El altercado protagonizado por el activista de ultraderecha Bertrand Ndongo el pasado martes ya está en manos de la Policía. La diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, anunció este jueves que ha presentado una denuncia en comisaría contra Ndongo después de que el agitador la llamara “idiota” en repetidas ocasiones el pasado martes en sede parlamentaria y, posteriormente, la acosara mientras intentaba acceder a un taxi y le impidiera durante unos momentos entrar al vehículo valiéndose de su cuerpo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Vidal aseguró que se sintió  “agredida” e “intimidada” por la actitud de Ndongo y cargó contra los “pseudoperiodistas”, de quienes dijo que “no tienen ninguna vergüenza en exponer y enseñar cómo hostigan, cómo persiguen y cómo agreden al personal de la casa y también a las diputadas”. Durante su rueda de prensa, el también activista de extrema derecha Vito Quiles interrumpió el turno de preguntas de los periodistas e intentó camuflar en forma de pregunta —como hace habitualmente— el argumentario de la extrema derecha. Vidal exigió “respeto” para la redactora que, en ese momento, estaba en el uso de la palabra y que fue cortada por Quiles.

En concreto, el activista ultraderechista acusó a Vidal y al resto de diputados de Sumar de no tener “credibilidad”, de “victimizarse” porque les “hacen preguntas” y de “no creer en la libertad de expresión”, y posteriormente colgó un vídeo en sus redes sociales en el que espetó a “la izquierda” que “apechuguen y que espabilen, que es lo que tienen que hacer”. En el incidente denunciado ante la Policía, Ndongo no realizó ninguna pregunta a la portavoz adjunta: se limitó a insultarla al finalizar su rueda de prensa y, posteriormente, la persiguió para afearle que apoye a un partido (el PSOE) que “pagaba a la fontanera para acosar a los miembros del partido”, así como para acusarla de “estar con un Gobierno corrupto”.

Fuentes cercanas a la portavoz consideran que estos hechos son constitutivos de un presunto delito de hostigamiento, recogido en el artículo 172 ter del Código Penal. Dicho delito castiga con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien “acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada” conductas como perseguirla o atentar “contra su libertad”. En su denuncia, Vidal refleja expresamente que Ndongo obstaculizó su “libertad de movimientos”, así como que se sintió “amenazada”.

En la comparecencia ante la prensa, la portavoz adjunta de Sumar alertó sobre la normalización de estas tácticas de acoso contra políticos de izquierdas, y aseguró que forman parte de una estrategia “deliberada” de “deshumanización” de los representantes públicos, a los que se intenta reducir a “cosas” que se pueden “patear y escupir”. “Esto en una sociedad democrática es simplemente inadmisible”, afirmó.

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la dirección de comunicación del Congreso de los Diputados contra el agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo por insultar e intimidar físicamente a la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal, el martes. Ndongo, acreditado como redactor en la Cámara Baja por el pseudomedio Periodista Digital, llamó “idiota” en repetidas ocasiones a Vidal al finalizar una rueda de prensa y, posteriormente, la acosó en las inmediaciones del Congreso, llegando a impedirle durante unos momentos acceder a un taxi.

La denuncia se presenta ante la dirección de comunicación, que es la encargada de darle trámite para que comience la investigación sobre los hechos, pero tiene como destinataria final a la Mesa de la Cámara Baja. Allí Ndongo —así como el también activista ultraderechista Vito Quiles— tiene abierto ya un expediente pendiente de resolución por haber protagonizado otros altercados, en ocasiones con gritos e insultos y obstaculizando el trabajo de la prensa. En su denuncia, Sumar califica de falta de respeto “grave” los insultos proferidos por el agitador contra Vidal, y señala expresamente la “actitud agresiva” que mantuvo durante el episodio y que se “encaró” con diferentes periodistas que le afearon su modo de proceder, “provocando un clima de tensión entre todas las personas presentes”.

“Pasados varios minutos, ya en las inmediaciones del Congreso”, cuando Vidal y parte de su equipo salían del edificio, Ndongo “se apresuró hasta su posición obstaculizando el paso de la diputada, impidiendo con su cuerpo que esta pudiera acceder al taxi, mientras seguía con su hostigamiento y las faltas de respeto continuadas, hasta que finalmente la señora diputada pudo abrir la puerta” y acceder al vehículo, relata la denuncia.

Con la presentada este miércoles por Sumar, son tres ya las denuncias contra Ndongo que obran en poder del Congreso. Fuentes de la Cámara Baja explican que una de ellas —por la que también está siendo investigado Vito Quiles— está ya terminando su tramitación y que la Mesa resolverá pronto sobre ella. En dicho órgano, PSOE y Sumar suman mayoría de cinco votos por cuatro que controla el PP, que se ha negado reiteradamente a criticar los comportamientos de los agitadores de extrema derecha presentes desde hace años en la Cámara Baja y que, junto a Vox, se opuso el año pasado a la reforma del reglamento que permite sancionar este tipo de faltas de respeto, que sin embargo fue aprobada con los votos del Gobierno y sus socios.

Tras esa reforma, el reglamento del Congreso tipifica como infracción “muy grave” la “falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso”, y concreta que “se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Para este tipo de faltas de la máxima gravedad, la sanción contemplada es la suspensión de la credencial por un plazo de mínimo de tres meses y un máximo de tres años, pero el reglamento también permite, “en su caso”, “la revocación definitiva de la credencial”. Sumar recuerda en su denuncia, además, que la normativa plantea que las sanciones deberán penalizar especialmente los altercados que afecten “al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación”.

Una resolución pendiente desde enero

Desde el pasado mes de enero, tanto Ndongo como Quiles tienen abiertos sendos expedientes a la espera de que la Mesa los resuelva. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria —el órgano del Congreso encargado de vigilar el cumplimiento del reglamento por parte de la prensa— trasladó a esa institución un informe en el que considera probado que ambos han incurrido en infracciones graves del reglamento del Congreso: el primero por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar y el segundo por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido. Y esas son solo dos de las denuncias que ambos han cosechado en el último año: sobre Quiles pesan ocho quejas y sobre Ndongo, otras tres, contando con la registrada este miércoles por Sumar.

Este jueves, de hecho, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria se reunirá para emitir informe sobre la denuncia que interpuso en febrero contra Quiles la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, después de que el agitador torpedease una rueda de prensa saltándose el turno de palabra para propagar su argumentario ultraderechista disfrazándolo de pregunta. Como refleja la denuncia, el activista interrumpió “los turnos de preguntas impidiendo a los profesionales de la prensa realizar su trabajo, lo que provocó las protestas de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación allí presentes, impidiéndose de hecho que pudieran formular preguntas a esta diputada”.

El agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo faltó este martes el respeto en el Congreso a la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, diputada de ese grupo por parte de los Comuns. El activista, que accede a la Cámara Baja con acreditación de redactor del medio Periodista Digital, espetó en voz alta “qué idiota” mientras Vidal abandonaba la sala de prensa después de haber realizado una comparecencia en la que, entre otros asuntos, insistió en la necesidad de “limpiar esta institución de pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal”. Tras ello, Ndongo se encaró con un periodista al afearle este su actitud preguntándole en tono agresivo “tú quién eres” y espetándole “me la trae floja lo que tú puedas pensar”.

Ndongo, al igual que Vito Quiles, está siendo investigado desde hace meses por el Congreso por la supuesta comisión de varias infracciones recogidas en el reglamento de la Cámara, que fue modificado el pasado julio para intentar poner coto a las actitudes de estos activistas con el voto en contra de PP y Vox. Y a esas investigaciones se refirió Vidal durante la rueda de prensa, cuando explicó que la resolución de esos expedientes está “pendiente” de un informe jurídico de los letrados de la institución, algo necesario para tomar una decisión “de manera correcta, intachable y con toda la seguridad jurídica”, explicó. Una vez se entregue ese informe, “los miembros de la Mesa tendrán que tomar una decisión, y esperamos que esa decisión sea la de limpiar por fin esta institución de pseudoperiodistas”, planteó.

La portavoz aseguró que este tipo de agitadores acreditados como redactores son “sicarios políticos con mucha ayuda”, ya que “algunos les ponen el dinero público” para que operen. “Hemos visto cómo el PP ha destinado más de 600.000 euros de fondos públicos a este ecosistema de pseudoperiodistas que operan aquí en la Cámara con total impunidad, pagando una maquinaria que solo sirve para difundir odio, lodo, mentiras y bulos”, denunció Vidal, que acusó a los populares de “poner una alfombra roja” a estos activistas y de, incluso, “invertir” los roles cuando estos “agreden” y hacerlos pasar por “víctimas” en lugar de por “verdugos”. La semana pasada, Vito Quiles fue denunciado por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante lo cual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”.

En su artículo 98.6, el reglamento del Congreso califica como infracción “muy grave” la “falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso”, y concreta que “se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Para este tipo de infracciones de la máxima gravedad, el reglamento establece como sanción la suspensión de la credencial por un plazo de mínimo de tres meses y un máximo de tres años, pero también permite, “en su caso”, “la revocación definitiva de la credencial”.

No es la primera vez que Ndongo provoca un altercado en la sala de prensa del Congreso. Hace unos meses, el agitador ocasionó una bronca a gritos que interrumpió la comparecencia ante los medios de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, al saltarse a gritos el turno de palabra y ser reprendido por las responsables de prensa de la formación, que son quienes ordenan las preguntas de los redactores. Las faltas de respeto del activista son una constante también en sus redes sociales, donde no escatima en utilizar insultos machistas contra mujeres de la esfera pública.

Sumar incrementa la presión sobre el PSOE y sobre Junts para que se avengan a negociar un nuevo decreto de prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 que, esta vez sí, cuente con los apoyos en el Congreso para ser convalidado. Este lunes, el ministro de Cultura y portavoz de la alianza, Ernest Urtasun, ha anunciado que su formación va a “elaborar” esta semana una nueva propuesta de paquete de medidas que “responda a un acuerdo amplio y de consenso”, es decir, que incluya algunas de las exigencias de Junts para intentar atraer a los independentistas y que estos apoyen la extensión de los arrendamientos.

Urtasun ha reiterado que el “compromiso” de Sumar es el de pelear por recuperar el decreto que fue derribado la semana pasada en el Congreso por la alianza de PP, Vox y Junts, y ha asegurado que esa posición recoge una “demanda de la calle” que se escenificó en las marchas por el Primero de Mayo del pasado viernes. No obstante, ante la evidencia de que la prórroga de los alquileres no cuenta, por el momento, con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidada, el ministro ha afirmado que su formación va a “recoger el guante” que lanzó Junts la semana pasada, cuando se abrió a última hora a negociar la medida si venía acompañada de algunas de sus exigencias en materia fiscal o de vivienda, como la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos o más incentivos fiscales para los caseros.

“El debate parlamentario permitió a los grupos situar cuestiones sobre la mesa que nosotros escuchamos muy atentamente”, y en base a lo allí planteado Sumar va a “elaborar una propuesta que responda a un acuerdo amplio y de consenso”, ha anunciado Urtasun, que se ha mostrado convencido de que existe “un perímetro de diálogo que debe ser explorado”. El dirigente de Sumar ha evitado dar plazos para aprobar este nuevo decreto y se ha limitado a concretar que será “esta semana” cuando la formación diseñará la propuesta para enviarla a los grupos parlamentarios, si bien tampoco ha especificado si será entonces cuando la presente públicamente.

Urtasun tampoco ha ofrecido detalles sobre las conversaciones entre Sumar, el PSOE y Junts para intentar reencauzar el decreto, aunque sí ha asegurado que “el diálogo es permanente” tanto con los socialistas como “con todos los grupos parlamentarios”. El ministro de Cultura ha evitado criticar de manera directa a la Moncloa, que desde el primer momento se ha desentendido de la negociación del decreto de los alquileres, pero sí ha deslizado que “revalidar la mayoría progresista pasa en buena parte por abordar el tema de la vivienda, que es el principal motivo de preocupación en este país”. “Si alguien espera que bajemos los brazos, no va a ser así”, ha espetado.

Sumar considera que el debate sobre la medida ha calado en la sociedad y que hay “caldo de cultivo” como para, al menos, pelear la reactivación de la prórroga de los alquileres, según fuentes de la formación. La formación señala un hito clave en este pulso: la manifestación convocada el próximo 24 de mayo en Madrid por el Sindicato de Inquilinos bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida, bajemos los precios”, que el ala minoritaria del Gobierno aspira a que sea al menos tan masiva como las celebradas en 2024 y 2025 en varias ciudades de España y cuyo manifiesto emplaza a las “vecinas, sean propietarias o inquilinas”, a protestar para “acabar con el modelo especulativo de la vivienda”. 

“Esto no acaba aquí”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en los pasillos del Congreso apenas unos minutos después de que la mayoría que forman PP, Vox y Junts tumbara el decreto de medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, que contenía la prórroga de los alquileres que vencieran en 2026 y 2027. Desde entonces, Bustinduy y el resto de los principales dirigentes de Sumar se han afanado en mantener el foco mediático sobre este asunto. Y en el partido cunde la sensación de que la presión social terminará obligando a moverse a los actores que ven con más reticencias la prórroga: el primero, Junts, pero también el Ministerio de Vivienda.

Desde el varapalo parlamentario del martes, Bustinduy ha iniciado un periplo mediático para expresar el mismo mensaje que difundió ya en la tribuna del Congreso: que la pelea por la prórroga de los alquileres se va a mantener. Lo mismo planteó este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que aseguró que su coalición no se va a “rendir” e insistió en que, aunque el decreto de vivienda fue “derrotado en el Congreso”, las medidas que contiene están “ganadas en la calle” y esa “fuerza social” hace inevitable que terminen convirtiéndose en ley. 

En privado, el análisis que hace Sumar es el mismo: que el debate sobre la medida ha calado en la sociedad y que hay “caldo de cultivo” como para, al menos, pelear la reactivación de la prórroga de los alquileres. Y las fuentes consultadas señalan un hito clave en este pulso: la manifestación convocada el próximo 24 de mayo en Madrid por el Sindicato de Inquilinos bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida, bajemos los precios”, que el ala minoritaria del Gobierno aspira a que sea al menos tan masiva como las celebradas en 2024 y 2025 en varias ciudades de España y cuyo manifiesto emplaza a las “vecinas, sean propietarias o inquilinas”, a protestar para “acabar con el modelo especulativo de la vivienda”. 

Con esa marcha en el horizonte, Díaz se mostró convencida el jueves en una entrevista en RNE de que aún hay espacio para “negociar” con Junts y afirmó que Sumar va a “trabajar con la parte socialista” del Ejecutivo para recuperar la prórroga de los alquileres al mismo precio, si bien evitó poner una fecha para culminar esa negociación. Lo cierto es que, por ahora, no ha habido ningún movimiento concreto, y los partidos se han limitado a marcar públicamente sus posiciones después de la derrota parlamentaria del decreto del pasado martes. Pero también es verdad que, frente a la negativa rotunda y el escaso entusiasmo por la medida que expresaban la semana pasada Junts y el PSOE, respectivamente, tras la votación del martes sus discursos han cambiado.

El jueves, por ejemplo, la portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró dispuesta en TVE a negociar con el Gobierno un nuevo decreto de medidas de vivienda, e incluso le reprochó su “lentitud” a la hora de poner en marcha iniciativas para afrontar la crisis. La posición de Junts es aún muy lejana a la del Ejecutivo, pero Nogueras incluso verbalizó lo que para su grupo es “imprescindible” que incluya un nuevo decreto: medidas como las desgravaciones fiscales para “toda persona que esté pagando” un alquiler o la recuperación de la “seguridad jurídica” —aunque no concretó a qué se refería con ello.

Junts mantiene la puerta entreabierta y el PSOE pide tiempo

Las palabras de la portavoz de Junts suponen la culminación de un brusco viraje que comenzó el lunes, cuando la formación confirmó que derribaría el decreto el martes pero abrió la puerta a convalidar un nuevo paquete de medidas siempre que contemplara sus demandas, que además de las rebajas fiscales o la “seguridad jurídica” también incluyen la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Sumar intentó ensanchar esa vía para salvar a última hora el decreto, pero no hubo movimientos por parte del ala socialista del Gobierno, que consideró que los de Carles Puigdemont únicamente querían tener un relato que les permitiera no ser culpados del fracaso del decreto. 

Varios días después de tumbar el texto, Junts mantiene sin embargo la puerta entreabierta al menos a negociar. Fuentes del partido, de hecho, sostienen que la pelota está en el tejado del PSOE y que ellos se encuentran “a la espera” de recibir una llamada, aunque también dejan caer que, si los socialistas no están en las tesis de Sumar —que se ha abierto a aceptar las demandas de Junts a cambio de recuperar la prórroga de los alquileres—, “no merece la pena hablar”.

Por ahora el PSOE no ha dado pasos concretos, y fuentes de la Moncloa piden tiempo para preparar una propuesta que poder renegociar con los grupos parlamentarios. “No sabemos cómo articularlo todavía, no podemos avanzar pantallas a la velocidad de la luz”, explican estas fuentes. Sin embargo, el discurso del ala socialista del Gobierno ha experimentado un cambio importante en los últimos días: si la semana pasada fuentes de ese sector admitían en privado que no querían involucrarse en la negociación porque la daban por perdida desde el primer momento, este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró públicamente que el viraje de Junts ha abierto “una ventana de oportunidad”.

“Yo le agradezco a aquellos grupos que se están abriendo a la posibilidad de alcanzar esos acuerdos”, y particularmente “a Junts”, planteó Rodríguez, que anunció que mantendrá una “ronda” de reuniones con los grupos parlamentarios y se mostró abierta a aceptar las ayudas fiscales que reclaman los independentistas, puesto que la propia Moncloa las planteó hace unos meses. Fuentes del Ministerio de Vivienda se muestran optimistas ante la posibilidad de negociar, aunque también abren la puerta a rebajar la “medida de máximos” que supone, a su juicio, la prórroga “unilateral” de los contratos de alquiler, que era la que contemplaba el decreto que fue rechazado el martes pasado.

Vivienda, asimismo, ha asegurado en los últimos días que tiene intención de “intensificar los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”. Esa ley, no obstante, es una materia completamente diferente a la de la prórroga de los alquileres, y lleva meses varada en el Congreso por falta de apoyos.

No fueron ni un año ni dos, sino treinta y siete. Casi cuatro décadas de gobiernos ininterrumpidos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía que convirtieron las citas autonómicas con las urnas en una pesadilla constante para la derecha y en un paseo triunfal para la izquierda. Justo las antípodas de la foto fija que ofrece hoy la política andaluza.

El PP de Juanma Moreno no solo aspira a enlazar su tercer mandato consecutivo al frente de la Junta, sino a revalidar una segunda mayoría absoluta que le permita continuar a los mandos de la Comunidad Autónoma más poblada de España con las manos completamente libres. Una hegemonía únicamente amenazada por la ultraderecha de Vox, cuyo peso político el 17 de mayo determinará si los de Feijóo se libran esta vez o no del desgaste de negociaciones de investidura tan lesivas como las de Extremadura o Aragón.

La campaña electoral andaluza arranca, además, en paralelo al desarrollo de los juicios sobre grandes casos de corrupción del PP y el PSOE, como son los escándalos del caso Kitchen y el caso mascarillas, respectivamente. Populares y socialistas se afanan por pasar de puntillas sobre sus propios escándalos para poner el foco en la vía de agua del vecino. Así que en Génova dan por buenas las acusaciones sin pruebas del empresario Víctor Aldama, que habla de financiación ilegal en las filas socialistas, y en Ferraz denuncian que Feijóo es incapaz de romper con la cúpula del PP de Rajoy que desplegó la trama parapolicial.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en las elecciones andaluzas para intentar ayudar en lo que pueda a su barón y amigo Juan Manuel Moreno a retener la mayoría absoluta. El triunfo sería doble: demostrar la fortaleza del ala más posibilista del PP y frenar en seco a Vox y el debate sobre la “prioridad nacional” del que Feijóo y los suyos no son capaces de escapar.

El equipo de Feijóo no ha terminado de diseñar todavía la participación de su jefe en la campaña de Moreno, pero ya se sabe que tendrá una “caravana paralela” a la del presidente de la Junta. La intención: “peinar” el mayor territorio posible. El líder del PP quiere visitar las ocho provincias en las dos semanas de campaña, y coincidirá con Moreno en el acto central, previsto para el 10 de mayo en Málaga

“La gestión es un valor”

Feijóo se centrará en una “defensa de la gestión de Juanma”, apuntan fuentes de la dirección del PP. En Génova creen que el presidente andaluz “tiene un apoyo masivo” a su gestión, y la idea es “contraponerlo” con Pedro Sánchez y María Jesús Montero, a quienes echarán en cara el accidente de Adamuz o el apagón de hace un año. “La gestión es un valor”, apuntan desde su equipo, donde sostienen que evitarán los debates identitarios con Vox. Especialmente lo referido a la “prioridad nacional” pactada en Aragón y Extremadura.

Como ya hizo, sin éxito, en estas dos comunidades y en Castilla y León, Feijóo reclamará una mayoría absoluta para Moreno. “Defenderemos que no necesite acuerdos”, sostienen desde la dirección nacional del PP. “Que pueda gobernar en solitario para no negociar literalidades”, en referencia a la “prioridad nacional”. Una idea firmada por PP y Vox sobre cuya interpretación ambos socios difieren, y mucho.

También Pedro Sánchez tendrá mucha presencia en Andalucía. El presidente del Gobierno ya ha participado en dos mítines de precampaña y arropará a María Jesús Montero cuatro veces más durante la campaña, la primera de ellas en el acto de este viernes en Cártama (Málaga). Así que, en total, tendrá mucha más participación que en las citas electorales de Extremadura, Aragón o Castilla y León.

La andaluza es, en realidad, la cita autonómica de cuantas se han celebrado desde finales de diciembre en la que más se juegan el presidente del Gobierno y su partido. Primero, por la trascendencia política de un territorio como Andalucía, hasta 2019 auténtico bastión socialista. Pero también porque la de María Jesús Montero a la Junta es la candidatura que más podría parecerse a que se presentara el propio Pedro Sánchez: su vicepresidenta primera, su ministra de Hacienda, su vicesecretaria general en Ferraz y una de las personas de su máxima confianza desde que puso un pie en la Moncloa en 2018.

Aunque tanto en el Gobierno como en el partido ya se esmeran en tener preparado el paraguas que les proteja del día después de lo que todo el mundo espera que sea una derrota muy dolorosa, nadie en las filas socialistas es capaz de calibrar aún el impacto que tendrá ese esperado batacazo en la federación del PSOE más numerosa. Lo que sí tiene todo el mundo claro, sin embargo, es que sea cual sea ese resultado no alterará los planes de legislatura de Pedro Sánchez, que sigue con la mirada puesta, al menos, en la primavera de 2027.

Los retos de la izquierda

El único resquicio de luz que señalan los socialistas es la posibilidad de que Juanma Moreno pierda su mayoría absoluta y el PP se vea obligado a volver a pasar por el aro de unas negociaciones con Vox. Ese desgaste, opinan en el PSOE, no solo otorgaría una bala política más a Pedro Sánchez para su contienda nacional contra Feijóo, sino que supondría un lastre pesado para una figura, la del presidente de la Junta, diseñada estratégicamente para exhibir moderación y seducir al centro.

Por su parte, uno de los ejes de la campaña electoral que ha diseñado Por Andalucía gira precisamente en torno a aprovechar su proyección nacional. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acudirá este viernes a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, en la que también estarán presentes los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Y el resto de ministros de Sumar, a excepción de Mónica García (Más Madrid), también participarán en varios actos durante las dos próximas semanas.

Uno de los objetivos prioritarios de la coalición que conforman IU, Podemos, Movimiento Sumar y otros pequeños partidos es quedar por encima de Adelante, la formación andalucista de José Ignacio García, que tiene buenas perspectivas demoscópicas. Y, para ello, Por Andalucía va a percutir en el mensaje de que es “una fuerza andaluza que defiende su tierra con un proyecto propio”, pero que a la vez cuenta “con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

Y es que IU, Podemos y Movimiento Sumar no solo necesitan sacar un resultado mejor que el de Adelante para no perder el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE en Andalucía. Ser superados por un competidor de ámbito autonómico supondría un golpe para el proceso de reconfiguración de la alianza Sumar a escala estatal, según admiten algunos dirigentes, puesto que podría forzar que se abriese el debate sobre la salud de la izquierda nacional y que se pusiera sobre la mesa otra fórmula de cara a las elecciones generales: la de potenciar a las fuerzas de ámbito territorial a la izquierda del PSOE en cada comunidad en detrimento de las que ahora se agrupan en Sumar.

Además, si el PP quiere aprovechar un buen resultado de Juanma Moreno para demostrar la fuerza del ala más posibilista del partido, Por Andalucía intentará durante la campaña evidenciar que esa moderación es falsa, una máscara para “evitar la identificación con la ultraderecha”. El documento de líneas estratégicas de campaña de la coalición refleja que uno de los mensajes clave de la coalición será el de que el PP andaluz “ya ha elegido bando y comparte bloque ideológico y social con quienes más se benefician de sus políticas: especuladores, grandes propietarios, multinacionales o grandes empresas sanitarias privadas”.

La campaña electoral diseñada por la alianza Por Andalucía —la coalición de IU, Podemos, Movimiento Sumar y otras pequeñas organizaciones de izquierdas— para las elecciones autonómicas del 17 de mayo tendrá un objetivo prioritario: lograr “la mayor movilización posible del electorado de izquierdas”, donde la coalición detecta un importante nicho de votantes desencantados. Así lo refleja el documento de claves estratégicas de Por Andalucía al que ha tenido acceso elDiario.es, que refleja que la formación considera esta movilización de los abstencionistas es clave para contemplar alguna “posibilidad de vuelco electoral”.

Durante las próximas dos semanas de campaña, la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar tiene pensado incidir en que Por Andalucía es “el verdadero voto útil de izquierdas”, un mensaje clave en un espacio tan disputado como el progresista, donde compiten tres listas con expectativas de voto no demasiado halagüeñas. El documento de líneas de campaña de la coalición no menciona expresamente a Adelante Andalucía, el adversario directo de Por Andalucía a la izquierda del PSOE. Pero, en la campaña, la alianza será muy clara a la hora de defender su “vocación de gobierno, porque solo gobernando se transforma”.

Esa es la diferencia clave entre los proyectos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, puesto que los segundos consideran un error que la izquierda alternativa gobierne junto al PSOE y se han mostrado muy críticos con la participación primero de Unidas Podemos y luego de Sumar en los dos últimos ejecutivos centrales. Frente a esa posición, la coalición que lidera Antonio Maíllo pretende hacer hincapié durante la campaña en que es “una fuerza andaluza que defiende su tierra con un proyecto propio, pero con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

De hecho, Por Andalucía ha diseñado su campaña aprovechando precisamente el tirón de Maíllo, su “alto nivel de conocimiento y valoración” y su proyección más allá de la comunidad como líder de IU. Y, asimismo, la coalición apuesta por poner el foco en que ha conseguido reunir bajo una misma marca a “organizaciones que representan las tradiciones socialistas, ecologistas, feministas, pacifistas, republicanas y soberanistas de Andalucía” que son “conscientes de que el momento histórico exige evitar que la ultraderecha llegue al poder en Andalucía de la mano del PP”.

Precisamente ese peligro será otra de las ideas fuerza de la candidatura de Por Andalucía. Maíllo y los suyos buscarán escenificar que, aunque los populares de Juanma Moreno Bonilla intentan “proyectar una imagen de moderación para evitar la identificación con la ultraderecha”, el PP andaluz “ya ha elegido bando y comparte bloque ideológico y social con quienes más se benefician de sus políticas: especuladores, grandes propietarios, multinacionales o grandes empresas sanitarias privadas”.

Pedro Sánchez intenta apagar el incendio. Los rescoldos de la crisis política vivida este martes en Euskadi entre dos socios de gobierno como el PSE y el PNV llegaron hasta la sesión de control del Congreso, en la que los nacionalistas vascos advirtieron al Ejecutivo de que no debe dar por hecho su apoyo parlamentario en lo que queda de legislatura. “Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente”, le espetó la portavoz Maribel Vaquero.

Sin mencionar expresamente a la crisis del meme que desató el choque (los socialistas publicaron una imagen creada por inteligencia artificial con Aitor Esteban lanzándose a una piscina tras acusarlo de seguidismo a EH Bildu), Vaquero le exigió al presidente del Gobierno respeto a su formación política. “Quizás usted tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo. Y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar a nosotros también, pero no lo conseguiremos si además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros”.

En su réplica, Sánchez encajó el reproche y le tendió la mano a un socio clave que esta misma semana aparcó su apoyo parlamentario al Ejecutivo y se abstuvo en el decreto de vivienda que tumbaron PP, Vox y Junts. “Por supuesto que quiero compañía. Y además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco”, respondió el presidente, que alabó la colaboración de los nacionalistas vascos durante las dos últimas legislaturas. “Necesitamos diálogo y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco”.

El PNV también le reprochó al Gobierno las consecuencias de la huelga estatal de médicos. “En Euskadi ya ha alterado la atención a 300.000 personas y ha aplazado 8.000 operaciones. Y no nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Haga lo imposible para llegar a un acuerdo. Resuelva ya los motivos de esta huelga”, le ha pedido.

En esa línea se expresó también el líder del PP, que acusó a Pedro Sánchez de ser el responsable de las listas de espera en la sanidad pública. “De sanidad no tiene la menor idea. ¿Se va a reunir con los médicos? ¿Sabe cuánto ha aumentado la lista de espera? Más de dos millones de personas durante la huelga. No se puede legislar contra los médicos y defender la sanidad pública. Haga usted el favor de preocuparse por los asuntos de los españoles”, le ha reclamado.

Este martes, los socialistas vascos ilustraron un comentario en sus redes sociales sobre las negociaciones del nuevo estatuto vasco con una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se veía a Aitor Esteban lanzarse a una piscina e ironizaban sobre “su optimismo”. La respuesta del PNV fue que “no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre”, y calificó el chiste de “indecente”. El propio Esteban se encargó de escenificar ese enfado con la anulación de una reunión con dirigentes socialistas para la negociación de la reforma del estatuto de autonomía.

El choque se produce en un contexto delicado en las relaciones entre jeltzales y PSE-EE, cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, que fija el uso del euskera en la las oposiciones para la administración. Según fuentes de las dos formaciones, las negociaciones entre los socios del gobierno vasco parecen haber encallado tras la disposición del PNV a llegar a un acuerdo con EH Bildu.

Choque con el PP por la vivienda

Además del recién declarado conflicto con los nacionalistas vascos, en la sesión de control no faltaron las alusiones a la votación que tuvo lugar el martes, cuando PP, Vox y Junts sumaron sus votos para tumbar el decreto de vivienda que incluía entre sus medidas la prórroga de los alquileres. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, afeó la posición de su partido a la portavoz popular Esther Muñoz, a quien acusó de no hablar “de los problemas que más preocupan a los españoles”. “Se le ha olvidado decir que la primera preocupación es la vivienda, y podríamos hablar de la posición del PP ayer con el decreto”, criticó Cuerpo.

En respuesta, Muñoz recordó que la semana pasada el PP llevó a votación en el Congreso “una proposición de ley vivienda” con medidas de desregulación del mercado de los alquileres. “Claro que queremos hablar de vivienda, pero este parlamento está en contra de sus propuestas”, afirmó la portavoz, mientras minutos después el portavoz de economía del PP, Juan Bravo, planteó la necesidad de “eliminar la ley de vivienda” del Gobierno, que tachó de “intervencionista” y que permite a las comunidades autónomas decretar zonas de mercado tensionado para limitar los precios.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, criticó que el PP no defendiera en la votación de este martes “a los más de tres millones de ciudadanos que viven atrapados en las rentas del alquiler”. En respuesta al diputado Sergio Sayas, también del PP, Rodríguez aseguró que su ministerio ha “ganado” pese a la derrota del decreto de vivienda el martes “porque sus trampas”, las de los populares en materia de vivienda, “no cuelan”.

El decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda ya es historia. Este martes, PP, Vox y Junts volvieron a unir sus votos en el Congreso para derogarlo un mes después de que el Gobierno lo aprobase, y con ello tumbaron la posibilidad de que los inquilinos cuyos contratos de alquiler venzan en 2026 y 2027 —tres millones de personas en un millón de hogares, según el Ejecutivo— pidan una prórroga de sus arrendamientos al mismo precio. Pero Sumar se resiste a asumir esa derrota y apuesta por que el Gobierno vuelva a dar luz verde a la medida en Consejo de Ministros para darse al menos otro mes para negociar, una idea ante la cual el PSOE ha hecho oídos sordos, al menos por el momento.

A favor de convalidar el texto votaron este martes tanto PSOE y Sumar como sus socios habituales (ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria), con la notable excepción del PNV, que se abstuvo tras conocer que el decreto ya iba a caer por la negativa de Junts a apoyarlo. La derrota, por tanto, fue contundente. Pero el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que la derogación del decreto no va a “disuadir” a Sumar “en la defensa de lo que es justo”, y prometió que el Gobierno va a “seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda”.

Para ello, Bustinduy pidió al PSOE desde la tribuna del Congreso que tenga la “voluntad política suficiente” para trabajar “desde esta misma noche” para “volver a traer la prórroga” de los alquileres a la Cámara Baja. Y, una vez consumada la caída del decreto, insistió aún con más claridad: el Gobierno debe aprobar la medida, dijo, “las veces que haga falta”. Por ahora, no obstante, el ala socialista del Ejecutivo ha evitado responder a esa exigencia: fuentes del Ministerio de Vivienda se limitaron a asegurar minutos después de la derrota parlamentaria que “intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”, una ley completamente diferente a la de la prórroga de los alquileres que lleva meses varada en el Congreso por falta de apoyos.

No obstante, incluso si el PSOE se aviniera a aprobar un nuevo decreto para recuperar la medida, la votación de este martes demostró que, hoy por hoy, no cuenta con los votos para ser convalidada. El Gobierno ha intentado escenificar que la negociación se ha mantenido abierta hasta el último momento, pero lo cierto es que el lunes el paquete de medidas quedó ya abocado al fracaso. Fue entonces cuando Sumar hizo una última intentona para tratar de convencer a Junts de que cambiaran de posición cediendo públicamente ante dos de sus exigencias clásicas: la puesta en marcha de más incentivos fiscales para los caseros y la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Los de Yolanda Díaz instaron al PSOE a aceptar estas dos medidas para, al menos, intentar reencauzar la negociación con los independentistas, pero no hubo movimientos de última hora en el ala socialista del Gobierno, que considera que la formación de Carles Puigdemont tenía decidido desde hace semanas derribar el decreto y que, ante ello, poco se podía hacer.

Al PSOE, de hecho, le molestó que varios portavoces de Sumar criticaran horas antes de la sesión plenaria que la parte socialista del Gobierno no se haya implicado en la negociación, como confesaron fuentes de la formación. Y esa irritación se evidenció durante el debate, puesto que Bustinduy defendió el decreto en el Congreso sin que ninguno de los ministros del PSOE estuviera sentado en la bancada azul durante su discurso, si bien los socialistas no suelen acudir a los debates de los martes en el Congreso hasta el momento de la votación. Por el contrario, de Sumar sí estuvieron presentes tanto la vicepresidenta Díaz como el titular de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Sanidad, Mónica García.

Sabedor de que el decreto tenía las horas contadas, Bustinduy quiso poner a los grupos parlamentarios ante la disyuntiva de decidir entre “si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera”. El ministro hizo hincapié en que derribar la prórroga de los alquileres deja “a la intemperie” a los inquilinos que ya no podrán beneficiarse de ella, y aseguró que “esta votación no va del Gobierno” sino de una “ciudadanía” que “está harta de que, ante su principal preocupación, la política se desentienda”. “Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican”, espetó. Y acusó a PP, Vox y Junts de no tener “un solo argumento para desproteger a tres millones de personas”. “Lo van a hacer por cerrazón ideológica y porque se sienten impunes”, denunció.

Bustinduy criticó que “el mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España: no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50%”. Y, ante la negativa de la derecha a apoyar el decreto, afirmó que “toda España” sabrá que “cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo”, “cada casting para visitar un piso impagable”, “cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio” o “cada trabajador que tarde 30 minutos más en llegar al curro” serán responsabilidad de PP, Vox y Junts.

Esa apelación, sin embargo, no sirvió para mover ni un ápice de su posición a Junts, que presumió de derribar un decreto que calificó de “operación de propaganda [...] jurídicamente muy defectuosa”, en palabras de su diputada Marta Madrenas. Eso sí: más allá de los “graves errores jurídicos”, Madrenas no se esforzó en ocultar que Junts está en contra de lo que la diputada calificó como “un viaje ideológico persistente” del Gobierno y, particularmente, de Sumar, a quienes acusó de tener “una alergia sistemática a los propietarios, a todos”. “Les imponen nuevas cargas, alteran contratos en vigor y no prevén ninguna compensación, nada, ni una: el Gobierno invita a la fiesta y los privados la pagan”, aseveró Madrenas.

La parlamentaria de Junts, asimismo, se refirió concretamente a la prórroga de los alquileres recogida en el decreto para calificarla de medida “estética” y, más aún, contraproducente. “Están generando una inseguridad jurídica sistémica, falsas expectativas y una futura litigiosidad masiva”, denunció Madrenas, que defendió que, frente a la prórroga de los alquileres al mismo precio, Junts plantea “una deducción fiscal al alquiler” más amplia incluso que la que ya existe. “Esto sí que sería una reducción directa del coste para las familias sin perjudicar a los propietarios”, argumentó la diputada, que no obstante evitó cuidadosamente afirmar que la aprobación de esta rebaja fiscal bastaría para que Junts se replanteara su apoyo a la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto.

Bustinduy señala a Junts: “No todo son fichas en un tablero”

Bustinduy aprovechó su turno de réplica al final del debate para responder a Madrenas que su rechazo al decreto no se debe a “ninguna de las objeciones técnicas” que ha planteado. “Usted lo sabe, porque si esa fuera la causa, mañana mismo podemos retomar las negociaciones, resolver las dudas y garantizar el derecho a que sigan en sus casas cientos de miles de personas, incluyendo 200.000 hogares en Cataluña, pero no es esa la razón”, lamentó el ministro, que espetó a la diputada de Junts que “no todo son fichas en un tablero de negociación”. “La vida de cientos de miles de personas no debería ser una ficha en un tablero, y ustedes, tumbando este decreto, quizá persigan otras causas, pero el interés general de Cataluña y de los catalanes no”, acusó.

El titular de Derechos Sociales también chocó con el portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, que acusó con mucha contundencia al Gobierno de ser el culpable de la crisis de acceso a la vivienda por su política de “fronteras abiertas” que, dijo, ha hecho crecer de forma insostenible la demanda de inmuebles. “Nos ha dicho que su hermana es una de las personas que podría beneficiarse de la prórroga. Según su metáfora, usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que va a hacer hoy es empujarles”, espetó Bustinduy, que aseguró que, con su rechazo al decreto, Vox vota “a favor del saqueo de los barrios populares, a favor del negocio de buitres aristócratas” y “a favor del expolio a los trabajadores”.

“¿Entre una familia española y un fondo extranjero que expulsa a esas familias a la calle, Vox de qué lado está? ¿Quién tiene prioridad ahí?”, preguntó el ministro a Quero, que previamente había asegurado que la crisis de acceso a la vivienda se debe a que hay “mucha gente buscando casa y pocas casas disponibles”. “Este desequilibrio es una opción política: impedir o limitar la producción de vivienda, abrazar los controles de precios que llevan a desplomes severos de la oferta y, finalmente, abrir de par en par las puertas de nuestro país a millones de personas que también buscan alojamiento”, había resumido el diputado de Vox, a lo que Bustinduy contestó que, “entre España y los fondos buitre”, la ultraderecha elige a los segundos y que “no hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso”.

El ministro también tuvo un duro cruce de argumentos con el diputado del PP Daniel Pérez, que afirmó que el decreto de medidas de vivienda “es improvisación, propaganda y supervivencia política” y sostuvo que “cada vez que el Gobierno interviene en el mercado ocurre lo mismo, menos oferta, más dificultades y precios más altos”. “Entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros, ¿ustedes creen que van a poder explicar que van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte?”, le respondió Bustinduy, que recordó que la derogación de la prórroga de los alquileres va a suponer a los inquilinos “un coste medio de 2.000 euros por hogar al año, y en ciudades como Madrid, de 600 o 700 euros más al mes”. “A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida”, denunció.

El PSOE rechaza las críticas de la izquierda

Durante el debate, Bustinduy evitó criticar al PSOE por su falta de implicación en la negociación del decreto y, a diferencia de lo que hicieron algunos de sus compañeros de filas de Sumar en la mañana del martes, se limitó a pedir expresamente a los socialistas que el Gobierno vuelva a poner en marcha la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto. Pero el PSOE se sacudió las críticas de la izquierda y defendió que “si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos (PP y Vox)”. “Creo que no tenemos que errar el tiro, las izquierdas no tenemos que equivocarnos de adversario”, defendió desde la tribuna el diputado del PSC Ignasi Conesa durante su intervención en el debate parlamentario. 

La realidad es que los socialistas nunca creyeron en la viabilidad de una medida que se empeñaron en dejar al margen del paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Irán por la certeza de que una medida así no contaría con el respaldo necesario. “Es que las habas están contadas. Claro que defendemos esas medidas, las defendemos tanto que las hemos aplicado mucho tiempo. Pero es que las posturas están muy claras y Junts nos ha dicho a la cara que no había ni margen a la negociación”, defienden en el grupo parlamentario. 

De hecho, en el PSOE deslizan que buena parte del debate político propiciado por Sumar con este decreto tiene más de performativo que de política real, dada la imposibilidad de sacarlo adelante y el momento de debilidad política por el que atraviesa el espacio hasta ahora liderado por Yolanda Díaz. Tanto es así que, según esas mismas fuentes socialistas, la cacareada negociación de Sumar con grupos como Junts apenas si se ha producido de manera simbólica. “Es que no había margen. No había nada que negociar y se ha visto en la votación. La hemos votado a favor los que estábamos a favor y la han votado en contra los que estaban en contra. Ha sido así desde el principio. Que lo asumamos no significa que no apoyemos esas medidas y que nos parezca injustificable la postura de las derechas”, añaden. El diputado socialista le recriminó ese voto al PP y Vox: “Mucha prioridad nacional, pero si echan a un español de su casa, viva el especulador sea de donde sea”.

Unas horas antes de que el decreto decayese por el voto en contra del PP, Vox, Junts y la abstención del PNV, Pedro Sánchez enarbolaba la bandera antiespeculación para defender explícitamente la intervención del mercado. “La especulación expulsa a familias de los barrios y convierte los centros urbanos en parques temáticos, destruye la identidad y el alma de las ciudades. Hay capitales en las que las familias destinan más del 70% de sus ingresos a la vivienda. Y eso es una fuente de injusticia y de malestar social”, dijo durante su intervención en el Bloomberg CityLab 2026 en la que pidió la aplicación de la ley de vivienda. 

“Hay un dilema que hay que resolver: o mirar hacia otro lado, o intervenir un mercado que no funciona. La ley de vivienda es una herramienta que permite declarar zonas tensionadas y actuar sobre los precios de forma sensata. Les da herramientas a los gobiernos autonómicos, pero hay una condición: querer aplicar esta herramienta”, apuntó el presidente.

El decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluye la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 será tumbado en el Congreso —salvo vuelco de última hora— por la mayoría que forman PP, Vox y Junts. Fuentes de la formación independentista confirmaron este lunes su rechazo al paquete de medidas aprobado hace un mes, sobre cuya convalidación decidirá la Cámara Baja este martes. Pero también señalan que, aunque no vayan a apoyar que el texto siga en vigor, depende del PSOE poner en marcha un nuevo decreto que sí se abrirían a apoyar si incluyera, además de la prórroga de los alquileres, medidas como las ayudas fiscales a caseros o la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. “Sumar ha entendido qué defiende Junts y está dispuesto a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE?”, espeta Junts.

Este lunes por la mañana, a poco más de 24 horas de que el Congreso vote la convalidación del decreto de vivienda que afecta a la renovación de cerca de un millón de alquileres, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sorprendía al deslizar que a lo largo del día “podrían darse las condiciones” para desbloquear la negociación con Junts. En concreto, Bustinduy aseguró que Sumar estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones del partido de Carles Puigdemont a cambio de su voto a favor del texto, y entre ellas mencionó “matizaciones sobre la prórroga de los alquileres”, así como las ya mencionadas exenciones impositivas a los propietarios de pisos en alquiler y el IVA franquiciado para los autónomos. España, de hecho, está obligada a aprobar esta última medida por tratarse de una directiva europea.

El ministro, eso sí, aseguró que ese acuerdo solo sería posible si existía “voluntad política” por parte de Junts, pero también del PSOE, que desde el primer momento se ha desentendido de la negociación del decreto de vivienda y la ha dejado en manos de Sumar. Y, aunque los independentistas confirmaron horas después de las palabras de Bustinduy que mantienen su intención de votar en contra del decreto este martes —y, por tanto, de tumbarlo—, también apuntaron directamente a los socialistas e indicaron que la vía planteada públicamente por Sumar es la que sí podría conducir a que Junts aceptara un decreto con medidas de intervención en el mercado de los alquileres.

“Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo y por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y de los pequeños propietarios?”, plantean fuentes del partido de Puigdemont. Y, al confirmar su voto en contra de la convalidación del decreto de vivienda este martes en el Congreso, estas mismas fuentes llaman la atención sobre que es un texto que “no se puede modificar” para incluir sus propuestas, porque la votación solo admite un sí o un no de los grupos parlamentarios.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, considera que la posición de Junts deja la puerta deliberadamente abierta para aprobar un nuevo decreto que incluya las medidas exigidas por los independentistas a cambio de que estos se comprometan a aceptar que también esté en el paquete la prórroga de los alquileres. Y, al haber ya asegurado públicamente la alianza liderada por Yolanda Díaz que está dispuesta a ceder con las ayudas fiscales a caseros y la puesta en marcha del IVA franquiciado, sería el Ministerio de Hacienda —controlado por el PSOE y que ya conoce las exigencias de Junts— con quien Puigdemont tendría que negociarlas y el que, en su caso, debería darles luz verde.

No obstante, fuentes socialistas rebajan las expectativas, ven muy lejano un entendimiento con Junts y se mantienen en la misma tesis que han mantenido desde que el Consejo de Ministros aprobó el decreto, hace un mes: que la medida estaba condenada al fracaso porque en el Congreso no hay una mayoría de diputados que la compartan. De hecho, el PSOE siempre ha sostenido que Sumar era consciente de esta realidad, y las fuentes consultadas deslizan que los ministros capitaneados por Díaz se empeñaron en aprobar la prórroga de los alquileres por su necesidad de marcar perfil propio en un momento de debilidad.

“Saben lo que planteamos”

Sea como fuere, fuentes de Junts aseguran que ya han dejado “claras” sus propuestas en materia de vivienda, “tanto en la tribuna como en el registro del Congreso”. Entre las iniciativas que plantean se encuentran “que el Estado español pague las políticas sociales, que se deduzcan alquileres e hipotecas” o “que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que se encuentran en una residencia”. Estas fuentes de Junts, asimismo, insisten en que el Gobierno “tiene pendiente resolver muchos temas, como el de los autónomos: eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y rebaja de la cuota de los autónomos que se subió por la puerta de atrás”. “Saben lo que planteamos”, afirman.

Así las cosas, como Junts va a tumbar este martes el decreto que el Consejo de Ministros puso en marcha hace un mes, la posibilidad de solicitar una prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 al mismo precio quedará derogada a partir del miércoles. La única manera de que eso no ocurra es que el Consejo de Ministros diera luz verde este mismo martes a un nuevo decreto que activara de nuevo la medida. Ese texto, no obstante, debería incluir las medidas que plantea Junts para no enfrentarse a la misma falta de mayorías dentro de un mes, cuando fuera enviado al Congreso para su convalidación.

Los tiempos son muy apretados, aunque lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría llevar en mano al Consejo de Ministros un texto este mismo martes. Si eso no ocurriera, el Gobierno tiene plena capacidad para aprobar un nuevo decreto en cualquier momento, pero hasta ese momento la prórroga de los alquileres decaería y los inquilinos a los que les venciera el contrato no podrían acogerse a la misma, como sí han podido hacer durante el último mes. Según el Ministerio de Derechos Sociales, hasta un millón de hogares —lo que equivale a más de dos millones de personas inquilinas— tienen derecho a beneficiarse de la medida.

Junts ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto sobre vivienda que se somete a la convalidación del Congreso de los Diputados este martes. Fuentes de la formación independentista han confirmado a elDiario.es que su voto será 'no' y que no está “negociando nada” con el Gobierno, aunque también deslizan que el Ejecutivo “sabe qué plantea” Junts de cara a alcanzar un acuerdo en materia de vivienda: entre otras medidas, más descuentos fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler o la puesta en marcha del “IVA franquiciado” para los autónomos.

Precisamente a primera hora el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que se cerrara un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitieran la convalidación del decreto de vivienda. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del partido de Carles Puigdemont en materia de vivienda a cambio de su voto a favor del texto.

En una entrevista en La hora de La 1, Bustinduy apeló a la “voluntad política” tanto de Junts como del PSOE —que hasta ahora ha dejado en manos de Sumar la negociación— para cerrar ese pacto “en el tiempo que queda”, que es corto, puesto que el paquete de medidas se debatirá y votará este martes por la tarde. “Junts, en las últimas semanas, ha puesto sobre la mesa algunas de las condiciones que piden para poder reconsiderar su voto: algunas son matizaciones sobre la prórroga de los alquileres, también alguna medida fiscal que no es nuestro modelo, pero que podría merecer la pena, y han planteado el IVA franquiciado de los autónomos”, que es “una transposición de una directiva europea” que el Gobierno está obligado a aceptar pero cuya aprobación podría acelerar, enumeró el ministro.

Hasta ahora Junts había sido taxativo en su negativa a apoyar el decreto de prórroga de los alquileres y este lunes las fuentes consultadas han insistido en ese 'no'. Hace más de una semana, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que el decretó no iba a tener su voto a favor, e insistió en que el partido lo ha “dicho el primer día”. “Y lo sabían ellos también, yo creo que incluso antes de aprobarlo”, espetó.

Pese a ello, Bustinduy se ha mostrado optimista. “Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas medidas que pide Junts, que son de ámbito tributario y que tienen que ver con la situación de los autónomos”, ha asegurado el ministro, que ha afirmado que “conversaciones hay siempre abiertas con todos los grupos parlamentarios” al ser preguntado por si Sumar sigue teniendo abiertas negociaciones con los de Puigdemont. “Yo espero es que esas conversaciones se materialicen en las próximas horas en un acuerdo que pueda mandar un mensaje muy claro a las familias españolas: que el Gobierno y el Congreso van a proteger sus condiciones de vida frente a un mercado de la vivienda secuestrado por unas lógicas de especulación”, ha planteado.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de la cuota de Sumar, ha asegurado que ha sido Junts quien ha puesto las dos medidas —las bonificaciones fiscales para caseros y el IVA franquiciado para los autónomos— “sobre la mesa” y ha afirmado que esas iniciativas “no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto” de vivienda. La negociación “requiere de generosidad por parte de todo el mundo”, ha planteado Urtasun, que ha evitado confirmar que Sumar esté negociando directamente con Junts pero sí ha dicho que “conversaciones hay a todas horas” con todos los partidos.

Bustinduy y Urtasun, además, se han mostrado muy críticos con el PP no haber querido ni siquiera “sentarse” a discutir sobre el decreto de alquileres. “El 20% de los votantes del PP son inquilinos y el 20% de la población española son inquilinos, y se han negado siquiera a sentarse para hablar”, ha denunciado el titular de Derechos Sociales, que también ha confirmado que no ha recibido respuesta a la carta que entregó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para solicitarle que reconsiderase su postura. “No han expresado un solo argumento para oponerse” a una medida que “el sentido común, el interés general” y “la opinión de sus propios votantes” avalan, ha afirmado.

Una carta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Alberto Núñez Feijóo, y otra a los grandes caseros de España para que acepten la prórroga; una protesta el domingo convocada por el Sindicato de Inquilinos en la sede del PP y un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la prórroga. Sumar y los representantes de inquilinos siguen apretando a la derecha para que este martes 28 vote a favor de convalidar el decreto que obliga a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subida de precios más allá del 2% a los inquilinos por los próximos dos años. No obstante, la izquierda parlamentaria tiene pocas esperanzas de poder atraer en el último momento a Junts, verdadera clave de bóveda de la votación, puesto que los independentistas han confirmado públicamente que su idea es votar en contra del decreto junto a PP y Vox —de nuevo—. Mientras tanto, miles de inquilinos han enviado ya el burofax que debe garantizarles la prórroga y se han encontrado con distintas respuestas: el acuerdo amistoso, el enfado o el más desconcertante: el silencio.

Es el caso de César, inquilino de uno de los pisos de Madrid, en el barrio de Carabanchel, antes protegidos que Ana Botella vendió a Blackstone, que ahora los está vendiendo a Brookfield. Su contrato de alquiler vence en junio y lleva viviendo allí desde hace 20 años, primero con protección oficial y después con casero privado junto a una subida del alquiler del 100% en este periodo, de los 530 euros a los 1.050 que paga ahora. “En cuanto salió el decreto, me acogí a la prórroga y envié el burofax para solicitar la prórroga, pero no he recibido respuesta”, explica César, que reconoce que está “más tranquilo” desde que lo hizo. “Antes, dormía mal por no saber si me iban a echar”, dice.

El decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, va a votación el martes en el Congreso, pero no cuenta con el apoyo de ningún partido de derechas (ni Junts, ni PP, ni Vox) y, por tanto, es muy probable que caiga. La mayoría de abogados, como el Sindicato de Inquilinos y el Ministerio de Consumo, defienden que, aunque el decreto sea derribado, las prórrogas serán efectivas para quienes lo hayan solicitado antes de la votación. La patronal inmobiliaria y los caseros, sin embargo, no lo tienen tan claro y algunos apuntan a la judicialización de los casos.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, asegura que “hay propietarios que están consultando qué efectos reales puede tener ese burofax, otros que prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación parlamentaria y jurídica, y también casos en los que ambas partes intentan hablar antes de adoptar decisiones”. Lo que no fija es una posición conjunta ante las peticiones: “No caben respuestas generales”. “Cada caso depende del momento contractual, de las comunicaciones previas entre las partes y de las circunstancias concretas de cada arrendamiento”, dice.

Desde el despacho de abogados Thomas de Carranza, que lleva a fondos inmobiliarios, defienden que los burofaxes que serán válidos serán aquellos referidos a contratos que vencieran antes del 28 de abril, y no a todas las comunicaciones de ese periodo. Mientras que, según Consumo, Sumar e Inquilinos, la fecha importante es la de activación del derecho, o sea, cuando se envía el burofax, parte de los propietarios opina que lo que vale es que la fecha de vencimiento del contrato sea previa a la votación si tumba el decreto.

Así lo opina también Eduard Soler, abogado del colectivo de pequeños propietarios Som Habitatge. “Recibimos consultas y comentarios de propietarios y la percepción es que esta situación generará más inseguridad jurídica, aboca a los propietarios y a los inquilinos a mayor conflictividad, más judicialización y pleitos y al final pierde todo el mundo”, dice. Asval, la patronal de fondos propietarios de viviendas de alquiler como Blackstone, se limitó a asegurar que el decreto “no aportará seguridad jurídica” y derivará en “conflictividad”, avanzando la judicialización de casos, según su presidenta

Tanto el despacho Thomas de Carranza como COAPI niegan que haya habido un gran aluvión de burofax. “Nuestra asesoría jurídica ha recibido un centenar de consultas sobre un total de 5.000 agentes inmobiliarios, no se está produciendo una reacción masiva ni uniforme, sino un escenario muy fragmentado”, comenta Junyent.

Esta realidad contrasta con la que ven los inquilinos. Desde el Sindicato aseguran que el modelo de burofax publicado en su web ha sido descargado por 11.000 personas desde que se aprobó el decreto y las visitas a la web se han disparado hasta por encima de las 500.000 en un mes, mucho más de lo habitual. “Hay quien se descarga este burofax, pero también quien puede consultar la información y descargarlo por otras fuentes”.

Entre los inquilinos, no cuesta encontrar todo tipo de experiencias. Desde gente que ha enviado el burofax después de una comunicación amistosa con el casero y le ha servido para cerrar la renovación (es el caso de Mariel, en Barcelona), como personas que lo han enviado y no han recibido respuesta alguna del casero, como algunos a los que les ha valido como forma de presión para que acepten la prórroga y también quienes lo han descartado para no tensar la relación con los caseros o para no levantar la liebre sobre una prórroga que se hace más larga y automática dos meses antes del vencimiento si no hay una comunicación oficial en los cuatro meses previos.

En el caso de Raquel, vecina de Zaragoza de 45 años, avisó al casero, con el que tiene buena relación, de que enviaría el burofax para extender un contrato que se le acababa el 1 de abril. “Se enfadó muchísimo, porque ya habíamos quedado en que me subía el alquiler 100 euros, de 650 a 750 euros, y me dijo que si quería acogerme a esto, dentro de dos años me subiría a 950 en vez de a 750. Con lo que yo preferí aceptar la subida de 750 euros, realmente es un buen precio como están las cosas en Zaragoza. Y conseguí que no me subiese durante el contrato más del 2% al año independientemente del IPC y que me pinte la casa, que falta le hacía”, relata Raquel.

Para Laura Martínez, inquilina de Camarena de un piso propiedad de un fondo de inversión, el burofax ha funcionado como herramienta de presión. “Después de más de 20 años viviendo en el piso, el fondo me había dicho que me fuera y no aceptaban los pagos. Ni siquiera aceptaban una subida de la renta que ella mismo les ofreció y una opción de tanteo para comprar el alquiler. ”Me devolvían los pagos del alquiler y envié el burofax, pero no me respondían. “Les envié otro correo diciéndoles que si no me daban un número de cuenta para hacer el pago iría al juzgado a consignarlo y al final me enviaron un enlace para pagarlo. Con este enlace están aceptando la prórroga”, asegura ya convencida de que podrá estar al menos dos años más en la vivienda.

Entre los silencios sin descifrar está también el del casero de Martina, profesora de 30 años que comparte piso en Madrid con dos amigos por el que pagan 1.300 euros. “Le enviamos un burofax y también le envié un mensaje avisándole de que se lo había enviado. No nos ha respondido. Normalmente, cuando no le gusta algo no nos responde”. En qué se convertirá este silencio y el de miles de caseros, si en aceptación tácita o denuncias ante la justicia, es la gran incógnita que se resolverá caso por caso, a falta de una respuesta clara o unificada de portavoces y abogados del sector inmobiliario.

Junts vuelve a hacer piña con PP y Vox pese a la presión de Sumar

Si el decreto tiene todas las papeletas para terminar siendo derribado este martes en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts es porque no ha funcionado demasiado bien la presión sobre los populares y, especialmente, sobre los independentistas, que la semana pasada confirmaron que votarán en contra de la convalidación. Aunque el paquete de medidas fue aprobado por el Gobierno en pleno hace aproximadamente un mes, el PSOE dio por imposible desde el primer momento su aprobación y apenas ha hecho esfuerzos para intentar convencer a Junts o al PP para que, al menos, se abstuvieran.

Quien ha llevado la batuta de estas conversaciones ha sido Sumar, pero con muy poco éxito. Desde el primer momento, fueron los ministros del ala minoritaria del Ejecutivo —y particularmente el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— los que más defendieron públicamente el decreto. Y los partidos que componen Sumar lanzaron una campaña conjunta con el elocuente nombre de Pide la prórroga, defiende la prórroga tanto para animar a los inquilinos a poner en marcha la medida estrella del paquete como para que el foco mediático no se apartara del decreto una vez aprobado este.

Simultáneamente al lanzamiento de esa campaña, Sumar anunció una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para intentar cosechar su apoyo a la medida. Pero de esta ronda poco más se supo, y el PP rechazó incluso reunirse con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y tampoco respondió a la carta que le envió hace unos días el ministro Bustinduy al líder popular Alberto Núñez Feijóo para pedirle que “reconsidere” su negativa a convalidar el decreto. Sumar, por su parte, ha evitado repetidamente confirmar si ha tenido alguna reunión presencial con Junts y se ha limitado a asegurar que estaba manteniendo contactos con los independentistas.

Fuentes de la alianza liderada por Yolanda Díaz confirman, no obstante, que estas conversaciones quedaron totalmente bloqueadas después de que, la semana pasada, la propia Díaz calificara de “racista” y “clasista” el proyecto político de Junts. Hasta entonces tampoco se habían registrado grandes avances, pero estas fuentes explican que Sumar aún confiaba en poder ofrecer modificaciones que permitieran lograr una abstención de los de Carles Puigdemont, una posición que hubiera permitido que el decreto fuera convalidado en el Congreso por 172 votos a favor frente a 171 en contra. Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta permitieron a los independentistas escenificar un gran enfado —que protagonizó el propio Puigdemont— y justificar su rechazo al decreto.

Las declaraciones de Díaz causaron malestar en algunos sectores de la alianza que todavía lidera, puesto que pusieron una piedra más en el camino de una negociación que ya estaba siendo muy complicada. En cualquier caso, que salvo sorpresa Junts vaya a votar —de nuevo— con PP y Vox a una iniciativa de vivienda planteada por el Gobierno no es una novedad, puesto que, en los últimos meses, los independentistas han tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Pese a ello, Junts es consciente de que la prórroga de los alquileres es una medida apoyada por la mayoría de los ciudadanos, también entre el electorado de los partidos de la derecha. Y, sabedores de que rechazar una medida popular siempre es complicado, la semana pasada los independentistas intentaron sacudirse la presión y poner el foco sobre el mal momento que atraviesa el Gobierno en las encuestas exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convocara elecciones anticipadas y acusándole de estar “rodeado” de corrupción.

Junts vuelve a hacer aspavientos para recordar que su relación con el Gobierno sigue rota. El miércoles pasado, el partido que lidera Carles Puigdemont elevó su presión sobre el Ejecutivo exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y cruzando, por primera vez esta legislatura, esa línea. Con su movimiento, Junts se aleja aún más de la Moncloa. Pero lo cierto es que, después de que los independentistas anunciaran a bombo y platillo hace medio año su ruptura con Sánchez, el órdago no tendrá ninguna traducción concreta en la relación de Junts con el Gobierno. Eso sí: sirve a los de Puigdemont para preparar el terreno de cara a una semana parlamentaria que se prevé complicada para ellos.

Fue la portavoz independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió a Sánchez convocar elecciones con argumentos muy similares a los que lleva planteando desde el inicio de la legislatura el PP. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumplen acuerdos” y “aprueban políticas de espaldas a este parlamento”, espetó Nogueras, que afirmó que “la guinda del pastel son los casos de corrupción” que “rodean” al presidente. Fuentes de Junts ahondan en esta argumentación y aseguran que el presidente carece de “fuerza política” al no contar con una mayoría estable en la Cámara Baja que sustente sus políticas.

No obstante, los de Puigdemont descartan taxativamente la posibilidad de secundar una moción de censura que, junto a PP y Vox, serviría para sacar de la Moncloa a Sánchez y para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. “Si no hemos regalado ningún voto al PSOE a cambio de nada, tampoco vamos a hacerlo con el PP”, argumentan las fuentes consultadas. Y, por ello, la Moncloa se muestra muy tranquila, quita hierro al órdago de Junts y asegura que su relación con los independentistas no va a empeorar, fundamentalmente porque los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre Puigdemont escenificó su ruptura con Sánchez.

Lo cierto es que Junts no tiene en su mano ni forzar la convocatoria electoral ni golpear legislativamente al Gobierno más de lo que ya lo está haciendo. En los últimos meses, los de Puigdemont han propinado varios varapalos parlamentarios al Ejecutivo, el último esta misma semana, cuando sumaron fuerzas con PP y Vox para iniciar el debate de una ley que aceleraría los desahucios de familias vulnerables y derogaría el mecanismo que permite establecer topes a los precios del alquiler. Desde el pasado noviembre, asimismo, Junts ha tumbado (por dos veces) el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, ha derribado el decreto de escudo social por incluir la prohibición de desahuciar a inquilinos con bajos ingresos y ha impedido que el Ejecutivo tenga en su mano prohibir en situaciones de emergencia las subidas bruscas de precio de algunos productos o servicios.

Sin embargo, aunque la decisión de Junts de escenificar un nuevo choque con el Gobierno no va a tener ninguna traducción a hechos concretos, al menos a corto plazo, sí puede servir para que los independentistas se intenten sacudir la presión de cara, especialmente, al próximo martes. Ese día, el Congreso debatirá y votará tanto la toma en consideración de la ley que crearía el Consorcio de Inversiones Gobierno-Generalitat como, sobre todo, el decreto de vivienda aprobado hace un mes, que contiene medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. Los de Puigdemont han jugado al despiste y no han querido aclarar el sentido de su voto respecto al Consorcio, pero ya han anunciado su rechazo al paquete de medidas de vivienda. 

Ese ‘no’ se debe, fundamentalmente, a motivos ideológicos. Pero Junts lo ha tenido más fácil para venderlo a su electorado después de que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificara como “racista” y “clasista” su proyecto político la semana pasada, unas declaraciones de las que Díaz no se ha retractado y que no sentaron demasiado bien en su propio partido porque torpedearon la negociación del decreto de vivienda con los independentistas, que ya era muy compleja. Puigdemont respondió a esas palabras con un crítico mensaje en sus redes sociales en el que acusó a la vicepresidenta de “bajeza moral” y afirmó que no conoce ni al “votante” ni al “militante” de Junts. “Buen viento, la próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta”, le espetó.

No obstante, hasta un 74% de los ciudadanos apoyan la prórroga de los alquileres, y quienes rechazan la medida son minoría entre los votantes de todos los partidos, también los de derechas. Y ese dato, que en la última semana han recordado con insistencia las formaciones progresistas y, particularmente, Sumar, mantiene la presión sobre Junts. Una presión que no se ha disipado pese al enfado de Puigdemont con Díaz y también a pesar de que la portavoz Nogueras, asegurase hace unos días que las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno “están muy mal hechas” y cuentan “con muy poco rigor”.

El Consorcio y la inmigración

Aunque en menor medida, la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para poner en marcha el Consorcio de Inversiones entre Gobierno central y Generalitat tampoco es una votación especialmente cómoda para Junts. Esa iniciativa es una de las que acordaron los republicanos con el PSC hace dos años para hacer president a Salvador Illa, y busca crear un órgano que se encargue gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya para acabar con el déficit de ejecución presupuestaria. Junts ha asegurado que este órgano se queda corto y es “innecesario”, y ha exigido que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar cada ejercicio. 

También es cierto, no obstante, que esta votación enfrenta a los de Puigdemont a un dilema incómodo. Posicionarse en contra de la iniciativa supondría torpedear una propuesta que busca dar más poder a la Generalitat para acelerar las inversiones estatales en Catalunya, una de las exigencias habituales de Junts. Pero apoyarla permitiría a ERC apuntarse un importante tanto y allanaría el camino al entendimiento entre los de Oriol Junqueras y el PSC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, que Illa se vio obligado a retirar hace unas semanas para dar más tiempo a la negociación.

A todo ello se suman las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria, que no han contribuido a mejorar la relación con un Junts que lleva tiempo endureciendo su discurso en esta materia a causa del acelerado crecimiento que ha experimentado la formación ultraderechista Aliança Catalana, de carácter marcadamente xenófobo. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no ha tenido que pasar por el Congreso para ser aprobada, pero Nogueras se mostró muy crítica con ella el miércoles pasado, cuando acusó a Sánchez de haberla “impuesto” por “la puerta de atrás”, pese a que el procedimiento ha sido perfectamente legal. “España invita, pero lo pagan y lo sufren, como siempre, los ciudadanos de Catalunya”, espetó.

Esa crítica no es una excepción, sino la última muestra de un viraje que, en los últimos tiempos, también se ha evidenciado en otros movimientos, como la decisión de Junts de presentar una veintena de preguntas al Gobierno por alojar “en un hotel” a 30 migrantes en Figueres (Girona). Hace un par de semanas, el diputado posconvergente Josep María Cervera exigió saber “desde qué punto del Estado español se ha trasladado” a los 30 demandantes de asilo, “quién ha tomado la decisión”, por qué se ha elegido Figueres como el municipio en el que debía realojarse a estas personas o “cuánto dinero se destina diariamente a cubrir las necesidades de estas personas”, así como si ese coste “es asumido directamente por el Gobierno español o se canaliza a través de entidades colaboradoras”.

Un choque que cada día suena más a ruptura definitiva. Junts vuelve a escalar otro peldaño y eleva el tono contra el Gobierno para poner sobre la mesa el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumple acuerdos, aprueba políticas de espaldas a este parlamento. Y la guinda del pastel son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?”, le ha preguntado la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, al presidente durante la sesión de control en el Congreso.

Visiblemente incómodo con el tono y el fondo de las acusaciones de Junts, Sánchez ha intentado sacudirse la retahíla de reproches y despejar el horizonte de la legislatura. “La existencia de este Gobierno progresista se justifica también como con los acuerdos autonómicos de PP y Vox”, ha dicho el presidente en referencia a la advertencia ya lanzada de que el Ejecutivo central estará al quite de los pactos de las derechas que puedan rebasar preceptos constitucionales o vulneren derechos sociales de colectivos concretos.

No obstante, fuentes de la Moncloa han quitado hierro posteriormente al nuevo órdago de Junts, pese a que la formación independentista asegura que su cambio de tono no es casual y que responde a un malestar real con el Ejecutivo. De hecho, dado que el partido de Carles Puigdemont sigue sin plantearse la posibilidad de apoyar una moción de censura junto a PP y Vox, el Gobierno se muestra tranquilo y considera que su relación con Junts no va a cambiar. Los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre los independentistas anunciaron públicamente la ruptura con la Moncloa, y estas fuentes se limitan a asegurar que el Ejecutivo llevará al Congreso “iniciativas buenas para Cataluña y para España” y a afirmar que esperan que Junts “las apoye”.

El conjunto del Gobierno, de hecho, ha obviado la decisión de Junts de redoblar la presión contra ellos y se ha lanzado en tromba contra el acuerdo de PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado ese pacto como un éxito rotundo de la ultraderecha respecto a los populares, a los que ha dado por muertos durante la sesión de control por aparcar la defensa de los valores de la Constitución en pro de los postulados ultras.

“El pacto en Extremadura ha sido una victoria sin paliativos de la ultraderecha frente a la derecha moderada, que ha muerto. Descanse en paz el PP. Todos los postulados políticos y económicos del PP al servicio de la ultraderecha. Pero la victoria no será total ni eterna, porque el Gobierno va a frenar cualquier medida contraria a la Constitución. Las llevaremos a los tribunales”, ha prometido.

En su rifirrafe con Nogueras, el presidente también ha rechazado la crítica de Junts respecto a las consecuencias de su política fiscal, que según Nogueras “empobrecen a la gente” y, especialmente, a Catalunya, que ha dicho que “paga la fiesta” del resto de España. “No, perdone. Nosotros no empobrecemos a la gente. La empobrece una guerra ilegal a la que el Gobierno se opone y da respuesta con un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros para ayudar a empresas, familias y autónomos”, ha contestado Pedro Sánchez, que también ha defendido la regularización de las personas migrantes ante las críticas de los independentistas catalanes.

Antes, en su turno de palabra, el líder de la oposición volvió a desaprovechar su oportunidad semanal de poner en un aprieto al presidente durante la sesión de control en el Congreso y apenas pudo colocar reproche respecto a la dedicación de Pedro Sánchez a su política exterior en mitad de un mundo convulso. “Perdone que le incordie con asuntos domésticos”, ha comenzado ironizando Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado que el presidente viaje a China y desatienda, según él, las prioridades para los españoles.

“Viaja más a China que Adamuz o Paiporta. Lo único más peligroso que su corrupción es su falta de humanidad. Y lo único que empata con su corrupción es su incompetencia”, le ha espetado el líder del PP. El presidente le ha respondido con alusiones a los pactos de los populares con Vox, como el firmado recientemente en Extremadura. “Tantas lecciones de constitucionalismo y le dan una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y también el de no discriminación”, ha dicho Pedro Sánchez, que ha añadido que el PP “se financia en B” y que por eso quiere a “trabajadores en B”, en referencia a su oposición a la regularización de personas migrantes.

Cuerpo se estrena en el Congreso

Además del habitual rifirrafe entre Sánchez y Feijóo, la sesión de control de este miércoles ha tenido como protagonista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que acudía al Congreso por primera vez desde que fue nombrado vicepresidente primero del Gobierno para someterse a las preguntas de los diputados. Quien le ha cuestionado fue la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, que le ha preguntado “por qué ha aceptado ser vicepresidente” de “toda la corrupción” que salpica al PSOE. “Tendría que empezar dándole la enhorabuena por su vicepresidencia, aunque viendo cómo han acabado sus manos derechas, dos en prisión y otra exiliada en Andalucía, casi mejor le doy el pésame”, ha ironizado Muñoz.

Cuerpo, no obstante, ni ha entrado al trapo con Muñoz ni tampoco lo ha hecho posteriormente con el responsable económico del PP, Juan Bravo, que ha criticado el empeoramiento en el nivel de vida que, ha dicho, han sufrido los ciudadanos en los últimos años. Por el contrario, el nuevo vicepresidente ha tirado de sarcasmo para agradecer a la portavoz del PP su “cálida bienvenida” y para afearle en un tono muy sosegado que “sus preocupaciones están lejos de las de los ciudadanos”, puesto que los populares, ha dicho, “no están preocupados por la economía”, “no están preocupados por la vivienda” o “por la situación de las empresas, familias, hogares o autónomos”. Cuerpo ha afirmado que el Gobierno tendrá “tolerancia cero” con la corrupción y que “no puede haber impunidad”, pero ha exigido a Muñoz pasar a debatir “temas relevante para los españoles”. “La guerra de Irán, el impacto de los aranceles, el impacto de la regularización, elija señoría, sorpréndanos”, ha zanjado.

La corrupción también ha sido la protagonista del agresivo intercambio que han sostenido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP Miguel Tellado, que ha tenido como invitada involuntaria a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Tellado ha usado su pregunta a Bolaños para acusar graves delitos a Armengol durante su mandato como presidenta de Baleares entre 2015 y 2023, y denunció que Armengol “abrió la puerta” de su comunidad “a una trama corrupta”, la de la venta de mascarillas a cambio de comisiones. “La señora Armengol no debería estar sentada ahí, lleva dos años mintiendo en sede parlamentaria, en sede judicial y hasta en el Tribunal Supremo”, ha espetado Tellado, tras lo cual la presidenta, que ha mantenido silencio durante toda la intervención del diputado del PP, ha asegurado que “no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse”.

La derecha vuelve a hacer piña en el Congreso para desregular el mercado de la vivienda. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PP para acelerar la puesta en marcha de desarrollos urbanísticos, pero que también incluye medidas para rebajar la protección a las familias vulnerables en procedimientos de desahucio y serviría para derogar los artículos de la ley de vivienda que permiten establecer zonas de mercado tensionado y fijar topes al precio de los alquileres. Además de por los populares, la norma fue apoyada por Vox, Junts y UPN, mientras el PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. No obstante, eso no implica que entre en vigor de manera inmediata: por delante tiene una larga tramitación que es muy poco probable que termine avanzando.

La iniciativa, registrada por el PP, está titulada con el anodino nombre de “proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”. Pero bajo ese título, los populares incluyen todo un paquete de disposiciones que, lejos de limitarse a acelerar los trámites burocráticos para la construcción de inmuebles, buscan recortar la capa de protección en materia de vivienda para los ciudadanos con menos recursos. La diputada popular Soledad Cruz-Guzmán argumentó que este recorte es necesario para “devolver la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores” para revitalizar el mercado del alquiler y “porque el control de precios no funciona”.

El texto, por ejemplo, reduciría de los actuales 1.800 euros a 900 euros el umbral de ingresos mensuales a partir del cual un ciudadano es considerado vulnerable, lo cual le permite poder acogerse a medidas que retrasen su desahucio. Asimismo, la ley plantea que se reduzca el plazo legal para que las Administraciones encuentren un techo alternativo a las familias vulnerables a las que se vaya a desalojar: de dos meses a un mes si el propietario del inmueble es persona física, y de cuatro a tres meses si es persona jurídica. Y se eliminaría el artículo de la ley de arrendamientos urbanos que permite a los inquilinos prorrogar durante un año su contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero sea una empresa y acrediten una situación de vulnerabilidad social y económica.

A todo ello se sumaría la derogación de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y los instrumentos de apoyo a la inquiokupación”, tal y como explica el PP en la exposición de motivos de la propia ley. De la misma manera, la norma permitiría a las empresas acudir a un juicio rápido para exigir la “inmediata recuperación” de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si se han visto privadas de ella sin su consentimiento.

Durante el debate, la popular Cruz-Guzmán argumentó que la proposición de ley se limita a liberar a los ciudadanos y las empresas de la obligación de ocuparse de las “familias vulnerables”, a las que dijo que “hay que proteger, por supuesto, pero desde la administración pública”. Más allá fue Ricardo Chamorro, de Vox, que aseguró que para su partido el texto propuesto por el PP se queda corto. “Nosotros proponemos desahucios exprés, el fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta a los españoles en vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y que la poca vivienda que se construye sea para quienes son de aquí”, enumeró Chamorro.

El diputado de Vox calificó de “auténtico desastre” la ley de vivienda aprobada en 2023, pese a que su medida estrella, el tope de precios de los alquileres, apenas se ha aplicado en algunos municipios de Catalunya, País Vasco, Navarra o Galicia. “Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa”, espetó Chamorro, que tiró del habitual argumentario xenófobo de su partido para asegurar que “no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva”. “Según el INE, en 2024 llegaron a España 1,3 millones personas del extranjero que establecieron su residencia aquí, de las que 1,14 millones tenían nacionalidad extranjera: eso es una demanda absolutamente desbocada” que “desplaza a los españoles”, afirmó el parlamentario ultraderechista.

Por el contrario, Junts evitó durante el debate referirse a la rebaja de la protección social para ciudadanos vulnerables y se centró en defender la conveniencia de empezar a tramitar la ley por sus medidas para agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Los independentistas catalanes ni siquiera concretaron cuál iba a ser el sentido de su voto, y la única mención que hizo la diputada Marta Madrenas en relación al recorte social que incluye la norma fue para respaldar la parte de la ley que apuesta por derogar una parte de la ley de vivienda. En ese sentido, Madrenas cargó contra la “visión excesivamente ideologizada” y el “modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular” que, a su juicio, está aplicando el Gobierno en materia inmobiliaria.

Al igual que Junts, el PNV —que se abstuvo— se mostró de acuerdo con la parte de la proposición de ley que, por ejemplo, modifica el régimen de nulidad de los planes urbanísticos para evitar que defectos formales invaliden años de trabajo de los ayuntamientos. De hecho, su portavoz Maribel Vaquero se mostró muy crítica con el hecho de que el PP votara en contra hace un año de una propuesta similar presentada por PNV y PSOE por “intereses partidistas”. Pero Vaquero, por el contrario, cargó contra la segunda parte de la iniciativa, la que rebaja la protección social a los ciudadanos vulnerables. “Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede comer todos los días, vestirse y encender la calefacción”, espetó.

La izquierda critica la propuesta: “Declaran la guerra a la mayoría”

Salvo PP, Vox, Junts y UPN, ningún otro partido del arco parlamentario apoyó la toma en consideración de la proposición de ley. Por el contrario, las formaciones progresistas se mostraron muy críticas con una norma que apuesta por “liberar suelo” y volver al modelo de “una burbuja inmobiliaria descomunal” que, en 2012, acabó en el “rescate a la banca”, en palabras de la diputada del PSOE Isabel Pérez, que espetó a la bancada popular que “antes de derogar partes de la ley de vivienda, deberían intentar ponerla en marcha”. “Ustedes ni quieren hacer vivienda pública, ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público”, denunció Pérez.

Por su parte, el parlamentario Alberto Ibáñez, de Compromís e integrado en el grupo parlamentario de Sumar, aseguró que el PP “declara la guerra” con su proposición de ley “a la mayoría social, a aquella gente que no puede llegar a final de mes”. “¿Usted de verdad cree que una familia entera puede vivir con 900 euros al mes?”, preguntó directamente Ibáñez a la diputada popular que defendió la iniciativa durante el debate, a quien también echó en cara que el PP solo es “provida” para oponerse al derecho al aborto. “Una vez nacen [los bebés], les da absolutamente igual si viven bajo un puente o no”, criticó.

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute denunció que rebajar a un máximo de 900 euros el umbral de ingresos mensuales para que una familia pueda considerarse vulnerable obligaría a la gente a “elegir entre tener techo y comer piedras”. Su homóloga de ERC Etna Estrems defendió que la regulación de precios en Catalunya está sirviendo para contener las subidas de los alquileres y criticó que “una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión”, un problema que la iniciativa del PP, a su juicio, agravaría. Y Javier Sánchez, de Podemos, acusó a los populares de ser “el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus”.

La Mesa del Congreso —su órgano de gobierno— aprobó este martes a propuesta de la presidenta Francina Armengol un escrito de cuatro puntos para dar un ultimátum al diputado José María Sánchez, de Vox, que la semana pasada tuvo que ser expulsado de una sesión plenaria al ser llamado tres veces al orden por encararse a gritos con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Este escrito avisa a Sánchez de que, si vuelve a protagonizar un episodio similar, se le aplicarán las medidas “más enérgicas” que recoge el reglamento del Congreso. El texto salió adelante en la Mesa por la mayoría con la que cuentan el PSOE y Sumar y con el voto en contra del PP, que denuncia que Armengol no quiso negociar una redacción intermedia con ellos.

El reglamento de la Cámara Baja establece, en su artículo 106, que “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no miembro de la Cámara, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada”. Y, además, especifica que, “si se tratare de un miembro de la Cámara”, como es el caso del diputado de Vox, “la Presidencia le suspenderá, además, en el acto en su condición de tal por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”.

El escrito recoge la condena, “en los más enérgicos términos” de “la actuación del señor Sánchez García” la semana pasada, ya que “su intento de intimidar a una funcionaria y su ataque a la Presidencia de la Cámara constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa”. Además, Armengol recuerda que es frecuente que el diputado de Vox “profiera descalificaciones a diversos miembros de la Cámara, siendo uno de los diputados que más veces son llamados al orden tanto en pleno como en comisión”.

“Existe, como queda constatado de forma frecuente, una táctica para socavar el funcionamiento del parlamento a base de generar altercados”, razona el escrito, que asegura que “los ataques al parlamento, a su reglamento o a su Presidencia no son casuales”. “Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia”, y “de ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria”, apunta Armengol.

Por ello, la presidenta del Congreso hace “un llamamiento a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para que rebajen el clima de crispación al que se está trasladando la vida parlamentaria”, aunque admite que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación, pues algunos grupos han hecho de la crispación una herramienta política para deslegitimar las propias instituciones”.

Además de avisar a Sánchez de que un nuevo altercado puede conllevar su suspensión, la presidenta del Congreso pide a los grupos parlamentarios “que estudien una posible mejora del reglamento con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias”. “También sería recomendable analizar las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario para evitar ataques contra los valores democráticos”, plantea Armengol.

El PP quería apuntar a “los propios órganos de la Cámara”

Fuentes del PP aseguran que no han votado a favor del escrito de amonestación a Sánchez porque Armengol se ha negado a negociar con los populares un texto que recogiera el aviso de que “los propios órganos de la Cámara” también deben respetar el reglamento. Inicialmente, el PP —que se encuenta en una minoría de cinco a cuatro en la Mesa— presentó un escrito en el que, además de “condenar” expresamente la actitud del diputado de Vox la semana pasada, también exigía “evitar que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas sobre las que las mayorías democráticas de las Cortes Generales han expresado su voluntad de tramitación”.

No obstante, fuentes de los populares sostienen que, para intentar alcanzar un acuerdo con el PSOE y Sumar, presentaron una segunda propuesta de resolución tras esa en la que rebajaron ese punto, aunque manteniendo el espíritu de la reivindicación. En concreto, el PP pedía que el escrito definiera al Congreso como el “foro” donde se ejerce “el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos” y que planteara que dicho derecho no puede ser vulnerado ni por “representantes individuales” ni “por los propios órganos de la Cámara, mediante actuaciones al margen de las normas reglamentarias, legales y constitucionales”.

El giro estratégico de 180 grados que ha dado Podemos en el último mes y medio se tradujo, primero, en un acercamiento a Gabriel Rufián y, después, en un pacto con IU y Movimiento Sumar para presentarse conjuntamente a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Pero los de Ione Belarra no se han quedado ahí, sino que siguen tomando posiciones de cara a los próximos meses. Y la semana pasada, tras el acto que celebró junto a Rufián su número dos, Irene Montero, no solo abrieron la puerta a hablar “con todos” para las próximas elecciones generales —incluido Movimiento Sumar, con quien Podemos no quería tener ninguna relación hasta hace pocos meses—, sino que también plantearon la posibilidad de celebrar primarias conjuntas para elaborar las listas de una eventual candidatura unitaria.

El debate dentro de Podemos sobre la posibilidad de proponer primarias conjuntas al resto de los partidos del espacio político a la izquierda del PSOE no está ni mucho menos cerrado, y algunos sectores de la dirección no ven clara la idea, si bien otros consideran que les permitiría ganar peso en unas listas conjuntas. Pero lo cierto es que existe, y lo hizo público la semana pasada el ex secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que aunque no tiene formalmente ningún cargo en la dirección de Podemos sigue siendo una voz de primer orden en el partido. En una intervención en RNE, Iglesias afirmó que “la manera de poner de acuerdo a formaciones políticas que tienen posiciones tan diferentes” en materia de “política internacional” o “estilo” es “imitar a las fuerzas políticas de izquierdas latinoamericanas que hacen primarias abiertas a la ciudadanía”.

“En el Frente Amplio Uruguayo hay desde formaciones políticas que estarían a la derecha del PSOE a formaciones trotskistas de izquierda radical. Dentro del peronismo argentino están desde Juan Grabois en posiciones muy de izquierdas hasta Sergio Massa, que estaría a la derecha de Pedro Sánchez. En el movimiento que representan Gustavo Petro o Iván Cepeda en Colombia hay planteamientos políticos muy diferentes. Y lo mismo cabría decir de Chile, donde también hacen primarias y hay posiciones muy diferentes entre los partidos”, enumeró Iglesias. “Yo creo que un mecanismo así, en el que dejaran participar a todo el mundo, no solamente a los militantes, sería un revulsivo” para la izquierda española, aseguró.

No es que en Podemos se hubieran negado públicamente hasta ahora a contemplar las primarias conjuntas para diseñar las listas para las próximas elecciones generales, pero tampoco habían apostado expresamente por ellas y, en privado, la mayor parte de las voces se mostraban renuentes a esa opción hasta hace apenas unas semanas. El partido siempre ha hecho gala de que sus candidaturas las escogen sus militantes, pero cuando la formación estaba aliada con IU en Unidas Podemos, cada partido celebraba sus procesos por separado y, posteriormente, negociaba qué puestos de cada lista electoral correspondían a cada formación.

La novedad ahora, por tanto, no es que Podemos se abra a realizar un proceso de primarias, sino que en el partido se haya instalado el debate sobre la conveniencia de que ese proceso sea compartido con otras fuerzas y que, entre esos otros actores, se admita ya la posibilidad de que esté presente Movimiento Sumar. Hasta hace apenas unas semanas, ese extremo era una línea roja para los morados, que incluso llegaron a sugerir públicamente que el partido de Yolanda Díaz debería integrarse en las listas del PSOE para que Podemos pudiera pactar con IU. Por el contrario, la semana pasada, la 'número dos', Irene Montero, abrió expresamente la puerta a hablar “con todos” los actores a la izquierda de los socialistas.

IU y Movimiento Sumar han apostado por primarias

Entre algunos dirigentes de Podemos, no obstante, cunde la sensación de que IU nunca se abrirá a celebrar unas primarias conjuntas y abiertas a la ciudadanía porque, según creen los morados, la formación que lidera Ione Belarra tendría todas las de ganar en ese escenario, especialmente si fuera de la mano de un Gabriel Rufián a quien Podemos ha propuesto hacer “tándem”. Lo cierto, sin embargo, es que esa ventaja dependería mucho de qué formato tuvieran esas eventuales primarias. Si el voto fuera digital, por ejemplo, los morados podrían salir beneficiados, pero si solo se pudiera votar en urna quien tendría más fuerza sería IU, con mucha mayor implantación territorial. Y también serían decisivos factores como que las listas fueran abiertas o cerradas, así como la introducción o no de factores de corrección para garantizar la representatividad de todos los partidos.

Fuentes conocedoras de los entresijos del proceso de recomposición de Sumar explican que, hoy por hoy, los partidos que componen esa alianza no tienen decidido si apostar por unas primarias conjuntas o no para elegir las próximas listas. No obstante, IU y Movimiento Sumar no lo tendrían tan sencillo para rechazarlas, puesto que llevan tiempo pidiendo públicamente eso que Podemos rechazaba y que, ahora, al menos considera como opción. Hace año y medio, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya propuso abiertamente celebrar primarias entre todas las organizaciones, y la federación ha reiterado en varias ocasiones esta apuesta. Hace unos meses, por ejemplo, los órganos de IU aprobaron un informe que planteaba la celebración de “primarias como método de participación amplia y colectiva en la elección de las personas referentes” de un eventual “frente amplio”.

La dirección de IU, no obstante, ha evitado responder públicamente al viraje de Podemos en relación a las primarias y tampoco lo hace en privado. Y Movimiento Sumar tampoco se ha pronunciado, si bien las tesis organizativas que se aprobaron en el congreso extraordinario que celebró la formación el año pasado establecen que “Movimiento Sumar promoverá” que los procesos de elaboración de listas en confluencia con otras fuerzas “se aborden con sistemas de primarias, con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil”. “Estos procedimientos buscarán involucrar al conjunto del electorado y que todas las organizaciones participantes se sientan representadas”, planteó entonces el partido.

La izquierda alternativa intenta marcar perfil propio ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía y en mitad de su proceso de recomposición, amenazado por la estrategia de la Moncloa de absorber apoyos por su izquierda. Este domingo, apenas un día después de la cumbre que reunió en Barcelona al presidente Pedro Sánchez con más de una veintena de mandatarios progresistas europeos, americanos y africanos, IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar han celebrado en Sevilla el segundo acto del proceso de relanzamiento de Sumar. Y ese encuentro, además de muy marcado por la precampaña electoral andaluza, también ha estado trufado de alusiones a un PSOE al que el candidato de la coalición Por Andalucía y líder de IU, Antonio Maíllo, ha tildado de “progre en campaña” y “tembloroso el resto del tiempo”.

El acto de este domingo en Sevilla es imposible de desligar del que se celebró el sábado en Barcelona, en el que no solo participaron referentes socialdemócratas como el propio Pedro Sánchez, sino también dirigentes a su izquierda que, tradicionalmente, han sido cercanos al espacio en el que se ubican los partidos de Sumar, como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Ese acercamiento de Sánchez a líderes progresistas de todo el mundo supone un riesgo para IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar, puesto que podría achicarles un espacio del que no están demasiado sobrados. Y su respuesta este domingo fue elevar el tono ante un PSOE al que deslizaron varias críticas y a quien exigieron pasar de “las musas” en campaña electoral “al teatro” en su acción de Gobierno.

Quien se expresó en esos términos fue el propio Antonio Maíllo, que llamó a dar la vuelta a las encuestas haciendo “en mayo de 2026 un julio de 2023” y aseguró que “ha cambiado el estado de ánimo” en la izquierda a raíz del proceso de reconfiguración de la alianza de los partidos hasta ahora encuadrados en Sumar. Ahora “vamos ganando debates públicos”, porque “¿quién iba a pensar que en un gobierno en el que no estuviéramos nosotros hubiera el debate de vivienda que hay?”, se preguntó Maíllo, que sin embargo dio irónicamente al PSOE la “bienvenida al club” de quienes quieren “intervenir en el mercado” del alquiler.

“Parece que algunos empiezan a decirlo, pero vamos a pasar de las musas al teatro”, exigió el candidato de Por Andalucía y líder de IU, que espetó que “está muy bien decir en un foro de Barcelona que vamos a intervenir en el mercado, pero si después te peleas con [el ministro de Derechos Sociales, Pablo] Bustinduy porque dice que va a hacerlo, eso no vale”. Maíllo centró sus críticas en el PSOE nacional y evitó cargar contra la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y en contraposición a esta supuesta inacción de la Moncloa aseguró que los ministros de Sumar son un “orgullo” para Andalucía.

El candidato de Por Andalucía y líder de IU dio particularmente las “gracias” a Bustinduy por “dejarse la piel para que se ratifique un decreto de vivienda que favorece a 366.000 andaluces y andaluzas” que pueden prorrogar sus alquileres al mismo precio. Y eso le sirvió para dirigirse directamente al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla, para exigirle que tenga “sentido común” y ordene a los “25 diputados del PP andaluz” en el Congreso que convaliden el texto cuando se vote dentro de unas semanas. “¿Qué vas a hacer, Moreno Bonilla? ¿También te vas poner de perfil?”, espetó Maíllo.

Igualmente, Bustinduy señaló directamente a PP y Vox para preguntarles “qué van a votar” a ese decreto, y preguntó a Moreno Bonilla “qué le va a decir” a esos “360.000 andaluces” que pueden beneficiarse ahora mismo de la prórroga de los alquileres. “Yo le digo al señor Moreno Bonilla que alguien que quiere su tierra no vota para echar a la gente de su casa, que alguien que quiere su tierra no desmantela los servicios públicos, que alguien que quiere su tierra no permite que la sanidad o la educación sean un privilegio para quien se lo pueda pagar, que alguien que quiere su tierra la defiende”, aseveró.

“Las ideas progresistas no han salido de Ferraz”

Al igual que Maíllo, el resto de los intervinientes en el acto también elevaron el tono contra un PSOE al que, por ejemplo, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, definió como “socialdemocracia lánguida”. “Estamos orgullosos y orgullosas de ser quienes agitamos el gobierno frente a una socialdemocracia que no tenía más respuesta que una versión soft del neoliberalismo, estamos orgullosos y orgullosas de que las ideas progresistas sean ahora las que alumbren el mundo”, proclamó García, que sostuvo que esas ideas “no han salido de Ferraz”, sino “de la izquierda transformadora que lleva años y años luchando, impulsando y agitando”.

En la misma línea, aunque de manera menos explícita, Bustinduy también reivindicó la acción de los partidos encuadrados en Sumar dentro del Gobierno para presionar al PSOE. “España es la voz de la justicia, de la cordura y de la decencia en este mundo en llamas” y eso “no es una concesión ni una ocurrencia de nadie”, sino “el resultado de la lucha de la gente en la calle y del trabajo de la izquierda dentro y fuera” del Consejo de Ministros, aseguró el ministro de Derechos Sociales, que sostuvo que “si España es el único país que ha aprobado una ley de embargo contra el Estado genocida de Israel es porque el pueblo en la calle ha gritado mil veces que viva Palestina libre” y porque Sumar “lo ha peleado hasta conseguirlo”.

“Si España es el único país que ha rechazado la locura de disparar el gasto militar hasta el 5% que exigía la OTAN es porque es la calle quien dijo no a la guerra y porque la izquierda ha peleado con uñas y dientes, como lleváis peleando décadas contra las guerras ilegales y las bases extranjeras en esta tierra”, defendió igualmente Bustinduy. El dirigente, además, aseguró que políticas como “la primera reforma laboral a favor de los trabajadores y no de la patronal”, la subida de las pensiones o el salario mínimo, el ingreso mínimo vital o el aumento de los permisos de maternidad y paternidad responden a que “la gente se organiza para exigir sus derechos y la izquierda pelea hasta conseguirlo”.

Al tratarse de un acto del proceso de recomposición de la alianza de IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar, ningún dirigente de Podemos participó del mismo. Pese a que el mitin estuvo muy marcado por la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y a pesar de que el protagonista del mismo fue Maíllo, candidato de una coalición —Por Andalucía— en la que los morados se han integrado a última hora, la formación que lidera Ione Belarra sigue teniendo enormes reticencias a tender puentes con el resto de formaciones a la izquierda del PSOE a escala estatal.

El diputado de Vox José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso tras encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en protesta por un supuesto encontronazo con otros parlamentarios de ERC. El altercado ha tenido lugar mientras el parlamentario republicano Francesc-Marc Álvaro intervenía durante el debate de una iniciativa sobre la memoria de los libreros, bibliotecarios, editores y autores represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

Sánchez intentó inicialmente hacerse escuchar a gritos desde su escaño, sin haber solicitado correctamente el uso de la palabra. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

Minutos después del fin del pleno, Vox ha asegurado (sin pruebas) en un comunicado que el diputado de ERC Jordi Salvador ha llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”. “Tras esa actuación, José María Sánchez se ha dirigido personalmente a la Mesa para denunciar esos insultos. La respuesta del vicepresidente ha sido llamar al orden al diputado de Vox en lugar de al autor de los insultos”, se queja la formación ultraderechista, que también afirma que, cuando Sánchez “se ha reincorporado a su escaño”, Salvador ha vuelto a tildarle de “criminal y asesino”.

Eso, siempre según Vox, es lo que habría motivado el enfrentamiento de Sánchez con De Celis y que haya “solicitado la opinión de la letrada” al respecto. “Tras esta situación, el diputado de Vox ha acudido al despacho de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha solicitado que se llamase al orden al diputado de ERC sin obtener ninguna respuesta satisfactoria”, asevera el partido de Santiago Abascal.

El PSOE, por su parte, ha calificado de “graves” e “inauditos” los hechos por boca de su diputado Marc Lamuà. “Lo que hemos visto es que el diputado de Vox se levantaba agarrando el micro y chillando e interrumpiendo la sesión sin que su grupo pidiera la palabra, saltándose todas las normas que tenemos”, ha relatado Lamuà, que ha espetado al PP que “esa es la gente que quieren llevar a los Gobiernos de toda España”.

Sánchez es reincidente en este tipo de comportamientos. En el año 2021, durante la pasada legislatura, el diputado de Vox llamó “bruja” a la entonces parlamentaria socialista Laura Berja durante el debate de una propuesta para tipificar en el Código Penal el hostigamiento a mujeres que desean abortar. Entonces, Sánchez también fue llamado tres veces al orden y expulsado del pleno, pero se negó a marcharse del hemiciclo, una actitud que recibió el apoyo del resto del grupo parlamentario de Vox. La sesión debió de suspenderse durante diez minutos, y tras ese receso el diputado únicamente accedio a retractarse de su insulto con la fórmula “retiro que le he llamado bruja”.

La mayoría que suma la derecha en el Congreso no logra ponerse de acuerdo para empezar a tramitar una medida que, en principio, comparte: la prohibición del uso del burka. Este martes, el Congreso rechazará la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido presentada por Junts a causa de la oposición de PP y Vox, que rechazan el texto no porque no compartan que se prohíba utilizar este tipo de prendas, sino porque la iniciativa incluye también una disposición adicional para delegar en la Generalitat de Catalunya competencias migratorias que ahora mismo están en manos del Estado, como el control de las fronteras, la expulsión de inmigrantes o la facultad de expedir el DNI o el pasaporte.

Es la segunda vez en apenas unos meses que la derecha no logra ponerse de acuerdo en la Cámara Baja para iniciar la tramitación de una ley que prohibiría utilizar el burka o el nicab. El pasado febrero fue derribada otra iniciativa en ese sentido, propuesta por Vox, y entonces fue Junts quien se opuso a la misma argumentando que no apoyarían nada que presentase “un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya”. Entonces, sin embargo, los independentistas anunciaron que registrarían su propia proposición de ley en relación al burka, y este martes el diputado Josep Pagès la defendió asegurando que Junts no puede “aceptar que en nuestras calles haya personas invisibilizadas, borradas, cosificadas por una práctica que es sumisión, humillación y esclavitud”.

“Ni burka, ni Vox, de este marco no nos moveremos ni un milímetro”, argumentó en el debate parlamentario Pagès, que sostuvo que su iniciativa pretendía impedir que “en nuestra sociedad vulnerar los derechos de las mujeres no tenga consecuencias”, pero también afirmó que Junts no aceptaría “que eso se haga desde el racismo”. “El respeto a la pluralidad” religiosa “no puede amparar nunca prácticas que objetivamente suponen excluir a las mujeres de la vida pública”, y “dejar que de este debate se apropie la ultraderecha es precisamente lo que ha hecho el populismo de una izquierda acomplejada y desvinculada de la realidad”, espetó el diputado de Junts.

En contraste con la larga argumentación que ofreció para justificar la prohibición del burka, Pagès apenas se refirió a la segunda parte del texto, la cesión de competencias sobre migración y fronteras a la Generalitat, asegurando que es necesaria para que Catalunya “pueda disponer de las herramientas necesarias para ejercer en plenitud sus competencias”. Pero esta cuestión fue, precisamente, la que llevó a PP y Vox a oponerse al texto. La diputada popular Cristina Teniente aseguró que su partido comparte “el fondo” de la proposición de ley, y sostuvo que “el burka y los velos integrales” son “instrumentos de subordinación clara” que deben ser prohibidos. Pero también espetó que “un asunto tan sensible” no se puede “utilizar para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Catalunya”.

“Los derechos fundamentales no se trocean, no se puede jugar con la seguridad del Estado y la igualdad en las mujeres no puede depender de su código postal”, defendió Teniente, que aseguró que el PP quiere “regular” el uso del burka, “pero con una ley clara” y “aplicable a todo el territorio nacional”. La parlamentaria popular anunció que su partido presentará una proposición de ley en este sentido.

Por su parte, la diputada de Vox Blanca Armario recordó el voto negativo de Junts a varias iniciativas presentadas por la ultraderecha contra el “islamismo” o el uso del burka. “Qué mala memoria tienen ustedes, señorías”, ironizó Armario, que sostuvo que Junts oculta “sus verdaderas intenciones” tras el intento de prohibir el uso del burka o el nicab: “Transferir las competencias sobre fronteras, la seguridad en los puertos o la expedición de documentos oficiales”. “La seguridad no es un puzzle de 17 comunidades autónomas”, sino que “se rompe cuando se fragmenta”, espetó la parlamentaria de Vox, que afirmo no querer oír “ni hablar de cesiones de competencias”. “Ya les han regalado bastantes tanto el PP como el PSOE”, “ni burka ni Junts”, zanjó.

La izquierda se opone

El PSOE, por su parte, se defendió de las críticas del PP —que acusó de “cinismo” a los socialistas— asegurando por boca de su diputada Andrea Fernández que “evidentemente el burka, el nicab o cualquier prenda orientada o destinada a ocultar o denigrar a las mujeres es contraria al feminismo”. No obstante, Fernández espetó que convertir a las mujeres que son obligadas a llevar burka “en un problema policial, que es lo que toda la derecha defiende, es sencillamente un planteamiento equivocado”, e insistió en que “este debate” promovido por Junts “poco o nada tiene que ver con la seguridad”, sino que “se utiliza para tapar la intolerancia”.

“La solución” del problema, planteó la diputada del PSOE, “en ningún caso pasa por expulsar a estas mujeres del espacio público a base de prohibiciones”. Y en la misma línea se expresó el parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, que sostuvo que “las prohibiciones que se han planteado en Francia o Bélgica simplemente han expulsado a las mujeres del espacio público, en muchos casos marginándolas”, en lugar de lograr que se deje de utilizar el velo integral en la calle. “Necesitamos competencias”, pero no para poder dar “órdenes de perseguir a los más vulnerables, sino para evitar que las mujeres” sufran “acoso inmobiliario, explotación laboral o violencia machista”.