El objetivo declarado del Frente Amplio desde hace semanas es el de alcanzar el 10% del voto para “multiplicar” los escaños que obtendrá en el Congreso en las próximas elecciones generales. Y para alcanzar esa meta el camino pasa por 16 provincias en los que la alianza centrará su campaña electoral desde el próximo viernes para intentar decantar la balanza y lograr en cada uno de ellos el último escaño en disputa.

Habida cuenta de que las encuestas sitúan al Frente Amplio muy lejos del porcentaje de voto nacional que permite pensar en obtener representación en prácticamente todas las provincias, la alianza liderada por Ada Colau y Emilio Delgado —el “ticket” con el que fuentes de la formación aseguran que aspiran a llegar a públicos diferentes— tendrá que priorizar durante la campaña electoral los lugares donde tenga opciones de lograr escaños. La última encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es estima que la coalición obtendría, si las elecciones tuvieran lugar mañana, un 6,1% de los votos, lejos del objetivo del 10% que se ha marcado Colau para sortear los efectos más perniciosos del sistema electoral. Por tanto, el Frente Amplio necesita crecer y hacerlo rápido.

Este lunes Bustinduy nombró una por una los lugares donde la alianza tiene pensado centrar su campaña electoral: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. Si el Frente Amplio logra crecer hasta ese umbral del 10% de los votos que se ha marcado como objetivo y lograr diputado en todas esas circunscripciones —o sumar alguno más a los que ya tiene asegurados—, eso “va a permitir una multiplicación exponencial de representación de las fuerzas de izquierdas y, por tanto, una transformación del marco en el que se dan estas elecciones”, argumentó este lunes el portavoz.

“En esas provincias, en la mayoría de ellas, el escaño que se va a jugar el Frente Amplio se lo juega con el PP y con Vox”, sostuvo Bustinduy. Y ese es uno de los mensajes que el Frente Amplio tiene pensado repetir en las próximas semanas para combatir la llamada al voto útil que está haciendo el PSOE, con la que los socialistas amenazan con pegar un buen mordisco al electorado situado a su izquierda: el de que votar por Colau es en realidad lo que puede “inclinar la balanza” y permitir que se reedite un Gobierno progresista.

Pese a que el Frente Amplio arrancará la campaña lejos, según las encuestas, de alcanzar ese umbral del 10% que se ha puesto como objetivo, fuentes de la alianza se muestran optimistas y sostienen que su electorado se está activando desde hace unos días. Estas fuentes consideran, además, que en las próximas semanas hay varios hitos que pueden llevar la conversación pública por los derroteros en los que la izquierda alternativa se siente más cómoda, empezando por la huelga general del próximo miércoles. 

“A la izquierda las encuestas la han infraestimado siempre”, aseveró este lunes Bustinduy, que puso el foco en que en 2023 los sondeos también pronosticaban una holgada mayoría del bloque de la derecha y en los varapalos que han sufrido en las últimas semanas varios líderes ultraderechistas a nivel mundial. “Orban, Bolsonaro o Trump han perdido las elecciones, y nuestra intención es que PP y Vox se sumen a esa lista y sean derrotados en las urnas”, sostuvo el dirigente.

La vivienda y el coste de la vida, ejes de campaña

El Frente Amplio apuesta, asimismo, por retomar la vivienda como el principal eje de discusión de la campaña electoral, y de ahí que su lema vaya a ser 'Un voto como una casa'. Fuentes de la alianza explican que tienen intención de explotar el pasado de Colau como activista antidesahucios para reforzar este mensaje, y sostienen que su idea es trasladar que la crisis de acceso a la vivienda “es la expresión más evidente de un modelo económico que permite a unos pocos enriquecerse con las necesidades de la mayoría”.

“La vivienda es, además, la expresión más evidente de una crisis más amplia del coste de la vida” en la que son protagonistas, además de los alquileres, “los alimentos, la energía y el transporte”, plantea el Frente Amplio. La campaña de Colau no va a centrarse en criticar al PSOE, pero con seguridad ese será uno de los puntos en los que más va a poder diferenciarse de los socialistas, a quienes el Frente Amplio acusa de haber puesto “resistencias” y haber frenado “nuevas medidas” durante la pasada legislatura en materia social y de vivienda.

No obstante, Bustinduy aseguró que la intención de la alianza no es presentarse como la organización que aspira a lograr los pocos votos que deje el PSOE a su izquierda, sino dirigirse al conjunto de “la gente trabajadora”. Con un tono y unas referencias muy similares a las de la primera etapa de Podemos, el dirigente aseguró que el Frente Amplio no va a dirigirse solo “a la izquierda” y mucho menos “a la izquierda del PSOE”, sino al conjunto de la clase trabajadora, la que depende “de su tiempo, de sus manos, de su salario para sacar a su familia adelante”. El propio Bustinduy resumió el público objetivo al que se va a dirigir la campaña de la organización: “Si dependes de que suban los salarios, de una pensión pública, de becas para estudiar, de la sanidad pública o de un sistema de dependencia pública, tus intereses los representa el Frente Amplio”.

'Un voto como una casa'. Ese será el eslogan en torno al que el Frente Amplio hará girar su campaña electoral, tal y como confirman fuentes de la alianza, que explican que la pegada de carteles tendrá lugar en el barrio de Vallecas de Madrid y que el primer acto de campaña propiamente dicho se celebrará el sábado día 14, en Sevilla.

Con la elección de ese lema, el Frente Amplio pretende poner el foco sobre el hecho de que “las elecciones del 29N van a ser un referendum sobre la desigualdad y la vivienda”, en palabras del portavoz de campaña de la alianza, Pablo Bustinduy, este lunes. “Ahora entramos en la semana deisiva que va a demostrar que eso va a ser así, que las elecciones van del derecho a la vivienda frente a los buitres y de la justicia social, de repartir la riqueza que ha generado este país y está siendo confiscada por el 1% de la población”, planteó el también ministro de Derechos Sociales en un discurso con un tono y unas referencias muy similares a las de la primera etapa de Podemos.

Además de a Sevilla, la líder del Frente Amplio, Ada Colau, visitará durante la campaña Madrid, Aragón, Asturias, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi. En todas esas comunidades, aseguró Bustinduy, hay provincias en las que las proyecciones demoscópicas que maneja la alianza señalan que hay un escaño en juego para el Frente Amplio, en muchas ocasiones en disputa con Vox. En este sentido, el portavoz aseguró que “a la izquierda las encuestas la han infraestimado siempre” y que, por tanto, no hay que fiarse de las malas perspectivas que auguran los sondeos para el espacio.

“Bolsonaro se ha llevado a Miami una maleta llena de encuestas”, ironizó Bustinduy, que puso el foco en los varapalos que han sufrido en las últimas semanas varios líderes ultraderechistas a nivel mundial. “Orban, Bolsonaro o Trump han perdido las elecciones, y nuestra intención es que PP y Vox se sumen a esa lista y sean derrotados en las urnas”, arengó el dirigente del Frente Amplio, que aseguró que su coalición es “el factor decisivo” para que se produzca ese vuelco, especialmente si alcanza el 10% de los votos, que permitiría “multiplicar” los escaños de la alianza “por las características específcas del sistema electoral”.

El acto central de campaña del Frente Amplio se celebrará en Barcelona el sábado día 21, confirma la organización, mientras que el mitin de cierre tendrá lugar en Madrid el viernes 27, unas horas antes de que comience la jornada de reflexión. Además, los principales candidatos de la alianza compartirán escenario con algunos de sus aliados territoriales: el domingo 15 Colau se desplazará a Zaragoza para un acto conjunto con la Chunta; el jueves 19, viajará a Valencia para otro con Compromís; y el domingo 22 habrá otro mitin con Unidad del Pueblo Canario en un lugar aún no especificado del archipiélago.

“Comienza la remontada”. Ese es el mantra que, desde hace días repiten los principales dirigentes del Frente Amplio de cara a la carrera contrarreloj que tienen por delante durante las próximas tres semanas para hacer despegar en las encuestas a una marca recién creada. La misión no es sencilla: el Frente Amplio ha nacido debilitado por el fracaso de las negociaciones de unidad con Podemos y, además, las encuestas detectan desde hace tiempo una importante fuga de apoyos hacia el PSOE. Pero la coalición se ha fijado como objetivo superar la barrera del 10% de los votos, una cifra a partir de la cual podría empezar a sortear los efectos más perniciosos del sistema electoral.

Desde su lanzamiento, la alianza ha seguido esa línea discursiva para intentar recuperar algo del terreno perdido en el inicio de la precampaña, que la izquierda alternativa ha comenzado enfangada en el reparto de las listas y las negociaciones entre partidos. Y, tras el parón de la semana pasada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el Frente Amplio ha retomado los actos con el mismo objetivo declarado. Así lo señaló el jueves la candidata, Ada Colau, en un desayuno informativo celebrado en Madrid en el que dijo que la meta “a corto plazo” es llegar al 10% para “multiplicar a más del doble los escaños” y situarse “como fuerza determinante para garantizar que puede haber un Gobierno progresista”.

En la misma línea se expresaba la semana pasada el ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, que pronosticaba que, si la alianza alcanza el 10% en los sondeos, “se producirá un clic, un punto de inflexión”. Los motivos, dijo, son dos: que “el sistema electoral español provoca que, por encima del 10%, los resultados en escaños se multipliquen” y que superar la barrera de las dos cifras de porcentaje de voto provocaría que “la gente diga 'hay partido, se puede hacer'”.

Por ahora, no obstante, ninguna encuesta de las publicadas en medios de comunicación señala que el Frente Amplio tenga una estimación de voto de dobles dígitos. El sondeo de Ateneo del Dato para elDiario.es de la semana pasada —elaborado antes del accidente de Urda— estima que la alianza contaría ahora mismo con el 6,8% de los apoyos, aunque algunos trackings internos de la izquierda —también previos a la tragedia ferroviaria— pronostican entre 16 y 18 actas para la formación.

Fuentes del Frente Amplio, no obstante, consideran “realista” el objetivo de alcanzar el 10% de los votos si la alianza consigue hacer “una buena campaña” electoral en el tiempo que queda hasta los comicios. Las estimaciones internas de la formación son que, actualmente, reúne en torno al 7,5% o el 8% de los apoyos, por lo que necesitaría crecer sensiblemente en las próximas semanas. Pero las fuentes consultadas consideran que, una vez ha quedado atrás la compleja y conflictiva negociación de las listas, la alianza tiene margen para hacerlo.

Cunde la sensación, además, de que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes —anunciada por sorpresa el pasado martes por el propio dirigente— supondrá un “punto y aparte” en la precampaña electoral y evitará que la izquierda quede atrapada en el debate sobre si el ministro debía o no continuar en su cargo. “Ahora pasamos de hablar de la dimisión a tomar la iniciativa con asuntos como la subida del salario mínimo”, sostiene una fuente de la alianza, que asegura que, sin la presión de tener que justificar la presencia de Puente en el Consejo de Ministros, “puede volver a retomarse el debate de la vivienda” y, además, la izquierda tendrá más argumentos para defender su “modelo de sociedad y valores”.

La competencia de partidos territoriales

Los estrategas del Frente Amplio consideran que, según vaya avanzando la campaña, las fuerzas estatales irán tomando fuerza en detrimento de las de ámbito territorial y se impondrá el fenómeno del voto dual, por el cual votantes de partidos nacionalistas en las elecciones autonómicas eligen opciones estatales en las generales. Porque ese es uno de los principales problemas de la alianza: que, en muchas de las provincias en las que se está jugando obtener o no un diputado, hay formaciones de ámbito territorial en muy buen estado de forma, como es Adelante Andalucía en Sevilla o Málaga o el BNG en el caso de A Coruña o Pontevedra.

Estas fuentes del equipo demoscópico del Frente Amplio explican que, según sus cálculos, crecer unos pocos puntos durante la campaña electoral es clave para obtener diputados en esas circunscripciones. Y creen, además, que el crecimiento es mayor cuando se van superando determinados hitos. “En nuestros modelos, subir del 7% al 9% te da seis escaños, pero pasar de ese 9% al 11% te da 12 o 13 diputados más”, plantea un dirigente, que señala que, con el 10% de los votos, el cálculo medio es que el Frente Amplio obtendría 21 diputados y que, a partir de ahí, cada décima ganada tiene mucho más valor.

A priori, el Frente Amplio tiene asegurado tener representación en las circunscripciones de Madrid y Barcelona, las que más escaños reparten. Pero las fuentes consultadas explican que la aspiración es, con una ganancia de intención de voto no demasiado grande en términos porcentuales, amarrar también diputados en Sevilla, Málaga, Zaragoza o Asturias. Más complicado parece obtener representación en las provincias gallegas o las vascas, admiten, habida cuenta de la fortaleza allí del BNG y EH Bildu.

No obstante, otras fuentes expertas en el análisis demoscópico y conocedoras del comportamiento electoral del espacio a la izquierda del PSOE no son tan optimistas y consideran que, con la fortaleza de Vox y la dispersión del voto progresista, el umbral de voto necesario para que el Frente Amplio amarre en torno a una veintena de escaños se sitúa más bien en torno al 11,5% de los votos. En lo que sí coinciden es en que pequeñas subidas en porcentaje de voto suponen fuertes ganancias por los efectos del sistema electoral.

En concreto, estas fuentes consultadas explican que un resultado por debajo del 7% reduciría al Frente Amplio a la mínima expresión y solo le garantizaría obtener representación por Madrid y Barcelona, más los diputados que aporte Compromís - Front Valencià —donde están presentes tanto IU como Podemos y Movimiento Sumar— en la Comunitat: unos siete u ocho escaños en total. Por el contrario, un resultado de entre el 7,5% y el 8,5% de los votos permitiría a la alianza asegurar 10 u 11 escaños y lograr actas en Balears, Canarias o Sevilla, según estas estimaciones. Y si el resultado se situara entre el 8,5% y el 9,5%, explica esta fuente, el resultado se dispararía y permitiría alcanzar sillones en Asturias o Zaragoza.

La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, anunció este viernes que el programa de la alianza incluirá entre sus propuestas una ley para expropiar viviendas a las empresas que las utilizan para hacer negocio con ellas. En una primera fase, explicó Colau, la norma afectaría a los fondos con más de 1.000 pisos en alquiler, pero posteriormente habría una segunda y una tercera fases para expropiar los inmuebles a las compañías que tengan la titularidad de más de 50 viviendas.

“Es intolerable que hayan fondos de inversión extranjeros que vienen a nuestras ciudades, compran viviendas a granel como si fueran manzanas, los compran a precios muy inferiores de los que podría comprarlos la gente que vivimos aquí, y encima lo que hacen es especular y poner precios absolutamente abusivos”, sostuvo Colau este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga. La candidata del Frente Amplio aseguró que la norma es perfectamente “viable”, y prometió que las expropiaciones se llevarían a cabo “inmediatamente” si la alianza “entra con fuerza el próximo 29 de noviembre al Congreso de los Diputados” y forma parte del Gobierno.

La ley propuesta por el Frente Amplio se dirige exclusivamente a personas jurídicas, es decir, a empresas, y no a los grandes tenedores que sean personas físicas. “Las familias que tienen su casa o un piso en alquiler quedan fuera, el objetivo son las grandes empresas que han convertido la vivienda en un activo financiero”, explicó Colau, que cargó contra PP y Vox porque, aseguró, “quiere seguir dando alfombras rojas a los especuladores, alfombras rojas para que sigan expulsando a nuestros vecinos de los barrios, poniendo apartamentos turísticos legales e ilegales por doquier y expulsando a una población trabajadora que ya no llega a final de mes por culpa del precio de la vivienda”.

De ponerse en marcha, la norma propuesta por el Frente Amplio se aplicaría en tres fases sobre el parque residencial de los grandes tenedores corporativos. En un primer momento, tan solo se verían afectadas por las expropiaciones las entidades con más de 1.000 viviendas en propiedad, “como Blackstone o Caixabank”, explica la alianza. En una segunda fase el ámbito de aplicación de la ley se ampliaría hasta los propietarios de más de 700 pisos, mientras en una tercera etapa serían los fondos propietarios de más de 50 inmuebles los que se verían afectados.

Asimismo, el Frente Amplio exige “adscribir obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la Sareb al parque público de vivienda”. La formación argumenta que, dado que “la sociedad se creó en 2012 para absorber los activos inmobiliarios de la banca rescatada”, “lo que se rescató con dinero de todos tiene que volver a todos en forma de vivienda”.

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, anunció este viernes las que serían sus condiciones para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez si el socialista contara con suficientes apoyos para revalidar su cargo como presidente del Gobierno: limitar los precios de los alimentos por ley, rebajar los alquileres por ley y adoptar medidas para prohibir la especulación inmobiliaria. “Con eso querríamos formar parte de un Gobierno que pueda hacer esas cosas y otras muchas más”, llegó incluso a asegurar Montero.

Así se expresó la número dos morada en un desayuno informativo organizado por Europa Press y celebrado en Madrid, en el que aseguró que sus prioridades en una negociación con el PSOE serían “bajar el precio de los alquileres, prohibir la especulación para que solamente se pueda comprar pisos para vivir y no para hacer negocio y topar los precios de los alimentos”. Preguntada si, en el caso de que se cumplieran esas condiciones, Podemos apoyaría una investidura, Montero aseguró que eso es lo que su partido tiene pensado “negociar” con los socialistas si se da el caso, e incluso se abrió a “formar parte de un Gobierno” con ellos.

La candidata de Podemos, no obstante, se mostró muy crítica con la acción del Ejecutivo de PSOE y Sumar durante la última legislatura, y en particular criticó el aumento del gasto en defensa. “El último Presupuesto aprobado en España”, el del año 2023, que se ha ido prorrogando durante todo este mandato, “tenía un gasto militar de 12.000 millones de euros, y ahora el gasto ha subido a 36.000 millones”, denunció Montero, que recordó que ese incremento se ha puesto en marcha “sin una sola votación parlamentaria”.

La dirigente puso varios ejemplos de en qué podrían gastarse esos 24.000 millones de euros extra. En primer lugar, dijo, servirían para “recuperar para lo público una energética como Repsol”, una nacionalización cuyo coste Montero cifró en 9.100 millones de euros. “Podemos expropiar el uso de las viviendas que, por miles, acumulan los fondos buitre”, “contratar 40.000 profesionales sanitarios y 40.000 maestros para cuidar y proteger los dos pilares de una democracia, que son la educación y la sanidad públicas”, y “todavía queda dinero para llevar a 1.000 millones el presupuesto de lucha contra las violencias machistas” y para “poner en marcha un supermercado público y remunerar el permiso de ocho semanas para cuidado de hijos”, enumeró.

Montero, asimismo, se mostró de acuerdo con la propuesta que lanzó el jueves la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, de poner en marcha un impuesto a los grandes patrimonios. “Hay que freír a impuestoa a los superricos para que pague más quien más tiene”, argumentó la candidata de Podemos, que sostuvo que “esa riqueza es el resultado de un saqueo a las familias con precios imposibles, con alquileres imposibles, con hipotecas imposibles, no el resultado de una buena idea de negocio”.

La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, anunció este jueves que el programa de su formación incluirá un impuesto a los grandes patrimonios. Esta tasa, que Colau bautizó como “tax the rich” —gravar a los ricos, en inglés— obligaría a los titulares de fortunas de más de un millón de euros a pagar anualmente un 2% del valor total de su patrimonio, un tipo que se elevaría al 3% para quienes tuvieran patrimonios superiores a los 50 millones de euros.

En un desayuno informativo organizado en el hotel Ritz de Madrid por Nueva Economía Fórum, la líder del Frente Amplio argumentó que “no existe el derecho a acumular riqueza, pero sí a la salud, a la educación y a la vida digna”, y denunció que “hoy los ricos se hacen más ricos a cosa del esfuerzo de la mayoría social trabajadora”. “Lo que queremos es que devuelvan un poco de lo que la sociedad les ha dado”, planteó Colau, que explicó que “la presión fiscal en España está entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea, por lo que hay margen” para elevarla “si queremos un Estado del bienestar similar al del norte de Europa”.

El nuevo impuesto, en los términos en los que lo plantea el Frente Amplio, afectaría a unas 231.000 personas, según la alianza. Eso supone aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, sostiene el partido en una nota de prensa. “Las 1.200 mayores fortunas de nuestro país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros —menos de una de cada 10.000 personas—, aportarían un tercio de la recaudación, y el 99% de la población quedaría fuera del impuesto”, plantea el Frente Amplio.

La candidata del Frente Amplio, asimismo, planteó otra de las propuestas clásicas de la izquierda a la izquierda del PSOE: la de “elevar el tipo efectivo” que pagan las grandes empresas y los bancos en el impuesto de sociedades, el que sufragan por sus beneficios anuales. “Hoy la gran banca y las grandes empresas pagan entre el 7% y el 9% de sus beneficios, mientras la pequeña y la mediana empresa paga entre un 19% y un 20%”, denunció Colau, que abogó por “revisar desgravaciones a los grandes grupos” empresariales.

“La gran banca ha ganado 29.253 millones de euros hasta septiembre, un 15% más que un año antes. En 2007, antes del estallido de la burbuja, las empresas españolas declararon beneficios por valor de 220.000 millones de euros; en 2025 han superado los 400.000 millones”, denuncia el Frente Amplio.

Con estas dos reformas en clave fiscal, además de con el impuesto a los propietarios de cuatro o más viviendas que las alquilen por encima de un determinado precio, el Frente Amplio pretende recaudar “más de 10.000 millones de euros para reforzar los servicios públicos y mantener y dignificar las pensiones”, según explicó Colau.

La dirigente fue presentada por quien fuera secretario de Estado de Derechos Sociales entre 2020 y 2023, Nacho Álvarez, que abandonó la política tras las últimas elecciones pero que sigue próximo al espacio a la izquierda del PSOE pese a su alejamiento de Podemos, el que era su partido. Álvarez inició la conferencia preusmiendo de los buenos datos económicos de los años de Gobierno progresista, pero afirmando que, pese a ello, es necesaria “voluntad de transformación” para afrontar “retos” como los problemas de acceso a la vivienda o la presión que experimentan los servicios públicos tras el crecimiento de la población y del turismo.

Y todo volvió a girar. La dimisión de Óscar Puente a última hora del martes, por sorpresa y contra la opinión de Pedro Sánchez, abre una nueva pantalla y cambia el paso otra vez de la campaña electoral del 29N después de una semana de 'shock' generalizado por la tragedia de Urda.

Aunque inesperada, porque el presidente le pidió expresamente continuar, la renuncia del ministro de Transportes ha devuelto al PSOE el resuello perdido en los últimos siete días por el desgaste político del segundo accidente ferroviario en apenas diez meses. Y por eso los socialistas, cargados ahora de la legitimidad que creen que les otorga asumir la responsabilidad política, pasan a la ofensiva para enfrentar al PP con su propio pasado en gestiones como la de la dana o la catástrofe de Angrois. Enfrente, los de Feijóo recalculan sobre la marcha su estrategia tras salir del mapa uno de sus ministros fetiche para la confrontación electoral.

El presidente del Gobierno se someterá este jueves por primera vez desde el accidente de Urda a las preguntas de los medios en la rueda de prensa de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. Lo previsto es que Pedro Sánchez insista en los mensajes de las últimas horas, en los que ha ensalzado la figura de Óscar Puente y ha puesto en valor su renuncia, y también ha subrayado la línea maestra de la nueva hoja de ruta electoral de los socialistas: “No todos los políticos son iguales”. Un nuevo lema que a partir del fin de semana ya se escuchará en los mítines.

El viernes en València, el sábado en Tarragona y el domingo en Bilbao, Sánchez retomará una caravana electoral de actos del PSOE y de entrevistas que habían quedado en suspenso, aunque en Ferraz asumen que después de Urda “ya nada será como antes”. Los socialistas han introducido cambios en esos planes trazados antes de la tragedia de tren, principalmente en el tono de la campaña y de los mensajes, muy enfocados al principio en proyectar una imagen cercana y distendida frente a PP y a Vox.

En la Moncloa admiten ahora que todo eso ha quedado atrás y que la campaña obligatoriamente tendrá que ser diferente y seguirá marcada en gran medida por las consecuencias del accidente. Para ello, Sánchez elige para ponerse al frente de Transportes al vicepresidente económico Carlos Cuerpo, un técnico con fama de buen gestor y carácter templado que ha escalado en el organigrama gubernamental desde la salida de Nadia Calviño. Con ese perfil el presidente intenta aplacar en las próximas semanas la conmoción social provocada por los accidentes de tren y también mitigar el malestar interno en el sector ferroviario, con varias jornadas de protestas programadas de aquí al 29 de noviembre.

Pero el PSOE cree, en cualquier caso, que aún hay partida. En los sondeos internos que maneja el presidente el desgaste de la última semana no ha logrado desbaratar por completo las expectativas de remontada que empezaron a generarse después de la convocatoria electoral. Y todavía quedan más de tres semanas y muchas cosas por pasar. Entre ellas, la huelga general por la vivienda del día 11 de noviembre, que en las filas progresistas esperan que contribuya a la movilización de las izquierdas. Y también una lectura política internacional más optimista tras la hecatombe de referentes ultra como Donald Trump o también la derrota de Bolsonaro.

El PP se lanza ahora a por Sánchez

El PP apenas paladeó el supuesto triunfo político que debería haber supuesto la dimisión de Puente, uno de los ministros con los que más han confrontado esta legislatura, y a quien hace directamente responsable (político, como poco) de los dos últimos y graves accidentes de la alta velocidad.

Nada más anunciarse la dimisión, los populares reclamaron el adiós de Pedro Sánchez. “Le dimitiremos en las urnas”, es la consigna. Algo que, en realidad, ya hacían antes del cese del ministro de Transportes. “Aplícatelo”, espetó Feijóo en Twitter a un mensaje en el que el presidente del Gobierno alababa el adiós del dirigente socialista.

Una vez quemado el “fusible”, la estrategia de Feijóo pasa ahora por lanzarse contra Sánchez y hacerle responsable de la gestión de Transportes. El problema es que, por el camino, el PP se ha topado con su propio pasado. Por ejemplo, cuando el entonces presidente de la Xunta dijo que el accidente de Angrois fue responsabilidad únicamente del maquinista, cuando nadie dimitió por la tragedia del Yak-42 o la defensa cerrada de Carlos Mazón durante todo un año, pese a los más de 230 muertos de la dana de Valencia.

Feijóo ha intentado esta semana reescribir la historia de cómo el PP mantuvo su apoyo a Mazón, y ha llegado a decir que él mismo fue “crítico” con el ya expresident de la Generalitat. Pero la hemeroteca apunta a lo contrario.

El líder del PP defendió que Mazón le había “informado en tiempo real”, pero no contactó con él hasta las ocho de la tarde. Después, aseguró en público que el todavía presidente de la Generalitat había hecho un “buen trabajo” por haber aprobado un presupuesto. Y todo el partido, barones autonómicos incluidos, le ovacionaron durante un acto interno celebrado en Oviedo.

La reacción del equipo de Feijóo a la dimisión de Puente ha sido, como suele ser habitual, embarrar el terreno de juego. En un mensaje remitido a los periodistas, los estrategas del PP comparan la integración del Ministerio de Transportes en la Vicepresidencia de Carlos Cuerpo hasta que se forme el próximo Gobierno con la promesa de su jefe de filas de suprimir el Ministerio de Igualdad.

“El argumentario del PSOE es un disparate”, apunta el mensaje distribuido entre los periodistas. “La última es intentar vender como un problema de discurso para el PP que les dimita un ministro en campaña”, añade, después de despreciar la existencia del “Ministerio de Infancia y un Ministerio de no sé qué digital”.

Este miércoles, en un acto informativo organizado por ‘La Razón’, Feijóo lamentó que “Puente dice que se va, pero Sánchez se queda”, y aseguró que, si gobierna, se encargará “personalmente” de se asuman las responsabilidades que correspondan por la gestión del actual Ejecutivo.

Mientras, a la izquierda del PSOE la dimisión de Puente se ha vivido sin euforia, pese a que tanto el Frente Amplio —casi desde el primer momento— como Podemos —unos días después— la reclamaban. En ambas formaciones cundía la sensación de que la posición del ministro era insostenible tras el segundo accidente ferroviario grave en menos de un año, pero la reacción ha sido contenida: la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, agradeció a Puente su “dignidad” y aseguró que la dimisión “es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece”, mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostuvo que el cese del ministro “era un consenso social, pero no es suficiente” y puso el foco en la necesidad de revertir la “liberalización” del transporte ferroviario de viajeros.

Ese mensaje, el de la necesidad de recuperar el control totalmente público del mercado ferroviario, lleva siendo la idea fundamental del discurso de Podemos en los últimos días. Y también el Frente Amplio la comparte: este mismo miércoles, el ministro Pablo Bustinduy rechazó que la red ferroviaria esté sujeta a los intereses de “empresas extranjeras que vienen a hacer negocio a costa de los recursos y las necesidades de los españoles” y comparó la privatización parcial del tren con la entrada de actores privados en sectores como la sanidad o la educación. “¿Esto qué tiene que ser, un servicio público? Porque lo que quieren es quedarse con las partes más rentables, como pasa con Quirón, que las operaciones de medio millón de euros o los tratamientos crónicos no los quieren: es el mismo principio siempre”, denunció.

Ese discurso de Bustinduy no es casual. Fuentes del Frente Amplio explican que, lejos de mantenerse a la defensiva por el accidente, la alianza va a intentar utilizar el debate sobre las infraestructuras públicas para defender la necesidad de una mayor inversión no solo en el ferrocarril, sino en general en todos los servicios públicos. “No nos sentimos incómodos hablando sobre infraestructuras”, sostiene un dirigente, que sí admite, no obstante, que la dimisión de Puente les facilita hacer un discurso en clave propositiva que vaya más allá del accidente de Urda y sirva para explicar el modelo de inversión fuerte en servicios públicos que plantea el Frente Amplio.

Otro dirigente de la alianza afirma, en esa misma línea, que el cese del ministro era necesario “para no perder iniciativa” y para que la izquierda no quedara atrapada en el debate sobre si Puente debía o no dimitir, aunque no tuviera “responsabilidad directa” en el accidente de Urda. “Ahora pasamos de hablar de la dimisión a tomar la iniciativa con asuntos como la subida del salario mínimo”, ejemplifican estas fuentes, que aseguran que, sin la presión de tener que justificar la presencia de Puente en el Consejo de Ministros, “puede volver a retomarse el debate de la vivienda” y, además, la izquierda tendrá más argumentos para defender su “modelo de sociedad y valores”.

Por su parte, fuentes de Podemos plantean que la dimisión de Puente por el accidente de Urda supone, “desgraciadamente” que hayan quedado “claras las consecuencias de un modelo que antepone el negocio de unos pocos a la vida de la gente”. “En el caso del ferrocarril, el error de fondo es la privatización y la solución es renacionalizarlo”, plantean estas fuentes, que, sin embargo, consideran que ese razonamiento puede extenderse a otros servicios públicos más allá del transporte ferroviario.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado por sorpresa en la comparecencia ante la Diputación Permanente que dejará su cargo como forma de asumir la responsabilidad política por el accidente ferroviario de Urda, algo que le habían pedido tanto el PP y Vox como varios de los socios del Gobierno.

Varios de los diputados del Frente Amplio presentes en la comparecencia se unieron al aplauso final que los socialistas han dado a Puente, aunque otros, como el valenciano Alberto Ibáñez (Compromís), evitaron hacerlo. Por su parte, la líder de la alianza, Ada Colau, quiso agradecer a través de un mensaje en sus redes sociales la “dignidad” del ya exministro y su decisión de haber hecho un “gesto difícil” tras la tragedia ferroviaria. “Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público”, planteó Colau.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió a Puente tras su dimisión por haber “dado la cara”, dado “soluciones” y, después, dar “un paso al lado”. “Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista”, ensalzó en un mensaje a través de X. “Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero”, añadió.

Desde el PP piden su salida y luego cargan contra él tras dimitir

Desde el PP cargaron contra Puente, al que llamaron “tuitero pendenciero”, y contra el propio presidente del Ejecutivo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, declaró este martes por la noche que “llega 116 muertos tarde”, en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Urda en menos de un año.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, también dijo que su salida “era imprescindible, pero no suficiente”. “Sánchez es el responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz”, afirmó.

Desde Vox también apuntaron contra el presidente del Gobierno: “Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya”, ha asegurado Santiago Abascal.

“Es el capo de la mafia. Es el cerebro de la organización criminal que nos gobierna”, ha calificado el líder ultraderechista, que ha asegurado también que la “traición” del presidente del Gobierno “mata”. “Su corrupción mata. Solo la respuesta masiva de los españoles en las urnas puede sentarle en el banquillo, y recuperar la esperanza y la dignidad nacional”, espetó Abascal, que exigió a Sánchez su propia dimisión “para ponerse a disposición judicial”.

La presión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dimita por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) sigue llegando desde la derecha y también por parte de algunos de los socios parlamentarios del Gobierno. Este martes, tanto el PP como Vox se mostraron muy duros con Puente durante su comparecencia ante la Diputación Permanente para rendir cuentas por la tragedia de la semana pasada. Pero no solo ellos exigieron el cese del ministro, sino que también lo hicieron, de manera expresa, tanto el Frente Amplio como el PNV, Podemos y el BNG, a diferencia de ERC y EH Bildu, que prefirieron dar algo de oxígeno a Puente.

El ministro compareció en sede parlamentaria apenas unas horas después de que anunciar, tras la reunión del Consejo de Ministros, un plan de refuerzo de la seguridad de la alta velocidad y menos trenes en la línea Madrid-Sevilla. No obstante, esas medidas no evitaron las durísimas críticas que vertieron contra Puente tanto el PP como Vox por boca de sus portavoces, Ester Muñoz y Pepa Millán, respectivamente. “Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente muera en los trenes”, le llegó a espetar la primera, que afirmó que la tarea del titular de Transportes no es la de ofrecer información sobre los accidentes, sino “precisamente” la de “evitarlos”.

Muñoz aseguró que Puente ya debería haber dimitido el pasado enero, cuando se produjo el accidente ferroviario de Adamuz, y le afeó haber actuado con “frivolidad” y “como si no hubiera ocurrido nada” tras ese episodio. “El 3 de febrero vino usted aquí a comparecer tras el fallecimiento de 46 personas en el accidente de Adamuz y de un maquinista en Gelida. Hoy, nueve meses después, 3 de noviembre, vuelve a comparecer porque han fallecido 69 personas en otro nuevo accidente”, relató la portavoz del PP, que criticó que Puente no haya “sido cesado” por el presidente Pedro Sánchez y le responsabilizó de haber filtrado “audios sesgados del maquinista fallecido hablando con el controlador” para “buscar un culpable con el que poder evadir la responsabilidad”.

“La deshumanización en la que ha convertido su forma de hacer política es nauseabunda”, acusó Muñoz al ministro, a quien echó en cara que, el mismo día del accidente, apuntara “a los trabajadores” del centro de control. “Ha dicho que no era su deber estar en el centro de mando aquel martes. Y ya sabemos que usted no suelta raíes, no maneja señales y no dirige personalmente la circulación de los trenes, pero dirigir al Ministerio de Transportes sí es su obligación, ejecutar los presupuestos, invertir en mantenimiento y supervisar la seguridad de las infraestructuras sí es su obligación, anticipar los problemas, adoptar decisiones y corregir las deficiencias sí es su obligación, y espetó asimismo la portavoz del PP, que exigió a Puente ”asumir las consecuencias políticas de la gestión de su de su departamento“.

En la misma línea se expresó Vox, cuyos diputados ni siquiera quisieron escuchar la réplica del ministro y abandonaron la Diputación Permanente en cuanto Millán terminó su discurso. La portavoz, de hecho, fue más lejos que el PP y aseguró que, para su grupo, la dimisión de Puente se “queda muy corta”. “Usted considera que 116 vidas no son suficientes y no va a dimitir, ni usted ni su jefe”, espetó Millán, que se preguntó “dónde está el tope” y “cuántos muertos más hacen falta para que alguien haga algo” y “adopte alguna responsabilidad”. El titular de Transportes, a juicio de Vox, “no tenía que haber llegado la semana pasada” al frente de su cargo y debería terminar como acusado en un “juicio”.

El Frente Amplio insiste en que Puente debe dimitir

Los socios parlamentarios del Gobierno utilizaron un tono radicalmente diferente para su turno de réplica a Puente durante la sesión del martes, aunque la conclusión de varios de ellos fue la misma que la de la derecha: que el ministro no puede continuar en su puesto. El Frente Amplio, que fue de las primeras formaciones en pedir la dimisión del titular de Transportes, volvió a hacerlo por boca de su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, que aunque quiso insistir en que la alianza no atribuye “la culpa del accidente” a Puente, también argumentó que “la responsabilidad política tiene su propio ámbito” y que el titular del ministerio “del que depende nuestro sistema ferroviario debe responder”.

“Dé todas las explicaciones, facilite que se conozca toda la verdad” y, después, “presente su dimisión”, pidió Martínez, mientras su compañero Toni Valero criticó que las aclaraciones que ha ofrecido por ahora Puente han sido “insuficientes”. “No por falta de detalles, sino porque ha obviado lo importante, ya que no cuestiona el modelo de las liberalizaciones que nos ha traído hasta aquí”, criticó Valero, que aseguró que, “si un sistema necesita que nadie se equivoque para ser seguro, entonces no es seguro, y eso no es un problema puntual, es un problema estructural”.

En un sentido similar se expresó la secretaria general de Poemos, Ione Belarra, que aseveró que la explicación del accidente de Urda se encontrará si se sigue “el rastro del dinero”. “Después de la liberalización tenemos muchos más trenes de alta velocidad circulando por las mismas vías: hay tramos donde antes circulaban 24 trenes diarios y por los que hoy pasan 150 trenes”, denunció Belarra, que aseguró que, tras la entrada de competidores privados en el mercado ferroviario, “tenemos un mantenimiento y unas plantillas totalmente insuficientes”.

La líder de Podemos, asimismo, criticó que Transportes haya puesto el foco sobre el supuesto error cometido por el centro de control de Atocha que habría sido la causa última del accidente de Urda. “Cargan ustedes, ministro, sobre el eslabón más débil de la cadena para protegerse a sí mismos y para proteger a los de arriba, a los que decidieron privatizar nuestro sistema ferroviario”, criticó Belarra, que acusó al PSOE y también al PP de haber puesto “el beneficio por delante de la seguridad de las personas” y aseguró que es un “consenso social” que Puente debe dimitir.

En eso último coincidió, aun con un tono mucho más sosegado, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, que instó a Puente a hacerse cargo del “estado de ánimo de la sociedad” y asumir la “responsabilidad política, que no nace de la culpa o el dolo”, pero que sí “obliga al cargo público a hacerse cargo de toda la organización que dirige”. “Creemos que usted ha perdido el tren de la confianza y ya no tiene remedio, y si pedimos su dimisión no es por carnaza política, es como manifestación de una cultura de la responsabilidad política que, también hay que decirlo, no es frecuente en este país, pero que ayudaría a iniciar la restauración de la confianza ciudadana”, planteó Legarda.

ERC y Bildu evitan pronunciar la palabra “dimisión”

Por el contrario, ni ERC ni EH Bildu pidieron el cese de Puente, aunque sus intervenciones fueron de un tenor muy distinto. El portavoz republicano Gabriel Rufián agradeció al ministro que “dé la cara”, pero también le preguntó “qué diríamos” y “qué haríamos” si “fuera un ministro del PP el que tuviera más de 100 muertos encima de la mesa después de nueve meses y dos accidentes”.

Rufián, asimismo, denunció que se ponga el foco sobre el eventual error humano y aseguró que ese tipo de fallos “reflejan la existencia de un sistema de seguridad fallido”. No obstante, no exigió la dimisión de Puente asegurando que ese asunto es una mera “distracción”, y sostuvo que “lo importante es si el sistema ferroviario español es sostenible, es seguro y es eficiente o no lo es”. “Y la respuesta es, inequívocamente, que no lo es”, lamentó.

Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, también aseguró que su partido no tiene intención de participar “en las dinámicas con tintes políticos y electorales de señalar y sentenciar a los posibles responsables” de la tragedia ferroviaria antes de que concluya la investigación. Aizpurua, no obstante, también avisó de que “tampoco” va a “admitir que se haga con los trabajadores”, y rechazó “reducir una tragedia a un error individual, porque los sistemas de seguridad ferroviaria están diseñados precisamente para que un fallo humano no tenga por qué acabar en una catástrofe”.

La respuesta a la crisis abierta por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) desestabiliza al Gobierno a apenas un mes de las generales y cuando quedan en torno a dos semanas para que comience la campaña electoral. A diferencia de lo ocurrido el pasado enero, con el accidente de Adamuz, en esta ocasión el Frente Amplio —la nueva marca de Sumar— ha cargado con mucha mayor dureza contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y este viernes cruzó la línea de pedir abiertamente su dimisión.

Por ahora, el presidente Pedro Sánchez ha decidido mantener su confianza en Puente, y el PSOE ha ignorado la petición de sus socios. Pero el Frente Amplio no ha relajado la presión contra él y contra el modelo de infraestructuras defendido por los socialistas, y con toda probabilidad esas diferencias se escenificarán el próximo martes, cuando el ministro de Transportes acuda a la Diputación Permanente del Congreso para ofrecer explicaciones en sede parlamentaria sobre el accidente de Urda y su gestión posterior.

El Frente Amplio ha optado por no involucrar públicamente a sus ministros en este conflicto con el PSOE y ha sido su candidata a las elecciones generales, Ada Colau, la que desde el miércoles pasado ha ejercido como la voz más dura del espacio. El mismo miércoles, Colau ya exigió —antes que ningún otro socio del Gobierno— que se asumieran “responsabilidades”. El jueves –al igual que otros aliados del Ejecutivo, como ERC o Podemos–, la dirigente se mostró muy crítica con la decisión de Puente de poner en foco sobre el error humano que habría provocado el choque, que se produjo tras un fallo técnico. Y el viernes fue ella la que pidió expresamente la “dimisión” del ministro de Transportes.

Desde el mismo miércoles, pocas horas después del accidente, en el Frente Amplio ya cundía la sensación de que la posición de Puente era insostenible, pero esa reflexión apenas tardó 48 horas en convertirse en una solicitud pública de cese. La rápida reacción de Colau contrasta con la de Sumar hace tan solo nueve meses: entonces, la coalición no solo no pidió el cese del ministro, sino que apoyó que estuviera “dando la cara” y se limitó a pedir mayor inversión para el sistema ferroviario.

Colau achacó este cambio de posición a que, precisamente, es la segunda vez en un año que se produce un accidente mortal en la red de alta velocidad española. “El ministro ha dicho en su comparecencia que su compromiso como máximo responsable político era trabajar para que algo tan terrible no volviera a suceder, pero es que eso ya sucedió en enero pasado y ha vuelto a pasar”, lamentó la exalcaldesa el viernes pasado, cuando planteó que la dimisión de Puente es “imprescindible” si “creemos que es inasumible que se hayan producido estas dos tragedias en tan poco tiempo en la alta velocidad, y asumimos que, efectivamente, se ha quebrado la confianza en el sistema”, como ha planteado el presidente Pedro Sánchez.

No obstante, el Frente Amplio no solo se ha mostrado crítico con Puente, sino también con el actual modelo ferroviario del Gobierno. En un hilo en su cuenta de X, el referente de IU en las listas de la coalición y líder de la federación en Andalucía, Toni Valero, sostuvo que el accidente de Urda demuestra que existe “un problema estructural” que no tiene que ver con “fallos puntuales de gestión”.

“La apuesta por la alta velocidad a costa del tren convencional se ha hecho sin las inversiones necesarias para garantizar seguridad” y, “cuando se prioriza la rentabilidad y el beneficio en el transporte público, las consecuencias son devastadoras”, denunció Valero, que cargó contra este “modelo neoliberal consolidado tras décadas de privatizaciones y liberalizaciones sostenidas por PP y PSOE”. “Hablar de errores humanos o de seguridad nos hace ignorar la clave: un modelo de liberalización y privatización que limita la capacidad del Estado para dar un servicio seguro y de calidad”, denunció el dirigente.

Podemos evita pedir la dimisión, pero carga contra el modelo

A diferencia de lo decidido por el Frente Amplio, Podemos ha evitado pedir la dimisión de Puente. Pero eso no significa que la formación morada no se haya mostrado crítica con el ministro de Transportes, a quien la candidata del partido a las generales, Irene Montero, ha afeado que ponga el foco sobre el operario del centro de control que habría cometido el error que, en última instancia, provocó el accidente de Urda. “¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados?”, planteó el jueves Montero.

Fuentes de Podemos explican que sí consideran “imprescindible” que “se repare a las víctimas y que se asuman responsabilidades políticas”, pero sostienen que es igual de importante “que se adopten las medidas estructurales pertinentes para que no se repitan hechos así, desde una revisión del sistema ferroviario y sus protocolos hasta mejoras en el mantenimiento y en las condiciones de los trabajadores”. “El sistema falla como consecuencia de años de decisiones erróneas, y quienes lo pagan son los trabajadores y usuarios”, sostienen estas fuentes, que califican de “indecentes las maniobras para intentar culpar a trabajadores mediante filtraciones”.

Podemos denuncia, asimismo, que los trabajadores han denunciado “reiteradamente” los problemas “estructurales” en el sector ferroviario: “Mantenimiento insuficiente, plantillas escasas y falta de descansos durante las jornadas laborales”. “Los datos de Adif, además, muestran que el número de trenes afectados por problemas de señalización se han multiplicado por 15 en los últimos siete años”, critican los morados, que afirman que estas deficiencias “se producen en el contexto de una privatización ferroviaria que ha disparado las oportunidades de negocio para las compañías privadas sin que ello se haya traducido en una mejora de la calidad, la puntualidad o la seguridad del servicio”.

El choque en el seno del Gobierno a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) se recrudece. Este viernes, la líder y candidata electoral del Frente Amplio, Ada Colau, pidió por primera vez de manera expresa la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, apenas 48 horas después del choque entre dos trenes que provocó al menos 69 fallecidos. Colau aseguró que su formación ya le ha “trasladado a la Moncloa” esa exigencia, aunque por ahora el presidente Pedro Sánchez mantiene su confianza en Puente.

La petición de Colau supone un nuevo nivel de presión para el ministro, puesto que hasta ahora ninguno de sus socios le había pedido expresamente el cese. El Frente Amplio, por boca de su candidata, ya planteó el mismo miércoles la necesidad de asumir “responsabilidades” en el seno del Gobierno, una exigencia a la que se sumaron este jueves ERC y el PNV. Pero ninguna de esas formaciones había pronunciado hasta ahora la palabra “dimisión”, como ya hizo este viernes la exalcaldesa de Barcelona.

“Si creemos que es inasumible que se hayan producido estas dos tragedias en tan poco tiempo en la alta velocidad, y asumimos que, efectivamente, se ha quebrado la confianza en el sistema, es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida”, argumentó este viernes Colau. “Es por ello”, razonó, que es imprescindible pedir “la dimisión del ministro Óscar Puente”, ya que, a juicio del Frente Amplio, es suya la “responsabilidad política” del accidente de Urda, “más allá de los fallos técnicos y de las auditorías que se puedan hacer”.

“No vamos a entrar en la frivolidad de decir si esa dimisión se tiene que producir hoy, mañana o pasado”, pero sí “lo antes posible”, concretó la dirigente, que calificó de “absolutamente imprescindible” el cese de Puente “para empezar a reconstruir la confianza de la sociedad en general en sus instituciones” y en la red ferroviaria de alta velocidad. “El ministro ha dicho en su comparecencia que su compromiso como máximo responsable político era trabajar para que algo tan terrible no volviera a suceder, pero es que eso ya sucedió en enero pasado y ha vuelto a pasar”, denunció Colau.

El movimiento de Colau se produjo mientras Puente estaba ofreciendo una rueda de prensa en el Ministerio de Transportes para dar detalles de la investigación del accidente. La dirigente aseguró haber escuchado con “preocupación” las explicaciones del ministro, del que dijo que “no es un técnico, es un máximo responsable político del ministerio responsable de la red ferroviaria de este país”. E insistió en calificar de “inadmisible que se quiera señalar a a los trabajadores” como responsables del accidente “cuando estamos hablando de un sistema muy complejo y de que esta tragedia es la segunda con decenas de personas fallecidas y heridas en menos de un año en el mismo tramo de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía”.

“La gravedad de los hechos requiere una respuesta que no es solo técnica, sino que es política”, criticó en esta línea Colau, que recordó que “el propio presidente Pedro Sánchez, en cuanto supo de la tragedia, dijo que era inasumible para España que hubieran dos accidentes tan graves en la alta velocidad en tan poco tiempo”. “Hoy mismo, el presidente ha hecho otra declaración diciendo que se ha quebrado la confianza del conjunto de la sociedad en la alta velocidad de nuestro país, algo que no nos podemos permitir”, planteó la líder del Frente Amplio.

El Gobierno intenta frenar en seco las expectativas de una salida inmediata de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda, el segundo en menos de un año en la misma línea de alta velocidad, la de Andalucía, en la que ya se contabilizan al menos 115 muertos en los últimos diez meses. Pese a la presión de la mayoría de sus socios, de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el mensaje que trasladan al unísono desde Moncloa y desde el propio entorno del ministro es que no dimitirá y que se dispone los próximos días a defender su gestión públicamente a capa y espada.

Para este viernes, de hecho, hay anunciada una rueda de prensa en la que el equipo de Puente asegura que ofrecerá más detalles de la investigación. Y el próximo martes comparecerá en el Congreso de los Diputados en mitad de las críticas generalizadas de varios grupos de izquierda y toda la derecha en bloque, que ya apuntan directamente a la necesidad de depurar responsabilidades políticas por la tragedia. Una agenda confirmada oficialmente por el Ministerio y que despeja los próximos días de cualquier especulación sobre su futuro.

La tesis a la que parece aferrarse Pedro Sánchez es la misma que puso sobre la mesa el ministro de Transportes desde el primer minuto. Esto es, que el choque por alcance de un AVE de Renfe y de un tren Iryo este miércoles por la mañana en el que perdieron la vida al menos 69 personas se debió, fundamentalmente, a un error humano del operario del centro de control. Y no a ningún motivo relacionado con la gestión política del ministro, sobre la que el Ejecutivo cierra filas.

Esa decisión, la de proteger a Puente y no dejarlo caer, llega después de afrontar las primeras 24 horas críticas tras el accidente, cuando el presidente calificó de “inasumible para un país como España” que ocurran dos catástrofes ferroviarias en menos de un año y cuando mucha gente en el entorno del propio ministro llegó a pensar que no aguantaría emocional ni políticamente. De hecho, ni siquiera él fue capaz de desterrar por completo la hipótesis de su dimisión durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”, respondió. Y a eso, según su equipo, se piensa dedicar de ahora en adelante sin atender el clamor político y social que lo señala y exige su dimisión.

No obstante, si Puente quiere continuar al frente de Transportes, tendrá que afrontar una presión creciente de sus socios de la izquierda. El miércoles, tan solo fue el Frente Amplio el que pidió que se asumieran “responsabilidades” dentro del Gobierno por el accidente, y ni la alianza liderada por Ada Colau ni ningún otro socio del Ejecutivo ha dado el paso de pedir abiertamente la dimisión de Puente. Pero este jueves se unieron al Frente Amplio tanto ERC como el PNV, que utilizaron esa misma formulación, la de exigir “responsabilidades” políticas, para señalar indirectamente al ministro.

“Una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas”, espetó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje en su cuenta de X, en el que también denunció que “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido” y criticó que se ponga el foco sobre ese supuesto error y no sobre un sistema que permite que “una sola persona” acabe siendo “responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere”. En la misma línea se expresó su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, que sostuvo que “se tendrán que asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel”.

Podemos, por su parte, evitó acudir a la fórmula de las “responsabilidades” para insinuar que Puente debería dimitir, pero sí que se mostró muy crítico con el hecho de que el ministro haya puesto el foco sobre el error humano que, supuestamente, cometió un operario del centro de control de la red ferroviaria. Su candidata, Irene Montero, denunció que se esté planteando que “el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados”.

En la misma línea, Ada Colau calificó de “absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos” e insistió en que sería “injusto” atribuir “a una sola persona este fallo tan terrible”. Y tanto ella como ERC y Podemos señalaron, igualmente, a la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros y la entrada de operadores privados como el origen de los problemas. Una liberalización que se puso en marcha, no obstante, durante el mandato de los predecesores de Puente, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.

El PP apunta a Sánchez

El PP mantuvo este jueves la línea de contención que impuso Alberto Núñez Feijóo en las horas posteriores al accidente, aunque elevó la presión y ya el viernes a primera hora reclamó la dimisión inmediata de Óscar Puente. Fue Ester Muñoz la que la pidió expresamente en una entrevista en RNE. “No puede llegar al martes”, aseguró la portavoz popular.

El jueves, el jefe de la oposición visitó el lugar del siniestro y atendió brevemente a los medios. Tras insistir en la necesidad de dos investigaciones paralelas, judicial y gubernamental, aseguró que la continuidad del ministro de Transporte es independiente de las pesquisas y de sus futuras conclusiones.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación” dijo, después de departir sobre las labores de rescate con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles”, añadió.

Feijóo criticó que el Gobierno “eche la culpa a un operador de Atocha”, en referencia al trabajador que ordenó reanudar la marcha al tren AVE que, unos kilómetros más adelante, se estrelló contra un Iryo que se mantenía detenido tras desactivarse los sistemas de seguridad LZB de la línea que une Madrid y Andalucía.

“Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, zanjó. La referencia a Pedro Sánchez fue muy indirecta. Mucho más claro fue, unas horas antes, el portavoz nacional, Borja Sémper, quien en una entrevista aseguró que la culpabilidad “trasciende” del ministro. “Hay una responsabilidad superior”, concluyó.

Horas más tarde, el PP reclamó la comparecencia de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso después de que Puente anunciara la suya propia, que los de Feijóo consideran “insuficiente”. “Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario”, aseguró en un comunicado.

Pero la posición del PP palidece al lado de la de Vox. Más allá de no suspender la campaña, los ultras han registrado una querella contra Puente, y no dudan en usar la tragedia como reclamo electoral sin ningún reparo. “Han convertido España en Burkina Faso”, aseguró el partido en su cuenta oficial de Twitter. “Hay que echarles. Hay que reconstruir todo lo que han destruido”, añadió.

Las izquierdas elevan el tono contra el Ministerio de Transportes por haber puesto el foco en la decisión errónea de un trabajador del centro de control de Atocha que provocó —tras un primer error técnico que dejó el funcionamiento de la red ferroviaria en manos humanas— el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo). Las candidatas tanto del Frente Amplio como de Podemos, Ada Colau e Irene Montero, respectivamente, lanzaron este jueves sendos vídeos en sus redes sociales expresando su rechazo a culpar al operario del accidente, y atribuyeron su origen a deficiencias en los sistemas de seguridad y en la gestión del servicio ferroviario.

“El factor humano puede ser uno de los elementos que explique lo sucedido, pero quiero ser muy clara: aquí lo que ha fallado es un sistema de seguridad complejo, y sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos”, espetó Colau en su vídeo. La candidata del Frente Amplio sostuvo que “atribuir a una sola persona este fallo tan terrible no solo sería injusto, sino que no serviría para resolver los problemas, y aún menos para prevenirlos”, e insistió en que, “cuando sucede algo tan grave, es imprescindible asumir todas las responsabilidades, ser transparentes y dar todas las explicaciones”.

En términos similares se expresó Montero, que además denunció el aumento de frecuencias ferroviarias en la red de alta velocidad desde la liberalización del mercado. “¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados?”, criticó la candidata de Podemos.

En ese sentido, Montero también pidió no “tomar a la gente por idiota”, y cargó contra la filtración de algunas comunicaciones entre los maquinistas de los trenes accidentados y la central. “Filtrar audios para señalar a un trabajador es indecente”, considera la dirigente morada, que insistió en que los profesionales “llevan años denunciando que falta personal” y “que se hacen jornadas sin descanso” y exigiendo “mejoras en los sistemas de seguridad y de prevención de fallos”. “Los trabajadores y los expertos llevan años denunciando que el sistema falla cada vez más, que no se invierte lo suficiente en mantenimiento y en prevención y que la privatización es un peligro, planteó la candidata de Podemos.

Colau, por su parte, insistió en que el ministro Óscar Puente debe comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso, algo que finalmente hará el próximo martes. No obstante, la líder del Frente Amplio también mostró su rechazo a “quienes quieren aprovechar esas tragedias para difundir discursos de odio o hacer oportunismo político”.

La tragedia de Urda arrasó este miércoles con todo. Con la vida, al menos, de 69 personas, con el estado de ánimo de un país y con el discurrir de una política nacional marcada, hasta ahora, por la cuenta atrás para las elecciones generales. Todo eso saltó por los aires. El accidente entre dos trenes de alta velocidad llevó a la mayoría de grandes partidos políticos a suspender sus agendas de precampaña. Todos, a excepción de Vox. Desde el Gobierno y el PSOE se volcaron en la gestión de la emergencia y la coordinación con otras administraciones, con Pedro Sánchez sobre el terreno en el lugar del accidente. En el PP, Feijóo ordenó contención y no reclamó, por el momento, unas responsabilidades políticas que sí planteó el Frente Amplio, en una alusión implícita a Óscar Puente.

Preguntado expresamente por su dimisión, el ministro de Transportes respondió a la prensa durante una comparecencia que no era el día para planteárselo, aunque no quiso cerrar esa puerta. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”. En Moncloa, por ahora, rechazan de plano que la salida de Puente del Ejecutivo sea una opción sobre la mesa para las próximas horas, en las que aseguran que el desarrollo de la investigación avalará la gestión de su ministro, al que todavía respaldan. Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez desde el lugar del accidente sonaron a una contundencia poco habitual sobre la asunción de responsabilidades.

“No es asumible para un país como España que en menos de un año haya dos accidentes en la alta velocidad de esta magnitud. Si hubo negligencias, se sabrá. Y si falló el sistema, se responderá con contundencia”, dijo. El presidente del Gobierno tiene previsto volver este jueves al lugar del accidente para participar en la reunión de coordinación del mando operativo.

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE acierta ahora a salir de la conmoción de otra crisis que vuelve a poner al Ejecutivo contra las cuerdas en plena cuenta para atrás para las elecciones generales. Y mucho menos saben atisbar ni quieren plantearse cuándo se podrá recuperar algo parecido a la normalidad de una campaña electoral que todos dan por “absolutamente rota”.

La tesis que mantienen desde las filas socialistas es que la responsabilidad absoluta del choque de trenes en Urda es del operario de ADIF que “decidió saltarse toda la normativa” y que dio instrucciones al AVE de Renfe de continuar su marcha aunque hubiera un tren Iryo parado en la vía unos kilómetros más adelante. Y, aun así, todas las fuentes consultadas admiten que la situación del ministro, personal y política, es crítica con más de un centenar de muertos en las vías del tren en apenas nueve meses.

Feijóo mira a Vox de reojo

El PP suspendió sus actos de precampaña en un día en el que Alberto Núñez Feijóo tenía previsto recorrer las zonas de Barcelona afectadas por los disturbios del pasado fin de semana acompañado del candidato en esa provincia, Xavier García Albiol. El accidente cogió al líder del PP en una entrevista con La Vanguardia en la capital catalana que suspendió sobre la marcha para regresar a Madrid, donde llegó al filo de las dos de la tarde.

Durante unas horas, el primer partido de la oposición guardó silencio o se limitó a mostrar sus condolencias y a difundir mensajes con información de servicio. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a los ciudadanos acudir a los centros de donación de sangre, mientras seguía la evolución del accidente desde la sede de Emergencias. Pero a las tres y media de la tarde en punto, la cuenta de Twitter del PP difundió un mensaje en forma de frase única: “Ya está bien”.

Para entonces, Vox ya había anunciado que no tenía intención de suspender sus actos de precampaña, y Santiago Abascal se lanzó contra el Gobierno aun sin saber las causas del accidente. “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos, los sentimientos de rabia, de dolor y de indignación, para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”, dijo el líder ultra. “La campaña del amor del PSOE causa muertos”, declaró.

Como ya ocurriera con la reacción a los actos vandálicos de las últimas semanas, el PP mira de reojo a Vox y contempla cómo los de Abascal suben en las encuestas, mientras Feijóo a duras penas aguanta, cuando no pierde estimación de voto. Poco antes de las cuatro de la tarde, el PP convocó una “declaración institucional” de Feijóo en la que su jefe de filas reclamó una “revisión completa independiente de toda la red ferroviaria”. Y se comprometió sin mencionar las elecciones que, si gobierna tras el 29N, ordenará realizar dicha auditoría: “Garantizo que todo esto lo tendrán”.

Pero Feijóo también lanzó mensajes a sus futuros socios de gobierno de Vox, también sin citarlos. “El dolor que están sufriendo demasiadas familias de los fallecidos y heridos exige, en primer lugar, insisto, respeto”, afirmó. El líder del PP renunció expresamente a reclamar “responsabilidades políticas”. “No es el día”, dijo.

Feijóo secundará el minuto de silencio convocado por la FEMP frente a los ayuntamientos. Un acto institucional que Vox quiso convertir en una manifestación política contra el Ejecutivo: “Hay que denunciar a este Gobierno criminal todos los días a todas horas”. Poco antes, Abascal había asegurado: “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos (…) para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”.

Entre los socios del PSOE la sensación también es de conmoción. Al igual que el PP, pocos minutos después de conocerse las primeras informaciones sobre el accidente tanto el Frente Amplio como Podemos anunciaron la suspensión de sus actos de campaña y sus intervenciones en medios de comunicación durante el día. Fuentes de ambas formaciones confirman, igualmente, que quedan aplazadas sine die sus convocatorias para el próximo sábado: por parte del Frente Amplio, un mitin que tenía pensado celebrar Ada Colau con Emilio Delgado en Barcelona, y por la de Podemos, un evento con Irene Montero y Gabriel Rufián en Madrid.

Por ahora, Podemos no se ha pronunciado sobre cuál considera que debe ser la reacción del Gobierno a este accidente. Por el contrario, el Frente Amplio sí lo ha hecho, y en términos inusualmente duros con su socio en el Ejecutivo. A través de un comunicado, la coalición liderada por Ada Colau ha exigido que se asuman “responsabilidades políticas” en el Consejo de Ministros, una apelación que mira directamente a Puente.

“La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, planteó asimismo la alianza liderada por Ada Colau, que pidió poner en marcha “una auditoría independiente sobre el estado de la red” ferroviaria “y los servicios relacionados”. En ningún momento el Frente Amplio señaló expresamente a Puente, pero el mensaje era muy claro, puesto que la alianza considera que no basta con depurar “responsabilidades técnicas” aunque se confirme que ha existido un fallo humano o tecnológico.

Casi ningún otro de los socios del PSOE en la última legislatura ha querido llegar tan lejos. No solo Podemos decidió no pronunciarse sobre las causas del accidente o el papel de Puente: tampoco lo hicieron ERC, EH Bildu, el PNV o el BNG, que se limitaron a expresar sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario, además de suspender sus actos de precampaña. La excepción fue Junts, cuya portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostuvo que “no se pueden seguir ignorando los graves problemas que sufren las infraestructuras” y pidió “asumir responsabilidades y trabajar para estar a la altura de una vez por todas”.

El Frente Amplio eleva la presión sobre el ala socialista del Gobierno y sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente. Este miércoles, a través de un comunicado difundido pasadas las 16.30 horas, la alianza mostró su “consternación” y “tristeza” ante el accidente ferroviario ocurrido por la mañana en Toledo, en el que han muerto al menos 68 personas. Y, además, exigió que en el Ejecutivo se asuman “responsabilidades políticas”, una apelación que mira directamente a Puente, aunque el comunicado del Frente Amplio no le nombra directamente en ningún momento.

“La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, plantea la alianza liderada por Ada Colau. La coalición considera que es imprescindible que el Gobierno ponga en marcha “una auditoría independiente sobre el estado de la red” ferroviaria “y los servicios relacionados”.

Hasta el momento, el Ejecutivo ha explicado que se produjo una caída en uno de los sistemas de seguridad que llevó a todos los trenes de la vía a detenerse. Ese primer fallo técnico habría venido seguido de un fallo humano por el cual un operario del centro de control de Atocha habría dado la orden de reanudar al maquinista del tren de Renfe, que terminó chocando con el convoy de Iryo.

“Nos parece que hechos de esta gravedad requieren que se asuman responsabilidades a todos los niveles. Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas”, plantea el Frente Amplio en su comunicado, que sostiene que se trata de una cuestión de “humanidad”.

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, hizo tándem este martes con el candidato de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, para defender en una entrevista en La Revuelta de TVE que su alianza es la única izquierda verdadera en los próximos comicios. “El PSOE jamás se va a atrever a expropiar o nacionalizar, nosotras sí”, defendió Montero en un momento del programa, al que acudieron cinco días después de que lo hiciera el presidente Pedro Sánchez.

A través de esa idea, Montero y Rufián trataron de desmontar la llamada al “voto útil” que, denunciaron, están haciendo los socialistas para acaparar el mayor número posible de apoyos del bloque progresista. “Tú no puedes ganar dinero con que la gente ponga la calefacción: haz negocio con relojes, haz negocio con vinos, pero con la energía, con los alimentos, con las casas, no”, defendió la candidata de Podemos, que aseguró que “realmente” el “voto útil” es el suyo porque es el que defiende la intervención de los sectores estratégicos de la economía. “Para que se lleven beneficio millonario las energéticas, pues la nacionalizamos y repartimos el dinero”, señaló Montero a este respecto.

“Yo quiero repetir el actual Gobierno, que gobierne el PSOE, pero controlado y sometido por partidos como Podemos, ERC, Bildu, BNG, Compromís, también el Frente Amplio”, planteó por su parte Rufián, que evitó mostrarse crítico con los de Ada Colau. “A Podemos le tiene que ir bien, a ERC le tiene que ir bien, al Frente Amplio le tiene que ir bien, al BNG le tiene que ir bien... porque si no, no da, y todo el mundo va a votar al PSOE”, planteó el dirigente republicano.

Montero, por el contrario, fue más dura con sus antiguos socios y criticó “su cercanía con el PSOE” y “su incapacidad para arrancar algo en esta legislatura”, y aseguró que no ha sido posible el acuerdo para concurrir juntos al Congreso por “el pacto [del Frente Amplio] con el PSOE” para presentarse en coalición al Senado. No obstante, las conversaciones entre Podemos y el Frente Amplio se extendieron hasta el último día cuando ya se conocía que los de Colau estaban negociando con los socialistas para concurrir unidos a la Cámara Alta, y eso no fue óbice para que Podemos pactara listas unitarias en la Comunitat Valenciana o Canarias.

En relación a la vivienda, ambos candidatos recordaron sus propuestas estrella de los últimos meses. Montero planteó la necesidad de “bajar los alquileres un 40%” por ley y prohibir la compra de inmuebles “para hacer negocio”, mientras Rufián apostó “freír a impuestos a quien quiera acumular o especular con viviendas”. «Hace un año le dije al Gobierno 'la vivienda os va a arrasar...' y ¿sabes qué me dijeron? 'No somos cubanos'“, aseguró el candidato de ERC.

La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, envió este lunes una carta a sus homólogos de PP, PSOE y Vox —Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal, respectivamente— para pedirles “un compromiso firme para no usar y no promocionar el uso vejatorio de la IA en general, y en particular contra los adversarios políticos durante la campaña electoral”. “Me parece que es un mínimo que manda una señal clara a la sociedad”, plantea Colau en su misiva.

La decisión de la líder del Frente Amplio de pedir públicamente un acuerdo para desterrar el uso de la IA con intención “vejatoria” llega después de que, en los últimos días, tanto el PP como Vox hayan publicado sendos vídeos creados mediante esa herramienta. Los populares suplantaron la identidad y manipularon la imagen y la voz de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, además de las de José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Diez, Montse Mínguez y Santos Cerdán, quienes aparecían en el vídeo confesando presuntos delitos y actividades irregulares. En el montaje de Vox, por su parte, aparecía Sánchez quitándose caretas y desvelando los rotros de Ábalos, Koldo García, José Luis Rodríguez Zapatero o Arnaldo Otegi.

“¿Cómo vamos a decirles a nuestros hijos e hijas que no utilicen la IA para suplantar identidades de sus compañeros cuando eso se convierte en un uso común en campaña electoral? ¿Cómo se sentirán las mujeres humilladas por los deep fakes de contenido sexual cuando vean que sus líderes políticos usan técnicas similares para insultarse?”, se pregunta Colau en su carta, en la que insiste en que “las políticas y los políticos tenemos la responsabilidad de dar ejemplo ante la sociedad con lo que hacemos y decimos, especialmente en campaña electoral”.

La candidata del Frente Amplio asegura que alcanzar un acuerdo para desterrar este tipo de prácticas de la campaña electoral es un “mínimo” en el que PP, PSOE, Vox y su propia organización deberían estar de acuerdo. “Podemos hacer una campaña basada en ideas, con confrontaciones incluso duras en el tono, pero hay límites que nos negamos a pasar. Estas elecciones plantean un modelo de país y de sociedad. Elegimos muchas cosas, también si queremos que el espacio público esté regido por la crueldad y la violencia digital o por unas reglas del juego compartidas”, espeta Colau en la carta.

Más allá de pedir ese acuerdo a los otros tres grandes partidos, la dirgente asegura que el Frente Amplio afrontará la campañacon el “firme compromiso de no caer en esa trampa, pues genera un precedente muy peligroso según el cual lo que hacen los adversarios políticos nos legitima para repetirlo y aumentarlo”. “Hay que regular legalmente el uso de la inteligencia artificial en campañas electorales, algo que, sin duda, acabaremos haciendo más pronto que tarde. Hasta entonces, creo que, en virtud del juego limpio y la defensa de la democracia, es posible llegar a un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas para expulsar la IA vejatoria y la suplantación de identidades de la vida política de nuestro país”, insiste Colau en el final de la carta.

La carrera hasta las elecciones del 29 de noviembre va quemando etapas. Este lunes a las 23.59 horas terminará el plazo para que los partidos y coaliciones registren sus listas, y tanto a la izquierda como a la derecha hay incertidumbres que tendrán que resolverse en las últimas 24 horas. PP y Vox, por ejemplo, llevan días negociando la retirada de algunos de los candidatos de la ultraderecha al Senado. La izquierda, por su parte, acordó concurrir unida en algunas provincias a la Cámara Alta y llega al lunes con el reparto ya hecho: el PSOE ocupará el 70% de los puestos y Frente Amplio y sus aliados, el 30%. Además, también vence el plazo para extender ese pacto al Congreso, aunque el Frente Amplio —y, particularmente, IU— lleva días insistiendo en que no tiene intención de retirar listas en ninguna circunscripción.

Oficialmente, los socialistas aseguran que “nunca ha estado sobre la mesa pactar listas” con otros partidos para el Congreso. Pero, aunque en el PSOE prefieren ser discretos con el contenido de esas conversaciones, fuentes socialistas sí admiten abiertamente que se produjeron, aunque las circunscriben al momento de la negociación de las listas conjuntas al Senado. Entonces, el PSOE sí trasladó a sus socios de izquierdas la conveniencia de ajustar la matemática política en provincias donde el Frente Amplio no tiene opciones de representación para no favorecer a la derecha. Aunque la respuesta que obtuvieron, aseguran fuentes al corriente de esa negociación, fue una negativa rotunda. 

Lo que sostienen los informes internos de Ferraz es que el voto útil decide una decena de escaños que pueden resultar claves para la gobernabilidad del país. Y que la división de la izquierda en varias listas regala escaños a PP y Vox en circunscripciones donde un trasvase pequeño al PSOE bastaría para recuperarlos. Justo lo que pretende impedir el pacto alcanzado en las listas a la Cámara Alta.

No obstante, la respuesta de las formaciones a su izquierda ha sido un no taxativo, pese a que algunos sectores del Frente Amplio hayan deslizado públicamente la posibilidad de valorar la retirada de listas en las circunscripciones menos pobladas, donde se necesita un porcentaje de votos muy elevado para obtener escaño que la alianza tiene muy complicado lograr. Es el caso del número uno de la lista de la alianza por Madrid, Emilio Delgado, que el martes pasado se mostró “seguro” de que había “conversaciones abiertas” con el PSOE para “maximizar y optimizar los resultados electorales” a través de este método.

Los principales partidos que forman parte del Frente Amplio salieron rápidamente a negar la existencia de cualquier conversación con los socialistas para retirar listas, y también su rechazo a esta idea. Pero no todas las patas de la alianza parecen compartir esa negativa, puesto que Chunta Aragonesista anunció el miércoles que retiraría la lista del Frente Amplio para el Congreso en la provincia de Teruel.

Esa decisión, tomada unilateralmente, provocó un enfrentamiento durante la semana con IU, cuya dirección aragonesa apostó desde el primer momento por presentarse en Teruel incluso en solitario. Esa apuesta fue secundada el jueves por la dirección federal de IU, puesto que el artículo 44.3 de la ley electoral solo establece que los partidos que formen parte de una coalición —como es IU con Chunta y Movimiento Sumar en Aragón— “no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripción” en el caso de que se presentaran “candidatos de las federaciones o coaliciones a que pertenecen”, algo que no iba a ocurrir.

No obstante, en un último giro, el viernes IU confirmó que no dará la batalla legal contra Chunta y no intentará concurrir en solitario, aunque pidió a los aragonesistas que rectifiquen y permitan que toda la coalición se presente en Teruel. La decisión del partido mayoritario del Frente Amplio en Aragón, no obstante, es firme, y salvo sorpresa de última hora no habrá lista del Frente Amplio en la provincia.

Menos dudas existen en el caso de Podemos, que confirmó hace unos días los primeros puestos de sus listas para el Congreso. El número dos de Irene Montero en la lista de Madrid —en la que más opciones tienen los morados de lograr un diputado, según las encuestas— será el abogado, exdiputado regional y secretario de Economía de Podemos, Tito Morano. En Barcelona, por su parte, la formación morada estará representada por Alejandra Sandoval, concejal en Sabadell, en el número seis de las listas de ERC.

La derecha, pendiente del pacto para el Senado

En las derechas la confección de las listas no genera tanto ruido como en las izquierdas, aunque en estas elecciones se puede dar un hecho inusual: una colaboración entre el PP y Vox para el Senado con el objetivo declarado por Alberto Núñez Feijóo de hacerse con el control de los tres quintos de la Cámara Alta, lo que les permitiría modificar la actual composición del Tribunal Constitucional e imponer una mayoría conservadora para la próxima década.

PP y Vox apurarán el plazo para anunciar el acuerdo (o el desacuerdo). Este viernes, Feijóo aseguró en una entrevista en la SER que las negociaciones siguen adelante y que habló al respecto con el líder ultra, Santiago Abascal, el miércoles. Y horas más tarde la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, insistió en que esas conversaciones “avanzan bien” y sostuvo que los populares saben “lo que España necesita”.

La idea que plantea el PP parte de la base de Vox nunca ha logrado un senador por elección directa, y es prácticamente imposible que lo haga este 29N salvo en circunscripciones muy concretas como Almería o Murcia, por ejemplo. Feijóo les ha pedido que se retiren de aquellas provincias donde no tienen opciones y, además, la coalición de izquierdas puede dar la vuelta al habitual reparto de escaños. Así se asegurarían las derechas maximizar su representación.

La oferta incluye que el PP ceda a Vox senadores por designación autonómica. De hecho, los de Abascal han terminado la legislatura con cinco representantes en la Cámara Alta tras sus acuerdos con el PP en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Aragón. En las nuevas Cortes Generales tendrá esos mismos y, si cuaja el pacto con Feijóo, alguno más, lo que les permitiría tener grupo parlamentario, con la consiguiente inyección de dinero público.

El PSOE ocupará el 70% de los puestos en las listas para el Senado que ha pactado con el Frente Amplio, un acuerdo por el que las dos formaciones —junto a Compromís, Chunta o Més en sus comunidades— se presentarán conjuntamente a las elecciones en 44 circunscripciones. Por tanto, el 30% de los candidatos de esas listas unitarias serán del Frente Amplio y sus aliados, aunque la izquierda alternativa no encabezará la candidatura a la Cámara Alta en ninguna provincia.

En las elecciones generales de 2023, el PSOE logró 72 senadores, mientras que ni Sumar ni sus aliados territoriales obtuvieron ninguno. Todos esos puestos que los socialistas lograron traducir a escaños se mantendrán en las listas conjuntas en manos del PSOE, con la excepción de dos de ellos: el número dos por Valencia —que ahora será para Compromís— y el segundo puesto de Navarra —por donde concurrirá un candidato por determinar del Frente Amplio—.

Al haberse guardado el PSOE para sí la inmensa mayoría de los puestos que ya ocupaba en el Senado, la mayor parte de los que ocupa el Frente Amplio en las listas requieren para convertirse en actas que se cumpla la previsión de que las candidaturas unitarias sumen un buen puñado de senadores a la izquierda. Un informe interno de los socialistas cifraba en 40 escaños los que podría ganar la alianza si mantiene el 100% de los votos obtenidos por separado en 2023, aunque PP y Vox están negociando que los ultras retiren sus listas en algunas circunscripciones en favor de los populares, lo que podría mermar esta subida.

En concreto, los cálculos del PSOE vaticinaban que una lista conjunta con los partidos a su izquierda arrebataría la primera posición a la derecha hasta en once provincias. Allí, los partidos progresistas podrían pasar de uno a tres senadores, y la izquierda sumar 22 escaños más. Además, rompería nueve empates 2-2 a su favor y sumaría un senador más en Mallorca, La Rioja, Navarra, Soria, Lleida, A Coruña y Almería, con un balance positivo de otros siete senadores. Y mantendría los escaños de Ibiza y Formentera que el PSOE, en solitario, perdería ante el PP. 

Las provincias donde —siempre según estas estimaciones de los socialistas— el PP ganó en 2023 y ahora la candidatura unitaria podría obtener el primer y, por ende, hacerse con tres senadores son Albacete, Burgos, Cantabria, Córdoba, Girona, Madrid, Málaga, Palencia, Pontevedra, Teruel y Valladolid. En todas ellas, el número dos de la lista recién pactada es para el Frente Amplio y el número tres, para el PSOE, por lo que la izquierda alternativa ganaría 11 senadores y los socialistas, otros 11.

Además, en A Coruña, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Granada, Huesca, La Rioja, León, Mallorca, Soria, Toledo y Zaragoza, la unión de PSOE y Frente Amplio lograría uno o dos senadores más que los logrados en 2023 por el PSOE en solitario. Por tanto, si se cumplieran las estimaciones de los socialistas y la lista unitaria lograra aunar los mismos votos que PSOE y Sumar hace tres años, el Frente Amplio obtendría 12 senadores más, puesto que rentabilizaría sus segundos puestos en las listas de esas provincias.

El sistema electoral del Senado es de listas abiertas. Eso significa que los ciudadanos pueden escoger a uno, dos o tres de los candidatos que presenta cada partido, e incluso mezclar a dirigentes de varias formaciones. No obstante, en la práctica, el sistema tiene un sesgo claramente mayoritario, puesto que lo más común es que el votante escoja a los tres senadores que presenta el partido al que quiere votar, y eso provoca —en la mayor parte de las provincias— que quien gane las elecciones se quede con tres escaños y la segunda fuerza, con uno.

El Frente Amplio se registró como coalición electoral hace menos de una semana, pero ya ha sufrido su primera fisura. Fuentes de la dirección federal de IU confirmaron este jueves que presentarán lista propia a las elecciones generales en la provincia de Teruel, un movimiento con el que la organización escenifica su rechazo taxativo a no concurrir en algunas circunscripciones. Lo hicieron menos de un día después de que Chunta Aragonesista, el partido más fuerte de la alianza Chunta - Frente Amplio en Aragón, anunciara justo lo contrario: que retiraría su candidatura en la provincia turolense “con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista”.

Fuentes oficiales de IU explican que la dirección federal “comparte lo expresado por su federación aragonesa a la hora de reafirmar su voluntad política de concurrir a las elecciones generales integrada en la coalición del Frente Amplio en todas las circunscripciones”. IU Aragón criticó el miércoles mediante un comunicado la decisión de Chunta de retirar su lista en Teruel, un movimiento que calificó de “despropósito” y el cual, dijo, “hará todo lo posible por impedir”. “No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil”, sostuvo la coordinadora aragonesa de IU, Marta Abengochea.

No obstante, el pulso de IU a Chunta amenaza con generar un conflicto en el seno del Frente Amplio, puesto que la formación aragonesista insiste en que la decisión de no concurrir a las elecciones generales en Teruel afecta a toda la coalición. La secretaria general de Chunta, Victoria Villagrasa, recordó este jueves que el acuerdo de alianza entre su partido, IU y Movimiento Sumar recoge “que Chunta decide a qué circunscripciones se presenta” el Frente Amplio en Aragón. Y deslizó que “hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición, y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito”.

Fuentesde la formación aragonesista aseguraban el miércoles que la decisión se había tomado individualmente y que Chunta no tiene intención de pedir el voto para otros partidos para las generales en Teruel. Su movimiento, no obstante, no ha sido el único en las últimas horas: este mismo jueves por la mañana, la Aragón Existe anunció que retirará sus listas de las provincias de Huesca y Zaragoza y que se limitará a presentarse, precisamente, en Teruel bajo la marca de Teruel Existe. Allí tiene su principal granero de votos, y entre 2019 y 2023 logró un diputado para el Congreso.

IU insiste: no va a retirar listas

Pese a todos estos vaivenes, fuentes oficiales de la dirección federal de IU insisten en que “el 29 de noviembre habrá representación de la izquierda transformadora en todas las circunscripciones”. Para la organización que lidera Antonio Maíllo la cuestión es fundamental no solo por evitar un conflicto con su federación aragonesa, sino porque quiere evitar que tome fuerza el debate sobre la posibilidad de que la izquierda alternativa retire listas en algunas de las circunscripciones menos pobladas, las que reparten menos diputados y en las que es prácticamente imposible —según las encuestas— que el Frente Amplio obtenga representación.

Ese debate lo abrió públicamente el pasado martes el número uno del Frente Amplio por la circunscripción de Madrid, Emilio Delgado, que sostuvo que la coalición está manteniendo “conversaciones” con el PSOE para “maximizar y optimizar los resultados electorales”, si es necesario retirando listas de algunas provincias. Pocas horas más tarde, fuentes de todos los sectores del Frente Amplio desmintieron que hubiera negociaciones abiertas con los socialistas, y el propio Antonio Maíllo dejó claro que el acuerdo con el PSOE “se circunscribe al Senado”, donde ambas fuerzas sí han logrado un entendimiento, aunque para conformar una coalición en determinadas provincias y no para que el Frente Amplio retire listas sin más.

Las palabras de Delgado, sin embargo, generaron un nuevo choque entre el Frente Amplio y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuya relación se ha enfriado desde que los republicanos decidieran integrar a Podemos en sus listas para las generales en Catalunya. “Hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene y que no quiere votar al PSOE”, y es necesario “darles una opción de voto alternativa”, no “integrase en el PSOE”, espetó Rufián en respuesta a las declaraciones.