Ada Colau nunca cerró del todo la puerta a regresar algún día a la política institucional, pero pocas veces como ahora había dado muestras de querer dar finalmente el paso. La exalcaldesa de Barcelona ha sorprendido a Comuns y Sumar al mostrarse dispuesta a “ayudar” en las próximas elecciones generales, sin cerrar la puerta ni siquiera a acudir como candidata. Eso sí, siempre que sea una lista de izquierdas amplia y que cuente con más caras conocidas al frente. 

En declaraciones a ElDiario.es, asegura que se plantea participar en las próximas elecciones al Congreso en un “frente realmente amplio” de izquierdas “para evitar que gobierne el fascismo en España”. “Si las conversaciones entre partidos logran ser generosas y avanzar en ese sentido, por supuesto me sentiré responsable de ayudar”, afirma. 

Para contar con ella, advierte, la candidatura sí debería superar los actuales espacios políticos de la izquierda. En este sentido, la exalcaldesa condiciona su paso a que Podemos también esté dentro de la ecuación, una opción que ya estaba sobre la mesa en las negociaciones que mantienen Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida y Movimiento Sumar.

En su propia formación, los Comuns, aún no dan por hecho nada, aunque celebran el cambio de posición de Colau, que ha pasado de desmarcarse de cualquier movimiento electoral a dejarse querer como posible nombre que desatasque el debate entre las formaciones. “Entendemos que ella quiere ver cómo se concreta el acuerdo [entre las formaciones de izquierdas] y a partir de aquí decidir. No tiene una decisión cerrada pero, si finalmente da el paso, es una grandísima noticia”, explican fuentes de los Comuns.

Desde Podemos se muestran cautos y aseguran que, en este momento, desconocen los pasos que desea dar Colau. Reconocen, sin embargo, que Irene Montero y la exalcaldesa han mantenido una línea de comunicación mientras los puentes entre Sumar y Podemos se dinamitaban, lo que a priori supondría un mejor encaje con Colau que con otros posibles nombres de la candidatura. Con todo, las conversaciones están verdes para dar por hecho una candidatura de unidad que, para la formación morada, deberían sí o sí pasar por unas primarias.

Un cambio de parecer sin descartar aún nada

Aunque insiste en que por ahora no es candidata a “nada”, la posición de Colau ha virado en los últimos meses hacia una predisposición clara a saltar a la arena política. Antes del verano, y en pleno debate sobre la vía Rufián, la exalcaldesa se mostraba tan tajante a la hora de apoyar esa opción como de descartarse para liderarla. “Yo no quiero ser candidata”, afirmaba en mayo en una entrevista en RTVE. 

Desde que dejó el acta de concejal en 2024 y se apartó de la primera línea, siempre que se lo han preguntado en público ha argumentado que solo consideraría regresar a la política institucional en un momento “excepcional” y para ser “útil” para la izquierda. De puertas adentro, cuando el partido la había sondeado para ocupar cargos y listas, incluso para dar el salto a Madrid, lo había descartado. 

Pero ahora Colau está dispuesta a ser candidata si la izquierda consigue configurar una candidatura ambiciosa y que aúne distintas “caras potentes”. La exedil barcelonesa nunca escondió su apoyo a la propuesta de Rufián de articular una candidatura más amplia de izquierdas, pero hoy esta opción parece casi descartada por el rechazo de ERC. 

La sensación más extendida en Sumar desde que Colau evitó cerrar por primera vez la puerta a ser candidata, hace semana y media, ha sido una mezcla de expectación y desconcierto. Las cuatro formaciones que se encuentran renegociando su alianza —IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid— tantearon a la exalcaldesa de Barcelona a principios de este año, pero entonces recibieron una respuesta negativa por su parte que les hizo desistir y buscar otras opciones.

No obstante, desde junio —cuando Colau se descartó públicamente para ser candidata “a nada” en una entrevista en El País—, las formaciones encuadradas en Sumar no han encontrado un candidato que genere consenso en todas las organizaciones y, sobre todo, que quiera tomar el timón de una alianza que pasa por un momento de debilidad.

La semana pasada, quien evitó cerrar la puerta a asumir ese rol fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en días posteriores ha mantenido esa ambigüedad y que, este mismo viernes, volvió a evitar descartarse, si bien fuentes de su entorno aseguran que él no va a ser el candidato de todo el espacio a la izquierda del PSOE a las generales.

En cualquier caso, el tiempo apremia y los partidos encuadrados en Sumar han prometido dar a conocer tanto el nombre de su alianza como su candidato en el mes de octubre. El propio Urtasun afirmó hace unos días que el espacio no tardará “mucho” en anunciar sus planes.

Estas formaciones tendrán que decidir también si aceptan la oferta de Podemos de participar en unas primarias abiertas para elegir al líder de una lista conjunta de toda la izquierda alternativa, una idea que permitiría volver a unir a las formaciones que se presentaron unidas en 2023. El movimiento ha sido recibido de manera desigual en Sumar: mientras IU se ha mostrado a favor de esas primarias, los Comuns son ambiguos y Más Madrid y Movimiento Sumar las rechazan.

De todas sus intervenciones recientes, la que más impacto causó entre sus propias filas, por inesperada, fue la del día del desahucio de Maricarmen en Madrid, cuando pidió a los Comuns que abandonaran el Gobierno si no se actúa contra los fondos buitre. Pocas veces como entonces se había pronunciado sobre el rumbo a seguir del partido.

Cabe recordar que desde que Colau dejó el acta de concejal a finales de 2024, se había mantenido alejada de los quehaceres diarios del partido. Aun así, no estaba desvinculada de la formación que fundó y lideró durante 10 años: desde 2025 preside Fundación Sentit Comú, el laboratorio de ideas y formación del partido. 

Prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Esas son dos de las medidas medidas que se encuentra negociando el Ministerio de Vivienda con Junts, según adelantó este viernes el diario Ara y confirmó elDiario.es, de cara a incluirlas en el decreto que el Gobierno se encuentra elaborando contra reloj en contacto con sus socios parlamentarios para intentar ponerlo en marcha el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia, y se negó a rectificar su postura pese a que el Gobierno intentó volver a ponerlo en marcha recortándolo para que no se pudieran beneficiar de él los inquilinos de caseros con solo una o dos viviendas en propiedad.

La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquier. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.

Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

El Gobierno intensifica los contactos para que el próximo martes el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a un decreto de vivienda que tenga garantías de apoyo parlamentario. El estallido social que ha provocado desde el miércoles el desahucio de Maricarmen ha conseguido reactivar las negociaciones políticas a varias bandas en busca de un acuerdo de mínimos que permita alumbrar un texto en el que, sobre todo, se regulen los alquileres y se limiten los desahucios. Pero para ello el Ejecutivo debe volver a poner de acuerdo a formaciones políticas tan dispares como Junts o Podemos, con las que el Ministerio de Vivienda se está volcando para acercar posturas. 

Fuentes del Ejecutivo revelan que es la propia ministra, Isabel Rodríguez, quien lidera la interlocución directa con Míriam Nogueras y Ione Belarra. Y las sensaciones en el Gobierno no son ni mucho menos las de hace solo unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el absoluto bloqueo de las conversaciones. Existe el convencimiento entre las partes de que el caso de Maricarmen sí que ha agitado la política española y que quizás eso puede dar paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible: Rodríguez, de hecho, afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas”. Las negociaciones, no obstante, se prevén largas, y que el Ejecutivo pueda aprobar el martes un texto para que entre ya en vigor solo sería el primer hito de las mismas. Después, habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el decreto se sometiera a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.

En lo que se centra el Ministerio de Vivienda es en atar los votos de Junts, sin duda los más difíciles de amarrar de cuantos necesita en el Congreso. Porque los independentistas catalanes ya se comportan en la práctica desde hace muchos meses como una fuerza más de oposición junto a PP y Vox, y por eso el Gobierno ya hace una lectura optimista del mero hecho de que ahora se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya se intercambian documentos y la meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas. 

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas que estudia el Gobierno tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente y no el propietario quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso. Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

Junts admite negociaciones

Los independentistas confirmaron este miércoles que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda en relación al decreto. Y esa asunción supone una novedad en sí misma, porque Junts lleva muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno, aunque lo cierto es que los puentes nunca se han roto del todo. Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont aseguraban este jueves que el PSOE está “estudiando” sus propuestas, y afirmaban, además, que “hace dos semanas” hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de “medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda” que Junts presentó “hace meses” en el Congreso. “Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas”, apuntaban estas fuentes de Junts.

La mención de los independentistas a esas “medidas concretas” que plantearon en el Gobierno “para afrontar la crisis de vivienda” no es casual, sino que señala el camino por el cual los independentistas quieren que discurra la negociación. El pasado mes de abril, Junts presentó una proposición no de ley —una iniciativa sin efectos legales, pero que sí sirve para ejercer presión política— que agrupaba las medidas que, a juicio de los de Puigdemont, deberían adoptarse “en materia de arrendamiento de viviendas”. El grueso de ese paquete es fiscal y va en la línea de lo que los independentistas llevan meses pidiendo al Ejecutivo: deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual.

En la misma línea, Junts propuso unos meses antes la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de las medidas de carácter fiscal exigidas por los independentistas ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, aunque para Junts ese texto se quedaba corto por no incluir algunas de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Podemos, la otra formación que mayor distancia mantiene con el Gobierno en materia de vivienda —aunque por motivos radicalmente opuestos a los de Junts—, ni confirma ni desmiente que Vivienda se haya puesto ya en contacto con ellos. Fuentes de la formación prefieren ser cautas y no desvelan cuáles serían las condiciones que pondrían para apoyar el paquete de medidas que prepara el Gobierno, si bien en julio Podemos expresó su línea roja de manera muy clara: no está dispuesto a apoyar ningún decreto que incluya una reforma de la ley del suelo para relajar las regulaciones a la hora de construir vivienda, como pretendía el ala socialista del Ejecutivo. Esta reforma era promovida tanto por el PSOE como por el PNV, aunque Vivienda se niega a concretar si insistirá en incluirla en el decreto y los nacionalistas vascos, por su parte, han evitado pronunciarse a la espera de que la negociación avance.

ERC critica que se negocie primero con Junts

Quien sí decidió este jueves tomar posiciones de cara al reinicio de las conversaciones es ERC. Lo hizo por boca de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que se mostró crítico con la decisión del Ministerio de Vivienda de comenzar las negociaciones por intentar convencer a Junts, con el que los republicanos mantienen una intensa rivalidad en Catalunya. “Es un error”, Puigdemont “no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás”, denunció Rufián, que aseguró que son el Gobierno y “las izquierdas” quienes, “después de negociar, le impongan a Junts qué hacer con la vivienda”. “Y si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas”, argumentó el dirigente.

Fuentes de ERC van más allá y lamentan que Vivienda haya comenzado a negociar con un grupo con “intereses inmobiliarios” como los que, denuncian, tiene Junts y algunos de sus diputados. No obstante, estas fuentes también admiten que los republicanos están manteniendo ya conversaciones con el Gobierno, y confían en que la “presión” social tanto en Catalunya como en el resto de España empuje al ala socialista del Ejecutivo a poner en marcha medidas “efectivas” para garantizar el derecho a un techo.

Por el contrario, EH Bildu mantuvo un tono más conciliador y verbalizó su disposición a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo, aunque también exigió al resto de los grupos que hagan lo propio. Su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, aseguró este jueves que la formación abertzale es consciente de que tendrá que “asumir ciertas cuestiones” aunque les “satisfagan del todo”, pero pidió “lo mismo al resto de actores políticos, que todos nos dejemos pelos en la gatera en pro de un objetivo común, que es frenar los desahucios y frenar la dramática realidad a la que se enfrentan cientos de miles de personas”. Lo único que concretó Matute sobre la posición inicial de su partido en las negociaciones es que EH Bildu rechaza las bonificaciones fiscales “a la carta y generalizadas” que no discriminen por nivel de renta.

El pulso en el seno del Gobierno por las políticas de vivienda, revitalizado el pasado miércoles a raíz del desahucio de Maricarmen, se recrudece. El impacto mediático del desalojo de la mujer de 87 años, que fue sacada por la fuerza de su casa de Madrid, propiedad de un fondo buitre, ha forzado al Ejecutivo a moverse y ha reactivado las negociaciones para poner en marcha un decreto de medidas para paliar la crisis de acceso a un techo, con la idea de aprobarlo el próximo martes. Pero Sumar considera que ese paquete no es suficiente, y el ala minoritaria del Ejecutivo exigió este jueves que el Consejo de Ministros de la semana que viene expropie el piso de Maricarmen al fondo que es titular del mismo y se lo ceda a su antigua inquilina.

La mayor parte de los ministros de Sumar, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se coordinaron desde primera hora del jueves para plantear esta reivindicación. La propia Díaz, en sus redes sociales, planteó que “sí o sí” el Consejo de Ministros del próximo martes “debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres”. También hizo lo propio la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, que espetó que “después de un año negociando” con el fondo buitre, “se acabó el tiempo”. En términos similares se expresó el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y fuentes de su departamento explican que Sumar ha trasladado al PSOE por escrito su propuesta.

“El Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general”, plantean estas fuentes de Derechos Sociales, que aseguran que “la recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda”. “Ante la negativa a negociar del fondo, el único camino ahora es la expropiación de la vivienda”, insisten estas fuentes.

A primera hora de la mañana, los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y Sanidad, Mónica García, no se habían pronunciado, aunque el primero sí difundió en sus redes sociales el mensaje de Bustinduy exigiendo la expropiación del inmueble. García, por su parte, mantuvo en la tarde del miércoles un intercambio de reproches con el ministro de Transportes, Óscar Puente, compañero suyo en el Consejo de Ministros por parte del PSOE, que criticó a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por dar “lecciones de izquierdismo” a los socialistas.

“No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario”, pidió la ministra de Sanidad, a quien Puente respondió que es Colau quien se equivoca de adversario. El ministro de Transportes no solo se enzarzó con García, sino que lleva desde la tarde del miércoles criticando el supuesto “adanismo” de la izquierda a la izquierda del PSOE e insultando con términos como “infantiles” y “berdadera hizquierda” (sic) a cuentas que defienden al espacio político con el que comparte Gobierno.

Además de los ministros de Sumar, otros socios, tanto de la alianza Sumar como de los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso, también pidieron la expropiación del inmueble y el realojo en el mismo de Maricarmen. Es el caso de Compromís, que por boca de su diputado Alberto Ibáñez exigió la incautación del piso y, en caso de que no se produzca, la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Siguiente paso: socializar las casas que los fondos buitre han arrebatado al pueblo. Basta ya”, denunció Ibáñez.

Una respuesta política de urgencia ante el estallido de indignación social provocado por el desahucio de Maricarmen. Esa es la idea con la que trabaja el Gobierno para intentar llegar al próximo Consejo de Ministros con un decreto de vivienda que se encuentra paralizado desde principios de julio por la falta de apoyo parlamentario. En la Moncloa, aunque insisten en recordar que son los grupos de la derecha los que bloquean la norma y que es el PP allí donde gobierna el que no aplica la ley, asumen que la fotografía de una mujer de 87 años sacada de su casa por antidisturbios de la Policía Nacional es un golpe durísimo para un Ejecutivo que prometió que esta sería “la legislatura de la vivienda”. “Por supuesto que vamos a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto que es imperioso”, apuntó el propio presidente, Pedro Sánchez, desde Nueva York.

La orden política ahora es apretar el acelerador en mitad de un chaparrón de críticas de los colectivos de inquilinos y de las fuerzas de izquierda. De hecho, ante el previsible desenlace de la situación de Maricarmen, hay varias voces en el seno del Gobierno que ya defendieron de puertas hacia adentro la conveniencia de que ese decreto hubiera sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta misma semana. Pero nunca llegó el visto bueno político a ese paso. Lo que ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora es que ese decreto debía impulsarse cuando se tuviera algún viso de éxito parlamentario, pese al rechazo de Sumar, que lleva semanas exigiendo aprobar el texto y tratar de amarrar los votos con él ya en vigor. Principalmente, para que un paquete que incluye, entre otras cosas, medidas tan sensibles como mecanismos antidesahucios o la prórroga de los alquileres no volviera a estar condenado de antemano al fracaso durante su validación en el Congreso.

Pero todo cambió este miércoles tras el desalojo de Maricarmen, que dejó escenas de gran impacto que recordaron al peor momento de la gran recesión y a sus consecuencias económicas y sociales. El objetivo ahora es que el borrador que tiene preparado desde hace meses un Ministerio de Vivienda en el ojo del huracán sea negociado a marchas forzadas en el seno del Gobierno con Sumar, pero también con el conjunto de socios parlamentarios del Ejecutivo. Y que incluso pueda ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros aunque no existan todas las garantías de su refrendo en el Congreso.

En cualquier caso, los contactos han comenzado ya. Esta misma semana la propia ministra de Vivienda ha hablado personalmente con los portavoces de algunos de los grupos parlamentarios cuyo voto resulta indispensable para la convalidación, descontado el 'no' de fuerzas como PP o Vox. Además, fuentes de Vivienda confían en que algunas de las fórmulas estudiadas y planteadas en el borrador del decreto sirvan para alcanzar “la cuadratura del círculo” de toda la legislatura. Es decir, conseguir poner de acuerdo a fuerzas políticas tan dispares como Junts, con un discurso alineado claramente a las tesis de PP y Vox en materia de vivienda, con otras de marcado acento de izquierdas como Podemos, que piden ir más allá.

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de las derechas (principalmente Junts) de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente, y no el propietario, quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

Negociación con Sumar

Fuentes de la parte minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, también confirman a elDiario.es que hay negociaciones en marcha con el PSOE para aprobar un decreto de vivienda en los próximos días. En concreto, estas fuentes señalan que están trabajando con la idea de llevar un texto al Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, el último del mes de septiembre. No obstante, todos los dirigentes consultados insisten en que no se trata de una fecha cerrada y en que no es seguro que ese calendario vaya a cumplirse.

“Lo que ha ocurrido este miércoles”, con el desahucio de Maricarmen y la enorme atención mediática que ha suscitado, “ha sido un punto de inflexión” en el debate social y político sobre la vivienda, valora un dirigente del espacio de Sumar. Estas fuentes se muestran esperanzadas y explica que las negociaciones con el PSOE se han intensificado en las últimas horas. Los socialistas “claramente se están moviendo”, aseguran a este respecto.

Otro dirigente de Sumar, por su parte, abunda en esta idea y sostiene que el PSOE ha trasladado a su socio minoritario que estudia aprobar la semana que viene un decreto en materia de vivienda, aunque advierte que los socialistas han evitado dar esa decisión por cerrada. Fuentes de la alianza consideran que la Moncloa se ha visto obligada a moverse tras las críticas recibidas por el desahucio de Maricarmen no solo desde la izquierda alternativa, sino también desde algunos opinadores y referentes mediáticos afines al propio PSOE.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de “error” que el Gobierno negocie con Junts este decreto. “Junts no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás. Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la Vivienda”, ha escrito en su cuenta de X. Según Rufián, “si Junts no quieren votarlo que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que JAMÁS un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene”. “Ya basta de chantajes de la derecha catalana”, ha asegurado.

Desgajar el escudo antidesahucios

Fuentes de los socios parlamentarios del Gobierno explican que, según traslada el Ejecutivo, una de las opciones que estaría sobre la mesa es la de aprobar por separado las medidas para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de personas vulnerables, que podrían concitar un consenso mayor que el resto del decreto y ser convalidadas con mayor facilidad. El Ejecutivo no confirma ni desmiente este extremo, aunque Sumar asegura que apuesta por que el decreto se apruebe de una sola vez, con todas las medidas que estaban comprendidas en el borrador que se envió hace meses a los grupos para comenzar la negociación con ellos.

La iniciativa estrella de ese texto —además del escudo antidesahucios— era la prórroga por dos años y al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Además, el borrador del decreto incluía el endurecimiento de la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

No obstante, el borrador también contenía una reforma en profundidad de la ley del suelo para relajar la regulación para la construcción de vivienda. Esta es una propuesta clásica del PSOE y también de partidos como el PNV, Junts o incluso el PP, pero choca frontalmente con Podemos, cuyos votos son clave para la convalidación del decreto y que ha asegurado que no piensa apoyar ningún texto que incluya estas reformas. Junts, por su parte, también rechazó el borrador planteado por Vivienda por no incluir algunas de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Lío en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso este miércoles. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, protagonizó una acalorada discusión con la diputada y secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, después de que esta mostrase durante su intervención un spray de pimienta, un instrumento que se considera legalmente un arma, cuya posesión está vetada salvo en determinados casos y que está prohibido introducir al Congreso. Armengol exigió a Vázquez que se deshiciera del spray y llegó a amenazarla con la expulsión del hemiciclo si no lo hacía, ante lo cual la parlamentaria terminó abandonando por decisión propia su escaño arropada por los aplausos de la bancada del PP.

La diputada popular mostró el spray durante su intervención en la sesión de control mientras interpelaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y criticaba la inseguridad que —dijo— sufren las menores de edad en Ceuta a causa de la estancia en las calles de la ciudad de miles de inmigrantes que accedieron irregularmente a la ciudad en la entrada masiva de finales de julio. “Este es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes, este es el material escolar básico, un spray de gas pimienta. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutíes? ¿Acaso las mujeres de Ceuta no pueden tener libertad, pasear por las calles, que los niños jueguen en los parques, no pueden recuperar su ciudad invadida?”, espetó mientras esgrimía el arma.

Tras su intervención, Armengol llamó al orden por primera vez a Vázquez “por haber enseñado un arma en el Congreso”, lo que provocó una airada protesta de la bancada del PP y de la propia interpelada, que comenzó a gritar a la presidenta de la Cámara desde su escaño sin estar en el uso de la palabra. Armengol no expulsó a la parlamentaria, sino que le pidió salir del hemiciclo para deshacerse del spray y que luego volviera a entrar. Ante la negativa de la diputada a seguir esas instrucciones, la presidenta la llamó al orden por segunda vez y le avisó de que, ante una tercera advertencia, la expulsaría de su escaño, lo que hubiera supuesto que no hubiera podido participar en el resto del pleno.

Finalmente, Vázquez abandonó el hemiciclo por decisión propia antes de ser expulsada entre la ovación de todo su grupo con la excepción de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que permaneció sentado en su escaño sin aplaudir. Minutos después del episodio, no obstante, Feijóo acusó a Armengol de estar “muy indocumentada” o de “tener muy mala fe”, y se cuestionó “cómo se puede decir que ha traído un arma” en conversación con los periodistas en los pasillos del Congreso. “No se puede decir a una diputada del PP que ha traído un arma”, insistió el líder del PP, que aseguró que le da “vergüenza” la actuación de la presidenta de la Cámara Baja. “Es inaudito. Quien inflama el debate es Armengol. No es un arma y además está vacía”, apuntó.

No obstante, según explicó Armengol a Vázquez durante su intercambio en el hemiciclo, la ley sí considera el spray de gas pimienta como un arma. El reglamento que regula este tipo de instrumentos establece en su artículo 5.I que “queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados” de “los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas”. La única excepción que contempla la norma son los sprays aprobados por el Ministerio de Sanidad: su venta sí está permitida, pero eso no significa que no se consideren armas.

Además, el reglamento del Congreso establece en su artículo 101 que los diputados que “portaren armas dentro del recinto parlamentario” se exponen a “la suspensión temporal en la condición de diputado” por razones “de disciplina parlamentaria”. Esta medida, no obstante, debería adoptarla el pleno de la Cámara por su excepcional gravedad.

Intoxicación de una delegada de Mauritania

Minutos después del episodio en el hemiciclo, fuentes parlamentarias informaron de que se habían acordonado y clausurado tres baños y una de las cocinas del Congreso después de que una integrante de la delegación del Parlamento de Mauritania, que se encuentra de visita en España, se sintiera indispuesta al tratar de utilizar el aseo. En un mensaje dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios, Armengol les explicó que, “a las 10.26” horas —una media hora después de la discusión entre Vázquez y la presidenta en el hemiciclo— se había “recibido un aviso de la Policía indicando que alguien había vaciado algún tipo de spray” en esas instalaciones.

En los siguientes minutos, según explicaba Armengol a los portavoces en dicho mensaje, ese “fuerte olor” se extendió a las cocinas, lo que provocó que tanto los tres baños como el comedor fueran clausurados ante el riesgo para “personas con problemas respiratorios”. La delegada de Mauritania, de hecho, tuvo que ser atendida por los servicios médicos del Congreso. Fuentes parlamentarias explican que se están revisando las cámaras de seguridad de la Cámara Baja para intentar determinar quién vació dicha sustancia tóxica en los baños.

Al filo de las 13.00 horas, fuentes del PP confesaban que Vázquez había entregado el bote de spray de gas pimienta a un asesor del grupo parlamentario tras salir del hemiciclo para que lo lavase, y que este lo accionó accidentalmente en un baño. Estas fuentes aseguran que el arma estaba prácticamente descargada, aunque sí admiten que quedaba algo del gas y que este se diseminó cuando el asesor pulso fortuitamente el botón del spray.

Pese a todo, la diputada Vázquez aseguró en declaraciones a los medios durante la mañana del miércole que reincidirá en su comportamiento. “Los volveré a traer [los sprays de gas pimienta] las veces que haga falta”, aseguró secundada por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. “Está vacío”, dijo igualmente sobre el spray antes de compararse con “todas las mujeres y niñas de Ceuta” que han comprado armas similares ante el aumento de la inseguridad en la ciudad autónoma.

El agitador ultraderechista Vito Quiles ya no tiene acreditación de periodista en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara Baja decidió este martes retirarle la credencial a Quiles al considerar probado que incurrió, el pasado marzo, en tres infracciones graves del reglamento al que está sujeta la prensa en la institución. Estas tres condenas se unen a las que ya recibió en mayo y julio el activista —que le acarrearon sendas suspensiones por tres meses y un mes, respectivamente— y a la retirada cautelar de su credencial decretada también en mayo en atención a los reiterados altercados que ha provocado en los últimos años.

A causa de esa reiteración, las sanciones adoptadas este martes son las fijadas para las faltas muy graves, y por ello la expulsión de Quiles es definitiva. La decisión la adoptó la Mesa con la mayoría que ostentan en ella los representantes del PSOE y Sumar, mientras el PP se abstuvo de participar. Los populares también rechazaron el año pasado la reforma del reglamento del Congreso para incluir un código de comportamiento para mantener el civismo y proteger el trabajo de la prensa en la institución. Esa normativa es la que ha permitido instruir y tramitar las sanciones contra Quiles y también contra el activista ultraderechista Bertrand Ndongo, a quien se le retiró temporalmente la acreditación de prensa hace meses y que también tiene varios expedientes pendientes de resolución.

La decisión de expulsar a Quiles se adopta con el beneplácito de los letrados del Congreso tras la tramitación en los últimos meses de dos expedientes por la difusión en redes sociales de imágenes no permitidas obtenidas en la Cámara Baja, así como de un tercero por interrumpir una rueda de prensa. Esos expedientes estaban listos a finales de agosto, pero la Mesa decidió otorgar un último plazo de alegaciones al activista ultraderechista para que argumentara en su favor. Fuentes parlamentarias explican que Quiles no ha utilizado este tiempo para presentar su versión de los hechos. “Que se vayan al cuerno, a mí no me van a echar”, se limitó a responder el agitador en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Además de haber retirado permanentemente la credencial de prensa a Quiles, el Congreso también mantiene expulsado temporalmente a Ndongo, a quien se sancionó el pasado julio por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario. El activista ultraderechista tiene pendientes de resolución varios expedientes en diferentes puntos de su tramitación, varios de ellos por la supuesta comisión de infracciones graves o muy graves, como los insultos que profirió contra la diputada Aina Vidal (Sumar). Esos expedientes pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso.

El calendario avanza inexorable y las encuestas son tozudas: si el bloque progresista quiere tener alguna posibilidad de mantener el Gobierno tras las próximas elecciones generales necesita que la izquierda alternativa se recomponga. Desde hace meses, los cuatro principales partidos encuadrados en Sumar (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns) se encuentran negociando la reconfiguración de su alianza mientras Podemos, la otra gran pata del espacio, avanzaba por su propia vía. La semana pasada, no obstante, se abrió —por primera vez desde la ruptura de 2023— la puerta a que ambos caminos confluyan en uno. Y todos los actores comienzan a moverse con mayor brío, conscientes de que la fase decisiva para definir la fórmula electoral para las generales se les echa encima.

La oferta pública que lanzó Podemos el sábado de la semana pasada, la de celebrar unas primarias abiertas para elegir candidatos para una lista unitaria de la izquierda fue —casualmente o no— el pistoletazo de salida de intensos movimientos públicos en un espacio que nunca ha llegado quedar del todo paralizado, pero que avanzaba lentamente hacia la definición de su futuro electoral. El movimiento de los morados ha obligado a todos los actores que se encuadran en la alianza aún conocida como Sumar a posicionarse ante la posibilidad de organizar un proceso conjunto de elección de listas. E IU, por su parte, ha dado también un paso adelante y ha anunciado que escogerá a sus referentes en las candidaturas en los próximos días.

La sensación entre todos los actores a la izquierda del PSOE es compartida: el tiempo para aclarar cuál será la fórmula para presentarse a las generales apremia y estas son las semanas clave para ello. Pero en el camino a seguir no hay tanto consenso y ese desacuerdo lo evidenció la respuesta a la oferta de primarias de Podemos. IU recordó el martes pasado que ya propuso primarias conjuntas hace meses y se mostró favorable a crear un censo conjunto de todos los partidos de la izquierda alternativa para celebrar ese proceso, una idea que fuentes de Podemos ven aceptable. Los Comuns, por su parte, han evitado posicionarse con claridad al respecto, aunque en el seno del partido catalán la fórmula genera recelos. Por el contrario, Movimiento Sumar y, especialmente, Más Madrid se han opuesto con claridad a las primarias.

Como siempre que las organizaciones discuten sobre métodos de elección de listas, el discurso público que esgrimen es de defensa de la democracia interna, pero la realidad tiene mucho más que ver con los intereses de cada una. Podemos —que cuando lideraba Unidas Podemos siempre se opuso a este formato— considera que tiene opciones reales de ganar unas eventuales primarias conjuntas, lo cual le daría una oportunidad de oro para retomar el control del espacio posicionando a Irene Montero como la candidata de toda la izquierda alternativa. IU, por su parte, tampoco tiene miedo a unas primarias en las que considera que puede ser competitivo, habida cuenta de que es la organización federal que mayor implantación en el territorio.

Movimiento Sumar es quien más tiene que perder, puesto que cuenta con las estructuras y la militancia más débiles. Y Más Madrid, aunque es fuerte en su territorio y tiene capacidad de movilizar a sus afiliados, aspira a controlar la mayor parte de la lista de Madrid y no ve con buenos ojos la mera opción de que Montero sea la candidata de todo el espacio. Fuentes de la formación, además, argumentan que poner en marcha un proceso de primarias conjuntas tiene una complejidad técnica complicada de afrontar.

El candidato de Sumar, la gran incógnita

En cualquier caso, este proceso de primarias conjuntas no tendría lugar hasta que los cuatro partidos agrupados en Sumar elijan su propio candidato, ya sea para lanzarlo a esa competición con Montero o para que empiece a darse a conocer como sucesor de Yolanda Díaz. Fuentes de Sumar consideran que lo más probable es que el nombre de ese referente no se dé a conocer hasta el mes de octubre, pese a lo apretado del calendario. Y, a lo largo de la semana, dos nombres han sido protagonistas en las quinielas: los de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Ninguno de los dos dirigentes ha expresado su deseo de ser candidato de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns a las próximas elecciones generales. Pero, en una entrevista ofrecida el jueves a Catalunya Ràdio, Urtasun evitó cerrar la puerta a esa posibilidad al ser preguntado expresamente por ella. “Mis compañeros saben que pueden contar conmigo” y “estaré donde ellos decidan”, planteó el ministro, aunque fuentes de su equipo aseguran que no tiene intención de encabezar las listas. Colau, por su parte, afirmó el lunes en el programa Cafè d'idees de TVE que se “podría volver a plantear” su vuelta a la política institucional si en algún momento su figura es “especialmente útil”. Hoy por hoy, no obstante, “sigo diciendo que no”, sostuvo la exalcaldesa. En su mayoría, las fuentes del espacio consultadas no creen que la de Colau sea una opción real, aunque algunos dirigentes observan atentamente sus movimientos.

Por su parte, IU lanzará este domingo su propio proceso de primarias para escoger a los dirigentes que incluirá en las listas para las generales. Ese proceso, que es obligatorio según los estatutos de IU, no implica que la federación haya decidido romper y presentar listas en solitario a las generales: el coordinador federal, Antonio Maíllo, matizó el martes pasado que los nombres que sean más votados en las primarias son los que IU ofrecerá “al espacio político en el que se quiere presentar”. Pero sí que eleva la presión sobre Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar, los tres socios preferentes de la federación, para acabar de una vez con los retrasos en la elección de la marca y el candidato unitarios para las próximas elecciones.

Aunque Podemos se encuentra expectante en relación con los movimientos en el tablero de Sumar y en cómo podrían afectarles, los morados han evitado pronunciarse oficialmente sobre ellos. Pero sí lo ha hecho el ex secretario general del partido, Pablo Iglesias, que cargó el jueves contra la posibilidad de que Urtasun fuera el candidato de Sumar calificándolo como “una figura de ICV que bien podría formar parte de una lista del PSC” y señalando así la dificultad de un encaje entre los morados y una lista liderada por el ministro.

Iglesias, asimismo, también lanzó un mensaje velado a IU para que presione dentro de Sumar para las primarias conjuntas argumentando que, en caso de que finalmente no haya una candidatura unitaria de la izquierda alternativa, los de Maíllo podrían incluso quedarse sin representación en el Congreso. “Con las encuestas actuales, solo dos de los cuatro partidos de Sumar tendrían asegurada la representación electoral: Más Madrid por su circunscripción (Madrid) y los Comunes por Barcelona”, planteó el exdirigente, que afirmó que “en la Comunitat Valenciana, según las encuestas, solo entraría Compromís, y en Andalucía, con tres candidaturas a la izquierda del PSOE (Adelante, IU-Sumar y Podemos), las opciones de los partidos que formaron Unidas Podemos serían escasas, lo mismo que en las naciones históricas, en Canarias, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón, etc”.

Rufián pide entendimiento... desde la barrera

A las palabras de Iglesias contra Urtasun respondió este viernes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que espetó en X —el antiguo Twitter— que “conviene recordar (otra vez) que la mejor manera de 'reventar a la derecha'”, una de las expresiones utilizadas con más frecuencia por el exlíder de Podemos, “es no reventar a otras izquierdas, por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan”. “De eso tenemos todos y no interesan a nadie a no ser que busques precisamente eso: reventar”, avisó Rufián, que pidió a “quien pueda unir, que una” y a “quien no, que se aparte”.

El portavoz de ERC, no obstante, avisa como mero espectador de los movimientos en el espacio de la izquierda alternativa de ámbito estatal. Pese a ser, casi unánimemente, el perfil favorito de prácticamente todos los partidos a la izquierda del PSOE para encabezar una candidatura, ERC ha rechazado por activa y por pasiva su idea de encabezar una lista conjunta de organizaciones estatales, territoriales e independentistas. Y Rufián ha declinado romper con su formación para lanzarse a la carrera electoral al frente de la alianza que propone, una decisión que ninguno de los partidos a la izquierda del PSOE confía en que cambie a estas alturas.

Las próximas semanas se presentan claves para que el borroso futuro electoral de la izquierda alternativa comience a aclararse. Aún no hay una fecha fijada para que Sumar presente a su candidato ni su nueva marca, y tampoco para que se decida si se celebran unas primarias conjuntas con Podemos o no. Pero Urtasun, hace unos días, prometió que no tardará “mucho” en haber noticias. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, da un paso en el camino para convertirse en el próximo candidato de los partidos que se encuentran renegociando la alianza Sumar (IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar) en las próximas elecciones generales. Aunque su nombre lleva meses en las quinielas, Urtasun siempre había echado balones fuera al ser preguntado por esta posibilidad. Pero, este jueves, el titular de Cultura no solo no esquivó la cuestión, sino que dejó la puerta abierta a ser candidato al asegurar que su posición en las listas será la que sus “compañeros decidan”.

Fuentes próximas a Urtasun, no obstante, descartaban minutos después de estas declaraciones que el ministro quiera ser candidato y enmarcan sus palabras en lo complejo del momento que atraviesa la izquierda alternativa.

Las palabras de Urtasun tuvieron lugar en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, apenas unos días después de la oferta pública de Podemos para realizar unas primarias abiertas para elegir las candidaturas de toda la izquierda alternativa, un movimiento que ha acelerado los movimientos en el espacio. “Estoy y estaré en mi espacio, mis compañeros saben que pueden contar conmigo”, sostuvo el ministro de Cultura al ser preguntado sobre la posibilidad de liderar las listas. Y, ante la insistencia del entrevistador, Urtasun afirmó que cumplirá su “papel” allá “donde los compañeros decidan”.

“Daremos la batalla y lo que hará cada uno pues lo tendremos que decidir”, sostuvo a este respecto Urtasun, que aseguró sentir “una grandísima responsabilidad” ante la posibilidad de que la extrema derecha alcance el Gobierno. “Las candidaturas, quién irá, por dónde, cómo lo haremos... eso lo aclararemos, no tardaremos mucho en aclararlo”, prometió.

Con esa respuesta de manual para no descartar ser candidato sin lanzarse abiertamente, el dirigente evita quedar descartado de la primera línea de una carrera en la que, hasta ahora, tan solo hay una aspirante ya definida: la número dos de Podemos, Irene Montero, que será la apuesta morada para concurrir a las generales en solitario o dentro de una lista conjunta de la izquierda, si se llega a concretar. Dentro de Sumar, los principales dirigentes se han ido autodescartando en los últimos meses: así lo hicieron Pablo Bustinduy, Mónica García o la propia Yolanda Díaz, que anunció su paso atrás el pasado febrero.

El Gobierno abrirá una investigación interna para esclarecer las palizas y vejaciones de militares que denuncian al menos una veintena de migrantes de Ceuta y que reveló elDiario.es. Según fuentes de la Moncloa, el Ejecutivo no tenía constancia de esas denuncias de agresiones que también refrendan las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno. Aunque, en cualquier caso, se compromete a dar los pasos necesarios para averiguar lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Este periódico adelantó este martes que una veintena de testimonios recopilados de manera directa, a los que se suman un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes.

A pesar de la gravedad de las denuncias, ningún grupo político interpeló al respecto este miércoles en el Congreso ni al presidente, ni a ningún ministro durante la sesión de control. Aunque varios socios del Ejecutivo, preguntados por elDiario.es, sí reclamaron explicaciones a posteriori en declaraciones públicas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre “las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta”, desveladas por elDiario.es. Asimismo, Martínez pidió a Robles “depurar responsabilidades” en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.

“Nos preocupan e indignan enormemente” estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son “contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática”. “Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa”, criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que “no puede quedarse sin actuar ante estos hechos” y para exigirle “investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades”. “Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos”, avisó.

En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de “inaceptables” estos comportamientos de algunos militares. “Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida”, denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una “responsabilidad in vigilando” sobre estos malos tratos.

“Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas”. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino “dar traslado a la Fiscalía” de las eventuales “acciones delictivas” que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos por elDiario.es revelan acciones de “extrema gravedad” que “exigen una investigación en profundidad”, y exigen “la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta” hasta que “se aclare lo ocurrido”. “Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente” del Ejército, plantean igualmente los morados.

Redadas de patrullas militares

Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. elDiario.es recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron a abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras.

En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse. En ese momento, un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada, descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó Ibrahim Benavides, vecino y líder comunitario de la barriada de El Príncipe, delante del uniformado. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó.

Cuando los militares se retiraron del barrio, un migrante tras otro empiezan a aparecer entre los rincones donde se habían escondido. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dice Adam, uno de los chavales que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. A su alrededor, una decena de migrantes quieren contar lo sucedido.“Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añade mientras ese mismo adolescente que menciona, también llamado Adam, toca su labio ensangrentado. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no les consta ninguna denuncia” y condenan “cualquier tipo de violencia”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en Ceuta para preservar la convivencia. No cabe duda de que se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer”, señalan las mismas fuentes.

La izquierda alternativa bulle de actividad en los últimos días como no ocurría desde hacía meses. El movimiento de Podemos, que el pasado sábado propuso la celebración de unas primarias abiertas para escoger el candidato y las listas de una candidatura única a la izquierda del PSOE, ha electrizado un espacio que llevaba meses avanzando a paso lento y en el que, hasta ahora, no se vislumbraba una vía clara para un reencuentro entre los morados y los partidos que están negociando la reconfiguración de Sumar. Y quien ha respondido con más contundencia es IU, que ha abierto la puerta a llevar a cabo ese proceso, pero que, simultáneamente, ha arrancado su maquinaria para elegir a sus propios referentes de cara a las generales.

Así lo anunció este miércoles el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía explicó que el próximo domingo la Coordinadora Federal de la organización —su ejecutiva— aprobará “el calendario de primarias” para la elección de sus propios candidatos a las generales. Ese proceso, que es obligatorio según los estatutos de IU, no implica que la federación haya decidido romper y presentar listas en solitario a las generales: el propio Maíllo matizó que los nombres que sean más votados en las primarias son los que IU ofrecerá “al espacio político en el que se quiere presentar”. Pero sí que eleva la presión sobre Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar, los tres socios preferentes de la federación, para acabar de una vez con los retrasos en la elección de la marca y el candidato unitarios para las próximas elecciones.

Ese paso adelante que fuentes de la federación sostienen que estaba previsto antes del anuncio de Montero, se produjo unas horas después de que el propio Maíllo valorase positivamente en una entrevista en el canal 7 TV Andalucía el “giro” de Podemos “de no estar abierto a un proceso de debate político a estarlo”. “Nosotros llevamos dos años diciendo que el nuevo frente amplio que se construya debe ser por método democrático y con primarias si no hay acuerdo”, señaló igualmente Maíllo, que calificó de “fantástico” optar por “ese procedimiento democrático” si supone una manera de alcanzar una lista unitaria con Podemos.

Parece improbable que los morados acepten ningún pacto que no conlleve la celebración de las primarias abiertas que Montero planteó el sábado pasado. La formación considera que son una manera de clarificar el peso de cada actor en el espacio a la izquierda del PSOE y la única vía para alcanzar un acuerdo que, consideran, es imposible a día de hoy de cerrar entre direcciones, habida cuenta de las profundas heridas que se mantienen abiertas desde hace años. Fuentes de IU, de hecho, confirman que la federación no está manteniendo conversaciones con Podemos paralelas a las que sí tiene abiertas con Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns. Y dirigentes morados coinciden en que su única interlocución directa con ese espacio, a día de hoy, es con la formación catalana en representación propia y de sus tres aliados.

Por tanto, que IU haya recibido con buenos ojos el movimiento de Podemos para celebrar unas primarias conjuntas allana el terreno para un eventual acuerdo, aunque fuentes próximas a Maíllo sostienen que no existía “ningún cálculo” tras las palabras del líder federal y que este se limitó a defender un método —las primarias— que IU lleva meses planteando como vía para elegir candidatos si no hay un acuerdo entre cúpulas. Varias fuentes del espacio, no obstante, sí consideran que el coordinador federal de IU ha intentado dar un empujón al proceso de recomposición de la izquierda, que inicialmente tenía que haber culminado antes de verano, pero cuyo final, ahora mismo, podría incluso postergarse hasta el mes de octubre.

Diferentes posiciones en Sumar sobre las primarias

Una fuente conocedora de los entresijos del espacio interpreta que tanto la buena acogida de IU a la oferta de Podemos como la puesta en marcha de su proceso de primarias internas —en el que el principal nombre que suena para ser el referente de la federación es el del líder de IU Andalucía, Toni Valero— echa el balón a rodar y obliga a Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar a posicionarse y a acelerar la toma de decisiones. Entre otras cosas, porque el hecho de que Podemos haya activado el modo precampaña con Irene Montero al frente fuerza al espacio que está reconfigurando Sumar a tener lo antes posible un candidato y una marca escogidos: ya sea para tener un referente que promover en unas primarias para una lista única, ya sea para competir con Montero por el espacio a la izquierda del PSOE.

La opción de celebrar este proceso de primarias abiertas, no obstante, no gusta en otras formaciones tanto como en IU. Algunas voces de los Comuns se oponen a un proceso que, consideran, supondría volver a bailar al son de un Podemos que ha rechazado participar de la construcción de una alianza estable que vaya más allá de las elecciones generales. No obstante, la formación catalana no se ha pronunciado oficialmente al respecto, y la portavoz Aina Vidal señaló el pasado lunes que es necesario hablar “tranquila y serenamente” y no a través de los medios de comunicación. “La ciudadanía no está pidiendo que hagamos titulares ni espectáculos”, sino “sentarnos a la mesa y negociar”, sostuvo.

Quien sí se opone con claridad a este formato de primarias abiertas es Más Madrid. Fuentes del partido argumentan que, técnicamente, la celebración de este proceso sería muy complicada por la gran cantidad de formaciones que lo integrarían. Pero la principal reticencia es política, como argumentó el pasado martes la líder de la formación, la ministra Mónica García, que sostuvo que no hay que empezar “la casa por el tejado” una eventual alianza con Podemos e incluso llegó a calificar el movimiento de los morados de “regate corto”. “No sobra nadie, nos necesitamos todos, pero sin hacernos trampas entre nosotros”, planteó.

Tampoco ha gustado la propuesta de Podemos en Movimiento Sumar, la más pequeña de las cuatro organizaciones que se encuentran reconfigurando su alianza, puesto que es la formación que más tendría que tener en una competición abierta por la presencia en las listas. El lunes pasado su co-coordinadora Rosa Martínez evitó dar una respuesta clara sobre la posibilidad de participar en unas primarias abiertas, pero fuentes de la formación sostienen que un proceso de esas características supondría entrar en una lógica de “competición” entre las izquierdas cuando lo que es necesario es la “cooperación”.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre “las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta”, desveladas por elDiario.es. Asimismo, Martínez pidió a Robles “depurar responsabilidades” en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.

Este diario publicó este miércoles una veintena de testimonios de migrantes que denuncian que patrullas de militares recorren Ceuta en busca de migrantes a los que agreden y roban dinero y teléfonos móviles. Los relatos recopilados de manera directa por este medio, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes. 

“Nos preocupan e indignan enormemente” estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son “contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática”. “Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa”, criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que “no puede quedarse sin actuar ante estos hechos” y para exigirle “investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades”. “Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos”, avisó.

En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de “inaceptables” estos comportamientos de algunos militares. “Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida”, denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una “responsabilidad in vigilando” sobre estos malos tratos.

“Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas”. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino “dar traslado a la Fiscalía” de las eventuales “acciones delictivas” que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.

Podemos pide suspender a los militares implicados

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos por elDiario.es revelan acciones de “extrema gravedad” que “exigen una investigación en profundidad”, y exigen “la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta” hasta que “se aclare lo ocurrido”. “Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente” del Ejército, plantean igualmente los morados.

Podemos, asimismo, exigió al Gobierno que ofrezca “explicaciones a la mayor brevedad”, y sostuvo que su deber es “garantizar que algo así no se repita nunca más”. “Les exigimos que cumpla con las obligaciones que la ley establece en materia de acogida y de garantía de los hechos humanos: es intolerable que, mes y medio después [de la entrada masiva en Ceuta], miles de personas sigan sin recibir ninguna atención y abandonadas a su suerte en una playa”, plantea el partido.

Al Gobierno se le vuelven a tensar las costuras en materia de vivienda. Este martes, el Congreso de los Diputados rechazó comenzar a tramitar una proposición de ley de Sumar para prohibir la venta de pisos a personas jurídicas, una norma pensada para evitar la adquisición masiva de inmuebles por parte de empresas con el fin de hacer negocio con ellos destinándolos al alquiler. La Cámara Baja se opuso a la toma en consideración de la norma con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Pero también lo hizo con la abstención del PSOE, un voto que no era decisivo ante el rechazo unánime de la derecha, pero que evidencia las posiciones distantes de ambas alas del Gobierno en este asunto.

Se trataba de la segunda vez durante la legislatura que Sumar traía a votación al Congreso la misma norma. Ya lo hizo el pasado mes de noviembre, cuando también fue rechazada con los mismos votos, pese a que el PSOE, en esta segunda ocasión, ha tenido más dudas sobre la posición que debía adoptar. De hecho, fuentes de Sumar explican que los socialistas, inicialmente, les confirmaron que apoyarían la toma en consideración del texto, una postura que finalmente cambió unas horas antes de la votación, cuando el ala mayoritaria del Gobierno decidió abstenerse como ya hiciera hace unos meses.

La incomodidad que genera este asunto en el PSOE quedó patente durante la intervención en el debate de su diputada Irene Jódar, que evitó aclarar cuál sería el sentido del voto de su partido unas horas después y se limitó a afirmar que los socialistas van a “seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna para todos y todas las ciudadanas de este país, eso sí, acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente”. De hecho, Jódar no se refirió en ningún momento al contenido de la norma ni a la posibilidad de prohibir la venta de vivienda a fondos buitre, y utilizó su discurso únicamente para cargar contra el “incumplimiento sistemático” de la ley de vivienda del que, dijo, son responsables las comunidades gobernadas por el PP.

“Llevan más de 3 años poniendo las mismas excusas: que si Pedro Sánchez castiga a las comunidades autónomas, que si Pedro Sánchez nos maltrata”, denunció la diputada socialista, que reivindicó que el Gobierno “ha puesto en marcha el plan estatal de vivienda dotado con más de 7.000 millones de euros a repartir entre sus comunidades autónomas y entre las nuestras”. Asimismo, Jódar aseguró que el Ejecutivo se ha centrado en “construir vivienda pública, rehabilitar la asistente, ayudar a quien más lo necesita y, por supuesto, asegurar que el suelo y la vivienda públicos sean siempre públicos”, y presumió de la apertura de la página web de la empresa pública Casa 47, con una oferta inicial de unas 800 viviendas en alquiler y precios desde 350 euros al mes.

De poco sirvió la apelación del diputado de Sumar Alberto Ibáñez, que durante el debate pidió expresamente al PSOE (y al PNV, que también se abstuvo) “un esfuerzo para cambiar su voto de la abstención al sí, no solamente por una cuestión de vivienda, sino porque la ciudadanía necesita ver que somos capaces de ceder, de avanzar y de acordar entre diferentes”. “Hoy no estamos haciendo otra cosa que decidir si prohibimos que los fondos buitre puedan comprar casas o no: es sencillo”, planteó Ibáñez, que aseguró que la votación de este martes dejaría claro “si creemos que el derecho a la vivienda es un derecho o no”.

Una “doble chapuza” para el PP

Mucho más clara fue la posición defendida por el PP. Su diputado Miguel Ángel Sastre calificó la proposición de ley de Sumar de “versión terrorífica” de una ley de vivienda que “ya ha fracasado” y que, en esta ocasión, plantea la “doble chapuza” de “limitar la compra a personas jurídicas”. “Casi nueve de cada diez viviendas las compran las personas físicas”, recordó Sastre, que sostuvo que, “suponiendo que sus medidas fuesen acertadas, que no lo son, después de años de zancadillas inútiles a la mayoría de propietarios pretenden solucionar ahora el problema atacando solo al 10%”.

“Vaya genialidad”, ironizó el diputado, que planteó el paquete clásico de propuestas del PP: acabar “con el papeleo excesivo”, “proteger al propietario frente a quien no quiere pagarle” y bajar impuestos a los tenedores de vivienda.

Por su parte, Junts justificó su voto en contra asegurando que la propuesta de Sumar terminaría siendo perjudicial para los inquilinos. “Dicen que esta iniciativa está dirigida a impedir que los fondos buitre puedan comprar, y no es cierto: si mañana presentan una iniciativa legislativa que dice que se prohíbe a los fondos buitre comprar vivienda, Junts la votará a favor”, prometió la diputada Marta Madrenas, que aseguró que la norma, tal y como está redactada, perjudicaría “a las cooperativas, ayuntamientos, la Generalitat y las empresas públicas”.

Lo cierto es que este martes no se votaba la puesta en marcha de la ley, sino únicamente el inicio de su tramitación, por lo que Junts hubiera podido plantear cambios en esa dirección si hubiera apoyado la toma en consideración del texto. No obstante, Madrenas cargó contra la norma en su conjunto, asegurando que sus medidas no hacen “nada” por “ayudar” a los pequeños compradores de vivienda —“ni les reduce el IVA, ni les facilita la entrada, ni les desgrava el ahorro, ni la hipoteca, ni hace bajar el precio del piso”— y denunciando que, con la redacción de la propuesta, “si Florentino Pérez, como persona física, quisiera comprar 100 viviendas, podría hacerlo”.

La tercera para del bloque de las derechas, Vox, también cargó con dureza contra la iniciativa. Su diputado Carlos Hernández Quero calificó el texto de “chapuza legislativa”, y se mostró igualmente crítico con el recién inaugurada portal de Casa 47, que tachó de web “chusca” con “tres powerpoints de colorines” y una oferta “pírrica” y “grotesca” de 800 viviendas. “800 viviendas es lo que hacía una mala tarde la administración pública cualquier año en los 60 o en los 80”, espetó Quero.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se perfila como el próximo candidato morado para intentar recuperar la representación del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Fernández, que fue portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2026, será previsiblemente ratificado para liderar la lista en la capital por las bases de la formación, que celebrará sus elecciones primarias entre el 5 y el 11 de octubre.

El paso adelante de Fernández evidencia que la estrategia de Podemos para el próximo ciclo electoral, que será clave para su superviviencia como proyecto político, se centrará en Madrid. El número tres intentará que la formación tenga concejales en el consistorio de la capital por primera vez desde 2019, cuando los perdieron tras la ruptura con Manuela Carmena, mientras la líder morada, Ione Belarra, será candidata a la Asamblea de Madrid para que Podemos recupere la representación perdida en las elecciones de 2023.

El propio partido morado reconoce la importancia de Madrid, donde Podemos nació y que siempre ha sido su principal feudo, para su futuro inmediato. Fuentes de la organización califican como una “batalla clave” las próximas elecciones locales en la capital para “acabar con el epicentro del poder de la derecha”. “Vamos a dejarnos la piel para que la ciudad deje de estar gobernada para unos pocos que mandan sin presentarse a las elecciones, como Florentino Pérez, y deje de ser el laboratorio de las políticas neoliberales del PP”, sostiene el propio Fernández en un comunicado.

Fuentes de Podemos explican que la campaña del candidato buscará “llevar la voz de los vecinos y vecinas a Cibeles para hacer frente al modelo del PP de Almeida y para pasar de un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir”. “Las políticas del PP en Madrid hacen que el dinero se acumule en unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la gente no puede pagar el alquiler, no tiene tiempo para conciliar con su familia, utiliza un transporte público saturado, y ve cómo desaparecen zonas verdes y cómo se amontona basura en las calles de su barrio”, plantea Fernández.

Fuentes del equipo del dirigente argumentan, además, que las movilizaciones sociales de los últimos meses en la capital demuestran “que son miles las personas que reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento”. La idea de Podemos, según estas fuentes, es construir “una candidatura nítidamente de izquierdas, con propuestas claras y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños y madrileñas”.

Los cuatro partidos que están negociando el relanzamiento de la alianza Sumar (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns) se ponen de perfil ante la oferta de primarias abiertas que lanzó el sábado pasado Podemos para escoger un candidato de toda la izquierda alternativa a las elecciones generales. Este lunes, una de las dos co-coordinadoras de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, aseguró en representación de las cuatro formaciones que valora “positivamente” que “Podemos considere una necesidad avanzar en una candidatura unitaria”. Pero, al ser preguntada expresamente por si es partidaria de celebrar estas primarias, sostuvo que “la fórmula” para alcanzar un eventual acuerdo con los morados no es algo que “preocupe” a los partidos que forman parte de Sumar.

Martínez explicó que ninguna de las organizaciones que están negociando la reconfiguración de Sumar han recibido ninguna comunicación por parte de Podemos tras el anuncio del sábado pasado proponiéndoles participar en estas primarias. “Todo lo que sabemos es lo que ha aparecido en la prensa”, afirmó la dirigente, que sin embargo intentó no confrontar con los morados y sostuvo que su intención es “respetar” las posiciones de las diferentes formaciones del espacio a la izquierda del PSOE. No obstante, Martínez insistió en que “la fórmula de los acuerdos, o cómo se concreten las alianzas electorales con otros, no nos preocupan en este momento”.

“Valoramos positivamente que Podemos considere una neceisdad avanzar en una candidatura unitaria”, pero “nosotros llevamos un año trabajando en ello con discreción, construyendo acuerdos, con diálogo”, deslizó, eso sí, la dirigente. La idea inicial de IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid era la de anunciar su nueva marca y el candidato que la liderará en las generales antes del parón veraniego, pero la nueva previsión es hacerlo a finales de este mes o, incluso, ya en octubre. Pese a esos retrasos, Martínez afirmó que los cuatro partidos tienen “su propia hoja de ruta y consensuada” y que los movimientos de Podemos no van a alterarla. “En las próximas semanas iremos haciendo anuncios, los tiempos los elegiremos” en base a esos planes, insistió.

En la misma línea se expresó la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, también dirigente de los Comuns, que celebró que Podemos “dé a entender que sí que quieren avanzar hacia una candidatura unitaria de la izquierda”. No obstante, Vidal pidió que las eventuales negociaciones con los morados se lleven a término con discreción y dejando la cuestión de las candidatura para el final. “Cuando hemos trabajado a partir de las listas, finalmente nos hemos acabado haciendo daño”, planteó.

El pasado sábado, fuentes de Podemos explicaban que no tratarían de imponer su marca de cara a una eventual candidatura conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE si finalmente otros partidos o dirigentes aceptaran participar en un proceso de primarias abiertas para elegir las listas. Además de a los partidos que se encuentran negociando la reconfiguración de Sumar, el movimiento de los morados interpela al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que hace unos días volvió a insistir en la necesidad de la unidad de las izquierdas. No obstante, Rufián ha descartado romper con su partido y los republicanos rechazan una coalición con otros partidos no independentistas.

Una de las principales incógnitas en el espacio de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales, cuál será la marca que sustituya a la de Sumar y qué dirigente encabezará sus listas, seguirá sin despejarse en el más corto plazo. Pese a que, en un principio, la idea de los cuatro partidos que están negociando el relanzamiento de su alianza —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns— era la de anunciar tanto el nombre como al nuevo líder antes del parón veraniego, las vacaciones llegaron sin novedades al respecto. Las cuatro formaciones señalaron septiembre como el mes clave para clarificar su futuro. Pero, con casi la mitad del mes ya transcurrida, no solo no hay fecha para realizar el anuncio, sino que algunas voces, incluso, abren la puerta a que se retrase hasta octubre.

Oficialmente, el espacio se muestra hermético al ser preguntado por sus planes de cara a las generales. La respuesta más habitual es un lacónico “seguimos trabajando” para presentar lo antes posible la nueva marca y el candidato que la capitaneará. Y fuentes de Sumar aducen que la crisis migratoria de Ceuta, que está suponiendo un enorme desgaste para el Gobierno y, especialmente, para el PSOE, ha retrasado sus planes. “No podemos ponernos a hablar de nosotros mismos” en un momento así, planteaba un dirigente hace un par de semanas.

Los problemas en Ceuta, no obstante, no se han resuelto en lo que va de septiembre, y tampoco parece que la situación en la ciudad autónoma vaya a quedar completamente normalizada a corto plazo. Pero eso no ha supuesto que los partidos encuadrados en Sumar se hayan decidido a concretar una fecha. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones que están manteniendo estas formaciones se limitan a ofrecer la estimación de que el anuncio del nuevo candidato y la marca con la que se presentará a las elecciones tendrá lugar a finales de este mes o, incluso, a principios de octubre.

Ante este retraso de los partidos de Sumar a la hora de definir su futuro quien ha tomado la delantera es Podemos, que este sábado propuso públicamente la celebración de unas primarias “abiertas” a todos los partidos de la izquierda para elaborar una candidatura conjunta a las generales. Las dos formaciones de ámbito estatal encuadradas en Sumar quitaron peso a este movimiento, aunque no cerraron la puerta a la oferta morada.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró este sábado que no ve gran “novedad” en lo planteado por Podemos y aseguró que no va a poner “fronteras en la búsqueda de un bloque histórico amplio” de izquierdas. Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar sostuvieron que llevan “meses construyendo un espacio común”, afirmaron que “la prioridad es construir un espacio lo más amplio posible” y sostuvieron que “es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase”. “Pero vamos paso a paso”, plantearon.

Urtasun suena y Rufián, casi descartado

El espacio no aclara los motivos por los que le está costando tanto despejar las dos principales incógnitas, tras meses de una negociación en la que también se han abordado asuntos como los métodos de toma de decisiones de la nueva coalición o la eventual celebración de primarias para elegir las listas electorales. No obstante, es evidente que no ha ayudado a elegir un nuevo líder el hecho de que muchos de los principales dirigentes a la izquierda del PSOE que podrían haber asumido este rol lo hayan rechazado —como el ministro Pablo Bustinduy— o hayan anunciado su paso a otras tareas —el caso de la líder de Más Madrid, Mónica García, que será candidata de su partido a las autonómicas en esa comunidad—.

La situación de los otros dos ministros de Sumar en el Gobierno es dispar. La titular de Juventud de Infancia, Sira Rego, anunció en agosto que no se presentará a las próximas elecciones, al igual que hiciera Yolanda Díaz hace meses. Por el contrario, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha expresado su intención de dejar la política estatal, y su nombre es el que más suena entre las fuentes consultadas como opción para tomar el timón de la alianza. No obstante, su perfil no convence a algunos sectores dentro de Sumar y él niega públicamente estar interesado en ser candidato.

Los cuatro partidos encuadrados en Sumar también han tratado en los últimos meses de encontrar un líder ajeno a esas organizaciones o que hubiera dejado la primera línea, pero lo cierto es que los nombres que han sonado pronto se han autodescartado. Es el caso del secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha reiterado públicamente que no tiene intención de dar el salto a la política y que quiere completar su mandato como líder sindical. También se contempló en algún momento la opción de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero ella misma afirmó hace meses que no quiere ser candidata “a nada”.

El nombre que parece ya completamente descartado es el del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuya idea de un frente común de partidos estatales e independentistas de izquierdas se ha encontrado con la negativa tajante de su partido. Con motivo del primer pleno ordinario del curso político en la Cámara Baja, Rufián lanzó el pasado miércoles un mensaje a ERC y al resto de la izquierda alternativa asegurando que estas formaciones se están “jugando” sus “siglas” ante la posibilidad de que un Gobierno de PP y Vox pudiera hacer cambios en la Constitución si alcanza los 210 diputados. Pero los republicanos insisten en que solo contemplan presentarse a las generales con su propia marca, y el dirigente ha evitado romper con su partido y también iniciar conversaciones con Sumar o Podemos puenteando a la cúpula dirigida por Oriol Junqueras.

No solo el calendario electoral y la posibilidad de que las elecciones se adelanten a principios de 2027 apremia a los cuatro partidos encuadrados en Sumar. También lo hace el hecho de que, hasta que no tengan una marca y un candidato elegidos, no podrán cerrar alianzas con otras formaciones. La interlocución con actores como Compromís, Més o Chunta Aragonesista —que se presentaron dentro de Sumar en 2023— es fluida, pero estos partidos han rechazado participar en la negociación que lleva meses desarrollándose para reconfigurar Sumar, y solo decidirán si confluyen con sus socios estatales cuando estos hayan definido su futuro.

Podemos sacude el tablero de la izquierda alternativa en el arranque del último curso político antes de las elecciones generales. Este sábado, los morados nombraron oficialmente a Irene Montero como su líder de cara a esos comicios. Pero, más allá de este anuncio —que en realidad solo da carta de naturaleza al ya realizado hace más de un año—, el partido lanzó este sábado una propuesta con la que intenta retomar la iniciativa y poner en un brete a Sumar: la de realizar unas primarias conjuntas de todo el espacio, abiertas al voto de cualquier ciudadano, para elegir a un candidato único de los partidos a la izquierda del PSOE.

La encargada de realizar este anuncio fue la propia Montero en su discurso en el acto Paz, casa, trabajo, el mitin con el que Podemos escenificó este sábado el pistoletazo de salida a su precampaña electoral. La candidata y número dos morada aseguró que quiere un proceso en el que “todo el equipo” que forme parte de las listas a las generales “pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por toda la gente que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar”, y sostuvo que “merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo suficiente para vivir bien”.

Fuentes de Podemos explican que no tratarían de imponer su marca de cara a una eventual candidatura conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE si finalmente otros partidos o dirigentes aceptaran participar en un proceso de primarias abiertas para elegir las listas. Además de a los partidos que se encuentran negociando la reconfiguración de Sumar, el movimiento de los morados interpela al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que hace unos días volvió a insistir en la necesidad de la unidad de las izquierdas. No obstante, Rufián ha descartado romper con su partido y los republicanos rechazan una coalición con otros partidos no independentistas.

El paso de Podemos, que como adelantó en abril elDiario.es lleva sopesándose meses, coge con el pie cambiado a los partidos que componen Sumar, que llevan meses retrasando el anuncio tanto de la nueva marca de su alianza de cara a las elecciones generales como de su candidato. Sumar siempre ha mantenido la puerta abierta a retomar la alianza con Podemos, rota por decisión de los morados en diciembre de 2023 tras meses de pugna interna con Yolanda Díaz por el control del espacio a la izquierda del PSOE, que culminaron con la decisión de esta de excluir al partido del reparto de los principales cargos en el Congreso.

La mera posibilidad de tener a Irene Montero como candidata es una línea roja para muchos sectores de Sumar. Sin embargo, ahora los partidos que forman parte de la alianza se verán obligados a afrontar una disyuntiva en la que no existe una opción sin desventajas para ellos. Si aceptan la oferta de competir en primarias, Podemos tendría serias opciones reales de imponer a Montero como número uno de la lista. Pero, si no lo hacen, los morados podrán acusarles de no haber querido la unidad de la izquierda, que sobre el papel todos los partidos a la izquierda del PSOE dicen desear.

En cualquier caso, los partidos de Sumar en ningún momento han rechazado elegir a su candidato en primarias, aunque por el momento no han hecho ningún movimiento en este sentido. IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns llevan meses negociando el relanzamiento de su alianza, y en esas conversaciones, además de la nueva marca, se han abordado asuntos como los métodos de toma de decisiones de la nueva coalición o, precisamente, la eventual celebración de primarias para elegir las listas electorales, si bien no ha trascendido ninguna decisión al respecto.

Minutos después del anuncio de Montero, fuentes de Movimiento Sumar reaccionaron explicando que la alianza lleva “meses construyendo un espacio común,” y que “ese es el trabajo” que piensa “seguir haciendo”. “La prioridad es construir un espacio lo más amplio posible”, y “es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso”, apuntan estas fuentes.

Podemos calienta motores ante un fin de año que definirá cómo se presentará la izquierda a la izquierda del PSOE a las elecciones generales. Los morados celebrarán este sábado un mitin en Madrid para escenificar que ponen en marcha su precampaña electoral, y lo harán oficializando la candidatura de Irene Montero a los comicios de 2027. Fuentes del partido aseguran que Montero certificará su deseo de encabezar “una candidatura nítidamente de izquierdas”, aunque también señalan que esta lista “aspira a ser lo más amplia posible”, por lo que Podemos no cierra la puerta aún a un acuerdo con los partidos que se encuadran en Sumar.

Que la número dos del partido iba a ser la candidata a las elecciones se daba por hecho desde hace meses, pero con el acto de este sábado Podemos pretende que quede patente que sus esfuerzos ya están puestos en prepararse para esos comicios generales. Fuentes de la formación morada explican que Montero presentará durante el acto los “principales ejes sobre los que se articulará su candidatura”, y apuntan que, “frente al avance de la extrema derecha, las guerras y el encarecimiento de la vivienda y los productos básicos”, la receta de la candidata será promover “la mejora de las condiciones materiales de vida, los derechos sociales y la defensa de la paz”.

Desde hace ya unos días, Podemos ha comenzado a difundir el eslogan “paz, casa y trabajo”. Y fuentes del partido morado señalan cinco “prioridades” que Montero defenderá este sábado como primer esbozo de su discurso de precampaña para “volver a lo básico”: “precios justos para la vivienda”, “trabajar menos para vivir mejor”, “bajar el coste de la vida”, “paz” y “solo hay una vida y un planeta”. La candidata propondrá una jornada laboral de 35 horas semanales y un salario mínimo de 1.800 euros al mes, y también insistirá en criticar el aumento del gasto en defensa.

Los morados, sostienen las fuentes consultadas, creen que “hay muchos votantes que pueden volver a movilizarse ante una propuesta de estas características, con propuestas claras y que hacen frente a las principales causas del malestar de millones de personas”. El nombre de Montero ya se daba por hecho para liderar esta lista desde abril del año pasado, cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció públicamente que su número dos era la alternativa de la formación para encabezar una candidatura “que no sea solo” del partido morado.

La desclasificación de 40 documentos relativos a la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha cargado de razones a los socios parlamentarios del Gobierno para elevar la contundencia de sus críticas. Formaciones como ERC, Junts o el PNV, que llevan semanas siendo muy duras con el Ejecutivo por su actuación durante la entrada masiva del 30 de julio y en las semanas posteriores, denunciaron este jueves la escasa diligencia con la que consideran que se trató el aviso del CNI sobre una convocatoria en redes de un eventual intento de acceso irregular a través de la frontera.

Estos partidos, no obstante, han evitado cuidadosamente asumir las tesis del PP, que apenas unos minutos después de la desclasificación afirmó que los documentos demuestran que el Gobierno “tenía la información” de que se iba a producir una “invasión” de enormes proporciones e hizo “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”. Pese a sus críticas, PNV, ERC o Junts rechazaron alinearse con estas posiciones y admitieron que la información que manejaba el Ejecutivo no era concreta ni podía extraerse de ella que en la entrada masiva fueran a participar más de 70.000 personas, como finalmente terminó ocurriendo.

Estos socios se mostraron muy duros a lo largo del jueves no solo con la gestión del Gobierno durante los días 30 y 31 de julio, sino también las semanas posteriores, tanto a nivel migratorio como comunicativo. Varios de ellos, de hecho, pidieron dimisiones durante el debate en el Congreso de una proposición no de ley del PP relativa a la crisis de Ceuta. Fue el caso del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que espetó al Ejecutivo que “la gestión ha sido mala y la narrativa posterior ha sido peor” y calificó de “incomprensible” que ningún miembro del Consejo de Ministros haya cesado en su cargo.

“No han estado ustedes al nivel”, declaró Álvaro, que tachó de “inenarrables” las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que asegura que no conoció las conversaciones que mantuvo el CNI con un cargo de su departamento para informar el 29 de julio de que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono. “En el Reino Unido, en Francia o en Alemania este señor supongo que habría dimitido”, aventuró el diputado de ERC, que sostuvo que es un “escándalo” que Pérez continúe siendo el máximo representante del Ejecutivo central en la ciudad autónoma. “Es incomprensible que su actitud sea tan arrogante en este asunto: será fatal para ustedes”, vaticinó.

“Tenemos que censurar al Gobierno y al presidente Sánchez por la falta de tensión” y la “laxitud” a la hora de atender “las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad”, denunció por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda, que criticó que el Ejecutivo siga “diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando, según nos parece a nosotros, todo se hizo razonablemente mal”. Legarda, además, reprochó a la Moncloa su “timorata consideración con Marruecos” y su decisión de “externalizar en demasía la protección de la frontera en un socio que, aun siendo inevitable, resulta cuando menos brumosamente confiable”.

Quien utilizó palabras más contundentes para expresar su descontento con la gestión del Gobierno fue el diputado de Junts Isidre Gavín, que acusó al Ejecutivo de haberse mostrado “incapaz de anticiparse a los hechos a pesar de los avisos y las alertas” que recibió. “Ha habido una competencia terrible entre Interior y Defensa” para no asumir “la responsabilidad de por qué ninguno había hecho nada”, espetó Gavín, que aseguró que los documentos desclasificados el miércoles revelan que “probablemente no existía un informe formal de inteligencia, pero sí que había avisos, alertas e información suficientes como para tomar decisiones”.

“El presidente del Gobierno se fue de vacaciones” y “hasta el final de agosto” el Ejecutivo “no se tomó en serio la dimensión de la crisis y no comenzó a actuar”, denunció igualmente el diputado de Junts, que calificó su gestión como la de un gabinete “totalmente sobrepasado”. “Han infravalorado las amenazas híbridas para la seguridad, no establecieron capacidades disuasorias para evitar que esto pudiera pasar, han fracasado totalmente en el enfoque de la relación con Marruecos y son los únicos que están defendiendo que Marruecos no tuvo ningún papel” en la crisis de Ceuta, enumeró Gavín, que además acusó al Gobierno de haber llevado a cabo “una política de comunicación errada, llena de falsedades y mentiras marca de la casa”.

EH Bildu respalda al Gobierno sobre el aviso del CNI

De entre los socios habituales del Ejecutivo, los únicos que no criticaron abiertamente durante el debate parlamentario la actuación del Ejecutivo tras la desclasificación de los documentos fueron Podemos y EH Bildu, aunque por motivos bien distintos. Los morados prefirieron intentar cambiar el foco y cargaron contra las propuestas del PP y Vox en relación a la crisis de Ceuta, una apuesta que definieron como la del “miedo, excepcionalidad, militarización y racismo”. Y la secretaria general morada, Ione Belarra, sostuvo en los pasillos del Congreso que le preocupa estar “en medio de una peleíta permanente interna dentro del Gobierno entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa” que “no sirve para aclarar nada de lo que pasó y no le permite a la gente entender lo que está sucediendo”.

“Cuando sigues los intereses políticos, es evidente que el único interesado en que ocurriera lo que ocurrió en Ceuta, en términos geopolíticos y económicos, es Marruecos”, argumentó Belarra, que insistió, como lleva haciendo semanas, en que el Ejecutivo está “plegado” al reino alauí. “Les pido que le quitemos el control de la frontera a Marruecos, es necesario abrir vías legales para migrar porque eso va a permitir quitarle la capacidad de control migratorio y respetar los derechos humanos”, planteó.

EH Bildu, por el contrario, sí se refirió expresamente a la desclasificación de documentos, pero lo hizo para defender, en contra del criterio del resto de sus aliados, que el Gobierno “hizo lo que pudo” con la información de la que disponía el 30 de julio. La portavoz independentista vasca en el Congreso, Mertxe Aizpurua, dejó claro que, a su juicio, el Ejecutivo “ha fallado en bastantes cuestiones” en la gestión de la crisis de Ceuta, pero también respaldó a Moncloa al asegurar que “una comunicación como un WhatsApp a una persona que no es un cargo de primera línea del Gobierno difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial con todas las garantías”.

La ley que servirá para otorgar la nacionalidad española a los saharauis que la ostentaban hasta 1977 y la perdieron tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental se queda a un solo paso del Boletín Oficial del Estado (BOE). El Congreso aprobó este jueves el texto, que ahora pasará al Senado para recibir el aval definitivo del poder legislativo y entrar en vigor. Lo hizo con los votos a favor del Gobierno y sus socios parlamentarios y, además, con la abstención del PP, que dejó solo a Vox en el rechazo a la norma.

El Ejecutivo —y particularmente Sumar, que ha impulsado la ley— se apunta así un tanto en una de sus semanas más complicadas, aunque el debate parlamentario de este jueves evidenció la enorme fragilidad en la que se encuentra a raíz de la crisis de Ceuta. Prácticamente todos sus socios, al igual que PP y Vox, se mostraron muy críticos con la estrategia adoptada por la Moncloa con Marruecos en los últimos años. Y varios de los aliados parlamentarios del presidente Pedro Sánchez le afearon el brusco giro de su política sobre el Sáhara ejecutado en el año 2022, cuando España modificó por sorpresa su postura histórica sobre el contencioso y consideró que la propuesta marroquí de dar autonomía al territorio dentro de su jurisdicción es la base “más seria, realista y creíble” para resolverlo.

“Seguimos sin conocer a cambio de qué Pedro Sánchez, de manera personal, unilateral y sin informar a las Cortes, cedió el Sáhara a Marruecos”, espetó a este respecto el diputado del PP Pedro Muñoz, que definió el cambio de posición de 2022 como un “bandazo” ejecutado “con nocturnidad y alevosía”. “Durante todos los gobiernos de la democracia hubo un amplio consenso más allá de ciertos matices, respecto a la posición que España debía tener” con respecto al Sáhara: la “neutralidad activa”, defendió Muñoz, que acusó a Sánchez de haberse “alineado definitivamente con Rabat” hace cuatro años a través de un acuerdo “clandestino” y que “nadie conoce”.

Más allá de estas críticas, el diputado del PP justificó la abstención de su grupo parlamentario en la votación de la ley para dar la nacionalidad española a los saharauis por diferencias técnicas. “Nosotros defendemos que puede haber nacionalizaciones, claro que sí, pero no por carta de naturaleza [es decir, por decisión del Consejo de Ministros] sino después de acreditar residencia en España durante dos años, como ocurre con los ciudadanos de Guinea Ecuatorial o los países iberoamericanos”. Esa segunda posibilidad también se recoge en la ley aprobada este jueves, aunque para los nietos de los saharauis que tenían DNI español en 1977: para ellos y para sus hijos, la vía contemplada es la carta de naturaleza, con lo cual se les exime de acreditar residencia en España.

Un Gobierno “pagafantas”

Los socios parlamentarios del Gobierno no mostraron estas reticencias a la arquitectura técnica de la ley, pero sí coincidieron con el PP a la hora de criticar la posición del Ejecutivo en relación al Sáhara adoptada en 2022. Uno de los más gráficos en sus críticas fue el portavoz adjunto de EH Bildu, Jon Iñarritu, que definió la estrategia de la Moncloa como de “pagafantas” de Marruecos. “Con aquel cambio de posición, el Gobierno español parece ser que creyó que iba a lograr mantener acuerdos en relación a varios asuntos, entre ellos la migración”, pero “tras lo ocurrido en 2021 con la entrada masiva de personas en Ceuta, impulsadas y apoyadas por Marruecos, hace apenas un mes ha vuelto a ocurrir lo mismo”, denunció Iñarritu, que se preguntó “para qué ha servido ese cambio de posición”.

En la misma línea se pronunció el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que acusó al PSOE de haber “denigrado la condición progresista” al haber “abandonado la causa del pueblo saharaui” en el año 2022. “Debo decirles con amargura y con tristeza, pero también con dureza, que ustedes han contribuido terriblemente a dejar al pueblo saharaui en un rincón del mundo”, lamentó Álvaro, que se preguntó “por qué todo lo que el presidente Sánchez aplica al dignísimo pueblo palestino y al dignísimo pueblo de Ucrania no se lo aplica al pueblo saharaui”.

Esas críticas fueron la constante en las intervenciones del resto de los socios. El siempre moderado Mikel Legarda, del PNV, denunció el “abandono de responsabilidades para con el pueblo saharaui” por parte de España durante su historia que “ha tenido un último capítulo en este siglo XXI con el giro unilateral, copernicano y por sorpresa” de 2022. Junts, por su parte, abonó la teoría de la conspiración preguntándose “por dónde tiene cogido” Marruecos al Gobierno y si el Ejecutivo “esconde” algo a causa de un supuesto chantaje de los servicios secretos marroquíes. Y Podemos, por boca de su diputada Martina Velarde, dejó claro que “una cosa es reconocer la nacionalidad española” a los saharauis a los que se les retiró en 1977 “y otra muy distinta renunciar a la defensa de la autodeterminación”, que los morados siguen defendiendo.

Los detalles de la ley

Cuando entre en vigor tras su paso por el Senado, la ley que este jueves recibió luz verde del Congreso permitirá nacionalizarse como persona española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, fecha oficial del final del proceso de descolonización de la antigua provincia española. Los interesados deberán aportar algún documento oficial que confirme este extremo, lo que ha llevado al PP y a Vox a criticar la norma por ser un “coladero” de nacionalizaciones, como, en su opinión, ha pasado con la ‘ley de nietos’.

Además, los descendientes directos, en primer grado, de estas personas podrán también reclamar la nacionalidad con posterioridad y en un plazo máximo de cinco años desde que su progenitor la adquirió formalmente. Y, para el resto de los saharauis, se reduce de 10 a dos años el tiempo de residencia en España que deberán acreditar para solicitar la nacionalidad, el mismo requisito que se establece para los nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como para los sefardíes.

Sumar, como impulsor de la ley, calcula que en torno a 100.000 saharauis podrían beneficiarse de la ley de concesión de la nacionalidad española: unos 50.000 que la poseían hasta que España se retiró del territorio tras la Marcha Verde, y otros tantos descendientes directos de estos. Según las fuentes de la formación consultadas, en torno a la mitad de estas personas continúan en territorio saharaui y el resto residen en los campamentos de refugiados, que se encuentran ubicados en Argelia.

El texto entrará en vigor en plena crisis de Ceuta y en un momento de tensión en la relación con Marruecos, al que todo el arco parlamentario —a excepción del PSOE— culpa en mayor o menor medida de la entrada masiva de migrantes del pasado julio. Las fuentes de Sumar consultadas interpretan, en cualquier caso, que la posibilidad de que una parte de los saharauis puedan solicitar la nacionalidad española es un movimiento que no solo conlleva desventajas geopolíticas para Marruecos, lo que podría amortiguar el esperable descontento del reino alauí por la aprobación de la norma. Los ciudadanos a los que se reconozca como españoles podrán emigrar más fácilmente, lo cual no beneficiará a un Frente Polisario necesitado de cuadros. Eso sí: estos ciudadanos obtendrán, entre otros, el derecho a la asistencia consular española ante cualquier abuso policial o militar por parte de Marruecos.