana las líneas maestras de un plan integral que impulse el desarrollo económico, a través de la innovación y las nuevas tecnologías, complete la modernización del país y ofrezca a sus ciudadanos un alto estado de bienestar en 2035.

Unas metas que afrontan un camino plagado de obstáculos, dados los problemas coyunturales y estructurales que padece el coloso asiático, a los que se suman los efectos de la guerra comercial y tecnológica que mantiene con Estados Unidos.

Estos grandes objetivos, que deberían culminar con la autosuficiencia tecnológica, forman parte del XV Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social de China entre los años 2026 y 2030, según acordaron los más de 300 miembros del comité central del Partido Comunista chino (PCCh), tras cuatro días de debates a puerta cerrada.

Un lustro de tiempo crucial para lograr la modernización socialista del país prevista para el 2035, según el comunicado publicado por la agencia de noticias estatal Xinhua. Para esa fecha, la cúpula del PCCh prevé que la población del coloso asiático duplique su renta per cápita respecto a la del 2020, lo que les supondrá disponer de unos ingresos del orden de 21.000 dólares anuales.

Sin embargo, este objetivo final que se ha marcado la élite dirigente china no deja de ser sumamente ambicioso, a tenor de la situación socioeconómica que atraviesa el país. Un panorama plagado de negros nubarrones: cinco años de crisis del sector inmobiliario, debilidad de la demanda interna, elevado endeudamiento de los gobiernos locales y una alta tasa de desempleo juvenil que ronda el 18%.

A este escenario se suma una inquietud social que el gobierno de Pekín no logra despejar. Y es que a muchas familias chinas les asalta el desasosiego provocado por la reducción de su patrimonio debido a la crisis inmobiliaria.

Una intranquilidad que les impulsa a optar por el ahorro para prevenir necesidades sanitarias o educacionales, hasta el punto de que la tasa de ahorro de los chinos equivale al 24,5% de sus ingresos, según cifras oficiales. Este dato, unido al constante aumento del coste de la vida y que el salario bruto anual medio era de 124.110 yuanes (unos 16.000 euros) en 2024, explica por qué el consumo no se convierte en el motor de la economía china.

Para superar estos desafíos, la cúpula comunista ha decidido apostar por una ambiciosa agenda de desarrollo económico y social que arrancó con el XIV Plan Quinquenal, que abarcó los años 2020-2025, el que ahora han trazado, que se prolongará hasta el 2030, y el futuro XVI Plan Quinquenal, que comprenderá el periodo 2031-2035. Una larga etapa de quince años durante la cual los líderes chinos se han propuesto transformar su potente industria manufacturera en otra innovadora, sustentada en las nuevas tecnologías.

Pekín pretende alcanzar ese objetivo a largo plazo mediante su apuesta por acelerar la autosuficiencia tecnológica y la innovación de vanguardia, poniendo énfasis en sectores clave como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la robótica y las energías renovables. El envite tiene como objetivo final reducir su dependencia de las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, disputarle el liderazgo tecnológico global y arrebatárselo. Un fin que ya ha conseguido en algunos ámbitos, como la robótica, los vehículos eléctricos o las placas solares.

Pero para que Pekín pueda disputarle la primacía mundial a Washington, el gigante asiático deberá disponer de un alto grado de autosuficiencia tecnológica. La élite dirigente comunista pretende lograr ese nivel de competencia fomentando la colaboración entre empresas locales, instituciones académicas e inversores locales y extranjeros dispuestos a impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías. Para esa apuesta, los líderes chinos están dispuestos a llevar a cabo una inversión masiva, como lo demuestran los más de 500.000 millones de dólares que Pekín dedicó el año pasado a I+D, según cifras oficiales.

Asimismo, los más de 300 miembros de la cúpula comunista china también compartieron la necesidad de dar un giro económico y orientar la estrategia de crecimiento del gigante asiático hacia la economía real. Esta decisión supone alejarse de un modelo de crecimiento impulsado por la inversión y el desarrollo inmobiliario y avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente, enfocado en la producción, las nuevas tecnologías y los servicios de valor añadido. Una iniciativa que pretenden agilizar con la creación de un mercado unificado, sin las trabas que puedan imponer las provincias.

Pekín define este modelo como las “tres nuevas economías”: nuevas industrias, nuevos modelos de negocios y nuevas tecnologías. El concepto incluye todos los sectores referidos a la energía verde, las tecnologías emergentes y los modelos de negocio basados en la aplicación y combinación de la tecnología. Estas actividades aportaron en 2024 más del 18% del PIB de China, según cifras oficiales.

Con su aprobación el pasado jueves, el comité central del PCCh deja el XV Plan Quinquenal listo para ser aplicado. No obstante, las directrices que orientarán la política económica y social de China durante la segunda mitad de esta década no entrarán en vigor hasta que reciban su aprobación final en la Asamblea Popular Nacional en marzo del próximo año. Su éxito no está garantizado, pero su pugna con Estados Unidos por el liderazgo mundial parece asegurada.