En estos últimos días hemos asistido a una extraña ceremonia de confusión interpretada por dirigentes del Partido Popular tras la convulsa sesión de aprobación de la Reforma Laboral. Tras comprobar que su diputado Alberto Casero había sufrido un pequeño accidente, errando cuatro veces en la emisión de su voto desde casa, pretendieron que uno de esos sufragios, pudiera ser rectificado, a la luz de su trascendencia para el resultado de la votación. La Presidenta del Congreso denegó esa posibilidad. El líder del Partido Popular ha aupado el episodio a la categoría de “pucherazo” inaceptable en un Parlamento serio presidido por estatuas de los “Reyes Católicos” (sic). El Partido Popular ha anunciado su intención de judicializar el proceso para revertir la decisión tomada de dar validez al voto del señor Casero tal como se expresó en su hoja de votación.

Mi intención en este artículo es muy modesta, aunque algo atrevida: ofrecer una suerte de escueta “observación-participante” del acto de votación.  Me propongo algo así como documentar etnográficamente en qué consiste una votación en la práctica: levantar testimonio de prácticas, comportamientos, emociones y expectativas recurrentes y compartidas en un grupo social que conozco de cerca, el cuerpo de diputados y diputadas del Congreso. Como sociólogo que soy, la observación-participante es una predisposición casi instintiva, a la que me empujan cientos de horas de investigación cualitativa en mi carrera académica.

Comencemos por las alegaciones. La versión inicial del Partido Popular señala que el voto del señor Casero se había emitido bien pero el registro había resultado defectuoso, lo que reflejaría una traducción errónea de la voluntad expresada por el diputado en el sistema telemático. El diputado había señalado A y el sistema habría recogido B. 

El primer problema de esa versión de los hechos es su inespecificidad.  El sistema informático utilizado recoge la opción indicada por el diputado y, pide al diputado que confirme la elección dos veces. Es decir, el señor Casero habría expresado su preferencia cuando marcó la casilla, cuando confirmó la votación y cuando avaló el informe generado con sus confirmaciones. ¿Dónde se habría producido la falsificación de las preferencias del señor Casero que habría sido inevitable para el propio señor Casero? ¿solo en la emisión del informe final tras registrar bien las selecciones del señor Casero? En caso contrario, él mismo habría confirmado expresiones transmutadas de su preferencia. Peritos habrá que puedan dirimir si esas transmutaciones involuntarias son electrónicamente posibles, pero suena todo poco plausible.

Los dirigentes del Partido Popular, y sus entornos mediáticos afines, han terminado sumergidos en bizantina argumentaciones reglamentarias pasando por alto la que ha sido la práctica parlamentaria cotidiana en los últimos años, y especialmente desde que se desató la pandemia. A sociólogos y antropólogos nos interesa generalmente esa práctica, más allá de las sesudas interpretaciones escolásticas sobre aquello que enuncian o no enuncian los reglamentos o sobre las valoraciones acerca de la vigencia de una u otra resolución pertinente. En esa práctica parlamentaria cotidiana (que es la materialización consentida del reglamento semana a semana), los errores de voto se asumen como una parte consustancial de la actividad que se lleva a cabo en el hemiciclo. Consustancial pero tan limitada que pasa casi desapercibida, lo que no quita que se produzca de manera repetida (y hasta ahora básicamente desproblematizada).

En el debate suscitado, resulta extraordinariamente confuso el enunciado de que hay diputados que votan de manera telemática (y otros no). Votan de forma telemática quienes, como el señor Casero, emiten su voto desde fuera del hemiciclo (a efectos prácticos, hablemos de voto desde casa), por motivos tasados. Pero también votamos telemáticamente cuando, sentados en el escaño, somos emplazados a pulsar un botón verde o uno rojo (tras activar en cada ocasión el voto, desde otro botón) que emite una señal a un dispositivo telemático. Segundos después, nuestra selección se refleja en un croquis de la distribución escaños (que aparece en pantalla ante nosotros), donde cada escaño aparece iluminado en un color, mientras la Presidenta anuncia el resultado. Nadie levanta una mano en el proceso para dar a conocer su preferencia, deposita sobres en urnas o pronuncia de viva voz su preferencia.  Todo es “telemático”.

La diferencia principal entre el voto telemático presencial y el que tiene lugar desde fuera del hemiciclo es que mientras el presencial exige una respuesta ajustada y no rectificable en los diez segundos del intervalo que dura la votación, el voto desde casa no somete al diputado a ningún tipo de presión cronométrica ni escénica, y le concede la oportunidad de no confirmar su elección y rectificar una decisión errónea. A todas luces, parece claro que, si existieran en este momento razones para dudar sobre la validez del procedimiento para garantizar de la mejor forma posible que los votos reflejen fidedignamente las preferencias de los diputados, las posibles lagunas a corregir habría que ir a buscarlos en el procedimiento de voto telemático presencial más bien que en el hipergarantista voto telemático desde casa.

Todos los diputados hemos utilizado ambos procedimientos. En algunas iniciativas complejas, a las que se han presentado cientos de enmiendas, la Mesa suele recurrir al voto telemático desde casa para todas y todos, asumiendo (acertadamente) que votar desde casa aligera la carga que supondría votar las iniciativas una a una en sesión presencial. No me puedo imaginar a ningún diputado que prefiera votar 600 veces seguidas dentro del hemiciclo (como sucedería cuando votamos enmiendas a leyes de presupuestos, por ejemplo), bajo la presión de tiempo acotado para cada votación. Si se trata de minimizar el riesgo de falsificación de preferencias democráticas por error es difícil pensar en mejor opción que la votación con doble comprobación que impone el procedimiento desde casa.

De hecho, los errores de voto en el hemiciclo, muy circunscritos, son recurrentes. Se evidencian cuando, tras cada votación, la pantalla de que disponemos los diputados en nuestro escaño ilumina con un color inesperado un escaño en la bancada de un partido que ha votado homogéneamente en sentido opuesto. Ocurre en casi cada sesión parlamentaria. Cuando se evidencia quién se esconde detrás del involuntario error se le suelen dirigir algunas miradas jocosas, y el diputado quizás se encoja en su escaño levemente ruborizado. Y a otra cosa.

Los errores en las votaciones son parte del juego parlamentario. Son lo que en sociología se llama “accidentes normales”. Generalmente sus consecuencias son insignificantes, porque los márgenes con los que se ganan y pierden votaciones ofrecen cierta holgura. Cuando esa holgura no existe, en votaciones reñidas, suele ser habitual que los diputados comentemos informalmente la tensión del momento junto a los vecinos de escaño. A pesar de que el error es muy improbable cuando la atención es máxima, nuestra mirada se posa en el cuadro de votación del vecino para asegurar que ha votado bien. Tampoco son infrecuentes los chascarrillos acerca de un botón que supuestamente, tras haber sido pulsado por primera vez, se ha resistido a reflejar el sentido del voto que queríamos imprimir. Las cosas siempre se enderezan tras unos instantes de ansiedad.

Estamos, por tanto, hablando de dinámicas de funcionamiento ordinario de este Parlamento y de cualquier otro democrático conocido, que pasan desapercibidas porque están llamadas a ser tratadas como intrascendentes si no existe el ánimo de sacarlas torticeramente de la intrascendencia. Errar ocasionalmente es un gaje del oficio de diputado y de cualquier profesional que se despista, sufre una confusión transitoria o presta poca atención a una operación. En condiciones normales, se asume la consecuencia del error, se digiere el apuro que provoca y se reflexiona sobre el modo de evitar que vuelva a ocurrir. Punto y aparte. Por eso resulta insólita la pretensión de politizar (y judicializar) un accidente así, poniendo en cuestión procedimiento, aplicación del reglamento e incluso la honorabilidad de la Presidencia. 

Lamentablemente, todo resulta aprovechable en la casquería del Partido Popular para su alocado proyecto de convertir cualquier vicisitud (por poco propicia que parezca) en una posible oportunidad de deslegitimación del rival político, aunque con ello pueda llevarse por delante la deseable serenidad de la conversación política del país y, colateralmente, el crédito de sus instituciones. Ya llegaran ellos para arreglar el estropicio, digo yo que deben pensar.

El sentido de la justicia social está profundamente arraigado en los seres humanos. El sentimiento de ser tratados injustamente en la distribución de recursos, de ser discriminado en el acceso a bienes u oportunidades, de ser despreciados o de que nuestras necesidades sean ignoradas, produce en nosotros intensas reacciones emocionales, y cuando persiste en el tiempo, puede incluso generar trastornos psicológicos e incluso orgánicos.

Estas predisposiciones tienen un profundo anclaje evolutivo. Los primates no humanos responden negativamente a una distribución injusta de las recompensas. En un interesante estudio, un equipo de zoólogos de la Universidad de Emory entrenaron a monos capuchinos para realizar pequeñas tareas a cambio de una recompensa con comida. Cuando estaban solos, los monos se conformaban con cualquier recompensa por su desempeño. En grupo, sin embargo, los monos que recibían menos comida que otros rechazaban la recompensa si advertían que un compañero de su especie recibía mayor cantidad de comida por un trabajo igual o menor, llegando incluso a rechazar realizar nuevos trabajos si se habían sentido injustamente tratados. No dirán que no se parece mucho a una rudimentaria expresión del ejercicio de la huelga.

Este 20 de febrero se conmemoraba el Día Internacional de la Justicia Social. Es un día para celebrar los avances en derechos sociales logrados en las últimas décadas, que son muchos. Desde finales del siglo XIX y principios del XX en el mundo occidental empezamos a disfrutar de derechos sociales, que en las democracias liberales se suman a los derechos civiles y políticos para formar un paquete coherente, que procura las más elevadas cotas de salud, bienestar y satisfacción a los ciudadanos, como atestiguan los principales indicadores comparativos existentes. Ese paquete es fruto de un trabajo protagonizado por actores políticos diversos, muchas veces aliados, desde la socialdemocracia (en países escandinavos, centroeuropeos como Austria, y del sur de Europa, como España o Portugal) a la democracia cristiana (en Alemania u Holanda) y el liberalismo progresista (Reino Unido).

Pero también es un día para identificar asignaturas y retos pendientes. Nos encontramos en un momento de aceleración de cambios sociales. A pesar de que, si hacemos un balance completo, la globalización traiga sin duda crecimiento y mayor riqueza a repartir, no es menos cierto que en muchos lugares trastoca cimientos que habían asegurado niveles de bienestar jamás alcanzados, destruye tejido social que propiciaba la integración comunitaria de los individuos y debilita dispositivos de reconocimiento social del valor del trabajo y la dignidad que procura. La inseguridad laboral se extiende entre capas de la población no acostumbradas a vivirla y la incertidumbre respecto al futuro se convierte en experiencia cotidiana para generaciones jóvenes. El precariado es una nueva clase social cuyos perfiles de vulnerabilidad evocan en muchos sentidos la situación de colectivos vulnerables de un pasado que creíamos superado. Una vulnerabilidad que se transmite de padres a hijos. La crisis provocada por la COVID-19 agrava formas de injusticia social que creíamos superadas y plantea otras nuevas. La desigual exposición al contagio y a la muerte sirve de recordatorio de las profundas facturas que todavía atraviesan nuestras sociedades.

El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social ha reabierto heridas. El sentimiento de humillación experimentado por colectivos que se sienten privados de opciones vitales, postergados u olvidados está detrás del auge de fenómenos sociales perturbadores que sacuden nuestras sociedades. Desde comportamientos tóxicos asociados a la falta de horizontes vitales (consumo de ansiolíticos, drogas, suicidio, etc.) a resentimiento social, expresado en disturbios, manifestaciones de odio o apoyo electoral a partidos populistas. La investigación académica lleva alertándonos hace tiempo sobre estas derivas inquietantes. Anne Case y Agnus Deaton han llamado la atención sobre las “muertes por desesperación” que han hecho disminuir la esperanza de vida de la población blanca con menos estudios en Estados Unidos. Wilkinson y Pickett ponen el foco sobre la epidemia de ansiedad y el deterioro de la confianza interpersonal en los países desarrollados más desiguales. Paul Collier y Cristopher Giulliu han advertido sobre la desconexión creciente, material y cultural, entre áreas metropolitanas privilegiadas y las clases populares de las periferias semi-urbanas y rurales. Michael Sandel nos emplaza a reflexionar sobre las afrentas a la dignidad clase trabajadora, humillada por un sistema meritocrático que reserva las recompensas a los “ganadores” en la competición por credenciales. En España, son muchos los expertos que nos alertan sobre injusticias que arrastramos y otras que se hacen más acuciantes en los últimos años: precariedad juvenil, pobreza infantil, brecha salarial entre hombre y mujeres, la discriminación que sufren inmigrantes y minorías étnicas, la despoblación, etc.

Los márgenes de mejora son claros. La Fundación Bertelsmann, en su edición de 2019 del Informe de Justicia Social, constataba que España volvía a encontrarse por debajo de la media de los países de OCDE, en la posición 28 (de 41). Los problemas principales de España que detectaba el Informe se referían a tres dimensiones: Prevención de pobreza (posición 27), Acceso al mercado laboral (posición 40) y Justicia intergeneracional (posición 33). Pero también identificaba fortalezas: Inclusión y no discriminación (posición 9) y Salud (6). En el Informe, España destaca, entre otros capítulos, como un país con baja pobreza de la población mayor de 65 años, con alta paridad de género en el Parlamento, un más que aceptable sistema de pensiones, pocas desigualdades en la salud percibida y una alta esperanza de vida.

Distintos estudios demoscópicos muestran bien a las claras que los ciudadanos españoles apuestan por construir un país mejor donde se atiendan las dimensiones descuidadas. Evalúan positivamente las políticas de bienestar, defienden la igualdad de oportunidades y, en contraposición a lo que nos quieren hacer creer algunos, están bien predispuestos a pagar los servicios públicos con sus impuestos. Apoyan mayoritariamente las iniciativas para reforzar la protección de los más vulnerables, luchar contra la pobreza infantil, combatir el desempleo y la precariedad, reforzar las políticas familiares y fomentar la transición a energías limpias, que son algunos de los indicadores en que salimos todavía peor parados en el Índice de Justicia Social de Bertelsmann.

La agenda progresista tiene la obligación de encarar con valentía las asignaturas y retos pendientes. Tras años de recortes y recetas conservadoras con escasa vocación de atender cuestiones de justicia social, y a pesar de la pandemia y el deterioro de la situación económica que ha provocado, gozamos de una oportunidad insólita: unos nuevos presupuestos y un volumen considerable de fondos europeos para reconstruir económica, pero también socialmente, nuestro país. En los próximos meses, nos jugamos no solo dar un salto tecnológico, que impulse la digitalización y pueda transformar definitivamente la economía del carbono en una economía verde. No solo estamos emplazados a recuperar el impuso económico para impedir la destrucción de tejido productivo y recuperar el terreno perdido durante el año de pandemia. Es imperativo dar también un salto en justicia social que nos sitúe en los ránking internacionales a la altura del país que aspiramos a ser y que propicie una recuperación que no deje a nadie atrás.

Parece cada vez más claro que el “referéndum” del 1-O no será un referéndum ni nada que se le parezca, pero algo será. Ernest Urtasun (Eurodiputado de ICV) lo califico recientemente en un programa de televisión matutino como una gran protesta contra el PP. Y pensamos que no se equivoca. Posiblemente ese será el mínimo común denominador de los que se movilicen, y será también un sentimiento ampliamente compartido por muchos ciudadanos catalanes que no salgan a la calle, no quieran la independencia y rechacen la alocada carrera hacia el precipicio impulsada por los partidos nacionalistas durante estos últimos años. Todos unidos frente al PP.

El PP gana elecciones, pero concita al mismo tiempo un enorme rechazo entre amplios sectores de la población española. Según el último barómetro del CIS de julio, un 55,3% de los ciudadanos declara que nunca votaría al PP, con toda seguridad. De media, el conjunto de españoles, sitúan al PP en el 8,26 de la escala de ubicación ideológica de los partidos (de 1 a 10). Un porcentaje alto de ciudadanos (40,5%) situaba al PP en las posiciones 9-10 de la escala de ubicación ideológica (es decir, en la extrema derecha). Esta cifra aumentó sensiblemente desde que ese partido llegó al poder (en enero de 2012 era del 27%). Paradójicamente, fue incluso más baja en las legislaturas de Aznar (la cifra se situó generalmente entre el 20-25%).

En Cataluña estas cifras alcanzan cotas aún más altas. De media, los catalanes sitúan al PP en el 9,22, casi un punto por encima del conjunto de españoles. Dos de cada tres catalanes creen que les gobierna un partido de extrema derecha. Así lo cree el 81% de los votantes de En Comú Podem y el 88% de los votantes de ERC (los votantes del PDCAT opinan de manera similar, pero el pequeño tamaño de la muestra impide ser más preciso a este respecto). Las cifras en el conjunto de Cataluña se han situado en niveles muy elevados desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas genera datos sobre este indicador, a finales de los ochenta, y aunque descendieron ligeramente en los años noventa, se han mantenido generalmente por encima del 50%.

¿Está justificada esta percepción? Probablemente no. Por muy conservadoras que nos parezcan sus políticas, austericida su respuesta a la crisis, o autoritarias sus formas, resulta difícil equiparar al PP con partidos de extrema derecha como el FN en Francia, AfD en Alemania, o Fidesz-Unión Cívica en Hungría. No resulta fácil encontrar politólogos o sociólogos fuera de España que consideren al PP como un partido de extrema derecha, o que hayan escrito trabajos en los que clasifiquen al PP entre el bien estudiado grupo de partidos de derecha radical existentes en Europa.

Los votantes del PP, a diferencia de los de los partidos de la derecha radical, se tienden a autoubicar en posiciones de derecha moderada (en torno al 7,5 de la escala ideológica individual). Solo un 20,8% de los votantes del PP consideran que están votando a un partido situado en las posiciones 9-10.

Sin embargo, las percepciones sociales son las que son y tienen efectos significativos. En Ciencias Sociales manejamos lo que se conoce como el teorema de Thomas, que afirma que “si las personas perciben una situación como real, ésta lo será en sus consecuencias”. En Cataluña, el PP ha sido socialmente percibido como un partido de derecha radical desde su propia fundación a partir de la antigua Alianza Popular, y esta percepción ha tenido profundas implicaciones en la evolución de la política catalana, y todo indica que va a seguir teniéndolas.

Se argumentará, con buena parte de razón, que esa percepción ha reflejado el empeño (exitoso) de otras fuerzas políticas en estigmatizar a dicho partido. En esta dinámica han participado activamente la práctica totalidad de fuerzas políticas del arco parlamentario catalán (salvo quizás Ciudadanos).

Tampoco les faltará razón a quienes argumenten que el PP se ha ganado a pulso esa nefasta reputación. Cuando el PP comenzó a normalizar su imagen en la mayor parte de España (a partir de inicios de los 90), convenciendo a una parte creciente del electorado de que sus credenciales eran plenamente democráticas, y logrando ser percibido como un partido “centrista” que competía directamente con el PSOE por el apoyo de los segmentos moderados del electorado, esto no sucedió en Cataluña.

Sin entrar a juzgar motivos y estrategias específicas, el PP no dudó en situarse al margen de consensos ampliamente consolidados en la escena política catalana (política lingüística, reivindicaciones de mayor y mejor autogobierno, etc.), alineándose junto a grupos minoritarios que se consideraban damnificados por esas políticas. Su actitud hacia la reforma del Estatut de 2006 ha sido generalmente señalada como uno de los elementos clave que han provocado el malestar que ha desembocado en la actual situación de polarización y fragmentación social experimentada por la sociedad catalana.

La movilización independentista, que ha ido adquiriendo momentum en los últimos años, se ha nutrido en buena parte del malestar derivado de la crisis económica y de las medidas de austeridad aplicadas por todos los niveles de gobierno como respuesta a la crisis fiscal y financiera experimentada por las arcas públicas. El rechazo al gobierno del PP y a sus políticas, que en el resto de España se volcó en la defensa del Estado de bienestar (mareas), o en la denuncia de las desigualdades intergeneracionales derivadas de la crisis (15M), fue canalizado por las élites nacionalistas catalanas hacia un planteamiento de ruptura del status quo institucional y político.

Su lectura estratégica del momento ha consistido en aprovechar la “ventana de oportunidad” abierta por la crisis para alcanzar los objetivos máximos del proyecto nacionalista (o cuanto menos explorar esa vía ante la expectativa de poder consolidar avances sustanciales en dicha dirección). En una hábil maniobra de “evitación de la culpa”, las fuerzas nacionalistas transfirieron la responsabilidad de la crisis y de los recortes en las políticas sociales (iniciadas de motu proprio y con entusiasmo por el gobierno de Artur Mas) al gobierno central en manos del PP, aprovechando el elevado grado de estigmatización de ese partido en Cataluña.

El rechazo al PP, como exponente de un modo de entender la política con el que la mayor parte de la sociedad catalana no se siente en absoluto identificada, fue transformado en un rechazo a la idea de España, proyectando sobre ésta todas las características negativas que tradicionalmente se asociaban a dicho partido (centralismo, autoritarismo, clientelismo, corrupción, y un largo etc.).

La reciente maniobra propagandística puesta en práctica por las fuerzas independentistas (con el apoyo de Podemos, que parece confiar en beneficiarse con ello del debilitamiento institucional que pueda derivarse de los efectos de dicha crítica) destinada a equiparar al PP y al conjunto de las instituciones políticas y judiciales españolas con el régimen franquista constituye un claro ejemplo de esta pauta.

La realidad paralela generada por dicha propaganda ha conseguido “ilusionar” a amplias capas de las clases medias catalanas con la idea de que, frente el desagrado ante las actuaciones de un gobierno (aspecto claramente coyuntural, por mucho que una legislatura pueda durar cuatro años), resulta no solo legítimo el proyecto de separarse de un Estado (dimensión estructural donde las haya), sino hacerlo de manera unilateral y “desobedeciendo”.

De este modo se incorpora una retórica populista que justifica la insurrección contra el ordenamiento jurídico vigente, al considerar a éste último como obra de fuerzas políticas y sociológicas que tutelan al Estado desde la Transición y sostienen al PP en el poder en España.

En estas condiciones, frente a la opinión pública catalana, el gobierno del PP tiene muy difícil salir airoso de cualquier intervención que realice en Cataluña, por mucho que gradúe la intensidad de la misma. Peor aún, cualquier actor que se sitúe al lado del PP, “modere” las críticas al gobierno, o entre en negociación con ellos, corre un serio riesgo de deslegitimación en Cataluña. Esto coloca al gobierno del PP en una posición muy incómoda y convierte la situación en un galimatías endiablado.

No resulta sencillo entrever como el partido que (por acción, omisión, y/o como víctima de las maniobras de otros) está indisolublemente ligado a la aparición del sinsentido de la “IndePPendencia” pueda articular propuestas viables y concretas que permitan contribuir a resolver este gigantesco enredo. Si a partir del 2-O el gobierno del PP quiere convencer a algún interlocutor nacionalista de que se siente a negociar, su oferta debe resultar creíble para actores políticos y sociales acostumbrados a pensar en el PP como un enemigo frente al que hay que imponer un “cordón sanitario”. Se trata de una situación que puede obligarle a “sobrepujar”, solo para comenzar a hablar.

El PP podría planteárselo (lo que en la literatura se conoce como estrategia de “Nixon goes to China”, en referencia al viaje insospechado de un presidente estadounidense del partido Republicano, Richard Nixon, a la China comunista a principios de los setenta para desbloquear una situación de hostilidad entre ambos países, pero los costes que afrontaría en el seno de su propio partido y los que se vería forzado a imponer al resto del país, podrían ser muy elevados. Esto convierte el problema en especialmente intratable, y aumenta los incentivos para que el gobierno del PP renuncie a cualquier vía de salida dialogada, incrementándose así la probabilidad de que sigamos instalados en esta espiral de polarización social y política hacia ninguna parte.

Acaparar es un comportamiento muy extendido en el reino animal para hacer frente a situaciones de escasez. También lo llevan a cabo los seres humanos, con el agravante de que muchas veces provocan privación de bienes necesarios para sus congéneres. Una modalidad de este fenómeno que cobra mucha actualidad es el acaparamiento de oportunidades. Esta es la tesis del nuevo libro de Robert V. Reeves, Dream hoarders. How the American Upper Middle Class Is Leaving Everyone Else in the Dust, Why That Is a Problem, and What to Do. Se trata de un ensayo que defiende una tesis controvertida. En su opinión, para entender las nuevas dinámicas de generación de desigualdades, haríamos mal en concentrarnos en lo que sucede con el 1% o el 0,01 más rico. Su trabajo, centrado en Estados Unidos, sugiere que alguno de los mecanismos que subyacen a la creciente polarización social son resultado de la acción de la clase medias-alta (Reeves habla del 20% más rico, pero quizás se podría extender un poco, al 30%, especialmente en los procesos de trasmisión intergeneracional de estatus entre padres e hijos). Las clases medias altas se apropian y “acaparan” oportunidades (opportunity hoarding).

Aunque el discurso sobre la clases medias-alta en Estados Unidos de Reeves no es totalmente trasladable a España, los paralelismo son evidentes, y nos ayudan a reflexionar sobre muchas cosas acaecidas en los últimos años, tanto en el terreno socioeconómico como político.

La clase media-alta la constituyen, por lo general, personas con estudios superiores, buenos empleos, salarios adecuados que les permiten ahorrar, tener una buena vivienda, posiblemente una segunda residencia y solvencia ante cualquier adversidad. Pero catalogar a alguien en este segmento no es fácil. La posición social no depende de una variable, pero los ingresos (ajustados por la composición del hogar) suelen ser bastante definitorios. El INE le coloca en el 20% más adinerado (lo que se conoce como quintil más alto) si usted vive en un hogar unipersonal e ingresa, por todos los conceptos, 22.300 euros netos anuales o más. Si vive usted con otro adulto y dos niños, pertenecerá a ese quintil solo en el caso en que en su hogar se ingresen 46.800 o más.

La clase media-alta no suele estar en el punto de mira de los que denuncian el enriquecimiento de los más ricos. Bastantes se tienen por personas de centro moderado, incluso de izquierda, esquivando la idea de que su situación de relativo privilegio los aboca al conservadurismo. Muchos niegan a los demás ser clase media-alta. Incluso se lo niegan a sí mismos. Sus pautas de consumo no son necesariamente ostentosas. Buena parte de la clase media en el capitalismo postindustrial evita el “consumo conspicuo”, esa forma de exhibicionismo que, como señalaba Thorstein Veblen, se utilizaba en la fase de capitalismo industrial para marcar la posición de uno en la escala social.

Bastantes de los miembros de esta clase acomodada proceden de estratos algo más bajos, y han sido aupados a su nueva posición por la modernización del país y la expansión de oportunidades educativas. De ahí que entiendan que las experiencias de adversidad y desvalimiento no son plato de buen gusto y estén dispuestos a sostener la red de protección pública existente, siempre que los impuestos para ello se mantengan en un nivel razonable.

Pero su éxito social les ha vacunado frente a la compasión excesiva. Vengan de donde vengan piensan que el mundo está lleno de oportunidades para quien tiene talento y se esfuerza. Se trata de aprovecharlo. Están firmemente convencidos de que ellos mismos son la viva materialización de las oportunidades que ofrece un sistema meritocrático.

La sólida posición económica de la clase media-alta suele tambalearse poco en los periodos adversos. No lo hizo en la última crisis: ni sus salarios ni sus ingresos totales se resintieron apenas. Reproducir su estatus, situando a sus hijos en las posiciones de clase que les corresponden (a la altura de la de sus padres o por encima) les costó algún quebradero de cabeza, pero al final la lógica se impone y las inversiones realizadas en sus hijos suelen ofrecer los retornos esperados. Esa es su verdadera seña de identidad: el empeño en que sus hijos puedan sortear las dificultades que se les presenten en la vida y puedan encontrarse en las mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que les lleguen.

A este empeño dedican tiempo y dinero. Cuando no tienen suficiente tiempo, ponen dinero. Dinero para sufragar buenas escuelas infantiles, donde puedan quedar al cuidado de profesionales adiestrados para estimular sus competencias cognitivas, y luego un buen colegio. Dinero para campamentos, estancias de verano en el extranjero, actividades extra-escolares, el bachillerato en Estados Unidos (o Irlanda, si la cosa no da para tanto), un Erasmus en una universidad de campanillas o un buen posgrado. Si la cosa va mal, dinero para pagar tutores de repaso, psicólogos o internados. Lo que haga falta.

Pero el dinero, como casi siempre, no lo explica todo. Los vástagos de la clase media-alta se benefician del capital cultural de sus familias. El capital cultural lo constituyen bastantes intangibles y algunos recursos materiales de que disponen estas familias. Forma parte de ese patrimonio el lenguaje que utilizan los padres en las interacciones con sus hijos, que moldea la forma de hablar de estos últimos; los recursos educativos de los progenitores para inculcar conocimientos y estimular competencias; la capacidad para apreciar y dar cauce a los talentos de los menores; la mayor propensión a cultivar valores pro-escolares y aspiraciones al logro educativo; la orientación y el apoyo que les ofrecen para superar retos escolares.

En muchos hogares de clase media-alta hay libros, lo que no es baladí: el número de libros en el hogar es uno de los indicadores que mejor correlaciona con las puntuaciones de los adolescentes en la prueba PISA. Padres y madres de clase media-alta tienen un concepto de lo que significa ser buen padre y buena madre que pasa principalmente por colocar a su hijo/a en la pista de despegue del éxito social. Y si no despega, se trata de conseguir que no se precipite por la escalera social. Los sociólogos nos referimos al umbral social por debajo del que no caen los hijos de la clase media-alta como “suelo de cristal” (glass floor).

La mayoría de personas que escribimos columnas en la prensa o emitimos juicios de autoridad como expertos en los medios, en las empresas, en los partidos políticos o en las entidades sociales, pertenecemos a la clase media-alta o estamos en sus aledaños, esperando meter el hocico donde creemos que merecemos estar. Nuestra voz es la más oída porque tenemos foros para expresarnos y pericia para hacerlo. La clase media-alta tiene una capacidad enorme de marcar el paso al debate público, imponiendo sus preocupaciones y sensibilidades.

Aspiramos a que el gobierno solucione la precariedad de nuestros hijos, olvidando que la verdadera precariedad es la de quienes la experimentan en combinación con la pobreza y la exclusión. Recompensamos a gobiernos y partidos que nos prometen bajadas de impuestos y desgravaciones que nos benefician mientras toleramos el deterioro de servicios públicos que, a la postre, no utilizaremos porque estamos en condiciones de contratar servicios privados. Celebramos la multiculturalidad y nos mostramos dispuestos a acoger refugiados, pero no nos preocupamos por sus condiciones de vida una vez en el país, ni de que disfruten las mismas oportunidades que los demás.

Las verdaderas oportunidades --las que conducen al éxito social-- son y pretendemos que sigan siendo para nosotros y nuestros hijos. Gracias a ello, en última instancia, seremos (y serán) los que podamos (puedan) acreditar “méritos” que justifiquen nuestra posición de clase preeminente.

La crisis ha acabado y la clase media-alta debe arrimar el hombro para sacar del pozo en que han caído millones de españoles que no tuvieron la fortuna de haber podido sortear los embates del desempleo y la falta de protección social ni se están beneficiando de una salida desigual de esa coyuntura. La clase media-alta debe ser convencida de que la próxima crisis que nos toque vivir tiene que ser más democrática. No puede concentrase de nuevo solo sobre los maltrechos hombros de los grupos más desfavorecidos.

No es solo una cuestión de justicia. La clase media-alta debe entender que anteponer su bienestar y acaparar todas las oportunidades conduce a situaciones colectivas sub-óptimas, en que salimos perdiendo todos. ¿Será posible desactivar su tendencia egocéntrica al acaparamiento de oportunidades con apelaciones a favor del bien común? ¿o habrá que confiar en la aparición de una nueva generación de intervenciones públicas para frenarla?

*Agradezco los comentarios y sugerencias de mejora de Laura Fernández y Marga Marí-Klose a versiones anteriores de este artículo.

La pregunta es retórica. Obviamente, a la Universidad española le pasan cosas, y muchas merecen atención. La Universidad española adolece de múltiples problemas. Se ha hecho habitual señalar que los más importantes derivan de sus estructuras de gobernanza, que conducen al clientelismo y la endogamia. No seremos nosotros, que alguna vez hemos padecido en carne propia las consecuencias de esas prácticas, quienes quitemos razón a los que lo argumentan.

Pero en el mapa de problemas del sistema universitario español hay muchos otros sobre los que posar la mirada. Hay analistas que apuntan a la falta de recursos para investigar, o para enseñar (grupos-aula demasiado grandes para ofrecer atención personalizada, ausencia de profesores asistentes). Otros observadores destacan la falta de incentivos. La Universidad no atrae talento, claman en algunas banderías. O lo expulsa. O lo quema, asfixiado por la carga de trabajo burocrático. Están los que destacan los graves problemas de dualización laboral de las plantillas, fragmentadas entre profesores estables y bien pagados y otros con carreras laborales precarias. También están los que creen que el problema es la desconexión entre las enseñanzas que los estudiantes reciben en la universidad y las demandas del mercado de trabajo.    

Elijan el relato que quieran, o varios y combínenlos. Elíjanlos todos si quieren, recorten las puntas, salpimenten con anécdotas. Seguro que la radiografía resultante merecerá ser atendida. La Universidad está aquejada de muchos problemas, y son muchas las posibilidades de poner el foco selectivamente en los que más nos perturben o encajen en nuestras premisas ideológicas.

Al ser tantos y tan diversos son en buena medida insolubles de una tacada con reformas, por muy buena intención que tengan los reformadores. Las instituciones siguen inercias, se mueven dentro de la senda, y no se dejan cambiar radicalmente de un día para otro. Los grandes proyectos de transformación son generalmente inviables o provocan efectos colaterales no previstos. Sigamos avanzando incrementalmente.

Pero si hay un problema que a nuestro juicio es secundario es que no tengamos universidades entre las 200 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities, habitualmente conocido como ranking de Shanghai. No tenerlas significa no incorporar ninguna al selecto club del 2% de mejores universidades en un ranking mundial de aproximadamente 12.000 universidades. Lo consiguió la Universidad de Barcelona en varias ediciones (2014-2016). Ahora la tenemos situada entre el puesto 200 y 500, junto a diez universidades españolas más. No tenerla esta vez entre las 200 primeras no habla peor de nuestro sistema universitario. Simplemente constata, una vez más, que la excelencia mundial quizás no es la mayor virtud del sistema, lo que no resta valor a otros méritos importantes. 

Lo que parece escandalizar sobremanera a algunos es perfectamente explicable. No figuramos en posiciones más selectas en casi ningún ranking sobre asuntos sociales o relativos a la administración pública. Seguramente les vendrán a la cabeza los buenos rendimientos de nuestro sistema sanitario, ampliamente reconocidos. Pues bien, tenemos razones para pensar que es muy bueno, pero según un ranking del CSIC que utiliza metodología parecida al ranking de Shanghai tenemos solo dos hospitales entre los 200 mejores del mundo, situados en el puesto 169 y 194. Algo mejor que las universidades, pero en el fondo las diferencias parecen bastante pequeñas.

Es importante señalar algunas limitaciones de este ranking que nos pueden ayudar a templar los ánimos sobre la posición de las universidades españolas. Primero de todo, el ranking evalúa resultados de investigación. La dimensión docente, objetivo central de las universidades, queda fuera. En otras palabras, este ranking apenas ofrece información sobre dónde estudiar una carrera. Segundo, el ranking se centra en especializaciones de ciencia y apenas atiende a los resultados investigadores de campos como las humanidades. La mayor parte de las universidades españolas son generalistas, esto es, ofrecen docencia y tienen profesorado que apenas puede aportar en los indicadores contemplados. Tercero, el ranking se construye con indicadores de ‘excelencia extrema’, como artículos en Science o Nature y premios Nobel. Llevado al mundo de los deportes, sería como hacer campeón de liga de baloncesto al equipo que más canastas desde más de diez metros ha sido capaz de encestar.

El ranking de Shanghai está copado por universidades anglosajonas. Muchas de ellas son universidades privadas, que cuentan con un volumen desorbitado de recursos en comparación con los que manejan las universidades españolas. Como recordaba hace unos años en un artículo de referencia obligada el ex rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, el ranking lo encabezan universidades de élite norteamericanas (Harvard, Princeton, MIT), que tienen presupuestos de aproximadamente 150.000 euros por estudiante y año. Le siguen las universidades europeas que más invierten, Oxford y Cambridge (50.000), y un elenco de otras universidades que destinan muchos más recursos que la universidad española, cuyo presupuesto se sitúa en torno a 6.500 euros como promedio por estudiante y año. En los últimos años, con la crisis y las políticas de austeridad, los recursos han tendido a disminuir, y por regla general las universidades mantienen dignamente su posición en el ranking.

Los abultados presupuestos de que disponen las universidades anglosajonas y algunas de otros países les permiten realizar grandes inversiones en investigación (lo que se traduce en publicaciones que contabilizan como puntuaciones en componentes centrales del ranking), fichar a los mejores docentes e investigadores y atraer a estudiantes de todo el mundo que están en condiciones de sufragar sus costosas matrículas (o encuentran patrocinadores que lo hagan). Recordemos que, sin ir más lejos, tenemos instituciones financieras españolas que sufragan la educación de estudiantes españoles en esas universidades a través de becas de excelencia, contribuyendo con ello a ofrecer oportunidades formativas a esos estudiantes brillantes, pero también a inyectar recursos en esos centros educativos que refuerzan sus ventajas comparativas. Nada que objetar, pero es así. Las universidades de élite se benefician claramente del llamado efecto Mateo: el que más tiene más recibe, y al más pobre se le priva de los pocos recursos que tenía.

Nuestro modelo de desarrollo universitario es la materialización de una política de descentralización del país en la que se consagró lo que llamamos despectiva (y probablemente de manera injusta) “café para todos”. Las dinámicas a las que conduce este proceso tienen desventajas. Todas las CCAA, e incluso todas las provincias y ciudades medias con alguna ínfula de grandeza, han aspirado a que sus jóvenes dispusieran una universidad o campus “a mano”, con multiplicidad de titulaciones, lo que seguramente ha dispersado recursos, ha provocado un posible exceso de oferta y dificultades para responder a estándares de excelencia en todos los lados.

Pero también hay que reconocer que prácticamente todas las CCAA se han esforzado en ofrecer enseñanza más que aceptable en alguna de sus instituciones universitarias. Esto se traduce en una distribución bastante homogénea de buenas universidades por el territorio, lo que garantiza el acceso de segmentos amplios de la juventud al sistema, con efectos seguramente positivos sobre la equidad.

Los análisis cuantitativos no truncados en la cúspide –es decir, que no se limitan a comentar posiciones en el ranking de 200 mejores universidades– revelan rápidamente que el sistema universitario español sale bien parado cuando ampliamos la foto. Como señala el profesor Julio del Corral, España cuenta con 11 universidades en el Top-500 y con 26 universidades (todas públicas) en el Top-800. Es decir, una buena porción de nuestras universidades se encuentran en la fracción del 7% con puntuaciones más altas.

España se sitúa en novena posición en cuanto a número de universidades incluidas en el Top-800, cifra similar a países como Francia, Canadá, Corea del Sur y Australia, todos ellos con renta per cápita superior a la española. Desde este punto de vista, la eficiencia del sistema se sitúa entre las más elevadas del mundo. Es algo que constatan también otros trabajos. España es un país con una amplia oferta de buenas universidades, algo de lo que no pueden presumir precisamente algunos de los países que se cuelan en el Top-200 de Shanghai.

Por otra parte, las informaciones que se ofrecen habitualmente sobre el ranking descuidan que tenemos universidades excelentes en todos los campos de especialización. La Universidad de Granada se sitúa en la posición 45 en ingeniería, tecnología y ciencias de la computación. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia se encuentran entre las 200 primeras en Ciencias biológicas y agricultura. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid entran entre las 200 mejores en Ciencias médicas y farmacia. La Universidad Pompeu Fabra aparece entre las 100 mejores en Ciencias Sociales. Es decir, la agregación en un ranking sintético invisibiliza la excelencia del sistema, que existe y ofrece a nuestros estudiantes más brillantes posibilidades de formarse en grados y posgrados de centros de primer nivel investigador.

Los rankings –éste y otros– son instrumentos de conocimiento útiles. Pueden ayudar a identificar defectos y alumbrar tendencias, y de este modo orientar nuestras prioridades políticas. Pero suelen también contaminar el debate público de juicios precipitados sobre una realidad que generalmente tiene muchos pliegues. Haríamos flaco favor a nuestras políticas públicas si las diseñáramos a golpe de las “evidencias” que muestra un ranking, olvidando todo aquello que oculta.

“Yo por mi hija, mato, ¿me entiendes? ¡eh! MAAA-TO”. Belén Esteban ha sido una heroína popular. La Princesa del pueblo. Suya es esta declamación de contenido universal. La Esteban expresaba, de manera estrafalaria y desmedida –propia del personaje que ha construido– un sentimiento que no nos resulta ajeno. Somos proclives a anteponer las necesidades y aspiraciones de los “nuestros”, especialmente nuestros familiares (por los que podemos llegar a estar dispuestos a matar para protegerlos), pero también de los semejantes que sentimos más próximos, a nuestros ídolos y los líderes que nos representan.

La tendencia a favorecer a los miembros del propio grupo ha sido acreditada en condiciones experimentales. Son particularmente interesantes las investigaciones académicas que crean grupos con personas desconocidas entre sí usando criterios arbitrarios. Diversos estudios con experimentos han mostrado como incluso esas agrupaciones pueden conducir a identidades grupales, en que los miembros de esos “equipos” terminan manifestando preferencia por individuos de su grupo recién creado (endogrupo) frente a los de un grupo externo (exogrupo). Bajo ciertas condiciones pueden acabar desarrollando actitudes negativas hacia los miembros del exogrupo.

Un experimento célebre en esta línea es el de Robbers Cave, diseñado por el matrimonio de psicólogos Muzafer y Carolyn Sherif en 1954. En el estudio, veintidós adolescentes que no se conocían entre sí fueron trasladados en autobús a un parque natural en Oklahoma, en dos expediciones de once chicos cada una. Los muchachos acamparon en dos áreas lejanas entre sí, de manera que durante los primeros días la presencia de los 'otros' fuera ignorada. Tras esta primera fase de convivencia aislada fueron agrupados. Antes de la agrupación, se les invitó a poner nombre a sus grupos. Unos escogieron “The Rattlers” (Los Serpientes de Cascabel), los otros “The Eagles” (Los Águilas).

En ese momento comienza la segunda fase del experimento. Bajo condiciones de competitividad, provocadas deliberadamente con distintos juegos de campamento, Serpientes de Cascabel y Águilas reforzaron los sentimientos de afinidad personal dentro del grupo, y cultivaron otros de hostilidad hacia los miembros del exogrupo (que desembocó en varios incidentes de violencia verbal y vandalismo entre ellos). Con ello, los Sherif habían evidenciado que, más allá de los perfiles individuales de los muchachos, la clave que explicaba las actitudes aparecidas era la asignación de los chicos a los dos grupos y las dinámicas de competición establecidas entre ellos.

De hecho, en una tercera fase del experimento, bajo dinámicas diferentes (de tipo cooperativo) y en una nueva situación de convivencia conjunta, los Sherif fueron capaces de integrar de manera relativamente fácil a los miembros de los Serpiente de Cascabel y los Águilas, restañando las “heridas” producidas en la fase competitiva del experimento.

La preferencia por el endogrupo puede conducir a comportamientos particularistas para favorecer a los tuyos. La antropología y la ciencia política han descrito profusamente cómo la tendencia al particularismo puede convertirse en un elemento central de una sociedad, abocando a “trampas sociales” de las que es muy difícil escapar. Un estudio antropológico clásico muchas veces referenciado en ese sentido es el trabajo de Edward Banfield sobre el “familismo amoral”, una acentuada tendencia a anteponer las necesidades y aspiraciones del grupo de parentesco de pertenencia a cualquier otra consideración. En el trabajo del antropólogo norteamericano se describen las relaciones sociales en Chiaromonte, en el sur de Italia, marcadas por la incapacidad de los aldeanos de actuar juntos por su bien común o, de hecho, por cualquier fin que trascendiera el interés inmediato y material de la familia.

Los ejemplos que he puesto hasta ahora evocan relaciones en grupos pequeños o en pequeñas comunidades con fuertes vínculos primarios, y quizás invitan a dudar sobre la posibilidad para generalizar. ¿Qué tienen que ver los boy scouts del experimento de los Sherif o los aldeanos de Banfield con las dinámicas de nuestras complejas sociedades postindustriales? Más de lo que seguramente sospechan.

La tendencia a favorecer a los “nuestros”, sea lo que sea lo que nos una, anida en el corazón de muchos procesos que están de plena actualidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el llamado “chovinismo de bienestar”. El concepto se refiere a las actitudes de quienes creen que las prestaciones de bienestar deben limitarse a los nativos de un país, privando a extranjeros de derechos sociales. El fantasma de los inmigrantes que drenan recursos sociales escasos es uno de los principales recursos retóricos del populismo de derechas, y una de las raíces principales del apoyo que cosechan. “Primero los de casa” ha sido una de los eslóganes más elocuentes de Plataforma per Catalunya, un pequeño grupo de la derecha radical que ha llegado a obtener resultados electorales notables en distintas poblaciones catalanas desde su nacimiento a principios de milenio. Es también el leitmotiv de distintos grupos neonazis que se organizaron en forma de ONG “solidaria” para repartir alimentos a familias empobrecidas durante la crisis a condición de que pudieran acreditar españolidad.

En otros términos, el chovinismo de bienestar ha cobrado actualidad en otra clase de relaciones entre “nosotros” y “ellos”, las que se establecen entre nacionalistas en comunidades ricas y Estados a los que tratan de arrancar autonomía fiscal o de los que aspiran a separarse. “Roma ladrona” de la Lega o la “Espanya ens roba” del nacionalismo catalán conservador son dos expresiones recientes de insolidaridad fiscal respecto a un demos que se siente ajeno. En este relato, la aportación al Estado se convierte en una losa que pagan “los nuestros”: La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva.

La defensa de los nuestros puede llevar a disculparles actos reprobables. Hay un gran volumen de investigaciones que evidencian que tendemos a mostrarnos más indulgentes con comportamientos corruptos pasados de los líderes y partidos que favorecemos que con los mismos comportamientos si incurren en ellos otros líderes y partidos. También les permitimos iniciativas políticas que censuraríamos tajantemente si las llevaran a cabo los líderes o partidos a los que nos oponemos.

Según un estudio del que se hizo eco el Washington Post la semana pasada, la mitad de los votantes republicanos declara que aceptarían aplazar las elecciones previstas para 2020 si Trump lo propusiera para limpiar el censo de extranjeros que están votando ilegalmente en las elecciones. Recuerden que este tipo de presunto fraude electoral fue una alegación que, sin más pruebas, realizó Trump en las últimas elecciones para justificar su “derrota” en el recuento nacional de votos (que no ponía en cuestión su victoria final gracias a su ventaja en delegados elegidos en representación de los Estados). Sin embargo, la creencia es compartida por muchos republicanos. Tres de cada cuatro creen que los episodios de fraude en el voto se produjeron con cierta o mucha frecuencia.

Es decir, “los nuestros” pueden llegar a contar con nuestro beneplácito cuando se proponen traspasar la legalidad. Es lo que parece dispuesto a intentar el gobierno de Puigdemont: liarse la manta a la cabeza con la indulgencia (incluso el aplauso) de muchos de los suyos. Pero seguramente no todos. ¿Cuántos estarán dispuestos a seguirle hasta las últimas consecuencias? Es la gran incógnita que resolveremos en los próximos meses.

En el curso de las últimas semanas están apareciendo las primeras voces que desde el independentismo expresan miedos, apuntan a que se están cometiendo errores o manifiestan dudas. También se tensan las costuras de una alianza complicada entre socios muy diferentes, que ante la probable inviabilidad de la independencia se sienten tentados a aprovechar la coyuntura para impulsar sus propias agendas.

El independentismo no tiene más remedio que contener estas tendencias para mantener intactas sus opciones de sacar su proyecto adelante, pero si adopta maniobras reactivas demasiado drásticas corre el riesgo de debilitar sus credenciales democráticas y trasversales, lo que también puede resultar contraproducente en orden a mantener las filas prietas. Se encuentra, pues, frente un delicado juego de equilibrios, quizás incluso imposible de resolver favorablemente. A lo largo de los últimos años las fuerzas independentistas han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia a las presiones y amenazas externas. Incluso podríamos sospechar que, en muchos sentidos, esas presiones y amenazas han retroalimentado su apoyo. ¿Pero hasta dónde resistiría la disolución del endogrupo?

El pasado viernes se dio a conocer una carta en que Neymar se despedía de la afición culé. Su marcha no había estado exenta de polémica por lo que, quizás, en un gesto para recongraciarse con los seguidores espetó: “El Barça es una nación que representa a Cataluña”. No faltaba lógica a la aparente extravagancia. Si el Barça es una entidad deportiva que es “más que un club”, un estatus obvio en una liga de muchos clubs que no pasan de ser simples clubs era ser una nación.

Pero no nos cebemos con un pobre futbolista que no ha venido a Europa a manejar con soltura conceptos tan escurridizos como el de “nación”. Ni siquiera nos cebemos con Guardiola, tan pulcro y medido en sus ruedas de prensa como entrenador de fútbol, pero que en una congregación nacionalista reciente leía obedientemente un panfleto en que se pedía ayuda internacional contra “los abusos de un Estado autoritario”. Fútbol es fútbol. No pidamos peras al olmo. En adelante, me referiré solo a declaraciones de personas que participan activamente en el Procés como representantes políticos, cargos de designación política o intelectuales significados por su posición sobre el tema, y a los que cabría presuponer competencias y conocimientos suficientes para evitar el disparate.

El mismo día que leíamos las declaraciones de Neymar, el inefable Rufián, diputado y graduado en Relaciones Laborales, ofreció un día más su contribución en su incansable lucha por recordar a sus seguidores que España no descansa ni en agosto en su ímprobo ejercicio de opresión sobre Cataluña. En lo que se está convirtiendo en un vertedero de disparates −tuiter−, el diputado decía: “Ya es mala suerte que la empresa de seguridad de la hermana de Núñez Feijoo trabaje en 27 aeropuertos y sólo haga huelga en el de Barcelona”. Al parecer la empresa hacía huelga.

Ese mismo día, Agustí Colomines, profesor universitario y director de la Escuela de Administración Pública (dependiente de la Generalitat), nos relataba en vivo y en directo la situación del aeropuerto del Prat: “Sóc a l'aeroport i us puc assegurar que aquest caos és orquestrat”. Nos lo podía asegurar.

La semana pasada fue un sindiós. En siete días dio tiempo a esto, y a que Empar Moliner, ingeniosa escritora y presentadora de la televisión autonómica catalana, escribiera en el diario Ara que “ser catalán en España es como ser gay en Marruecos, salvando las distancias”. Lejos de imponerle un cordón sanitario, algunos dirigentes nacionalistas encontraron afortunada la comparación. Junqueras se hacía eco de la frase en su cuenta de tuiter. Santi Vila, el que fue en su día presentado como el consejero sensato que podría llegar a reencauzar el Procés hacia una salida negociada, abundó en la idea en una recepción institucional para celebrar los diez años del festival de ocio gay. Sus palabras: “los catalanes y los gais tenemos muchos aspectos muy parecidos”, como por ejemplo “el compromiso con la generación de riqueza, la voluntad de ser como somos y una idiosincrasia muy abierta”.

La antología del disparate en torno al Procés merecería una enciclopedia. Las redes sociales son, sin duda, espacio propicio para la diarrea mental. Junto a Rufián o Colomines, se apiñan a diario escribidores varios en búsqueda de su minuto de gloria. Algunos han pasado del anonimato a tener decenas de miles de seguidores ansiosos por leer su enésima expresión de ingenio y procacidad sobre la maldad del Estado, el venturoso futuro que espera a Cataluña fuera de él, o los éxitos de la Generalitat en suscitar adhesiones internacionales a su causa (las últimas las de Yoko Ono y Hristo Stoikov).

Pero mis disparates favoritos no son tuits, expresiones etéreas de un pensamiento instantáneo condenado a desvanecerse rápidamente en la nube. Mis disparates favoritos se han puesto negro sobre blanco en la prensa escrita o incluso en sesudos libros, habitualmente generosamente subvencionados.

Un ejemplo esperpéntico es la labor del Institut de Nova Història para ofrecer una nueva perspectiva histórica que reconozca plenamente el papel de la nación catalana en la historia y permita divulgar la catalanidad de personajes universales. Gracias a su trabajo “sabemos” que Colón, Cervantes, Teresa de Jesús o Miguel Servet eran catalanes, y que la Celestina o el Lazarillo de Tormes fueron escritos originalmente en catalán, luego traducidos y sus originales destruidos. Habrá quien piense que me estoy refiriendo a un grupo de frikies ignorados por el mainstream intelectual y político catalán, y cierto es que sus “hallazgos” no abren los telediarios de TV3. Pero en 2013, ERC galardonó al INH con el Premi Nacional Lluís Companys, y son muchos los políticos e intelectuales que se han referido en reiteradas ocasiones a sus tesis.

Uno de los usos más comunes de la historia es el que avala la singularidad (e insinúa la superioridad) de los catalanes. Desde este punto de vista, Cataluña no sería la tierra de mestizaje en que la inmensa mayoría de la población ha nacido en otra comunidad autónoma o tiene antepasados y parientes nacidos fuera, o donde el castellano es la lengua más hablada. Cataluña tendría raíces milenarias que conforman una personalidad propia, un Geist genuino e irreductible.

La expresión más disparatada de este argumento creo que se la debemos a Artur Mas, en una impagable entrevista de Pilar Rahola en La Vanguardia. Decía el por entonces Molt Honorable que Cataluña tenía un ADN cultural derivado de su pertenencia al Imperio de Carlomagno (siglo IX), “un cordón umbilical que nos hace más germánicos y menos romanos”. Otros, como el abogado y articulista Jordi Cabré Trias −director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat− prefirieron evitar circunloquios: “Somos mejores”. Se dice y punto.

Aunque me he ocupado aquí solo de disparates del nacionalismo catalán, ni mucho menos pretendo defender que no haya muestras, y abundantes, de disparate en las filas de quienes se oponen al movimiento independentista. Alguna de las expresiones más logradas de la literatura del disparate procesista (o pre-procesista) se las debemos a “no-nacionalistas” que cepillaban el Estatut, querían españolizar a los niños catalanes o pretendían que el gobierno enviase a Cataluña un general de Brigada de la Guardia Civil.

Convivimos con una tasa relativamente persistente de disparates, pero parece poco dudoso que bajo ciertas condiciones ambientales esa tasa tiende a dispararse (así como, desafortundamente, la tolerancia social a los generadores de disparates). Cataluña ha reunido muchos de los factores catalizadores del disparate desde que comenzara el Procés: crisis económica que solivianta ánimos, antagonismo social y polarización política, agitación populista, medios que sobreviven con subvenciones públicas, el acercamiento de la nueva política a las redes digitales, espirales de silencio… No es cuestión de pergeñar aquí una sociología del disparate, pero sí de alertar sobre el riesgo de que detrás de mucho disparate haya además estupidez.

Decía Carlo M. Cipolla, en un inolvidable ensayo de género gamberro (Las leyes fundamentales de la estupidez humana), que una persona estúpida es aquella que causa daño a otra o grupo de otras personas sin obtener, al mismo tiempo, provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Parece que en los últimos meses entramos en una zona crítica en que el disparate se hace cada vez más estúpido. Es esa zona en que, como señaló Puigdemont en uno de sus incontables disparates, “Cataluña no tiene miedo” sino que “les damos miedo y más miedo que nos tendrán”. El independentismo parece cifrar sus mayores esperanzas −y hay quien lo expresa abiertamente− en que el gobierno central cometa una estupidez, y pueda liarse parda. Es decir, se busca algo tan estúpido como provocar una reacción estúpida con un disparate. Ante semejante situación es imposible evitar la sensación de que nuestro futuro va a ser escrito por una panda de nihilistas (estúpidos) cuya mayor aspiración es “petarla” en tuiter, cueste lo que cueste. A todos, a nosotros y a ellos.

Nos acercamos a los primeros cien días de gobierno Macron, y ya no todo es color de rosa. En los sondeos comienzan a atisbarse las primeras desafecciones y algunas de sus medidas ya han granjeado críticas y suscitado reacciones de incomprensión. Los indicios de desgaste de su figura son hasta ahora leves, y posiblemente disfrute todavía una larga luna de miel con buena parte del electorado francés y muchos observadores externos. Todos ellos habían saludado con ilusión y esperanza la emergencia de un político que, además de mostrarse capaz de frenar el ascenso del populismo de extrema derecha, parecía reivindicar nuevos valores y estrategias, con los que lograba representar las ambiciones ilustradas y progresistas de capas amplias de la población francesa y europea.

Por muy novedosa y refrescante que resulte la aparición de Macron en el contexto actual, ni su retórica ni sus ideas son originales. Macron irrumpe en el escenario abanderando ideas que ocupan la agenda política hace dos décadas, cocinadas a fuego lento en departamentos universitarios, think tanks y comisiones de expertos de organismos nacionales y supranacionales en un breve interludio dorado que experimentaron las opciones de centro-izquierda en la última década del pasado milenio. Este interludio trajo a Bill Clinton, Gerhard Schröder y Tony Blair al gobierno de sus respectivos países. Macron recoge veinte años después el testigo de una corriente ideológica  —el socioliberalismo o Tercera Vía— que en su día no arraigo en Francia y que, pese a algunos éxitos, no acabo de rendir siempre los frutos electorales esperados, pero que logro eludir buena parte de la responsabilidad en el declive socialdemócrata.

Macron invoca los mismos valores, la misma retórica y las mismas recetas. En el discurso de Macron se adivinan las palabras y leitmotifs de Tony Blair, otro político cuya llegada al poder despertó inusitadas esperanzas de reafirmación progresista. Macron apela con la misma determinación al valor de la responsabilidad y el mérito; la necesidad de conjugar eficiencia y justicia social; y de construir un Estado que invierta, dinamice y acompañe, pero se abstenga de succionar, ralentizar o desactivar las energías de la iniciativa social. El discurso de Blair, y ahora el de Macron, catapultan a primer plano la importancia de la formación de capital humano, y en particular, de la educación.

Como señalaba Blair a menudo sus tres prioridades eran “educación, educación y educación”. Esta apelación sostenía en realidad una apuesta más amplia por la inversión social, que incluía un conjunto de programas destinados a mejorar competencias y cualidades de los individuos en el mercado de trabajo, y con ello, su empleabilidad y capacidad de enfrentarse con garantías a periodos convulsos y situaciones de adversidad. En el marco de las políticas públicas que desarrolló se contemplaba el reforzamiento del sistema educativo, pero también muchas iniciativas que iban más allá, desde la escuela infantil a los programas de activación y formación continua.

Un principio rector de este empeño era la necesidad de ofrecer oportunidades a aquellos que, debido a las circunstancias materiales en que viven, afrontan obstáculos que impiden la “activación” completa de sus potencialidades. En los años finales de la década de los noventa se acuña una nueva retórica que pretende amparar un cambio de rumbo de la estrategia socialdemócrata, a partir de la cual la lucha contra la desigualdad se va a concebir fundamentalmente como lucha para favorecer la “inclusión”. Promoviendo la inclusión es posible moderar algunas injusticias sociales, pero lo que se busca fundamentalmente es capitalizar óptimamente todas aquellas facultades y talentos naturales que permanecen desaprovechados cuando los individuos sufren pobreza y exclusión social.

Analizando los años de Tony Blair y su sucesor Gordon Brown en el gobierno, la socióloga norteamericana Jane Waldfogel tituló un aclamado libro suyo Britain’s War on Poverty (La Guerra de Gran Bretaña contra la pobreza). Haciendo balance, los logros de Blair y Brown en muchos aspectos de la gobernanza del sector público o su política internacional son muy discutibles, pero los avances en la mejora de indicadores de desigualdad y eficacia del Estado en la lucha contra la pobreza son notables.

Ahora Macron, con matices y singularidades, recupera buena parte de estos mensajes, y en particular la atención a la justicia social y la desigualdad. En este sentido, se ha señalado reiteradamente que la invocación de Macron a la palabra “igualdad” ha sido recurrente en sus discursos. Según un estudio de la Université de Côte d’Azur, habría superado con creces a otros candidatos de la campaña a las presidenciales en la apelación a este concepto. Entre sus propuestas estrella figuran varios de los planteamientos clásicos del socioliberalismo de la Tercera Vía y un compromiso de lucha contra el fracaso educativo en zonas urbanas desfavorecidas (dando continuidad a prioridades políticas del gobierno de Hollande).

El suyo se ha caracterizado como un “liberalismo igualitario”. Supuestamente se inspiraría en grandes pensadores sobre la desigualdad como John Rawls o Amartya Sen. Posiblemente se trate de una caracterización exagerada, en que se pasa por alto la prioridad otorgada por estos pensadores a principios abstractos de justicia social frente a planteamientos más prosaicos de Macron para favorecer la igualdad de oportunidades en una carrera vital que se pretende competitiva, eliminando las trabas que se interponen en el camino de los más desfavorecidos, pero sin cuestionar nunca la distribución asimétrica de recompensas por méritos y la magnitud de las posibles desigualdades de resultados que produce esta competición meritocrática.

Sea como sea, aunque hayan sido perfiladas de forma idiosincrática para marcar distancias con otros discursos políticos progresistas, la pobreza y la desigualdad aparecen en el frontispicio de los programas socioliberales de Blair o Macron.

En España, Ciudadanos dice inspirarse en estos programas. La presunta proximidad de Ciudadanos al socioliberalismo ha sido reiteradamente escenificada durante las semanas de campaña francesa, hasta el punto de provocar alguna situación embarazosa, como cuando el diputado europeo Javier Nart se refería a un presunto encuentro personal de Macron y Rivera, que éste mismo negaba unos minutos después en el mismo programa de televisión. Sorprende, sin embargo, la escasa atención que Ciudadanos ha prestado siempre a la pobreza y la desigualdad, y el poco empeño que está poniendo en ocuparse de estas cuestiones en sus negociaciones políticas con el gobierno del Partido Popular.

El interés de Ciudadanos en corregir el acrecentamiento de las brechas sociales durante la crisis es prácticamente nulo, y su atención a la vulnerabilidad económica se limita a la llamada pobreza laboral, que es una supuesta “pobreza” de lo que llaman “clase media trabajadora”, cuyos sueldos no considera dignos. De ella se ocupa la rebaja fiscal que Ciudadanos ha conseguido incluir en el proyecto de presupuesto de 2018. A pesar del empeño en señalar que los beneficiarios van a ser las rentas más bajas, la propuesta se dirige a un segmento de trabajadores cuyos ingresos les sitúan cerca de las decilas centrales de la distribución de rentas. Para quienes se sitúen por debajo de este umbral, Ciudadanos solo tiene previsto un cheque de formación, que supuestamente va a contribuir a activar al millón y medio de personas que se encuentran en situación de desempleo durante dos años o más, muchos de los cuales viven en hogares sin ingresos. Ni la lucha contra la pobreza infantil (a la que Blair otorgo una prioridad absoluta), ni la atención a los desempleados sin cobertura a través de un seguro de desempleo universal (promesa estrella de Macron) conmueven a Ciudadanos.

¿Es el socioliberalismo el oasis que andan buscando los socialdemócratas de corazón en su travesía por el desierto? Difícil dar una respuesta concluyente. El balance de la trayectoria de los partidos socialdemócratas que se arrimaron al socioliberalismo es mixto. Posiblemente haya tantos socioliberalismos como partidos que apostaron por esta estrategia, y por tanto muchas valoraciones posibles. Lo que parece aconsejable en época de sed y carestía es tener cuidado con los espejismos que se insinúan engañosamente en el aire tórrido del desierto.

El 39º Congreso del PSOE no será recordado como un Congreso más.  En él, el PSOE ha acometido una renovación drástica de programa ideológico y su equipo, y ha replanteado su rumbo estratégico en cuestiones claves como el reconocimiento de la plurinacionalidad y la política de alianzas. Se trata de un reconocimiento tardío pero necesario de que España cambió de manera inusitada durante los últimos años, y el partido debía adaptarse.

Una percepción muy generalizada de los asistentes al Congreso (al menos de aquellos con los que tuve ocasión de hablar) es que el nuevo PSOE de Sánchez se había ganado de nuevo el derecho a ser escuchado. Este derecho se había perdido entre sectores importantes del electorado progresista en los últimos años como resultado del papel del partido socialista en la gestión de la crisis, la desatención a demandas ciudadanas o su división interna. Aupando a Pedro Sánchez a la Secretaría General sin grandes sobresaltos tras su victoria clara en las primarias, el PSOE demostraba que estaba menos fracturado que lo que pronosticaron muchos agoreros durante los meses de campaña. Todo sugiere que Pedro Sánchez va a disfrutar de una dulce luna de miel, que puede ser luna de hiel para alguno de sus rivales más recalcitrantes, cuyo futuro político al frente de baronías y otros cargos orgánicos puede peligrar si los sanchistas acometen una ofensiva en las federaciones autonómicas díscolas para situar sus peones al frente de la organización.

Es una tentación que puede resultar irresistible, pero entraña peligros. En las primarias celebradas recientemente, Sánchez ha ganado casi por doquier, pero su victoria en diferentes CCAA y provincias no garantiza que candidaturas pro-sanchistas estén en condiciones de desbancar fácilmente a los líderes orgánicos regionales y provinciales, especialmente cuando estos detentan el control de los resortes de la administración pública y mantienen una capacidad importante de distribuir bienes selectivos entre sus partidarios. El liderazgo de Pedro Sánchez puede salir debilitado si sus candidatos empiezan a perder batallas o el partido se desangra en luchas intestinas por cargos intermedios. Por otro lado, es probable que las autonomías gobernadas por el PSOE en minoría puedan tambalearse ante las sacudidas que representa una lucha interna a cara de perro entre partidarios de los presidentes autonómicos y sus rivales sanchistas.

Antes de embarcarse en esta confrontación, Sánchez haría bien en leer Del Arte de la Guerra, un tratado militar escrito por Nicolás Maquiavelo en 1520 y dedicado a Lorenzo de Filippo Stroz. Son muchas las enseñanzas del consejero florentino que aplican a este momento crucial, comenzando por una de sus más conocidas exhortaciones: “El que persigue desordenadamente al enemigo después de derrotarlo, no busca sino pasar de ganador a perdedor”.

En la conformación de la Ejecutiva y otros órganos, el equipo de Sánchez ha perdido una buena oportunidad de sacar partido a oportunidades de cooptación. Siguiendo al sociólogo de las organizaciones Philip Selznick, la cooptación es el mecanismo por el cual se persigue absorber nuevos elementos en la cúpula directiva o estructura dirigente de una organización como medio para evitar las amenazas a su estabilidad. Aunque todavía está a tiempo de maniobrar con más sutileza en otros espacios donde dispone de poder discrecional de nombramiento (por ejemplo la asignación de responsabilidades en las comisiones del Congreso), en la confección de la Ejecutiva Sánchez parece haber renunciado a esta forma de inclusión selectiva como mecanismo de construcción de una nueva legitimidad que contribuya a debilitar a su oposición (la integración de Patxi López es una excepción que se antoja claramente insuficiente). Permitan que de Maquiavelo extraiga:  “Los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban iba a causarles mal, se sienten más obligados con quien ha resultado ser su benefactor”.

Probablemente hubiera bastado a Sánchez un puñado de nombramientos cuidadosamente escogidos para desactivar muchos frentes y ganar legitimidad entre los partidarios de diversas familias políticas del socialismo que se integraron en la candidatura de Susana Díaz, pero ahora podían estar dispuestos a colaborar con Sánchez. Citando de nuevo al gran consejero florentino: “Si algunos enemigos se pasan a las filas propias, resultarán muy útiles si son fieles, porque las filas adversarias se debilitan más con la pérdida de los desertores que con la de los muertos, aunque la palabra desertor resulte poco tranquilizadora para los nuevos amigos y odiosa para los antiguos”.

Sánchez también ha perdido una oportunidad de hacer realidad palabras pronunciadas en el discurso de clausura. En él dijo que la composición de su Ejecutiva respetaba diversas formas de paridad. Enseguida ha sido criticado por no establecer  escrupulosamente la paridad de género, aunque probablemente se trate de una crítica un tanto forzada dado el protagonismo adquirido por muchas mujeres en la estructura dirigente del nuevo PSOE, al frente de la Presidencia (Cristina Narbona), la portavocía del Congreso (Margarita Robles), la Vicesecretaría (Adriana Lastra) o áreas políticas de mucho peso de la Ejecutiva, como Cohesión Social e Integración (Nuria Parlón). Sin embargo, un tipo de paridad que mencionó en el discurso (quizás por vez primera), pero está muy lejos de haberse conseguido, es la paridad intergeneracional.

El PSOE tiene una militancia de edad bastante avanzada, y una dificultad importante para acercarse al votante más joven. En este sentido, los nombramientos realizados parecen insuficientes. Pedro Sánchez se ha rodeado de una Ejecutiva con muchas caras veteranas, un contingente mayoritario de figuras de edad intermedia y apenas tres personas con edades inferiores a 40 años (edad en la que se ubica aproximadamente el votante mediano): Adriana Lastra (38), Francisco Lobo (36) y Pedro Casares (33). Es decir, en un grupo de 49 personas solo hay (estrictamente) dos millennials (nacidos después de 1980), en secretarías ejecutivas de escaso peso político.

En un contexto en que la edad se ha convertido en un eje político de primer orden (quizás el más importante), la desatención a los jóvenes es incomprensible. Existen distintos estudios que acreditan que ciudadanos con determinados perfiles sociodemográficos incrementan su interés por la política cuando hay políticos que comparten esos rasgos, y otros estudios que muestran que los miembros de estos grupos que participan en órganos de representación suelen ser más receptivos a sus demandas y las promueven con mayor determinación.

En España parece probable que el éxito de Podemos entre la juventud se cimenta, en parte, en el perfil edatario de sus candidatos. Obviar este aspecto a través de nuevo de la renuncia a una inclusión selectiva es un error para un PSOE que se ha propuesto explícitamente recuperar la confianza de los jóvenes, y al que se le piden hechos y no solo palabras.

Son errores que, a mi juicio, no empañan lo que ha sido un relanzamiento de las opciones del PSOE gracias a lo que han sido indudables aciertos estratégicos de Sánchez y su equipo. Las primeras encuestas realizadas tras las primarias parecen darles la razón. Tómense estos apuntes, pues, como una invitación amistosa a no relajarse.

Los populistas son animales mitológicos que algunos ven corretear por todos lados. La capacidad de estos seres de agitar el cóctel de las bajas pasiones es descomunal. Cuando te expones a sus hechizos, al parecer, estás perdido. Tu racionalidad se tambalea. Entras en un carrusel caótico de estados mentales de agitación, que nubla tus capacidades cognitivas y las competencias analíticas que tanto te ha costado adquirir y cultivar. Crispación, indignación, ira y cólera se alternan, salpicadas por episodios de ilusión excesiva, gregarismo y entrega acrítica a un líder cuyos defectos son visibles a todos que todavía tienen la fortuna de no haber sido contagiados por la infección populista.

Esta es la retórica que han manejado (a veces con soltura, últimamente ya con cierta fatiga o falta de imaginación) acrisolados políticos, tribuneros, columnistas y tertulianos para fustigar a candidatos que cometían la osadía de desafiar a partidos o líderes llamados a ocupar la hegemonía política en nuestro país (alguno diría “tocados por los dioses” para ello).

No ha faltado razón a quien denunciaba la existencia de estrategias populistas, que aunque más o menos extendidas en todos los partidos políticos, cobraban especial fuerza en algunos líderes y partidos más que en otros. Tampoco ha faltado razón a quienes anunciaban el inicio de una edad dorada de la demagogia, la simplificación y la posverdad, y que en este terreno de la competición política había unos líderes que se mueven con más eficacia que otros. Pero el foco de mi atención no son estos analistas perspicaces y matizados que, en sintonía con una tradición respetable de análisis académico, se tomaban en serio el fenómeno del populismo. Mi interés son los creyentes en el animal mitológico, contra el que están dispuestos a luchar denodadamente, abanderando una suerte de campaña de la civilización frente a la barbarie.  

La última víctima de esta retórica anti-populista es Pedro Sánchez. En palabras del casi siempre acertado Fernando Vallespín, Sánchez habría acudido instrumentalmente a reclamos que encajan en un populismo de manual para vencer las primarias apelando a un mix emocional imbatible: anhelos no satisfechos; indignación hacia el enemigo, esperanza para los próximos. Antes de Vallespín, un auténtico ejército de columnistas y tertulianos, mucho menos hábiles para el análisis que el reputado catedrático, habían sostenido tesis parecidas, construyendo un eje discursivo perfectamente perfilado, que se expresa en mil variantes, muchas veces sobrecargadas de cultismos y bellas metáforas, pero que hacen escasas aportaciones novedosas al conocimiento. Asistimos a la interpretación coral de un bolero de Ravel discursivo, que cobra momentos de brío en que parece que inminentemente podremos pasar a escuchar un argumento nuevo, pero eso nunca ocurre.

Tan a mano tenía Susana Díaz y sus aliados la retórica anti-populista, y tan avalada estaba por egregios referentes intelectuales, que no supieron resistirse a usarla (algunos, maliciosos, dirían que a falta de mejores ideas). Así, todos juntos, en Santa Alianza para acorralar al populismo, contribuyeron a construir un personaje, que cobraba fuerza a medida que se esforzaban en caricaturizarlo y demonizarlo. Gracias a ello Sánchez, en efecto, tenía la oportunidad de confirmar que tenía enemigos poderosos. Los dardos que le lanzaban desde instancias del poder orgánico socialista y de los medios afines, acusándolo de podemizar el partido o convertirse en un siniestro “rojo radicalizado” corroboraban ante las audiencias socialistas que Sánchez no les mentía (era el candidato anti-establishment) y quizás llevaban a muchos militantes y simpatizantes a la percepción de que la “oficialidad” socialista estaba perdiendo definitivamente los papeles.  

Sánchez, en efecto, apelaba a la indignación de una militancia insatisfecha con la decisión de abstenerse en la investidura. Y conseguía, sin que mediara agencia alguna por su parte, que en los medios de comunicación afines a su rival, columnistas y tertulianos clamaran contra el buen juicio de quienes hicieran caso a Sánchez, despreciaran su capacidad de raciocinio, les acusaran de irresponsables y de cosas tan terribles como poner en peligro la estabilidad del país.

Sin mover un dedo, Sánchez lograba que el  “aparato”, una entidad ficticia de cuya existencia todos podíamos tener dudas, se hiciera carne y habitara entre nosotros. Consiguió que la composición de la Gestora no reflejara la pluralidad interna del partido, exhibiera sectarismo en sus purgas, parcialidad en sus declaraciones. Sin despeinarse, Sánchez logró que la Gestora encargara las ponencias del Congreso a aliados confesos de Susana Díaz, que terminarían subiéndose con ella a los escenarios o acudiendo a los medios a defender su candidatura.

Sin que Sánchez maquinara nada desde sus cuarteles populistas, dos expresidentes, un exsecretario general, un exvicepresidente, un exrival de Sánchez en las primarias, exministros varios, barones regionales, el presidente de Juventudes Socialistas y el sursum corda, decidieron sentarse en primera fila a ovacionar a Susana el día de su presentación como candidata, ofreciendo gratuitamente una foto para los anales. Sin que Sánchez se lo pidiera encarecidamente, la candidatura de Susana eligió un lema de campaña que dejaba bien a las claras quién era (y quién no) 100% PSOE. Sin que Sánchez la animara a ello, Susana Díaz quiso exhibir poderío recabando más avales que nadie, exprimiendo redes orgánicas mucho más allá de donde llegaba la intención sincera de votarla.

Y Sánchez, en efecto, apeló a emociones. Alguna fueron, sin duda, emociones de irritación e indignación ante lo que estaba a aconteciendo. Otras eran mucho más positivas y convencionales. Apeló con determinación a la emoción de ser de izquierdas, sin complejos. A la emoción de sentirse comprometido en luchar contra las versiones más crueles  del capitalismo. Llamó al compromiso (emocional) para proteger a los vulnerables: niños pobres, jóvenes precarios o mujeres maltratadas. A la emoción de ser militante, sentirte políticamente eficaz y querer participar en un proyecto colectivo para cambiar las cosas.

Hubo un tiempo, créanme, en que estas emociones y compromisos formaban parte del núcleo central del discurso socialdemócrata. Sánchez invocó esa ética de la convicción primigenia, y proclamó “Aquí está la Izquierda”. Algo parecido a lo que, en su día, proclamaron, a su manera, ufanos Felipe González o Rodríguez Zapatero. Y sin hacer mucho más, otros se autoimpusieron la responsabilidad de identificarle como un extremista (a pesar de que su historial no acreditara grandes hazañas extremistas), homologable a otros izquierdistas europeos supuestamente desnortados, como Hamon y Corbyn, creyendo que con ello, estaban contribuyendo a su desprestigio.

Sin hacer grandes profesiones de fe, Sánchez ha sido acusado de llevar al partido a un terreno donde no se ganan elecciones, donde los votantes supuestamente van a preferir la “pureza” ideológica de Podemos, donde el votante mediano nunca acudirá, donde se ponen nerviosos los inversores internacionales. Sin grandes planes estratégicos diseñados por cotizados gurús, Sánchez consiguió que JP Morgan mostrara sus preferencias por Susana. Sin manipulaciones demoscópicas, consiguió que Susana fuera la candidata socialista preferida por los votantes del PP en todos los sondeos.

El proceso de retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE es un ejemplo de manual de lo que en sociología llamamos profecía autocumplida. La profecía que anunciaba que con Sánchez llegaba el populismo reforzó las opciones de quien, tanto por trayectoria como por intervenciones en la campaña, difícilmente podía ser visto como ese animal mitológico contra el que se dedicaban a despotricar, pero sí podía encarnar la reacción frente a un establishment repudiado. El mérito de Sánchez es haber situado su mensaje cerca de los anhelos de la militancia (y de los votantes) del PSOE. El demérito de sus detractores y rivales es haberle hecho el resto del trabajo.

El 4 de mayo ha sido un día aciago para la Gestora del PSOE. Pedro Sánchez y su equipo, esos que han conseguido 53.117 avales, han demostrado que tenían razón en dos asuntos bien importantes.

Por un lado, como ha demostrado el cuponazo vasco, el PP podía buscar apoyos en otro sitio. No era inevitable que el PSOE le apoyara en la formación de gobierno. Parafraseando al parroquiano de Amanece que no es poco de José Luis Cuerda, el PSOE no era necesario, era más bien contingente. Sin embargo, la presión, toda la presión del mundo, se puso sobre el entonces secretario general que debía sí o sí apoyar al PP para que este no tuviera que llegar a pactos con los nacionalistas.

Como entonces dijeron algunos analistas, si se le apoya para formar gobierno, habrá que respaldarle también para aprobar los presupuestos porque, si no, ¿para qué sirve el apoyo a la formación de gobierno? Recuérdese que en la democracia el presupuesto es la principal herramienta de gobierno y sin los presupuestos aprobados poco se puede hacer. El apoyo (a la formación de gobierno primero) y el no-apoyo (al presupuesto después) de la Gestora ha servido para que al final se apruebe un presupuesto territorialmente regresivo, totalmente opuesto a las recomendaciones de los expertos sobre la financiación autonómica, e injusto, que por ejemplo recorta el gasto en la maltrecha educación e incumple flagrantemente los acuerdos en el Pacto de Investidura PP-Ciudadanos en aquellos aspectos sociales que pudieran parecerse en algo a los suscritos anteriormente por Sánchez y Rivera.

¿Para qué? Si el daño ya estaba hecho dentro del PSOE. Ya se había consumado el segundo enorme error simbólico del PSOE en pocos años. Tras el primero que fue la reforma del 135, con el que se le estaba diciendo a la gente que la socialdemocracia ya no tenía respuestas; en este segundo se le dijo a los votantes que había que resignarse a apoyar a una derecha que no había hecho más que recortar y estaba sumergida en numerosos casos de corrupción. De manera soberbia se dijo y repitió que con ello se iba a “gobernar desde el Parlamento” y se iba a “crujir” al Gobierno, ignorando las advertencias de expertos en derecho y política parlamentaria que señalaban, por activa y por pasiva, que las posibilidades anunciadas eran muy limitadas.

Pero ¿en qué cabeza cabe que eso iba a ser inocuo? Además de traer consigo políticas regresivas e injustas, el apoyo de la Gestora al PP ha provocado una consecuencia siniestra, pero esperable: el partido está literalmente dividido en dos. Uno puede querer echar la culpa a Podemos, como hace Javier Fernández, que en esa extraña pinza con el PP (PPodemos, usando el acrónimo del profesor Paul Kennedy) prefirió no gobernar con el PSOE y Ciudadanos para intentar arañar un puñado de votos más en las siguientes elecciones. Pero es difícil obviar la responsabilidad en esta situación de la torpe maniobra de “derrocamiento” (Fernández dixit) perpetrada contra un secretario general elegido por la militancia, y la falta de ideas y perspectiva para gestionar las consecuencias de su maniobra “chusquera” del 1 de octubre. Fruto de ello es la valoración negativa que la ciudadanía (y en particular los votantes socialistas) hacen de la labor del PSOE en la oposición, que se desploma a niveles nunca vistos.

Aunque la candidata alineada con el aparato llegara a ganar, los datos de distintos sondeos evidencian claramente que su apoyo entre los votantes socialistas es muy bajo, peor incluso que el que recibe Patxi López, claramente relegado por la militancia en el proceso de recogida de avales. Una victoria de Susana Díaz acreditaría una desconexión descomunal entre el segmento de la militancia ganadora, apostada en sedes y agrupaciones de un puñado de Comunidades Autónomas, y el electorado socialista y potencialmente recuperable, distribuido de manera bastante más equilibrada en el territorio.

Susana Díaz concentra buena parte de su apoyo en los grandes graneros tradicionales del voto socialista en el sur de España. El insignificante apoyo a Díaz en Cataluña (5% del censo) y País Vasco (2%) es testimonio de su escaso gancho, cuando no de abierta hostilidad, fuera de su espacio sociológico y territorial de confort, y síntoma de una inquietante brecha con nacionalidades cuya integración en el proyecto de Estado es uno de los mayores retos políticos que afrontamos. Los datos que tenemos nos dicen que los votantes actuales y potenciales del Partido Socialista fuera de los fortines de Susana Díaz presentan un perfil urbano, más joven y con mayor nivel educativo, cuyo voto responde a estímulos ideológicos, programáticos e incluso simbólicos que Díaz no parece poder llegar a encarnar.

La candidatura de Susana Díaz se ha negado a repensar el proyecto socialdemócrata que encarna el PSOE en un contexto cambiante. A diferencia de las otras dos candidaturas, que han elaborado sus propios documentos programáticos, Susana Díaz ha dado por buenas las ponencias preparadas en los últimos meses por la Gestora excluyendo de la reflexión y la deliberación a expertos y dirigentes del sector crítico, absteniéndose incluso de plantear matices e introducir propuestas complementarias. En sintonía con la negación de la crisis de la socialdemocracia que Zapatero teorizó hace dos meses –unos días antes del batacazo del PvDA holandés y unas semanas antes del hundimiento del PS francés– el proyecto oficialista aparenta ser poco más que una “patada hacia adelante”, liderada por una líder cuyos mensajes, como se señalaba recientemente en el magazine norteamericano de análisis Politico, se parecen más a las invocaciones de un gurú de autoayuda dedicado a intentar reflotar el ego maltrecho de cargos y militantes todavía noqueados y desubicados en el nuevo escenario político. 100% PSOE, mucho PSOE, pero aun así, menos PSOE que nunca.

Acaban de salir los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016. Con datos de ingresos de 2015, vuelve a constatarse que la desigualdad no se revierte en la nueva etapa de crecimiento económico. El coeficiente de Gini –que mide la desigualdad en una escala donde cero es el valor de una sociedad (imaginada) donde la desigualdad fuera mínima y 100 el de una sociedad donde fuera máxima– España se sitúa en 34,5, apenas una décima menos que el año anterior, a pesar de que 2015 fue un año de crecimiento económico (3,2 del PIB en 2015). En 2014 también había “descendido” una décima (con crecimiento de 0,7%). A este ritmo necesitaríamos más de dos décadas de crecimiento continuo para volver a los niveles de desigualdad de 2008, donde España ya se situaba en niveles medio altos de desigualdad en Europa.

Los seres humanos no toleramos fácilmente la desigualdad, y menos si entendemos que deriva de causas inmerecidas o es producto de la (mala) suerte. Un volumen ingente de literatura académica acredita esta aversión natural a la desigualdad. Numerosos estudios experimentales muestran que, bajo condiciones controladas en un laboratorio, individuos a los que se solicita dividir recursos entre un grupo de personas con las que no mantienen relación alguna previa, eligen repartos igualitarios. El sesgo es tan poderoso que, muchas veces, los sujetos prefieren incluso resultados igualitarios en los que todo el mundo gana menos que resultados en los que todo el mundo gana más pero es mayor la desigualdad entre los que más tienen y los que menos.

Estos experimentos resultan especialmente interesantes cuando se realizan con niños que apenas han sido socializados en normas y hábitos sociales. En un conocido estudio se invitaba a niños de seis a ocho años a repartir gomas de borrar de colores a dos niños (desconocidos) que habían ordenado su cuarto. Si se repartía un número impar de gomas, los niños responsables de la distribución insistían en que el experimentador lanzara la goma extra a la basura antes que distribuirla de manera desigual.

Evidentemente, los adultos –ya plenamente indoctrinados en saberes, normas y valores sociales– tendemos a tolerar desigualdades en situaciones reales, aunque en diferente grado en función de nuestra personalidad e inclinaciones ideológicas. Por lo general, creemos que algunos individuos merecen recompensas a su esfuerzo y otros “castigos” a su indolencia. Pensamos que estos incentivos y desincentivos inducen comportamientos virtuosos. Pero incluso así, no toleramos niveles de desigualdad elevados y estamos bastante bien predispuestos a corregirlos utilizando recursos colectivos extraídos a los más afortunados.

En general, los estudios basados en sondeos nos indican que los individuos prefieren vivir en sociedades más igualitarias que aquellas en las que viven, aunque no calibran adecuadamente el nivel de desigualdad que realmente existe. Tienden a infraestimarlo. Sorprendentemente, esta preferencia por mayor igualdad está presente incluso entre colectivos sociodemográficos que tenderíamos a pensar que prefieren el statu quo.

La inclinación al igualitarismo aparece perfilada claramente en muchas Teorías de la Justicia. En la que es posiblemente la teoría más conocida, John Rawls llega a la conclusión de que las desigualdades existentes solo son “perfectamente justas” si maximizan las expectativas de los que están peor (es decir, si maximizan el mínimo de un índice de ventaja). Cualquier distribución de recursos que no tiene en cuenta la suerte de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución es inaceptable porque sería rechazada por individuos situados tras un velo de ignorancia –un ingenioso ejercicio mental que permite a Rawls deducir preferencias acerca de la distribución de recursos a partir de una posición original en que los individuos ignorarían cualquier detalle sobre sí mismos: su lugar en la sociedad, su posición de clase o estatus social, ni tampoco sus habilidades naturales.

El igualitarismo también está en el centro de la agenda política de muchas corrientes políticas, y en especial de la izquierda, que históricamente ha mostrado una particular sensibilidad por quienes sufren privaciones y situaciones de subordinación derivadas de ellas. Ese vínculo entre la desigualdad y la dominación lo sintetiza bien una célebre frase de Alfonso Guerra, parafraseando a Voltaire en el Tratado de la Tolerancia: “Lo que persigue un buen socialista es que nadie sea tan rico como para poner a otro de rodillas ni nadie sea tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro”.

Es lo que pretende conseguir, por ejemplo, el Estado de Bienestar socialdemócrata a través de lo que los teóricos han llamado “desmercantilización”, que al convertir la provisión de ciertas transferencias y servicios públicos en un derecho social debilita la dependencia de las personas del mercado y los empodera frente a la explotación capitalista. La agenda institucional socialdemócrata contiene pues, ante todo, políticas centradas en la vulnerabilidad y la promoción de “capacidades para funcionar” que puedan corregir sus situaciones de desventaja.

Por todo ello, resulta tan ajena a la tradición socialista una frase que se está extendiendo, con distintas variantes personalizadas, entre muchos dirigentes del PSOE afines a Susana Díaz para justificar su abstención en octubre. A varios dirigentes les hemos escuchado repetir machacona y complacientemente “primero España, luego el PSOE, y después uno mismo”. En ese orden de prioridades se difumina hasta la desaparición el que ha sido el primer objetivo del socialismo democrático. Poner a España, en abstracto, por delante de cualquier consideración sobre los intereses de los más vulnerables supone afirmar un principio que el pensamiento igualitarista socialdemócrata ha tendido a negar: los “intereses comunes” no son necesariamente los intereses de los más débiles si no otorgan prioridad al bienestar de éstos últimos.

Zapatero tendió a olvidarlo durante su segunda legislatura. Aunque prometió una salida social a la crisis, hay muy poco a lo que agarrarse para confirmar que la ofreciera de manera efectiva. Los “intereses de España” terminaron prevaleciendo en el discurso y la obra. La reforma constitucional del artículo 135, por cosmética e inoperativa que en realidad pueda resultar, simboliza de manera palmaria esa inclinación a poner “España” por delante, relegando las necesidades de los españoles más vulnerables –prioridad que sí reconocería, en cambio, la propuesta de Pedro Sánchez de blindar el gasto social frente a los compromisos financieros de la deuda.

A la luz de los datos que tenemos sobre los efectos de la crisis desde el inicio –que evidenciaban el empobrecimiento de los más pobres en relación a los segmentos intermedios y altos– es dudoso que se estuvieran maximizando las expectativas de los débiles. Una crisis que se cebaba con los más débiles hubiera exigido una respuesta socialdemócrata que aliviara sobre todo la aflicción de los más desfavorecidos. Y esa respuesta no se produjo. Basta recordar que en un contexto de incremento acelerado de situaciones de privación –la carencia material severa pasó del 3,4% al 5,5% entre 2007 y 2011– el número de ejecuciones hipotecarias se triplicó ante la inoperancia gubernamental.

Lo que pasaba desapercibido o generaba indiferencia en la Moncloa, no lo hacía en la ciudadanía. Y el PSOE lo ha pagado muy caro, arrastrando la reputación de partido poco creíble en la lucha contra la desigualdad. Algunas de las mejores estampas de esa reputación derruida se han recogido magistralmente en los sondeos de la empresa My Word para el Observatorio de la Ser, dirigidos por la socióloga Belén Barreiro.

En noviembre de 2013, preguntados los entrevistados qué cuatro políticas o prioridades incluirían en un programa ideal de gobierno (entre cerca de una veintena), la respuesta más frecuente, con un 60%, fue “reducir las desigualdades y combatir la pobreza con políticas fiscales y políticas sociales”, muy por encima de otras prioridades. “Controlar la deuda y el déficit”, o “bajar impuestos”, era reclamado por un 29,3 y un 29,2% respectivamente. Entre los votantes socialistas, las preferencias por reducir la desigualdad y combatir la pobreza subían todavía más, al 73,8%.

El PSOE no había sabido dar respuesta a las preferencias de la ciudadanía, y sus votantes se lo hacían pagar. Un 25,6% de los socialistas que votaron PSOE en 2011 se mostraban de acuerdo con la frase: “El PSOE ya no representa a la clase trabajadora, ni a las clases medias; defiende sobre todo los intereses de las clases altas y de las elites”.

Dos años más tarde, otro sondeo de My Word administrado en marzo de 2015 evidencia la pervivencia de estas actitudes. Preguntados los entrevistados “cómo de comprometidos (creían) que cada uno de los partidos esta(ba) con la lucha contra la desigualdad y la pobreza”, la ciudadanía situaba a Podemos muy por delante del PSOE. El 40,8% de los votantes creía que Podemos estaba muy o bastante comprometido. Solo el 9,9% creía que lo estaba el PSOE. Para mayor escarnio del PSOE, el 26,6% de los votantes del PSOE creían que su partido estaba muy o bastante comprometido, pero un porcentaje sustancialmente mayor de los votantes socialistas (59,6%) otorgaban a Podemos ese grado de compromiso.

Dicho de otro modo, la pérdida de credibilidad del PSOE es, seguramente en buena medida, una pérdida de confianza en el compromiso del partido en un asunto que interesa sobremanera a sus clientelas electorales, reales y potenciales. Pensar que puede recuperarse esa confianza apelando de nuevo a argumentos de interés general sin una fuerte apuesta por la justicia social parece un ejercicio de ingenuidad que el PSOE, a estas alturas, no puede permitirse. Ni debe si, en nombre de un sentido más amplio del interés social, aspira a preservar las opciones de una fuerza socialdemócrata consecuente con sus ideales como contrapeso a la solidez granítica del suelo electoral del Partido Popular.

Los contenidos de este artículo han sido comentados con Borja Barragé y Laura Fernández, a quienes agradezco sus generosas aportaciones

Hablar de infancia está de moda. También en el discurso político. Es políticamente cool comprometerse a ayudar a los niños desfavorecidos, reclamar que se construyan escuelas infantiles, o mostrar una firme determinación a ampliar los presupuestos en educación porque, ya sabemos, nos estamos jugando el futuro y tal. Gusta citar estudios anglosajones que avalan los efectos beneficiosos de las intervenciones públicas que se realizan en la etapa infantil para corregir desventajas sociales que violan la igualdad de oportunidades en la vida. Acredita que se lee inglés, se está al corriente de lo que se debate en el mundo, y uno se adhiere a la política basada en evidencias, no como otros… Hablar de infancia es, para quienes se comportan de este modo, lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba una estrategia para exhibir “distinción”.

Pero me temo que las modas dan poco más de sí. Hace dos años escribí un artículo en Agenda Pública en que mostraba –apoyándome fundamentalmente en fuentes secundarias– cómo los programas destinados a la infancia habían sido grandes paganos de las políticas de consolidación presupuestaria. Durante la crisis, las partidas que las Administraciones Públicas gastaban en infancia habían perdido peso relativo en el conjunto del gasto social que realizaban tanto las Comunidades Autónomas como el Estado Central. Eso no ha ocurrido con todos los programas sociales, ni con la misma intensidad.

Hace dos semanas se dio a conocer el acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre los presupuestos de 2017. La prensa y los propios negociadores desgranaron partidas sociales que se incrementarán, hasta llegar a 2.000 millones adicionales. Albert Rivera lo ha calificado como un “giro social y económico” que, gracias a Ciudadanos, pone fin a la austeridad. Luis Garicano se refiere al acuerdo como el hito que hará posible que el crecimiento llegue a todo el mundo. Loables propósitos, que parecen ignorar interesadamente que el PP había anunciado ya antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que iba a incrementar el gasto social en (precisamente) 2.000 millones. Lo terminaron llamando la Ruta Social.

En el relato que realizan los representantes de Ciudadanos aparecen algunas lagunas y muchos puntos oscuros. El primero y fundamental es qué ha ocurrido con el Pacto firmado con el PP hace solo siete meses, los llamados 150 compromisos para mejorar España. En ese Pacto aparecía una clarificadora tabla en el Anexo, donde se desgranaban con detalle dotaciones presupuestarias para distintos programas de gasto, acompañadas de los ingresos que permitirían financiarlas. Se trataba de un ejercicio de transparencia encomiable, que facilita la rendición de cuentas.

Y la rendición de cuentas en el proyecto de presupuesto de 2017 arroja un resultado que, en el terreno social, resulta devastador. La partida que se acerca más a la anunciada en agosto es la que corresponde a los recursos destinados a políticas de activación. En el acuerdo de investidura se anunciaba un Programa de Activación para el Empleo (PAE PLUS) de 500 millones, y en los presupuestos hay un incremento de 284 millones dedicados a Fomento de Empleo. De este incremento, buena parte se va a convertir en reducción de cotizaciones a bonificaciones a la contratación (a pesar de la evidencia, muy abundante, de que sirven de bien poco). Las partidas de créditos destinados a orientación profesional y agencias de colocación experimentan un incremento de 65 millones para potenciar la atención personalizada a desempleados de larga duración. También, 66 millones adicionales van destinados a créditos para actuaciones de carácter formativo.

Hasta ahí existe alguna correspondencia entre lo suscrito en agosto y las dotaciones presupuestarias, y empiezan grandes desajustes. El Complemento Salarial Garantizado, al que asignaron 1.300 millones en agosto –7.000 originariamente en el programa electoral de Ciudadanos–, se queda en 500 millones.

Más demoledora si cabe es la rebaja sustancial de las partidas dedicadas a infancia respecto a los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura. Todos los capítulos (y son varios) que en el acuerdo comprometían gasto adicional para niños o familias con niños experimentan recortes mayúsculos. La partida extra destinada a luchar contra la pobreza infantil (lo que en el acuerdo se llamaba Plan Infancia) pasa de 1.000 a 340 millones, una rebaja del 65%. En esos 340 millones ahora comprometidos se incluye un programa de “ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil” de 102 millones (programa FEAD) y 140 millones para un programa de reasentamiento y reubicación de refugiados.

Como denuncia Save the Children, solo 100 millones están destinados explícitamente a la lucha contra la pobreza infantil. Esos 100 millones sólo suponen un aumento de 25 millones  dirigidos a la pobreza infantil respecto a la prórroga de los PGE 2016.

La nueva partida asignada a permisos parentales pasa de 400 a 230 (lo que supone un descenso del 44% respecto a lo anunciado). El gasto en libros de texto gratuitos anunciado en agosto en 350 millones de euros se queda en 50 millones (-85%), de los que 25 son adicionales a los existentes. El plan de refuerzo educativo (Plan Prefe en agosto) tiene asignados 30 millones, en lugar de los 60 comprometidos en el acuerdo de investidura (-50%).  En el nuevo acuerdo ya no se menciona la inversión en Educación de 0-3 años, que en agosto se cifraba en 300 millones, y constituía una de las iniciativas estrella del programa educativo de Ciudadanos.

En total, el proyecto de presupuestos destina a familias/niños –siendo generosos y admitiendo que en este capítulo caben las partidas que van a refugiados o programas alimentarios– 1.400 millones menos que los que se firmaron hace apenas siete meses. Nada invita a pensar que las necesidades que detectaron entonces y motivaron las propuestas (altas tasas de pobreza infantil, niveles bajos de escolarización 0-3 en familias desfavorecidas, infradotación de programas de refuerzo educativo que habían acreditado impactos positivos, permisos parentales demasiado cortos) hayan remitido, y las partidas ya resulten superfluas.

Es de lamentar, pues, el reajuste de las prioridades presupuestarias de Ciudadanos, e irritante el triunfalismo con que se anuncian. Ciudadanos contaba con un buen programa en lo que se refiere a atención a infancia, y en diversas declaraciones públicas sus dirigentes parecían haber comprendido la importancia de los compromisos en este campo. Así lo evidenciaron suscribiendo un acuerdo en febrero de 2016 con el PSOE de Pedro Sánchez en que unos y otros parecían coincidir en otorgar un peso relativo elevado a la inversión en familia e infancia (a través del Ingreso Mínimo Vital, la extensión de los permisos parentales o la expansión de la escuela infantil).

Los negociadores de Ciudadanos continuaron apostando por la infancia en el acuerdo de investidura con el PP de agosto de 2016, aunque rebajaran sustancialmente las ambiciones. Su débil posición negociadora podía justificar en parte esa escasa determinación a defender sus postulados programáticos originales. De ahí, el jarro de agua fría que supone el acuerdo presupuestario firmado ahora.

Mucho se ha dicho sobre la importancia de la inversión en familia e infancia. Quizás es innecesario abundar en ello. Sobran argumentos, sobran evidencias a favor, sobran declaraciones solemnes y compromisos programáticos. En lo que parece necesario poner el foco es en la vulnerabilidad de las demandas a favor de la infancia. Cuando entran a competir con otras demandas y reivindicaciones para obtener asignaciones presupuestarias, tienen todas las de perder. Los políticos parecen convencidos de que basta exhibir preocupación y sensibilidad por el tema (bueno, el PP generalmente ni siquiera eso). Consideran que, o bien no es gasto tan prioritario, o bien sus bases de apoyo no les van a recompensar por este tipo de compromisos ni castigar si no cumplen sus promesas.

El reto que tenemos quienes creemos que la infancia no debe ser el eslabón débil de cualquier proceso de negociación presupuestaria es, pues, doble. Debemos insistir en la importancia de la inversión en infancia, brindando de la manera más efectiva argumentos y evidencias. Pero es necesario ir más allá. Hay que construir coaliciones de apoyo amplias hacia esas políticas, que se muestren dispuestas a reprobar y castigar a políticos que se sientan tentados a relegar las políticas de infancia en sus compromisos presupuestarios.

Al mismo vagón pueden subirse izquierdistas y progresistas de todo pelaje preocupados por la justicia social y la cohesión, liberales contrarios al privilegio y partidarios de la igualdad real de oportunidades, feministas comprometidas en hacer real la conciliación de vida laboral, familiar y personal, incluso conservadores que ven amenazada la estabilidad social a causa de la generalización de problemas sociales que germinan en la infancia y la adolescencia. La causa lo merece, y lo necesita.

Había ocurrido en Grecia e Irlanda, y llegó el turno de Holanda. El partido socialdemócrata holandés, el PvdA, ha obtenido unos resultados electorales desastrosos, pasando de 38 a 9 escaños (del 24,8 al 5,7% de los votos). Estas cifras lo llevan al séptimo lugar en el escenario parlamentario holandés.

A falta de análisis más pormenorizados de las causas de esta debacle, el PvdA parece haber pagado cara su colaboración con el partido de conservador-liberal de Rutte en el gobierno. Aparentemente el electorado ha castigado su complicidad con medidas de austeridad en ámbitos sensibles de política social (recortes en sanidad y asistencia a personas dependientes), la falta de respuestas frente a necesidades acuciantes de la población (como la crisis de accesibilidad a la vivienda) o las elevadas tasas de precariedad laboral (a pesar del bajo desempleo).

En las primeras desagregaciones de voto puede observarse cómo la base de apoyo se debilita extraordinariamente, convirtiendo al partido socialdemócrata en una opción ideológica que solo recibe apoyos significativos en segmentos de la población de edad avanzada. Se advierte también que los flujos de salida de voto se producen principalmente en beneficio de partidos situados a la izquierda. Según la estimación de IPSOS, los verdes de izquierda (GL) se han hecho con 6,5 escaños entre votantes que anteriormente había votado al PvdA, mientras 4 se van al SP (el llamado Partido Socialista en Holanda, un partido minoritario que ha agrupado tradicionalmente el voto más izquierdista).

Pero el PvdA ha sufrido también pérdidas de voto hacia la abstención y la derecha. Casi cinco escaños perdidos son atribuibles a que antiguos votantes socialdemócratas no han ido a votar. Los mismos hay que imputarlos a la huida de votantes al D66, un partido de corte socioliberal. Dos escaños son el resultado del flujo hacia el VVD de Rutte, y dos hacia la extrema derecha de Wilders. Dicho de otro modo, la asociación de los socialdemócratas con los liberal-conservadores en el gobierno ni siquiera tapona una fuga significativa de votantes moderados hacia opciones de centro-derecha y derecha. En la tesitura de votar a un partido socialdemócrata desnaturalizado que hace extraños equilibrismos para retener electorado a ambos lados del espectro ideológico u optar por una alternativa socioliberal o conservadora con un mensaje consistente, la lealtad de los votantes moderados está siendo muy baja.

El dramático descenso del PVdA es el último episodio de una cascada de resultados negativos de las opciones de centroizquierda en los países de la zona Euro. El primer gran derrumbe electoral es la por todos conocida como Pasokización, que llevó al Partido socialista griego a la marginalidad parlamentaria tras aplicar con todo rigor los ajustes que venían dictados desde Bruselas. La segunda gran debacle fue la del partido laborista irlandés, castigado tras gobernar en coalición con los conservadores de Fine Gael, corresponsabilizándose de los recortes impuestos tras la intervención de la Troika.

Son tres casos excepcionales, donde el apoyo a los partidos socialdemócratas se ha desplomado a niveles insólitos. Pero en toda Europa (con alguna excepción llamativa, como la portuguesa, donde el Partido Socialista ha pactado con fuerzas situadas a su izquierda), la crisis de la socialdemocracia –esa que relativizaba Zapatero el día antes de las elecciones holandesas– se ha profundizado. Y los responsables son, a estas alturas, ya claramente identificables.

Es una desfachatez intelectual acusar a los candidatos radicales que hoy lideran algunos de partidos socialdemócratas de conducirles al fracaso. Es posible que Corbyn y Hamon lleven a los laboristas británicos y los socialistas franceses a sonadas derrotas electorales en próximas convocatorias electorales, pero con todos los errores que puedan haber cometido, ambos heredaron partidos en el punto más bajo de su trayectoria electoral reciente. En estos dos casos, el fracaso sería indesligable de la actuación de sus partidos en el gobierno (Blair y Brown en el Reino Unido, Hollande en Francia), y su coqueteo con las políticas públicas de Tercera Vía, una amalgama de intervenciones que, con independencia del valor de algunas de sus propuestas, ha tensionado la relación de los dirigentes con sus militantes, ha fracturado sus bases de apoyo electorales, y amenaza la cohesión interna de los partidos.

En la crisis social que hemos atravesado en la última década y cuyos coletazos todavía sufrimos, la socialdemocracia ha sido reemplazada como agente de representación al que amplias capas de la población otorgaban su confianza para resolver sus problemas (a veces con orgullo, otros por lealtad). Cansados de protestar (de votar a regañadientes, o como se ha dicho muchas veces en España, con “la nariz tapada”), los votantes socialdemócratas han optado por la “salida”. Esta salida ha fragmentado el sistema partidista, dificultando la gobernabilidad.

Urge pues que los partidos socialdemócratas recuperen fuelle renunciando al recetario que les ha llevado al fracaso y ofrezcan a los electores las respuestas que no han encontrado en los momentos en que éstos han necesitado más del apoyo del Estado, especialmente a colectivos más castigados por la austeridad y que han suspendido su tradicional identificación con la socialdemocracia, como son los jóvenes.

No es de recibo que a estas alturas se pueda cuestionar que la coalición o las relaciones demasiado amistosas con partidos hegemónicos de derechas, y la complicidad con el despliegue de su programa ideológico, se paga cara. En Grecia, Irlanda y Holanda, las alianzas con la derecha han acarreado resultados desastrosos. En Alemania, donde gobierna una Gran Coalición entre conservadores y socialdemócratas desde 2013 (y antes lo hizo entre 2005 y 2009), la travesía por el desierto ha sido extremadamente larga, y solo parece que puede ser revertida ahora con un candidato –Schulz– que, desde la credibilidad ganada a pulso en Europa, promete revertir radicalmente la agenda socioliberal de Schroeder.

La crisis de la socialdemocracia no es de ideas, sino de estrategia. Pocas veces había sido la socialdemocracia un semillero tan fértil de propuestas. Pero, como señala el documento Por una Nueva Socialdemocracia –el Documento Marco del proyecto de la candidatura de Pedro Sánchez– este afloramiento de ideas no ha sido, muchas veces, orientado por un sentido de dirección y una noción clara de prioridades que permita situar, sin ambigüedades, a la socialdemocracia en contraposición a otros proyectos políticos, y en particular frente a las soluciones neoliberales y conservadoras.

Los hechos –expresados en secuencia cruel de resultados electorales– están dando la razón al diagnóstico que se hace en el documento: “Ante la ofensiva ideológica neoliberal y las regresiones sociales que la acompañaron, la socialdemocracia y las fuerzas progresistas no fueron capaces de atajar sus consecuencias sociales y laborales, convirtiéndose poco a poco en referentes políticos desdibujados y carentes del impulso político y electoral necesario”.

Es imperioso y urgente que la socialdemocracia se reposicione estratégicamente. Ante la dificultad que están mostrando los aparatos de los partidos socialdemócratas para cobrar consciencia de esta necesidad, la militancia del PSOE tiene en las primarias de mayo la oportunidad de señalar claramente el camino, enmendando a sus líderes más provectos y a las candidaturas que apadrinan. Es la hora de la militancia, la hora de sacar a esa clase dirigente de la campana en que viven instalados, desde la que están arrastrando al PSOE a un callejón sin salida.

Hemos dejado la crisis atrás. No se empeñen en negarlo. Los síntomas de recuperación son apabullantes: crece el empleo, sube el precio de la vivienda, e incluso se descontrola la inflación. Cualquier día de estos veremos abrir una nueva oficina inmobiliaria en el vecindario o nos llamará un banco para ofrecernos un préstamo. La crisis forma parte del pasado, un pasado doloroso, pero finiquitado. No le den más vueltas. Si siguen revolcándose en los recuerdos de un drama ya superado, van a empezar a mandar señales preocupantes.

Lo que no forma parte del pasado son problemas sociales estructurales que nos acompañan desde mucho antes de que estallara la crisis y las secuelas que esta ha producido, que van por barrios. Visibles son las cicatrices de quienes sufrieron más, que no fuimos todos, ni la gente, ni las mayorías sociales, ni siquiera las clases medias, por mucho que haya quienes quiera describirnos interesadamente la crisis como una experiencia colectiva, trasversal, de la que solo logró librarse un grupo reducido de villanos atrincherados en inasequibles refugios del privilegio.

No salimos de la crisis igual que entramos. Salimos con un mercado de trabajo más precario y con un Estado de bienestar más frágil, no tanto por los recortes (que haberlos, los ha habido sin duda, pero no siempre tan dramáticos como algunos nos señalan), sino porque la etapa de crisis representó una cuasi-década perdida para las políticas públicas. Durante ocho años no hicimos los deberes para adaptarnos a nuevos desafíos. Y lo poco que se hizo acentuó desequilibrios y fenómenos de injusticia social.

No abordamos los problemas de precariedad del mercado de trabajo que ya antes de la crisis trastocaban las trayectorias vitales de los jóvenes, imponiéndoles esperas insólitas en su proceso de transición a la vida adulta, condicionando sus proyectos sentimentales y familiares. La crisis quebró un pacto intergeneracional por el que se invitaba a los jóvenes a demorar expectativas: “Cuando seas padre comerás huevos”. De repente, los jóvenes perdieron la esperanza de vivir el tipo de vida que las generaciones anteriores les habían enseñado a valorar y vieron inalcanzables los fines que sus padres les habían empujado a perseguir: un empleo estable, una vivienda en propiedad, una posición sólida en la clase media tras invertir mucho en estudios de grado y posgrado… Después de la crisis, nadie les devolverá el tiempo perdido.

Volverán a tener empleo, probablemente llegarán incluso a tener una ocupación estable, se emanciparán si no lo han hecho ya. Pero nadie compensará las experiencias de ansiedad, frustración e incertidumbre provocadas por la falta de empleo y perspectivas laborales durante tantos años consecutivos. Nadie compensará que no pudieran coger el tren varias veces en que quisieron irse de casa a vivir solos o con su pareja. La mayoría no llegaran a tener los hijos que planeaban tener. Durante ocho años sus historiales de cotización presentan enormes lagunas, no han acumulado recursos ni patrimonio, y por ende, la reforma de las pensiones (en diferido) cargará sobre sus espaldas castigadas los ajustes que los gobiernos no se atrevieron a hacer hoy para garantizar pensiones dignas mañana. Las pensiones de quienes hoy son jóvenes.

Durante ocho años aplazamos reformas necesarias. Pero seguramente las más importantes no fueran aquellas de las que más se habla en seminarios y desayunos informativos de políticos, banqueros y los académicos que más brillan bajo los focos. Poco se habló durante la crisis del terremoto sociológico que ha supuesto en las últimas décadas la transformación de la vida de las mujeres. De lo que el sociólogo Gosta Esping Andersen llama “Revolución Incompleta”. Entre 1996 y 2016 el volumen de mujeres en el mercado de trabajo se ha incrementado en 5 millones (frente a algo menos de 2 millones de varones). La inmensa mayoría ha venido para quedarse. Su nivel educativo, sus estilos de vida y sus aspiraciones poco tienen que ver con el de sus madres. Tener empleo y autonomía económica es, para ellas, tanto o más importante que tener una familia.

El cambio ha sido vertiginoso y de una trascendencia inusitada. Se trata de un nuevo marco que impone nuevas dinámicas de convivencia y estilos de vida, sobretodo entre jóvenes, no exentos de problemas y contradicciones. En los últimos años se ha hecho más evidente el desacoplamiento entre los ritmos de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, por un lado, y las pautas de redistribución del trabajo doméstico y de cuidados por otro. Incluso en las condiciones aparentemente más favorables a la corresponsabilidad, cuando la mujer tiene ingresos propios o es la proveedora principal del hogar, el trabajo doméstico masculino suele ser habitualmente complementario al que realizan ellas.

En estas condiciones, se hace más evidente el desajuste entre las necesidades de las nuevas familias y las tradicionales lagunas de nuestro Estado de bienestar en el ámbito del cuidado de niños y personas dependientes, las deficientes políticas de flexibilidad horaria de las empresas, o la falta de armonización de horarios de trabajo y escolares. Los años de crisis representaron años de estancamiento, donde las estructuras públicas y del tejido empresarial, tras una etapa pre-crisis que había invitado a cierto optimismo, renunciaron a adaptarse a la nueva situación, desatendiendo problemas familiares acuciantes. Esos problemas siguen ahí, relegados en la trastienda del hogar, gestionados con enorme dificultad dentro de los grupos familiares, generalmente por mujeres que sobrellevan tortuosamente “dobles jornadas”.

Un tercer colectivo para el que la crisis pasó, pero los problemas no, son los niños. El excelente informe Desheredados, de Save the Children, dibuja con suma nitidez una realidad sangrante, que la crisis ha contribuido a agravar, pero que a grandes rasgos ya nos acompañaba en época de bonanza: elevadas tasas de riesgo de pobreza infantil y carestía, graves problemas de desigualdad socioeconómica en la infancia, riesgos de exclusión educativa y sanitaria derivados de esas desventajas, etc. El impacto económico de la crisis ha sido especialmente duro en las familias más desfavorecidas con niños, mucho más que en otro tipo de hogares.

La crisis ha servido para que por primera vez prestemos algo de atención a la anómala situación de las familias con niños en nuestro país. Pero ese interés está remitiendo. Los partidos que mostraron cierta voluntad de corregir este problema con políticas específicas comienzan a flaquear en la determinación que parecieron exhibir durante la campaña electoral, y las demandas de otros colectivos más “ruidosos” están encaramándose de nuevo a las posiciones de preeminencia que siempre han ostentado.

Evidentemente la larga lista de grandes castigados por la crisis no acaba aquí. Sería una injusticia no nombrar a los inmigrantes que llegaron a España hace años con la esperanza de forjarse un futuro, y que muchas veces se vieron expuestos al azote más cruento de la crisis (muchos de ellos por ser jóvenes, mujeres o niños), privados de redes suficientes para asistirlos o sacarlos del atolladero, excluidos del acceso a prestaciones contributivas (por carecer de los historiales de cotización necesarios), o formalmente expulsados del sistema sanitario si carecían de permiso de residencia.

Tampoco puede dejar de mencionarse a los dependientes que esperaron infructuosamente la atención de los servicios sociales, o una plaza en una residencia pública; o a los enfermos que, por no beneficiarse del acceso especial a medicamentos dispensado a algunos colectivos, tuvieron problemas para afrontar los copagos. O a los parados de edad avanzada que vieron bloqueada definitivamente cualquier perspectiva de reincorporación al mercado laboral.

Pero dejen que hoy este artículo lo dedique a jóvenes, mujeres y niños que, como todos, han dejado de estar en crisis, pero para quienes lo malo de una crisis que se acabó sigue y seguirá presente, con mayor o menor virulencia, cotidianamente en sus vidas.

El PSOE tiene un gran reto por delante, y seguramente cuenta con muchos activos para salir del estado de postración en que se halla y volver a ser un partido que pueda tener opciones a gobernar el Estado. Pero es difícil que lo consiga si no asume con realismo las consecuencias de sus actuaciones y aprende de ellas

El ejercicio de la oposición es una de las principales funciones que se desarrollan en un sistema democrático. De la calidad de este trabajo depende, en buena medida, que los gobiernos rindan cuentas de sus actividades y los votantes dispongan de la información necesaria para tomar la decisión de premiar o castigar a los gobiernos. El ejercicio de la oposición es también una oportunidad para que un partido político presente a la ciudadanía credenciales para hacerse merecedor de la confianza del electorado y, gracias a ello, pueda incrementar su apoyo en las siguientes elecciones. Al igual que los gobiernos, los partidos de la oposición aspiran a que sus buenas obras adquieran visibilidad, y puedan ser evaluadas y recompensadas por el electorado. La oposición oposita.

En los últimos meses, el PSOE se ha enfrentado a un doble dilema. Ante la supuesta imposibilidad de reunir en el parlamento una coalición de apoyo suficiente para gobernar, se abrían dos opciones de oposición: el NOesNO y una “oposición cooperativa”. El NOesNO era una opción arriesgada porque segmentos importantes del electorado, y sobre todo importantes intereses empresariales y mediáticos, reclamaban al PSOE la abstención inmediata para no prolongar la situación de interinidad que se vivía con el gobierno en funciones.

Finalmente el Comité Federal sucumbió a esas presiones, a pesar de que algunas encuestas sugerían que la abstención no era la opción preferida del electorado socialista y que la mayoría de la ciudadanía prefería un gobierno alternativo.

La oposición cooperativa implicaba, en principio, conceder a Rajoy la investidura, para posteriormente “gobernar desde el parlamento”, aprovechando la minoría parlamentaria del gobierno. Se trataba de producir una combinación indeterminada de políticas derivadas de negociaciones entre el PP y el PSOE (a las que se podría sumar Ciudadanos, aunque no era estrictamente necesario para la matemática parlamentaria) y políticas que serían resultado de la negociación del PSOE con otros grupos para imponer al PP legislación contraria a sus preferencias (en materia educativa, laboral, seguridad ciudadana, etc...).

En un determinado momento, pareció que en el menú combinado de procesos de negociación en doble dirección íbamos a encontrar grandes dosis de acuerdos entre grupos de la oposición para revertir la obra del gobierno popular y pequeñas dosis de cooperación bipartidista. Algunos líderes socialistas anunciaron a bombo y platillo que iban a “crujir” a Rajoy con objeto de destruir su obra de gobierno en la anterior legislatura. Pero, en realidad, la configuración institucional y las dinámicas de competición partidista imponen grandes constreñimientos a esta estrategia, como se han encargado de apuntar distintos expertos.

Ante esta evidencia el PSOE se ha visto abocado a dar prioridad a negociar “constructivamente” con el PP para sacar adelante medidas, con la esperanza de que el electorado sabrá reconocer su intervención para traer esas mejoras (subida del Salario Mínimo Interprofesional, bono social eléctrico...) y, llegado el momento, optará por recompensarlos electoralmente por ello.

Pero se ha visto arrastrado también a alinearse junto al Partido Popular en otras circunstancias en que su posición ha sido más difícil de explicar (decreto sobre cláusulas suelo, el rechazo inicial a la comisión de investigación sobre el rescate bancario, el posible apoyo del PSOE al candidato del PP, Andrés Ollero, para presidir el Tribunal Constitucional...), emborronando sus opciones de salir airoso de su nueva estrategia cooperativa.

En este contexto, en el PSOE se han aprestado a anunciar que la estrategia cooperativa funciona. Les ha bastado comprobar que en la estimación de voto que hacía el CIS del barómetro de enero el PSOE subía 1,6 puntos respecto a la estimación del barómetro de octubre. Cabezas muy bien amuebladas del PSOE, con largas trayectorias en el mundo de la economía o de la sociología, no han reparado ni un segundo en dar credibilidad y relevancia a ese incremento (sin preguntarse si era superior al error muestral) y atribuirlo inequívocamente al ejercicio de oposición de la Gestora, descartando hipótesis alternativas.

Es posible que exigir a un partido algo más de rigor en su labor propagandística es ponerle el listón demasiado alto en esta época de postverdades a tutiplén. La Gestora no hace nada que no hayan hecho otros dirigentes en el PSOE y otros partidos. Pero no por ello debemos ahorrarles un saludable ejercicio de escrutinio para ayudar a contener y, en lo posible, reconducir estas derivas. ¿Hay razones para pensar que el PSOE se está beneficiando de sus nuevas estrategias de oposición? A tenor de los datos, no se me ocurren.

Desde el final del gobierno de Zapatero, la valoración que la ciudadanía realiza de la labor de oposición del PSOE al gobierno del PP es muy mala. En el gráfico 1 se muestran las diferencias entre valoraciones positivas y negativas en distintos momentos en el tiempo. En todas las etapas (salvo la de Zapatero) las valoraciones negativas predominan claramente sobre las positivas. Con Rubalcaba, más del 70% de los ciudadanos llegaron a valorar mal (“mal” o “muy mal” en las encuestas del CIS) la labor de oposición del PSOE. Menos del 5% la valoraban positivamente (“bien” o “muy bien”).  

La llegada de Sánchez a la Secretaría General contribuyó a reducir sensiblemente la magnitud de las valoraciones negativas, pero el nuevo CIS de enero certifica un cambio de tendencia. El electorado, en general, no parece especialmente predispuesto a reconocer lo que algunos responsables socialistas gustan en llamar ejercicio “útil” de oposición que realiza actualmente el PSOE. Las valoraciones negativas aumentan en enero, y las positivas descienden, provocando que las diferencias entre unas y otras se acrecienten.

Gráfico 1. Diferencia entre el porcentaje de valoraciones positivas (buena y muy buena) y negativas (mala y muy mala).

Esta tendencia sería menos preocupante para el PSOE si al menos sus votantes convalidaran la estrategia del partido. Pero volvemos a encontrarnos una pauta similar. Los votantes del PSOE han mostrado un grado muy alto de desafección hacia la labor de oposición del PSOE en los últimos años, pero esta valoración es especialmente negativa en las etapas de Rubalcaba y se deteriora de nuevo de manera inquietante con la gestora de Javier Fernández.

Respecto a octubre de 2015, última vez en que el CIS pregunta en sus barómetros por la valoración de la labor de la oposición, se ha producido una caída significativa de los votantes socialistas que la valoran bien, de 19% a 9,6%, y un incremento de los que la valoran mal, de 28,4% a 34,2 %.

Gráfico 2. Valoración de la labor de oposición al Gobierno central que realiza el PSOE, por  votantes del PSOE.

El deterioro de la valoración de la labor de la oposición coincide con la derechización de la imagen del PSOE. Los votantes perciben al PSOE como un partido que se está escorando rápidamente hacia posiciones de centro. Así, en la escala ideológica, donde 1 corresponde a extrema izquierda y 10 a extrema derecha, los ciudadanos colocan al PSOE en enero en el valor 4,74, lejos del 4,46 en que colocaban al partido en el último barómetro de octubre 2016, del 4,07 en que colocaban al PSOE Zapatero cuando llegó al gobierno en 2004 o del 3,8 en que ubicaban al PSOE de Felipe González en su primera legislatura.

La estrategia cooperativa está reforzando claramente el perfil centrista del partido, lo que se evidencia, por otra parte en el hecho de que el presidente de la Gestora haya acabado siendo mejor valorado por los votantes de centro y de derechas que por los votantes de izquierda, como hace unos días evidenciaba perspicazmente un análisis de Lluis Orriols.

El PSOE tiene un gran reto por delante, y seguramente cuenta con muchos activos para salir del estado de postración en que se halla y volver a ser un partido que pueda tener opciones a gobernar el Estado. Pero es difícil que lo consiga si no asume con realismo las consecuencias de sus actuaciones y aprende de ellas, tomando en consideración los datos tal como llegan, con sus luces y con sus sombras. Anunciar brotes verdes antes de tiempo es un ejercicio que, vistos los precedentes, debería haber aprendido ya a evitar.

Hace unos meses, en una insólita entrevista con Jordi Évole, Pedro Sánchez confesaba errores. Sus declaraciones, criticadas a diestro y siniestro, parecieron convencer a algunos dirigentes y militantes hasta entonces afines a Sánchez de que no era el líder que el PSOE necesitaba. Quizás así esparció las semillas de las que brotaría la candidatura de Patxi López. En la entrevista, Sánchez aparentemente se situaba en las coordenadas que habían servido para justificar a algunos su defenestración, mostrando una cercanía política sin precedentes a planteamientos de Podemos y haciendo una lectura más atrevida sobre la cuestión territorial que la que había hecho hasta entonces. Como aderezo, ofreció un suculento relato de las presiones recibidas por un medio de comunicación para abstenerse en la investidura de Rajoy, que hizo las delicias de los militantes y dirigentes podemitas más aficionados a las maquinaciones de la casta.

Lo que a ojos de muchos se interpretó como una torpeza, quizás deba verse a la postre como una inteligente maniobra para afianzar una imagen de rebeldía que sintoniza muy bien con los anhelos de buena parte de la militancia del PSOE y, como se confirmó la semana pasada en Francia y antes en Gran Bretaña y Portugal, con el sentir de un segmento amplio de votantes progresistas en Europa. Por lo que parece, Sánchez ha encontrado aliados en políticos con indisimulado perfil izquierdista –como Josep Borrell u Odón Elorza– y en corrientes internas –como Izquierda Socialista– que habían competido contra él anteriormente en las primarias socialistas, considerándolo el candidato del aparato.

Por muy muerto que un sector de los medios quiera dar a Pedro Sánchez y aunque las huestes de su principal rival tienen mayor poder orgánico y posibilidades de desplegarlo para arrastrar votos en las primarias, no parece que los adversarios de Sánchez se sientan tranquilos. Es difícil interpretar las declaraciones extemporáneas de González, Vara, Lambán o Juan Cornejo contra Sánchez en las últimas semanas de otra forma que no sea como expresión de desasosiego ante la eventualidad de que Sánchez sea un muerto bien vivo.

En este contexto, una nueva estrategia para deslegitimar a Sánchez es presentarlo como un oportunista que adopta de manera impostada una identidad que le es ajena. En un reciente artículo de Rubén Amón en El País, por ejemplo, se recuerda una famosa foto de Sánchez con Renzi y Valls en Roma en septiembre de 2014, sugiriendo que su verdadera cara ideológica tiene que ver con ese retrato de camaradería. Parece poco más que una maniobra bastante burda, que ignora otras fotos y otras escenas mucho más recientes, como la visita a Antonio Costa tras las elecciones del 20-D para conocer la experiencia de acuerdos entre el Partido Socialista portugués y sus socios radicales de izquierda. Pero invita a ahondar en la figura de quien fuera secretario general del PSOE.

¿Quién es Pedro? Nunca es fácil conocer a ciencia cierta la identidad ideológica de un líder político de corta trayectoria y que no ha gobernado y, por tanto, no ha acompañado sus palabras con hechos (decisiones de política pública). Pero si atendemos a las palabras, Sánchez seguramente no es Corbyn, ni siquiera Hamon, pero por sensibilidad e ideología, también parece bastante evidente que siempre ha estado muy lejos de Valls o Renzi. Sánchez no ha mostrado nunca las veleidades pro-business de Valls, ni su querencia por el Blairismo. Tampoco parece haberse sentido tentado por la flexiseguridad que perseguía Renzi.

Basta con repasar los artículos de Sánchez en El País y El Mundo, sus desayunos informativos o las distintas entrevistas concedidas en medios, para concluir que Sánchez es un socialdemócrata cauteloso, dispuesto a “modernizar” el programa del PSOE, pero sin renunciar a los objetivos tradicionales y buena parte de los instrumentos que encontramos en el recetario canónico socialdemócrata.

En el discurso personal de Sánchez, es imposible encontrar los argumentos que sirvieron al gobierno francés para impulsar rebajas fiscales a las empresas, las ideas que inspiraron las reformas laborales en Francia, o los proyectos de Renzi para de-segmentar el mercado de trabajo. En el terreno económico, Sánchez habla de un Estado que invierte en fortalecer las capacidades de las personas y de un Estado comprometido en la promoción de la competitividad, pero a partir de una estrategia fundamentada en el reforzamiento de la educación pública, la inversión en investigación y la “reindustrialización” impulsada desde el Estado, no desde una estrategia liberal que otorga el protagonismo a la iniciativa privada.

Desde 2014, Sánchez ha insistido vehementemente en distintos artículos en la prioridad de mejorar la calidad del empleo, recuperar la negociación colectiva, y reforzar las garantías laborales a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La apuesta por el desarrollo del Estado de Bienestar también es inequívoca. Para financiarlo, el programa electoral que Sánchez defiende aumentar impuestos a las rentas más altas y las grandes corporaciones, apostando por nuevos instrumentos de recaudación –como un “recargo de solidaridad” para asegurar la viabilidad financiera de las pensiones– y denunciando a los que prometen irresponsablemente bajar impuestos. Una partitura, por cierto, bastante diferente a la que se oye tocar al encargado actual de redactar la ponencia económica del PSOE para la Gestora.

En agosto de 2015 dedicó un artículo en El País al Ingreso Mínimo Vital, que representa una iniciativa clara en la línea de lo que el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, llama “desmercantilización”: un ingreso mínimo garantizado a hogares sin ingreso que empodera a los ciudadanos frente a ofertas de trabajo de mala calidad. La propuesta recoge reivindicaciones sindicales y de entidades sociales comprometidas con la lucha contra la pobreza y la exclusión. En el Ingreso Mínimo Vital se introducen además mecanismos de protección a la infancia que van encaminadas a corregir una de las fuentes de desigualdad más importantes de nuestro país, obstáculo de primer orden para asegurar la igualdad de oportunidades vitales y la justicia intergeneracional.

Son numerosas las ocasiones en que Sánchez se ha manifestado contra las políticas de austeridad, que identifica como la seña de identidad de la derecha. En enero de 2015 lo hizo en un artículo de El País firmado con Thomas Piketty, una de las cabezas visibles de la oposición intelectual progresista a Hollande y Valls en Francia. En este escrito alertan de que “si la recuperación solo llega a los más beneficiados y la desigualdad sigue creciendo, el apoyo para el proyecto europeo puede evaporarse rápidamente”, y apuestan por una estrategia de reindustrialización.

Su intervención en el pleno de investidura a Rajoy sintetiza posturas mantenidas a lo largo de sus años como secretario general del PSOE. Sánchez se muestra firme en la negativa a Rajoy, presentando al PSOE como alternativa comprometida con otra forma de “crear y redistribuir la riqueza”. En palabras de Sánchez, el PSOE no puede claudicar en la defensa de principios que son su santo y seña históricos: “El PSOE nació para construir una alternativa al sistema económico dominante y a sus secuelas de explotación, exclusión social, pobreza y dominación”, señala desde la tribuna parlamentaria en un momento de máxima exaltación de sus credenciales izquierdistas.

Las palabras se las lleva el viento, pensarán algunos. Pero la investigación politológica revela que los líderes políticos son, en gran medida, rehenes de la palabra dada y tienden a cumplir mucho más sus programas de lo que comúnmente se les reconoce. Es inconcebible escuchar a Valls o a Renzi pronunciarse en la dirección en que claramente y de forma consistente lo ha hecho Sánchez. Sugerir lo contrario exige algo más que una foto. Aquí les he ofrecido algo más de mil palabras. Juzguen ustedes.

Si bien es indudable el giro centrista que Hollande imprime a alguna de las políticas tradicionales del partido socialista, parece injusto juzgar a sus gobiernos solo por sus declaraciones o iniciativas más controvertidas

Los gobiernos de Hollande han apostado claramente por la contención del gasto público. Pero en un marco excepcional: Francia es, junto a Finlandia, el país de la UE que destina partidas más grandes al gasto público

Hollande ha anunciado que no se presentará a la reelección. Se trata de una anomalía en un país donde desde 1974 todos los presidentes (Giscard d’Estaign, Mitterrand, Chirac y Sarkozy) han optado a la reelección tras su primer mandato (y solo Sarkozy fracasó en su intento). Probablemente se trataba de una decisión inevitable para Hollande, que le ahorra una dolorosa derrota en la primera ronda de las presidenciales (en caso de haber superado las primarias de su partido).

Hollande ha sido acusado de defraudar las expectativas de la ciudadanía y de aplicar un programa liberal, alejado de las tradiciones de la socialdemocracia. El juicio que ha merecido su presidencia admite generalmente pocos matices. Las críticas han sido extraordinariamente duras desde el inicio de su mandato, pero se han acentuado especialmente desde que Manuel Valls asumiera la dirección del Ejecutivo. Valls tiene una merecida reputación de político socioliberal, ganada a pulso por su indisimulado empeño en introducir en la agenda socialdemócrata planteamientos liberales. Admirador devoto de Blair y de Clinton, ha prodigado declaraciones en que reivindicaba el papel de la responsabilidad individual, la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana o apostaba por el control de la inmigración. Suya es una famosa frase en la City de Londres en que proclamaba solemnemente (en inglés) que su gobierno era pro-business.

No hay que buscar mucho en la etapa de Hollande para encontrar “pruebas” que acreditan un acercamiento a postulados ajenos a la socialdemocracia francesa tradicional. Hollande pertenece a una estirpe de nuevos políticos socialdemócratas que no han escondido su obsesión por fomentar la competitividad. La premisa ideológica de semejante obsesión es que la mejor forma de repartir y promover la justicia social es hacerlo después de haber asegurado cotas elevadas de crecimiento.

Resulta tentador vincular este planteamiento a la reorientación de las políticas socialdemócratas que representó la Tercera Vía en el Reino Unido o la Neue Mitte de Schroeder en Alemania. Pero el giro programático, que implicó la renuncia a recetas keynesianas y la apuesta por políticas de oferta para mejorar la competitividad, es anterior y mucho más generalizado. Había comenzado ya en la década de los ochenta en diversos países: Hawke en Australia, Lange en Nueva Zelanda, Vranitzsky en Austria, Carlsson en Suecia, González en España, o incluso Rocard en Francia. Todos toman un nuevo rumbo tras comprobar el estrepitoso fracaso de las políticas intervencionistas clásicas adoptadas durante los primeros meses del gobierno Mauroy en 1981, bajo la presidencia de Mitterrand.

Hollande se ha aplicado a fondo para reflotar la competitividad de la economía francesa, bastante maltrecha en los últimos años cuando se la compara con la de países de su entorno, especialmente en sectores empresariales exportadores y de alto valor añadido. Las iniciativas en este campo, que a ojos de muchos tienen un tinte marcadamente “liberal”, coexisten con una agenda bastante ambiciosa de medidas de corte socialdemócrata clásico, encaminadas a promover la justicia social y el horizonte vital de los más vulnerables.

Una de las iniciativas más controvertidas de Hollande ha sido la introducción de desgravaciones por valor de 20.000 millones sobre las cotizaciones sociales de las empresas con el fin de mejorar su competitividad. La iniciativa se enmarca en un paquete (Pacte compétitivité-emploi) encaminado a reducir los costes laborales, que a juicio de muchos analistas son el principal factor responsable de la pérdida de competitividad de la industria francesa.

Pero junto a este tratamiento favorable al tejido productivo francés, Hollande no ha renunciado a buscar nuevas bases fiscales para financiar sus políticas entre los grupos más favorecidos. Aparte de eliminar exenciones fiscales introducidas por los gobiernos de Sarkozy, incrementó el tipo marginal a ingresos superiores a 150.000 euros al 45%. Intentó introducir un “impuesto a millonarios” (con un gravamen del 75%), pero su iniciativa fue declarada inconstitucional, tras levantar gran polvareda entre famosos e influyentes millonarios (la medida provocó una amenaza de huelga de los clubs de fútbol y la petición del actor Gerard Depardieu a Putin de que le fuera concedida la ciudadanía rusa en protesta contra el proyecto). En una segunda intentona Hollande consiguió aprobar una ley que gravaba a las empresas que pagaban sueldos superiores a un millón de euros, aunque el alcance recaudatorio de la ley era significativamente menor.

Hollande y su Gobierno han soliviantado a sectores de su partido y a parte de su propio electorado con una reforma laboral (la ley El Kohmri) que promueve la negociación laboral a nivel de empresa (y con ello la flexibilidad interna) y abarata el despido, lo que en un contexto como el francés caracterizado por su elevada protección laboral, ha sido interpretado como un ataque a conquistas sociales de la clase trabajadora.

Pero no hay que pasar por alto los enormes problemas del mercado de trabajo francés que esta reforma aborda, y en particular, los elevados niveles de segmentación, que condenan a la precariedad y la falta de perspectivas a capas muy importantes de población outsider, especialmente joven e inmigrante. En este sentido, la nueva ley vino acompañada de un tratamiento fiscal desfavorable a los contratos temporales para desincentivar su uso, medidas ambiciosas para reforzar la protección de derechos de los desempleados, generosas subvenciones a los procesos de formación y aprendizaje en las empresas, o la expansión de la “Garantía Juvenil”.

Las iniciativas de Hollande han levantado ampollas en otros colectivos “protegidos”. Un buen ejemplo es la Ley Macron. Promovida con el objetivo de introducir elementos de flexibilidad y competencia en mercados altamente regulados, la ley desató una movilización sin precedentes por parte de profesionales del ámbito legal, encabezados por los notarios.

Pero la agenda de Hollande presenta también enfoques programáticamente más próximos a los que despliega tradicionalmente la socialdemocracia en otros países. Así, unas de sus primeras medidas fue revertir (parcialmente) el aplazamiento de la edad de jubilación desde los 60 a los 62 años (promovido en la etapa Sarkozy), permitiendo que los trabajadores con historiales contributivos de al menos 40 años pudieran anticipar la jubilación a los 60 años.

Igualmente, para dar cumplimiento a una de sus promesas estrella de campaña, una de las primeras medidas de Hollande al llegar al gobierno fue el incremento del salario mínimo para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con las remuneraciones más bajas (la medida benefició a unos dos millones de trabajadores). Con ello Francia pasaba a tener el salario mínimo más alto de Europa, después de Luxemburgo.

Una de sus medidas con sello progresista más ambiciosas ha sido una nueva ley educativa, mimada presupuestariamente para dotar a las escuelas de más personal y reforzar apoyos económicos para el estudio. Aunque la reforma resultó enormemente polémica por la intención de la ministra Belkacem de introducir en el currículo la enseñanza de los orígenes y expansión del Islam, el objetivo principal de la misma, explícito en distintas declaraciones de los ministros socialistas, ha sido promover la igualdad de oportunidades para posibilitar que la escuela deje de reproducir desigualdades profundamente arraigadas en la sociedad francesa.

Nada indica que las actuaciones del Gobierno francés en esta etapa hayan incidido negativamente sobre los niveles desigualdad o pobreza. El coeficiente de Gini ha descendido del 30,5 en 2011 al 29,2 en 2014, y la pobreza relativa del 14,1% al 13,6%. Si bien es indudable el giro centrista que Hollande imprime a alguna de las políticas tradicionales del PS, parece injusto juzgar a sus gobiernos solo por sus declaraciones o iniciativas más controvertidas. Los gobiernos de Hollande han apostado claramente por la contención del gasto público. Pero lo hacen en un marco excepcional. Con un 57% del PIB en 2015, Francia es, junto a Finlandia, el país de la UE que destina partidas más grandes al gasto público. El 33,7% representa gasto social, nivel que se ha mantenido prácticamente inalterado durante toda la etapa de gobiernos socialistas.

Al margen de los desaciertos que sin duda sus gobiernos han tenido, Hollande parece haberse enfrentado a algunos de los fantasmas que hostigan a la socialdemocracia en occidente durante los últimos años de crisis. Las medidas de desregulación que ha promovido para fomentar la competitividad han soliviantado los ánimos tanto de poderosos “intereses creados” como los de algunos de sus bases de apoyo tradicionales, sin que haya sabido construir coaliciones electorales alternativas. Lejos de eso, los socialistas han mostrado torpeza para persuadir a colectivos vulnerables de que sus políticas iban encaminadas a mejorar su condición actual y sus horizontes vitales, anclados como están en una retórica tecnocrática que les dificulta comunicar los beneficios de sus políticas en términos que sus votantes puedan entender y con los que se puedan identificar.

Frente a ellos, se ha alzado con paso firme la retórica populista y xenófoba del Frente Nacional. Con mensajes simples, maniqueos y cargados de sentimentalismo, Marine Le Pen logra galvanizar los malestares y los miedos de contingentes cada vez más voluminosos de ciudadanos que se sienten vulnerables en un mundo globalizado y expresan desafección frente a unas reformas cuyos objetivos no aciertan a comprender y cuyos resultados (nunca inmediatos) no terminan de ver.

Con la llegada de la gestora al PSOE, se propagó la idea de que el partido estaba experimentando una deriva a la que era imperativo poner freno: la llamaron “podemización”. La podemización amenazaba supuestamente reglas de funcionamiento tradicional del PSOE, que garantizaban que se obrara de manera responsable, y no se sucumbiera al criterio voluble, poco formado e informado expresado por la militancia en consultas. Los órganos del partido reclamaban su condición de “representantes”, y como tales de intérpretes (cualificados y legitimados) del interés genuino de la militancia.

En principio, hay poco que objetar a este planteamiento normativo. En consonancia con las perspectivas de la teoría política liberal clásica, los representantes deben gozar de un margen amplio de maniobra para representar. No son delegados de sus electores. Al elegirlos, la militancia se pone en manos de un agente al que atribuye capacidad de discernir qué conviene hacer en cada momento, bajo circunstancias que van cambiando, y que no pueden anticiparse en el momento de realizar la elección. Le otorgan un “voto de confianza”.

Pero eso no significa que le estén concediendo “carta blanca”. Salvo en concepciones muy restrictivas de la representación democrática, los políticos deben mostrar cierto grado de responsividad, sobre todo en cuestiones centrales. La calidad de los procesos democráticos depende de que los políticos honren, hasta cierto punto, promesas hechas, contenidas en documentos programáticos y exhibidas en declaraciones públicas, y muestren sensibilidad a la evolución de preferencias de la ciudadanía en general, y en particular, las de sus militantes. Si no pueden hacerlo, o ante nuevas circunstancias y nueva información creen que no deben hacerlo en interés de sus representados, es su obligación explicarlo bien y, quizás incluso, someter su cambio de criterio a consulta.

La decisión que tomó el pasado domingo el Comité Federal ha sido poco explicada. Las razones para la abstención han sido presentadas en forma de cápsulas argumentales ideadas probablemente por algún consultor político más versado en el noble arte de la poesía que en la esforzada disciplina del análisis politológico (“la abstención no es apoyo”, “el gobierno del Parlamento”, “destruir la obra de Rajoy”, “poner al PP ante un desfiladero infernal”, “crujirlo vivo”).

Desde un punto de vista técnico, no resisten un examen mínimamente riguroso. El PSOE tendrá una capacidad bastante limitada de imponer sus criterios a un Gobierno del PP por muchas razones. Para promover sus preferencias se enfrentará a las mismas dificultades para construir una coalición trasversal que dé apoyo a sus iniciativas que las que tuvo Pedro Sánchez para lograr su investidura. Esas dificultades se agravaran por el hecho de que el PP y Ciudadanos tienen un pacto suscrito que, hasta nueva orden, Ciudadanos parece dispuesto a honrar, y por tanto limita su predisposición a sumarse a alianzas con Podemos y PSOE para “destruir la obra de Rajoy”.

Por si eso fuera poco, el artículo 134.6 de la Constitución otorga al Gobierno la facultad de rechazar cualquier proposición de Ley que comporte un aumento de gasto o disminución de los ingresos previstos en los Presupuestos del Estado. Pero incluso haciendo volar la imaginación, planteando un escenario difícilmente concebible en que el PSOE logre formar mayorías para colocar al PP en un “desfiladero infernal”, el PP podría convocar elecciones a partir de mayo, echando en cara al PSOE su actividad destructiva en los meses anteriores. Se trata de un factor disuasorio poderosísimo, que con toda probabilidad domesticará a un PSOE inmerso en un lento y trabajoso proceso de reconstrucción (sobre “el solar” que ha quedado).

Al Comité Federal y a la Gestora tampoco se les ha pasado por la cabeza convocar una consulta para refrendar el cambio de rumbo respecto a promesas hechas a la militancia y al electorado. La posibilidad de hacerlo les ha parecido incluso descabellada. Esa desconsideración no se la permitió ni siquiera Felipe González cuando, en 1982, recién llegado al poder, cambió de criterio respecto a la OTAN, y sometió a consulta su nueva posición, empeñando un enorme esfuerzo personal en persuadir a militantes y votantes de la conveniencia de ese cambio.

Como señaló Josep Borrell a la salida del Comité Federal, consultar a la militancia en este tipo de circunstancias, ya sea ex ante o ex post, no es una anomalía que evidencie una podemización del partido. Lo hizo el SPD tras decidir sus órganos entrar en un gobierno de coalición con la CDU de Merkel en 2013. Y tuvo que asumir, tras el referéndum saldado con un amplio respaldo, que todavía veintitrés diputados votaran en contra en el Parlamento.

Lejos de eso los órganos de representación del PSOE no solo han decidido negar la voz a los militantes, sino que actúan contra muchas señales que evidenciaban sus preferencias. A lo largo de toda España se han venido celebrando asambleas locales, donde las agrupaciones han expresado aparentemente de manera muy mayoritaria el rechazo a que su partido permitiera la investidura de Rajoy. Desde Ferraz se ha mirado con hostilidad e incluso se han ridiculizado los intentos de militantes de recoger firmas para pedir un Congreso extraordinario inmediato. El Congreso que la gestora debe organizar, según los estatutos del partido, ha sido aplazado sine die, en un claro intento de alargar la pista de despegue de un posible candidato/a alternativo a la Secretaría General, así como de disociar su elección del proceso de evaluación de los actos ejecutados por algún/a “candidatable” en el último mes.

Tendencia a alejarse de los militantes y simpatizantes

Todo sugiere que lo que hemos vivido en el PSOE en estas últimas semanas se inscribe en una tendencia más general de la política convencional a alejarse de militantes y simpatizantes que pretende representar. Como señala el politólogo Peter Mair en Gobernando el vacío, en la política contemporánea los partidos se han desplazado a lo largo de un continuum, desde una posición en la que se podían definir como actores sociales –como sucedía en los modelos clásicos de partidos– hacia otra en la que se conciben mejor como actores estatales.

En este nuevo contexto, los partidos tienden a considerarse a sí mismos organizaciones autosuficientes y especializadas, dispuestas a escuchar a todos los actores en general, pero evitando dependencias formales con bases sociales definidas. La organización del partido en sentido amplio –sus anclajes sociales al margen de las instituciones políticas– se desdibuja para los dirigentes. Lo que permanece es una “clase gobernante”, un grupo de profesionales y especialistas que se mueven con soltura dentro de un entramado de actores que intervienen en la gobernación: otros partidos de gobierno, instancias y organismos internacionales, elites burocráticas, expertos, etc.

En este contexto, los antiguos privilegios de la pertenencia a los partidos también tienden a desaparecer a medida que los dirigentes miran a la opinión pública por encima de su propia militancia. La voz de la ciudadanía amorfa, transmutada en forma de distribución de frecuencias de las respuestas de un sondeo, parece tener para los partidos más importancia que la que expresan los miembros activos del propio partido en asambleas locales, y los criterios externos de ciertos organismos e instancias que intervienen en la gobernación más que la de los delegados a los Congresos.

La clase dirigente se ha convertido en una elite que vive “dentro de la campana”. Su hábitat natural son despachos desde los que se gobierna el partido (en el sentido de administrarlo, imponer orden y preparar la maquinaria para ganar elecciones y gobernar) y, en todo caso, se persiguen “intereses generales”, pero se representa poco o nada a personas con sentimientos y afiliaciones partidistas. La destinataria de sus mensajes y estrategias de seducción es una ciudadanía pasiva y privatizada de potenciales votantes, que asiste a un espectáculo en el que no participa o lo hace de manera extremadamente protocolizada.

Como hemos visto en las últimas semanas, la invocación a la “ética de la responsabilidad” sirve como coartada para aplastar el mundo de las convicciones, las lealtades y los compromisos, tachados como una manifestación irracional de la política, que distorsiona cuando no torpedea el logro de grandes objetivos compartidos (objetivos “de Estado”). Mediante este desplazamiento (cartelización), los partidos “de Estado”, los partidos que gobiernan pero no representan, abren un nicho para partidos antiestablishment, que a diferencia de los primeros ofrecen cauces poderosos a la representación, aunque sea a costa de aplazar sine die intervenir en la gobernación (cuando no propugnan renunciar completamente a esa intervención, por considerarla impura y tóxica).

En su Comité Federal, el PSOE ha confirmado definitivamente que España entra en un nuevo ciclo político donde se abre un precipicio entre los partidos de la gobernación y los de la representación. Y el PSOE ha optado por situarse incondicionalmente al lado de los primeros, asumiendo (quizás ciegamente) los costes que ello comporta. Aceptemos con ellos, en efecto, que “la fantasía abandonada de la razón produce monstruos”. Pero recordemos también que “unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas”.

¿Ha "podemizado" Pedro Sánchez al PSOE? No parece haber tenido ni el tiempo ni el margen de maniobra para ello (probablemente ni siquiera la voluntad)

La pasada semana ha sido una de las más convulsas en Ferraz en las últimas décadas. La sustitución del secretario general, Pedro Sánchez, dio paso a una cascada de declaraciones en las que diversos miembros del sector crítico alegaron sus razones para defenestrar a Sánchez. Dos planteamientos resultaron recurrentes. En el primero se argumentaba que el PSOE debía volver a ser un partido ganador, que superara las cotas de apoyo electoral del 40% que le aseguraban tradicionalmente la victoria. Esto se proclamaba grandilocuentemente, pero solo se explicitaba de forma muy vaga cómo llegar hasta allí. Llamémosle a ésta la tesis Caballero (en homenaje al provecto ex-ministro y alcalde, que la defendió enfáticamente ante Ana Pastor en la Sexta).

En el segundo planteamiento se argüía que se debía corregir la “podemización” promovida por Sánchez. Adjudiquemos la tesis a Javier Fernández, en deferencia a sus declaraciones a Pepa Bueno en la Cadena Ser (aunque la autoría intelectual habría posiblemente que reconocérsela a varios columnistas, tribunos y editoriales de El País en las semanas anteriores). De esta tesis también cuelga lo que podríamos llamar la subtesis del gobierno Frankenstein, planteada antes por Rubalcaba. Permita el lector que abusemos un poco aquí de la metáfora de la tesis Fernández.

Saber lo que significa la “podemización” del PSOE no resulta sencillo. Por una parte está la idea, expresada por algunos columnistas, de que el PSOE se “podemizó” (o “corbynizó”) cuando su líder apeló al apoyo de la militancia para legitimar sus decisiones y estrategias. Si aceptamos este planteamiento nos encontramos paradójicamente que, en un primer momento, Sánchez podemizó al PSOE para legitimar su negociación con Ciudadanos, una maniobra estratégica para vencer resistencias internas. Con la convalidación en referéndum del pacto con Ciudadanos, Sánchez sorteaba las dudas de algunos sectores del aparato. Dicho de otro modo, Sánchez aparentemente “podemizó” para “ciudadanear”. Ahora había vuelto a apelar al apoyo de la militancia con la convocatoria de primarias y Congreso Federal para dotarse de un margen de maniobra para negociar una coalición trasversal de apoyo a su investidura, y eludir el permanente cuestionamiento interno de su estrategia (que, curiosamente, no se había trasladado al Comité Federal, solo a los medios).

Una segunda idea que se ha manejado es que el PSOE se podemizó por extremar expresiones de rechazo al PP, más propias según algunos columnistas del partido morado. En algunos artículos se llegó a hablar de que el PSOE había optado por “satanizar” al PP e imponerle un cordón sanitario, agitando pasiones instintivas de la militancia contra el partido conservador. Si admitimos que esto pudiera ser cierto, hemos de reconocer que Sánchez no es el primero que “sataniza” al PP. La campañas de González, especialmente en 1993 y 1996, son un campo de inspiración extremadamente fértil (¿recuerdan el dóberman que nos asustaba ante la llegada del partido de Aznar?). No anduvo muy a la zaga Zapatero en las críticas a Aznar, o algunos líderes autonómicos (¿recuerdan el famoso eslogan “Si tu no vas, ells hi tornen” de Montilla?).

En una tercera versión de la idea de “podemización” del PSOE se señala que Pedro Sánchez pudiera haber iniciado una deriva izquierdista (y abierta al diálogo con nacionalistas) que lo alejaba de posiciones centristas que permiten ganar elecciones. Es curioso que se alegue esto contra un candidato que hace pocos meses había pactado un programa con Ciudadanos y acusado de centrista por ello. Pero admitiendo que quizás Sánchez hubiera iniciado una deriva izquierdista ¿ponía esto en peligro los horizontes electorales del PSOE como partido ganador?

En este sentido puede resultar útil examinar en qué momentos el PSOE obtiene sus mejores resultados en elecciones de ámbito nacional. Utilizando como marco de inspiración la tesis Caballero, repasemos brevemente las elecciones en que el PSOE obtiene más del 40%. Así, tenemos en primer lugar las elecciones de 1982 y 1986, donde Felipe González obtiene victorias apabullantes (48,1% y 44,1%). Son las primeras elecciones de una secuencia de cuatro legislaturas, que le llevan a gobernar 14 años. González llega al poder con un discurso claramente rupturista en distintos campos, que concita el apoyo de la inmensa mayoría del electorado de izquierdas. El respaldo de los segmentos más jóvenes alcanza cotas que no volvieron a repetirse. En 1986 comienza a perder votantes, pero su gestión en la primera legislatura recibe una convalidación notable. Es ya en 1989, y especialmente en 1993 y 1996, cuando se acentúa su desgaste electoral, que sitúan al PSOE por debajo del 40%. Las políticas económicas y sociales que desarrolla provocan la ruptura con UGT y varias huelgas generales (la primera en 1988). En las últimas legislaturas proliferan las acusaciones de haber traicionado principios socialdemócratas y aceptar la agenda más liberal de sus ministros de Economía y de la “beautiful people” socialista (¿recuerdan ese “he entendido el mensaje” tras la apurada victoria de 1993).

Parecería, pues, que a Felipe González le fue mejor (electoralmente hablando) cuando “podemizó” el mensaje del partido, y sobrevivió a duras penas cuando se alejó de esos marcos ideológicos izquierdistas. ¿Qué ocurrió a Zapatero? Algo parecido. Obtuvo grandes resultados mientras mostró un perfil claramente izquierdista, y fue castigado electoralmente cuando abandonó las políticas de ese perfil y adoptó iniciativas de contracción (seguramente obligado por la crisis y las presiones externas). En 2004 cosecha el 42,6% de los votos, tras unas elecciones en que sus expectativas se ven inesperadamente mejoradas por el castigo que representó la nefasta gestión del 11-M por parte del PP. En las elecciones europeas de junio, el Josep Borrell candidato amplió ese apoyo, obteniendo un resultado histórico en unas elecciones europeas, el 43,5% del voto.

Zapatero llegó al poder “podemizando” al PSOE. Prometió retirar tropas de Irak y lo cumplió, soliviantando al gigante norteamericano. Negoció con nacionalistas moderados e independentistas para ser investido y poder legislar. Prometió construir una España plurinacional y apoyó el proyecto de Estatut promovido por Maragall. Prometió expandir derechos civiles, y en la primera legislatura aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio exprés, una Ley de Memoria Histórica y una Ley contra la Violencia de Género. En el terreno social relanzó la construcción del Estado de bienestar con la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia, los complementos a las pensiones mínimas, el cheque bebé, el Plan Educa 3 para la escolarización 0-3, la renta de emancipación, incrementos sustanciales del Salario Mínimo Interprofesional , etc. Son años en que la inversión en educación, I+D+I, políticas activas de empleo y energías renovables alcanza máximos históricos, y en el discurso político empieza a apuntarse (tímidamente, todo hay que decirlo) la necesidad de transformar el tejido productivo y promover una economía más sostenible. No faltaron dosis de ingenuidad a su podemización. Promovió una extraña “Alianza de Civilizaciones” que le granjeó críticas por su comprensión naif de las relaciones internacionales. Pero, en las elecciones de 2008, Zapatero cosecha un gran resultado, con el apoyo del 43,8% del electorado, que premiaba claramente su agenda izquierdista. Unos meses después, ya en crisis, Zapatero sigue hablando de buscar una “salida social” a la misma.

Todo ese legado se viene abajo tras el giro copernicano que imprime a sus políticas y discursos en mayo de 2010. Obligado por las circunstancias, Zapatero encara el final de su segunda legislatura adoptando un nuevo discurso y políticas que lo alejan de la “podemización” que caracteriza sus primeros seis años de mandato. Empieza a hablar de sacrificios necesarios y a buscar la comprensión de la ciudadanía para aprobar nuevas políticas de austeridad, que presenta como las únicas posibles (abrazando con ello el discurso TINA: there is no alternative). El último hito de esta deriva “despodemizadora” es la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, que el PSOE aprueba junto al PP, y se proyecta como una sombra estigmatizadora sobre la imagen del partido desde entonces. Tras su renuncia a concurrir a las elecciones, su vicepresidente (al que dudosamente se puede asociar con el ala izquierdista del partido) obtiene el 28,8% de los votos. Lejos de corregir este desplome, Rubalcaba lleva al partido al 23% en las elecciones al parlamento europeo de 2014, y al 21,2% de estimación de voto en el barómetro del CIS de julio de 2014, coincidiendo con su salida de la Secretaría General.

¿Ha podemizado Sánchez al PSOE? No parece haber tenido ni el tiempo ni el margen de maniobra para ello (probablemente ni siquiera la voluntad). La hoja de servicios de Sánchez sin duda presenta sombras, pero también luces, quizás tenues pero que no deben pasar desapercibidas. Tras su llegada a la Secretaría General se frenó la caída libre del partido en intención de voto. A su salida de la misma, su valoración como líder era sensiblemente mejor que la de sus predecesores, y la serie temporal mostraba una clara tendencia al alza entre electores progresistas. El porcentaje de antiguos votantes socialistas que declaran que nunca votarían al PSOE (o que lo harían de manera improbable) ha disminuido. La mayoría de los indicios apuntaban a una (leve) mejora de sus perspectivas electorales en un escenario multipartidista en que los horizontes del 40% de apoyo quedan ya muy lejos. Desafortunadamente para los sociólogos y politólogos atentos a estas cuestiones, y quizás para los propios socialistas, nunca sabremos en qué medida la “podemización” del PSOE que supuestamente promovía Sánchez le hubieran acercado a las cotas de apoyo que obtuvieron los grandes “podemizadores” socialistas que le precedieron tanto a él como al propio Podemos.