“En el caso de que decida no convocar elecciones, insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución”. Así reza el texto de la moción del PP que ha aprobado el Congreso este jueves, con el apoyo de Junts y Vox en la votación. Otro punto de la iniciativa pide también la dimisión de Pedro Sánchez “por la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables politicos nombrados” por él.

El Parlamento reclama así a Pedro Sánchez que se someta a la voluntad de la Cámara Baja en una iniciativa sin rango legal, pero que vuelve a poner en duda la sostenibilidad del Ejecutivo. La petición de una cuestión de confianza ha salido adelante con los votos favorables del PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y Junts. 178 votos a favor.

En la petición de dimisión, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha abstenido, por lo que el resultado ha sido de 177 votos a favor.

En ambos casos, se han contado 171 votos en contra, los del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV, Podemos, BNG.

A diferencia de lo que hiciera ayer en un debate similar en el Senado, Junts ha optado en esta ocasión por participar en la votación y apoyar la moción del PP. A efectos prácticos, que salga adelante esta iniciativa no tiene ningún efecto, pero a nivel político supone un nuevo golpe para el Gobierno de Sánchez porque evidencia un nuevo entendimiento entre las derechas estatales y la catalana, incluida la ultraderecha de Vox.

Junts ya pidió una cuestión de confianza hace más de un año a través de una proposición no de ley, otra iniciativa parlamentaria sin rango legal. Entonces, el Gobierno negoció con Junts, que finalmente retiró su texto.

Desde entonces, las relaciones entre los independentistas catalanes y el Gobierno se han enrarecido, y Junts ha retirado públicamente su apoyo a Sánchez por los “incumplimientos” de los acuerdos alcanzados para su investidura que, dicen, ha cometido el jefe del Ejecutivo.

El pasado día 18 de junio, Feijóo arengó al PNV y a Junts a apoyarle en una moción de censura. “Si lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo”, aseguró en una rueda de prensa en Bruselas. “Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y PP, hemos manifestado la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones. Eso suman 184 diputados. Se necesitan 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que no se merece políticos trileros”, concluyó

No han sido 184 diputados. Pero una mayoría de 178 diputados permitiría sacar adelante una eventual moción de censura que el PP barrunta para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, puesto que alcanza la mayoría absoluta. No obstante, Junts asegura públicamente que no se plantea apoyar una moción con Feijóo al frente salvo que el líder del PP fuera a Waterloo a negociar directamente con Puigdemont, todavía prófugo de la justicia a expensas de que los tribunales europeos avalen la ley de amnistía.

En el PP daban por hecho a lo largo de la mañana que lograrían sacar adelante la iniciativa. “Lo de hoy es importante”, aseguraban fuentes de la dirección a primera hora. Ya el lunes, en las plantas nobles de la sede nacional de la madrileña calle de Génova señalaban la relevancia de la votación de este jueves. Y Feijóo se ha salido con la suya.

“La de hoy testa la posición de los socios” porque les “pone un espejo” delante después de la comparecencia de Sánchez de ayer a cuenta de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y de la sentencia del 'caso mascarillas' conocida el pasado lunes con la condena a 24 años al ex secretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos.

Feijóo: “He tomado buena nota”

A la salida del Pleno, Feijóo ha asegurado que ha “tomado buena nota” de la votación. “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”, ha señalado en declaraciones a los periodistas.

La suma de votos supera la mayoría absoluta necesaria para una moción de censura. Preguntado si el paso dado por el independentismo catalán acerca que él se lance, Feijóo ha dicho que hará “en el momento oportuno lo que sea bueno para los intereses de los españoles”.

Pedro Sánchez avisa a la oposición y a sus propios socios: quien tenga algún tipo de expectativa de que tire la toalla y convoque ya elecciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, que espere sentado. El presidente del Gobierno salió al paso este miércoles en el Congreso de la ofensiva sin cuartel del PP y de Vox, pero también de las críticas de sus propios socios. Lo hizo tras admitir como “particularmente dolorosas” las “ilegalidades” cometidas por José Luis Ábalos, tras desligar a su Ejecutivo de cualquier vicisitud judicial que tenga que afrontar Zapatero y tras defender a su pareja y a su hermano de “acusaciones infundadas”. Y lo hizo para pasar al contraataque.

“Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro, y no uno del PP con Vox, el que podrá acabar con ellos”, dijo el presidente en su primera intervención. En ese arranque de comparecencia, de apenas media hora, aprovechó para solventar el trago de mencionar, uno a uno, casi todos los casos judiciales que atenazan al Ejecutivo en los tribunales, que definió como un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público” y que quiso diferenciar en tres grupos.

“Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre Ábalos, a cuyo escándalo no puso paños calientes, aseguró que se trataba de un caso que le daña especialmente. “Sus ilegalidades son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sobre Zapatero, volvió a apostar por su inocencia y por defender su legado político, aunque esta vez introdujo un elemento de distancia respecto al porvenir judicial del expresidente para desligar a su Ejecutivo de los negocios privados que se investigan.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”. Y al final clamó por los casos de su pareja y su hermano. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez para pedir a la Justicia “que sea justa”.

Desde ese momento, Sánchez pasó al ataque. Con sus socios, para advertirles de que una alternativa que pase por PP y Vox solo empeorará las cosas en cuanto a la lucha contra la corrupción y también respecto al retroceso “de 50 años” en la conquista de derechos y libertades. Y a la oposición para recordarle que no está dispuesto a aceptar lecciones de quienes considera que no tienen autoridad moral para dar ejemplo. “No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, le dijo a Feijóo.

Como suele hacer en los momentos más complicados del Ejecutivo, el presidente volvió a recordarle al líder del PP su relación de amistad con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le dijo.

Feijóo clama en el desierto de los socios de Sánchez

Lo que volvió a constatar el líder del PP este miércoles es que no tiene los números para una moción de censura contra Pedro Sánchez, ni siquiera 48 horas después de una sentencia histórica: 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo vio cómo uno de los socios del Gobierno que en las últimas semanas había pedido elecciones anticipadas, Junts, esta vez no lo hizo.

En su primera intervención, Feijóo se dirigió a “los socios”, a los que pasó a llamar “cómplices”. “Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy, lo haríamos hoy mismo”, espetó, para volver a prometer “unas elecciones que Sánchez se niega a convocar”.

Pero el ánimo de los socios está muy lejos del expresado por Feijóo. Para muestra, lo ocurrido en el Senado mientras Sánchez comparecía en el Congreso. El PP presentó una moción para reclamar elecciones anticipadas, con un texto calcado al que planteó Junts la semana pasada. El PNV votó en contra y los de Carles Puigdemont optaron por no participar en la votación. El pasado mes de mayo, ambos partidos se abstuvieron en una iniciativa similar.

Los socios elevan el tono sin romper

Como se esperaba, PP y Vox fueron las formaciones más críticas con un Sánchez al que la ultraderecha, incluso, acusó sin pruebas de estar preparando un fraude electoral para perpetuarse en el poder más allá de 2027. No obstante, la mayor parte de los socios del presidente tampoco escatimaron en críticas, aunque evidenciaron que no son un bloque unívoco.

Algunos, como ERC o Podemos, elevaron el tono contra la Moncloa, pero solo los morados le pidieron convocar elecciones. Otros, como EH Bildu, mantuvieron una actitud mucho más templada y se centraron en exigir a Sánchez que reactive la legislatura. Y Junts, que dinamitó los puentes con el Gobierno hace ya meses, incluso le propuso una salida que no implicaría convocar elecciones, como habían pedido hasta ahora: dimitir para elegir otro presidente socialista en el Congreso.

En el PP no se toman en serio la propuesta que hizo Junts para que Sánchez dimita. Una “ocurrencia discursiva”, según apuntan desde la dirección del PP. “¿Cuántas sentencias necesitan?”, se cuestionan en Génova. “¿Queréis seguir? Seguid. ERC sube y Junts baja; PNV baja y Bildu sube”, apuntan las mismas fuentes, que zanjan: “Los socios quieren seguir apadrinando a este Gobierno. Así sea”.

La formación de Carles Puigdemont denominó a su propuesta la “vía Starmer”, en referencia al primer ministro británico, que anunció el martes su renuncia para dejar paso a otro dirigente laborista tras sus pésimos resultados en las elecciones locales de hace unas semanas. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, le espetó a Sánchez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que afirmó que el presidente “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”. “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, apostilló.

Pero Sánchez, lejos de recoger ese guante, elevó el tono contra un Junts al que esta legislatura ha evitado generalmente tratar con dureza, pese a que los de Puigdemont se han alejado de forma progresiva del Gobierno hasta terminar enfrentados con él. “No se anden por vericuetos, señoría. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el PP y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios”, espetó el presidente, quien, de manera irónica, atribuyó a sus políticas de distensión en Catalunya el mérito de que Junts pueda hablar con el PP “y que el PP les reconozca a ustedes como un actor político con el que armar una mayoría para hacer una moción de censura”.

Tampoco se arredró Sánchez ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El 'y tú más', el 'y tú peor', el 'yo no sé nada', no sirve”, dijo el portavoz de ERC, que recordó que él mismo negoció “durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez” y afirmó que “su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. “Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, reclamó.

“Yo no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián”, le contestó Sánchez, que aseguró que está dispuesto a “asumir los errores” que haya cometido y a “actuar en consecuencia”. Pero eso, dijo, “no se hace desde la oposición, ni tampoco desde Twitter”. “Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir”, y “según todas las encuestas, hay una amplísima mayoría de votantes de ERC, en concreto el 70%, que quiere que el Gobierno agote la legislatura”, le dijo Sánchez a Rufián.

Al presidente tampoco le gustaron las críticas que le hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “es el momento de que deje paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable” y sostuvo que “este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción”.

“Bueno, señora Belarra, pues claro, todo empezó y termina con Podemos”, respondió de forma irónica Sánchez, que despachó displicentemente a la líder morada en apenas 30 segundos de su réplica. “Dice que yo soy el del rearme militar y que apoyo de mentira a los palestinos porque estoy con Israel y con EEUU. Pues para usted la perra gorda, qué quiere que le diga”, zanjó. Y se marchó tras uno de sus plenos más difíciles. Sin convencer a casi nadie, pero con su eterna promesa de que el epílogo de su historia política, tantas veces anunciado, aún está por escribirse.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones tras la condena a 24 años de cárcel contra el exministro José Luis Ábalos, así como las de Koldo García y Víctor de Aldama, exonerado de cumplirla. “Usted es el nexo político corruptor, puso el Estado en manos de gentuza”, ha asegurado tras la comparecencia del presidente en el Congreso. Feijóo ha reclamado a los socios que abandonen al Ejecutivo y le apoyen a él para llegar a la Moncloa: “Por decencia, deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo”.

“Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar. Este Gobierno no ha mejorado la vida de la gente, sino la vida de su gente”, ha arrancado Feijóo su intervención, quien ha dicho que España está en los “minutos de la basura de la legislatura”. “Es 'el uno' de un Gobierno corrupto, se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme del Tribunal Supremo”, ha planteado.

El líder del PP ha evitado responder a las cuestiones concretas planteadas por Sánchez, mucho menos ha hablado del último Consejo Europeo, uno de los motivos de la comparecencia del presidente. “El debate es si España puede seguir en manos de un Gobierno corrupto sin la más mínima autoridad moral”, ha dicho.

Feijóo ha vuelto a reclamar el apoyo de los grupos que sostienen al Gobierno, y ha recordado que este jueves se votará una moción en el mismo Congreso “para pedirle que presente usted una cuestión de confianza”. Una iniciativa que, si perdiera Sánchez, implicaría su inmediata destitución.

El líder del PP ha prometido limpieza a los demás partidos de la Cámara. “Pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política se puede ejercer de forma honesta”, ha dicho. “Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca; y los miembros de mis gobiernos, tampoco”, ha afirmado.

Por contra, ha dicho Feijóo, el PSOE ha “montado desde las más altas instancias del Estado una red de extorsión para extorsionar a policías, jueces, fiscales y medios de comunicación, y también nos tiene que dar igual”.

Estos días se juzga en la Audiencia Nacional la llamada Operación Kitchen, el uso de una unidad parapolicial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para destruir las pruebas de la corrupción del PP.

“La Justicia determinará las responsabilidades penales en casa caso pese a sus presiones, insultos y cloacas”, ha sostenido, para añadir: “Pero hoy hablamos de otra cosa. A esta Cámara le corresponde la responsabilidad política. Y cualquiera debe reconocer que la responsabilidad política la tiene toda usted”.

“Está en el lado incorrecto de la ley”, ha dicho. “Su defensa política es imposible”, ha planteado, para señalar: “Usted es el nexo político corruptor. Es usted quien puso el Estado en manos de gentuza”.

“Las únicas víctimas del Gobierno corrupto como el suyo somos los españoles y eso le convierte a usted en el principal agresor”, ha acusado, para concluir: “Ha agredido la limpieza exigible de cualquier gobierno democrático. Ha agredido la independencia de las instituciones. Ha agredido la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades a las que está obligado. Y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española”.

Abascal, a Feijóo: “El cambio no está hecho ni va a ser fácil”

En su turno, el líder de Vox se ha dirigido a Feijóo para recriminarle su pasividad. “Créanme, señor Feijóo y señores del PP, el cambio no está hecho, ni va a ser fácil hacerlo”. El máximo dirigente de la extrema derecha daba así a entender que Feijóo no tiene garantizados los apoyos para gobernar.

“No les ayuda en nada a esos que ya les dicen que hay que repartirse gobiernos que aún no existen ni se han alcanzado”, ha añadido Abascal al final de su discurso en el Congreso.

Abascal redobló además sus acusaciones sin pruebas contra el Gobierno y acusó a Sánchez de liderar una “trama diseñada para alterar el resultado de las próximas elecciones” con el fin de “mantenerse de forma fraudulenta en el poder”. Sin ofrecer ningún tipo de evidencia, Abascal afirmó que dicha “trama” se ha “dedicado a liquidar todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero”, y en España ha repartido “millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España”. La realidad es que los inmigrantes que están siendo regularizados en los últimos meses a través del procedimiento extraordinario no podrán votar en las próximas elecciones generales, porque recibirán un permiso de trabajo, pero no la nacionalidad española.

Abascal también aseguró que la supuesta trama también adulterará el voto “allá donde todos los aliados de Sánchez mantienen aún estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones: estructuras chavistas que aún operan en Venezuela, algunas estructuras kirchneristas que operan aún en Argentina, en México, cuya presidenta vino a España hace muy poquito a mostrar su apoyo a Sánchez, y en Cuba, donde los pasaportes se reparten solo a los adictos al régimen”.

“El régimen cubano, por ejemplo, va a ser el encargado de recoger y enviar las papeletas, va a mandar cientos de miles de votos directamente a las urnas en España, y ustedes le van a decir a qué provincias hay que mandarlos para alterar el reparto de escaños”, acusó sin pruebas el líder ultraderechista.

Lo cierto, por el contrario, es que el voto desde el extranjero se gestiona desde las embajadas y consulados españoles, sin intervención de las autoridades de otros países. Los residentes españoles en el exterior pueden votar tanto en urna en las oficinas consulares como por correo, enviado a esas mismas oficinas.

Sumar critica a los jueces

La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez, ha asegurado en su discurso que hay “una parte de la judicatura que decidió hace tiempo que este Gobierno debía terminar” y que para ello cuentan con el PP como aliado.

En opinión de Martínez, no es porque “les disguste” el Ejecutivo sino porque “quieren otro modelo de Estado, con menos derechos, con menos controles y con más privilegios para unos pocos”.

“Quiero decirlo con toda claridad: Aldama es un ladrón. Un ladrón que le ha robado a nuestro pueblo y luego se ha ido a manifestaciones contra la corrupción a que le aplaudan Feijóo y Abascal. Y aplaudirle a un ladrón que se ha llevado tres millones es una vergüenza. Señorías del PP, son ustedes unos cobardes. Unos cobardes que no son capaces de armar una mayoría suficiente para una moción de censura”, ha espetado a la bancada del grupo popular.

Junts pide otro presidente del PSOE

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado este miércoles a Pedro Sánchez su dimisión. Pero no para convocar elecciones, sino para elegir a otro presidente del Gobierno con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023.

“Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, ha dicho durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

“Una gran parte de la energía se dedica a gestionar problemas de usted”, le ha reprochado Nogueras a Sánchez, a quien le ha lanzado el ejemplo del dimitido primer ministro británico, Keir Starmer, para ser sustituido por otro compañero del Partido Laborista.

“No tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder. Todo no puede quedar paralizado por una persona. A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, ha zanjado.

Rufián: “¿Usted sabía algo?”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por su parte, ha elevado este miércoles el tono de sus críticas contra el Gobierno durante la comparecencia de Sánchez. Y, aunque en ningún caso abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, Rufián sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”.

“El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención.

El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó.

El PNV asegura que “no está para salvar a Sánchez”

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha evitado pedir a Sánchez que adelante las elecciones y tampoco ha respaldado una hipotética moción de censura del PP. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, ha remarcado Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV ha recordado que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad” y por eso le ha pedido avanzar en esas medidas. Pero también ha acusado a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas el PNV ha asegurado que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

EH Bildu: “Lo queremos saber todo”

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró en su turno que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, y sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello” y que, aseguró Aizpurua, se incardinan en los aparatos del Estado.

La portavoz de EH Bildu también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tú más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

La portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó a este respecto la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del estado español”.

Podemos pide a Sánchez que “deje paso”

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Sánchez que adelante las elecciones generales. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Belarra ha recordado que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”.

“A la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”, ha concluido.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, ha considerado. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Condena a la corrupción de Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. Pedro Sánchez ha dedicado su comparecencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que ha diferenciado en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a quien ha acusado de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. Y ha insistido en que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, ha sostenido.

El líder del Ejecutivo ha diferenciado la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que ha definido un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, ha enumerado.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ha ocultado el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha reconocido, nuevamente, su legado político. Aunque ha marcado distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se ha referido Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, ha apostillado.

“Ante ese panorama”, ha proseguido, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, ha apuntado para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, ha pasado a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que ha empleado la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, ha proseguido el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez le ha afeado a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, ha añadido.

Mitigar un incendio que hasta hoy está fuera de control. Esa es la principal misión con la que Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso, en mitad de un aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. La sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en política para el presidente, ha sido la puntilla. Cada vez más socios del PSOE marcan distancias y exigen explicaciones y responsabilidades de escándalos como el del exministro, el de Santos Cerdán y Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez pondrá también sobre la mesa causas como la de su pareja, Begoña Gómez, como paradigma de un intento de “causa común” para derribar a su Ejecutivo a cualquier precio.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común”, dijo este martes el ministro Óscar López. Un argumento al que recurrirá el presidente en su comparecencia del Congreso. Pedro Sánchez asumirá ante la Cámara Baja sus errores con personas de su máxima confianza, como el propio Ábalos o Santos Cerdán. Pero volverá a reivindicar que su partido fue capaz de romper amarras con dos pesos pesados de primer nivel en momentos muy incipientes de los procedimientos, incluso antes de ser imputados, y por muy traumáticas y dolorosas que resultaran sus salidas. Y enfrentará esa forma de actuar con el propio proceder del Partido Popular.

“Asumimos lo que tengamos que asumir, pero no vamos a aceptar lecciones del PP en materia de corrupción en ningún caso”, apuntan desde las filas socialistas. Ese recurso, el de la falta de credibilidad de la derecha para erigirse en ejemplos anticorrupción, será una de las principales bazas del líder del Ejecutivo, que piensa arrojarle a Alberto Núñez Feijóo sus dificultades para actuar, criticar o siquiera afear el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez apretará a Feijóo, además, con el encumbramiento por parte de la derecha y la ultraderecha del empresario corruptor de la trama de Ábalos y Koldo, Víctor Aldama. Eximido por el Supremo de entrar en prisión por su colaboración en la investigación, Aldama se ha consagrado como algo parecido a un héroe antisanchista que amenaza, de plató en plató, al Gobierno en bloque y a su presidente en particular. Y el líder del Ejecutivo intentará poner al presidente del PP en la tesitura de condenar la acción corrupta del empresario, que también acredita la sentencia, como los socialistas hacen hoy con José Luis Ábalos.

También recurrirá al cuerpo a cuerpo con el PP en el caso de Leire Díez, la investigación que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de la sede socialista de la calle Ferraz. “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de cloacas”, reflexionaban en el Ejecutivo sobre el contenido de la comparecencia del presidente en referencia al 'caso Kitchen', el gran escándalo de corrupción policial que anidó en el ministerio del Interior del gobierno popular de Mariano Rajoy.

Otro de los casos más delicados que deberá abordar Pedro Sánchez es el de la investigación a los negocios privados de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia de defensa del expresidente, todo un símbolo y referente del socialismo, pasa por el momento por conseguir la nulidad de la causa en base a criterios procedimentales. Pero hasta ahora no ha sido capaz de despejar las sospechas sobre sus trabajos de consultoría, los contratos de sus hijas o el origen de las joyas incautadas. Todas ellas bombas de relojería para su partido, para el Gobierno y para el propio presidente, que este miércoles insistirá en mantener su confianza en la inocencia de Zapatero y en defender su legado de políticas progresistas.

No se espera, en principio, que Sánchez recurra a insinuaciones o acusaciones directas de prevaricación al juez Peinado, que instruye la causa contra su pareja. Pero sí aludirá a este caso para dibujar que, en mitad de otros episodios con un verdadero recorrido jurídico, existen otros alimentados artificialmente que solo buscan dañarle en lo personal y en lo político y que no tienen base alguna para seguir adelante. Por la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al juzgado para entregar su pasaporte y asumir las medidas cautelares impuestas por Peinado.

Aunque nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE oculta ya que se atraviesan las horas más delicadas desde que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa, el mensaje político general del presidente girará en torno a que sí merece la pena sostener la legislatura. Al menos, hasta el primer trimestre del año que viene, con la culminación de los fondos europeos que terminará de recibir nuestro país el próximo 31 de diciembre como gran hito señalado en rojo por Pedro Sánchez.

Que la derecha y la ultraderecha, crecidas ante el infierno judicial del Ejecutivo, recurrirán al tono habitual e incluso al insulto para descalificar personalmente al presidente y políticamente al conjunto del Gobierno es algo que se da por descontado en el equipo de Moncloa. Donde también esperan tirones de orejas de muchos de sus socios, cada vez más distantes del Ejecutivo a cuenta de los casos de corrupción, con la tranquilidad real de que no hay viso alguno de una moción de censura que haga a Feijóo presidente.

Los socios miran con desconfianza

A este respecto, quien mantuvo una actitud más dura en la víspera de esa comparecencia es Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dio directamente por muerta este martes la legislatura tras la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Belarra calificó de “definitivo” este fallo, y aunque evitó pedir expresamente la convocatoria de elecciones anticipadas o la dimisión de Sánchez, sí deslizó que “no hace falta solo capacidad de resistencia, también es necesario tener dignidad y ética”. De cara a la comparecencia de este miércoles, la líder de Podemos afirmó que su partido ya no le “pide” nada a un mandatario que considera amortizado y que, dijo, “en cuanto ha tenido un Gobierno en el que solo manda el PSOE ha destinado todo el dinero al rearme, a la especulación con la vivienda” y ha albergado casos de “corrupción”.

Otros socios del Gobierno, por el contrario, se mantienen expectantes ante lo que pueda decir un Sánchez al que cada vez ven con más recelos, aunque aún le conceden algo de crédito. PNV y Junts, los más críticos con él, evitaron lanzar nuevas andanadas contra el Ejecutivo a lo largo del martes. Los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitaron a insistir en que darían la legislatura por “agotada” si caen los Presupuestos, e insistió en que es en ese proyecto donde Sánchez debe dejar claras sus “prioridades” de cara a lo que queda de un mandato que, pese a todo, el PNV considera agonizante.

Mientras tanto, Sumar, que desde el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE ha mantenido un complejo equilibrio, volvió a mostrarse este martes crítico con los socialistas, pero, a la vez, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de salir del Ejecutivo. Lejos de abonar esta opción, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, aseguró que la comparecencia de Sánchez este miércoles debe aportar “contundencia”, “transparencia” y “verdad”, y exigió al ala socialista que el Gobierno aproveche los meses que quedan de legislatura para reactivar la agenda legislativa.

“Lo que toca ahora es avanzar en esta legislatura para conseguir más derechos para la gente”, sostuvo Martínez, que afirmó que Sumar espera que Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, exponga tanto un paquete de “medidas de democratización y contra la corrupción” para “recuperar la confianza” de la ciudadanía como también iniciativas “para solucionar crisis de vivienda”, para aprobar el control horario en las empresas o para poner en marcha la prestación universal por crianza. Este miércoles “no basta con hablar de corrupción”, argumentó Martínez, mientras la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, abundó en la misma línea que la coalición espera “acción y medidas” además de “transparencia y verdad” por parte de Sánchez.

También se muestra expectante ante la comparecencia de este miércoles ERC, que, sin embargo, asegura que el presidente debe coger el toro por los cuernos porque “no está para decepcionar más”. El lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba públicamente que “gobernar es legislar, no resistir”, y que “aguantar” solo tiene sentido si existe un “para qué” y la legislatura se llena de “contenido”. Y fuentes de la formación republicana sostienen que, si Sánchez “solo se queda en el y tú más” en la comparecencia, “va a ser una decepción”. “Tiene que proponer algo, no quedarse en aguantar por aguantar”, insisten estas fuentes, que celebran, por ejemplo, el aumento de la inversión en dependencia aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En la misma línea se expresaba el lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular en la que afirmó que la duda que debe despejar el Gobierno de cara a los meses que quedan de legislatura es “qué propósito tiene”. “No vale con decir los otros son peores o más corruptos: no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierdas que le dé a la gente satisfacción en problemas como el de la vivienda”, argumentó Otegi. No obstante, los independentistas vascos tienen decidido mantener su apoyo al Ejecutivo ante la “barbarie que representan Trump y las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo”. “Nosotros no somos equidistantes, frente a eso estamos en el otro lado de la línea”, aunque “evidentemente queremos un Gobierno que combata la corrupción”, zanjó.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

“Yo quiero liderar en Catalunya... ¡en Catalunya!, un frente de izquierdas, con ERC como fuerza motora”. Esa fue la fórmula que utilizó este viernes el portavoz de la formación republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, para referirse a su propuesta de unidad de las formaciones progresistas para las elecciones generales. Y con esas palabras, pronunciadas durante el acto que protagonizó en Valencia junto a la candidata de Compromís a la alcaldía de esa ciudad, Mónica Oltra, Rufián desinfló la posibilidad de liderar una candidatura unida de los partidos a la izquierda del PSOE a escala estatal.

Esa opción cobró fuerza hace un mes, cuando el dirigente abrió la puerta públicamente a ello al asegurar durante una charla que, si él podía “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, en el que él fuera el cabeza de lista, “pues p’alante”. No obstante, este viernes quiso dejar claro que esa confluencia que aspira a “liderar” es únicamente a escala catalana, lo que supondría incluir en la misma a ERC, a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Es más: Rufián también concretó que los republicanos deberían ser la “fuerza motora” de ese pacto, pese a que hace cuatro años lograron menos votos que los Comuns en las elecciones generales y a pesar de que la dirección de ERC rechaza de plano la propuesta.

Eso no implica que el dirigente no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España, pero sí que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, Rufián volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

“Es negligente no unirnos. Soy más claro: nos tenemos que unir provincia a provincia, porque el quinto diputado de según qué provincias siempre va a la derecha, a Vox. Yo estoy harto, ¿por qué no hacemos un programa común?”, se preguntó igualmente Rufián, que tampoco especificó si ese eventual programa común debería ser compartido por formaciones que no fuesen a compartir una misma candidatura en el conjunto de España. El dirigente se limitó a insistir en la necesidad de una alianza argumentando que “es negligente” no conformarla. “Soy más claro: nos tenemos que poner [a diseñar una lista única] provincia a provincia, porque el quinto diputado de según qué provincias siempre va a la derecha, a Vox”, sostuvo.

Además de circunscribir a Catalunya las listas que él aspira a liderar, Rufián mencionó la posibilidad de conformar un frente amplio en la Comunitat Valenciana. Una candidatura que, en el mejor de los casos, incluiría a Compromís, IU, Podemos —que en las generales de 2023 ya se presentaron unidos bajo las siglas de Sumar, aunque en las autonómicas fueron por separado— y, como gran novedad, a la exigua federación valenciana de Esquerra Republicana, que en las autonómicas de hace cuatro años logró un 0,18% de los votos. “ERPV somos muy pequeños, pero muy dignos”, y “pido conformar un frente para echar a esta puta gente”, planteó el dirigente de ERC, que aseguró que sería imperdonable “si no somos capaces de unirnos en frentes comunes para echar a una mafia, a ladrones, y también a gente que ha permitido con su inacción que muera clase trabajadora por la cara”.

“Casi tenemos” un frente amplio en Valencia

Oltra, en respuesta, se mostró optimista ante la posibilidad de conformar una candidatura única para las elecciones locales de 2027 en Valencia en torno a su liderazgo y el de Compromís. “Casi lo tenemos”, llegó a afirmar la candidata valencianista, que se mostró confiada en que ese eventual acuerdo para una lista única a la izquierda del PSOE también se extienda a las elecciones autonómicas, un extremo que algunos sectores de Compromís no ven con buenos ojos. Los proyectos transformadores, dijo Oltra, han de “desbordar las siglas de los partidos”.

No obstante, la dirigente también quiso centrar una parte de su intervención en los errores que, a su juicio, han llevado a la izquierda a perder una parte de sus apoyos. Más allá de la falta de unidad —que solo se ha producido en algunas citas electorales—, Oltra lamentó que los partidos progresistas hayan “dejado de decir lo que tenemos que decir” en relación a la derecha: “Que ni su patria es España ni su bandera es rojigualda, sino que su única patria es el dinero”. “Si la patria de los oligarcas es el dinero, la patria de un trabajador no puede ser más que otro trabajador”, sostuvo la dirigente de Compromís, que sin embargo afirmó que la victoria del bloque conservador no es “inevitable”. “Vendrán si queremos, eso depende de cada uno de nosotros”, arengó.

Asimismo, Oltra quiso referirse a la causa judicial que la apartó de la vida política en el año 2022, que Compromís considera un caso de lawfare contra ella. “Necesito tener esperanza, ponerme de pie fue muy difícil, una decisión que ha marcado mi vida, ya veremos cómo, pero era la única manera en la que puedo conservar la esperanza”, sostuvo la dirigente, emocionada en varios tramos del acto. No obstante, a diferencia de un Rufián que pidió utilizar la “rabia” como herramienta para movilizar a los votantes progresistas, Oltra afirmó que ella no es “capaz” de sentir esta emoción. “Estoy indignada, pero no quiero que el miedo cambie de bando, sino que lo haga la vergüenza”, y “no construiremos desde la ira, sino desde el amor al otro, la conciencia de clase, la compasión y el perdón”, afirmó.

Primer trimestre de 2027. Esa es la fecha máxima de caducidad que el Partido Nacionalista Vasco, uno de los socios estratégicos del Gobierno, le pone a la legislatura. Y no es una fecha lanzada al azar. Que las elecciones generales se convocaran en los primeros meses del año que viene implicaría acercar la disolución de las Cortes al calendario de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno se dispone a poner en marcha de forma inminente. Justo lo que los nacionalistas le reclamaron esta semana a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y a lo que el presidente, a preguntas de la prensa en Bruselas, no cerró la puerta este jueves.

“Agradezco el tono constructivo de grupos como el PNV, que se abre a negociar esos presupuestos. A partir de ahí negociaremos con ellos y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, dijo tras ser cuestionado por la posibilidad de que las elecciones se convoquen una vez decaigan las cuentas. El día antes, la portavoz del PNV fue explícita desde su escaño en la sesión de control. “Presidente, presente los Presupuestos Generales del Estado, es su obligación. Pero, si no consigue un acuerdo en esta Cámara, disuelva las Cortes y convoque elecciones”, le reclamó Maribel Vaquero.

El mensaje público del PNV llegó después de semanas de conversaciones privadas al máximo nivel entre Sabin Etxea y Moncloa que se intensificaron después de que Aitor Esteban elevara el tono de su crítica contra el Gobierno y diera por amortizada la legislatura. Los nacionalistas vascos, en plena competencia electoral en Euskadi con EH Bildu, trasladaron a sus interlocutores del PSOE en esas reuniones su rechazo frontal a la hipótesis de un superdomingo electoral que hiciera coincidir generales con municipales en mayo de 2027. Y también la conveniencia de presentar y debatir el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 para que dote los próximos meses de algún contenido legislativo de calado a un mandato sepultado, a día de hoy, por los problemas judiciales del Ejecutivo.

Dicho y hecho. En cuestión de días el propio Pedro Sánchez se encargó de solemnizar como compromisos públicos las dos demandas del PNV, que considera un lastre para su estrategia política que las municipales pudieran impregnarse del debate político estatal: el presidente se apresuró a descartar en público ese 'superdomingo' electoral y anunció la puesta en marcha del calendario de Presupuestos. Según las fuentes consultadas en Hacienda, el plan ahora es aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Y dar luz verde al proyecto de Presupuestos a principios de otoño para cumplir, esta vez sí, con la obligación constitucional de presentarlos antes del 1 de octubre. En paralelo, el PSOE ya ha puesto en marcha también su maquinaria electoral con el impulso al calendario de primarias.

Los cálculos aproximados que manejan en Moncloa son que la tramitación de las cuentas podría llevar al mes de noviembre el debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno, la primera ocasión de la oposición para derribar el proyecto. Y nadie espera que se supere ese trámite parlamentario por la esperada mayoría en contra que representarían, al menos, PP, Vox y Junts. Es ese contexto, el de la derrota parlamentaria de unos Presupuestos Generales del Estado, el que ahora parece más propicio para que Pedro Sánchez procediera a disolver las Cortes y convocar elecciones en el primer trimestre del año que viene. Un escenario sobre el que en el equipo del presidente, aunque prefieran mantener la prudencia, consideran ya que en ningún caso supondría “un adelanto como tal”.

Celebrar las elecciones en febrero o marzo cumpliría, en realidad, con la hoja de ruta que siempre marcó Sánchez y que pasaba por descartarlas de plano para cualquier momento anterior a 2027. “No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026. Tenemos que culminar la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país”, insistió esta semana en el Congreso para refrendar unos planes, en cualquier caso, al albur del calvario judicial del Ejecutivo y del siempre posible volantazo en la estrategia del presidente.

“Es la oportunidad de que tus medidas brillen”

Los socios del PSOE no son ajenos a que la puesta en marcha de la maquinaria para elaborar los Presupuestos puede ser el primer paso del proceso para convocar las elecciones. Los habituales aliados parlamentarios de la Moncloa se muestran cautos, dado que es Sánchez el único que tiene la capacidad de disolver las Cortes y poner una fecha para celebrar los comicios. Pero la sensación general es que la derrota de las cuentas en el Congreso —que se da por descontada— despejaría a la Moncloa el camino para adelantar las generales al primer trimestre de 2027 en una situación más favorable que la actual: no obligado por su negro panorama judicial, sino tras haber expuesto durante meses su programa político en el debate presupuestario.

Así lo analizan fuentes de Sumar, que aseguran que los Presupuestos son una oportunidad única para que el Ejecutivo exponga su “proyecto” a la ciudadanía con los focos mediáticos sobre él. “El mejor capital político del Gobierno es lo que hace, su proyecto”, y las cuentas “te dan oportunidad de venderlo” y de “que tus medidas brillen”, insisten estas fuentes, que lamentan que, tanto en 2024 como en 2025, el PSOE haya rechazado presentar Presupuestos ante el convencimiento de que no tenía apoyos en el Congreso para sacarlos adelante.

Sumar asegura que aún no se han iniciado las negociaciones con el PSOE para elaborar el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará ante la Cámara Baja, pero aseguran que reclamarán prioritariamente medidas en materia de vivienda o transición ecológica y también una reforma fiscal para subir impuestos a rentas altas y grandes empresas. Y este viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya planteó que quiere tener “una discusión parlamentaria” con grupos como Junts o el PNV “sobre si están de acuerdo o no en aumentar la inversión en vivienda o sobre si están de acuerdo o no en una prestación universal para las familias”, aunque también admitió que sería “lógico” un adelanto electoral si los Presupuestos caen porque “estamos en el tramo final de la legislatura”.

La Moncloa “está dibujando un escenario que le conviene”, coinciden por su parte fuentes de ERC, que —al igual que Sumar— consideran que poner en marcha una negociación de Presupuestos, “sea real o ficticia”, permitirá a Sánchez poner el foco sobre sus propuestas políticas e intentar desviarlo de los casos de corrupción que afectan al PSOE. Y no solo los socialistas pueden aprovechar esa negociación presupuestaria como un escaparate preelectoral: se convoquen o no los comicios, las fuentes de ERC consultadas explican que la formación republicana intentará imprimir su sello al proyecto de cuentas. Y, si el Gobierno rechaza sus iniciativas de máximos, esas propuestas para los Presupuestos “nos servirán para explicar nuestro modelo de sociedad”, afirman.

Podemos, por su parte, lleva días expresando en privado sus dudas sobre las intenciones de la Moncloa con su decisión de presentar unos Presupuestos que no ha querido plantear en los tres últimos años. Fuentes de la formación morada sugerían hace días la posibilidad de que Sánchez estuviera preparando “el terreno de cara al futuro calendario electoral”. Y, aunque Podemos no se va a negar a negociar con el Gobierno un eventual proyecto de cuentas públicas, lo cierto es que sus posiciones están muy alejadas en materias como el gasto en defensa, una distancia que el runrún preelectoral no ayuda a cerrar.

De los socios que hicieron a Sánchez presidente, no obstante, el único que mantiene una estrategia de oposición frontal de cara a una eventual recta final de la legislatura es Junts, que hace meses decidió romper los puentes con la Moncloa. Desde que hace un mes estallara el caso Zapatero, los de Carles Puigdemont han exigido que se disuelvan ya las Cortes y se convoquen elecciones generales, y no tienen ninguna intención de negociar los Presupuestos de un Gobierno que consideran que no tiene “capacidad de hacer nada”, en palabras de su diputado Josep Maria Cruset el miércoles. Por ahora, Junts no se plantea apoyar junto a Vox una moción de censura presentada por el PP. Pero el martes escenificó de nuevo su entendimiento con las derechas de ámbito estatal al unir sus votos en el Congreso para aprobar una moción sobre la continuidad de la legislatura, un texto en el que PP y Junts intentaron incluir una exigencia expresa de adelantar las elecciones que fue vetada por PSOE y Sumar.

El PSOE tenía señalada en rojo la fecha de este miércoles 17 de junio. Los socialistas ansiaban que las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ayudaran a aliviar el boquete en el corazón del partido que implica que el expresidente esté bajo la sombra de la sospecha en una causa que indaga sobre siete delitos. No fue así. Según el juez, la declaración de Zapatero no sirvió para disipar los indicios delictivos que en su opinión son suficientes para investigarlo por organización criminal, tráfico de influencias, delito fiscal, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y contrabando. Y tampoco vale, por el momento, para revertir su crisis reputacional ante una opinión pública a la que pidió, al salir del juzgado, fe en su inocencia.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”, trasladó Zapatero en cuanto puso un pie fuera de la Audiencia Nacional. Y la reacción del PSOE fue casi inmediata para volver a cerrar filas. “Respalda y se remite al comunicado del propio Zapatero, en el que proclama su inocencia y reafirma hoy su confianza plena en la Justicia, su voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia”.

Todos los dirigentes socialistas o ministros cuestionados por la prensa en los pasillos del Congreso salieron al paso de las preguntas con la misma apelación a la confianza en la Justicia. Aunque en privado, sin embargo, ninguno ocultaba su pesadumbre ante una de las jornadas políticas más duras para el partido y que pasará a la historia como la primera vez que un presidente del Gobierno acude a declarar como imputado. Porque en el PSOE puede haber más o menos felipistas y más o menos sanchistas, pero ninguna otra figura que aúne tanto consenso como el referente de José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos, hasta ahora.

Por eso, y aunque cada vez son más las voces internas que temen que en algún momento “puede que haya soltarle la mano”, la orden de Pedro Sánchez se mantiene intacta: apoyo al presidente Zapatero aunque siga el chaparrón. Nadie en el PSOE es capaz, de hecho, de atisbar de qué manera podrían distanciarse de un hombre que representa casi todo en lo que creen y reivindican con más orgullo: el 'no a la guerra', el fin de ETA, los derechos LGTBI. Así que hay quien admite incluso que está dispuesto a defender siempre su legado hasta las últimas consecuencias. “Yo siempre con Zapatero”, comentaba cabizbajo a la salida del hemiciclo este miércoles uno de los hombres que compartió parte de su trayectoria con el expresidente.

Los socios del Gobierno evitan la crítica

Entre los socios del PSOE, la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional ha sido recibida con reservas, aunque ninguno de los aliados parlamentarios del Gobierno aprovechó para elevar el tono. Por el contrario, Sumar, como parte del Gobierno, circunscribió sus críticas a Zapatero, a quien la portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez, afeó haber ofrecido una información insuficiente sobre su supuesta implicación en una trama corrupta. “Fue muy relevante para los progresistas en este país, lo ha sido y sigue siendo, y, por tanto, querríamos un poquito más que una declaración por escrito”, sostuvo Martínez.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, evitó referirse expresamente al expresidente durante el miércoles y, en su intervención en la sesión de control en la Cámara Baja, incluso ofreció algo de oxígeno a Sánchez cuando afirmó que debe ser a finales de este año, si el Gobierno no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cuando el presidente convoque las elecciones generales. Hasta ahora, los nacionalistas vascos habían exigido a Sánchez que disolviera ya las Cortes tras el estallido de los últimos casos de corrupción, entre ellos el de Zapatero.

El único mensaje directo que lanzó Vaquero en relación con estos supuestos escándalos lo dedicó a asegurar que “son demasiadas las causas abiertas en torno a la Presidencia del Gobierno”, así como a afirmar que es clave que los tribunales investiguen “si esto es cosa de unos pocos o hay vinculaciones claras con el Gobierno actual”. Y también trató de esquivar el embrollo judicial de Zapatero la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que al igual que el PNV no quiso mencionar el nombre del expresidente durante todo el miércoles y, al ser preguntada por él, se limitó a asegurar —antes del fin de la comparecencia de Zapatero ante el juez— que estaba expectante por ver si las explicaciones que ofrecía “convencen”. Los abertzales evitaron ofrecer su opinión sobre dichas explicaciones.

Por el contrario, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sí entró de lleno a valorar la presencia de Zapatero este miércoles ante el juez, y aseguró que el expresidente debería aclarar “lo legal y lo moral”. “El debate se centra en unas joyas, pues que explique de dónde salen, quién las regaló, cuándo y a cambio de qué”, sostuvo Rufián, que echó en cara al PSOE que no tenga su “casa limpia”. “La UCO se inventa cosas, hay jueces que persiguen a políticos por sus ideas, hay gente que ha estado en la cárcel por motivos políticos, pero tampoco tienes que dar excusas”, espetó Rufián, que sostuvo que “es complicado” defenderse “cuando tienes a dos números dos en la cárcel” y “a un referente” como Zapatero “con cosas que cuesta explicar”.

Quien más dura se mostró —en línea con lo que viene ocurriendo desde hace meses— fue la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que en la sesión de control de este miércoles acusó a Sánchez y al PSOE de dar “gasolina a la derecha” y de ofrecer al PP, “el partido más corrupto de Europa”, la posibilidad de “dar lecciones de corrupción”. Belarra no mencionó expresamente a Zapatero, pero se mostró muy crítica con las “informaciones sobre corrupción” que afectan al Ejecutivo. “Todo el mundo ve lo que es evidente: que a ninguna de esas personas” supuestamente involucradas en estas tramas “le habrían abierto ninguna puerta si no hubieran tenido acceso a usted y al Gobierno”, denunció la líder de Podemos, que acusó a Sánchez de haber “traicionado la confianza de quien le votó”.

En la Moncloa, mientras, se resignan nuevamente a una espera exasperante: a de los tiempos de la justicia y de la estrategia de defensa de Zapatero. Que por ahora, están muy lejos de acompasarse con los de la crisis política que el Gobierno ni siquiera atisba, por el momento, a taponar. Y asumen que, más que les pese, el 'caso Zapatero' no ha hecho más que comenzar.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

Carolina Cordero, líder de Izquierda Unida en Madrid, ha hablado también de esta sorpresa y ha dicho que no reconoce la información publicada como “declaraciones oficiales” con el fin de “no generar ruido”. “Todavía hay tiempo para ir avanzando”, ha asegurado. “Creemos que las alianzas deben versar sobre la propuesta política concreta, reconociendo que somos fuerzas distintas pero que tenemos mucha política en común. En el caso de Madrid es clarísimo”. “La gente nos está pidiendo una cierta estabilidad en torno a los acuerdos electorales”, ha añadido en declaraciones remitidas a los medios, por las que ha pedido “hacer un esfuerzo” para favorecer a esas posibles alianzas.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

En mitad de la crisis política del Gobierno más grave de la legislatura, los avisos del PNV resuenan aún con más fuerza entre las paredes del Congreso. Los nacionalistas vascos no se han sumado a la maniobra del PP y Junts de intentar colar en el orden del día una moción para exigir la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de las elecciones generales, una prerrogativa exclusiva del presidente, pero a la misma hora en que José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la Audiencia Nacional lanzan una advertencia a Pedro Sánchez que implica ponerle fecha de caducidad a su mandato.

“Presidente, presente los Presupuestos Generales del Estado, es su obligación. Pero si no consigue un acuerdo en esta Cámara, disuelva las Cortes y convoque elecciones”, le ha dicho la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, durante la sesión de control de este miércoles. En su respuesta, Sánchez, ha proyectado un horizonte político que va, cuanto menos, hasta principios de 2027. “No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026. Tenemos que culminar la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país”.

En su turno, el presidente ha aprovechado, además, para anunciar un nuevo paquete de medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán. “Nuestra intención es negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán”, ha adelantado.

“Es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura”, le ha comentado la portavoz del PNV. “Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de Presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando la perdiz con los presupuestos diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad. Le digo lo de Santo Tomás: ver para creer. Y usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario”, ha advertido.

Antes, el líder de la oposición no ha perdido la oportunidad de sacar tajada de uno de los días más complicados para el PSOE, con la declaración judicial del primer presidente del Gobierno imputado de la democracia. “La historia le recordará por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española”, le ha dicho Feijóo, que ha calificado a Pedro Sánchez como un “cobarde” por impedir que el Congreso vote sobre el adelanto electoral. “Usted es un cobarde”, le ha dicho.

“No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en una sede financiada en B”, le ha contestado Sánchez, que ha insistido en su idea de mantener la legislatura en pie para implementar políticas que redunden en el beneficio de la mayoría social.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, niega haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez, la exmilitante del PSOE que colaboraba con Santos Cerdán para, presuntamente, interferir en investigaciones en marcha contra los socialistas o contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, ha dicho en el Senado.

“No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña contra la Guardia Civil. No he adoptado jamás, nunca, ninguna medida contra ningún agente de la UCO, ni de la unidad de delincuencia económica o de cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Jamás. Ni como elemento de presión ni para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno ni a nadie”, ha incidido.

Mercedes González sí ha vuelto a reconocer que tuvo varios encuentros con Leire Díez, como desveló la UCO en los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero afirma que “nunca” fueron destinados a participar en ninguna campaña de desprestigio “ni influenciada por la señora Díez ni otra persona”.

También ha dicho que no ha adoptado nunca “ninguna medida como elemento de presión” contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones reservadas, lo que los agentes relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil.

“Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro”, ha aseverado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha revelado este martes en el Senado que trasladó al teniente coronel Antonio Balas y al resto de la cadena de mando de la UCO que había mantenido encuentros con Leire Díez. La reunión se produjo, a iniciativa de González, tres días después de que El Confidencial publicara un audio en el que Leire Díez participaba en una reunión en la que aseguraba que quería ver “muerto” a Balas, jefe de las investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno.

elDiario.es informó en exclusiva de ese encuentro al día siguiente, el 30 de mayo de 2025. Este martes, González ha revelado dos datos nuevos. El primero, que en esa reunión no solo trasladó su apoyo y el del Gobierno a la labor de la UCO sino que también les habló de la exmilitante del PSOE: “Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión”.

La directora de la Guardia Civil también ha revelado que la misma cadena de mando de la UCO fue convocada al día siguiente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también les trasladó personalmente su apoyo y el del Gobierno.

Niega las purgas

En sus turnos de respuesta, González ha rechazado todas y cada una de las acusaciones del PP y de Vox. La directora de la Guardia Civil ha cargado contra los grupos de la oposición por decirle en la Comisión de Interior del Senado que había promulgado una “purga” contra, entre otros, el teniente coronel Antonio Balas, máximo jefe de la lucha contra la corrupción en el instituto armado al frente de la UCO. “Dígame dónde está la purga, dígame dónde estaba el teniente coronel Balas cuando yo llegué y dígame dónde está el teniente coronel Balas cuando yo estoy aquí desde hace dos años”, le ha preguntado a Luis Santamaría, portavoz de los populares en la comisión de Interior.

“En el mismo sitio”, ha remarcado González, “haciendo su trabajo escrupulosamente”. “Lo defiendo sin ningún tipo de problemas a él y a todos los agentes que trabajan en esa unidad”, ha remarcado.

González ha asegurado, además, que sus encuentros con Leire Díez fueron informales y rechaza considerarlos reuniones. “Nunca me he reunido con Leire Díez. Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”, ha dicho durante su comparecencia de este martes en el Senado. Y ha rechazado también que Díez acudiera nunca a dependencias de la Guardia Civil, ni recibida por ella ni por nadie de su equipo. “Jamás, nunca se reunieron desde mi gabinete. Ni el DAO, ni nadie. Ni se usaron fondos reservados. Jamás, nunca la guardia civil protegió a Leire Díez”, ha remarcado.

PSOE y Sumar han bloqueado el intento de PP y Junts de que el Congreso de los Diputados se pronuncie el próximo jueves sobre si el Gobierno debe adelantar las elecciones generales. La Mesa de la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría, se ha reunido de urgencia para rechazar la constitucionalidad de dos enmiendas a este respecto presentadas, respectivamente, por los independentistas y por los populares a una moción de estos segundos, en lo que supone un paso más en la presión de los de Carles Puigdemont al Ejecutivo tras el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE.

Con su movimiento, Junts y el PP pretendían forzar a los grupos parlamentarios a posicionarse sobre si “la situación de extrema debilidad política y parlamentaria” del Ejecutivo debe llevar al presidente Pedro Sánchez a convocar comicios anticipados. No obstante, PSOE y Sumar consideran que “instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales” —que es lo que pide la enmienda de los independentistas— supone que el Congreso se pronuncie “sobre una competencia que pertenece exclusivamente a la Presidencia del Gobierno”, según explican fuentes parlamentarias. Y, a juicio, de la izquierda, eso es algo que la Cámara Baja no puede hacer.

La decisión adoptada hoy, no obstante, supone un viraje de 180 grados con respecto a lo que decidió la propia Mesa del Congreso en enero de 2025. Entonces, el órgano admitió con el apoyo de PSOE y Sumar que se tramitara una proposición no de ley presentada por Junts en la que los independentistas exigían a Sánchez que presentara una cuestión de confianza a los diputados, otra prerrogativa que el presidente ostenta en exclusiva. Lo hizo, eso sí, después de que Junts hiciera algunas breves modificaciones en el texto original de su iniciativa, que inicialmente fue vetada por la Mesa. El cambio de opinión de PSOE y Sumar se produjo a cambio del apoyo de los independentistas para aprobar un decreto de escudo social.

Sin embargo, fuentes próximas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aseguran que “es habitual no autorizar” este tipo de iniciativas que se entiende que invaden competencias exclusivas del presidente del Gobierno, y afirman que “la excepción fue aquella del año pasado porque se explicitaba que no había voluntad legislativa”. Estas fuentes afirman que, el mismo martes pasado, la Mesa impidió que se incluyera en una proposición no de ley de Vox un punto que manifestaba “la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales con el objeto de dar voz a los españoles”, y explican que la misma decisión se tomó con respecto a iniciativas similares en diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

El texto de este martes tenía visos de salir adelante, puesto que PP, Vox y Junts suman mayoría en el Congreso. No obstante, incluso aunque se hubiese aprobado la moción, la decisión sobre una convocatoria electoral seguiría siendo exclusivamente de Sánchez: lo que pretendían PP y Junts era evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno. Y es que los grupos se verían obligados a posicionarse un día después de la declaración del Zapatero ante el juez Calama para responder sobre su posible papel en el rescate de Plus Ultra y una semana antes de la fecha prevista para que el propio Sánchez dé explicaciones en el Congreso.

Quien se ha posicionado ya ha sido la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha sido crítica con la propuesta de Junts: “Todo lo que sea pedir elecciones es favorecer a la derecha y creemos que no hay que facilitarle ese terreno”. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que “aguantar para nada es tontería”. “O frenamos la especulación de la vivienda o es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza”, ha respondido en los pasillos del Congreso.

“Es una moción de confianza”

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado este martes que la moción pactada con Junts será una “moción de confianza” contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esta cámara le va a estar diciendo que lo que tiene que hacer es disolverla”, ha asegurado Muñoz en rueda de prensa.

“Hace tiempo que Moncloa dejó claro que no respeta la democracia parlamentaria”, ha añadido después, ante las palabras del Gobierno asegurando que no tiene previsto adelantar elecciones. No obstante, la portavoz del PP considera que si se aprueba la moción “quedará claro y reflejado que Pedro Sánchez no tiene la red democrática del Parlamento”.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

El PSOE y Sumar intentan retomar algo de iniciativa política en una semana que se presenta enormemente complicada a nivel judicial para el Gobierno y, particularmente, para los socialistas. Ambos partidos anunciaron este lunes que han acordado reactivar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad.

En concreto, la proposición de ley cuya tramitación se reactivará contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por el contrario, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

Esta reforma penal que ahora se reactiva es una propuesta que, como la de la ley mordaza, lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica. Pero este lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), se mostró convencido de que esta vez la reforma del Código Penal se aprobará “pronto” y de que “todas las fuerzas democráticas van a apoyarla”.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejarán de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitirá que dicho periodo se cierre y se pase al siguiente estadio del proceso, el debate de totalidad, dado que previsiblemente algunos de los partidos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad para intentar derribar la iniciativa. Si esos intentos de veto son rechazados, los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación. Por tanto, por mucho que se acorten los plazos, a la propuesta le quedan semanas, si no meses, para entrar en vigor.

Dibujantes, cómicos o cantantes condenados

“Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, argumentó Enrique Santiago para justificar la necesidad de poner en marcha de nuevo esta reforma del Código Penal. “Se ha condenado a cantantes o a dibujantes de cómics por injurias a la Corona, ha habido cómicos condenados por injurias religiosas, y otros que no han llegado a ser condenados, pero han sido sometidos a largos procesos judiciales” y al “escarnio público”, denunció Santiago, que aseguró que, con la derogación de estos tipos penales, no se “desprotege” a ninguna de las instituciones afectadas. “Todos los miembros de la Casa Real van a seguir gozando de protección ante injurias y calumnias”, pero será “la misma que el resto de los ciudadanos” a través del tipo penal estándar, ejemplificó.

“La libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, pero sí la crítica desabrida, molesta, dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, mordaz”, aseveró por su parte el diputado del PSOE Artemi Rallo, que aseguró que así se han pronunciado en múltiples ocasiones tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español. “La libertad de expresión ampara incluso el mal gusto”, y por ello, no tiene sentido que el Código Penal castigue prácticas que se enmarcan en el ejercicio de ese derecho, argumentó Rallo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció este sábado que concurrirá como candidata de Podemos a las próximas elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, que tendrán lugar en mayo de 2027. La líder morada encabezará una lista con la que la formación intentará recuperar la representación perdida en los comicios de 2023, cuando se quedó fuera de la Asamblea de Madrid por primera vez desde 2015.

Belarra comunicó su decisión durante su intervención en el mitin central de la Fiesta de la Primavera del partido, celebrada este sábado en Madrid. La líder de Podemos, que se definió como “navarra de nacimiento pero vallecana de adopción”, aseguró que le “come la rabia” por la “mierda de goberantes” que lideran tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Y afirmó que se presentará “con toda la humildad, pero con toda la determinación” para pelear “por todos” los madrileños y por el “futuro” de sus propios hijos.

“Me da mucha rabia que todo el mundo se haya rendido” en el bloque progresista, argumentó Belarra, que afirmó que “el PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y que Más Madrid, sostuvo, se siente muy cómodo liderando la oposición. “Yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza, necesitamos que en Madrid haya una alternativa a Ayuso en el corazón ideológico de la derecha”, espetó.

La candidatura de Belarra a la Comunidad de Madrid permite a Podemos intentar esquivar el riesgo de que su secretaria general se quede sin escaño en las próximas elecciones generales, especialmente si los morados terminan concurriendo en solitario y no en alianza con los partidos que ahora mismo componen Sumar. Desde la reforma que se aprobó en 2024, la ley electoral obliga a que las candidaturas sean 'cremallera', es decir, que en las listas se alternen hombres y mujeres. Como Podemos decidió hace más de un año que su candidata sería Irene Montero, Belarra solo podría haber concurrido en el número 3 de la lista por Madrid. Y, con las actuales perspectivas electorales del partido, hubiera tenido muy complicado obtener el acta.

En cualquier caso, si Belarra no obtuviera escaño en las elecciones autonómicas, nada le impediría presentarse a los comicios generales que, salvo adelanto, tendrán lugar unos meses después.

Con su decisión de concurrir como candidata a la Comunidad de Madrid, la secretaria general de Podemos sigue el mismo camino que recorrió en 2021 su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias. El entonces líder del partido abandonó por sorpresa la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que entonces ocupaba para liderar las listas de la formación en las elecciones anticipadas convocadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aunque su candidatura se saldó con un sonoro fracaso, puesto que no logró impedir la mayoría absoluta del PP. Podemos, eso sí, consiguió mantener la representación en la Asamblea, que terminó perdiendo dos años después.

Movimiento Sumar renueva sus tesis políticas de cara a la asamblea extraordinaria que celebrará el próximo 11 de julio, marcada por el conflicto interno entre la coordinadora del partido, Lara Hernández, y el sector crítico encabezado por la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez. La hoja de ruta para el próximo año que se aprobará en dicho congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns, pero también pide que las listas para las elecciones generales se confeccionen a través de elecciones primarias, una fórmula que algunos socios no ven clara.

Movimiento Sumar, además, se abre a suscribir alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. “No vamos a construir un sujeto común con fuerzas que tienen ideas del Estado diferentes de las nuestras, pero sí podemos construir un programa común y una alianza coyuntural”, sostiene el documento político para el próximo congreso, en el que la formación sostiene que, pese a que su modelo es el de un Estado “federal y plurinacional”, eso “no puede ser el freno para construir un programa que nos permita avanzar juntos”. “Nuestro momento pasa por una enorme generosidad, mucha apertura y posiciones laicas”, plantea Movimiento Sumar.

En cualquier caso, sea cual sea finalmente el formato de la alianza en la que se presente el partido a las próximas elecciones generales, el documento político alerta ante la “idea superficial y perniciosa de la unidad” que, critica Movimiento Sumar, se ha “generado” en los últimos meses. “La unidad de diferentes fuerzas es una condición de posibilidad para maximizar resultados electorales debido a la forma concreta de nuestro sistema electoral, pero no dice nada más en sí misma: nadie apoya un proyecto político tan solo porque junte unas piezas con otras”, desliza el partido aún liderado por Lara Hernández. Por el contrario, la receta del “frente” de partidos, sostiene la formación, debe combinar “un liderazgo claro”, “un línea común atractiva” y “un orden interno”. El resultado ha de ser “no la suma de las partes, sino algo superior a ellas”, resume el texto.

En su congreso extraordinario de julio, Movimiento Sumar también dejará por escrito su apuesta por que las candidaturas de esa alianza se elijan a través de métodos “democráticos”. Eso significa, a juicio de la formación, la creación de “censos abiertos a la ciudadanía” y el establecimiento de un “sistema de primarias que sirvan para resolver los momentos de falta de acuerdo”. Se trata de una apuesta por la supervivencia del partido, el más pequeño de los cuatro que están negociando la reconfiguración de la alianza Sumar: los de Hernández creen que, en un proceso de primarias, tienen mucho más a lo que aspirar que en una negociación, donde IU, Comuns y Más Madrid tienen mucho más peso para poder hacerse con los puestos de salida en las listas.

Por otra parte, el análisis del escenario político que hace Movimiento Sumar es muy crítico con un PSOE que, según sostiene el documento, “no puede ser el vector que define la dirección de nuestro país porque es una fábrica de decepción y pasiones tristes” tras el estallido de los casos de corrupción que le afectan.“ La democratización y la recomposición de la confianza política del pueblo español con las instituciones sólo puede hacerse de una forma, con una democratización clara del estado y las instituciones y con un programa fuerte de transformación social y conquista de derechos”, pero el PSOE “está incapacitado para cumplir ese papel, tanto por su lectura del momento político cómo por los casos de corrupción precisamente en el seno de su vieja estructura de partido”, denuncia la formación.

Eso no significa, no obstante, que Movimiento Sumar abogue por salir del Gobierno o por no compartir Consejo de Ministros con los socialistas en el futuro, como plantean organizaciones como Adelante Andalucía, que han tenido un relativo éxito en el último ciclo electoral. “Nuestra posición es que sí, que debemos formar parte de la máquina de Gobierno del Estado y que, si no lo hubiéramos hecho, el Gobierno estaría hoy hecho trizas”, sostiene el texto, que afirma que “sin presencia” en el Ejecutivo “no hay orientación de las políticas de Estado”. “Esa relación es siempre tensa y conflictiva, conjuga enormes contradicciones, pero es fundamental para orientar la política”, insiste el partido, que admite, eso sí, que “la experiencia de estas dos últimas legislaturas de coalición refuerzan la idea —y el objetivo— de que es necesario tener más fuerza dentro y fuera de la experiencia de gobierno”.

La guerra interna que lleva meses gestándose silenciosamente en el seno de Movimiento Sumar y que esta semana ha estallado en público ya tiene fecha para su resolución: el 11 de julio. Este jueves, la dirección el partido de Yolanda Díaz fijó ese día para la celebración del congreso extraordinario cuya convocatoria forzó hace unos meses el sector crítico de la formación.

La reunión se ha producido tras varios días de enorme tensión en el partido tras hacerse públicas las denuncias internas por supuesto maltrato laboral contra la actual coordinadora, Lara Hernández. No obstante, conflicto entre ella y los críticos, liderados por la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, viene de lejos. Y en él, las diferencias estratégicas o ideológicas son el último de los motivos.

¿Qué ha desatado el conflicto?

La guerra interna estalló este martes, cuando se dio a conocer la dimisión de la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, que se une a la de otro exmiembro de la dirección, el responsable de Comunicación David Comas. Por medio de una carta enviada a toda la dirección del partido, Moreno lanzó duras acusaciones contra Hernández y reveló que el partido tiene abierta una investigación interna contra ella por supuestos “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores”, un procedimiento que parte de una denuncia de “seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” en nombre de dichos empleados.

Moreno también acusó a la líder de haber cometido “fraude” en el proceso de votación entre los afiliados para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana con el fin de favorecer a la candidatura más afín a sus postulados.

Hernández rechaza ambas acusaciones, y fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una “campaña” de desprestigio liderada por los sectores críticos con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Estas fuentes sostienen que la dirigente ni siquiera ha sido informada de los hechos por los que se la acusa de supuesto acoso a trabajadores en el procedimiento abierto contra ella en las instancias del partido.

En relación al presunto fraude cometido en la votación para elegir la composición de los órganos de la formación en la Comunitat Valenciana, esas mismas fuentes aseguran que el proceso tuvo que revisarse porque el sector crítico intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas. Este movimiento habría tenido el fin de ganar la votación y hacerse con el control de Movimiento Sumar en la comunidad.

¿De dónde vienen Lara Hernández y Verónica Martínez?

Sin embargo, la recién dimitida Laura Moreno no es la cabeza visible del sector crítico: ese rol corresponde a la actual portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, que es la cara más conocida —junto a la propia Lara Hernández— del partido, con excepción de Yolanda Díaz.

Martínez fue elegida para liderar el grupo parlamentario de la coalición Sumar en noviembre de 2024 tras la traumática dimisión de Íñigo Errejón y su nombramiento se interpretó en su momento como una fórmula para que Díaz no cediese poder en el Congreso al resto de los partidos de Sumar. Antes de ser elegida diputada en las últimas elecciones generales, Martínez trabajó a las órdenes de la vicepresidenta como directora general de Trabajo entre 2020 y 2023. Inspectora de trabajo de profesión, previamente (entre 2017 y 2020) presidió el Consejo Gallego de Relaciones Laborales, dependiente de la Xunta. 

No obstante, el hecho de que Martínez encabece el sector crítico con Hernández no debe interpretarse como una maniobra de Díaz, entre otras cosas porque a la actual coordinadora —que se dedica a enseñar filosofía en la educación secundaria— también la eligió la vicepresidenta para tomar las riendas de la vida orgánica de Movimiento Sumar. Lo hizo en abril de 2024, cuando la nombró secretaria de Organización de la ejecutiva que, en ese momento, ella misma lideraba. Y revalidó su confianza en ella al año siguiente, cuando apostó por que Hernández la sustituyera al frente de la formación cuando Díaz decidió abandonar sus cargos orgánicos —aunque siguió, en la práctica, liderando Sumar— tras el batacazo en las elecciones europeas. La dirigente comenzó su trayectoria en IU, donde ocupó la secretaría de Convergencia en la última dirección liderada por Cayo Lara y justo antes de la elección de Alberto Garzón como coordinador federal.

¿Se van a enfrentar Hernández y Martínez?

Tanto Verónica Martínez como Lara Hernández han evitado, por el momento, aclarar si van a presentarse al congreso del 11 de julio para optar al cargo de coordinadora de Movimiento Sumar. El entorno de la actual líder aseguran que ella aún no lo tiene decidido mientras que la portavoz parlamentaria se limitó a afirmar hace unos días en RNE, al ser preguntada por su futuro, que estará “a disposición” del partido y que “ninguna persona que forme parte de una organización puede adoptar las decisiones de manera individual”.

Fuentes de Movimiento Sumar, por su parte, explican que se están produciendo intentos para mediar entre los dos sectores y conseguir una candidatura de unidad que evite que el choque se traslade a la asamblea extraordinaria. No obstante, entre Hernández y Martínez no existen apenas diferencias ideológicas o estratégicas: la pugna es de poder. Los partidarios de la coordinadora aseguran que el sector crítico ha organizado una “campaña” de desprestigio contra ella a través de las denuncias por supuesto maltrato laboral con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Por el contrario, los dirigentes opuestos a Hernández sostienen que su manera de liderar el partido es poco menos que despótica.

El rol de Movimiento Sumar en la confluencia

La guerra interna en Movimiento Sumar ha estallado en pleno proceso de reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales. El partido se encuentra negociando desde hace meses con IU, Más Madrid y los Comuns el relanzamiento de su alianza con una marca y un candidato diferentes. Y celebrar el congreso extraordinario del 11 de julio atraerá los focos hacia el conflicto en un momento, justo antes del parón veraniego, que los cuatro socios han perfilado como fecha tope para hacer pública alguna información sobre el nuevo nombre o el liderazgo. IU, Más Madrid y los Comuns han evitado pronunciarse sobre la crisis de su aliado aunque fuentes de la coalición admiten que la misma ha provocado cierta preocupación.

¿Cuál es la posición de Yolanda Díaz?

Pese a haber fundado Movimiento Sumar en 2023 con el fin de agrupar a sus afines dentro de la coalición, y a pesar de que sigue siendo —de lejos— su rostro más conocido, Yolanda Díaz ha optado por no pronunciarse sobre el conflicto desde que estallara el pasado martes.

El miércoles, Díaz evitó acudir a la sesión de control al Gobierno en el Congreso argumentando que no tenía preguntas que responder. Tampoco se pronunció este jueves ni acudió a la reunión de la dirección de Movimiento Sumar en la que se fijó la fecha de la asamblea extraordinaria, una ausencia que fuentes de la formación achacan a cuestiones familiares.

Fuentes próximas a Díaz argumentan que al haber abandonado el liderazgo orgánico de Movimiento Sumar en 2024 no le corresponde ofrecer explicaciones sobre la crisis.

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar, forzado por el sector de la dirección crítico con la actual coordinadora, Lara Hernández, se celebrará el próximo 11 de julio. Así lo acordó este jueves el Grupo Coordinador del partido, su máximo órgano entre asambleas, que puso fecha al encuentro un par de días después de que se hiciera pública la guerra interna en la formación tras la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, entre acusaciones de maltrato a los trabajadores contra Hernández.

La fecha, que llevaba días decidida, se oficializó en una reunión que duró un par de horas. En ella se aprobó también el reglamento del congreso extraordinario, aunque fuentes oficiales de Movimiento Sumar explican que aún no se ha presentado ninguna candidatura para liderar el partido. El plazo para hacerlo durará hasta el día 30 de junio, y las listas de los aspirantes a ocupar la dirección se comunicarán oficialmente el 5 de julio.

Por lo tanto, se mantiene la incógnita tanto de si Hernández optará a revalidar su cargo de coordinadora como de si la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se presentará como líder del sector crítico. Otras fuentes del partido, no obstante, sostienen que hay voces que apuestan por una lista de consenso que evite el choque entre ambas corrientes para no profundizar la división en la organización, que se ha partido en dos tras la hacerse públicas las acusaciones contra Hernández.

Estas mismas fuentes reconocen también que hay preocupación entre los aliados de Movimiento Sumar ante la posibilidad de que la polémica acabe salpicando a toda la alianza Sumar, que desde hace unos meses se encuentra en pleno proceso de recomposición y negociando tanto una nueva marca como la elección de un nuevo candidato. El mensaje trasladado por los aliados de la formación, según explican estos dirigentes, es que Movimiento Sumar debe “hacer lo que tenga que hacer” para apagar los fuegos internos y evitar que la crisis termine contaminando al conjunto del espacio.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la coalición Sumar, Yolanda Díaz, no asistió este jueves a la reunión del Grupo Coordinador. Fuentes del partido aseguran que su ausencia se debe a motivos familiares. Desde el estallido de la crisis, el pasado martes, Díaz ha evitado posicionarse y no ha respondido a preguntas de los medios de comunicación.