El ala minoritaria del Gobierno sigue mostrando con Marruecos un perfil más duro que el elegido por el PSOE tras la crisis migratoria de Ceuta de la semana pasada. Este miércoles, el grupo parlamentario en el Congreso de la coalición —y, más en particular, IU, que se integra en él— registró una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a solicitar a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal “una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta” del Mundial de fútbol del año 2030, del que España, Portugal y Marruecos serán anfitriones. Esa revisión, plantea Sumar, debe conllevar “la posibilidad de revisar o retirar la condición de anfitrión” a alguno de los países.

“La Copa Mundial de la FIFA trasciende ampliamente la celebración de una competición deportiva”, puesto que “su organización moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones”, argumenta Sumar. “Esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos”, sostiene igualmente la formación, que recuerda que “el Gobierno no es un espectador ajeno a este proceso” porque “coordina la acción pública, las garantías, la seguridad, las infraestructuras, las inversiones y la relación con los demás países organizadores”.

Sumar recuerda que el episodio de la semana pasada en Ceuta es tan solo el último episodio de un conflicto con España en el cual “sus jóvenes, empujados al mar por la falta de oportunidades, la desigualdad y la desesperación, son las primeras víctimas”. “La cooperación migratoria no puede funcionar como una llave que se abre o se cierra en función de intereses diplomáticos”, y el Mundial de fútbol no puede servir para tapar “las decisiones y responsabilidades de un Gobierno y una monarquía que no pueden obtener el prestigio, los beneficios económicos y la legitimación internacional” que supone organizar este evento “mientras persistan dudas tan graves sobre el uso político de vidas humanas”, plantea el partido.

“El futbol no puede servir para blanquearlo todo. España debe promover una revisión formal del modelo de organización de 2030. Si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno deberá hacer transparentes las alternativas existentes y actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan nuestra acción exterior”, zanja Sumar.

El PP se enreda con la acogida de los niños y adolescentes que permanecen solos en Ceuta desde el pasado jueves. Después de dejar caer que se opondrían, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”: “El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó por razones políticas a Catalunya y a País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos”, ha afirmado Ezcurra en una entrevista en Onda Cero.

Pese a lo señalado por Ezcurra, varios ejecutivos autonómicos en los que gobiernan en coalición con Vox han salido ya a anunciar su rechazo, como Aragón y Castilla y León. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que las comunidades no pueden negarse a acoger a una parte de los menores tras la última reforma de la Ley de Extranjería y manifiestan su tranquilidad.

La dirigente del PP se distancia así de las palabras del secretario general del partido, Miguel Tellado, que este martes dejaba caer su negativa y mezclaba los menores y los adultos: “El Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”. Ezcurra ha priorizado, en cualquier caso, otros mecanismos que prevé la ley como “la reagrupación familiar o entregarlos a los servicios sociales de su país de origen”.

También se ha diferenciado de Tellado al distinguir el caso de los menores y no mezclarlo con la situación de los adultos: “Los mayores de edad tienen que salir y con los menores se tiene que decidir el recurso que más adecuado es para su situación”. “La filiación de estas personas es importantísima para la seguridad de estos menores cuya integridad también hay que proteger. Es fundamental para proteger a los menores que han llegado y a los que ya están en los centros”, ha añadido, a la par que ha criticado que se hable ya de la acogida cuando no se sabe la cifra total de niños y adolescentes que hay.

Los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos. Está encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)” y luego incorpora lo siguiente: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

La acogida de los menores que accedieron irregularmente a Ceuta a finales de la semana pasada, que superan la capacidad de las instalaciones de la ciudad, amenaza con provocar un choque institucional de primer orden entre el Gobierno y las comunidades autónomas que preside el PP (11, además de Melilla y la propia Ceuta). A pesar de que el propio presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, ha pedido que se aceleren los trámites para descongestionar su sistema de acogida trasladando menores a otras comunidades, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, dio este martes un portazo a esa posibilidad y exigió que todos los migrantes, niños y adolescentes incluidos, “vuelvan por donde han venido”.

El PP ya rechazó apoyar el año pasado la reforma de la Ley de Extranjería que planteó el Gobierno para, precisamente, que las comunidades estuvieran obligadas a aceptar el reparto de menores cuando una autonomía con sus servicios de acogida sobrepasados solicitara ayuda de otros territorios. Esa reforma, no obstante, terminó saliendo adelante con el voto clave de Junts. De ahí que en esta ocasión, sabedor de que las comunidades ya no tienen la opción de rechazar la acogida de una parte de los menores que ahora mismo están en Ceuta, Tellado haya tratado de cambiar el marco y este martes asegurase que la declarada la semana pasada no es una crisis migratoria, sino de “seguridad nacional”.

Las implicaciones de tratar en estos términos la entrada irregular de decenas de miles de personas en territorio ceutí la explicó el propio número dos del PP en sus declaraciones: a su juicio, en este caso no solo no cabe plantear el traslado de los menores a otras comunidades para darles cobijo, sino que lo que el Estado debe hacer es expulsar a todos los autores de la “invasión”, la palabra que, junto a “avalancha”, utilizó para definir la crisis. Niños y adolescentes incluidos, puesto que Tellado, preguntado expresamente por la acogida de menores, no hizo ninguna excepción. “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir”, espetó el secretario general del PP.

Las declaraciones de Tellado chocan con las que hizo Vivas el lunes en una entrevista en El País, en la que el presidente ceutí se mostró partidario de “esgrimir el imperativo de la ley” que obliga a las comunidades a acoger a los menores cuando las instalaciones de otra autonomía estén desbordadas. “La ley la vamos a cumplir a rajatabla, porque además esto ya no es solamente legislación nacional, esto son directivas comunitarias y son convenciones internacionales que España tiene firmadas”, planteaba Vivas, que argumentaba, además, que Ceuta “no puede soportar” la cifra de niños y adolescentes que ahora mismo se acumulan en sus instalaciones.

Las propias autoridades de la ciudad cifraron este martes en torno al millar el número de menores extranjeros que se encuentran en Ceuta, aunque el portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, admitió que no podía “dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles” de la ciudad. De hecho, la previsión es que el número siga aumentando a medida que se localice a los niños y chavales que todavía no han sido incorporados al sistema de protección. “La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad”, lamentó Ramírez.

Las comunidades, obligadas a aceptar el reparto

Al rechazo ya expresado por la dirección nacional del PP a acoger en las comunidades que gobierna a los menores hacinados en Ceuta se suma la presión ejercida por Vox, tanto a nivel estatal como en las comunidades en las que forma parte del gobierno junto a los populares: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Este martes, tras el anuncio del Gobierno de que entregará 25 millones de euros a la ciudad autónoma para ampliar sus sobrepasados servicios, el líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, rechazó que “ni un euro de los españoles” se destine “a menas [el acrónimo de menores extranjeros no acompañados, que Vox usa de forma peyorativa], a ilegales, a invasores” o a “mafias del tráfico de personas”.

En la misma línea, la cuenta de X de la formación aseguró que “los falsos menas” deben ser “deportados” y “los niños” han de ser enviados “a casa con sus padres”. Y esa ha sido una de las ideas fuerza de Vox en los acuerdos que ha suscrito con el PP en los últimos meses para gobernar en coalición en cuatro comunidades. El pacto firmado entre ambos partidos en Andalucía expresaba un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados” y estipulaba la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Y los acuerdos de Castilla y León, Aragón y Extremadura eran prácticamente idénticos: en ellos, PP y Vox se comprometían a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

No obstante, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se muestran tranquilas porque aseguran que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días. “Tellado puede negar si quiere que hay oxígeno en el aire que respiramos, pero las comunidades del PP tienen que cumplir la ley”, ironizan en respuesta a las declaraciones del dirigente.

Así lo asume, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, una de las que más ha criticado el sistema de gestión solidaria entre autonomías. Este martes su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, denunció que “Sánchez” vaya a “mandar” a la región sin “consultar” un grupo de “inmigrantes en situación ilegal”, y sostuvo sin prueba alguna que esa decisión “retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad”. Precisamente Ayuso se encuentra estos días en el centro de la polémica por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid que su Gobierno se ha visto obligado a poner en venta.

Lo cierto es que el número de menores que terminarán en el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid —así como en el del resto de territorios— es, por ahora, una incógnita, apuntan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Según explican estas fuentes, eso se debe al procedimiento “individualizado” que se seguirá con los niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogida de Ceuta. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella, y tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad.

Por tanto, hasta que se realicen esas entrevistas y se decida el destino de cada menor no se podrá concretar cuántos serán acogidos en cada comunidad. En este momento, la única cifra que se puede utilizar como referencia es la de capacidad mínima de los servicios de acogida que debe cumplir cada autonomía, que el Gobierno concretó hace unos meses. Según la última reforma legal, Andalucía es la comunidad que más menores debería poder atender sin ver su sistema sobrepasado (3.009), seguida de Catalunya (2.829), Madrid (2.471) y Comunitat Valenciana (1.903).

Un sistema ya previamente desbordado

La gestión de la acogida de los menores migrantes en Ceuta ya se enfrentaba a dificultades antes de la entrada de decenas de miles de personas de hace unos días y, según recalcó este martes el portavoz del ejecutivo municipal, la ciudad llevaba semanas advirtiendo de que los recursos estaban nuevamente al límite. Ahora, después de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos, el área municipal necesita ampliar de forma urgente los espacios disponibles. Frente a los cerca de 1.000 menores que se encuentran ahora mismo amparados por el sistema de acogida ceutí, el Gobierno central cifró en 29 el número de plazas que debía tener como mínimo Ceuta para acoger a los menores migrantes no acompañados cuando, en marzo de 2025, aprobó el decreto que dio base legal al reparto de los jóvenes por las distintas comunidades para desahogar los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla.

El Ejecutivo autonómico trabaja ya en la habilitación de dos naves para poder acoger a parte de los menores que siguen fuera de los recursos de protección. Una de ellas se encuentra en Loma Margarita y la otra en algún punto del entorno portuario, según detalló el portavoz, que señaló que ambas instalaciones requieren actuaciones de acondicionamiento antes de poder ser utilizadas. La estimación técnica que maneja la ciudad es que estos dos espacios puedan ofrecer capacidad para unas 500 personas, una cifra que permitiría aliviar parcialmente la situación, pero que no resolvería por sí sola el desafío humanitario.

Mientras tanto, los servicios municipales y policiales continúan localizando a menores que permanecen en las calles. Una vez encontrados, son trasladados a los recursos habilitados y comienza el proceso previo a su incorporación al sistema de protección, que incluye su identificación y las actuaciones necesarias para determinar su edad.

Las dificultades para la acogida de los jóvenes se suman a la saturación que, según detalló el portavoz, todavía existe en el CETI y a las dificultades que persisten en distintos puntos de la ciudad después de la entrada de la semana pasada. La petición al Estado incluye tanto instalaciones como medios materiales y económicos que permitan asumir la tutela de los menores —competencia de la ciudad— mientras se reorganiza el sistema de protección.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

La organización especializada en infancia ha indicado que ha enviado una carta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para “solicitar garantías de protección para todos los menores que puedan verse afectados por estos operativos”. “Celebramos que se estén habilitando recursos para atender a los niños y niñas que han llegado a Ceuta, pero nos preocupa especialmente que pueda haber menores entre las personas trasladadas hacia la frontera. Antes de cualquier retorno es imprescindible identificar a cada niño y niña y evaluar individualmente su situación, garantizando siempre su interés superior”, dice Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, que recuerda “que cualquier eventual repatriación de un niño, niñas, adolescente y joven debe realizarse mediante el procedimiento específico previsto por la legislación española, con una evaluación individualizada y atendiendo a su interés superior”.

No obstante, el Gobierno ha negado que se estén produciendo deportaciones forzosas. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido devolver a menores de edad a Marruecos en contra de su voluntad, y argumentó que “en España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente, como personas vulnerables, pero también de los mayores”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a verse las caras con sus homólogos europeos por primera vez tras el ácido cruce de declaraciones y comunicados a raíz de la crisis desatada la semana pasada por la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta. Este martes, los titulares de Interior de los 27 socios de la UE mantendrán una reunión por videoconferencia para analizar las repercusiones del episodio, que ha dejado 88 muertos, según datos del Gobierno ceutí. Y fuentes de Interior explican que Marlaska tiene intención de denunciar la actitud “egoísta e insolidaria” que, considera el Ejecutivo, han mantenido socios como Italia ante la crisis, además de exponer que las llegadas de migrantes irregulares a la frontera española se han reducido en los últimos dos años.

El encuentro se mantendrá a petición, por una parte, de España, y por otra, de los 22 Estados miembros que el sábado pasado firmaron una dura carta —a iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni— denunciando las “políticas que puedan servir como factores de atracción, tales como la regularización de un número muy elevado de migrantes irregulares”. La alusión al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez era muy clara aunque no citase expresamente el caso de España, puesto que los firmantes aseguraban que no se puede permitir “que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que la entrada ilegal en la UE es posible” o de que “la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”.

Esa carta fue tan solo el corolario del choque que comenzó el viernes, cuando Italia decretó la suspensión (luego matizada) por un mes del acuerdo Schengen con España, una medida que posteriormente respaldaron —aunque sin llegar a adoptarla— otros gobiernos, como los de Finlandia o Dinamarca. La situación interna de esos países no es baladí a la hora de interpretar su reacción a la crisis de Ceuta, y evidencia la importancia de esta en el tablero ideológico europeo.

Al ejecutivo italiano, coalición de ultraderecha y derecha clásica, le ha aparecido en los últimos meses un competidor aún más extremista que los Hermanos de Italia de Meloni. Por su parte, en el gobierno finlandés la más beligerante con España fue la ministra del Interior, Mari Rantanen, de la formación ultra Partido de los Finlandeses, frente al primer ministro Petteri Orpo, del centroderechista Partido de Coalición Nacional, que intentó rebajar la tensión asegurando que “España no está sola” ante la crisis. Y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha abanderado desde hace años algunas de las posiciones más duras en materia migratoria pese a liderar a los socialdemócratas.

La decisión de Meloni de reinstaurar los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España y el apoyo que recibió en sus críticas por parte de otros gobiernos de la UE provocó una airada reacción del Ejecutivo español. El mismo presidente Pedro Sánchez asumió en primera persona la respuesta a través de una carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente de turno del Consejo de la UE, el primer ministro irlandés Micheál Martin, para expresarles su “seria preocupación” por los “ataques” recibidos por parte de algunos socios europeos.

En su escrito, Sánchez criticaba haber recibido “muy poco apoyo” de otros socios de la UE y tachaba de “egoísta e ilícita” la actuación de varios de sus líderes, a quienes achacaba haber actuado movidos “por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político”. El presidente pedía la celebración de la reunión que tendrá lugar este martes con el fin de “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no solo de aquellos en la primera línea de la Unión”.

Sánchez no fue el único en reclamar una conferencia de los ministros del Interior europeos: en su propia carta a Von der Leyen, Costa y Martin, también fechada el mismo sábado, todos los socios de la UE a excepción de Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo exigían una reunión “ante la gravedad de la situación” para discutir “el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y prevenir nuevos cruces incontrolados”.

Fuentes de Interior explican que, en la reunión con sus homólogos de este martes, Marlaska tiene pensado defender la “política migratoria preventiva y no cortoplacista” del Gobierno, “que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos”. “No se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria”, espetan estas fuentes, que sostienen que el ministro expondrá que las cifras de llegadas irregulares a España se han reducido “en más de un 42% en 2025” y, “hasta el 16 de julio, reflejan un descenso cercano al 25% en el conjunto de España”.

Von der Leyen trata de mediar

Este lunes, en la víspera de la reunión de los ministros del Interior de los Veintisiete, Von der Leyen intentó calmar los ánimos. Lo hizo mediante su respuesta al documento que le envió Sánchez el sábado, en otra misiva en la que calificó de “eficiente y eficaz” la actuación que llevaron a cabo en Ceuta las autoridades España y Marruecos. La presidenta de la Comisión Europea evitó respaldar las críticas de la mayor parte de los Estados de la UE al Gobierno español y dio la razón a Sánchez al afirmar que “la protección de todas nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida” y que “solo juntos podemos preservar la integridad del espacio Schengen”, aunque también dejó caer que “queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en puntos críticos, tanto con vigilancia constante como con el uso de barreras físicas donde sea necesario”.

El intento de conciliación de Von der Leyen, no obstante, no ha disipado la tensión entre España y el resto de los Estados miembros de cara a la reunión de los ministros del Interior. Este lunes, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostraba singularmente duro con Italia y presumía de la “rapidez” con la que ha respondido España a la crisis en comparación con los problemas que, dijo, tiene este Estado —“el país con mayor número de entradas irregulares en Europa”— año tras año en la isla de Lampedusa. Albares, incluso, aseguraba que las críticas que ha recibido el Ejecutivo parten de los miembros de la “internacional reaccionaria”, que censuraron la respuesta de España antes de que el Gobierno pudiera “comprender qué es lo que estaba ocurriendo” y la “amplitud” de la crisis.

En una línea similar se expresaba el sábado el ministro Marlaska, quien aseguró entonces que la crisis de Ceuta “se ha instrumentalizado” y “se ha utilizado con fines absolutamente políticos” y pedía “más solidaridad, más responsabilidad y menos egoísmo” a Meloni. En 2023, recordó Marlaska, España “compartió la carga” de la “situación absolutamente difícil” que se produjo en la isla de Lampedusa, donde también hubo una llegada de miles de personas que querían acceder a territorio europeo de manera irregular. “Algunos tienen la memoria muy corta”, espetó el ministro del Interior, que achacó a “ignorancia o mala fe” las críticas recibidas por algunos países europeos.

El PP apunta todos sus cañones contra el Gobierno por la crisis migratoria de Ceuta y elude criticar la eventual responsabilidad de Marruecos en la misma. Este lunes, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, insistió en que el “responsable principal” de la “gran invasión” que sufrió la ciudad autónoma a finales de la semana pasada es el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien Tellado acusó de haber ofrecido una “respuesta pusilánime, tardía y acomplejada” a la “ocupación masiva” del territorio español.

Por el contrario, preguntado por el reino alauí, el número dos del PP fue mucho más tibio y se limitó a afirmar que “es imprescindible esclarecer qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”, además de mostrarse partidario de que España tenga con las autoridades marroquíes “unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la buena vecindad”. “Esto no debió ocurrir ni puede volver a producirse, y es responsabilidad del Gobierno de España que esto no vuelva a producirse”, sostuvo Tellado, que aseveró que tener “una relación sólida con Marruecos es un activo estratégico”. “Pero toda buena relación exige reciprocidad, respeto mutuo, transparencia y buena fe”, matizó el dirigente.

Lo único que afeó el secretario general del PP a las autoridades marroquíes es que “la colaboración” entre España y Marruecos “no puede depender de las circunstancias”, pero en ningún momento achacó al país vecino ninguna responsabilidad en la crisis. Por el contrario, Tellado insistió en cargar contra el Gobierno, aseguró que, “como no se respeta a sí mismo, no respeta a los españoles y tampoco respeta al país, es muy difícil que consiga el respeto de terceros países” y sostuvo que su política migratoria de “barra libre de papeles para todos los que hubieran entrado” irregularmente “genera el caldo de cultivo”, el “efecto llamada” y la “erosión del Estado” que redundan en “acontecimientos como el que sigue viviendo Ceuta”.

Para evitar criticar a Marruecos ante la insistencia de los periodistas, Tellado argumentó que es al Gobierno “a quien le competen las relaciones internacionales de España” e insistió en que el Ejecutivo “no ha tenido previsión alguna”. “Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia no tuvieran información de lo que estaba pasando, no podemos creer que no conociesen que una marea humana de 60.000, 70.000 o incluso 80.000 personas que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertida”, planteó el número dos del PP, que aseguró que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, “advirtió al Gobierno de España” de un aumento en los flujos migratorios “el lunes”, días antes de la entrada masiva. “Y el Gobierno no creyó necesario reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni desplegar al ejército”, denunció.

Tellado, asimismo, puso el foco sobre que “miles de ilegales” siguen “deambulando por las calles y los montes” de Ceuta “sin intención de volver a su país”. “Sánchez actuó muy mal ante su obligación de prevenir la crisis y aún peor ante la de responder con la firmeza necesaria, y las consecuencias están lejos de desaparecer: la normalidad no ha vuelto a Ceuta por mucho que Sánchez y sus ministros digan que sí”, espetó el número dos del PP, que planteó que “los ciudadanos siguen teniendo miedo a la situación que se ha creado” y al “riesgo de que estos hechos puedan volver a producirse en cualquier momento”.

“Esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Es uno de los eslóganes que, con mayor insistencia, ha utilizado el Gobierno desde que revalidó su mandato en 2023. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho bandera de ello en múltiples ocasiones, así como los ministros del ala socialista del Ejecutivo. No obstante, el acceso a un techo sigue siendo el principal problema de los españoles, según revelan consistentemente los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último el de julio.

El decreto para paliar las subidas de los precios del alquiler, recientemente postergado hasta septiembre, se perfila como una de las últimas oportunidades para que el Gobierno adopte algunas de las medidas que ha ido prometiendo, pero que han quedado en agua de borrajas en una legislatura dificultada por la compleja aritmética parlamentaria, pero también protagonizada por choques entre las dos almas del Consejo de Ministros.

La medida estrella de ese decreto que el Gobierno quería poner en marcha en julio, pero que se ha visto obligado a retrasar a septiembre ante la negativa —por motivos muy diferentes— de Junts y Podemos a convalidarlo en su actual redacción, es la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Se trata de una medida que el PSOE únicamente aceptó a regañadientes en el primer decreto que el Ejecutivo aprobó hace unos meses, el cual fue tumbado a finales de mayo en el Congreso por PP, Vox y Junts.

Los socialistas han aceptado volver a incluirla en este segundo texto, puesto que los independentistas catalanes han dado señales de poder aceptarla a cambio de que se incluyan en el texto sus reivindicaciones: básicamente, exenciones fiscales a inquilinos y propietarios con hipoteca y medidas para facilitar los desahucios exprés.

Pero el decreto que ha preparado el Gobierno —y que tendrá que reescribir al menos en parte si logra un acuerdo en verano con Junts y Podemos— incluye otras medidas de calado que PSOE y Sumar prometieron aplicar durante la legislatura en el pacto de coalición que cerraron a finales de 2023, pero que aún siguen en un cajón. Las dos fundamentales son las que servirían para endurecer, respectivamente, la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

Estas medidas no venían expresamente recogidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, pero se han convertido en la prioridad del Ministerio de Vivienda en la última parte de la legislatura, aunque previa presión de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. De hecho, estos colectivos presentaron —vehiculándola a través de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— en el Congreso una proposición de ley en julio de 2024 para equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. Ese primer texto fue rechazado por Junts, PP y Vox, pero la polémica fue tal que se volvió a presentar tres meses después.

La tramitación de esa segunda proposición de ley impulsada por la izquierda avanzó relativamente rápido, pero se estancó el pasado noviembre, en su penúltima etapa. Desde entonces, sigue congelada, y de ahí que Vivienda haya optado por intentar aprobar la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones en el decreto. En concreto, el Gobierno pretende establecer una duración máxima de 12 meses para los contratos de temporada, que deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. En cuanto a los contratos de habitaciones, con el decreto estarían amparados por la ley de arrendamientos urbanos, lo que establecería una duración mínima de cinco años para los contratos y ampliaría las restricciones para los caseros, que, por ejemplo, ya no podrían aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El Ejecutivo también aspira a incluir en el paquete de medidas otra de las promesas que hizo en su pacto de coalición al inicio de la legislatura, pero que no se han trasladado al BOE hasta ahora: la modificación de “la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas” para desincentivar su explotación. En concreto, el borrador del decreto que, por el momento, rechazan Junts y Podemos establece un endurecimiento en la fiscalidad de los pisos turísticos, que tendrían que comenzar a pagar un IVA del 21% —no del 10%, como los hoteles— cuando estén situados en municipios de más de 10.000 habitantes.

Asimismo, el paquete de medidas permitiría a los ayuntamientos aplicar un recargo en el IBI a los dueños de pisos turísticos situados en zonas de mercado tensionado, y se elevaría el impuesto cobrado a las socimi cuyos beneficios procedan del arrendamiento de viviendas, incluido el de tipo vacacional. Y el Gobierno pretende recuperar a través del decreto una medida que PP, Vox, Junts y el PNV le tumbaron en febrero: la moratoria antidesahucios para que no se pueda echar de sus casas a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Lo que no se prevé que se traslade al nuevo decreto es otra de las medidas que PSOE y Sumar prometieron poner en marcha durante la legislatura, pero que lleva siendo un punto débil en la puesta en marcha de políticas públicas en materia de vivienda desde hace años: la actualización del censo de inmuebles vacíos. Los últimos datos oficiales a nivel estatal corresponden al año 2021, y revelan que hay en torno a 3,8 viviendas sin ocupar en España. Pero falta información, por ejemplo, sobre el estado de estos inmuebles y las razones por las que se encuentran vacíos.

Lo que sí se ha hecho durante la legislatura

A diferencia de todas esas medidas, que por unos motivos u otros no se encuentran ahora mismo en vigor, el Gobierno sí ha logrado la puesta en marcha de algunas de las iniciativas en materia de vivienda que incluía el acuerdo de coalición PSOE-Sumar. El grueso de ellas se encuentran incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión de 7.000 millones de euros y cuyo reparto económico fue aprobado de manera definitiva el pasado mes de mayo. Lo pactado con las comunidades es que un 40% del dinero que les corresponda de ese montante total deben invertirlo en la construcción de viviendas protegidas, que además estarán blindadas y no se podrán desproteger pasados unos años, mientras una parte importante del dinero debería utilizarse para rehabilitación de inmuebles. Ambas medidas estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno.

Durante la legislatura, asimismo, el Ejecutivo ha consolidado el bono joven para alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales de la que se pueden beneficiar las personas de entre 18 y 35 años con rentas iguales o inferiores a 21.600 euros anuales. De la misma manera, se ha desarrollado una línea de avales del ICO para compra de vivienda para menores de 35 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la entrada de decenas de miles de inmigrantes de manera irregular en la ciudad de Ceuta que tuvo lugar este jueves como una “violación de la integridad territorial de España”. En una comparecencia institucional desde la ciudad autónoma celebrada este viernes, Sánchez achacó a las “mafias” la entrada masiva de personas en territorio nacional cruzando las aguas territoriales español, y prometió que el Estado pondrá “todos los recursos” para contener las entradas y para expulsar de manera urgente a los migrantes a Marruecos.

“Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España”, insistió el presidente del Gobierno, que aseguró que, “en las interlocuciones con las autoridades marroquíes” que ha mantenido el Ejecutivo en las últimas horas, “subyace la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo” por la cual no se podría repatriar en frontera “a quienes entren en nuestro espacio a nado”, a diferencia de lo que ocurre cuando se traspasa la valla. “Parece que esta lectura de la sentencia” —que Sánchez tachó de “interesada”— “ha corrido como la pólvora por las redes de las mafias” y ha motivado la entrada de millares de personas, sostuvo el presidente.

Para reforzar la frontera marítima y determinar claramente dónde comienzan las aguas territoriales españolas, Sánchez anunció que el Gobierno va a desplegar una línea “de boyas” por el espigón que separa Ceuta de Marruecos. El objetivo, afirmó, será “crear una barrera física para que, desde el punto de vista administrativo” y “visual”, “quede claro que existe una barrera de contención” y, por tanto, se pueda devolver en frontera a los inmigrantes que crucen irregularmente sin reproche del Supremo, como ya se hace con los que atraviesan la linde terrestre. El presidente, asimismo, se mostró dispuesto a “modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera”.

Durante su comparecencia, Sánchez evitó cuidadosamente criticar a Marruecos, a quien definió como “un aliado” y con quien dijo que las autoridades españolas están “cooperando” para devolver a territorio alauí a las personas que han entrado irregularmente en Ceuta. “Las autoridades marroquíes están dispuestas a colaborar a la reaptraiación de sus ciudadanos”, aseguró el presidente del Gobierno, que explicó que las fuerzas de seguridad están buscando a personas desperdigadas por el territorio de Ceuta para conducirlas de nuevo a la frontera y anunció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanecerá unos días en la ciudad autónoma “para seguir en persona la evolución de la crisis”.

El mandatario, no obstante, sí insistió en varias ocasiones en que Ceuta “es una ciudad española” y en que el Estado desplegará “todos sus recursos” para “garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís” y “la convivencia en la ciudad”. “Tenemos un compromiso rotundo, total e inequívoco con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta”, afirmó Sánchez, que sostuvo que se hace “cargo” del “estado emocional y la situación de angustia que están viviendo” los ciudadanos del enclave y aseveró que “toda España está con ellos, y el Gobierno está con la ciudad de Ceuta”.

No obstante, el presidente quiso resaltar que, “en lo que llevamos de año se han reducido los flujos migratorios irregulares en un 36%”, así como que “el año pasado también se registró una reducción en las llegadas” de personas desde Marruecos de manera irregular. “Lo sucedido ayer rompe una dinámica” positiva, sostuvo Sánchez, que lamentó “la pérdida de vidas humanas” —34, por el momento— de personas que intentaron cruzar la frontera. “Esta pérdida merece una de las condenas más rotundas a las mafias que trafican y que engañan a muchos jóvenes, que encuentran la muerte en el océano o en la frontera”, planteó el presidente.

El Gobierno se va de vacaciones con la vista puesta en una recta final de la legislatura en la que quiere “culminar” los proyectos pendientes y que también servirá como una larga precampaña para unas elecciones generales que, previsiblemente, no tendrán lugar antes de 2027. En ello insistió este martes el presidente Pedro Sánchez en su ya tradicional rueda de prensa de balance del curso político tras el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, donde insistió en que tiene intención de presentar Presupuestos Generales del Estado a la vuelta del verano y en la que volvió a rechazar el adelanto electoral que PP y Vox llevan meses exigiéndole.

“Queda un año para culminar esta legislatura”, afirmó Sánchez durante su larga comparecencia de este martes. Y no fue una afirmación casual: posteriormente, el mandatario insistió en que “las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, duran cuatro años, no solamente pasa eso cuando gobierna la derecha, que cuando gobernamos el resto al día siguiente ya están pidiendo elecciones”. “Nos queda un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, afirmó.

No obstante, esa afirmación tiene matices. Fuentes del equipo de Sánchez explicaban minutos después de su comparecencia que la Moncloa no consideraría un adelanto electoral todo lo que sea celebrar las elecciones generales en 2027, pese a que la ley permitiría a Sánchez no disolver las Cortes hasta julio del año que viene. El presidente no quiere cerrarse ninguna puerta, habida cuenta de que la decisión de convocar los comicios depende por entero de él. Y, por tanto, sigue abierta la opción de llamar a las urnas en el primer trimestre del año, una opción que el mismo Sánchez dejó caer el mes pasado para calmar al PNV, que no quiere bajo ningún concepto que las elecciones generales coincidan con las municipales, previstas para mayo de 2027.

El hecho de que Sánchez abriera la puerta el pasado junio a adelantar unos meses los comicios satisfizo al PNV, temeroso de que un superdomingo electoral contaminara la campaña de las locales con debates nacionales, un escenario que los nacionalistas vascos consideran que les perjudica. Con ese movimiento, el presidente consiguió que la formación que lidera Aitor Esteban dejara de exigir un adelanto electoral para ya y concediera unos meses de margen a la Moncloa. Pero el PNV ha dejado claro que, a su juicio, si el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos, deberá convocar elecciones. Y parece imposible que esas cuentas se aprueben, habida cuenta de que Junts ha afirmado que no piensa ni siquiera sentarse a negociarlas.

No obstante, Sánchez no solo aseguró que tiene intención de culminar la legislatura, sino que defendió públicamente lo que pocos en el Gobierno creen en privado: que no solo la intención del Ejecutivo es presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, sino que su “voluntad” es “aprobarlos”. “Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026, y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, como siempre cuando he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establezca”, insistió.

El decreto de vivienda y otros asuntos pendientes

Más allá de unas cuentas públicas con pocas perspectivas de éxito —Junts ya ha dado al Gobierno sus dos primeros bofetones en materia presupuestaria este mismo julio al tumbar la senda de estabilidad en el Congreso—, el Ejecutivo se va de vacaciones con deberes en la maleta. El asunto más acuciante, incendios forestales aparte, es el decreto de vivienda, que la Moncloa preveía aprobar este mismo martes, pero que ha tenido que dejar para septiembre para intentar conseguir el apoyo de Junts y de Podemos.

Concitar el voto favorable de los dos partidos a un mismo texto va a obligar al Ejecutivo a hilar muy fino, puesto que el rechazo de ambos al borrador inicial se apoya en razones muy diferentes. Los morados exigen que no se incluyan las modificaciones en la ley del suelo que sí quieren PSOE y PNV, mientras los independentistas catalanes insisten en exenciones fiscales de mayor calado que Hacienda no ve con demasiada simpatía. Y Sánchez, este martes, se limitó a afirmar que la vivienda es la “prioridad” del Gobierno y que es “urgente aprobar el decreto y acordarlo”. “Somos un Gobierno en minoría parlamentaria y ahora nos toca tejer esas alianzas con los grupos”, señaló.

De cara a la recta final de la legislatura, asimismo, el Ejecutivo tiene pendiente culminar varias reformas pendientes. La más importante es la largamente postergada derogación de la ley mordaza, que a principios de julio cumplió once años de vigencia y cuya reforma está parada desde hace más de un año en el Congreso por falta de acuerdo entre los grupos. Pero también están por tramitar iniciativas como la derogación de los delitos de injurias contra la Corona y ofensa a los sentimientos religiosos, el refuerzo del registro del horario laboral para los trabajadores por cuenta ajena o la aprobación definitiva de la ley del cine.

“No es mi hermano, es fundamentalmente David Sánchez”, y “no es mi mujer, es Begoña Gómez”, y ambos están sufriendo una estrategia de “deshumanización” por parte de la derecha a través de sendos procedimientos judiciales impulsados “por una causa política”. Así de duro se mostró este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del curso político antes del parón veraniego, una comparecencia en la que evitó criticar a los jueces que han instruido y juzgado estos casos, pero en la que sí afirmó que “no es una opinión, es un hecho” que PP y Vox, personados como acusaciones populares en ambos procedimientos, están actuando con “intencionalidad”.

Sánchez defendió abiertamente la honradez tanto de su hermano como de su esposa ante la “deriva judicial” que, dijo, padecen, y lo hizo elogiando su trayectoria profesional como muestra de que no necesitan de su influencia para lograr buenos empleos. “Mi hermano David Sánchez es licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en composición y dirección de orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años, habla perfectamente ruso, inglés, francés e italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse”, aseveró el presidente.

“Y con Begoña Gómez pasa lo mismo: nos conocimos cuando teníamos 30 años y ella llevaba ya más de diez años trabajando en su empresa”, continuó Sánchez, que recordó que Gómez abandonó ese puesto en 2018, cuando él se convirtió en presidente del Gobierno, “para evitar cualquier conflicto de interés”. “Era una profesional antes de que yo la conociera y antes de ser yo el secretario general del PSOE, hasta ya colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters y estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó”, planteó el presidente.

Tras ensalzar las trayectorias profesionales de sus familiares, Sánchez aseguró que son víctimas de estrategias que buscan “deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como en el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del Gobierno”. “La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿La pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?”, se cuestionó el mandatario.

Por el contrario, Sánchez fue mucho más escueto al referirse a la investigación que se está llevando a cabo sobre el supuesto tráfico de influencias que habría cometido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque insistió en su derecho a la “presunción de inocencia”. “Las explicaciones las dará el presidente Zapatero cuando considere, en sede judicial y ante los medios de comunicación”, sostuvo Sánchez, que sí defendió la “legalidad absolutamente intachable” del préstamo público a la aerolínea Plus Ultra. El presidente del Gobierno, asimismo, evitó pronunciarse sobre la declaración del empresario Julio Martínez señalando a Zapatero como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del rescate. “Ya si tengo que ponerme a opinar sobre las versiones de unos y otros y sus estrategias de defensa...”, bromeó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso cerrar este martes el curso político llamando al PP a cerrar un “pacto de Estado contra la emergencia climática”. En su ya tradicional rueda de prensa con motivo del último Consejo de Ministros antes del partón veraniego, Sánchez hizo un llamamiento “a todos los actores políticos”, y particularmente a los populares como principal partido de la oposición, para unir fuerzas “no solo cuando llega el incendio, las danas o las sequías”, sino también “en la prevención”. Y alertó de que “el negacionismo climático”, una actitud que achacó a Vox y también al PP, “es el peor de los combustibles ante la emergencia”.

“Negar las alarmas de la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables”, aseguró Sánchez en el que, con toda probabilidad, será el último balance de fin de curso que realice antes de las próximas elecciones generales, que tendrán que celebrarse como tarde en julio de 2027, aunque el presidente ha abierto la puerta a adelantarlas al primer trimestre del año. El presidente se preguntó, tras más de “170.000 hectáreas” quemadas, “qué más tiene que ocurrir” para que la derecha y la ultraderecha dejen de cuestionar “que la emergencia climática mata” y “que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos”.

“No es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación”, espetó igualmente un Sánchez muy crítico con PP y Vox, de quienes dijo que, allá donde gobiernan, no muestran “voluntad para luchar contra la emergencia climática”. “El Gobierno de España no está esperando a que los ayuntamientos y comunidades gobernados por PP y Vox se muevan, pero creo que es importante que estos gobiernos y estos partidos no nieguen la evidencia científica y se pongan del lado de la ciencia para no solo estar unidos en la respuesta cuando llega el incendio, las danas o las sequías, sino también unidos en la prevención”, insistió.

A ese respecto, el presidente del Ejecutivo denunció que los populares quieran negociar medidas comunes con el Gobierno en relación a los incendios sin ir a la raíz del problema. “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios, que es la emergencia climática”, criticó Sánchez, que afirmó que ya existe “unidad” entre las administraciones a la hora de combatir los fuegos.

“Se está viendo hoy en la respuesta a los incendios tanto en en Ávila como en Madrid como en Castellón, eso no es ninguna innovación, es pedir un acuerdo sobre algo en lo que ya tenemos un acuerdo”, espetó el mandatario. Para Sánchez, “la cuestión” en la que hay que poner el foco es la necesidad de “llegar a un pacto sobre la prevención y la reconstrución de las zonas afectadas”. “Y para eso tenemos que entrar de lleno en en cómo la emergencia climática está exacerbando y multiplicando los riesgos”, insistió.

Sánchez afirma que “queda un año” de legislatura

Más allá de los incendios —en relación a los cuáles Sánchez presumió de que el Gobierno ha incrementado cerca de un 30% el presupuesto destinado a la prevención y un 34% el dedicado a la extinción—, el presidente dibujó un escenario optimista y aseguró que España, “pese a todos los obstáculos, no se ha detenido” en un curso político muy convulso. “Hemos avanzado con una hoja de ruta clara y un horizonte definido que forma parte de lo que siempre he llamado la agenda del sentido común”, presumió Sánchez, que puso en valor medidas como “revalorizar las pensiones, elevar el salario mínimo, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática”.

“Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, aseveró igualmente el presidente del Gobierno, pese a que él mismo, hace unas semanas, abrió la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre de 2027 si el Congreso tuma los Presupuestos. Sánchez volvió a prometer que presentará un proyecto de cuentas públicas y, aseguró, tiene “voluntad de aprobarlas”, algo que parece muy complicado ante la negativa de Junts a negociarlas.

Rosa Martínez (León, 1975) tiene por delante una recta final de la legislatura cargada de responsabilidades. Secretaria de Estado de Derechos Sociales desde 2023 —y, por ende, 'número dos' del Ministerio que lidera Pablo Bustinduy—, Martínez fue elegida sin oposición nueva co-coordinadora de Movimiento Sumar hace algo más de dos semanas, haciendo tándem con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez.

De talante pausado y tono suave, la nueva líder del partido fundado en 2023 por Yolanda Díaz echa balones fuera cuando se le pregunta por quién debe ser el candidato del espacio a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales, pero, por el contrario, es muy firme al defender que Movimiento Sumar “es un proyecto necesario” y representa un “espacio político” propio que debe tener un hueco en el “frente amplio” que se constituya para esos comicios.

Aunque es la primera vez en muchos años que ha asumido responsabilidades orgánicas a nivel estatal, Martínez no es una recién llegada a la política. La co-coordinadora de Movimiento Sumar fue coportavoz del partido ecologista Equo entre 2014 y 2018 y ocupó un escaño de diputada en el Congreso entre 2015 y 2019. Ese mismo año abandonó Equo para aspirar a ser candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos apoyada por el sector errejonista del partido morado, que por entonces controlaba la federación vasca. Martínez perdió esas primarias y abandonó la política hasta que, en 2023, el ministro Pablo Bustinduy la recuperó para ser secretaria de Estado de Derechos Sociales.

La acaban de elegir líder del principal partido del ala minoritaria del Gobierno. ¿Cómo enfoca el final de la legislatura y cuáles deben ser las prioridades del Ejecutivo?

Para Sumar hay dos prioridades muy claras. La primera es la vivienda: tenemos el compromiso de aprobar un decreto con medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación de los alquileres temporales, la regulación de los alquileres de habitaciones y muchas otras que, sin ser la solución definitiva, sí que van a ayudar a regular el mercado y a dar respuesta al problema principal de la ciudadanía. Y la segunda son los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán en otoño y en los que debemos dar un impulso a la política social que hemos realizado toda la legislatura. Para nosotros es muy importante la prestación universal por crianza, una ayuda fundamental para la crianza de las familias que se ha demostrado como la más eficaz para reducir los índices de pobreza infantil.

¿Han iniciado ya las negociaciones con el PSOE para elaborar el proyecto de Presupuestos?

Están en una fase muy preliminar, todavía está terminando la fase interna de elaboración de los Presupuestos en los ministerios. A lo largo del mes de agosto, quizá a inicios de septiembre, podrán empezar formalmente las negociaciones.

¿Temen que los casos de supuesta corrupción que afectan a dirigentes y exdirigentes del PSOE les terminen lastrando a ustedes?

Hemos sido siempre muy claros en relación a la corrupción: somos inflexibles, somos duros y expresamos condena más absoluta. En los procesos judiciales se tendrá que demostrar lo que hay y lo que no hay, y allí se determinará si, efectivamente, ha habido casos de corrupción. Nosotros llevamos en el Gobierno desde 2020 para transformar, para aplicar políticas que tengan un impacto positivo en la vida de las personas, y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer durante el tiempo que dure la legislatura.

¿Cómo valora usted esta legislatura? ¿Cree que ha habido los suficientes avances?

Ha sido una legislatura dura y ha habido avances muy significativos. Desde nuestro ministerio, la semana pasada se aprobó la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y la inyección histórica de financiación para el sistema, que quizá sea la mayor inversión social en las últimas décadas. Eso, ya de por sí, merece una legislatura, dado el peso que el sistema de la dependencia tiene y va a seguir teniendo para todas las familias españolas. También la posición de España respecto al genocidio en Gaza, el embargo de armas a Israel y la defensa del multilateralismo son cuestiones muy importantes en las que España ha sido bandera. Y podemos seguir: la ampliación de los permisos por lactancia, la gratuidad de las gafas... Ha habido muchas medidas que han demostrado que merecía la pena estar en el Gobierno.

El PSOE y el ala socialista del Gobierno insisten en que creen en la inocencia del expresidente Zapatero. ¿También confían ustedes en que es inocente?

Hay un proceso judicial en marcha y no voy a meterme a valorar las defensas de cada cual, pero sí es verdad que lo que yo estoy escuchando del expresidente Zapatero no me gusta porque no se corresponde con la figura de un expresidente progresista que defendía lo común. Consideramos que no ha dado todavía las explicaciones que debe a la ciudadanía. Más allá de eso, las actividades de los expresidentes se deben regular, y se les puede dar un marco con una ley como la que hemos presentado. Eso es lo que tenemos que hacer, ver cómo regulamos estas actividades que están en la sombra.

El Gobierno ha aplazado la aprobación del decreto de vivienda hasta septiembre. Junts les exige más rebajas de impuestos o recuperar la desgravación por hipoteca que se eliminó en 2013. ¿Están dispuestos a aceptar esas condiciones?

Nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre: negociar, negociar y negociar para proteger al mayor número de personas posible. Cuando uno negocia pensando en millones de personas que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda o para pagar el alquiler sabe que no siempre consigue una norma perfecta, sino la mejor de las posibles. Vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas para sacar adelante un decreto que amplíe derechos y dé respuestas a la ciudadanía. Y, una vez conseguido, seguiremos trabajando para ir todavía más allá.

Podemos asegura que no va a apoyar ni a abstenerse en ningún decreto que incluya modificaciones en la ley del suelo. Sus votos son igual de imprescindibles que los de Junts para sacar adelante el texto. ¿Son partidarios de eliminar esa parte del decreto?

Nosotros estamos centrados en que salga adelante un decreto que proteja a la gente. Lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho; negociando hasta el último momento. Cuando negocias pensando en casi cuatro millones de personas, no se trata de imponer una posición, sino de construir el mejor acuerdo posible. Vamos a seguir dialogando con todos los grupos para que las medidas que mejoran el acceso a la vivienda puedan ver la luz. Y después seguiremos trabajando para avanzar aún más en el derecho a la vivienda.

Acaba de ser elegida co-coordinadora de Movimiento Sumar. ¿Cuáles son sus prioridades al frente del partido?

La asamblea nos ha dado tres mandatos. El primero es sobre el proyecto político: tenemos que consolidar el proyecto que representa Movimiento Sumar, que nosotros llamamos ecosocialismo laborista o laborismo ecosocialista. ¿Esto qué quiere decir? Todos somos conscientes del impacto que tiene en el bienestar de la vida de las personas la crisis climática, y sobre la solución a la crisis climática y sobre nuestra adaptación tienen que pivotar todas las políticas.

Hablamos de economía verde y de industria verde, pero también de cómo adaptamos el Estado de bienestar y los derechos laborales a un contexto de crisis climática. Tenemos también el mandato de fortalecer la organización y consolidar los territorios. Y el tercer mandato es sobre alianzas: está claro que tenemos que sumar, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer lo posible para ofrecer una candidatura que sea atractiva con el objetivo de revalidar el Gobierno progresista. Creo que seremos capaces de encontrar un espacio tanto con Más Madrid, Comuns e IU como con otras fuerzas progresistas territoriales para ofrecer una candidatura y un proyecto que ilusionen y que nos permitan frenar a la extrema derecha.

Movimiento Sumar ha celebrado tres congresos en apenas tres años de vida. ¿Qué balance hace del periplo que arrancó en Magariños en 2023?

Creo que responde al momento político de inestabilidad y de cambios que vivimos. Movimiento Sumar nació un poquito antes de las elecciones de 2023, los esfuerzos se pusieron en construir Sumar como candidatura para revalidar el Gobierno y lo conseguimos, fue un éxito. Después tocaba construir el partido. Y luego la decisión de Yolanda Díaz de dar un paso al lado exigía actualizar la hoja de ruta de la que nos dotamos hace un año. Eso es lo que tiene que ir haciendo un partido: responder a las necesidades y a los cambios del contexto político.

Pero dada la inestabilidad que ha afectado al partido Movimiento Sumar, no necesariamente a la coalición, ¿usted diría que ha sido una idea exitosa?

Yo creo que es un proyecto necesario que tiene su espacio político, que aspira a defenderlo y a consolidarlo y que tiene un papel que jugar en el frente amplio, representando una visión política progresista, moderna, que tenga que ver con la crisis climática y con el laborismo.

¿Cuál es ese rol que tiene que jugar Movimiento Sumar dentro del frente amplio?

Movimiento Sumar tiene en el ADN la voluntad de confluencia, de generar alianzas. Quizá hemos sido quienes hayamos tenido la visión de conjunto a lo largo de esta legislatura. Somos un partido de representación estatal que representa un proyecto político que tiene su reflejo en la sociedad española, y la prueba es que no hemos dejado de crecer en militancia, seguidores y afiliados.

El rol de partido estatal de izquierdas que se alía con partidos territoriales lo podría también cumplir IU dentro de la coalición. ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes?

El proyecto político de IU y el de Movimiento Sumar son completamente distintos. IU es un partido con más de 40 años de antigüedad que viene de una tradición comunista y nosotros estamos hablando de un proyecto político ecosocialista, laborista, que busca dar respuestas a un siglo XXI con grandes transformaciones geopolíticas, climáticas, sociales, económicas y tecnológicas. Creo que esa es la diferencia: nosotros sí que estamos proponiendo soluciones a un mundo que es nuevo.

Yolanda Díaz ha dado un paso a un lado y no se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Tiene sentido Movimiento Sumar sin ella?

Yo creo que sí y quedó demostrado en la asamblea. Fue una asamblea vibrante, en la que se vieron muchísimas ganas y muchísima motivación, muchísima gente que en estos años se ha acercado por primera vez a la política y que quiere continuar. Todo mi agradecimiento a Yolanda Díaz por haber dado el paso de fundar Movimiento Sumar en 2023 y por haber tenido la visión de generar el frente amplio que permitió revalidar el Gobierno progresista, y por supuesto mi agradecimiento también por las políticas que ha llevado a cabo desde el Gobierno. Para Sumar seguirá siendo un referente.

Tenían previsto elegir la marca y el candidato de su alianza con IU, Más Madrid y Comuns antes del parón de verano. ¿Por qué no ha sido posible?

Las negociaciones y los tiempos de diálogo siempre son los que son. Estamos trabajando en ello y, a lo largo del mes de septiembre, se anunciará todo lo que tengamos que anunciar. Entramos ya prácticamente en precampaña electoral y estoy segura de que tendremos la mejor persona candidata que sea posible, así como la marca y la manera de funcionar y articularnos con otras fuerzas, más allá de las cuatro organizaciones que llevamos ya tiempo trabajando juntas. Este trabajo previo a unas elecciones no se había hecho nunca, creo que hay que ponerlo en valor y que va a dar sus frutos.

Habida cuenta de lo que les está costando encontrar un nuevo liderazgo, ¿cree que la salida de Yolanda Díaz fue prematura?

Total respeto por la decisión de Yolanda Díaz. Si ella consideraba que era su momento de dar un paso al lado, pues bien hecho está. Ahora nos toca al resto ver cómo nos organizamos y cómo cubrimos ese hueco, pero no me cabe ninguna duda de que hay personas para ejercer un liderazgo que va a estar a la altura y va a representar los valores y el objetivo del frente amplio, que es revalidar el Gobierno.

Ya que me dice que hay muchos perfiles para liderar, ¿quién cree usted que tiene que ser el candidato o la candidata?

[Sonríe] No voy a responder a eso. Creo que será una decisión colectiva, coral y que tendrá todo el sentido con el proyecto. Se trata de eso, de elegir personas que sean coherentes con lo que estamos tratando de representar.

¿Tiene que ser alguien perteneciente a los partidos? ¿O puede ser una persona que venga de fuera?

Ya veremos.

¿Sigue considerando viable que Gabriel Rufián encabece una lista de las izquierdas estatales y territoriales, o la negativa de ERC a negociar ha cerrado esa vía?

Nosotros con Gabriel Rufián siempre nos hemos mostrado abiertos a hablar, a pensar, a innovar, y creo que estamos en un momento en el que hay que pensar las cosas de distinta manera. Pero es verdad que se ha ido desinflando, y que la posición de su partido dificulta alternativas que se habían puesto sobre la mesa a lo largo de la primavera. Pero insisto en que nosotros mantenemos la mano tendida para hablar con todo el mundo. Y las alianzas no solo son importantes o relevantes antes de las elecciones, después habrá que seguir construyendo alianzas.

Entiendo entonces que a usted le gustaría que Gabriel Rufián fuera su candidato, si es que se pudiera.

No, yo he dicho que nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar, pero la posición de ERC creo que dificulta que eso sea así. Y, más allá de que se concurra o no se concurra, que ahora mismo parece difícil, creo que con ERC y con otros partidos, como EH Bildu o el BNG, las alianzas poselectorales van a ser necesarias y creo que son naturales.

Usted fue una de las principales dirigentes de Podemos en Euskadi, y terminó dejando el partido por desavenencias internas. ¿Se ve compartiendo listas con Podemos?

La clave es para qué queremos el frente amplio. Movimiento Sumar y las fuerzas con las que estamos dialogando queremos el frente amplio para revalidar el Gobierno progresista, creemos en el Gobierno y en la necesidad y la importancia de estar en él y no solo en el Gobierno de España, sino también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales que vamos a elegir el año que viene. Todo el mundo que comparta este objetivo será bienvenido y tendrá su sitio en el frente amplio.

¿Y usted cree que Podemos comparte ese objetivo?

Eso tiene que preguntárselo a Podemos [risas].

Se lo pregunto a usted como co-coordinadora de Movimiento Sumar, que forma parte de esa negociación y tendrá que negociar, en su caso, la inclusión de Podemos en la alianza.

En Andalucía ya se vio que había una voluntad, veremos cuando empecemos a hablar.

El decreto con medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, cuya aprobación el Gobierno tenía prevista para antes de que acabara el mes de julio, se pospone hasta septiembre. El Ejecutivo prometió hace un mes —y se reafirmó en ello en múltiples ocasiones durante las últimas semanas— que pondría en marcha este paquete de medidas antes del parón veraniego, con la idea de negociarlo con sus socios durante en agosto y conseguir los apoyos que le permitieran convalidarlo en septiembre. Pero fuentes del Ministerio de Vivienda confirmaron este lunes que el Consejo de Ministros aplazará hasta después de las vacaciones la aprobación del decreto con el fin de “culminar un acuerdo amplio y transversal”.

La decisión de aplazar la aprobación del decreto llega tras el rechazo mostrado por Junts y Podemos al primer borrador, por motivos radicalmente diferentes. Los morados se mostraron críticos con la intención del Gobierno de incluir en el paquete buena parte de la reforma de la ley del suelo que lleva intentando aprobar toda la legislatura sin éxito por la falta de apoyo de sus aliados de izquierdas. Para Podemos, estas modificaciones legislativas suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”, y por ello el partido asegura que no aprobará ningún decreto que incluya cambios en la ley del suelo, aunque el resto de su contenido sí le satisfaga.

Por su parte, los independentistas catalanes se han mostrado críticos con un texto que, entienden “mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. Junts se queja de que no se incluyan propuestas suyas como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Este mismo lunes, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, espetó en un artículo que “si el Gobierno español quiere frenar la crisis de vivienda que hoy es insostenible, sabe qué tiene que hacer”, pero “si lo que quiere es contentar a Podemos o a los Comuns, Junts no estará ahí”. Y fuentes del partido independentista, en la misma línea, aseguraron tras conocer la decisión del Gobierno que el Ejecutivo “no puede tomarse vacaciones políticas ante una emergencia social como esta; debe aprovechar este período para hacer una reflexión profunda, estudiar de verdad nuestras propuestas e incorporarlas de una vez de cara al nuevo curso político”.

Fuentes del Ministerio de Vivienda, que lleva semanas manteniendo contactos con Junts, aseguran que “la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura”, pero también admiten que “se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto”. “Por este motivo, se ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios”, señalan estas fuentes, que aseguran que el Gobierno sigue confiando en que hay opciones de lograr “un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible”.

Por su parte, el ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, intentó quitar importancia este lunes al retraso en la aprobación del decreto, pese a que la formación había hecho bandera de él y de su medida estrella, la prórroga de los alquileres. “Las conversaciones avanzan bien, aunque los grupos nos han podido un poco más de tiempo”, aseguró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que aseguró que el Gobierno está “dispuesto a dar” este plazo extra pero también exigió alcanzar un acuerdo “lo más rápidamente posible, porque hay muchas familias que están esperando que se apruebe la prórroga de su contrato, la regulación del alquiler de temporada” o “una fiscalidad justa para los pisos turísticos”.

Urtasun, asimismo, quiso poner el foco en que “no hay ningún grupo que se haya bajado del diálogo” y haya roto las negociaciones. “Pero, de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a aceptar ese tiempo extra para negociar, es necesario que corramos” y que los grupos estén “a la altura” y cierren un acuerdo lo antes posible, insistió el ministro.

El aplazamiento del decreto de vivienda supone que no entren en vigor hasta septiembre, como mínimo, medidas como la inclusión del alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La intención del Gobierno era establecer un tope máximo de 12 meses para los contratos de temporada, así como obligar a que se firmasen con una justificación de la temporalidad del inquilino. Una vez superado ese marco temporal, el Ejectivo quiere que este tipo de alquileres sean considerados como de vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, el nuevo decreto también preveía equipararlos a los alquileres de vivienda habitual y someterlos a las mismas regulaciones. Eso significa que los contratos pasarían a ser de cinco años —de siete si el casero es una empresa—, y estarían afectads por las mismas prórrogas y condiciones. La idea del Gobierno era que el nuevo decreto prohibiera que la suma de los precios de las cuotas de habitaciones fuera mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las comunidades o ciudades en las que se aplica el control de precios.

El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

Joan Baldoví (Sueca, 1958) es un hombre atareado incluso a las puertas del parón de verano en el panorama político. El pasado jueves, aprovechando la celebración del último pleno del curso en el Congreso, mantuvo una jornada de trabajo en Madrid, ciudad de la que se despidió en 2023 después de 12 años como diputado para ser candidato de Compromís en las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana. La izquierda no logró retener el mando de la Generalitat en esos comicios, pero Baldoví confía en tomarse la revancha el año que viene y asegura que la ciudadanía progresista tiene la “esperanza de que el cambio es posible”.

El dirigente no esquiva las cuestiones relacionadas con el futuro de la izquierda a nivel estatal, aunque se muestra insistente al recordar que el de Compromís es un proyecto valenciano, “de kilómetro cero”, y sostiene que eso tiene que dejarse notar en las listas para las elecciones generales. Baldoví no se moja sobre la fórmula concreta que debe utilizar la izquierda alternativa para presentarse a esos comicios y se limita a afirmar que Compromís tendrá que decidir su rol “cuando toque”. Pero sí avisa: a veces, “la fórmula que funciona en Madrid no necesariamente funciona en Valencia”.

Las legislaturas, tanto la valenciana como la estatal, se encuentran en su recta final, y en septiembre comenzará lo que se perfila como una larga precampaña para las elecciones locales, autonómicas y generales. ¿Cómo afronta este último sprint?

Con muchísima esperanza y con muchísima ilusión. Yo nunca doy por perdida ninguna batalla, y creo que en el País Valenciano el cambio es posible y lo vamos a pelear.

Usted ha dicho que el Gobierno central, si no adelanta elecciones, no debe “continuar por continuar, sino que tiene que ser para tomar decisiones valientes”. ¿Cuáles son esas decisiones?

La semana pasada se aprobó una reforma de la dependencia, que es para lo que sirve un Gobierno. También estamos expectantes por cómo acabará el decreto de vivienda, aunque yo creo que con la vivienda se debería haber sido mucho más valiente a hora de tomar medidas. Y en materia de corrupción seguimos como siempre: se está juzgando ahora, años y años después, la Gürtel, y las mismas empresas que contrataban y que financiaban al PP de entonces son las mismas que están contratando con el PP de ahora. Evidentemente, los corruptos han de tener un castigo, pero también aquellas empresas que se han beneficiado de la corrupción, y que han impedido que empresas honradas pudieran acceder a esos contratos que ellos han obtenido de manera fraudulenta.

¿Y ve al Gobierno dispuesto a tomar esas medidas que usted reclama antes del final de la legislatura?

Yo al Gobierno le diría que espabile, o podemos tener un drama en las elecciones generales. En el tiempo que le quede a la legislatura, que ya veremos el que es, tienen que demostrar que seguir en el Gobierno ha servido para algo, porque continuar en el Gobierno para nada es la receta infalible para tener unos malos resultados. Tienen que demostrarle al país que la mayoría progresista sirve y que es capaz de aportar soluciones y dar esperanza a la gente.

El primer borrador del decreto de vivienda elaborado por el Gobierno, que en principio se va a aprobar este martes, introduce una reforma sustancial de la ley del suelo. ¿Compromís lo comparte? ¿Votará a favor del texto si se mantiene?

Con la aritmética endiablada que tenemos ahora mismo, que ha sido puesta ahí por los ciudadanos, el Gobierno no se tendría que empecinar en sacar cosas que, evidentemente, no va a apoyar la mayoría progresista. Algún grupo ya ha dicho que por ahí no va a pasar, y nosotros veremos finalmente qué es lo que sale del Consejo de Ministros. Pero insisto: tienen que aprobarse cosas que respondan a la mayoría progresista.

Las encuestas son muy pesimistas con la posibilidad de que la izquierda retenga el Gobierno en España, pero, en cambio, sí les dan opciones de recuperar la Generalitat Valenciana. ¿Qué es lo que están haciendo la izquierda valenciana mejor que la del resto de España?

En el País Valenciano, evidentemente, hemos tenido una situación dramática y completamente anormal, y Compromís se ha puesto del lado de la gente y ha hecho lo que se esperaba de nosotros desde el primer día: acompañarles, hacer muchísima calle y estar del lado de todas sus demandas. Y no solo en relación a la DANA: hemos tenido una huelga educativa absolutamente histórica de la que estoy orgullosísimo. El País Valenciano es el laboratorio de las políticas que luego pueden implementarse también en el Estado, lo dijo el portavoz de Vox. Hay que pararles los pies, y nosotros hemos tomado una actitud valiente y responsable y hemos dado a los ciudadanos la esperanza de que el cambio es posible.

¿Le ha faltado esa actitud a Sumar? Le pregunto por ellos porque Compromís se presentó en sus listas en las generales del año 2023.

Las opciones que ahora mismo los ciudadanos perciben como capaces de generar cambios son las opciones que estamos en el territorio, pegadas a él. Para nosotros son tan importantes las elecciones municipales como las elecciones a las Cortes, tenemos cerca de 80 alcaldes y 700 concejales. La diferencia con otros movimientos es que aquellos que no tienen raíces en su territorio al final lo pasan peor. Mazón iba a cualquier pueblo y allí tenía gente manifestándose y pidiéndole la dimisión. Las raíces, la pertenencia, la proximidad y el kilómetro cero son importantes para hacer política.

¿Teme que los casos de supuesta corrupción que afectan al PSOE terminen lastrando a Compromís?

Es evidente que algún coste va a tener para el PSOE. Hay gente enfadada y desilusionada con el PSOE, y a esta gente hay que darle una esperanza y un camino. Nosotros queremos ser ese refugio para la gente decepcionada, y les decimos claramente “no te quedes en casa y haz que tu voto siga trabajando para propiciar el cambio”. Aspiramos a recoger ese voto de decepción con el PSOE para propiciar el cambio en el País Valenciano.

El PSOE y el ala socialista del Gobierno insisten en que creen en la inocencia del expresidente Zapatero en relación a la investigación en la que está imputado. ¿Usted también considera inocente al expresidente?

Yo, como muchísima gente en este país, tenía un profundo respeto por el señor Zapatero, pero evidentemente ahora mismo no tengo la misma consideración. Cualquier persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero hemos visto cosas que no esperábamos ver y respuestas que tardan demasiado. Veremos qué va pasando, pero hay cosas que éticamente no son las que esperábamos de una persona como Zapatero.

Vamos a retomar el tema del que me hablaba antes. Hace unas semanas, su compañera Mónica Oltra planteó que había que “desbordar las siglas” e ir a candidaturas más amplias para las próximas elecciones. Usted representa un sector dentro de Compromís, el de Més Compromís, que ha sido históricamente más reacio a este tipo de entendimientos con otros partidos. ¿Cómo lo ve en esta ocasión?

Nosotros no somos reacios, hemos alcanzado pactos para optimizar resultados, como el que cerramos para las elecciones europeas, en las que el País Valenciano fue el territorio donde más porcentaje de voto tuvo la coalición [Sumar, en la que se integró Compromís]. ¿Por qué? Porque había una fuerza del territorio. Lo hemos visto en las últimas elecciones autonómicas: donde se han presentado fuerzas territoriales, se ha crecido. La gente empieza a confiar en estos proyectos cercanos que hablan del territorio y de los problemas de la gente que está allí, y que huyen de debates que se dan a 350 kilómetros, que se cuecen dentro de la M-30 o la M-40. Mónica dijo eso, y nosotros añadimos que lo que hay que desbordar son las urnas.

Compromís es un proyecto en crecimiento, lo dicen todas las encuestas y yo lo noto porque el PP me está dando hasta en el carné de identidad. No hemos tenido elecciones anticipadas en nuestra comunidad autónoma porque los números daban cambio. Queremos ser una casa común para todo el movimiento ciudadano indignado y toda la gente que ha salido a la calle y va a salir durante el otoño. Y también habrá que hablar con los partidos, con discreción y sin presiones. Encontraremos la fórmula óptima para multiplicar resultados.

Se lo pregunto de manera más directa: ¿En las elecciones autonómicas tiene que haber una sola papeleta con la marca de Compromís en la que se integren miembros de otros partidos? ¿Tiene que haber una papeleta con la fórmula “Compromís + algo más”? ¿Tiene que haber una papeleta con una marca que englobe a varias organizaciones, incluida Compromís?

Tiene que haber una papeleta que sea Compromís, y que sea capaz de aglutinar a toda la gente y todos los movimientos, toda la pulsión de cambio. La gente percibe que en el panorama político valenciano existen cuatro opciones [PP, Vox, PSOE y Compromís], y es así en Les Corts, en la inmensa mayoría de ayuntamientos y en las diputaciones. Seremos inteligentes y generosos para que solo haya una papeleta en la que evidentemente no puede diluirse la fuerza que ahora mismo es emergente en el País Valenciano, que es Compromís.

¿Y para las elecciones generales también debe haber una papeleta con la marca única y exclusivamente de Compromís? Ya sabe que existe el voto dual, en el País Valenciano y en otras comunidades, y que a veces la gente no vota lo mismo en las elecciones autonómicas que en las generales.

La gente percibe que Compromís es la izquierda de kilómetro cero. En todo caso, yo siempre digo la frase “quan toque, regarem”, cuando toque, regaremos. De cara a las generales, ya veremos.

No queda tanto tiempo.

O sí. Para las generales podría quedar perfectamente un año. Cuando toque, regaremos.

Usted se ha mostrado a favor de la idea que planteó hace unos meses Gabriel Rufián de que para esos comicios se presente solo la lista con más opciones en cada provincia. ¿Lo que tienen que hacer partidos como IU o Podemos en la Comunitat Valenciana es sumarse a las listas de Compromís?

Yo soy absolutamente respetuoso con las decisiones de cualquier organización, y cualquier organización tiene toda la legitimidad del mundo para tomar las decisiones que desee. La política, y lo estamos viendo, son también emociones, ilusiones, percepciones. Y hemos visto en Aragón y en Andalucía que lo que ha movido al votante son fuerzas que han generado ilusión desde la proximidad. A mí Rufián me gustaba cuando decía “seamos inteligentes y, en cada territorio, apliquemos la fórmula que sea la óptima para que los resultados permitan estar diputados a la derecha o a la extrema derecha”. La fórmula que funciona en Madrid no necesariamente funciona en Valencia.

¿Ve viable una alianza liderada por Gabriel Rufián, sea cual sea la fórmula o incluso con fórmulas diferentes en función del territorio?

Ahora mismo no lo veo.

¿Pero a usted le gustaría?

Ni me gustaría ni me dejaría de gustar. Yo quiero hacer política con fórmulas valencianas que ayuden a que en el Congreso siga gobernando una mayoría progresista.

Compromís no ha querido participar en las negociaciones que están llevando a cabo IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid para reconfigurar Sumar. ¿Es usted partidario de negociar un acuerdo con esa alianza cuando ya se conozcan la marca y el candidato?

Eso sería ir en contra de nuestra esencia. Nosotros somos, y nunca lo hemos ocultado, un proyecto valenciano que está en el territorio. Somos capaces de colaborar y hemos colaborado con muchísima gente: yo recuerdo cuando era diputado en Madrid y presentaba cosas de Més o de CHA cuando ellos no tenían representación. Somos capaces de colaborar con cualquiera, pero no nos diluiremos en un proyecto estatal.

¿Considera usted que Compromís se diluyó en Sumar cuando se presentaron unidos a las generales de 2023?

No, nosotros hacemos acuerdos electorales y luego tomamos las decisiones que creemos oportunas. Y no fallamos cuando hay que votar cosas que afectan a la gente. Tenemos claro que las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados afectan por igual a una persona de Extremadura, de La Rioja o del País Valenciano. Podremos tomar las decisiones que tomemos, pero nosotros tenemos muy claro para qué estamos. Somos personas discretas y progresistas, y ya lo hemos hecho: nos presentamos, alcanzamos acuerdos electorales, y luego tomamos el camino que creemos oportuno.

Pero antes me decía que las decisiones las toman para optimizar mejor los votos. ¿Cree que para las generales se optimizarían mejor los votos si ustedes, aunque mantuvieran su marca en el País Valenciano, formaran parte de una coalición más amplia? ¿O yendo solos?

Cuando lleguemos a ese punto veremos lo que es mejor para los intereses valencianos, pero también para los intereses generales del conjunto del Estado. La ilusión, la confianza y que te conozcan es muy importante, y a veces, y lo digo porque he estado años aquí en Madrid, se adoptan fórmulas que en otros territorios no acaban de funcionar.

Teniendo en cuenta de lo que le está costando encontrar un nuevo liderazgo al espacio con el que se presentaron en 2023, ¿cree que la salida de Yolanda Díaz fue prematura?

[Guarda silencio durante varios segundos] Lo que le dije a través de un mensaje es que había tenido una enorme generosidad al decir que daba un paso a un lado. Yolanda es una gran ministra de Trabajo, probablemente la mejor que hemos tenido en los últimos años, y yo estoy muy orgulloso de haber votado en el Congreso iniciativas que presentó Yolanda. Si fue prematuro o no, el tiempo lo dirá, pero creo que, cuando tomó la decisión, probablemente el momento y las percepciones no eran las mismas que las que hay ahora.

No le veo muy convencido.

No sé. Estoy hablando de proyectos amigos, compañeros, pero que no son el mío. Y, desde el absoluto respeto, cada proyecto tiene que decidir cuál ha de ser su camino.

¿Qué le parece que el Gobierno vaya a presentar la candidatura de Yolanda Díaz a presidir la OIT?

Me parece una decisión magnífica, creo que es justo. Una persona que ha sido una gran ministra de Trabajo será una gran presidenta de la OIT.

Vídeo completo de la entrevista con Joan Baldoví:

Vídeo: Salvador Fenoll

El proyecto de ley que permitiría a las comunidades autónomas solicitar al Estado que asuma más de 83.000 millones de euros de su deuda pública seguirá adelante en el Congreso. Este jueves, la Cámara Baja rechazará las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox pretendían detener la tramitación de la iniciativa presentada por el Gobierno. Y lo hará con los votos a favor de PSOE y Sumar, pero también de todo el resto de sus socios, incluido en esta ocasión Junts, que aunque mostró sus reservas por una quita que ve insuficiente, también confirmó que se opondrá a derribarla al inicio su camino parlamentario como exigían derecha y ultraderecha, que consideran que la norma está fundamentalmente diseñada en favor de Catalunya y en detrimento del resto de comunidades.

El debate de este jueves en el Congreso volvió a evidenciar lo polémica que es, desde que fue presentada hace unos meses, la ley elaborada por el Gobierno para asumir una parte importante de la deuda contraída por las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todas las autonomías gobernadas por el PP —11 de las 17— se han mostrado críticas con la opción de que el Estado reduzca una parte de su pasivo, a pesar de que la ley establece que solo se podrían beneficiar de esta medida las comunidades que así lo soliciten y de que la reducción de la deuda no tendría contrapartidas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, mostró su estupefacción ante esta posición adoptada por el PP en su defensa de la ley este jueves en el Congreso. “Siete de cada diez euros [de la deuda que se condonaría] benefician a comunidades gobernadas por el PP”, recordó España, que explicó que Andalucía sería la que más beneficiada por la quita en términos absolutos seguida de la Comunidad Valenciana, mientras Canarias sería la comunidad que más reduciría su deuda en términos proporcionales: un 50%. “Hablen ustedes con la Comunidad Valenciana, que tiene un ratio de deuda del 40,4%, hablen con los representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera”, espetó.

“Imaginemos una familia que tiene una hipoteca de 250.000 euros y a la que, un día, su banco le comunica que va a asumir 100.000 euros de esa deuda. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería”, argumentó igualmente España, que aseguró que tampoco es comprensible que eso ocurra “cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma”. “Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos de su territorio”, lamentó.

“Un pago para salvar a Sánchez”

No obstante, el PP se mostró crítico con lo que considera un intento del Gobierno de maquillar el endeudamiento de las administraciones públicas, ya que la ley no contempla una condonación, sino la asunción por parte del Estado de una parte del pasivo de las comunidades. “La deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma, lo que cambia es el titular del recibo”, denunció a este respecto el diputado popular Juan Bravo, que también argumentó que la medida premia a las comunidades que han hecho una mala gestión de sus recursos y perjudica al resto. Bravo, asimismo, defendió “la reforma del sistema de financiación” autonómica “para poner fin a la discriminación que sufren las comunidaes peor financiadas”.

Sin embargo, el argumento estrella utilizado por el PP desde hace meses contra esta ley, que también esgrimió Bravo en el debate de este jueves, es que no responde a criterios técnicos, sino a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Solo hay una comunidad autónoma que le compra esta propuesta: Cataluña. Tiene en contra hasta a sus comunidades autónomas, Asturias y Castilla la Mancha”, espetó el diputado del PP, que calificó la norma como “un pago para salvar a Sánchez” acordado “en noviembre de 2023” con ERC.

En la misma línea se expresó el parlamentario de Vox Pablo Sáez, que aseveró que la ley de condonación de la deuda autonómica no “una reforma del sistema de financiación”, “un modelo consensuado” o “una revisión seria de incentivos fiscales”, sino “una operación extraordinaria pactada con grupos independentistas” para resolver “un problema estrictamente político”: la investidura de Sánchez. “Este proyecto de ley demuestra que la igualdad entre españoles queda subordinada a la negociación política con determinados socios parlamentarios”, denunció Sáez, que además coincidió con el PP al afirmar que la norma premia “la mala gestión” y sostuvo que, en realidad, “la deuda no desaparece, tan solo se transfiere de un gobierno a otro”, por lo que “habrá contribuyentes que asumirán la factura de la deuda acumulada por un gobierno autonómico que no es el suyo”.

Junts acusa de “visión anticatalana” a las otras dos derechas

Esta postura de PP y Vox provocó el rechazo frontal de un Junts que acusó a las dos formaciones —a las que, en los últimos tiempos, ha unido sus votos en múltiples ocasiones para derribar iniciativas promovidas por el Gobierno o sus socios— de querer “impulsar la acción recentralizadora del Estado” por su “visión anticatalana”. “El FLA es un invento del PP” durante los años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo “para someter la voluntad política de las comunidades, y en especial la de la Generalitat de Catalunya”, espetó el diputado independentista Josep Maria Cruset, que sostuvo que dicho instrumento “es una muestra más de cómo los gobiernos españoles, sea cual sea su color político, aprovechan en cualquier ocasión para estrangular a los catalanes, en este caso ahogando al Govern con una mano mientras le obligaban con la otro a mendigar los recursos del FLA”.

Pese a esas duras críticas, Cruset afirmó que su grupo permitirá que continúe la tramitación del proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades. “Pero atención: en la tramitación habrá que poner solución a muchas de las deficiencias de la propuesta actual”, advirtió el diputado de Junts, que exigió la quita total y no parcial de la deuda de Catalunya y sostuvo que existe un agravio comparativo de su comunidad con otras como Andalucía, en términos absolutos la más beneficiada de la condonación. “¿Por qué proponen que se rebaje sólo un 19% la deuda de Catalunya y en cambio que se rebaje un 50% la deuda de Andalucía? ¿Van ustedes, diputados de ERC y del PSC, a impulsar un nuevo agravio contra Catalunya?”, espetó.

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

El nuevo decreto para aliviar la crisis de acceso a la vivienda es, por ahora, tan solo un borrador recién salido del horno tras el pacto entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno, pero los socios —que recibieron el texto este miércoles— ya han comenzado a tomar posiciones... y, en algunos casos, a expresar sus desavenencias. Ese es el caso de Podemos, que denuncia que el Ejecutivo está intentando “colar” en el paquete de medidas una parte de la reforma de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda lleva intentando aprobar sin éxito desde 2024. En efecto, el borrador —tal y como ha podido comprobar elDiario.es— incluye modificaciones en más de una decena de artículos de la norma.

Fuentes de la formación morada aseguran que, para ellos, que el decreto incluya disposiciones sobre la ley del suelo es una “línea roja”, y aseguran que solo van a “sentarse a negociar” su apoyo al texto si se retiran esos artículos. “La eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”, espetan fuentes de Podemos, que sostienen que el borrador del decreto que han recibido modifica “dos elementos relevantes” de la norma: “El sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados”. La ley del suelo es una normativa clave en materia de urbanismo porque regula el desarrollo de los planeamientos, la puesta en marcha de nuevos desarrollos inmobiliarios o la construcción de nueva vivienda.

“El primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros”, y “también limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas”, denuncian estas fuentes de Podemos, que afirman que la segunda de las modificaciones legales incluidas en el borrador del decreto “eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin”. “Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”, espetan.

Podemos se muestra muy crítico con estos artículos porque, sostienen, su redacción “es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024, que rechazaron no sólo Podemos, sino también Sumar, ERC y Junts y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara Baja”.

Las modificaciones

En concreto, el borrador del decreto introduce cambios en varios de los artículos clave de la ley del suelo. Uno de los más importantes es el relativo al artículo 55, el que establece la “nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Con su nueva redacción, el Gobierno busca que un plan urbanístico solo pueda declararse nulo si se detectan un cierto número de defectos especialmente graves, como la incompetencia manifiesta del órgano que aprueba el plan, la omisión total del procedimiento, la falta de evaluación ambiental, la ausencia de información pública, la omisión de informes esenciales o la inexistencia de una memoria justificativa suficiente. Con el resto de defectos, el decreto permitiría a las administraciones revertir los mismos antes de tumbar todo el plan, incluso aunque un tribunal haya determinado la ilegalidad de la actuación urbanística.

La segunda de las críticas de Podemos, la relativa a las expropiaciones, se trata en el artículo 47 de la ley del suelo, que también se modifica. El borrador de decreto elaborado por el Gobierno reduciría las posibilidades de cuestionar un plan urbanístico a partir de los cuatro años posteriores a su aprobación, y además solo permitiría pedir la impugnación por defectos materiales, no procedimentales, lo cual limita la acción de grupos que pudieran protestar contra eventuales ilegalidades.

Las dos almas del Gobierno ya tienen cerrado un primer borrador del nuevo decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, que está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros. Así lo confirman fuentes del Ejecutivo, que concretan, además, que la opción de solicitar la prórroga del contrato de alquiler que incluirá el paquete tras la presión de Sumar al PSOE será aplicable a todos los arrendamientos que finalicen en 2026, 2027 y —esta es la novedad— entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2028.

El documento se encuentra aún en una fase de borrador y las fuentes consultadas explican que se está empezando a distribuir a los grupos parlamentarios para tantear sus posibles apoyos de cara a su convalidación en el Congreso, donde el texto se votará, previsiblemente, en septiembre. Especialmente importante es el apoyo de Junts, cuyo voto en contra —junto al de PP y Vox— tumbó el pasado abril el primer decreto del Gobierno en el que se había incluido la opción de solicitar la prórroga de los contratos de alquiler por un periodo de dos años, entonces únicamente para los arrendamientos que finalizaran en 2026 y 2027.

Fuentes de Sumar concretan que la nueva prórroga “reforzada” que incluirá el decreto “podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias” de la medida. Los cálculos del Gobierno son que un millón y medio de hogares cuyos contratos vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 podrían solicitar la extensión de los mismos, lo que implica que “podrían beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas”.

El texto recién pactado por PSOE y Sumar también incluirá otras medidas ya anunciadas, como una nueva regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de esta figura, por la cual algunos caseros logran sortear los límites de precios que establece la ley de vivienda en las comunidades autónomas que los aplican. Asimismo, para desincentivar que los propietarios pongan sus pisos en régimen de arrendamiento turístico, se elevará hasta el 21% el tipo de IVA que pagarán este tipo de pisos y se endurecerá el régimen sancionador en relación a su publicidad en plataformas.

Las fuentes de Sumar consultadas afirman, además, que el decreto también incluirá a propuesta suya una medida “a negociar con los grupos parlamentarios” para “proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional”. En los últimos días, este ha sido el principal punto de fricción entre la formación liderada por Yolanda Díaz y el PSOE, puesto que los socialistas son reacios a incluir una moratoria antidesahucios que ya fue tumbada por Junts en dos ocasiones a principios de año.

El Gobierno intenta no verse salpicado por la estrategia procesal del empresario Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra, que atribuyeron el lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un papel central para lograr los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra. Ese supuesto rol del expresidente ha puesto el foco en la legalidad del proceso que terminó con la concesión del préstamo público. Pero este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, fue tajante al asegurar que no cabe ninguna sombra de “duda” al respecto. “La actuación del Gobierno de España en ese expediente”, dijo, “fue la correcta”, y la prueba de ello, argumentó, es que el procedimiento ha pasado por las manos de varias instituciones y ninguna ha encontrado ninguna irregularidad.

Saiz defendió la honradez del expediente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la declaración de Martínez Martínez en la Audiencia Nacional y menos de 24 horas después de que el antiguo colaborador de Zapatero y el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitieran sendos escritos señalando al expresidente como la persona que se ofreció para facilitar el rescate de la compañía aérea a cambio de una comisión del 1% del préstamo concedido. En el documento remitido por Martínez Sola se detalla que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Martínez Martínez fue de 530.000 euros, así como que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La ministra portavoz, en su rueda de prensa de este martes, evitó valorar los testimonios ofrecidos en ambos escritos argumentando que no es tarea del Gobierno “comentar, ni calificar, ni valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”. Pero sí insistió en que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla la ley y no incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en marzo de 2021. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha”, enumeró.

“Nosotros sabemos que Zapatero no hizo ninguna presión para la concesión del crédito a Plus Ultra”, entre otras cosas porque la aerolínea ya cumplía los requisitos para conseguirlo y no era necesario que nadie intercediera para la resolución del expediente, argumentan fuentes de la Moncloa. De hecho, este martes la portavoz Saiz volvió a defender no solo la “presunción de inocencia” del expresidente —máxime cuando el caso se encuentra en fase de instrucción—, sino su “inocencia”, porque el Gobierno sigue creyendo en las explicaciones que ha ofrecido Zapatero, que sostiene que no ha cometido los delitos por los que se le investiga.

Fuentes de la Moncloa admiten que su confianza en el expresidente se basa en una decisión, más que en tener pruebas fehacientes de su inocencia. “Ahora mismo existen dos versiones contrapuestas, y nosotros elegimos creer en la de Zapatero”, explica un dirigente, que insiste en que los dos escritos presentados el lunes no contienen nuevos “datos” ni “pruebas” que demuestren que el expresidente se lucró vendiendo su influencia. Lo cierto es que, este martes, Julio Martínez Martínez no aportó más detalles para concretar en qué consistió el supuesto rol protagonista de Zapatero en el rescate de Plus Ultra: en su declaración ante el juez, apenas un día después de señalarle en un escrito, el empresario no aclaró ni con quién medió o a quién presionó el expresidente ni cuánto habría cobrado por ello.

Razones “casi sentimentales”

No obstante, más allá de que consideren que los indicios acumulados hasta ahora no son suficientemente concretos para dejar de confiar en Zapatero, las fuentes de Moncloa consultadas también admiten que la decisión de cerrar filas con el expresidente obedece, en parte, a razones “humanas y casi sentimentales”. “Aceptar que Zapatero nos ha mentido no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana” y solo ocurrirá si existen pruebas incontestables de ello, porque alejarse en este momento de una persona “que lo ha sido todo para el PSOE, para el Gobierno y para un montón de ciudadanos” solo “para quedar bien ante la opinión pública” podría incluso ser contraproducente, razonan.

“Si llega un día en que es incontestable que nos ha engañado, a ese momento va a llegar todo el mundo mucho antes que el Gobierno y que la cúpula del PSOE”, resumen estas fuentes, que hacen hincapié en que, por ahora, la Moncloa cree firmemente en el “honor” y la “palabra” de Zapatero. En cualquier caso, el Ejecutivo insiste en que el expresidente no forma parte del actual Consejo de Ministros y en que, por tanto, no tiene que tomar ninguna decisión sobre su futuro. “Nos vamos a ver en la tesitura de tener que opinar, pero no es nuestra responsabilidad, será la opinión sobre una persona que es cercana al Gobierno y, en el peor de los casos, nos llevaremos una gran decepción y nos habremos equivocado”, argumentan las fuentes consultadas.

El PP, por el contrario, considera que el Gobierno debe asumir “responsabilidades políticas” aunque Zapatero no forme parte del Consejo de Ministros. “Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer esta operación” el expresidente, espetó este martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que incluso llegó a exigir al Ejecutivo que confiese “cuántos estaban en el ajo”. “Parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos, sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor”, sostuvo igualmente Ezcurra.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió este martes en que sigue confiando en la “inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a que Julio Martínez Martínez, antiguo colaborador del mandatario, y los directivos de Plus Ultra le señalaron el lunes como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público a la aerolínea. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero” y “seguimos creyendo en su inocencia”, afirmó Saiz preguntada sobre estas novedades en la investigación.

“No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”, planteó la ministra portavoz al ser preguntada —hasta en ocho ocasiones— en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Saiz se limitó a afirmar que la investigación se encuentra “en una fase inicial” y aseguró que el Gobierno está prestando su “total colaboración” a la justicia.

La portavoz del Ejecutivo tampoco quiso pronunciarse en relación a la falta de explicaciones sobre las joyas incautadas a Zapatero tras el registro de su oficina. Lo que sí defendió es que el Gobierno en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en 2020. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha, enumeró Saiz, que insistió en que ”no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta“.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del ala minoritaria del mismo, la de Sumar, se adhirió expresamente al respaldo a Zapatero que expresó la ministra portavoz. No obstante, Díaz también insistió en que el expresidente del Ejecutivo “tiene que dar explicaciones” sobre sus negocios ante la “inquietud y tristeza” que ha suscitado “en la ciudadanía” la apertura del caso en un contexto en el que existen varias investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

La vicepresidenta, sin embargo, no quiso ofrecer su opinión en relación a las declaraciones de Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra: “Nunca he valorado sumarios judiciales, ni cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo la Xunta de Galicia ni ahora; no sería responsable por mi parte”, espetó Díaz, que se mostró crítica con el hecho de que “todos los días mucha gente habla” sobre este tipo de procedimientos “sin la pericia suficiente para ello”.