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"Los partidos derivan su financiación opaca a un armazón de agrupaciones juveniles y fundaciones"

Hablamos con el economista Miguel Ongil, co-autor del libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, que acaba de publicar Akal

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Manifestantes y policías en Génova

Manifestantes y policías en las inmediaciones de la sede central del PP

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, repite frecuentemente que las cuentas de su partido son “públicas, transparentes y están auditadas". Cada vez que se cuestiona la contabilidad del partido, repite el mismo lugar común, y añade que la contabilidad está depositada en el Tribunal de Cuentas. El libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, que acaba de publicar Akal, demuestra que nada de ellos es cierto: las cuentas de los partidos no son ni públicas ni transparentes, ni están correctamente auditadas, y menos por el Tribunal de Cuentas. Un vistazo a la corrupción que se esconde bajo la impunidad que la legislación actual facilita, y que concluye con una propuesta por un verdadero control democrático y transparente de las finanzas de los partidos.

La obra destaca, por ejemplo, que la gran mayoría de los partidos no presenta adecuadamente las cuentas de sus corporaciones locales. De los 299,5 millones recibidos en subvenciones en 2008, 63,2 millones de euros de grupos políticos locales y autonómicos quedaron sin fiscalizar, según el Tribunal de Cuentas, que carece en la práctica de mecanismos para hacer efectivo ese deber. También recuerda que el control de las fundaciones y otras organizaciones vinculadas resulta muy deficiente. En el informe del Tribunal de Cuentas de 2007 se analizaron por primera vez las finanzas de las fundaciones vinculadas a los partidos. Con todo, solo las donaciones, que constituyen un 14% de sus ingresos, están fiscalizadas. Este informe de 2007 reflejaba igualmente que las fundaciones reciben de los partidos avales, préstamos y subvenciones para comprar inmuebles, que posteriormente ceden para su uso a los partidos.

El análisis añade que la información sobre la financiación privada no es públicamente accesible. Realmente, como reconoce la propia institución, el Tribunal de Cuentas tampoco audita las cuentas de los partidos (no es algo que entre siquiera dentro de sus competencias), y es más: las principales auditoras privadas se negaron en los primeros meses de 2013 a prestar servicios al PP, debido a las restricciones que les imponía el partido. Además, continúan las condonaciones de créditos y no existen instituciones eficaces de supervisión y sanción.

El libro está formado por cuatro textos de Manuel Maroto, Victoria Anderica, Suso Baleato y Miguel Ongil, con quien hablamos. Ongil es analista económico, especializado en temas sociales y políticos relacionados con la Unión Europea. Colabora activamente con movimientos sociales en España y en toda Europa y promovió campañas como #CuentasClaras.

¿Qué reformas legales podrían reducir la corrupción en España?
Con esta pregunta se podría escribir otro libro (se ríe). Es una cuestión principalmente política, pero hay cuando menos tres áreas importantes que necesitan reformas legales. Primero, hay que acabar con la impunidad: esto incluye ampliar las prescripciones, tipificar delitos como la financiación de los partidos, endurecer las inhabilitaciones y el régimen de incompatibilidades y reformar el indulto. El Gobierno debe justificar cada indulto y se debe poder impugnar, pero yo lo prohibiría en áreas concretas como los delitos contra la administración y delitos financieros. Segundo, garantizar la independencia de la justicia y órganos de control y dotar ea stos últimos con plenos poderes de inspección y sanción respecto al poder político.

Y tercero, extender los derechos ciudadanos de vigilancia y control sobre la administración y la política. Se nos trata como a ciudadanos menores de edad: por ejemplo, no se nos permite ver las cuentas de los partidos y solo las conocemos a través de los gafas de color de rosa del Tribunal de Cuentas. Otro ejemplo: necesitamos el apoyo de un partido para alzar un recurso al Constitucional. Hay que desintermediar el poder político, lo que tiene varias implicaciones. Garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información, especialmente en áreas como la contratación pública. Permitir que los ciudadanos presenten denuncias y recursos sin depender del poder político y sin tasas judiciales. Eso incluye mecanismos participativos de control y supervisión, incluyendo la posibilidad de revocar mandatos. Y una ley de participación. Cuanto más se abre y comparte la decisión política, menos espacio queda para decisiones arbitrarias en beneficio particular.

¿Es la financiación de los partidos el nudo gordiano de la corrupción en nuestro país? ¿Cómo se debería actuar para atajar este problema?
Expones dos problemas fundamentales: la interdependencia actual del poder político y el poder económico y, por otro lado, los límites de la actual democracia representativa. Es fundamental comprender que en esta área los partidos tienen un conflicto de intereses inherente, como legisladores y legislados. Los partidos son incapaces de adoptar las reformas necesarias porque van en contra de sus propios intereses. Es el paradigma del impasse que afecta a todo el sistema político.

Cada reforma de la financiación consagra el principio de "suficiencia financiera" de los partidos, lo cual no se puede medir de forma objetiva. Cada reforma supone una auténtica amnistía y siempre resulta en una mayor disposición de recursos. Nosotros queremos hablar de "independencia financiera". Si los partidos dicen representar a una gran masa social, deben financiarse principalmente con los recursos de sus afiliados, ya sea en términos de dinero, de tiempo o de trabajo. Con todo, si son incapaces de reformarla de forma endógena, este círculo vicioso solo se puede romper introduciendo la participación ciudadana en el proceso legislativo.

Además, es fundamental que los controles lleguen al nivel local y se extiendan a todas las fundaciones y asociaciones vinculadas. Los partidos no justifican más de 60 millones de euros de agrupaciones locales y el Tribunal de Cuentas no fiscaliza las cuentas de los partidos en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde se concentra gran parte de la corrupción, sobre todo urbanística. Solo unas pocas fundaciones entregan sus cuentas, pero no son controladas de forma efectiva ni existen mecanismos de sanción. Nuestra mayor preocupación es que los partidos están derivado su financiación opaca a través de este entramado de asociaciones, agrupaciones juveniles y fundaciones.

¿La corrupción deja la política en manos del poder económico?
Sí. Las dependencias financieras de los partidos y el enriquecimiento personal de los corruptos crea dependencias políticas. Si los representantes políticos no obedecen al interés de sus representados, sino al interés económico, se produce una captura de la voluntad popular. Si no ejercen su papel de canalizar las preferencias ciudadanas, además, acaban perdiendo legitimidad.

¿Es un problema de legislación o priman más aspectos sociales, de educación, de mentalidad, de permisividad hacia estas actuaciones?
Hay sin duda aspectos sociales y debemos exigir una tolerancia cero con la corrupción a todos los niveles. Por otro lado, si no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas, ni en el interior de los partidos ni en el ejercicio de la función pública, no estamos hablando de permisividad, sino de impunidad. Lo que no puede ser es que confundamos la responsabilidad política con la responsabilidad legal y que al final la impunidad judicial acabe por exonerar la responsabilidad política.

¿Hemos avanzado algo con la Ley de Transparencia aprobada este año o la norma se ha quedado a medias?
En mi opinión, el único avance es la publicidad proactiva, es decir, que las administraciones publiquen automáticamente información relevante. Con todo, mientras que no contemos con un derecho al acceso a la información, no haya un órgano de control independiente y no se amplíe el espectro de documentación exigible, no estaremos hablando de una verdadera ley de transparencia. Por principio, creo que solo se puede limitar el acceso de información en casos excepcionales, que la carga de la justificación esté del lado de la administración y que en cualquier caso esté limitada en el tiempo.

¿Ha crecido la corrupción en España o simplemente está saliendo más a la luz en los últimos años?
Creo que había más corrupción cuando había más dinero. No hay que confundir la corrupción con la percepción de la corrupción. La percepción es alarmante, pero porque estamos conociendo ahora lo que pasó en la última década. Ahora que se están empobreciendo amplias capas de la sociedad, nos escandaliza más que algunos no estén sufriendo los mismos recortes, e incluso que haya quien se está enriqueciendo gracias a la crisis.

¿La corrupción lastra la recuperación económica y la tan invocada 'marca España' en el exterior?
Sin duda. Es un indicador clave para quien quiera venir a hacer negocios. Y desde luego lastra la imagen política de nuestro país en el mundo. A pesar de todo, parece que hay ciertos negocios que parece que se benefician de esta corrupción y siguen atrayendo flujos de inversión. Un día nos enteraremos de todo lo que está pasando en el banco malo, por poner un ejemplo. Además la corrupción aumenta la desigualdad del reparto de beneficios por el conjunto de la sociedad. A largo plazo, una desigualdad creciente y la consecuente acumulación juegan en contra de una economía sostenible.

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