Según las previsiones del Gobierno, debemos resignarnos a muchos años de elevado desempleo. Incluso con crecimiento económico, tardaríamos una década en llegar a cifras que, por debajo del 20%, seguirían siendo insoportables.

¿Es posible otra política económica que ponga en el centro la lucha contra el desempleo y dé prioridad a resolver la situación de más de cinco millones de personas en paro? ¿Cabe pensar otras medidas que no sean la desregulación, precarización y devaluación salarial de los últimos años? Estas son las preguntas de partida del libro Qué hacemos con el paro, que estos días llega a las librerías.

Una obra colectiva, escrita por los economistas Nacho Álvarez, Elena Idoate, Alejandró Ramírez y Alberto Recio, y que propone cambiar el modelo productivo español mediante una alternativa que reúna dos condiciones: que sea viable, y que surja de la ciudadanía, que tenga apoyo social para hacerla posible.

Adelantamos unas páginas del libro, pertenecientes al capítulo de medidas posibles contra el paro. Entre otras propuestas, los autores lanzan un debate fundamental: la reducción de la jornada laboral como primer paso para un reparto no ya solo del trabajo (productivo y reproductivo), sino también de la riqueza. Un reparto más equitativo, igualitario y libre.

Repartir el trabajo y la riqueza

Para abordar la aparente contradicción entre la urgente necesidad de crear empleo en nuestra economía y los riesgos ecológicos asociados a un mayor crecimiento material, es necesario avanzar en el debate de la distribución de la renta, la riqueza y los recursos económicos. Frente a la lógica de crecer debe imponerse la lógica de distribuir.

Una política económica verdaderamente encaminada a crear empleo y a hacerlo reconvirtiendo en clave de sostenibilidad el modelo productivo, debiera pasar por una reducción generalizada de la jornada laboral. De hecho, no sólo hay que reducir, sino también reorganizar la jornada laboral para asegurar a todo el mundo el acceso a un empleo remunerado que garantice tanto una renta adecuada como el desarrollo de una vida social plena. Ello conlleva una necesaria reestructuración de la renta a favor de la mayoría de la población. La reducción y reorganización de la jornada laboral debe ir también orientada a un reparto igualitario del trabajo reproductivo no mercantil. Esta será la única forma de hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la población desempleada.

Valgan dos casos como ejemplo, a pesar de sus importantes limitaciones. En primer lugar el caso francés: la reducción de la jornada laboral a 35 horas legislada por el gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos durante el periodo 2000-2002 (años de crisis y de nula creación de empleo para otras economías europeas). Alemania ha experimentado una reducción de la jornada laboral más paulatina, y limitada, pero que también pone en evidencia el potencial que el reparto del trabajo encierra para crear empleo: entre 1995 y 2013 las horas totales trabajadas al año se han mantenido constantes, en el entorno de los 58.000 millones. Sin embargo, durante ese periodo la jornada laboral se ha reducido un 9%, pasando de 1.528 horas anuales por trabajador a 1.392, lo que ha permitido que el empleo creciese un 10%.

Vayamos al caso de España para comprobar la potencialidad que entraña la reducción del tiempo de trabajo para crear empleo. En la tabla 1 podemos ver la evolución histórica del empleo, la jornada laboral y la productividad en las últimas décadas.

En una hora de trabajo se producía en 2013 un volumen de bienes y servicios 10 veces superior al que se lograba en 1950, lo que evidencia un espectacular progreso de la productividad por hora trabajada. Este fuerte crecimiento de la productividad laboral no ha impedido que el empleo total de la economía creciese durante este periodo un 45,5% (5,4 millones de puestos de trabajo). Esa evolución ha sido posible gracias fundamentalmente a dos factores: una progresiva reducción de la jornada laboral del 18,6%, que se concentra en la década de 1980, y un fuerte crecimiento extensivo durante el ciclo de 1996-2007.

Hoy trabajamos 380 horas al año menos que en 1950. Haciendo un ejercicio de economía-ficción, y dando por hecho que el crecimiento del PIB y la productividad se hubiesen mantenido constantes durante este periodo, si hoy tuviésemos la misma jornada laboral que en 1950 la cifra de empleo actual sería únicamente de 14 millones de personas, y la tasa de desempleo alcanzaría el 40%, en lugar del 26%.

Este ejercicio de economía-ficción permite constatar cómo el crecimiento de la productividad puede repercutir a largo plazo en la creación de empleo y en la reducción de la jornada laboral. El crecimiento de la productividad ha permitido, por un lado, que el PIB per cápita se multiplicase por 6,2 durante este periodo. Por otro lado, y en la medida en que el crecimiento de la productividad ha sido todavía mayor que la evolución del PIB per cápita, parte de dicho crecimiento ha podido destinarse a reducir la jornada laboral, a crear empleo y a evitar que se consolidase una elevadísima tasa de desempleo.

El paulatino proceso de reducción de la jornada laboral en el Estado español durante el periodo de 1950-2013, como podemos observar en la tabla 1, ha sido en todo caso muy limitado si lo comparamos con las posibilidades derivadas del fuerte crecimiento de la productividad durante estos años. Reducciones más intensas de la jornada laboral habrían permitido menores tasas de desempleo. Pensemos además que la jornada laboral anual por trabajador en nuestra economía está 220 horas por encima del caso francés, o 270 horas por encima de Alemania.

Pero además, la paulatina reducción que experimenta la jornada laboral en nuestra economía se detiene durante las décadas de 1990 y 2000. Resulta por lo tanto necesario que dicho proceso vuelva a avanzar con fuerza (como mínimo de forma similar a cómo sucedió en los años ochenta) para que los incrementos de la productividad permitan nuevas reducciones de la jornada laboral, así como un reparto del empleo.

La reducción de la jornada laboral –empezando lógicamente por las grandes y medianas empresas– permitiría además invertir el modelo de redistribución regresiva de la renta instalado desde hace décadas en nuestra economía. Este patrón regresivo es el que precisamente evidencia el margen existente para una política de este tipo: los beneficios empresariales han ganado 5 puntos porcentuales sobre el PIB durante la crisis, y habían ganado otros tantos en los años inmediatamente anteriores a ésta. Un modelo de distribución más progresiva de la renta evitaría además que crecientes volúmenes de liquidez en manos del capital financiero alimenten nuevamente burbujas crediticias y bursátiles.

La transformación de nuestro modelo de empleo debe tener en consideración la necesidad de un reparto no sólo del empleo, sino de todos los trabajos –productivos y reproductivos–. Un reparto efectivo del trabajo reproductivo requeriría medidas que vayan más allá: dicho trabajo debería dejar de ser doméstico y convertirse en social. La responsabilidad de la reproducción y el cuidado de las personas, en todas sus vertientes, debe ser colectiva. Los servicios públicos, las facilidades para poner en común estas tareas y su reconocimiento social requieren un distinto reparto del tiempo y de los recursos. En todo caso, la reducción de la jornada laboral puede ser una base para el avance de una verdadera conciliación laboral y de un reparto efectivo del trabajo reproductivo. Algunos economistas han argumentado que una medida como la renta básica universal haría innecesario reducciones de la jornada laboral, al desconectar la cobertura de las necesidades sociales del mercado de trabajo. Sin embargo, ambas medidas no son excluyentes entre sí, e incluso pueden reforzarse como vía para construir un modelo alternativo de trabajo.

Una sociedad basada en criterios de igualdad y reciprocidad debería primar el que los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico se socialicen, permitiendo “trabajar menos para trabajar todos”, avanzando así hacia una sociedad del tiempo libre que no genere nuevas dualidades. Dados los avances tecnológicos, y si la rentabilidad privada no fuese el motor al que se subordinan las principales decisiones económicas, podríamos obtener la producción que necesitamos con pocas horas de trabajo diarias y garantizar simultáneamente empleo para toda la población. Al fin y al cabo, aunque en el capitalismo existe un sistema de apropiación privada de la riqueza, ésta es el fruto del esfuerzo de muchas generaciones de personas, de la acumulación de conocimientos colectivos, y de recursos naturales que forman parte del medio natural en el que vivimos. Es de justicia pensar en una forma de reparto y disfrute de la riqueza más equitativa, igualitaria y libre.

Qué hacemos con el paro es un libro colectivo escrito por Nacho Álvarez, Elena Idoate, Alejandro Ibáñez y Alberto Recio. Más información en la web de la colección.

Este martes, 1 de julio, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad, Banca Pública, Vivienda, Literatura, Trabajo, Euro y Pobreza; analizamos y debatimos propuestas en materia fiscal. Frente a la reforma fiscal presentada por el Gobierno, una alternativa para que los impuestos sean justos y sirvan para avanzar en igualdad.

Organizado por el colectivo 'Qué hacemos' junto a la Fundación 1º de Mayo y Oxfam Intermón, debatiremos a partir del libro Qué hacemos con los impuestos, que analiza la evolución del modelo fiscal español, y propone medidas para una fiscalidad justa, suficiente y eficaz. Para ello contaremos con:

-Francisco J. Braña, Catedrático de Economía Aplicada y coautor del libro.

-Teresa Cavero, Coordinadora de Investigaciones de Oxfam Intermón.

-Carlos Cruzado, Presidente del sindicato Gestha y coautor del libro.

-Modera: Bruno Estrada, Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

La cita es en el Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, Lavapies, Madrid), a las 19h, con entrada libre. Podrá seguirse también mediante streaming en este blog.

Para más información sobre las propuestas y análisis recogidas en el libro, podéis leer las primeras páginas, o este fragmento con propuestas por un impuesto a la riqueza.

También en el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad, Banca Pública, Vivienda, Literatura, Trabajo, Euro y Pobreza.

Más información sobre nuestras actividades y todos los libros publicados, en la web del colectivo.

Guillermo Fernández, Gabriela Jorquera y Fernando Luengo analizan el avance de la pobreza y exclusión social, y proponen alternativas.

Este martes 17, a las 19h, en el Teatro del Barrio (Madrid). Podrá seguirse en streaming en este blog.

Este martes, 17 de junio, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad , Banca Pública , Vivienda, Literatura, Trabajo y Euro, abordamos una de las consecuencias más preocupantes de la crisis y las políticas de austeridad: el aumento de la pobreza, las situaciones de exclusión y la desigualdad social.

Además de analizar los últimos datos y las causas de este aumento de la pobreza, discutiremos las propuestas recogidas en el libro Qué hacemos contra la pobreza: acciones urgentes para rescatar a la población más afectada, y medidas que avancen hacia una sociedad más igualitaria. Para ello contaremos con tres voces críticas:

-Guillermo Fernández, técnico de la Fundación FOESSA y coautor del libro.

-Gabriela Jorquera, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN).

-Fernando Luengo, economista, miembro de econoNuestra.

-Modera: José Manuel López, miembro del colectivo 'Qué hacemos'

La cita es en el Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, Lavapies, Madrid), a las 19h, con entrada libre. Podrá seguirse también mediante streaming en este blog.

Para más información sobre las propuestas y análisis recogidas en el libro, podéis leer las primeras páginas, o este fragmento sobre el avance de la pobreza y la exclusión.

También en el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad, Banca Pública, Vivienda, Literatura, Trabajo y Euro.

Próximo debate: 'Qué hacemos con los impuestos. Por una fiscalidad justa para una sociedad más equitativa'. El martes 1 de julio en el Teatro del Barrio, a las 19h.

Más información sobre nuestras actividades y todos los libros publicados, en la web del colectivo.

Cuando estamos en vísperas de que el gobierno apruebe la anunciada reforma fiscal, hay que reconocer que es urgente una reforma de los impuestos en España: pero no la que planea el gobierno, sino una reforma para lograr un sistema justo, equitativo Y eficaz, que corrija los desequilibrios actuales, permita una recaudación suficiente para sostener el Estado de Bienestar y persiga el fraude. A analizar el actual sistema fiscal y proponer alternativas se dedica el libro Qué hacemos con los impuestos, obra colectiva que estos días llega a las librerías.

Adelantamos unas páginas en las que se resume una de las muchas propuestas del libro: la creación de un verdadero impuesto sobre la riqueza, que corrija el enorme desequilibrio actual, ya que hoy el esfuerzo fiscal recae sobre los trabajadores mientras las personas con rentas elevadas apenas pagan impuestos.

Equidad en el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital

(…)

Respecto a la imposición sobre la riqueza, los profesores de Hacienda Pública y Economía del Sector Público llevan décadas defendiendo su justificación teórica. Está perfectamente argumentada la existencia en España del Impuesto sobre el Patrimonio por autores muy dispares (…) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (…). Ya se ha puesto de manifiesto que es incierto, si no totalmente falso, que estos tributos, tanto desde el punto de vista teórico como los datos para España, tengan efectos negativos sobre el ahorro, la inversión, la creación de empresas y tantos otros efectos perniciosos que se les imputan, como que solo los pagan la clase media o que son confiscatorios, si bien no debe olvidarse que detrás del debate sobre el gravamen de la riqueza está la cuestión político-ideológica de hasta qué punto se debe reducir la desigualdad en la distribución de la misma utilizando el sistema tributario.

Lo que sí es cierto es que su cesión a las Comunidades Autónomas no está justificada por la teoría de la Hacienda, en particular si se consideran como elementos de control y de mejora de la capacidad redistributiva del sistema fiscal. El resultado de la cesión ha sido la progresiva desfiscalización en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrionio, aparte de por las razones antedichas, porque su recaudación es muy pequeña, alrededor de 4.700 millones de euros en 2008 los dos impuestos, pero poco significativa para cada Comunidad Autónoma en particular, que no tienen pues incentivos para gastar en su gestión y cuyos gobiernos creen que quedan muy bien con los ciudadanos si se suprimen.

Nuestra propuesta es que debería conectarse la capacidad normativa básica con el sistema de financiación autonómica, de forma que se recupere el gravamen efectivo en materia de imposición sobre la riqueza, sucesiones y donaciones, sin perjuicio de que las CCAA puedan conservar la capacidad de modular la carga efectiva en un intervalo dentro del nivel medio.

Adicionalmente, debería tenerse en cuenta a todos los efectos la capacidad económica derivada de la riqueza patrimonial en el acceso a determinados servicios públicos en los que solo se tiene en cuenta la renta. La desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta (el 10% de las personas más ricas acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la población española, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1 –Encuesta Financiera de las Familias, Banco de España-) y su gravamen es casi nulo. Además, su consideración a efectos de acceso a los servicios y prestaciones sociales también es muy reducida.

Actualmente una familia residente, por ejemplo, en Madrid con rentas salariales de 20.000 euros pagaría íntegramente el IRPF y, al mismo tiempo, tendría muy difícil acceder a una guardería pública. Al mismo tiempo, una familia con un patrimonio de dos millones de euros invertidos en un fondo de inversión o una SICAV podría obtener una rentabilidad de un 3% y 60.000 euros anuales y, mientras no los extraiga de su cuenta, no tendrá que pagar nada en el IRPF y podrá fácilmente cumplir con los requisitos de renta para acceder a los servicios de guardería pública.

Para recuperar una tributación equitativa de las diferentes fuentes de renta y recuperar el IRPF como estimación global de la capacidad económica, podrían considerarse diversas opciones. Una de ellas consistiría en integrar en una figura tributaria única la valoración del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles tributaciones que pudiesen generarse, pero valorando la capacidad económica derivada del mismo de su instrumentación financiera, con un esquema inspirado en el actualmente vigente en Holanda. Su funcionamiento consistiría en:

1)valorar el patrimonio global de los contribuyentes, de forma homogénea entre los diferentes tipos de activos, aproximándolo a los valores de mercados; incluiría todo el patrimonio: acciones, depósitos, inmuebles, vehículos, SICAVs, etc;

2)estimar la capacidad de pago derivada de dicho patrimonio, o, lo que es lo mismo, la renta potencial que proporciona, atribuyéndole una rentabilidad media;

3)esta renta o capacidad de pago patrimonial se tendría en cuenta a efectos de acceso a los servicios sociales y prestaciones públicas, junto al resto de rentas;

4)a partir de un nivel elevado de patrimonio, esta renta sería gravada a los tipos que establezca el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En relación con el ejemplo anterior, este sistema haría que se computara en el IRPF la renta de propietario de la SICAV: si suponemos, por ejemplo, los dos millones de euros, generarían una capacidad de pago de 60.000 euros que se tendría en cuenta para acceder a los servicios públicos y que, en lo que exceda al mínimo exento que se determine, se gravarían, contribuyendo como cualquier renta al mantenimiento de dichos servicios.

La otra alternativa sería que tributase en el IRPF la rentabilidad obtenida en el ejercicio, independientemente de que su percepción se haya realizado o se traslade a un momento posterior; y en el Impuesto sobre el Patrimonio tributaría el mayor valor de adquisición, de cotización o de realización al final del periodo, independientemente de su instrumentación financiera y sin perjuicio de corregir la doble tributación en IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio que pudiera producirse.

Lo anterior no impide que se puedan hacer otras modificaciones en los impuestos sobre la riqueza. En el caso de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, se pueden reducir algo los tipos, pero se trataría de que todos los que declarasen por el IRPF lo hiciesen también por patrimonio, rechazando sustituirlo por un impuesto sobre las grandes fortunas. Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también se podrían hacer ajustes, por ejemplo en la reducción general por parentesco, haciéndola más generosa y reduciendo algo más los tipos. En ambos impuestos no cabrían exenciones ni por vivienda habitual ni por patrimonios empresariales; para ello ya estarían los mínimos exentos, que se pueden fijar tan altos como se considere conveniente, para que solo lo paguen unos pocos si así se quiere.

Qué hacemos con los impuestos es un libro colectivo escrito por Francisco Javier Braña, Nuria Alonso, Carlos Cruzado, Santiago Díaz de Sarralde y José María Mollinedo. Más información en la web de la colección.

Aprovechamos para recordaros la próxima cita del ciclo de debates 'Qué hacemos':

Qué hacemos contra la pobreza

-Participan: Guillermo Fernández (coautor y técnico de la Fundación FOESSA), Gabriela Jorquera (EAPN Madrid) y Fernando Luengo (econoNuestra). Modera José Manuel López (colectivo Que Hacemos).

Martes 17 de junio a las 19.00 h en el Teatro del Barrio (C/Zurita 20, Madrid)

Habrá streaming en este mismo blog.

Pedro Montes, Nacho Álvarez, Iván H. Ayala y Bibiana Medialdea abordan un asunto crucial ante las europeas: la moneda única. ¿Tiene futuro? ¿Ha pasado lo peor? ¿Deberíamos romper con el euro?

Este martes 6, a las 19h, en el Teatro del Barrio (Madrid). Podrá seguirse en streaming en este blog

Este martes, 6 de mayo, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad, Banca Pública, Vivienda, Literatura y Trabajo toca abordar un tema central de cara a las próximas elecciones europeas: el euro, la moneda única. ¿Qué futuro espera a los países del sur? ¿Deberían plantearse salir del euro? ¿Han pasado ya los peores momentos y está asegurado su futuro? ¿Puede ser reformado?

Intentaremos recoger las distintas posturas que se dan hoy en la izquierda política y social. Para ello, y partiendo del libro Qué hacemos con el euro, contaremos con cuatro economistas críticos, que representan otras tantas posturas sobre la moneda única, desde la reforma hasta la ruptura:

-Pedro Montes (economista, presidente de Socialismo 21)

-Nacho Álvarez (profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid)

-Iván H. Ayala (economista, miembro de Econonuestra)

-Modera: Bibiana Medialdea (economista, miembro de 'Qué hacemos' y del colectivo Novecento)

La cita es en el Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, Lavapies, Madrid), a las 19h, con entrada libre. Podrá seguirse también mediante streaming en este blog.

Para situar el debate, os recomendamos este previo entre los cuatro autores del libro: ¿Es posible una política de izquierda sin romper con el euro?, y la segunda parte: El dilema de la izquierda ante el euro: ¿reforma, ruptura o desobediencia?

También en el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad, Banca Pública, Vivienda, Literatura y Trabajo.

Más información sobre nuestras actividades y todos los libros publicados, en la web del colectivo.

La universidad pública atraviesa un momento crítico en España. Asfixiada por recortes presupuestarios, con matriculas más caras y menos becas, se encuentra amenazada por quienes intentan imponer criterios de rentabilidad económica en la docencia y la investigación. A analizar el estado de la universidad, y elaborar propuestas alternativas, se dedica el libro Qué hacemos con la universidad, obra colectiva de Enrique Díez, Adoración Guamán, Ana Jorge y Josep Ferrer. Un libro que llama a la resistencia en defensa de una universidad pública, y que propone un rescate de la educación superior. Hablamos con su coordinador, Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, activista e investigador.

Una vez más, aparece un informe internacional (el más reciente el PISA) que deja a la educación española en mal lugar. ¿Cómo valoráis este tipo de pruebas y sus resultados?

Como explica la profesora Maria Angeles Llorente, PISA no evalúa, sino que examina, y lo hace sobre un modelo competencial reducido no ya a tres materias, sino a determinados aspectos de esas materias. Pruebas realizadas fuera de contexto que ni siquiera miden lo que dicen medir y que se hacen de muestras de población que no son representativas del conjunto. Este tipo de pruebas, como dice esta experta, transforma el deseo de aprender en afán de aprobar, lo que pervierte el fin último de la educación, que no es otro que desarrollar en las personas el gusto por el saber y la pasión por aprender.

El PP busca justificar reformas educativas ideológicas usando este tipo de ranking para generar alarma social intentando dar una imagen de catástrofe del sistema educativo. Un titular como “los jóvenes obtienen 23 puntos menos que la media de la OCDE en problemas cotidianos”, parece querer anunciar una “hecatombe” que realmente, si nos fijamos en los datos, es irrisoria, como explica Enrique Bethencourt. Al tratarse de un baremo con la media situada en 500 puntos, los 477 de España equivaldrían a la “enorme distancia” entre 4,8 y 5 en nuestro sistema habitual de calificaciones. Y equivaldría a que Finlandia obtuviera un 5,2 y Singapur, la más destacada, un 5,6. Es decir, el ‘number one’ nos saca 0,9 puntos. Los resultados del estudio PIACC (PISA para personas adultas) revelan no sólo que el alumnado español constituye la generación mejor formada de este país, sino que además es, de toda Europa, el que mayores diferencias registra en su nivel competencial respecto a sus familias. El problema es que titulares como “Suspenso en PISA”, “A la cola en…” lo que generan es un modelo de competitividad entre las instituciones docentes y entre países, completamente ajeno a los principios educativos y a la cooperación y construcción del aprendizaje y de la ciencia.

En el libro cuestionáis esos rankings que empujan a las universidades a competir, y convierten la posición en el ranking en un fin en sí mismo. ¿Qué sistema de evaluación proponéis a cambio?

La evaluación sólo tiene sentido si sirve para mejorar. Uno de los problemas obvios de este tipo de evaluaciones de rendimiento es que sólo sirven para medir aspectos que son muy cuestionables que puedan ser “medidos” en igualdad de condiciones y en situaciones realmente comparables. Pero el problema fundamental es que sirven sobre todo para clasificar y establecer listados de ganadores y perdedores, de los mejores y los peores, como si de una liga de fútbol se tratara. Nos convierte en consumidores que buscan la mejor oferta, el producto estrella que nos ofrezca mejores oportunidades. Nos olvidamos que somos ciudadanos y ciudadanas y como tales tenemos el derecho a exigir que todos los centros sean los mejores, que todos los estudiantes tengan las mejores oportunidades y que se doten de los más excelentes recursos, medios y metodologías a todas las instituciones educativas, porque no sólo mi hijo o hija debe conseguir lo mejor, sino que todos los hijos e hijas de todos los vecinos y vecinas del mundo deben tener también lo mejor para su desarrollo como personas.

Una auténtica evaluación que ayude a mejorar sólo puede ser una autoevaluación. Una autoevaluación colegiada y compartida. No se trata de competir con los otros centros e instituciones educativas o hacer “campus de excelencia”. Al revés, se trata de colaborar y compartir las buenas prácticas y lo que hemos conseguido mejorar. Así es como lo hace la comunidad científica cuando consigue un auténtico avance de la ciencia. Colaborando y no compitiendo.

El gobierno suele justificar la necesidad de reformas en los malos resultados de la universidad española: el hecho de que ningún centro español aparezca en los habituales rankings de universidades del mundo. ¿No debería preocuparnos esa ausencia?

Como decía, las reformas educativas se han tendido a justificar ideológicamente tratando de presentar una imagen de catástrofe del sistema educativo. Actualmente han introducido otra nueva variable en la ecuación de la catástrofe educativa: la incapacidad de brillar en el palmarés de la excelencia de los rankings internacionales. Se recupera así el tradicional método “jesuítico” de aquellos que más nota obtengan en el examen se les pondrá en las primeras filas, y quienes suspendan o no se adapten al sistema serán arrojados a las filas de atrás o expulsados del mismo. Pero con el lenguaje renovado de la excelencia académica y de potenciar las competencias, especialmente la empresarial. Toda esta neolengua, con sabor a presunta neomodernidad importada del mundo mercantil, nos sitúa en un paradigma educativo mercantilista en el que se propone “medir” determinadas competencias para comparar y que los clientes puedan elegir el producto que mejores ventajas competitivas les ofrezca.

Este enfoque neoliberal que nos quieren introducir tiene que ver esencialmente con una orientación de la educación para preparar mano de obra para el mercado laboral donde las familias aprenden que los centros y las universidades situadas en los mejores puestos del ranking les darán más posibilidades a sus retoños de colocarse en el futuro mercado laboral y la Universidad se especializa en buscar formas de rentabilizar y patentar productos y patentes vendibles en el mercado internacional que las sitúe en lo alto de esos rankings para poder seguir obteniendo financiación externa, ante el constante recorte de los recursos públicos.

Lo que nos tenemos que replantear es si queremos una Universidad al servicio del bien común, de la sabiduría colectiva, de las necesidades sociales, del conocimiento universal y compartido, o bien al servicio de conseguir un mejor puesto en el ranking.

Otro discurso habitual suele señalar un exceso de universidades públicas en España, sugiriendo un proceso de cierres y concentración. ¿Sobran universidades?

Los discursos populistas siempre suenan cómodos. “¿Sobran políticos?”. “¿Sobran universidades?” En España tenemos 82 universidades para 47 millones de habitantes, es decir, una universidad por cada 582.000 habitantes de media, mientras que en Estados Unidos hay una universidad por cada 94.000 habitantes, en el Reino Unido una por cada 253.000 y en Alemania una por cada 223.000 habitantes. La realidad actual es que el número de universidades públicas de España es, por habitante, con Italia, el más bajo de Europa occidental, hecho que permite afirmar que en relación a éste contexto, el número de universidades públicas de España no es excesivo, sino más bien lo contrario. Sin duda, la reiteración en los medios de comunicación de mensajes similares envía un mensaje que tiende a socavar la confianza que la sociedad tiene en su universidad pública, precisamente en un momento clave, de recorte en recursos públicos, y que en el fondo está absolutamente falto de fundamento: no hay demasiadas universidades, ni demasiados universitarios.

No nos engañemos, la Universidad que están pensando y diseñando no es para los hijos e hijas de la clase obrera. Son para quienes puedan pagarse tasas de matrícula prohibitivas, residencias, desplazamiento, etc., sin trabajar. Quieren unas pocas universidades para la élite. Porque, mientras se pretende suprimir y fusionar titulaciones y campus universitarios públicos, las universidades privadas crecen simultáneamente y son aprobadas y apoyadas por estos gobiernos conservadores y neoliberales, y presionan para implantar nuevas titulaciones, ahora además on line, el nuevo negocio “mooc” que está haciendo furor.

Centrándonos ya en la universidad, los problemas en España no comienzan con Wert. ¿Debemos remitirnos a la herencia franquista, o los problemas universitarios son más recientes?

Nuestra Universidad Pública está siendo acusada por las corrientes neoliberales de ser ineficaz, cara y mediocre, cuando, muy al contrario, los estudios internacionales muestran que nuestra educación superior y productividad científica son equiparables a los de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión supone unos recursos anuales un 20% inferiores. Y todo en las universidades públicas, que acogen el 90% del estudiantado y son responsables del 97% de la producción científica total del sistema. Es más, en tan solo tres décadas, la universidad española ha dado un gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, convirtiéndose en una institución socialmente abierta y académicamente homologada a nuestro entorno europeo, recuperando todo el terreno y el tiempo perdido durante el franquismo. Sus resultados en docencia, investigación y trasmisión al tejido social resisten las comparaciones, sobre todo si se relacionan con los presupuestos y recursos disponibles.

Aun así, es evidente que la universidad debe seguir mejorando y evolucionar para atender las nuevas demandas sociales que van apareciendo y dando respuesta a los auténticos problemas que tiene: ahogamiento financiero por vía del recorte en la financiación pública; relaciones entre los distintos agentes implicados basadas en intercambios mercantiles; evolución científica o académica en función de las presiones de los clientes (financiadores) derivadas del mecenazgo; privatización del conocimiento; establecimiento de relaciones de competencia entre los “operarios de la enseñanza” para la consecución de financiación para la investigación o mejora de sus estatutos de empleo; dificultad para configurar una educación superior que forme ciudadanos y ciudadanas críticos; estructuras de gobierno universitario poco participativas y democráticas, con injerencia del mundo empresarial; pérdida de la autonomía universitaria; precariedad en las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, profesorado contratado de manera precaria o becarios y becarias… La discusión y la construcción colectiva de este modelo requiere un proceso abierto, participativo e inclusivo, que nazca de la propia universidad pero que abarque a la sociedad civil en su conjunto.

¿Qué persigue la actual política educativa en materia universitaria? ¿Qué efectos está teniendo ya?

Las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático de la actual política educativa del PP propugnan reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida la docencia que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada. Los efectos son claros: recorte presupuestario drástico (un 13,7% menos en cinco años, según un reciente informe de CCOO ); subida de los precios de las matrículas y bajada de las becas; recorte de plantillas y precarización laboral; amenaza a la autonomía universitaria y a los principios democráticos (pretendiendo que órganos de gobierno como el de Rector o Rectora, Decanos y Decanas, y Dirección de Departamentos no sean elegidos por la comunidad universitaria, sino por autoridades o grupos de poder ajenos a la misma).

¿Qué papel ha jugado Bolonia en todo este proceso de deterioro?

Nos la “vendieron” como la panacea de la salvación y se ha convertido en el caos de la especulación. Es necesario recordar que la motivación de la reforma de Bolonia no es ni científica ni pedagógica. Esta reforma se apoya en una razón exclusivamente económica: la necesidad de competir con los Estados Unidos también en el mercado de la educación. Por tanto, no se trata realmente de generar una sociedad del conocimiento, como dice el eslogan propagandístico de Bolonia, sino de convertir el conocimiento en mercancía. Es obvio que, si los estudiantes se redefinen como clientes, las instituciones educativas como empresas del sector de “servicios” y sus responsables como gestores, casi todo lo que hoy consideramos “la universidad” puede considerarse como un obstáculo e incluso como un negocio ruinoso. Ello nos aboca, por un lado a unas (pocas) universidades de élite que formarán a los profesionales más cualificados para los sectores tecnológicos estelares del mercado laboral, y que por ello gozarán de un “patrocinio” intenso por parte de las empresas que lideran esos mismos sectores; y, por otro lado, a la realidad de muchas (la mayoría) universidades de masas -para estudios de corto plazo-, donde se hacinará la futura mano de obra de especialización baja y media, que mantendrán una mayor dependencia de fondos públicos y que concentrarán la mayoría de los saberes de escasa demanda mercantil, es decir, esos que solemos llamar “humanidades”.

Dada la situación económica actual, ¿necesita la universidad un rescate?

Si rescatamos con el dinero de todos a los causantes de esta crisis-saqueo, si rescatamos a las constructoras de autopistas que no obtienen suficientes beneficios, cómo no vamos a rescatar un derecho básico de la población. El Estado español sólo dedica el 1,1% del PIB a la educación universitaria, mientras que Estados Unidos alcanza el 3% de su PIB y la media de la UE-15 sobrepasa el 2%. La inversión pública en el sistema universitario español se sitúa a la cola de la UE-15. Si en la Universidad de Oxford el presupuesto por alumno o alumna es de 29.000 euros, en las Universidades españolas oscila entre 3.000 y 10.000 euros. En España, de hecho, desde 2010 el presupuesto público se ha recortado en más de 1.200 millones de euros y algunas universidades como la Politécnica de Catalunya y la Complutense de Madrid acumulan deudas de 111 millones de euros y 160 millones de euros respectivamente, produciéndose una progresiva asfixia económica.

Frente a esa asfixia presupuestaria, ¿cómo debería financiarse la universidad pública?

Recortando o eliminando los presupuestos militares, de la casa “real”, de la financiación a la jerarquía católica, de los rescates a los bancos; declarando ilegales los paraísos fiscales y las sicav; legislando una fiscalidad progresiva y que grave a las grandes fortunas; etc., etc. Y destinándolo a la educación pública. Es sencillo y solo hace falta voluntad política. Simplemente legislar mediante real decreto el principio del teólogo Ignacio Ellacuría: “Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras todos no tengan lo esencial”. Eliminando la producción de aviones y yates privados, de mansiones y coches de lujo, etc. Es decir, haciendo campañas de “riqueza 0” en vez de “pobreza 0”, estableciendo lo que entenderíamos colectivamente por riqueza y que tiene que ver con lo que plantea Ellacuría. Habría financiación suficiente para la Universidad y para el paro, y para la sanidad y para todo lo necesario para todos y todas.

Mientras tanto es urgente dotar a la universidad de autonomía financiera con financiación pública que garantice su suficiencia económica de cara a cumplir la actividad académica e investigadora de forma independiente y con libertad; aumentar la inversión pública en el sistema universitario hasta el 3% del PIB; aumentar la inversión pública en becas de hasta un mínimo del 0,25% del PIB (media OCDE); establecer becas-salario; aprobar la liquidación total de la deuda de las Comunidades Autónomas con las universidades; elaborar un Plan Plurianual de Inversiones, adecuando las infraestructuras a las funciones de la universidad y configurando un mapa universitario consensuado; eliminar la financiación de las universidades privadas con fondos públicos, y la homologación de sus títulos; y prohibir la adscripción de centros privados por parte de las universidades públicas.

El gobierno y sus afines suelen repetir que los estudios universitarios eran demasiado baratos, que el Estado asumía una parte demasiado elevada del coste real, de ahí el aumento de tasas. ¿Qué parte, según vosotros, debería pagar el estudiante?

La Universidad debe ser gratuita, como ya lo es en algunos países. Los impuestos que pagamos los ciudadanos deben servir para formar a las futuras generaciones y no para rescatar bancos y autopistas inútiles. Y la universidad no es un lujo hoy en día, es una necesidad en una sociedad del conocimiento como la actual. Todos los jóvenes deberían tener acceso a la formación universitaria sin ningún coste. Los servicios públicos, como la educación superior, sólo son accesibles en igualdad de condiciones si son universales y gratuitos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “el acceso a los estudios superiores será igual para todos”. Con el propósito, entre otros, de erradicar este tipo de discriminaciones, se establece la obligación de gratuidad de la enseñanza superior, según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art. 13, Aptdo a.16), que debe irse garantizando gradual y progresivamente por parte de los Estados.

Sois muy críticos con la búsqueda de financiación privada. ¿Rechazáis toda forma de patrocinio y mecenazgos privados?

Sí. Si alguien quiere patrocinar o hacer una donación como mecenazgo que la haga al común de todos y todas, es decir al Estado, sin ninguna contrapartida a cambio. Porque los mecenas, además de haber explotado laboral y socialmente a la clase trabajadora u obtenido sus fortunas de herencias basadas en el saqueo (nadie se hace rico honradamente, dice el dicho), parece que les tenemos que agradecer que se desgraven fiscalmente sus “obras benéficas”. La financiación no tiene que venir de donaciones, patrocinios, ni mecenazgos, sino de una fiscalidad progresiva, donde pague más el que más tiene, y la desaparición de los paraísos fiscales legalmente amparados por los gobiernos “democráticos”, así como los rescates a bancos y financieras. No necesitamos caridad de “mecenas”, exigimos justicia social.

La financiación debe ser pública, si queremos asegurar la independencia y autonomía del saber y conocimiento universitario. La autonomía científica y pedagógica de la universidad se asienta en la dependencia financiera del Estado. De manera semejante a lo que pasa con el sistema judicial, donde la independencia de los tribunales no es puesta en discusión por el hecho de ser financiados por el Estado. Una Universidad al servicio del bien común tiene que estar necesariamente financiada por lo común, porque si depende de financiaciones privadas, patrocinios y mecenazgos, estas son las que impondrán sus intereses y prioridades.

¿En qué medida se está “mercantilizando” la enseñanza universitaria?

Podemos detectar dos niveles de mercantilización. El primero se fundamenta en el tránsito de la financiación pública a la privada, forzando a la universidad a alianzas con el capital para sobrevivir. El segundo se basa en la introducción de las formas de gestión privada y mercantil en las universidades públicas, que conducen a lo que se ha denominado el “capitalismo académico”, es decir, la transformación de las instituciones públicas de educación superior de servicios públicos en sí mismos considerados, en instituciones orientadas a la generación de ingresos a partir de lo que se consideran sus funciones esenciales (educativas, investigadoras y de servicio) convirtiendo el afán de lucro en el objetivo esencial de las universidades al subordinar la formación y la investigación a la obtención de beneficio. La penetración de la lógica del beneficio se produce en toda la lógica universitaria: los rectores y las rectoras de universidad acaban desempeñando un papel similar al de los representantes de comercio, siendo valorados por su capacidad para conseguir fondos; los investigadores e investigadoras desempeñan el papel de portavoces de los intereses comerciales, inclusive en las revistas más prestigiosas, y su docencia se orienta y amolda cada vez más a la demanda de la formación que exige el mundo empresarial. Incluso el alumnado concibe y demanda la formación para poder acumular acreditaciones de cara a poder competir con mayores posibilidades de empleabilidad en ese duro mercado laboral.

¿Cómo hacer frente a la obsesión por la rentabilidad, que se aplica también al gasto público en universidad?

¿Por qué un derecho como la educación tiene que ser rentable? ¿Debe ser rentable la sanidad? ¿Y la sabiduría? ¿Y el conocimiento? Garantizar los derechos no implica rentabilidad, sino destinar el dinero público de nuestros impuestos de forma responsable y adecuada. No pueden primar los criterios económicos, sino los sociales y educativos en la formación universitaria. Se justifica y difunde la idea de que la inversión pública en los sistemas universitarios es un gasto improductivo e incluso contraproducente, lanzándola a la búsqueda y demostración, imposible en muchos saberes, de que puede producir “valor añadido” al mundo empresarial y financiero. En otras palabras, parece que la universidad tiene que estar demostrando permanentemente su utilidad para el mundo de la empresa.

¿En qué sentido debe ser “democrática” la universidad?

La autonomía universitaria es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27.10 de la Constitución. Según el Tribunal Constitucional, la autonomía universitaria se justifica en el respeto a la libertad académica frente a las «injerencias externas». Para ello, es evidente la necesidad de construcción de todo un entramado institucional que permita el autogobierno y la autodecisión. Desde hace años, se plantea la necesidad de una reducción de los mecanismos de autogobierno democráticos afirmando que la democracia interna es una rémora para el funcionamiento “eficaz” de las universidades públicas y que por tanto es necesario reducir los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Junto con el argumento de la simplificación y la eficacia, se han venido afirmando la necesidad de dar cabida en la universidad a la “sociedad civil”. Por supuesto, reducida a los representantes del bipartidismo político tradicional y del mundo empresarial y de las finanzas, muy alejada de los intereses del conjunto de la sociedad.

Todo este aparataje argumental se orienta a la consecución de un giro radical en el gobierno de las universidades. Las propuestas concretas han visto la luz en el “Informe de la comisión de expertos” nombrada por el ministro Wert. Se insta en primer lugar a la supresión de los máximos órganos de gobierno democráticamente elegidos por la comunidad universitaria -Consejo Social y Consejo de Gobierno-, sustituyéndolos por un nuevo órgano -llamado Consejo de la Universidad- que ejercería las funciones de gobierno, incluso la del nombramiento de un rector con poderes reforzados, acaparando un poder discrecional no sometido a control democrático alguno. Sería el encargado de nombrar al rector-gestor, aprobar los presupuestos, definir la estrategia de la universidad, controlar la gestión del rector, los decanos y los directores de centros y obtener financiación externa. Como vemos, vuelve a un modelo autoritario y jerárquico para gestionar el funcionamiento de esta nueva “empresa universitaria”.

Este nuevo Rector-Gestor, nombraría, a su vez, a los vicerrectores, secretaría general, decanos y directores de las facultades y de los departamentos. La excusa para implantar esta pirámide plutocrática y suprimir los actuales sistemas de representación y gobierno democrático interna de las universidades es, una vez más, introducir plenamente el estilo de gestión empresarial en el funcionamiento de la universidad pública. Sin embargo, el mandato constitucional de respeto a la autonomía universitaria, obligaría justamente a todo lo contrario: más democracia y participación real y plena de toda la comunidad universitaria en la gestión y funcionamiento de la institución de educación superior.

¿Y una universidad “al servicio de la sociedad”? ¿Qué significa?

La sociedad espera que la universidad sea no sólo una institución académica de calidad, sino también un agente dinamizador para la transformación social de un nuevo modelo social ético, justo, solidario y al servicio de la emancipación, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo y mejor para toda la sociedad. Es decir, que su actividad aporte un alto impacto cultural, social y económico que permita alimentar la reflexión de las sociedades sobre ellas mismas y especialmente sobre su modelo de desarrollo y de construcción de una sociedad mejor, más justa y democrática. La universidad, como bien público de utilidad social, se debe a la sociedad en la que se ubica y, por tanto, las universidades a la tradicional misión de creación de conocimiento básico deben añadir como eje fundamental la transferencia del mismo y su aplicación en la resolución de los problemas concretos que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas (especialmente aquellos que presenten mayores dificultades de financiación por su escasa “rentabilidad comercial”, como por ejemplo, enfermedades que afectan a sectores excluidos), estableciendo que ese conocimiento adquirido con recursos públicos sea de dominio público y de pública disponibilidad, como parte del compromiso social de la universidad. Pero también debe involucrarse en los debates de actualidad social, aclarando los fundamentos científicos sobre los que deben basarse los problemas sociales.

Señaláis cómo las sucesivas reformas dejan de lado la docencia y la pedagogía. ¿Qué tipo de renovación pedagógica proponeis?

Se podrían señalar muchas facetas de esta necesaria, urgente e imprescindible renovación pedagógica que necesita la Universidad. Pero por apuntar algunos aspectos esenciales, lo centraría en cinco claves: primero, cambiar la concepción actual de la docencia, valorándola para que no sea vista como una carga que distrae al profesorado de la investigación. Segundo, pluralidad metodológica, entendiendo que las metodologías utilizadas sean públicas, debatidas y consensuadas con el propio alumnado. Tercero, reducción de la ratio alumnos/profesor, facilitando la formación del profesorado en métodos de pedagogía activa. Cuarto, una relación más igualitaria y dialogante entre estudiantes y profesorado, que permita el pensamiento crítico independiente o la discrepancia del alumnado. Y quinto, recuperar la dimensión social de la formación universitaria, con un compromiso social con el entorno. De nada sirve aprender, si lo que se aprende no sirve para mejorar el mundo y hacer una sociedad más justa, libre y democrática.

Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con la universidad, así como en la web de la colección Qué hacemos, y en este blog.

Aunque el gobierno cuestione los datos, todos los estudios españoles y europeos coinciden: el aumento en la pobreza, la exclusión y la desigualdad en España está alcanzando niveles que no se conocían desde hace décadas, incluso varias generaciones. Tras haber desaprovechado los años de crecimiento económico para reducir la pobreza y la desigualdad, la llegada de la crisis, el aumento del paro y la precariedad, la pérdida de renta de las familias, y las políticas de recorte en gasto público, generan situaciones de exclusión social cada vez más dramáticas. A analizar esta realidad se dedica el libro Qué hacemos contra la pobreza, obra colectiva que estos días llega a las librerías. Además, supone una propuesta de medidas concretas para dar la vuelta a la situación: medidas urgentes para rescatar a la población más afectada, y medidas de fondo para transformar la sociedad.

Adelantamos para su lectura unas páginas del libro, en las que se recogen los indicadores más recientes de pobreza y exclusión, y la manera en que está afectando a las familias.

¿Qué está sucediendo en los principales ámbitos relacionados con la pobreza y la exclusión?

¿Qué está sucediendo en los principales ámbitos relacionados con la pobreza y la exclusión?En el proceso histórico anteriormente descrito, la crisis económica -financiera- cuyo punto de partida suele establecerse en 2008 supone un momento especialmente relevante por el fuerte impacto que tuvo y sigue teniendo en la ciudadanía. Se trata de un impacto que se desarrolla en diversos ámbitos de la vida social y económica, colocando a un amplio conjunto de individuos y familias en situaciones de privación, carestía y necesidad material desconocidas en España durante décadas e incluso generaciones. A continuación se ofrecen datos de especial significación para evidenciar el actual panorama socioeconómico en nuestro país y mostrar de forma clara las consecuencias de la crisis y de las respuestas políticas en la vida de las personas.

Desde 2007 se ha producido el mayor crecimiento registrado de la tasa de pobreza en España, que ha pasado del 19.7% al 22,2% en 2012 (último dato disponible). Si bien puede parecer un incremento menor, lo cierto es que supone un aumento en más de 1.200.000 personas en tan solo cuatro años. La magnitud del incremento de la pobreza en España en el periodo mencionado solo es superada por excepciones como Bulgaria y Suecia en el marco de la Unión Europea. En la actualidad, un 27,2% de menores de 18 años se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión, según los datos facilitados por Eurostat. No en vano el número de hogares que carece de ingresos de cualquier tipo se ha duplicado durante la crisis, superando en 2012 la cifra de 600.000 hogares. Una medición más intensa de la pobreza económica es la que sitúa el umbral por debajo del 30% de la renta mediana equivalente, la denominada pobreza severa en España también se ha visto incrementada de una manera preocupante en los últimos años, pasando de afectar a un 4,2% de los hogares españoles en 2007 a 7,2% en 2011. Por lo que este aumento de 3 puntos porcentuales multiplica por 1,7 los hogares en pobreza extrema en España, comprobando que es éste uno los efectos más intensos de la crisis, que requiere, por tanto, las respuestas más urgentes.

El aumento de estos niveles de pobreza se debe, fundamentalmente, a la pérdida y reducción de ingresos derivados del empleo. Esta realidad, especialmente intensa en los hogares en los que el desempleo se acumula (por ejemplo, hogares con todos los activos en paro, sobre los que profundizaremos más adelante) ha detonado y acelerado algunos procesos de exclusión y pobreza. El desempleo, sobre todo si es continuado en el tiempo puede llevar a generar privaciones en el acceso a bienes básicos, endeudamientos, problemas relacionados con la salud física y mental, la autoestima o la convivencia familiar. En la siguiente tabla, se muestra la estrecha relación existente entre desempleo y los problemas relativos a otras dimensiones. La incidencia de problemas de privación, salud o educación era mucho mayor (ya en 2009) en los hogares con todos los activos desempleados.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Foessa 2009

La construcción de estos ámbitos de exclusión se hace a partir de los 34 indicadores de exclusión de la Encuesta Foessa: exclusión del consumo (hogares clasificados como pobreza extrema y con privaciones), exclusión de la educación (menores no escolarizados, ningún miembro de 16 a 64 años tiene estudios, personas analfabetas de 65 o más años), exclusión de la vivienda (vivienda en precario e infravivienda, con humedades, hacinamiento y dificultades para afrontar los gastos) y exclusión de la salud (sin cobertura sanitaria, hogares que han pasado hambre en los últimos 10 años, todos los adultos con problemas graves de salud, con dependientes y sin apoyo y sin capacidad económica para comprar medicinas y tratamientos).

Pobreza y exclusión en relación a poder cubrir las necesidades más básicas

Pobreza y exclusión en relación a poder cubrir las necesidades más básicasLa reducción de las rentas percibidas por los hogares ha provocado que sus necesidades se satisfagan cada vez peor. Sobre todo, el factor determinante está siendo la persistencia de la crisis, motivo por el cual los hogares han ido agotando paulatinamente sus ahorros, prestaciones y apoyos.

En concreto, se puede observar en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013 cómo crece el porcentaje de hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos situándose alrededor del 40%, cuando había caído bajo el 30% justo antes de la crisis. Un 21,8% de los hogares tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes. Otro dato que ilustra el deterioro paulatino de la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas es el número de hogares sin ningún tipo de ingresos tanto desde el empleo como de alguna pensión o subsidio de desempleo. A inicios de 2013 duplicaba el valor menor alcanzado a finales de 2005 y la EPA muestra trimestre tras trimestre cómo el dato crece, reflejando algo que se ve en el análisis del empleo: el efecto del desempleo de larga duración que provoca que se agoten las prestaciones.

Los indicadores de carencia material superan el 15% tanto para personas como hogares cuando antes de la crisis llegó a bajar al 10%.

La dificultad de garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas es en muchos hogares uno de los grandes dramas derivados de la crisis. Este hecho es manifestado, en recientes estudios, con malestar, dolor y frustración, especialmente, en aquellos hogares con menores. Los costes de estas privaciones se están ya materializando en un retraso del crecimiento, disminución del rendimiento escolar, empeoramiento de la salud, aumento conflictividad familiar, de estrés, etcétera.

Todos estos datos apuntan a un deterioro claro de las condiciones materiales y sociales de existencia en la ciudadanía. Esta circunstancia queda bien reflejada, igualmente, en los datos relativos a la renta per cápita en España. Y ello en dos sentidos. En primer lugar, los ingresos por habitante en nuestro país han retrocedido a su equivalente en el inicio de siglo. Dicho de otra manera, los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas españoles en 2012 tienen el mismo valor que los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas españoles en 2001. Salvo excepciones, la caída de la renta no soporta comparación en el marco de la Unión Europea. En segundo lugar, y quizás más importante, esta caída de la renta no se distribuye aleatoriamente entre la población. De hecho, son los niveles de ingresos familiares medios y bajos los que están sufriendo en mayor medida los efectos de la reducción de la renta. En resumen, nos encontramos con un reseñable aumento de las desigualdades, como ya hemos señalado anteriormente, independientemente del indicador que utilicemos para medirlo. Según el índice de Gini, España forma parte del grupo de países con mayor desigualdad en los ingresos dentro de la Unión Europea, el valor 0,35 en 2012 tan sólo es superado por Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania. Además el incremento de este valor desde 2007 (0,31) describe un intenso aumento de las desigualdades en dicho contexto.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Qué hacemos contra la pobreza es un libro colectivo escrito por Guillermo Fernández, Lucía Martínez, Jesús Pérez, Begoña Pérez y Esteban Sánchez. Más información en la web de la colección.

Juan José Castillo, Begoña Marugán, David G. Aristegui y Rodolfo Benito discuten alternativas en el ámbito laboral

Será este martes 25, a las 19h en Traficantes de Sueños (Madrid), y podrá seguirse en streaming en este blog

Vídeo: Stéphane M. Grueso

Este martes, 25 de marzo, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad, Banca Pública, Vivienda y Literatura, en esta ocasión analizaremos la realidad del mundo laboral hoy, y las propuestas para transformar las relaciones laborales y reconocer todas las formas de trabajo.

Partimos del libro Qué hacemos con el trabajo, y en el debate participan:

-Juan José Castillo, catedrático de Sociología y coordinador del libro

-Begoña Marugán, adjunta a la Secretaría de la Mujer de CCOO (@Begoa46)

-David G. Aristegui, coautor del libro (@Augusto_Ada)

-Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo (@Rodolfo_Benito)

Modera: Agustín Moreno, miembro del colectivo 'Qué hacemos' (@MorenoG_Agustin)

Además, están invitadas personas y colectivos vinculados al mundo laboral, que podrán participar en el coloquio.

La cita es este martes, a las 19h, en la librería Traficantes de Sueños (C/ Embajadores, 35, Madrid), con entrada libre. Podrá seguirse también en streaming en este mismo blog.

También en el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad, Banca Pública, Vivienda y Literatura.

Más información, en la web del colectivo.

La universidad en España atraviesa su peor momento en décadas. Los recortes presupuestarios, el aumento de tasas combinado con la reducción de becas, junto a la precarización del profesorado, amenazan la enseñanza superior, anulando su función social y reduciéndola a una fábrica de titulados que atienda las necesidades del mercado. A analizar la situación crítica de la universidad se dedica Qué hacemos con la universidad, nuevo título de la colección ‘Qué hacemos’, que estos días llega a las librerías. Una denuncia del ataque que sufre la universidad, y una propuesta por otro modelo de enseñanza superior, basada en el compromiso con el desarrollo de la sociedad y la independencia científica.

Adelantamos para su lectura unas páginas del libro, en las que se acerca al modo en que la investigación científica se está poniendo al servicio de las empresas mediante la financiación privada de unos proyectos para los que faltan recursos públicos.

Las servidumbres derivadas del patrocinio y el mecenazgo

La otra vía de financiación externa que se está introduciendo en el ámbito universitario es el patrocinio de entidades privadas que inyecten capital en las universidades.

Así los recortes en la financiación pública de la universidad son considerados como “incentivos” para que las universidades públicas busquen financiación privada, para que establezcan alianzas con las empresas, patenten sus resultados y desarrollen actividades de comercialización, incluyendo la comercialización de su propia marca.

De esta forma, en todo el mundo, las universidades están ofreciendo sus instalaciones científicas y su inestimable credibilidad académica para que las empresas las utilicen.

La investigación responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados “tangibles” y que produzcan “beneficios”, sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas.

La prioridad para la investigación de temáticas de interés para las empresas y la industria siempre será así mucho mayor que la financiación disponible para la investigación de cuestiones locales de interés para la gente empobrecida, personas con dificultades, minorías o mujeres de clase trabajadora, por ejemplo.

Por añadidura, no podemos olvidar que las empresas tienden a financiar fundamentalmente la investigación aplicada en aquellas aéreas de ciencias físico naturales, de la vida o de la salud más rentables y que la imprescindible investigación “básica”, que a menudo significa décadas de trabajo científico, es financiada fundamentalmente por fondos públicos. Y aún podemos añadir, cada vez es más frecuente que estos fondos aportados por los agentes privados limiten abiertamente la libertad de pensamiento y la reflexión crítica, con cláusulas de confidencialidad y de exclusividad, que implican el derecho de impedir o aplazar la publicación de los estudios si no son favorables a los intereses de quienes los financian.

La penetración de la lógica del beneficio inmediato se produce tanto en la actuación de los universitarios como en las propias publicaciones consideradas “de prestigio”. De un lado, los rectores y las rectoras de universidad acaban desempeñando un papel similar al de los representantes de comercio, siendo valorados por su capacidad para conseguir fondos; de otro, los investigadores e investigadoras desempeñan el papel de portavoces de los intereses comerciales, inclusive en las revistas más prestigiosas, etc. Por añadidura, en estas revistas “de prestigio”, la lógica del mercado está mucho más acentuada que en la propia universidad, teniendo muchas de ellas claros vínculos empresariales.

Se produce incluso un proceso de “externalización” y privatización de los sectores rentables de la investigación universitaria, promoviéndose la creación de empresas spin off establecidas por parte de científicos y científicas de las universidades públicas para “comercializar sus invenciones”, aprovechando equipamientos e infraestructuras, plantillas y redes internacionales de las universidades. A su vez, las empresas aprovechan simultáneamente para “externalizar” sus costes de I+D integrando esas unidades de spin off de las universidades, condicionando de paso la orientación de la investigación, pues la gestión del programa y la coordinación lo tiene la empresa.

Paralelamente se produce una lucha despiadada por proteger la propiedad intelectual de esas invenciones, en vez de compartir el conocimiento, generando un modelo de apropiación privada del conocimiento producido públicamente que se justifica legal e ideológicamente de forma permanente. Los mecanismos de propiedad intelectual resultan indispensables para ello porque suponen transformar un conocimiento que se genera colectivamente (a partir del conocimiento colectivo heredado, en el trabajo colectivo de grupos de investigación, en la elaboración de conocimiento compartido en espacios de discusión, en la cooperación cotidiana, etc.) en piezas de conocimiento acotadas, susceptibles de ser empaquetadas y vendidas, bien sea a través de productos bibliográficos, patentes o cursos de formación. Se obtiene así rendimiento de las “mercancías” que producen, expropiando la generación pública y colectiva de las mismas de cara al incremento de las ganancias privadas de quien lo explota.

Como analizan estos autores es preciso para ello desarrollar procesos de medición de las “mercancías” o productos generados, necesarios para poder otorgar valor a dichos productos en el entramado del mercado. La evaluación, reorientada como rendición de cuentas, de las diferentes prácticas y productos, es necesaria para poder establecer diferencias que servirán para asignar los recursos a distribuir con el fin de incrementar una mayor productividad y rentabilidad de la inversión realizada. Se trata de establecer una medida que cuantifique la producción y las relaciones de conocimiento mediante diferentes sistemas de créditos e índices “homologados”. Se generan así mecanismos de inclusión y exclusión, según criterios mercantiles, referidos a aquellas personas, procedimientos, entidades, contenidos, habilidades y competencias que sean más útiles para el mercado global y supongan una mayor rentabilidad en su transferencia y aplicación.

Todo lo anterior nos lleva a una situación en la que las universidades “empresarializan” su actividad investigadora y docente, viéndose abocadas a concebir su propia labor como la producción de aquellas mercancías por las que las empresas estén dispuestas a pagar, a comprometerse cada vez más con determinadas prácticas de tipo empresarial, a ver cómo el liderazgo en el interior de las universidades se tiende a desplazar hacia los equipos de investigación con más financiación y vinculados al mundo de los negocios o la creciente tendencia a la participación directa en los órganos de gobierno universitario de esos “accionistas externos”. Esta orientación genera subjetividades académicas que acaban confluyendo con las dinámicas descritas, porque los componentes de la comunidad universitaria se ven abocados a ir asumiendo y asimilando cada vez más esta mentalidad, so pena de quedarse fuera del entramado de reconocimiento, valoración, financiación o acceso a proyectos de investigación.

La implementación de estas formas de empresarialización y cuantificación comparativa de la productividad académica y científica remodela no sólo el contexto institucional sino que también influye e introduce a la propia comunidad universitaria. Los académicos y académicas son, a su vez, los responsables de auto-disciplinarse para seguir respondiendo y cumpliendo con los controles establecidos. Son así los propios agentes los que deben someterse a un proceso de disciplinamiento para mostrar a las distintas entidades financiadoras que se están cumpliendo adecuadamente los objetivos asignados a la institución, internalizando así, a través de prácticas aparentemente auto-impuestas, las premisas que guían el modelo (Montenegro y Pujol, 2013, 148).

Lo cierto es que esta nueva misión define claramente cada vez más a la universidad: contribuir con su potencial científico y tecnológico a aumentar los beneficios empresariales de las grandes corporaciones. Esta parece ser realmente la finalidad fundamental de la eufemísticamente denominada “transferencia de conocimiento a la sociedad”.

Qué hacemos con la universidad es un libro colectivo escrito por Enrique Díez, Adoración Guamán, Ana Jorge Alonso y Josep Ferrer. Más información en la web de la colección.

Los escritores Rafael Reig, Marta Rivera de la Cruz, José Ovejero y David Becerra discuten sobre la posibilidad de una literatura disidente

El debate será hoy lunes a las 19.30h en La Central de Callao, y podrá seguirse en streaming en este blog

Este lunes, 24 de febrero, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad, Banca pública y Vivienda, esta vez miramos al mundo de la cultura y a la forma en que los creadores se acercan a la crisis. A partir del libro Qué hacemos con la literatura, discutiremos la función ideológica de la literatura, su relación con el actual momento de repolitización ciudadana, y si es posible una escritura disidente.

En el debate participan los escritores:

-Rafael Reig (@RafaelReig)

-Marta Rivera de la Cruz (@MartaRiveraCruz)

-José Ovejero

-Y David Becerra, coordinador del libro (@DBecerraMayor)

Estará moderado por Isaac Rosa (@_isaacrosa) miembro del colectivo 'Qué hacemos'

La cita es hoy lunes, a las 19.30h, en la Librería La CentralLa Central (C/ Postigo de San Martín, 8, Madrid), con entrada libre. Podrá seguirse también en streaming en este mismo blog.

Para ampliar información, podéis leer esta entrevista con David Becerra, este artículo o este avance del libro.

Os recordamos también la fecha del próximo debate: Qué hacemos con el trabajo. 26 de marzo, Traficantes de Sueños.

En el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad, Banca Pública y Vivienda.

Más información, en la web del colectivo.

Alejandro Inurrieta, Nacho Murgui y Carlos Huerga charlaron sobre vivienda en Librería Muga (Madrid)

Este jueves, 13 de febrero, celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras los anteriores sobre Competitividad y sobre Banca pública, esta vez analizaremos la situación de la vivienda en España, y las propuestas por una política pública de vivienda y contra los desahucios de familias.

Partiendo del libro Qué hacemos con la vivienda, en el debate participan:

-Alejandro Inurrieta, economista y coordinador del libro (@inurrieta)

-Nacho Murgui, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (@FRAVM)

-Carlos Huerga, activista de la PAH (@chuerga)

Además, están invitados activistas y colectivos vinculados a las luchas por una vivienda digna y contra los desahucios, que podrán participar en el coloquio.

La cita es este jueves, a las 19h, en la Librería Muga (Avda. Pablo Neruda, 89, Madrid), con entrada libre. Podrá seguirse también en streaming en este mismo blog.

En esta ocasión abrimos también la participación en twitter. Podréis enviar vuestras opiniones y preguntas usando el hashtag #QHVivienda, y serán visibles durante el debate para que sean comentados y respondidos por los participantes.

Os recordamos las fechas de los próximos debates:

-Qué hacemos con la literatura. 24 de febrero, Librería La Central.

-Qué hacemos con el trabajo. 26 de marzo, Traficantes de Sueños.

En el blog podéis ver los vídeos de los debates anteriores: Competitividad y Banca Pública.

Más información, en la web del colectivo.

Debate íntegro del colectivo 'Qué hacemos' en el que participaron el martes 4 de febrero Lourdes Lucía, Alberto Garzón, Carlos Sánchez Mato y Bibiana Medialdea

Analizan la situación del sector financiero tras el rescate, y las posibilidades de una banca pública. En el Teatro del Barrio (Madrid)

Alberto Garzón, Lourdes Lucía, Carlos Sánchez Mato y Bibiana Medialdea debaten sobre el sistema financiero este martes a las 19h (Teatro del Barrio)

El debate podrá seguirse en streaming desde este blog

Mañana martes celebramos un nuevo debate del colectivo 'Qué hacemos'. Tras el de la pasada semana sobre Competitividad, esta vez girará en torno a la situación del sistema financiero español, y la propuesta de una banca pública y democrática.

A partir del libro Qué hacemos con la banca, en el debate participan:

-Lourdes Lucía (cofundadora de ATTAC-España y coordinadora del libro)

-Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso, y coautor del libro)

-Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública)

-Bibiana Medialdea (economista, miembro del colectivo 'Qué hacemos').

La cita es mañana martes, a las 19h, en el Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20 Madrid), con entrada libre. Además, podrá seguirse en streaming en este mismo blog.

Os recordamos que ya podéis ver el vídeo del anterior debate, sobre competitividad y bajada salarial. Y los próximos debates de este mes:

- Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.

Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH). Jueves 13 de febrero, 19h

. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).

- Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.

Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor). Lunes 24 de febrero, 19h.

Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).

Más información sobre los debates, en la web del colectivo.

En el acto, organizado por la Fundación 1º de mayo, participan en el debate Bruno Estrada, Carlos Berzosa, Fernando Luengo y Jorge Uxó

Este jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid) participarán en el debate Bruno Estrada, Carlos Berzosa, Fenando Luengo y Jorge Uxó

El debate también podrá seguirse en streaming desde este blog

Desde el colectivo Qué hacemos vamos a iniciar un ciclo de debates en las próximas semanas, en los que discutir los análisis y propuestas de los libros que forman la colección Qué hacemos.

Estos son los primeros debates:

- Qué hacemos con la competitividad. Mejorar la competitividad sin bajar los salarios.

Organizado junto a la Fundación 1º de Mayo. Con Bruno Estrada (coordinador del libro), Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo (investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha).Jueves 30 de enero, 18.30h. Centro Abogados de Atocha, C/ Sebastián Herrera, 12 (Madrid).

Próximos debates:

- Qué hacemos con los bancos. Por una banca pública y democrática.

Con Bibiana Medialdea (colectivo Qué hacemos), Lourdes Lucía (coordinadora del libro), Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso) y Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública.Martes 4 de febrero, 19h.

Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 (Madrid).

- Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.

Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH).Jueves 13 de febrero, 19h

. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).

- Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.

Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor).Lunes 24 de febrero, 19h.

Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).

Más información sobre los debates, en la web.

Según la versión oficial, la crisis sufrida por España y otros países periféricos tiene relación con una pérdida de competitividad, debida en gran medida a un excesivo crecimiento de los salarios en el pasado. Frente a eso, la receta es obvia: ganar competitividad, mediante una política de ajustes y devaluación salarial. Así lo viene defendiendo el gobierno español, que ha situado la competitividad en el centro de su política –incluso nominalmente, con un Ministerio de Economía y Competitividad-.

Pero frente a esa insistencia en la competitividad –o más bien una forma de entender la competitividad-, hay cada vez más voces críticas: economistas heterodoxos como Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo y coordinador del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito junto a María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó.

Conversamos con Estrada días antes del debate que sobre competitividad y devaluación salarial se celebrará en Madrid, y que será el primero de un ciclo de debates públicos donde economistas, investigadores y activistas sociales debatirán análisis y propuestas. El primero será el próximo jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid), organizado de forma conjunta con la Fundación 1º de Mayo, y la colaboración de eldiario.es que lo emitirá en streaming. En el debate, titulado “Mejorar la competitividad sin bajar los salarios”, participarán Bruno Estrada, Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo (investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad Castilla-La Mancha).

¿Estamos saliendo de la crisis, como sostiene el gobierno?

Estamos en lo que parece el inicio de una recuperación, que en todo caso durante el próximo año será débil, frágil y sujeta a numerosas incertidumbres, como han puesto en evidencia los efectos del derrumbe del peso argentino en la bolsa española. En esta incipiente recuperación está jugando un papel fundamental el gasto público, gracias al aplazamiento, por dos años, de los objetivos de déficit público impuestos por la UE. El incremento del techo de gasto público, unos 20.000 millones de más sobre lo contemplado en los presupuestos aprobados para 2013, y el esfuerzo de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares y las empresas por sus propios medios, es lo que está haciendo que la demanda nacional (vía consumo e inversión privada, y consumo público) tire unas décimas del PIB, frente al falso y erróneo discurso gubernamental sobre la competitividad exterior. La mejora, en unas décimas, de esas variables macroeconómicas no va a suponer una mejora sustancial del mercado de trabajo a corto plazo, como han puesto en evidencia los datos de empleo del cuarto trimestre de la EPA.

¿Tiene que ver esta mejora de indicadores con que la economía española es hoy más competitiva tras las reformas, como defienden los partidarios del ajuste?

La devaluación salarial impulsada por el gobierno, además de dolorosa en términos sociales, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. El principal elemento para un crecimiento económico estable y vigoroso es el incremento del consumo y la inversión nacional. En una economía del tamaño de la española, que no es comparable con otros países exportadores mucho más pequeños, el impulso de las exportaciones vía devaluación salarial nunca podrá compensar la caída de la demanda nacional que provoca esa misma devaluación salarial. Esto sin tener en cuenta que los costes laborales son una parte cada vez menor de los costes de producción, como afirma la propia Comisión Europea. Los productos de los países desarrollados solo pueden ser competitivos en los mercados mundiales (productos, no olvidemos, en los que los derechos sociales de los que disfrutamos están incluidos en el precio de venta) si las empresas que los fabrican son intensivas en capital o basan su estrategia competitiva en detentar una situación de monopolio en alguna fase del proceso de producción (como la innovación y la diferenciación de producto).

¿Está mejorando el sector exterior?

El aumento de las exportaciones ha sido debido fundamentalmente a una reorientación geográfica de nuestras exportaciones hacia los países emergentes, en la actualidad con mercados más dinámicos. Los nueves países emergentes que mayor volumen de exportaciones españolas absorben han pasado de representar el 11% de las exportaciones españolas en 2008 al 14,1% en 2013. La ralentización del crecimiento de las exportaciones españolas en el tercer trimestre, cuando se inicia la tímida recuperación del PIB, pone en cuestión la línea de flotación de la argumentación, y de las políticas, del gobierno en el sentido de que la devaluación salarial supondría una mejora de la competitividad exterior capaz de tirar del crecimiento económico.

¿Tenía España un problema de competitividad?

Las empresas españolas no: entre 1994 y 2007 la cuota de las exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales se mantuvo más o menos constante en torno al 1,8%. En términos comparativos nuestra cuota exportadora a escala global se ha reducido en los últimos doce años tan sólo en un 8,9%, mientras que las de las principales naciones industrializadas, excepto Alemania, lo hacían en una franja del 20% (Francia y EEUU) al 40% (Italia), según el Banco de España. Sí tiene un problema de competitividad estructural en relación con el sector energético. En la actualidad la balanza comercial española, sin considerar los productos energéticos, tiene superávit. El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente ha estado ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que en 2012 representaron el 6% del PIB y suponen en la actualidad el 23% del total de importaciones. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, es clave en la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el propio Banco Central Europeo. Una política orientada a reducir la alta dependencia energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte de mercancías menos contaminantes que el transporte por carretera, es imprescindible para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, para mejorar su competitividad estructural.

¿Es la devaluación salarial el precio a pagar por salir de la crisis?

No, ha sido la incapacidad política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético lo que ha hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes laborales. Los sobrecostes que actualmente tienen que pagar las empresas españolas por la energía y la financiación son debidos a la influencia que las principales empresas de estos sectores tienen sobre el poder político. La crisis ha sido la excusa para aplicar un programa de máximos del empresariado español menos abierto a la competencia internacional, el que depende en gran medida de los presupuestos públicos, el que menos invierte en modernizar su empresa, el que basa sus márgenes empresariales en la sobrexplotación de los trabajadores. Ha sido el shock externo que los neoliberales españoles esperaban para modificar radicalmente las reglas del juego en el mercado laboral, incrementando exponencialmente el poder del empresario en las relaciones laborales y despreciando las consecuencias demoledoras de la devaluación salarial sobre el tamaño y sofisticación de la demanda nacional. La devaluación salarial descuelga a España de la senda de las sociedades desarrolladas basadas en el conocimiento, en las cuales la implicación de los trabajadores es fundamental para generar valor en la empresa.

Sois críticos con los análisis que se basan en los Costes Laborales Unitarios (CLU). ¿Por qué desconfiáis de este indicador?

El hecho de que la cuota exportadora de España a escala mundial apenas se hubiera visto perjudicada por el aumento de los Costes Laborales Unitarios (CLU) en nuestro país antes de la crisis, pone en evidencia que en la competitividad de las exportaciones españoles entran en juego otros factores además de los precios. El economista Nicholas Kaldor evidenció, ya en 1978, que no existía una relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado. Los CLU sólo informan sobre la competitividad-precio de productos estandarizados, pero no aportan ninguna información sobre las mejoras que se hayan producido en otros aspectos como la calidad y diferenciación del producto, las estrategias de internacionalización, la calidad de los servicios de distribución y venta. No es que nosotros desconfiemos de ese indicador, es que son numerosos los estudios, del Servicio de Estudios del BBVA, del Banco de España, de economistas como Vicente Salas, o Jesus Felipe y Utsav Kumar del Banco de Desarrollo de Asia que ponen de manifiesto que los CLU agregados a escala sectorial o nacional no son un indicador correcto para medir la competitividad de un país. En España la burbuja inmobiliaria hizo que el mix tecnológico de producción evolucionara hacia sectores, vinculados a la construcción, poco intensivos en tecnología y de baja productividad, elevando los CLU agregados a escala nacional, pero sin que esto supusiera un empeoramiento real de la capacidad competitiva de las empresas exportadoras de nuestro país.

Apostáis por el concepto de “competitividad estructural”, ¿en qué consiste?

La competitividad estructural de una economía parte de la consideración de que, además de a factores internos de gestión empresarial, la capacidad competitiva de las empresas depende de la estructura económica de la que forman parte: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes; y 4)de la capacidad de difusión de tecnología. La competitividad estructural de una economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras, capital humano, e innovación tecnológica. Elementos sobre los que la actuación de los poderes públicos es fundamental. Si analizamos la competitividad desde este punto de vista, la reducción de salarios es contraproducente, no solo reduce la demanda agregada, y su nivel de sofisticación (aumenta el consumo de productos de menor calidad y se venden menos productos de marca y tecnológicamente avanzados, que son los que tienen un mayor valor añadido y, por tanto, los que permiten disputar mayores salarios), y también genera un efecto de fuga de los trabajadores más capacitados y cualificados, aquellos que más incrementan el valor para las empresas que apuestan por la innovación y el conocimiento.

Reproducís en el libro las palabras del socialdemócrata alemán Helmut Schmidt: “Los superávits de Alemania son, en realidad, los déficits de otros países”. ¿Es Europa una suma cero, donde unos países se equilibran con el desequilibrio de otros? ¿Se ha beneficiado Alemania del modelo económico español?

A lo ya comentado sobre las verdaderas causas de los desequilibrios comerciales hay que añadir, tras la entrada en el euro, los efectos financieros del neomercantilismo depredador desarrollado por Alemania y otros pequeños países del centro y norte de Europa. El conjunto de la UEM mantiene una posición próxima al equilibro con el resto del mundo, pero desde 1999, Alemania y otras economías más pequeñas como Holanda, Austria y Finlandia, han registrado grandes superávits. Los países con superávit gastan menos de lo que producen, lo que se refleja en términos macroeconómicos en un exceso de ahorro, que se canaliza hacia el exterior en forma de adquisición neta de activos. En este sentido, parte importante de la inflación de activos inmobiliarios, de la burbuja, que ha sufrido la economía española ha sido debido a ese exceso de ahorro centroeuropeo que hasta el inicio de la crisis venía obteniendo mayores rentabilidades en el ladrillo español que en las empresas de alta productividad de su país.

Habláis de mejorar la productividad, pero también el gobierno y la patronal insisten en la productividad. ¿Habláis el mismo idioma?

Una mejora de la productividad del trabajo, que es a la que se nos referimos cuando hablamos de productividad coloquialmente, puede lograrse a través de tres vías: 1)incrementando la explotación de los trabajadores. Si tomamos el ejemplo de una empresa de mensajería estaríamos hablando de la rebaja de sus sueldos o del incremento de su jornada y ritmo de trabajo; 2)incrementando la relación de capital por trabajador. En el mismo ejemplo, si la empresa compra una moto a sus carteros les permite repartir más cartas en menos tiempo; y 3)imponiendo los precios de sus productos sobre los clientes, o los precios de los bienes intermedios o materias primas sobre sus proveedores, esto es, si las empresas son capaces de lograr derechos de monopolio sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, las mejores ideas de comercialización y disponer de marcas bien conocidas. En general, las grandes empresas están mejor posicionadas para lograr dichos derechos de monopolio. Nosotros nos referimos, evidentemente, a lograr mejoras de la productividad mediante los dos últimos caminos.

Criticáis el “decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas”, ¿en qué sentido?

El incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. El resultado del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock, la cantidad, de capital productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. El stock de capital en la economía española en 2009 representaba tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. La tradicional escasez de capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad de las empresas pequeñas y mediadas empresas de nuestro país. El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante en una economía, ya que conduce a que las ganancias de productividad solo pueden alcanzarse mediante una mayor explotación de los trabajadores.

Proponéis actuar sobre los beneficios empresariales, para su reinversión, y con más participación de los trabajadores. ¿Cómo se hace algo así?

Incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las empresas no reduce la riqueza de los accionistas, aunque sí su renta disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo plazo, por la revalorización de sus acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o por el mayor valor de sus activos (edificios, maquinaria, patentes). En 1975 el economista sueco Meidner, miembro del sindicato sueco LO, propuso la creación de “fondos colectivos de asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres principales problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más que se producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de capacidad productiva, problemas que actualmente tienen la economía española. Según Meidner parte de la remuneración a los trabajadores debería hacerse mediante la cesión de acciones de las empresas, que debían de ser gestionadas conjuntamente por organismos de representación colectiva de los trabajadores. El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme, dos años antes de ser asesinado, aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las propuestas de Meidner si recogía su filosofía. Aunque la victoria del “bloque burgués” en 1991 supuso el desmantelamiento de los fondos, que habían alcanzado un volumen total de 2.000 millones de euros, reconvirtiéndolos en fondos de pensiones.

Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con la competitividad, y en la web de la colección Qué hacemos.

Os invitamos al debate Mejorar la competitividad sin bajar los salarios, el jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid).Mejorar la competitividad sin bajar los salarios

Próximos debates:

Qué hacemos con los bancos. Por una banca pública y democrática.

Con Bibiana Medialdea (colectivo Qué hacemos), Lourdes Lucía (coordinadora del libro), Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso) y Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública.

Martes 4 de febrero, 19h. Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 (Madrid).

Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.

Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH).

Jueves 13 de febrero, 19h. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).

Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.

Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor).

Lunes 24 de febrero, 19h. Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).

Más información sobre los debates, en la web.

Según la versión oficial, la crisis sufrida por España y otros países periféricos tiene relación con una pérdida de competitividad, debida en gran medida a un excesivo crecimiento de los salarios en el pasado. Frente a eso, la receta es obvia: ganar competitividad, mediante una política de ajustes y devaluación salarial. Así lo viene defendiendo el gobierno español, que ha situado la competitividad en el centro de su política –incluso nominalmente, con un Ministerio de Economía y Competitividad-.

Pero frente a esa insistencia en la competitividad –o más bien una forma de entender la competitividad-, hay cada vez más voces críticas: economistas heterodoxos como Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo y coordinador del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito junto a María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó.

Conversamos con Estrada días antes del debate que sobre competitividad y devaluación salarial se celebrará en Madrid, y que será el primero de un ciclo de debates públicos donde economistas, investigadores y activistas sociales debatirán análisis y propuestas. El primero será el próximo jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid), organizado de forma conjunta con la Fundación 1º de Mayo, y la colaboración de eldiario.es que lo emitirá en streaming. En el debate, titulado “Mejorar la competitividad sin bajar los salarios”, participarán Bruno Estrada, Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo (investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad Castilla-La Mancha).

¿Estamos saliendo de la crisis, como sostiene el gobierno?

Estamos en lo que parece el inicio de una recuperación, que en todo caso durante el próximo año será débil, frágil y sujeta a numerosas incertidumbres, como han puesto en evidencia los efectos del derrumbe del peso argentino en la bolsa española. En esta incipiente recuperación está jugando un papel fundamental el gasto público, gracias al aplazamiento, por dos años, de los objetivos de déficit público impuestos por la UE. El incremento del techo de gasto público, unos 20.000 millones de más sobre lo contemplado en los presupuestos aprobados para 2013, y el esfuerzo de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares y las empresas por sus propios medios, es lo que está haciendo que la demanda nacional (vía consumo e inversión privada, y consumo público) tire unas décimas del PIB, frente al falso y erróneo discurso gubernamental sobre la competitividad exterior. La mejora, en unas décimas, de esas variables macroeconómicas no va a suponer una mejora sustancial del mercado de trabajo a corto plazo, como han puesto en evidencia los datos de empleo del cuarto trimestre de la EPA.

¿Tiene que ver esta mejora de indicadores con que la economía española es hoy más competitiva tras las reformas, como defienden los partidarios del ajuste?

La devaluación salarial impulsada por el gobierno, además de dolorosa en términos sociales, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. El principal elemento para un crecimiento económico estable y vigoroso es el incremento del consumo y la inversión nacional. En una economía del tamaño de la española, que no es comparable con otros países exportadores mucho más pequeños, el impulso de las exportaciones vía devaluación salarial nunca podrá compensar la caída de la demanda nacional que provoca esa misma devaluación salarial. Esto sin tener en cuenta que los costes laborales son una parte cada vez menor de los costes de producción, como afirma la propia Comisión Europea. Los productos de los países desarrollados solo pueden ser competitivos en los mercados mundiales (productos, no olvidemos, en los que los derechos sociales de los que disfrutamos están incluidos en el precio de venta) si las empresas que los fabrican son intensivas en capital o basan su estrategia competitiva en detentar una situación de monopolio en alguna fase del proceso de producción (como la innovación y la diferenciación de producto).

¿Está mejorando el sector exterior?

El aumento de las exportaciones ha sido debido fundamentalmente a una reorientación geográfica de nuestras exportaciones hacia los países emergentes, en la actualidad con mercados más dinámicos. Los nueves países emergentes que mayor volumen de exportaciones españolas absorben han pasado de representar el 11% de las exportaciones españolas en 2008 al 14,1% en 2013. La ralentización del crecimiento de las exportaciones españolas en el tercer trimestre, cuando se inicia la tímida recuperación del PIB, pone en cuestión la línea de flotación de la argumentación, y de las políticas, del gobierno en el sentido de que la devaluación salarial supondría una mejora de la competitividad exterior capaz de tirar del crecimiento económico.

¿Tenía España un problema de competitividad?

Las empresas españolas no: entre 1994 y 2007 la cuota de las exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales se mantuvo más o menos constante en torno al 1,8%. En términos comparativos nuestra cuota exportadora a escala global se ha reducido en los últimos doce años tan sólo en un 8,9%, mientras que las de las principales naciones industrializadas, excepto Alemania, lo hacían en una franja del 20% (Francia y EEUU) al 40% (Italia), según el Banco de España. Sí tiene un problema de competitividad estructural en relación con el sector energético. En la actualidad la balanza comercial española, sin considerar los productos energéticos, tiene superávit. El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente ha estado ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que en 2012 representaron el 6% del PIB y suponen en la actualidad el 23% del total de importaciones. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, es clave en la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el propio Banco Central Europeo. Una política orientada a reducir la alta dependencia energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte de mercancías menos contaminantes que el transporte por carretera, es imprescindible para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, para mejorar su competitividad estructural.

¿Es la devaluación salarial el precio a pagar por salir de la crisis?

No, ha sido la incapacidad política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético lo que ha hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes laborales. Los sobrecostes que actualmente tienen que pagar las empresas españolas por la energía y la financiación son debidos a la influencia que las principales empresas de estos sectores tienen sobre el poder político. La crisis ha sido la excusa para aplicar un programa de máximos del empresariado español menos abierto a la competencia internacional, el que depende en gran medida de los presupuestos públicos, el que menos invierte en modernizar su empresa, el que basa sus márgenes empresariales en la sobrexplotación de los trabajadores. Ha sido el shock externo que los neoliberales españoles esperaban para modificar radicalmente las reglas del juego en el mercado laboral, incrementando exponencialmente el poder del empresario en las relaciones laborales y despreciando las consecuencias demoledoras de la devaluación salarial sobre el tamaño y sofisticación de la demanda nacional. La devaluación salarial descuelga a España de la senda de las sociedades desarrolladas basadas en el conocimiento, en las cuales la implicación de los trabajadores es fundamental para generar valor en la empresa.

Sois críticos con los análisis que se basan en los Costes Laborales Unitarios (CLU). ¿Por qué desconfiáis de este indicador?

El hecho de que la cuota exportadora de España a escala mundial apenas se hubiera visto perjudicada por el aumento de los Costes Laborales Unitarios (CLU) en nuestro país antes de la crisis, pone en evidencia que en la competitividad de las exportaciones españoles entran en juego otros factores además de los precios. El economista Nicholas Kaldor evidenció, ya en 1978, que no existía una relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado. Los CLU sólo informan sobre la competitividad-precio de productos estandarizados, pero no aportan ninguna información sobre las mejoras que se hayan producido en otros aspectos como la calidad y diferenciación del producto, las estrategias de internacionalización, la calidad de los servicios de distribución y venta. No es que nosotros desconfiemos de ese indicador, es que son numerosos los estudios, del Servicio de Estudios del BBVA, del Banco de España, de economistas como Vicente Salas, o Jesus Felipe y Utsav Kumar del Banco de Desarrollo de Asia que ponen de manifiesto que los CLU agregados a escala sectorial o nacional no son un indicador correcto para medir la competitividad de un país. En España la burbuja inmobiliaria hizo que el mix tecnológico de producción evolucionara hacia sectores, vinculados a la construcción, poco intensivos en tecnología y de baja productividad, elevando los CLU agregados a escala nacional, pero sin que esto supusiera un empeoramiento real de la capacidad competitiva de las empresas exportadoras de nuestro país.

Apostáis por el concepto de “competitividad estructural”, ¿en qué consiste?

La competitividad estructural de una economía parte de la consideración de que, además de a factores internos de gestión empresarial, la capacidad competitiva de las empresas depende de la estructura económica de la que forman parte: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes; y 4)de la capacidad de difusión de tecnología. La competitividad estructural de una economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras, capital humano, e innovación tecnológica. Elementos sobre los que la actuación de los poderes públicos es fundamental. Si analizamos la competitividad desde este punto de vista, la reducción de salarios es contraproducente, no solo reduce la demanda agregada, y su nivel de sofisticación (aumenta el consumo de productos de menor calidad y se venden menos productos de marca y tecnológicamente avanzados, que son los que tienen un mayor valor añadido y, por tanto, los que permiten disputar mayores salarios), y también genera un efecto de fuga de los trabajadores más capacitados y cualificados, aquellos que más incrementan el valor para las empresas que apuestan por la innovación y el conocimiento.

Reproducís en el libro las palabras del socialdemócrata alemán Helmut Schmidt: “Los superávits de Alemania son, en realidad, los déficits de otros países”. ¿Es Europa una suma cero, donde unos países se equilibran con el desequilibrio de otros? ¿Se ha beneficiado Alemania del modelo económico español?

A lo ya comentado sobre las verdaderas causas de los desequilibrios comerciales hay que añadir, tras la entrada en el euro, los efectos financieros del neomercantilismo depredador desarrollado por Alemania y otros pequeños países del centro y norte de Europa. El conjunto de la UEM mantiene una posición próxima al equilibro con el resto del mundo, pero desde 1999, Alemania y otras economías más pequeñas como Holanda, Austria y Finlandia, han registrado grandes superávits. Los países con superávit gastan menos de lo que producen, lo que se refleja en términos macroeconómicos en un exceso de ahorro, que se canaliza hacia el exterior en forma de adquisición neta de activos. En este sentido, parte importante de la inflación de activos inmobiliarios, de la burbuja, que ha sufrido la economía española ha sido debido a ese exceso de ahorro centroeuropeo que hasta el inicio de la crisis venía obteniendo mayores rentabilidades en el ladrillo español que en las empresas de alta productividad de su país.

Habláis de mejorar la productividad, pero también el gobierno y la patronal insisten en la productividad. ¿Habláis el mismo idioma?

Una mejora de la productividad del trabajo, que es a la que se nos referimos cuando hablamos de productividad coloquialmente, puede lograrse a través de tres vías: 1)incrementando la explotación de los trabajadores. Si tomamos el ejemplo de una empresa de mensajería estaríamos hablando de la rebaja de sus sueldos o del incremento de su jornada y ritmo de trabajo; 2)incrementando la relación de capital por trabajador. En el mismo ejemplo, si la empresa compra una moto a sus carteros les permite repartir más cartas en menos tiempo; y 3)imponiendo los precios de sus productos sobre los clientes, o los precios de los bienes intermedios o materias primas sobre sus proveedores, esto es, si las empresas son capaces de lograr derechos de monopolio sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, las mejores ideas de comercialización y disponer de marcas bien conocidas. En general, las grandes empresas están mejor posicionadas para lograr dichos derechos de monopolio. Nosotros nos referimos, evidentemente, a lograr mejoras de la productividad mediante los dos últimos caminos.

Criticáis el “decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas”, ¿en qué sentido?

El incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. El resultado del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock, la cantidad, de capital productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. El stock de capital en la economía española en 2009 representaba tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. La tradicional escasez de capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad de las empresas pequeñas y mediadas empresas de nuestro país. El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante en una economía, ya que conduce a que las ganancias de productividad solo pueden alcanzarse mediante una mayor explotación de los trabajadores.

Proponéis actuar sobre los beneficios empresariales, para su reinversión, y con más participación de los trabajadores. ¿Cómo se hace algo así?

Incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las empresas no reduce la riqueza de los accionistas, aunque sí su renta disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo plazo, por la revalorización de sus acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o por el mayor valor de sus activos (edificios, maquinaria, patentes). En 1975 el economista sueco Meidner, miembro del sindicato sueco LO, propuso la creación de “fondos colectivos de asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres principales problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más que se producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de capacidad productiva, problemas que actualmente tienen la economía española. Según Meidner parte de la remuneración a los trabajadores debería hacerse mediante la cesión de acciones de las empresas, que debían de ser gestionadas conjuntamente por organismos de representación colectiva de los trabajadores. El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme, dos años antes de ser asesinado, aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las propuestas de Meidner si recogía su filosofía. Aunque la victoria del “bloque burgués” en 1991 supuso el desmantelamiento de los fondos, que habían alcanzado un volumen total de 2.000 millones de euros, reconvirtiéndolos en fondos de pensiones.

Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con la competitividad, y en la web de la colección Qué hacemos.

Os invitamos al debate Mejorar la competitividad sin bajar los salarios, el jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid).Mejorar la competitividad sin bajar los salarios

Próximos debates:

Qué hacemos con los bancos. Por una banca pública y democrática.

Con Bibiana Medialdea (colectivo Qué hacemos), Lourdes Lucía (coordinadora del libro), Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso) y Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública.

Martes 4 de febrero, 19h. Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 (Madrid).

Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.

Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH).

Jueves 13 de febrero, 19h. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).

Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.

Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor).

Lunes 24 de febrero, 19h. Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).

Más información sobre los debates, en la web.

Lourdes Lucía es abogada, editora y activista, y fue una de las fundadoras en España del movimiento Attac. Ha coordinado el libro Qué hacemos con los bancos, escrito junto a Alberto Garzón, Ana Martín y Julio Rodríguez. El libro es un análisis del origen financiero de la actual crisis, especialmente en el caso español: cómo un sistema financiero que presumía de ser el más sólido y saneado de Europa nos acabó arrastrando a un rescate financiero. Hablamos con ella de lo sucedido con el sector financiero, la liquidación de las cajas o el rescate con dinero público, así como de la propuesta de creación de una banca pública que hacen en el libro. Agradecemos la participación de Ana Martín, también coautora del libro, y cuya aportación ha sido fundamental en esta entrevista.

¿Cómo pasó la banca española de ser “la más sólida del mundo” (Zapatero, 2008) a necesitar un rescate?

La banca española no era la “más sólida del mundo”. Esta afirmación de Zapatero, que fue coreada por todos los poderes mediáticos financieros y económicos, no se sostenía, como ha demostrado la realidad. Las buenas “notas” de la banca española eran una falacia sustentada en la falta total de control de los organismos encargados de hacerlo, como se ha demostrado después.

Decís que el sistema financiero español cumplía todos los requisitos para una “tormenta perfecta” en cuanto cambiase la situación del mercado de vivienda. ¿Quién falló en anticipar ese riesgo?

No creemos que el fallo en anticipar el riego fuera inocente. Se estaban ocultando demasiadas cosas. Fallaron todos: el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España, la CNMV. Todos sabían que la situación era insostenible, pero nadie quería ser el que apagara la luz de la fiesta. No querían ni fueron capaces de poner freno a la orgía crediticia.

¿Fue inevitable rescatar a la banca? ¿Cuál era la alternativa?

El rescate a la banca se ha producido por la insolvencia de esta y responde a una política basada en beneficiar a los grandes poderes financieros, que, como se ha demostrado, ha perjudicado al conjunto de la población. Se han dado muchos miles de millones de euros a los bancos españoles, a través del BCE, a un interés muy bajo (menos del 1%) y no han utilizado ese dinero para dar préstamos a las empresas pequeñas y medianas ni a las familias. Lo han utilizado para comprar deuda a un interés mucho mayor (del 4%, 5% o 6%), con lo que han obtenido grandes beneficios, mientras que la economía del país ha ido retrocediendo. El BCE debería comprar directamente deuda pública a los países y no beneficiar a los bancos privados. Esa normativa europea debe ser modificada con urgencia. La alternativa tendría que venir de un gobierno que en lugar de defender los intereses de los grandes bancos y poderes financieros, gobernara mirando por los intereses de la población. No se puede regalar dinero a los bancos sin exigirles nada a cambio.

¿Qué balance hacéis del rescate bancario? ¿Está terminado y cerrado, como presume el Gobierno?

Con los datos que tenemos, pensamos que el rescate a los bancos ni mucho menos está cerrado. La banca española no está saneada, y sigue teniendo problemas de solvencia. La prueba es que el Gobierno sigue metiendo ayudas por la puerta de atrás para apuntalar la solvencia del sector (activos fiscales). Para entender lo que está pasando hay que tener en cuenta el papel que están jugando mundialmente los bancos desde hace unas décadas. No han actuado como banca comercial, con la función tradicional de depósito y préstamo. Su actividad principal ha sido la de banca de inversiones. La quiebra de Lehman Brothers puso al descubierto las prácticas especulativas de la banca mundial, basadas en la transacción de sofisticados productos financieros (derivados) muy sobrevalorados y puestos en el mercado mundial con el suficiente maquillaje como para hacerlos pasar por productos rentables, como vimos con las hipotecas subprime. Esta práctica se extendió a otros muchos países, entre ellos España, que se aprovechó del boom inmobiliario para conceder créditos hipotecarios a pisos tasados muy por encima de su valor real. Con la crisis y el aumento del paro muchas personas no han podido hacer frente a estas hipotecas, agravadas por las cláusulas abusivas de la legislación española en la materia, y han sido víctimas de los injustos desahucios que estamos viendo cada día, mientras los bancos obtuvieron grandes beneficios con unas prácticas especulativas que nunca fueron controladas por los organismos encargados de hacerlo, y que encontraron el apoyo y la colaboración necesaria de las agencias de calificación (la mayoría de las veces coaccionistas de los grandes bancos) y, por supuesto, la vista gorda y la complicidad de los gobiernos y de los poderes públicos.

¿Cuánto ha costado rescatar a la banca en España? ¿Dice la verdad Linde cuando asegura que todo se recuperará (aunque añade que “no sabe cuándo”)?

En el libro hay cuadros que explican con detalle las ayudas públicas recibidas por los bancos españoles. Al 31 de diciembre de 2012 esas ayudas (a la solvencia y a la liquidez) ascendían a 589.073 millones de euros, incluyendo el dinero público aportado, la protección de activos asegurando los riesgos asumidos por las entidades financieras, avales, adquisición de activos, la suscripción por parte del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria) de emisiones realizadas por las entidades a un plazo de cinco años y la adquisición de activos tóxicos por parte de la SAREB. Dudamos mucho de que este dinero se recupere.

En las ayudas públicas a la banca incluís los préstamos del BCE y otras ayudas que no solemos contabilizar, y sorprende comprobar que todas las entidades han recibido algún tipo de ayuda, incluídos los grandes como Santander y BBVA.

En el libro también se detallan las ayudas recibidas por más de 30 entidades bancarias, incluidos los grandes bancos, unas dirigidas a apoyar la solvencia de los bancos y otras a la liquidez.

Proponéis realizar auditorías públicas a las entidades. ¿No es lo que ya hace el Banco de España?¿Desconfiáis de las pruebas de estrés?

El propio Banco Central Europeo no se ha fiado de los reguladores españoles, el guión estaba escrito de antemano y las premisas preestablecidas. La elección de la auditora debería ser democrática y su actividad exige transparencia total, cosa que no se ha dado. Recordemos que en 2006 Oliver Wyman (encargado de los test a la banca española) calificó al Anglo Irish Bank como el mejor banco del mundo y tres años después tuvo que ser nacionalizado por Irlanda dando lugar al rescate del país. Muchas de estas empresas auditoras (recordemos el caso de Deloitte con Bankia) son juez y parte y de esa manera los resultados de sus análisis no son fiables.

¿Cómo valoráis la SAREB, el llamado “banco malo”?

La SAREB, el banco malo, es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, fue creada para sostener los precios de los inmuebles (impagados) y tratar de evitar que se desplome el precio de los activos en poder de la banca. Es una sociedad de propiedad mixta: 55% privada y 45% pública, que ya ha adquirido inmuebles (viviendas, hoteles, anexos y suelo urbano), convirtiéndose en la principal empresa inmobiliaria de España y una de las más importantes de la Unión Europea. En definitiva, la SAREB se ha llevado fondos públicos para paliar la desastrosa gestión de la banca privada. Fue una imposición de la UE, incluida en el MOU (Memorándum de Entendimiento) para recibir el rescate. En la actualidad los fondos buitre se están aprovechando comprando a precio de saldo muchos de esos activos y las pérdidas se están cubriendo con fondos públicos. La otra cara de la moneda son las personas desahuciadas o las miles de familias que no tienen acceso a una vivienda.

¿Qué acabará pasando con los bancos nacionalizados (Bankia, NCG, Catalunya Banc)?

Pasará que después de haber sido saneados se privatizarán y esto no es una opinión sino que está regulado por un Real Decreto. Es decir, vuelta a lo mismo: se utilizará el dinero público para beneficiar a entidades privadas. Y, como ha sucedido hasta ahora con empresas privatizadas convertidas hoy en multinacionales, veremos cómo algunos de los políticos que han decretado estas medidas formarán parte de los consejos de administración o serán asesores de estas entidades bancarias.

Sois críticos con el proceso de fusiones, pero ¿qué alternativa había?

La alternativa de una banca pública sería lo consecuente. Una vez que está ya nacionalizado parte del sector y su capital está compuesto por fondos públicos lo lógico es que se convierta en una banca pública que pueda cumplir una buena función social

Uno de los efectos más visibles de la crisis y el rescate es la concentración bancaria, pasando de 50 entidades a solo 14, con 5 de ellas controlando la mitad del mercado. ¿Se ha reforzado el poder de la gran banca? ¿Es una consecuencia, o era el objetivo?

Sin duda, era un objetivo. Lo de los grandes bancos too big to fail (demasiados grandes para dejarlos caer) es una política mundial de concentración bancaria. Muchos bancos pequeños o medianos han sido absorbidos o eliminados y una de las consecuencias ha sido el importante número de trabajadores de la banca que se han quedado en la calle, otra es la eliminación de sucursales en pequeñas poblaciones, especialmente rurales, que se ven ahora obligadas a recorrer decenas de kilómetros para poder hacer cualquier operación bancaria.

¿Qué futuro espera a la obra social de las antiguas cajas? ¿Cómo podría conservarse?

La Obra Social de las cajas recogía el 30% de los beneficios de las mismas. Era la mayor fundación del mundo, es impensable que los bancos en los que se han convertido con su privatización donen el 30% ni el 20 ni el 5% de sus beneficios para una obra social.

¿Ha servido la crisis financiera para incrementar el control sobre el sector financiero? ¿Estamos vacunados contra futuras crisis?

Ha servido para dar más poder al Banco Central Europeo (que no está sometido a ningún control político). El sector financiero hoy tiene menos control que nunca y se mueve como pez en el agua en todo el planeta. Ahora se especula también con los nuevos activos procedentes de la privatización de los servicios públicos. Las necesidades sociales más importantes: la educación, la sanidad, las pensiones, ya son objeto de contratos privados con los bancos. Donde antes había becas ahora hay créditos, quien quiera estudiar tendrá que pedir un préstamo y pasarse después años devolviéndolo. La atención sanitaria, que debería ser universal y gratuita, es objeto de seguros privados de salud. A las nuevas generaciones, los medios de información ya se están encargando de “informar/manipular” sobre esto, se les dice que si quieren tener derecho a una jubilación tendrán que pagarse un fondo privado de pensiones. Los bienes comunes, como el agua, el aire o la energía, serán también objeto de especulación. Sin duda habrá nuevas burbujas producidas por la especulación.

¿Es posible una banca pública en España? ¿Es solo cuestión de voluntad política, o hay algún impedimento legal en la Constitución, la Unión Monetaria, el MoU…?

Desde luego para su perfecta operatividad habría que cambiar ciertas normas de la UE, como la legislación sobre competencia. En la Constitución española no hay ningún impedimento; en efecto, es cuestión de voluntad política, que solo será posible con una mayoría social que imponga un cambio de rumbo, en España y en la UE.

Analizáis experiencias actuales de banca pública, y sorprende que los primeros ejemplos estén en Estados Unidos o Alemania, países de economía liberal.Estados Unidos o Alemania

No estamos hablando de utopías inalcanzables. En el libro damos ejemplos de bancos públicos que ya existen y han sido elementos claves para el desarrollo socioeconómico de determinadas zonas.

¿Podíamos considerar las cajas de ahorro como una forma de banca pública?

Las cajas de ahorro tenían otra forma jurídica para lograr sus objetivos y su labor (sobre todo antes de la década de 1980, es decir antes de su bancarización). En cierta manera, sí ejercían como banca pública.

Hemos olvidado que en España ya hubo entidades públicas, y en fechas no tan lejanas. ¿Por qué se liquidaron?

Hubo factores diversos: el interés por favorecer a la banca privada, la entrada en la UE, en especial la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, la voluntad de los gobernantes de emprender privatizaciones de todo tipo, como venía ocurriendo en otras zonas del mundo con los gobiernos de Reagan o Thatcher… En el libro habamos, entre otros casos, del proceso de privatización de la Caja Postal convertida en una entidad bancaria ajustada al estatuto de un banco. En 1991 llegó el nacimiento de Corporación Bancaria, que operaba bajo el nombre de Argentaria, cabecera de un grupo que incluía a Caja Postal S.A., al Banco Exterior de España y a las entidades del Instituto de Crédito Oficial. Argentaria se privatizó en cuatro fases: dos en 1993, la tercera en marzo de 1996, y la última en 1998. Rodrigo Rato, entonces vicepresidente del Gobierno, ordenó la venta del 29,2% que todavía estaba en manos del Estado. En 1999 se lleva a cabo la fusión de BBV con Argentaria, que da lugar al BBVA.

¿En qué notarían los ciudadanos la existencia de una banca pública?

Por ejemplo, en mayores posibilidades de financiación, sería una banca más cercana, transparente y democrática. Además, formaría parte de las políticas sociales y económicas de las administraciones locales y comunitarias. Por último, habría obra social o tendría una clara función social.

Las cajas de ahorro, gobernadas por representantes públicos, fueron sin embargo decisivas en la formación de la burbuja. ¿Cómo asegurar un control democrático en una hipotética banca pública?

Las cajas han sido objeto de una gestión nefasta a la que no han sido ajenos los partidos y sindicatos que han participado en sus consejos de administración. Esto está muy claro, por ejemplo en Caja Madrid. Eso no se puede repetir. Entre otras, hay que establecer estas medidas: más control, rotación de cargos, transparencia en la gestión. No puede ser una banca especulativa ni operar en los paraísos fiscales. Los sueldos de los directivos deben ser como los de los funcionarios públicos sin prebendas, bonus, pensiones etc…

¿Cómo valoráis las entidades que se anuncian como “banca ética”? ¿Y las cooperativas de crédito? ¿Son una alternativa al sistema financiero?

La banca ética es una banca privada con “buenas intenciones” pero no olvidemos que son empresas privadas con accionistas que esperan beneficios para sus inversiones. Y las cooperativas buscan el beneficio para sus cooperativistas. Muchas personas, que no quieren colaborar con la destructora política de los bancos convencionales, prefieren depositar sus ahorros en este tipo de bancos porque son más “solidarios”. Pero la banca ética y la banca pública son dos cosas totalmente distintas.

Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con los bancos, y en la web de la colección Qué hacemos.

Manuel Maroto es uno de los mejores conocedores del sistema español de partidos, sobre todo de sus problemas de financiación y de la corrupción resultante. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, acaba de publicar el libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, escrito junto a Victoria Anderica, Suso Baleato y Miguel Ongil: un análisis político y jurídico de uno de los principales problemas de la democracia española, y que está en el centro de tantos escándalos de corrupción: la forma en que los partidos se financian, cada vez menos de sus militantes y más mediante donantes privados y créditos bancarios. En esta entrevista Maroto señala las debilidades del sistema español y sus posibles soluciones, y analiza propuestas como la prohibición de donaciones empresariales que ayer mismo llevó el PSOE al Congreso y que el PP anuncia también.

El PSOE propone prohibir las donaciones de empresas a partidos, y parece que el gobierno considera una medida similar. ¿Cómo valoras estas propuestas?

La idea es de agradecer, pero por sí sola, sin cambios en el régimen de fiscalización y sanción, es una medida puramente cosmética. Lo que las empresas dejen de dar a los partidos lo darán a las fundaciones. PSOE y PP lo saben, y es de imaginar que por eso eliminaron el límite de donaciones a las fundaciones políticas en 2012. Además, si el Tribunal de Cuentas tiene ya serios problemas supervisando el cumplimiento de la actual legislación, añadir nuevas prohibiciones sin nuevos mecanismos de control es un brindis al sol. Otro ejemplo: en la proposición de ley de septiembre en la que el PSOE proponía la eliminación de la financiación empresarial, proponía también acortar a tres meses el plazo que tiene el Tribunal de Cuentas para presentar sus informes sobre las cuentas de los partidos. Eso está muy bien, pero es que la Ley de Financiación de Partidos de 2007 ya habla de un plazo de seis meses para publicar esos informes, y el Tribunal de Cuentas ha venido tardando… ¡hasta cinco años! Hace poco se publicó el informe del ejercicio 2011, y eso que el Tribunal ha intentado ponerse al día a toda prisa publicando el informe de tres ejercicios a la vez. También decía la Ley de 2007 que el Tribunal de Cuentas tenía que aprobar un plan contable específico para las formaciones políticas en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, y al final ese plan contable entrará en vigor… el año que viene, siete años después. Hay que acabar, urgentemente, con esta política legislativa de parches y pequeñas concesiones de cara a la galería que se compensan por otras vías.

¿Es el sistema español de partidos más corrupto que los de otros países?

Si por corrupción entendemos que un sistema de partidos se desvíe de sus fines constitucionales debido a una excesiva permeabilidad al poder económico, sí, el sistema español de partidos funciona peor que el de otros países con una tradición democrática más sólida. El nuestro tiene unas características que debemos tomarnos más en serio en el debate público en torno a la corrupción: un índice de afiliación y participación muy bajo, un funcionamiento interno oligárquico en el que brilla por su ausencia la democracia interna, una fuerte dependencia de la financiación pública y del endeudamiento bancario, una dinámica bipartidista que distorsiona el juego electoral, un alto índice de patrimonialización y colonización de las instituciones estatales, etc. Es fundamental empezar a identificar la “corrupción” con este tipo de características asociadas al funcionamiento democrático, y evitar los discursos meramente moralistas o de simple expresión de descontento. Hay que redirigir la indignación por la corrupción hacia algo políticamente constructivo y transformador.

¿Qué peso tiene la financiación de los partidos en la corrupción?

Se suele decir que la financiación ilegal de partidos es “la madre de todas las corrupciones”. Y sin duda, además de sus efectos sobre la credibilidad de las instituciones, ha cumplido un papel fundamental alimentando la corrupción urbanística, la burbuja inmobiliaria y el descontrol en la insostenible política pública de infraestructuras. Los papeles de Bárcenas han sido bastante esclarecedores en ese sentido. Si los partidos fueran organizaciones políticamente fuertes e internamente democráticas, servirían como diques de contención del poder antidemocrático de los mercados. Su permeabilidad al dinero debilita esa función, cuando no la invierte. En cualquier caso, en cierto punto se sobrevalora el papel de la financiación ilegal de partidos como mecanismo de “captura política”, en el sentido de que los grandes poderes económicos tienen medios de influencia más eficaces y coactivos que la financiación ilegal y la burda corrupción. Para obligar a un gobierno a reformar la Constitución en unos pocos días, no hizo falta financiar ilegalmente a ningún partido.

Decís que los escándalos de corrupción son “una de las pocas oportunidades de transformación interna dentro de los partidos”, pero hasta ahora la respuesta ha sido el enroque.

A falta de una vida interna democrática “sana” y transparente, los escándalos de corrupción se han convertido, efectivamente, en una forma patológica de canalizar las pugnas entre élites dentro de los partidos. Filesa supuso un periodo de fuerte tensión entre “guerristas” y “renovadores” en el PSOE. El caso Gürtel refleja también luchas de poder entre los distintos clanes del partido popular. Ahí tenemos a Esperanza Aguirre presentándose como la persona que “destapó” la trama. Si ha prevalecido el enroque es, precisamente, porque son formas patológicas de contestación de élites ajenas a mecanismos de democracia interna. No hay que olvidar que quien controla los recursos financieros (legales o ilegales) de una organización, tiene una posición de poder privilegiada dentro de la misma, y eso genera jerarquías y relaciones de sujeción. Los escándalos deberían servir dentro de los partidos para abrir procesos de depuración y renovación de élites que impliquen a la militancia y a la sociedad.

¿A qué llamáis “financiarización del sistema de partidos”?

Llamamos “financiarización” al incremento del protagonismo del dinero en la vida de los partidos, un fenómeno que se ha dado, en mayor o menor medida, en todas las democracias occidentales. Los partidos dependen hoy, fundamentalmente, no del trabajo de sus militantes y cuadros, de su capacidad de movilización, etc., sino de su capacidad de acceso a recursos financieros, sean subvenciones, créditos bancarios, o donaciones empresariales. Las formas de movilización política basadas en el trabajo de los militantes (las clásicas pegadas de carteles, mítines, redes de solidaridad, campañas de diverso tipo, etc) se han convertido, en los grandes partidos, en meras liturgias: lo que importa es tener suficiente dinero para mantener el aparato del partido y gastar en campañas publicitarias y actos mediáticos de todo tipo. Los militantes se han convertido, así, en figurantes: el PP, por ejemplo, que se vanagloria de tener 800.000 militantes, ni siquiera les exige pagar cuotas.

“El sistema de partidos está en crisis desde su mismo origen”, decís. ¿Nació defectuoso en la Transición?

Dijo una vez Vazquez Montalbán que la transición fue el fruto de una correlación no de fuerzas, sino más bien de debilidades. Del nacimiento de nuestro sistema de partidos se puede decir algo parecido. Hubo que crear un sistema de partidos rápidamente tras cuarenta años de dictadura, y además tocó hacerlo en el contexto de la Guerra Fría, lo que impuso claros condicionantes.

¿Por qué tras cuatro décadas de democracia seguimos sin tener una legislación sobre financiación de partidos a la altura de otros países europeos? ¿Hubo avance en las últimas reformas más recientes?

No, no ha habido verdaderos avances sustanciales. Al revés, diría que ha habido retrocesos. En la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, aprobada a finales de 2012, se eliminaron, por ejemplo, los topes a la financiación de las fundaciones políticas, que ahora pueden recibir dinero ilimitadamente. La legislación en materia de financiación de partidos está presidida, solo hay que leerse las exposiciones de motivos de las leyes, por una tensión entre el control de la corrupción y las necesidades de suficiencia financiera de los partidos. Este último interés ha prevalecido claramente, aunque las reformas se hayan querido presentar como avances en los mecanismos de control y transparencia. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque son los propios partidos los que legislan sobre sí mismos, y además lo han hecho siempre de forma particularmente poco inclusiva y exponiéndose muy poco o nada al debate público. Se han aprovechado, en ese sentido, del desapego que la sociedad siente por los partidos. Como además los partidos son incapaces de autofinanciarse por vía de cuotas, y tienen fuertes presiones financieras, existen todos los incentivos para aferrarse al sistema de financiación pública y a otros paralelos, y para minimizar el alcance de los sistemas de fiscalización y control. Solución: intensificar la movilización social contra este tipo de actuaciones y forzar procedimientos legislativos inclusivos que no dejen la elaboración y vigilancia de la norma solo en manos de los intereses de los partidos.

Los partidos suelen repetir que sus recursos proceden de las cuotas de sus afiliados, ¿cuánto hay de cierto en esto?

Es falso. Los partidos españoles se financian muy minoritariamente a través de las cuotas de sus militantes. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, de los 128 millones de euros que recibió el Partido Popular en concepto de subvenciones y de financiación privada, solo 12 millones (el 9,4%) provenían de las cuotas de los militantes. En el caso del PSOE, de 120 millones, 18 provenían de cuotas (el 15%), y en el de IU, de 18 millones, 1,6 millones (el 9,1%). A esto hay que añadirle que los partidos tienen otras fuentes de financiación además de esas, por ejemplo los créditos bancarios o las fundaciones, lo que reduce aún más el protagonismo financiero de los militantes, hasta hacerlo insignificante y prescindible.

¿Qué papel juegan los bancos?

Los bancos han jugado desde la Transición misma un papel fundamental financiando los gastos de las campañas electorales. La deuda histórica que han acumulado los grandes partidos explica en parte tanto algunas de las prácticas de financiación ilegal (se suele explicar Filesa como un intento de pagar las deudas asumidas para la campaña de la OTAN), como la necesidad de aumentar la financiación pública por vía legislativa. En 2011, el PP tenía una deuda bancaria de 77 millones de euros; el PSOE, de 70, e Izquierda Unida, de 17. Es ilustrativo comparar esas cifras con las de las cuotas. En total, los partidos españoles le deben 275 millones de euros a la banca, lo cual es francamente preocupante en la medida en que otorga a los bancos capacidad de influencia sobre las formaciones políticas (17 partidos españoles tienen un patrimonio neto negativo, según el último informe del Tribunal de Cuentas).

¿Podríamos pensar que la impunidad del sistema financiero en la crisis (y su rescate masivo con dinero público) se explica también por esa estrecha relación entre bancos y partidos?

Sin duda es un factor a tener en cuenta. Hace poco un medio digital publicaba que la banca le habría hecho llegar al PSOE un mensaje: “estamos dispuestos a dejar caer al partido si se sigue promoviendo extender la normativa de expropiar pisos vacíos a otras zonas de España”. Que la dependencia de los partidos de la banca limita el margen de la acción política es un hecho que ha preocupado desde hace tiempo. No quiere eso decir que los bancos no hubieran tenido otros medios para ejercer su influencia y forzar ese resultado, pero ser los grandes acreedores de las formaciones políticas sin duda les ayuda mucho.

¿El sistema de donaciones privadas es una puerta abierta a la corrupción?

Es una de ellas, sobre todo porque las donaciones de empresas operan en la más absoluta opacidad. Tan solo desde la entrada en vigor de la Ley de Financiación de Partidos de 2007 los partidos tienen la obligación de identificar a sus donantes en la información que remiten al Tribunal de Cuentas. Y aún ahora, esos datos no se hacen públicos, porque se incluyen en la memoria contable, que la actual ley no obliga a publicar. Así que los ciudadanos no sabemos quién dona a los partidos. Por lo demás, las leyes de financiación de partidos nunca han previsto sanciones para las empresas que financian ilegalmente a un partido. La única posibilidad de sancionar a esas empresas pasa por probar que se ha cometido algún delito, como el cohecho, lo cual es por lo general muy difícil.

¿Tiene arreglo el actual sistema de partidos?

La pregunta del millón. En su forma actual, yo me atrevería a decir que no. El sistema español de partidos parece haber dejado de ser capaz de cumplir las funciones que cumplía hasta la fecha. De alguna forma, ha acabado ya una fase marcada por un cierto equilibrio bipartidista, y se abre una oportunidad para el cambio, en el sentido de que quizás una transformación radical, un nuevo horizonte constituyente, sea la única vía de “arreglo” del sistema de partidos.

¿Por qué no os parece fiable el Tribunal de Cuentas, al que consideráis un “escudo institucional” de los partidos?

Solo hay que leer sus informes para darse cuenta de que el propio Tribunal de Cuentas, en el que hay profesionales muy serios y solventes, no considera fiable su labor fiscalizadora, y no digamos ya la sancionadora, que siempre ha aceptado a regañadientes y no ha podido aplicar nunca. El Tribunal de Cuentas no tiene ni la independencia política, ni los medios, ni la competencia, ni la base jurídica para realizar un verdadero control del dinero de los partidos. Se limita a evaluar, con la información que le mandan las propias organizaciones políticas, si éstas cumplen los requisitos para recibir subvenciones. Y sin embargo, los partidos lo utilizan como excusa para mandar constantemente el mensaje de que sus cuentas son públicas y están auditadas. Poner fin a esa práctica es urgente. Las instituciones de control deberían ser parte de la solución, no del problema.

¿Cómo debería reformarse el Tribunal de Cuentas para que cumpliese bien su función? ¿O debería ser otro organismo?

Una opción es crear otra institución de control y sanción. En otros países son órganos electorales, o el propio parlamento, los que ejercen esas funciones. En algunos países esos controles se compaginan además con auditorías externas, cosa que en España no ocurre. Otra es reformar profundamente el Tribunal de Cuentas. Acabar con el reparto partidista de los cargos del Tribunal, y dotarle de independencia. Ampliar sus competencias más allá del estrecho corsé de control contable que ahora tiene. Dotarle de verdaderas facultades de inspección y de sanción, y de medios materiales. Exigir auditorias y controles internos eficaces en los partidos. Lograr eso sería, en la práctica, casi como crear otra institución.

¿Tenemos un problema de leyes aplicables o de jueces que las apliquen?

Los obstáculos para enjuiciar eficazmente la delincuencia de cuello blanco son muchos: legales, procesales, políticos, económicos, culturales, ideológicos... La corrupción en partidos no es en eso una excepción, y hay que luchar contra ello. Pero aquí el primer problema es que, contra lo que se suele creer, los grandes partidos han fomentado la judicialización penal de los escándalos, por ser éste un mecanismo particularmente lento y complicado de determinar responsabilidades. Convirtiéndolo en un problema penal, al final, la atención recae más sobre las dificultades de la jurisdicción para investigar y enjuiciar los hechos, que sobre los propios hechos. Solo hay que recordar que la financiación ilegal de partidos ni siquiera es en España un delito: aunque el gobierno anunció hace meses su introducción en el Código Penal, no lo introdujo en el anteproyecto. En resumen, es un problema tanto de leyes como de los jueces que aplican las leyes, que tienen en muchos sentidos las manos atadas. La sensación de impunidad hay que combatirla, además de reivindicando un poder judicial independiente y eficaz, exigiendo que existan formas de responsabilidad política que no pasen por los juzgados de lo penal.

¿Consideráis imitable el modelo de algún país de nuestro entorno?

No hay ningún sistema perfecto, pero se puede aprender de muchos. Alemania tiene un sistema interesante en el que la financiación pública se hace depender de la privada, los partidos rinden cuentas ante el parlamento, realizan auditorias, tienen guías de gestión financiera interna, topes máximos de subvenciones, etc. Los países anglosajones, por lo general, confían en mecanismos de transparencia y en la financiación privada. Ha habido en los últimos años propuestas originales desde el ámbito político y académico para democratizar el reparto de la financiación pública de los partidos, a través de la declaración de la renta o de “cheques fiscales”, que sería interesante explorar. El modelo español no es, realmente, un modelo: acoge lo peor de los modelos de financiación pública de los partidos, y lo peor de los modelos de financiación privada. En ese sentido, hay mucho margen de mejora y hay que ser creativos.

El gobierno también anuncia próximas medidas contra la corrupción, y acaba de aprobarse la ley de transparencia, ¿cómo las valoráis?

Todo apunta a que las medidas van a ser cosméticas, a menos que un fuerte descontento social organizado fuerce las circunstancias. Cierto punto de esperanza lo pone la tramitación de la ley de transparencia, por deficiente que ésta sea. Gracias a campañas de presión como las de Access-Info y la Coalición Pro Acceso (Victoria Anderica es una de las coautoras del libro), no se ha excluido totalmente a los partidos del ámbito de la ley. La movilización social y mediática tiene repercusiones, y hay que aprovechar los resquicios de los procesos legislativos.

Proponéis el “empoderamiento de los militantes” para el control de los partidos, ¿cómo se hace? ¿No es algo que corresponde a los propios militantes?

Sí, corresponde en último término a los militantes y simpatizantes organizarse, desbordar el aparato desde abajo y abrir nuevos procesos democráticos internos. Pero se puede y se debe crear incentivos desde arriba para permitir y fomentar la participación de las bases en las organizaciones. El primero sería eliminar los obstáculos estatutarios y organizativos que impiden una vida interna democrática. No hay que olvidar que el PP, por ejemplo, prohíbe las corrientes internas y ni siquiera hace públicos sus estatutos. Algo así no puede considerarse respetuoso con el artículo 6 de la Constitución. Las élites bienintencionadas y/o inteligentes de los partidos deberán darse cuenta de que esa es una de sus pocas oportunidades de dar una imagen de regeneración. Por lo demás, el potencial transformador de los militantes es incierto y limitado, pero no por ello dejan de ser una de las pocas fuerzas de transformación interna existentes.

¿Qué es el “decrecimiento electoral”?

Es una analogía con el decrecimiento como teoría económica que enfatiza la necesidad de limitar el crecimiento económico insostenible, y virar hacia un decrecimiento orientado hacia valores sociales y ecológicos. El decrecimiento electoral consiste en reducir el protagonismo del dinero el política. Si no se le pone coto a ingresos y gastos, las campañas electorales y la vida partidista en general se convierten en auténticas carreras armamentísticas de propaganda, y la calidad de la comunicación democrática no puede sino caer en picado en favor del efectismo publicitario. Esto no es nada nuevo: nuestra misma legislación electoral, como casi la de todos los países, impone topes de ingresos y gastos por esa razón. Pero hay que ahondar en ese decrecimiento y promover formas sustantivas de deliberación y participación democrática en la vida política, que no dependan de la disponibilidad de capital. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, abren un mundo de experimentación que vemos en efervescencia en los movimientos sociales, y que sin embargo hasta ahora permanece absolutamente inexplorado por parte de los partidos y el sistema de participación institucional.

¿Podemos ampliar las formas de participación política en el actual sistema de partidos, o debemos pensar en otras vías?

Es indispensable que se abran otras vías, sin dejar de ampliar las existentes. Ese ejercicio de expansión de la imaginación y la práctica política es, en sí mismo, imprescindible. Y creo que es un proceso en marcha tanto en las luchas de organizaciones políticas, sociales y sindicales “tradicionales”, como en iniciativas surgidas al hilo del 15M: #cuentasclaras (Miguel Ongil, del colectivo, es uno de los coautores del libro), Democracia 4.0, la Fundación Civio, Openkratio, y otros muchos, están generando nuevas culturas políticas. Plataformas como la del Manifiesto por una nueva Ley de Partidos, el foro +Democracia, o el Foro ético por la regeneración democrática están contribuyendo al debate público desde una perspectiva de cambio “desde dentro”. La presión desde abajo ampliará las formas de participación políticas en el sistema institucional actual, en mayor o menor medida, dependiendo de la flexibilidad y capacidad de adaptación que sea capaz de demostrar. La PAH es un ejemplo extraordinario del impacto institucional de la movilización social organizada. Por lo demás, esta cuestión, en el fondo uno de los problemas clásicos de la política, también supera a la de la financiación.

Más información y propuestas en esta entrevista con Miguel Ongil, y en el libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, así como en la web de la colección Qué hacemos.

En 1969 Mao eligió el poético nombre de Dongfeng, “Viento del Este”, para algo mucho más terrenal: una empresa de camiones. En la actualidad la Dongfeng Motor Co es el segundo fabricante chino de automóviles. En 2012 produjo la nada despreciable cantidad de 3.700.000 vehículos, de los cuales un 73% son turismos (incluidas las pequeñas furgonetas tan usadas por los chinos, y por muchos latinoamericanos, como transporte colectivo). Según la asociación empresarial ANFAC todas las plantas españolas de automoción se espera que fabriquen el próximo año 2.400.000 unidades. Es decir, que la capacidad de producción del “Viento del Este” es un 50% superior a la de todo el sector del automóvil de nuestro país.

Esto ha sido posible porqué Dongfeng desde hace más de veinte años ha desarrollado alianzas con varios grupos automovilísticos japoneses y europeos: PSA (Citroën-Peugeot), Honda, Kia y Nissan; llegando incluso a la creación de empresas mixtas para fabricar los modelos de esas compañías en China.

Pero Dongfeng ya no se contenta con ensamblar coches en China bajo patente extranjera. Recientemente se ha hecho público que esta empresa china está en conversaciones con el gobierno francés para entrar en el accionariado del grupo PSA, una de las “joyas de la corona” de la industria francesa. Un desembolso de unos 1.500 millones de euros a cambio de un porcentaje accionarial de entre el 20% y el 30% que permitiría a la empresa gala hacer frente a las dificultades financieras que arrastra desde hace cinco años. Y que el año pasado llegaron a hacer necesario un aval del Estado francés para impedir que quebrara la filial de créditos a clientes.

Estos movimientos accionariales, que posiblemente incluirían una participación similar del Estado francés de un porcentaje en PSA, ponen de relieve la forma en que Francia y China han buscado la complementariedad de sus políticas industriales en el sector del automóvil.

Entre los planes de reindustrialización de “la Nueva Francia Industrial” impulsada por el gobierno francés, está el desarrollar en los próximos años un coche eléctrico con prestaciones y precios similares a los de un vehículo de motor de combustión.

Por su lado, Dongfeng tiene planes, y los chinos suelen cumplir sus planes (incluidos los de sacar de la pobreza a 200 millones de ciudadanos en 2020), para, mediante una alianza con Nissan, producir en 2015 de forma masiva un pequeño utilitario eléctrico, el Venucia Viwa, para los millones de jóvenes chinos que ya forman parte de la nueva clase media de este país. El proyecto piloto, en el que los puntos de recarga son fundamentales, se desarrollará con la colaboración de las autoridades de 15 ciudades chinas.

El gobierno chino está interesado en el desarrollo de vehículos eléctricos, ya que es una oportunidad para que la industria china del automóvil desarrolle un producto innovador, ecológico y con una demanda creciente, y para ello están comprando la tecnología creada por las empresas europeas. En 2012 Dongfeng compró el 70% de la empresa sueca de ingeniería T Engineering AB, una empresa surgida (spin-off) del grupo automovilístico sueco Saab, que está especializada en sistemas de control de coches híbridos y eléctricos.

Por cierto, Saab Automobile quebró debido a las complicaciones que puso General Motos (GM) para que otro grupo chino, Pang Da, entrara en el accionariado de la firma sueca. Tal vez GM quería dificultar el acceso de las empresas chinas a la tecnología de vehículos eléctricos, que ellos mismos se habían encargado de sabotear en su país, como denuncia el documental titulado Who Killed the Electric Car?Electric Car (¿Quién mató al coche eléctrico?), ya que General Motors no canalizó todos sus progresos tecnológicos con el coche eléctrico EV1, permitiendo que se “pudriera” esa tecnología, mientras se centraba en iniciativas más rentables a corto plazo, como vehículos SUV de alto consumo de petróleo, que finalmente significaron la puntilla para el gigante americano del automóvil.

Parece que ni las empresas chinas ni las francesas del automóvil tienen una ligazón tan fuerte con las empresas petrolíferas como las estadounidenses (aunque en el caso al menos de las francesas si lo tienen con la industria nuclear), lo que podría permitirles situarse como pioneros a escala mundial en el desarrollo del vehiculo eléctrico.

Estos movimientos vendrían a indicar que el gobierno de Francia está trabajando activamente para buscar una nueva inserción de la economía gala en la globalización, en la que ser la puerta de Europa para China es un aspecto fundamental. Hay que recordar que ya hay más de 800.000 chinos residiendo en el hexágono. Bajo la consideración de que la capacidad de las empresas de competir en mercados globales no solo depende de la gestión interna en ellas, sino también de lo que se conoce como Competitividad Estructural, esto es: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes, incluida la conformación de oligopolios; y 4)de la difusión de tecnología. Aspectos de la estructura económica de un país sobre los que son determinantes las actuaciones de las instituciones públicas.

Mientras, nuestro gobierno sigue cantando las loas de una suicida “devaluación interna” y vendiendo una vacía “Marca España” que apuesta por un modelo competitivo de bajos salarios y escaso valor añadido. Un modelo que además de poner a multitud de empresas a precio de saldo para los fondos de capital-riesgo, está minando la capacidad de competir de las empresas españolas, más allá de la competencia vía precios para productos estandarizados, en los mercados globales. Lo que las empresas españolas necesitan para competir con éxito en mercados globales es mejorar su productividad mediante 1)el incremento de la relación de capital por trabajador y 2)lograr cierto poder de mercado sobre activos intangibles (el acceso a la tecnología, los conocimientos de la gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, el desarrollo de las mejores ideas de comercialización y la existencia de marcas bien conocidas).

Para ello sería necesario que el gobierno desarrollara una ambiciosa e innovadora política industrial que tuviera como objetivo que las empresas ascendieran por la cadena de valor de sus producciones, en el marco de una nueva inserción de la economía española en la globalización, que diversifique y amplíe las relaciones comerciales e inversoras. Una política industrial que contemple, como elementos transversales, la internacionalización, la formación del capital humano y la participación de los trabajadores.

Bruno Estrada es director de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de Mayo. Es coautor del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito junto a María José Paz, Antonio Sanabria, Jorge Uxó. Para ampliar el debate sobre competitividad y conocer las propuestas del libro, más información en la web de la colección Qué hacemos.Bruno EstradaFundación 1º de MayoQué hacemos