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Marcos Pérez Pena

Marcos Pérez Pena (Montevideo, 1980). Periodista en Praza Pública (www.praza.com), trabajó anteriormente en Diario de Ferrol, La Voz de Galicia, Tempos Novos y en el digital Vieiros.com. Doctor en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis sobre la prensa en la Transición Política.

Ha publicado distintas investigaciones sobre ciberpolítica, periodismo digital e historia del periodismo. Coordinador del volumen sobre el 15M en Galicia, 'A praza é nosa' (2.0 Editora)

La principal autopista de Galicia pide subir los peajes, pese a obtener los mayores ingresos desde el 2011

Autopistas del Atlántico (Audasa), propietaria de la AP9 (Ferrol-Tui), ha ingresado hasta el 30 de junio más de 365 mil euros diarios en peajes, hasta superar los 66,4 millones de euros, una cifra muy parecida a la del mismo período del 2017 (66,3 millones), segundo se puede ver en sus cuentas públicas depositadas en la CNMV. La empresa tuvo un beneficio antes de impuestos de 21,3 millones de euros, frente a los 26 millones del primer semestre de 2017.

En el conjunto del pasado año la compañía recibió 140,8 millones de euros por el cobro de peajes (385 mil euros diarios), su mejor registro desde el 2011. Esta cifra lleva cuatro años en ascenso y podría volver a aumentar en este 2018, si tenemos en cuenta la mejora de los datos ya registrada en el primer semestre, motivada por el incremento del tráfico y de las tarifas. En el segundo semestre del año los ingresos suelen ser mayores que en la primera mitad

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La Xunta dice que "hay que convivir" con la plaga de la avispa asiática, tras desoír soluciones propuestas por expertos

La avispa asiática ( vespa velutina) llegó a Galicia en el año 2012, tras detectarse en Euskadi dos años antes y en Francia ya en el 2004. Desde entonces se ha extendido más y más, ocupando la mayor parte del territorio, al menos las zonas por debajo de los 500 metros de altitud.

En el último año el teléfono de emergencias 112 recibió casi 25 mil avisos por la presencia de avispas velutinas en Galicia. El número de incidentes se disparó en verano y en otoño de 2017, superando las cuatro mil llamadas en julio y agosto, o las tres mil en septiembre, noviembre y diciembre. Posteriormente, la llegada del invierno y de las lluvias hizo disminuir los avisos, pero en julio fueron un total de 1.216 y en los 15 primeros días de agosto son ya más de 1.600, no lejos de los máximos del pasado año.

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Un castro de dos mil años, usado como aparcamiento de caravanas en la costa de Lugo

El Castro de Punta de San Pedro de Benquerencia, en el ayuntamiento de Barreiros (Lugo), está siendo utilizado este verano como aparcamiento de caravanas, según denuncian las entidades Mariña Patrimonio y Adega. El yacimiento, situado entre las playas de Pasada y Arealonga, está incluido en el catálogo urbanístico de la localidad como un espacio protegido y su calificación urbanística es de suelo no urbanizable de protección patrimonial. Las dos asociaciones destacan que el uso que se le está dando "no es compatible" con estas figuras de protección y denuncian que "esta práctica podría estar provocando daños en el yacimiento".

Mariña Patrimonio y Adega demandan que las administraciones competentes "comprueben si el uso que se está dando en el Castro de la Punta de San Pedro es conforme a la legalidad" y que, en el caso de no serlo, "se paralicen las actuaciones contrarias a derecho".

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"Esperamos que dentro de poco ya no se tenga que hablar de Pontevedra por la feria taurina"

Galicia nunca ha sido un territorio especialmente taurino. En el año 2015 tan solo A Coruña, Pontevedra, Sarria y Padrón albergaban corridas de toros, que dependían en gran medida de las subvenciones públicas para subsistir, dado el reducido interés que despertaban en el público local. Las últimas elecciones municipales supusieron el final de este espectáculo en A Coruña o Sarria, quedando Pontevedra como la única urbe gallega que acoge este tipo de eventos.

En los últimos tiempos el sentimiento antitaurino ha ido creciendo en la ciudad. Desde hace ocho años una manifestación recorre las calles coincidiendo con la Feria de la Peregrina, que consta de tres corridas. La movilización popular gana asistencia cada verano y ha ido consiguiendo pequeñas victorias, siendo la más importante la decisión de la Diputación provincial de eliminar en 2015 la importante subvención económica que entregaba a la feria taurina. De igual manera, el mes pasado, el pleno de Pontevedra declaró simbólicamente a la ciudad “municipio antitaurino” con los votos de BNG, PSOE y Marea.

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La justicia anula las multas contra los activistas que en 2014 se manifestaron en Lugo para salvar el río Sarria y sus árboles

El 25 de marzo de 2014 una gran manifestación recorrió las calles de Sarria (Lugo). Medio millar de vecinos y vecinas de la localidad protestaron ante la casa del entonces alcalde contra unas agresivas obras de encauzamiento del río Sarria que implicaban la tala de 150 árboles en su ribera y la destrucción de varios puentes. En los días anteriores varios activistas se habían encadenado a alguno de los árboles amenazados, siendo finalmente desalojados por la Guardia Civil, que también protegió a las excavadoras para que reiniciaran las obras. Los vecinos mantuvieron las movilizaciones en los meses siguientes, consiguiendo finalmente paralizar el proyecto.

En las semanas siguientes a esas primeras protestas, la Subdelegación del Gobierno en Lugo, dirigida entonces por Ramón Carballo Páez, abrió 35 expedientes sancionadores contra algunos de los y las activistas que habían participaron en las protestas e impuso otras tantas multas por un importe total de 20.550 euros. En ese momento la Plataforma Sarriana por el Río veía en las sanciones por manifestarse "un acto desesperado" de la Confederación Hidrográfica, promotora de las obras, y acusaba a la Subdelegación del Gobierno de intentar "intimidarlos" y "asustarlos".

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Una empresa cárnica gallega, obligada a regularizar a 1.350 falsos autónomos

La empresa cárnica Coren, con sede en Ourense, incorporará como personal fijo a 1.350 empleados que hasta ahora venían desarrollando sus funciones como falsos autónomos, realizando su trabajo de manera permanente pero sin estar contratados. La incorporación se producirá este 1 de agosto, cumpliendo una orden de la Tesorería General de la Seguridad Social que en un primero momento a empresa se negó a aplicar. La decisión, que llega después de años de denuncias sindicales (sobre todo CCOO, CIG y CNT) y de la más reciente acción de la Inspección de Trabajo, beneficia a cerca de 250 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Pontevedra, 300 en Lugo y unos 800 en la de Ourense.

Hace unos meses CCOO elevó una denuncia a Inspección de Trabajo en toda España, exigiendo que se investigase la actuación de Servicarne (entre otras empresas), una falsa cooperativa que recibe encargos de mataderos y empresas de procesado de carne de todo el país. Inspección de Trabajo buscó confirmar en primer lugar si en efecto se trataba de una falsa cooperativa y, segundo, si existía relación laboral entre las personas socias de la cooperativa y la empresa cárnica, lo que convertiría estos trabajadores en falsos autónomos.

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Ferrol quiere dejar de ser "del Caudillo" y recuperará el panteón regalado a la familia Franco en 1967

Ferrol dejó de apellidarse del Caudillo en 1982. Sin embargo, la sombra del dictador todavía planea de vez en cuando por la que fue su ciudad natal. La urbe gallega quiere despedirse de una vez para siempre de las referencias a Francisco Franco y de los elementos simbólicos y materiales que la ligan a la Dictadura. La polémica surgida en las últimas semanas por la posibilidad de que los restos de Franco (en el caso de ser exhumados en el Valle de los Caídos) pudieran acabar en el panteón que su familia posee en el Cementerio de Catabois ha acelerado el proceso, de forma que el pleno municipal y el Gobierno local están dando pasos para evitar toda posibilidad de que el cadáver del dictador sea trasladado a la ciudad naval.

Este lunes el pleno ha aprobado dos mociones en este sentido, en las que Ferrol en Común, PSdeG-PSOE y BNG han unido sus votos ante PP y Ciudadanos. La presentada por el BNG pedía que el pleno manifestara “su oposición a que los restos mortales del dictador Francisco Franco sean trasladados a nuestra ciudad para su sepultura” y, además, instaba a “iniciar los trámites administrativos oportunos para recuperar la propiedad del Panteón existente en el cementerio municipal de Catabois”. PP y Ciudadanos se han abstenido.

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Fallece a los 100 años Gerardo Fernández Albor, primer presidente electo de la Xunta

Gerardo Fernández Albor falleció en la noche del 11 al 12 de julio en Santiago a los 100 años de edad. Médico de profesión, Albor fue el primer presidente de la Xunta de Galicia elegido por el Parlamento gallego, tras las elecciones de octubre de 1981 en las que encabezaba las listas de Alianza Popular, partido más votado. Las elecciones de 1985 mantuvieron a Albor al frente del Ejecutivo; sin embargo, una moción de censura en 1987 le dio el Gobierno a Fernando González Laxe. Entre 1989 y 1999 Albor fue diputado en el Parlamento europeo. En su larga trayectoria, llegó a ser piloto de la Luftwaffe alemana en los años treinta y a integrar durante la Transición el grupo de galeguistas históricos Realidade Galega. En los últimos años recibió varios homenajes, entre las que destaca la organizada en 2017 para celebrar el 35 aniversario de su investidura.

Nació en Santiago de Compostela el 7 de septiembre de 1917. En 1936 fue enviado al frente de guerra con el bando franquista, y en 1938, como alférez provisional, viajó a Alemania a hacer cursos de perfeccionamiento de aviación con la Luftwaffe. Licenciado en Medicina, se especializó en cirugía y en el aparato digestivo. Ligado al grupo de galeguistas históricos durante los últimos años de la dictadura y muy próximo a Ramón Piñeiro, formó parte del grupo Realidade Galega, presentado a comienzos del año 1980 como grupo de opinión" con el objetivo de defender la autonomía gallega.

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Las protestas por la falta de pediatras se extienden por Galicia

De Vigo a A Coruña, de A Costa da Morte a Terra de Trives. El escaso número de pediatras con los que cuenta el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) está provocando problemas en centros de salud de toda Galicia, que se ven más agravados con la llegada del verano y los períodos vacacionales de este colectivo de profesionales. La Consellería de Sanidade, que alega que no dispone de personal sustituto para cubrir los puestos que se quedan sin profesionales, ha decidido agrupar el servicio de pediatría en centros de salud de referencia, lo que lleva por ejemplo a que este verano en toda la provincia de Pontevedra haya únicamente 23 centros de salud en los que se prestará asistencia pediátrica.

Esto provoca que se den situaciones en los que cuatro municipios solo cuentan con un único centro de salud de referencia con un médico o médica infantil (Cambados, Meis, A Illa y Ribadumia; Caldas, Cuntis, Moraña y Portas; o Ponteareas, As Neves, Mondariz y Covelo). El SERGAS señala que en caso de que las familias tengan problemas para desplazarse a los nuevos centros de salud asignados, "los pacientes siempre podrán optar por ser atendidos en su centro de salud habitual por su médico de familia", perdiendo así su derecho a recibir una atención pediátrica especializada.

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La Xunta deberá indemnizar a una mujer a la que obligó a mudarse para poder cobrar una renta social

En enero del pasado año una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Vigo venía a reconocer que en un mismo domicilio pueden convivir varias perceptoras de la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), al contrario de lo defendido hasta ese momento por la Xunta. El dictamen destacaba que aunque la ley que la rige afirma que "como regla general se concederá una sola renta por domicilio, entendido como marco físico de alojamiento de la unidad de convivencia", el propio artículo 11 de la norma define el concepto de unidad de convivencia como "el conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio y mantengan con respeto a la persona solicitante un vínculo por matrimonio o análoga relación estable", haciendo hincapié en que “la conjunción y obliga” a que concurra una "específica relación personal" que en este caso no existía. El juez subrayaba que "sería inverosímil que dos personas que perciben sendas prestaciones para eludir su exclusión social, tuvieran que excluirse mutuamente para no incurrir en exagerada inclusión”.

Sin embargo, aunque en este caso la sentencia le daba completamente la razón a la demandante, la realidad era que la mujer (Lucía) había sido obligada por la Xunta a abandonar el domicilio que compartía con otra perceptora de RISGA para poder seguir cobrando la renta de la que dependía para sobrevivir (unos 399 euros al mes). Lucía había presentado una reclamación, que fue denegada, por lo que tuvo que trasladarse a otra vivienda, en la que residía sola y pagando un alquiler mayor que en su casa anterior (280 euros, frente a los 149 que pagaba anteriormente). Una vez que la sentencia del pasado año le dio la razón, la mujer presentó una nueva reclamación, exigiendo del Gobierno gallego una indemnización por los perjuicios económicos, daños físicos y morales sufridos por la decisión que la había obligado a mudarse. Ahora, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo acaba de darle nuevamente la razón, por lo que la Xunta deberá abonarle algo más de 3.000 euros.

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