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Las cuentas de los partidos: ni públicas, ni transparentes, ni auditadas

Cuando el Tribunal de Cuentas sirve de escudo institucional para que los partidos oculten sus fuentes de financiación (avance editorial)

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Cospedal garantiza que el PP sólo tiene una contabilidad, otras cuentas serán de otros


Suele repetir la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que las cuentas de su partido son “públicas, transparentes y están auditadas”. Cada vez que se cuestiona la contabilidad del partido, repite el mismo lugar común, y añade que la contabilidad está depositada en el Tribunal de Cuentas. El libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, que estos días llega a las librerías, demuestra que nada de ellos es cierto: las cuentas de los partidos no son ni públicas ni transparentes, ni están correctamente auditadas, y menos por el Tribunal de Cuentas. Una mirada a la corrupción que se esconde bajo la impunidad que la legislación actual facilita, y que concluye con una propuesta por un verdadero control democrático y transparente de las finanzas de los partidos. Adelantamos unas páginas que resumen los resquicios que utilizan los partidos para eludir el control de sus ingresos.



¿Cuáles son los principales problemas de control y fiscalización de las cuentas de los partidos?


Veamos algunos problemas concretos que afectan gravemente a la eficacia de las disposiciones de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) y de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). La mayoría han sido repetidamente denunciados por el propio Tribunal de Cuentas:

a) La gran mayoría de los partidos no presenta adecuadamente las cuentas de sus corporaciones locales. De los 299,5 millones recibidos en subvenciones en 2008, 63,2 millones de euros de grupos políticos locales y autonómicos quedaron sin fiscalizar, según el Tribunal de Cuentas, que carece en la práctica de mecanismos para hacer efectiva esa obligación. La relación de las entidades locales con la corrupción urbanística hace esta ausencia de fiscalización aún más preocupante.

b) La ley no establece límite sobre la cuantía de las donaciones de inmuebles. Además, es común que los partidos no entreguen al Tribunal de Cuentas los informes de tasación u otros documentos para controlar las compraventas.

c) Aunque la Ley de 2007 establecía que en el plazo de seis meses el Tribunal de Cuentas había de elaborar un plan contable específico para partidos políticos, este todavía no ha sido definitivamente aprobado, pero se puede consultara en la web del Tribunal de Cuentas. Los partidos no utilizan un mismo modelo contable (por ejemplo, el de entidades no lucrativas), por lo que la información suministrada resulta incompleta, impide la comparación entre formaciones y posibilita la ocultación de operaciones irregulares.

d) El control de las fundaciones y otras organizaciones vinculadas resulta muy deficiente . En el informe del Tribunal de Cuentas de 2007 se analizaron por primera vez las finanzas de las fundaciones vinculadas a los partidos. Sin embargo, sólo las donaciones, un 14% de sus ingresos, están fiscalizadas. Las fundaciones han sido instrumentos útiles para evadir las disposiciones de la LOFPP, y su supervisión es aún más deficiente que la de los partidos. El Tribunal de Cuentas ha reclamado un criterio más claro para determinar la vinculación de una asociación o fundación a un partido, pues solo se fiscalizan aquellas que los partidos reconocen formalmente, quedando sin supervisar otras que están claramente en su órbita. Las fundaciones pueden, además, aceptar donaciones de cuantía notablemente superior a las destinadas a los partidos (150.000, frente a 100.000 euros), y recibir dinero de empresas con contratos con administraciones públicas.

El informe de 2007 reflejaba también que las fundaciones reciben de los partidos avales, préstamos, y subvenciones para comprar inmuebles, que posteriormente ceden para su uso a los partidos. Son todas prácticas muy preocupantes. Casos como Fundescam demuestran el papel que las fundaciones pueden estar cumpliendo en la financiación ilegal de los partidos. En este caso en concreto, un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, reflejaba que el PP de Madrid habría financiado ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, año del tamayazo, y 2004, año en el que concurrieron elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se habrían cometido en connivencia con la red Gürtel y a través del uso de la fundación Fundescam como canal opaco de recolección de fondos y de pago de facturas.

e) La información sobre la financiación privada no es públicamente accesible. Es frecuente escuchar en boca de dirigentes de partidos cosas como que sus cuentas son públicas, transparentes y están auditadas. Las tres afirmaciones son falsas. La exposición de motivos de la LOFFP de 2007 mencionaba que las aportaciones privadas debían ser públicas, pero la ley no establecía que los partidos tuvieran realmente que hacer públicas sus cuentas; al contrario, su artículo 19 recordaba a los miembros del Tribunal de Cuentas que podían ser penalmente responsables por la publicación de datos. Hasta la reforma de 2012, los partidos no tenían obligación de publicar ninguna información financiera, en sus webs o en ninguna otra parte. Ahora la tienen de publicar el balance y la cuenta de resultados, pero eso no incluye desglose alguno de operaciones y, además, solo deben hacerlo una vez el Tribunal de Cuentas ha publicado su informe del ejercicio. Así pues, la información relevante para detectar irregularidades a través del escrutinio público permanece oculta.

Realmente, como reconoce la propia institución, el Tribunal de Cuentas tampoco audita las cuentas de los partidos (no es algo que entre siquiera dentro de sus competencias) y es más: las principales auditoras privadas se negaron en 2013 a prestar servicios al PP, debido a las restricciones que les imponía el partido. La triste realidad es que sólo gracias a la instrucción de casos como Filesa o Gurtël, y con frecuencia a la filtración (¡ilegal!) a la prensa de sumarios judiciales conocemos detalles concretos sobre el origen de la financiación privada de un partido en España, lo que ha permitido recientemente, por vez primera, analizar correlaciones entre donaciones y adjudicaciones públicas. El mismo lunes de julio de 2013 en el que María Dolores de Cospedal había afirmado sin tapujos que el PP tenía una contabilidad diáfana que conoce toda España, el colectivo Anonymous filtró en la red la contabilidad del partido de los últimos veinte años. Al día siguiente, el partido denunciaba un delito de revelación de secretos.

d) Existen formas, relativamente sencillas, de evadir los límites a las donaciones privadas, o de mantenerlas ocultas. Con anterioridad a la LOFPP de 2007, evadir el límite máximo de las donaciones era tan fácil como fraccionar las mismas en distintas contribuciones anónimas, que eran legales. Todavía en 2011 diversos empresarios pudieron utilizar varias compañías para fraccionar los pagos, algo que podría haber ocurrido durante décadas sin llamar la atención del Tribunal de Cuentas. La utilización de intermediarios o sociedades pantalla, ya sean las fundaciones o entramados de sociedades vinculadas al donante o a los partidos, y en general el uso de las técnicas de blanqueo de capitales, permite evadir la mayoría de prohibiciones de la LOPFF. A partir de la contabilidad B recogida en los famosos papeles de Bárcenas se ha llegado a concluir que Bárcenas registró en sus cuadernos entre 1990 y 2008 un total de 7,5 millones de euros, y sin embargo sólo 1,3 millones terminaron en la cuenta destinada al depósito de donaciones.


Gracias a los favores de los bancos, los partidos ganaron un mínimo de 18 millones de euros en créditos en condiciones privilegiadas solo entre 2006 y 2007


e) Continúan las condonaciones de créditos. En la reforma de la LOFPP de 2012 se limitaron las condonaciones de créditos a 100.000 euros. Sin embargo, seguimos sin conocer las condiciones y los términos en las que se renegocian los préstamos, dando margen a la condonación parcial encubierta de intereses (así lo recogían los informes del Tribunal de Cuentas de 2007 en relación con CDC, y de 2006 en relación a PSOE y EA). El Banco de España calculó que se habían condonado 300 millones de euros a los partidos sólo hasta 2004. ¿Cómo pueden los partidos mantener una deuda de 214 millones y pagar solo 0,85 millones en concepto de intereses, como revelaban los datos de 2007? ¡Qué bien le sentaría a familias y pequeñas empresas tener acceso al crédito a menos del 0,4%! Gracias a los favores de los bancos, los partidos ganaron un mínimo de 18 millones de euros en créditos en condiciones privilegiadas sólo entre 2006 y 2007 según estimación de la plataforma #cuentasclaras.  

f) No existen instituciones eficaces de supervisión y sanción. La fiscalización de los partidos está reservada exclusivamente al Tribunal de Cuentas, que no es, realmente, un tribunal, y cuya fuerte politización ha sido constatada por el propio Tribunal Supremo en una reciente y clarificadora sentencia (Sentencia del Tribunal Supremo 8373/2012). Dentro del Tribunal, la unidad de fiscalización de los partidos políticos no tiene personal fijo adscrito, ni la dotación necesaria, y al contrario de lo que ocurre con otras instituciones como la Administración Tributaria, incumplir el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas no suele tener ninguna consecuencia legal. Incluso el Banco de España ha rechazado la entrega de datos sobre préstamos, obligando a cancelar la elaboración de un informe sobre el endeudamiento de los partidos.

El Tribunal de Cuentas ha sido utilizado como escudo institucional de los partidos, que le atribuyen de manera exclusiva (y excluyente) la función fiscalizadora (cuando no, a ojos de la opinión pública, funciones que no tiene, como la de realizar auditorías), sabiendo que difícilmente puede desempeñarlas. Desconocemos si el Tribunal ha conseguido que se imponga efectivamente alguna sanción por infringir la LOFPP (aunque propuso varias, que recaían sobre UDC, PSC, Ciutadans y PCE, en su informe relativo al ejercicio 2006). A veces esa función de parapeto institucional del Tribunal ha sido, casi, literal: cuando el juez Barbero – fallecido hace años, pero al que todavía Alfonso Guerra en un reciente volumen de sus memorias ataca con particular saña- ordenó la entrada en la sede del PSOE y exigió allí la entrega de la contabilidad del partido, dirigentes del mismo afirmaron que resultaba imposible, porque esa documentación estaba en el Tribunal de Cuentas.


Qué hacemos con la financiación de los partidos es un libro colectivo de Manuel Maroto, Victoria Anderica, Suso Baleato y Miguel Ongil. Más información, en la web www.quehacemos.org


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