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Antonio Rivera

Historiador y profesor en la Universidad del País Vasco. Ha sido columnista durante años en El Correo y también ha colaborado con otros medios (El País, Dato Económico, Libre Pensamiento, Rojo y Negro...). Ha dedicado su última etapa a la política institucional, en el Parlamento y en el Gobierno vasco. Ahora trata de regresar a un tiempo más humano y a una reflexión más meditada.

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Contra sus medios y contra sus fines

Prescindiendo de comentarios de texto y evocaciones personales varias, el adiós definitivo de ETA da solo para volver sobre su originalidad y sobre el argumento que le ha dado vida a lo largo de casi seis décadas. Me refiero a su proyecto político. Lo formularon en términos de una “Euskadi socialista, reunificada (sic) y euskaldún”. Podría haber sido un proyecto político más si no hubiese venido sostenido por el terror. Eso ya le aparta del territorio de las posibilidades cívicas. La política moderna es una competición abierta de propuestas que se trasladan pacíficamente a los ciudadanos para que estos opten por alguna de ellas. Si se tiene que apoyar en la violencia y en la eliminación de sus contrarios políticos deja de interesar la razón de su objetivo. Los malos medios contaminan los fines hasta desvirtuarlos completamente. Además, siempre hubo algún otro en paralelo que defendió lo mismo que ellos sin pistolas ni goma dos, lo que desbarataba más si cabe su argumento.

Pero todo no acaba en sus procedimientos. El mismo objetivo político era completamente perverso. No hablo de la ensoñación nacionalista e incluso de la socialista; ni siquiera de su amenazadora síntesis (nacional y socialista). Me refiero a su proyecto en los términos en que se ha formulado históricamente: una propuesta de país exclusiva y excluyente, un país solo para los nacionalistas (e incluso para los nacionalistas de una determinada especie, para los abertzales). Los viejos jeltzales como Irujo o Ajuriaguerra lo vieron pronto: era un problema de medios y fines el que les separaba del PNV. Ardanza lo llegó a ver en jornadas históricas: la firma del Pacto de Ajuria Enea, el comunicado tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquella conferencia en Sabin Etxea un 16 de diciembre de 1992 que nadie quiere recordar (disponible en mi “Antología del discurso político”, páginas 375-377): “El conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el pueblo vasco y el Estado español, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la ‘lucha armada’”. Luego llegó Estella y el planazo de Ibarretxe y tanta condura y convicción democrática saltaron por los aires.

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Del miedo a la resistencia

Arranca estos días en Bilbao una exposición (“Censuras”) que recuerda la doble persecución que sufrió el artista vasco Agustín Ibarrola, primero por la dictadura franquista y más tarde por el terrorismo de ETA. Pareciera que alguna gente se empeñara en estar siempre en el lado donde se reciben los palos de los siniestros poderosos. Pero más que de una pertinaz mala elección se trata de una inquebrantable defensa de la libertad, de la reivindicación de una vida decente y justa. En los días en que cambiaban el siglo anterior y el presente también cambió la mirada sobre las víctimas y los victimarios. Al brío de aquel “espíritu de Ermua” algunos como Mario Onaindia –que de ese estar en el lado salvaje también sabía- pasaron a reivindicar la libertad frente a la anterior demanda vasca de paz. Nos advertían de lo obvio: la ausencia de paz que forzaba el terrorismo no era sino el instrumento y la consecuencia de su objetivo político totalitario. La negación de la libertad era el origen; la sangre corriendo era su consecuencia.

La sociedad vasca siempre rechazó la sangre, seguro que por ética, por estética o por un punto de humanismo que todos tenemos. No reparó tanto en el desvanecimiento de la libertad civil que sufría. Las bases de una sociedad vivible, decente y justa fueron demolidas por el terrorismo. Aceptamos como normales acertijos imposibles e infames. La televisión pública vasca estuvo a punto de debatir si era adecuado o no que un empresario secuestrado pagara su rescate. En los “años de plomo” un líder sindical no nacionalista y demócrata reprochaba al empresario Olarra preferir gastar en escoltas antes que pagar el llamado “impuesto revolucionario”. Así, como si tal cosa. En ese mundo vivimos todos, lo sostuvimos entre todos.

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155: Más el cómo que el qué

Parece claro a estas horas que el nacionalismo secesionista catalán no tiene más recurso que tratar de insistir en la batalla de imágenes a costa de posibles errores o excesos del gobierno español. La partida europea se ha saldado con un absoluto fracaso: nadie les compra el producto porque eso sería liquidar el empeño de la Unión. El baño de realidad de las consecuencias de una separación de este tenorse está viendo en la salida masiva de empresas catalanas de su lugar de origen. Habrá otros encontronazos más con esas consecuencias. Esto no era una fiesta de pijamas por muchos réditos que les estuviera dando semejante experimento de revolución posmoderna. Al final solo les queda persistir en el error, llevar la fuerza de la voluntad del trozo de sociedad catalana que alienta ese objetivo hasta sus últimas posibilidades. Y lograr nuevas imágenes de fuerza del contrario para hacerlas valer en la sociedad del espectáculo internacional y así dar la vuelta en lo posible al actual estado de cosas.

La aplicación del 155 puede proporcionarlas. De ahí que no se haya manifestado ninguna intención de buscar un camino alternativo para evitarlo (vg. la convocatoria de elecciones desde el propio Govern). Se trata de convertir esos seis meses de excepcionalidad, no en una prórroga, sino en un sufrimiento. El cuanto peor mejor es la evidente estrategia de esa parte. De manera que se impone una aplicación inteligente del 155. No es fácil describir qué será eso, porque no se pueden prever las situaciones de confrontación que se producirán.

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“Un lugar para el ciudadano”

No resulta fácil asignar un papel a la sociedad cuando la situación extraordinaria ha terminado. Las sociedades cabales y bien organizadas reservan a los ciudadanos una función, no pasiva, sino de disfrute de su estado. Las sociedades se organizan para proporcionar una base de garantías a los individuos a partir de las cuales ellos puedan construir libremente su existencia. Realmente, el ciudadano no tendría por qué ser un activista de su propia sociedad, sino más bien un controlador de que sus gestores son honrados y sensatos, y un agente decisor en los momentos convenidos. Al contrario, las situaciones extraordinarias los convierten en activistas, militantes, héroes, que se juegan la persona y hasta la vida por devolver las cosas a un mínimo estado de civilidad. Cuando eso felizmente ha ocurrido sus instituciones funcionan y lo hacen sin obstáculos insuperables o coactivos. Entonces pueden volver a aplicarse a lo suyo, a su vida. La invitación que se les hace, lógicamente, es la de tantas veces: “¡Vuelvan a sus casas! Todo está controlado”.

En este escenario nuestro todos hemos vuelto a nuestras casas. Solo quedan en reserva activa dos tipos de ciudadanos: el entorno de las víctimas y el de los victimarios. Unos y otros pretenden sobre todo y contradictoriamente que la cosa acabe de forma definitiva. Unos aspiran a ver reconocido y compensado el dolor sufrido; otros a terminar con la parte de sufrimiento que han producido en sus propias personas (cárcel, exilio, alejamiento). Todos, unos y otros, pretenden de nuevo contradictoriamente un relato a transmitir a la sociedad que dé cuenta de lo ocurrido desde su posición. A unos les servirá para explicarse lo ocurrido y para evitar su repetición; a otros para justificar tanto daño cometido argumentando alguna sublime causa (o reacción a un daño insuperable).

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El hecho biológico

¿Fue la del 20-N de 1975 una fecha fundacional, constituyente, de nuestro tiempo democrático? Entiendo que no. Es un hito relevante, ineludible, pero no establece a partir de él un antes y un después. Ese Rubicón no tiene que ver con algo que ocurrió por sí mismo, como “hecho biológico” –la muerte inevitable y en la cama de un viejo dictador-, sino con el protagonismo social, con una actitud proactiva de la sociedad española. Como su nombre indica, seguro que la fecha fundacional, constituyente, del nuevo tiempo democrático coincide con la de la Constitución del 78 y todo lo que lleva consigo (Estatutos, nuevo régimen jurídico, nueva cultura política…).

Con el 20-O de 2011 pasa algo parecido. Llegó porque tenía que llegar, porque el final de ETA estaba más que amortizado desde hacía años. No sacó a la gente a las calles y ni siquiera desató el champán como dicen que pasó con el óbito del dictador. Nadie entendió aquello como un antes y un después. Entre otras cosas porque era una cuestión de tiempo su final –otro “hecho biológico”- y porque la sociedad vasca era consciente de que, en el ranking de causas de ese final, su oposición al terrorismo no aparecía a la cabeza de las mismas.

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María no era portuguesa

Resulta que la protagonista de la copla de Carlos Cano no era portuguesa y ni siquiera se llamaba María. Tamaño descubrimiento ha servido para desvelar otra historia paralela que, siendo más veraz, no es menos interesante que la que teníamos equivocadamente por original. La delicada frontera entre realidad y ficción –un clásico tanto de la literatura como de la existencia humana- ha cobrado en estos tiempos postmodernos naturaleza canónica: lo distintivo de nuestra contemporaneidad es que no existe tal linde, no se tiene en cuenta, se trasgrede de manera inmisericorde, como si fuera lo mismo la realidad y la ficción, lo que sabemos que ha ocurrido y lo que sabemos que es un cuento. Quizás la realidad es tan desasosegante y tan poco estimulante que, aun a sabiendas, preferimos, como los niños, creer en falsedades probadas. Ya lo dijo el sabio de El Roto: “¡Ya basta de realidades. Queremos promesas!”.

Si no fuera porque el cinismo ha calado hasta lo más profundo de nuestras sociedades, la vida sería invivible. Los alemanes orientales tenían muchos chistes para sobrevivir, del estilo de aquel de “ellos hacen como que nos pagan y nosotros como que trabajamos” o ese de que “en el capitalismo el hombre está explotado por el hombre, pero en el socialismo es al revés”. Nosotros no hacemos ni chistes porque, a diferencia de aquellos germanos, comunistas a la fuerza, no percibimos el neoliberalismo imperante como dictadura, como imposición a la que reaccionar, sino solo como ambiente, como escenario natural. Indiscutiblemente, han conquistado la hegemonía… por el momento.

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El precio del poder

Hace casi un siglo un pensador italiano, de nuevo de moda, Antonio Gramsci, identificó el pensamiento hegemónico como esa visión de la realidad que espontáneamente hace suya la mayoría social. Un siglo antes, en 1801, un autor hoy menos popular, Antoine Destutt de Tracy, había dejado escrito que las ideas dominantes de una época son las de la clase hegemónica, que consigue con ellas hacer pasar por ordinarias e indiscutibles, lógicas y naturales, las relaciones de subordinación de unos individuos respecto de otros. En los dos casos, además de advertirse sagazmente la trastienda de la realidad, se formulaba una propuesta de acceso al poder que no pasara inevitablemente por la vía revolucionaria sino por la capacidad paciente y hábil para imponer las ideas propias a la mayoría social, hasta hacer que esta confundiera lo que es normal con lo que le ha vendido esa corriente política. Alguno de los nuevos grupos políticos ha devuelto a la peana intelectual a Gramsci, a pesar de que no resultó muy eficaz cuando en los años setenta los padres de los de ahora echaron mano de él para dar vida a experimentos como el eurocomunismo.

La reedición de ese empeño –alcanzar los cielos sin romper la vajilla- resulta si cabe más problemática en Euskadi. Cuando casi todo lo que era sólido se ha esfumado, solo queda en pie lo más viejo y rancio del lugar: el nacionalismo vasco más burgués, clásico y atemperado. Pero ninguno como él resume el pensamiento mayoritario de la sociedad vasca. Un pensamiento hegemónico de verdad, no se pierda de vista, construido por una clase igualmente hegemónica que –volvemos a Gramsci- ha podido articular sus intereses e ideas con los de otros grupos… poniendo a estos bajo su control.

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El control de la agenda

El control de la agenda pública es la mitad del poder en política. Conseguir influir en qué se discute hasta determinar si es lógico y lícito hablar de determinada cosa y no de otra. Formaría parte de aquello de Gramsci de ganar la hegemonía: controlar de lo que se habla, de lo que se puede hablar. De paso, enviar al ostracismo a quien osa hablar de lo que no se debe, de lo que no puede ni plantearse la comunidad. Antaño se habría llamado el control de las conciencias; en sociedades abiertas se trataría del control de la agenda.

En Euskadi el control de la agenda ha estado en manos del nacionalismo vasco desde que se resolviera la Transición. No ha habido gobierno español, desde Suárez hasta Rajoy, con entusiasmo pragmático o a regañadientes, que no haya considerado que el nacionalismo, o mejor, el PNV, era la representación genuina de todos los vascos, que era lo apropiado negociar sobre todo con él antes que con cualquier otro (incluidos o empezando por los suyos).

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Inoxidables de Euskadi

Las municipales son las elecciones más agradecidas que hay. Son como la lotería de Navidad: a todo el mundo le toca algo y todo el mundo encuentra un consuelo. Con algunos votos menos que antes puedes tener más concejales y poder, o viceversa. Allí pierdes algo y aquí lo ganas. Y si no, siempre cabe la coda de que estos comicios no son extrapolables a los anteriores o a los que vengan, ni tampoco comparables exactamente en sus resultados con ellos. De manera que el análisis siempre cuadra y no es fácil fallar. El problema es decir algo novedoso o de interés. Veamos.

La principal pregunta para la ocasión es si en Euskadi se ha producido el mismo terremoto que en el resto de España, si los partidos tradicionales han sufrido igual ante el avance de los emergentes. Aquí, los del 'Régimen del 78', recuérdese, son cuatro y no dos. Y uno mira a vista de pájaro o con microscopio y concluye que algo, pero poco, que todavía no han alterado demasiado ese cuadro. El incremento ha sido reducido en número de concejales (un 3%) y el volumen de los ajenos a la tetrarquía municipal del paisito sigue en un exiguo 15%. Otra cosa es que los mordiscos hayan podido desequilibrar la posición anterior de algunos (Bildu y los socialistas, sobre todo) en algunos municipios y en la visión de conjunto. Pero la irrupción incontrolada de las candidaturas populares o directamente de Podemos o Ciudadanos deberá quedar aquí para mejor ocasión. Nada demasiado importante dependerá aún de ellos porque han hecho gala de un exceso de improvisación, inconsistencia y última hora, e incluso de división. Aunque en otros sitios no han tenido más tiempo ni más destreza y les ha ido mejor.

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¿Y el propósito de la enmienda?

En 1977, cincuenta años después de su ejecución, el gobernador por Massachusetts, Michael Dukakis, rehabilitó a los anarquistas Sacco y Vanzetti, condenados en ausencia de un juicio con garantías. En 2013, casi sesenta años después de su suicidio, el gobierno de la reina Isabel II exoneró de sus cargos al matemático y homosexual Alan Turing, a quien hemos recordado recientemente en la película 'The imitation game'. Quince años después de su asesinato, el Gobierno vasco ha expresado oficialmente su reconocimiento a Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, al igual que al consejero José Ramón Recalde, gravemente herido en otro atentado.

En este caso no se trata de rehabilitar o exonerar a ningún reo injustamente tratado, sino de realizar una reflexión autocrítica por parte del Gobierno “sobre lo que no se ha hecho, o se ha hecho de una manera silente o se ha hecho tarde; o sobre lo que nos ha dividido frente a lo que nos une del modo más real y auténtico: el rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas”. Sin citarlo expresamente, se recuerdan aquellos días del Gobierno de Ibarretxe, gélidos con las víctimas, ajenos a la profunda significación del crimen político, del magnicidio que suponían estos casos –Buesa había sido vicepresidente del Gobierno vasco y diputado general de Álava-, y pragmáticos hasta la náusea: se volvía al acuerdo con el brazo civil de los asesinos en cuanto se había despejado la polvareda de la conmoción. Como bien ha respondido la Fundación Fernando Buesa en una nota, han pasado quince largos años, pero es de buen recibo el reconocimiento. Nunca es tarde si la dicha es buena.

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