Te dicen que te llamas Beauty. Y tú aceptas, aunque en realidad sea otro tu nombre. Después de todo, desde que mataron a tus padres todo son problemas. Y creías que acabarían cuando apareció ese hombre que te dijo que era amigo de tu padre, que quería ayudarte, que tenía trabajo para ti. Y en Europa.

Y tú querías salir, ver mundo, crecer, trabajar, aprender. Así que aceptaste y prometiste a Ayelala, la diosa guardiana de la moral, que devolverías hasta la última moneda. Te entregaste al ritual del juju y estabas ilusionada y feliz. Ya tenías protección. Todo estaba listo para la gran aventura.

Hoy, en Benin City, tu ciudad natal, hay casas, calles enteras, hasta iglesias pagadas con las remesas de la trata.

Entonces tú qué sabías. Entonces, hace nada, eras una niña. Una semana después ya te llamas Beauty y estás en camino a Europa.

El amigo de tu padre te dice: “Soy tu marido”. Hasta que llegues a tu destino tienes que obedecerle. Eres suya. Luego oirás las historias de otras mujeres y sabrás que, al menos, fuiste solo suya. Así, durante el viaje solo te viola él. Pero llegáis a Marruecos y te obliga a acostarte con aquel policía, que es solo el primero. Luego vendrán muchos hombres más. “Mientras estemos aquí”, te dice, “hay que pagar los gastos”. La deuda crece cada día. Y menciona una cantidad que no sabes ni calcular. Eso es mucho dinero. No te tiene que recordar qué ocurrirá si no pagas. El juju.

Las víctimas de trata nigerianas son controladas a través del juju. En este ritual se sella un contrato espiritual que funciona a miles de kilómetros de distancia. El miedo a romper las promesas rituales, y el daño que ello puede conllevar para ti o tu familia, es tan grande, tan real, tan profundo, que hace innecesario otro control y blinda el silencio. Tienes que hacer lo que te dicen. Solo cuando hayas pagado volverás a ser libre.

Han pasado 17 meses desde que saliste de Nigeria. Y esta noche embarcas hacia España, en una barcaza de goma. Y no sabes nadar, y hace mucho frío. “Este es tu hijo”, te dicen. Pero realmente el bebé es de esa chica que sube a la patera con otro niño, idéntico. La violaron y ha tenido gemelos. Piensas que van a descubriros.

Llegas a la costa aterida y aterrada. Pero los blancos no se dan cuenta. De momento todo va tal y como se había ideado. Han creído que es tu hijo y por eso no te devuelven a Marruecos. Os llevan a un albergue. El plan estará completo cuando vuelvan a buscarte, se lleven al niño (no sabes si con su madre) y a ti te conduzcan a tu destino, al lugar donde tendrás que prostituirte para pagar tu deuda. “No tienes papeles”, te dicen. “Así que es lo único que podrás hacer”.

Hoy el truco de los bebés ya no se emplea porque los tratantes saben que a las mujeres les harán pruebas de ADN para demostrar que son las madres de esos niños y niñas.

Hoy te obligarían a hacer cualquier otra cosa. Y no podrías negarte.

Pero algo sale mal. Dos días después estás en comisaría. Te presentan a tu abogado. Te llevan ante una jueza. La madre del bebé te ha denunciado. Los policías piden prisión preventiva. Pasas nueve meses en la cárcel, hasta que el abogado te explica que ha llegado el día de tu juicio y que quedarás libre si aceptas que amenazaste a esa mujer. Tú no lo hiciste, pero firmas.

Lo de la libertad no era cierto. Te han vuelto a recluir. La policía te estaba esperando en la puerta de la cárcel. Te han traído a un lugar aún peor, que llaman Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), para expulsarte a Nigeria. La noticia te destroza. No tienes ni uno de los miles de euros que dicen que debes. No has podido trabajar. No puedes cancelar tu deuda. Te pasarán cosas horribles si regresas porque no has cumplido la promesa hecha en el ritual del juju. No puedes volver. Ahora no.

Te derrumbas. Decides hablar. Suplicas que no te echen. Cuentas tu historia. Te escuchan. Te creen. Te ofrecen protección. Por fin has tenido algo de suerte. A la mayoría de las víctimas de trata nadie las cree y se quedan sin identificar.

Y ahora pides a la justicia que revise aquella condena. La ley es clara: no se puede castigar a las víctimas de trata por lo que los tratantes les hayan obligado a hacer. Nada podrá compensarte por el trato que te dieron, por la angustia de tus días de encierro. Pero quieres que reconozcan el error. Quieres que pidan perdón. Y, sobre todo, quieres que las cosas cambien.

Aún hoy muchas mujeres víctimas de trata no son identificadas, por lo que son encarceladas por los delitos que la red les obliga a cometer. Muchas son recluidas en un CIE y deportadas. Muchas acaban de nuevo en la red de trata. O muertas.

Para que esto no ocurra, para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de trata –fundamentalmente mujeres y niñas– no basta con que los distintos agentes –policías, fiscales, juezas y jueces– persigan penalmente a los tratantes. Es imprescindible que aborden su tarea con un enfoque de derechos humanos: con sensibilidad, formación e información. Sin prejuicios ni estereotipos.

Deben saber qué es la trata, comprender que es un fenómeno complejo, que los tratantes se adaptan y sus prácticas mutan. Deben velar por la protección de las víctimas de las redes para evitar que también lo sean del sistema policial y de justicia. Y cuando se hayan vulnerado sus derechos, los tribunales deben procurar restablecer en lo posible la situación y otorgar las reparaciones que correspondan.

Beauty es un nombre ficticio. Todo lo demás es cierto. Women's Link Worldwide, en nombre y representación de Beauty, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo esperando que se revise la condena, ya que por ley las víctimas de trata no pueden ser condenadas por delitos que han sido obligadas a cometer, y se la repare por la vulneración de derechos sufridos.

Las Patronas de México han sido nominadas, con el apoyo de numerosas organizaciones y colectivos de defensa de derechos humanos, al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015.

Estas mujeres campesinas, con su ejemplar activismo, han desempeñado un papel destacado en la creación de redes de solidaridad con las personas migrantes en América Latina y han contribuido de forma esencial a la internacionalización de la lucha contra las fronteras.

En un mundo marcado por la violencia, el sufrimiento y la deshumanización inherentes a cada frontera, la historia de las Patronas arroja un rayo de esperanza en la recuperación de la dignidad de las personas.

Un tren recorre México hacia el norte, desde su frontera sur. Es un tren de mercancías, pero transporta también cientos de miles de personas cada año. Las mercancías viajan en las mejores condiciones, tienen un valor. Las mujeres y las niñas, los niños y los hombres tienen que subir en plena marcha, trepar y aferrarse a lo que puedan: una barandilla, una escalera, cualquier cosa, hasta encontrar un hueco entre vagones o ganar el techo. Recorren, así, miles de kilómetros, durante semanas o meses, saltando de un tren a otro. Porque este tren fueron varios trenes, que no compartían más que vías y destino. Ahora forman parte de una monstruosa criatura: La Bestia.

La Bestia no es solo un medio de transporte. Es la encarnación de una violencia extrema: extorsión, mutilaciones, muerte. Mujeres y niñas que se inyectan anticonceptivos antes de partir, porque saben del riesgo de ser brutalmente violadas, de caer en redes de trata. La Bestia es esa violencia indigesta, originada en un mundo atroz que, para no saber, se mantiene a prudencial distancia.

La Bestia cruza el municipio de Amatlán de los Reyes, en el Estado de Veracruz. Allí hay un pueblecito llamado La Patrona. Las familias que lo habitan llevan tiempo viendo pasar, entre los campos de caña que cultivan, esos trenes cargados de personas. Tiempo observando, sin conocer el origen ni comprender los motivos. Al principio pensaron que eran aventureros con ganas de conocer otros mundos. Aventureros que así, posados sobre los vagones, recordaban a moscas. Antes de ser la Bestia, fue el Tren de las Moscas.

Cuenta Norma Romero, una de las campesinas de La Patrona, que un día las moscas le hablaron. Volvía a casa con el pan y la leche que Leonila, su madre, le había mandado comprar en el abarrote del otro lado de las vías. Regresó con las manos vacías. Desde el tren, ojos desesperados y bocas suplicaban comida. Ella les dio lo que llevaba.

De eso hace más de veinte años y, desde entonces, cada día, Norma y Leonila, y Carla y Julia, y María Karina y Bernarda y Lorena y Guadalupe cocinan arroz, frijoles y tortillas. Esperan luego el paso de la Bestia para lanzar a los polizones botellas de agua y bolsas con comida.

Y así fue al principio: simplemente, la alegría de dar, la generosidad de mujeres humildes que habían reconocido al otro como hermano. Desde ese momento, no hubo retorno. El colectivo espontáneo no se arredró frente a las críticas de sus hombres, ni ante las amenazas de las autoridades con encerrarlas por colaborar con la inmigración ilegal -la solidaridad, es sabido, genera desconfianza-. Y estas hermosas mujeres fueron rebautizadas, en honor a su pueblito, como las Patronas de México.

Las Patronas comenzaron a saber, a conocer. Se organizaron para llegar a más hermanos. Ampliaron sus acciones. Comenzaron a acompañar, a atender, a asesorar… Paso a paso hasta el ineludible visibilizar, cuestionar, denunciar la anestesia del primer mundo frente al sufrimiento de millones de personas a las que se niega su condición de tales en función de su origen.

Hay una Bestia en México, pero no es la única. La Bestia espera en cada frontera, en ese no-lugar que usted y yo cruzamos, felices por llevar un nuevo sello en nuestro pasaporte. La Bestia atraviesa, desgarrando, las vidas que cayeron del lado sur. Y la Bestia habita también en el origen de las personas obligadas a partir, y no las abandonará aunque, con suerte, logren llegar a su destino. Lo narra la excelente, sobrecogedora, La Jaula de Oro.

Para internacionalizar la lucha contra las fronteras, para continuar tejiendo redes y seguir sensibilizando sobre la realidad de las personas migrantes, las Patronas van recorriendo el mundo. En Madrid estuvieron el pasado verano. Tuve la fortuna de acompañarlas en la proyección de un corto, en el cine de verano del Patio Maravillas. Decían estas asombrosas mujeres que no son políticas, quizá porque creen que la política se ha convertido en algo demasiado sucio, que parece contaminar todo lo que toca. Pero su ejemplar labor constituye una hermosa rehabilitación de la política en su sentido original: el quehacer orientado al bien común.

Las Patronas de México han sido nominadas al Premio Princesa de Asturias para la Concordia 2015. Si cualquier premio cobra prestigio en función de quienes lo ganan, esta reciente nominación podría constituir el último (aunque involuntario) regalo de estas mujeres, tan bellas.

Los frecuentes episodios de agresiones, vejaciones y malos tratos acaecidos en los CIE requieren, más que buenas palabras para salir del paso por parte de las autoridades, la adopción de medidas eficaces que pongan fin a los mismos.

Permitir a los internos que conserven sus teléfonos móviles, proteger a los testigos de las agresiones, dar órdenes a la Fiscalía para la inmediata persecución de estos delitos o cambiar el protocolo de las repatriaciones forzosas -que permite "apretar, pero no matar"- están entre las medidas urgentes a adoptar.

Dos funcionarios de la policía han sido llamados a declarar ante un juez por agresión a un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. No es la primera vez. Sólo en los últimos meses han sido escandalosamente frecuentes los episodios de vejaciones y malos tratos que se han producido y denunciado, y que ya han dado lugar a las correspondientes imputaciones.

Si en esta ocasión la noticia ha tenido mayor repercusión es porque concurrió un elemento poco habitual, algo que obligó a las autoridades a salir de ese calculado mutismo que tan cómodo se mueve entre la indiferencia y el desprecio a las víctimas, del silencio con el que se responde a las denuncias de este tipo de hechos. Esta vez las declaraciones eran ineludibles, sencillamente porque el hecho no se podía negar, porque la agresión la recogieron las cámaras de la lavandería del CIE y ha podido verse.

Las declaraciones son de condena, por supuesto. Es sencillo y barato condenar, decir que los hechos “deben clarificarse” y, a continuación -qué bien hemos quedado, qué demócratas somos- no hacer nada para depurar responsabilidades. Porque, si verdaderamente se quisiera evitar que sigan ocurriendo hechos tan despreciables, deberían adoptarse medidas. Y algunas pueden adoptarse de forma inmediata. Por ejemplo, una tan sencilla como permitir que los internos conserven sus teléfonos móviles. Es curioso que en centros que, según la ley, son “de carácter no penitenciario” los móviles se requisen en el momento del internamiento, y sólo se devuelvan -con la batería descargada, claro- cuando a los internos se les echa de nuevo a la calle, o cuando llegan al país al que se los deporta. Se esgrimen razones de seguridad para la confiscación. Tras ver la grabación, parece que es la seguridad de los internos la que está amenazada y que resultaría más aconsejable que tuvieran a mano un móvil para poder grabar lo que sucede dentro de estos espacios. De este modo las autoridades tendrían más sencilla, y garantizada, la “clarificación de los hechos”.

Otra medida fundamental -y lógica- para arrojar luz sobre lo que ocurre entre las paredes de un CIE ante la presencia de varios internos, es que siempre que existan denuncias de malos tratos se proceda a la inmediata protección de la prueba testifical. Pero ¿esto no se hace? -cabe preguntarse. Pues, en efecto, no. Se hace todo lo contrario: a las denuncias de agresiones policiales en los CIE le siguen las inmediatas deportaciones de los posibles testigos. ¿Sorprendente? Sí, si creyéramos que las agresiones como la que hemos podido ver son hechos aislados. Si lo fueran y si la “clarificación de los hechos” fuera una auténtica declaración de intenciones y no una mera fórmula para salir del paso de cara a la galería, lo lógico sería tener un protocolo estricto para proteger a los testigos. Se esclarecería así lo sucedido en cada caso concreto y se podría demostrar que se hace justicia cuando las denuncias son verdaderas, y también si son (si fueran) falsas. Pero todo apunta a que los testigos molestan a quienes tienen encomendada la función de cumplir y hacer cumplir la ley. Las razones oscuras y la intención de enmendarse escasa: no se observa movimiento alguno para evitar la eliminación de testigos mediante deportaciones exprés.

Una última medida efectiva: dar órdenes claras y precisas a la Fiscalía para que este tipo de delito, dada la crudeza que reviste, sea perseguido con especial ahínco. Porque hay algo de enorme gravedad en la historia del colombiano agredido, y es que sólo ha sido noticia cuando su caso se ha reabierto en sede judicial. Antes un juez había decidido dar carpetazo al asunto: no seguir investigando, a pesar de contar con esa grabación que otorga total verosimilitud a la denuncia presentada. No voy a valorar la actuación judicial, pero sí creo que el sobreseimiento no se hubiese producido si el fiscal del caso se hubiese empeñado con la intensidad que requiere la repugnancia que estos hechos producen.

Un último dato: la agresión que hemos visto se produjo en el CIE, poco antes de que el interno fuera conducido al avión en el que iba a ser deportado. Pero bien podría haber quedado impune. Bastaba con esperar a sacarlo del centro, donde ya no hay ni una sola cámara. Porque la violencia en los traslados al aeropuerto y en los propios medios de transporte en los que se obliga a las personas a abandonar el territorio español no sólo es frecuente: es la norma. Está reconocida en las normas. El protocolo que regula la actuación de la policía en las repatriaciones forzosas, fundamentalmente en los vuelos macro, avala la violencia gratuita e injustificable cuando permite el empleo de “lazos de seguridad, cascos, prendas inmovilizadoras homologadas (camisas de fuerza), esposas o similares”, aunque insidiosamente advierta que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”.

Aprieten, pero sin matar. Esta es la norma. Después ya se verá cómo se justifica que en ocasiones, claro, se les vaya la mano y un joven fallezca por asfixia en pleno vuelo. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE cuenta todo sobre estos siniestros vuelos aquí.

No le gustan a la cristiana Europa las personas que llegan huyendo de una mutilación cierta, un matrimonio forzado, una guerra salvaje o la miseria más extrema.

Lo procedente según las normas internacionales y estatales es informar a las personas que cruzan nuestra frontera de su derecho a pedir asilo; lo obligado es darles asistencia letrada y de intérprete.

Por las costas españolas entraron en 2013 3.237 inmigrantes frente a los 3804 del año anterior, lo que supone un 15% menos, y un 90% de reducción si lo comparamos con el 2006, cuando se registró una llegada masiva de 39180 personas.

La presión migratoria sigue focalizada en las dos ciudades autónomas, donde las fuerzas de seguridad detectaron la entrada de 4235 inmigrantes irregulares un 49 por ciento más que los 2.841 que lo hicieron en 2012.

Interior destaca que, a pesar de este aumento respecto a 2005 cuando fue la crisis de la valla, la entrada por Ceuta y Melilla ha descendido un 24%, ya que aquel año llegaron a ambos territorios 5.566 inmigrantes.

Fuente: rtve.es

Cerca de 30 millones de extranjeros entrarán en España por tierra, mar y aire durante el verano y esa cantidad se duplicará a lo largo de 2014. En el conjunto de la Unión Europea la cifra será diez veces mayor.

¿Una invasión? No si llegan con sus cámaras fotográficas, sus guías turísticas, sus toallas de colores y su protector solar. Por lo comprobado en los medios, para hablar de invasión lo relevante no es tanto el número, basta con unos cuantos miles siempre que cumplan algunos requisitos entre los que destacan dos: que ya lleguen morenos y que sean pobres.

Y es que esta recia Europa de raras sensibilidades es bastante tiquismiquis y se siente invadida por todo aquel que no venga a dorarse en las playas, trotar por ciudades y apelotonarse en sus museos o dejarse un pastón en hoteles, discotecas, chiringuitos y otras cultas bagatelas. No le gustan a la cristiana Europa las personas que llegan huyendo de una mutilación cierta, un matrimonio forzado, una guerra salvaje o la miseria más extrema. Los dramas que llegan sin visado inquietan a esta Europa fría y sistemática a la hora de negar visados. Así que Europa dice no con gesto almidonado, aun a sabiendas de que cierra su puerta a quienes no tienen más opción que la huida y que, de todas formas, emprenderán un largo viaje, plagado de sufrimiento, abusos y violencia hacia el mínimo atisbo de supervivencia (lo narran Mahmud Traoré y Bruno Le Dantec en Partir para contar). Y Europa tiene esbirros controlando sus fronteras. Uno importante es el Estado español, que últimamente insiste en difundir la idea de invasión.

Y ¿por qué llamar invasión a esta porción tan reducida en relación con el enorme movimiento de extranjeros que pulula cada año por su territorio? La respuesta, cabe advertirlo una vez más, es clara: porque el término invasión conduce directamente al sentimiento de amenaza, a la sensación de peligro. Y en el peligro no existe la compasión; ante el enemigo sólo cabe la guerra, esa guerra sin declarar que Europa ha iniciado contra el inmigrante.

Por eso, a la hora de enfrentarnos a las noticias sobre inmigración conviene conocer la estrategia con la que se inocula en la población el virus xenófobo. Son sencillas pautas de vileza que persiguen la cosificación del extranjero pobre y la generación de temor:

Muchas personas desconocen que es manifiestamente ilegal que las personas que se encaraman a la valla de Ceuta o de Melilla o las que consiguen saltarla, sean entregadas de forma inmediata a las fuerzas de seguridad de Marruecos. Pero el ministro del Interior no. Fernández Díaz sabe que esas personas ya están en territorio español, pues la totalidad de la valla (cualquiera de ellas) está en nuestro suelo. Sabe, por lo tanto, que lo procedente según las normas internacionales y estatales es informar a esas personas de su derecho a pedir asilo; que lo obligado es darles asistencia letrada y de intérprete; que resulta inexcusable abrir el correspondiente expediente. Y, sin embargo, ordena a la Guardia Civil ejecutar “expulsiones en caliente”. El ministro es, por tanto, responsable de que, a plena luz del día, funcionarios públicos cometan delitos: de coacción, privación de asistencia letrada y otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, y prevaricación. Lo advierten grandes juristas en el Informe “Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley”.

El ministro es responsable. También los propios guardias, que no podrán alegar circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida o al ejercicio legítimo del cargo cuando sean encausados por su responsabilidad penal y disciplinaria. (Un juzgado de Melilla ha admitido ya una querella por devoluciones que tuvieron lugar el pasado 18 de junio. Habrá más. Se trata de impedir que siga asesinándose a personas en la frontera sur)

A los guardias civiles que ejecutan expulsiones delictivas no parece importarles la suerte de los inmigrantes. Pero tanto ellos como las autoridades ministeriales la conocen. Saben que es frecuente que las fuerzas auxiliares marroquíes (Alis) apaleen a los inmigrantes -en ocasiones hasta la muerte- antes de abandonarlos en el desierto argelino o en Rabat. Y aun así, permiten que los Alis entren en territorio español para golpear a quienes se han encaramado a las vallas. Aun así, entregan ellos mismos a personas claramente necesitadas de atención médica (sumamos, pues, a la lista de delitos, el de omisión del deber de socorro). Los videos que viene publicando PRODEIN, como el del 13 de agosto, son una prueba irrefutable. Ese día fueron devueltos ilegalmente setenta subsaharianos. Seis terminaron muertos.

Sabe también el ministro que la desesperación de quienes llegan es tal que ninguna valla va a impedir que se sigan trepando ni siendo más alta y aterradora ni con vigilancia más estrecha. Sabe que extremar las medidas disuasorias sólo contribuirá a que las rutas sean más peligrosas y mortales. ¿Por qué no entonces, Sr. Ministro, incrementar el número de expertos en asilo o protección internacional, en lugar del número de funcionarios de los cuerpos de seguridad? ¿Quizás por el miedo a que se constate que, en efecto, quienes llegan son mujeres y hombres merecedores de protección?

Gracias a la bajeza con que está abordando la cuestión migratoria, Fernández Díaz merece el título de peor ministro del Interior de la historia de España. Y eso que algunos de sus predecesores no se lo habían dejado fácil.

En la Exposición de motivos se califica a la norma de “oportuna”, se indica que ha sido adoptada “teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde la implantación de esos centros” y se afirma que el Reglamento dispone un “tratamiento detallado de los diferentes aspectos de las condiciones en las que debe producirse el internamiento, que redunde en el incremento de las garantías de los extranjeros”.

¿Por qué, entonces, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos lo califican como “Reglamento de la Vergüenza”? Razones no faltan.

¿Oportuna? ¿Para quién?

Los CIEs aparecieron por vez primera en 1985. Han existido durante veintinueve años sin una regulación específica. Esta falta de regulación suponía un claro incumplimiento de la ley en los últimos cinco, puesto que, en su reforma del 2009, la Ley de Extranjería ordenaba al Gobierno que, en un plazo de seis meses, dotara de reglamento a los CIEs. Cinco años sin un momento oportuno, que parece que finalmente llegó.

No es casual que el Reglamento se apruebe cuando han empezado a conocerse, y a llegar a los juzgados, casos de escandalosa vulneración de derechos, malos tratos, agresiones y muertes en los CIEs.

Tampoco es desdeñable la dosis de distracción que aporta el Reglamento, cuando el Gobierno necesita un lavado de cara tras las trágicas muertes de inmigrantes en las playas de Ceuta.

Define la Real Academia de la Lengua como oportuno lo que se hace en tiempo adecuado y cuando conviene. Y sí, a nuestro Gobierno, necesitado de un golpe de efecto, ahora el Reglamento le conviene. Se entiende perfectamente que el Gobierno encuentre en la publicación de este Reglamento una buena oportunidad. ¿Para quién? Para sí mismo, naturalmente.

Cambiar para que nada cambie

El Reglamento presenta como “novedad” la distinción entre dos ámbitos: el de la seguridad, en manos de la policía; y el asistencial, a cargo de otras entidades, públicas o privadas.

Novedad hubiese sido que la gestión de estos centros, de carácter supuestamente no penitenciario, se traspasara al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Pero a este Gobierno esa novedad no le interesa. Le resulta mucho más rentable la idea del control policial de las personas internas que, sumada al argumento de que se ingresa a los inmigrantes en los CIEs por razones de seguridad, potencia la nada inocente asociación inmigración-delincuencia.

La novedad se esfuma, pues, tras la indicación de que estas entidades trabajarán “bajo la dependencia directa del director”, es decir, de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Tramposa pirueta para llegar al mismo sitio.

La mala experiencia adquirida. Más de lo mismo

Que el Reglamento permita a la Dirección General de la Policía -y no es broma- concertar la asistencia sanitaria (ahora, la especializada y la de urgencia) y los servicios sociales de cada CIE con entidades públicas, organizaciones no gubernamentales y otras sin ánimo de lucro, pero también con empresas privadas, lejos de comportar una mejora, consolida una práctica que ya se ha revelado perversa.

La experiencia adquirida exigía un cambio auténtico, radical. Porque la experiencia lo que demuestra es que, con un servicio médico privatizado y la presencia de la Cruz Roja en Aluche, una mujer joven, Samba Martine, murió por una asistencia inadecuada. Samba, gravemente enferma, no siempre fue atendida en el dispensario por un médico y tuvo intérprete sólo en una de las diez ocasiones en que acudió al servicio sanitario. Dice la Audiencia Provincial de Madrid en el auto que ordena la reapertura de su caso que “De haber sido tratada correctamente, se podría haber evitado el fatal desenlace”.

Hay que recordar de nuevo que el Estado es responsable de la salud y la integridad física de las personas a las que priva de libertad. Y que esta responsabilidad sólo puede ser asumida y garantizada por un servicio de titularidad pública. Es poco sensata su delegación en entidades cuya finalidad primera es la obtención de beneficios económicos, o en organizaciones no gubernamentales en las que la trayectoria -y la lógica- indican que tienen una inoperancia directamente proporcional a la cuantía de las subvenciones con las que se las amordaza (En el CIE de Aluche trabaja, desde hace años, la Cruz Roja. En 2010 esta organización recibió una subvención directa de 210.932,08 euros para la “atención integral a las personas internas” y en particular para financiar la “intervención con todas las personas internas, en especial en la interpretación de lenguas, las relaciones con el exterior o la tramitación de documentos”).

El tratamiento del internamiento: ni detallado, ni garantista

Que el Reglamento recoja un catálogo de derechos no supone que esos derechos vayan a ser realmente garantizados. Ya la Ley de extranjería, que tiene rango superior a esta nueva norma, recogía la correspondiente lista. Y no hay derecho de esa lista que no se haya vulnerado. Ni uno.

Los Acuerdos dictados en los últimos años por los diversos Juzgados de vigilancia de los CIEs ponen de manifiesto que el reconocimiento de derechos queda en papel mojado si no hay una auténtica voluntad de garantizarlos. Pero el Reglamento no ha recogido esos Acuerdos, claro está, porque ¿cómo hacerlo sin sonrojo? ¿Cómo reconocer que lo que ocurre en los CIEs es causa y efecto de una concepción deshumanizada de las personas migrantes?

Pongamos un ejemplo: se reconoce, al menos formalmente, el derecho de las personas internas a no ser sometidas a tratos degradantes. Pero los juzgados de Madrid han tenido que ordenar a la Dirección del CIE que abra las puertas de las celdas a las personas internas que necesitan ir al servicio por la noche. Incluir este Acuerdo sería dejar constatado en el texto hasta dónde pueden ser miserables quienes obligaban a los internos a realizar sus deposiciones en la propia celda y delante del resto de los compañeros.

Regular la infamia

La mera existencia de centros donde se priva de libertad a personas, no porque hayan cometido un delito sino porque son pobres y extranjeras y carecen de permiso de estancia o residencia, nos asegura un puesto destacado en la historia universal de la infamia. Y regular estos espacios no va a conseguir legitimarlos. No es exagerado recordar, en este sentido, que otras leyes adoptadas en otros momentos y lugares, por el hecho de ser leyes no fueron menos injustas, racistas y criminales. Así pues, por encima de toda otra consideración, hay una razón fundamental para calificar esta norma como Reglamento de la Vergüenza: trata de regular, y con ello revestir de imposible legitimidad, lo que de ninguna manera debe existir.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es importante visibilizar la situación de maltrato y pérdida de derechos que sufren muchas mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

NOURA

Conocí a Noura cuando estaba encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Más de la mitad de su vida había transcurrido fuera de Túnez, el país donde nació: antes de venir a España había pasado dos años estudiando en Francia y ya llevaba quince viviendo en nuestro país. Aquí tenía su núcleo social. No me extrañó, pues, que se sintiera española. Tampoco que sufriese constantes y evidentes crisis de ansiedad, que temiese la deportación. No se trataba únicamente de saber que con eso se quebraría todo lo construido, que quedaría definitivamente roto su modo de vida. Estaba también la perspectiva de volver a un entorno salvajemente hostil.

Si apareces por aquí, te corto la cabeza y la paseo por el pueblo- le había dicho su padre.

Es que si no lo hace tu padre, lo hago yo- le aclaró por teléfono su tío.

Y con todo, lo peor, lo que destrozaba el ánimo de Noura, era saber que la deportación supondría separarse de su hijo de ocho años, que quedaba en España. Sin madre. En su España.

ANA PAULA

Ana Paula era una de las compañeras de celda de Noura.

Había nacido en Brasil, pero también llevaba más años aquí de los que había vivido en ninguna otra parte. Ana Paula sólo sonreía, de medio lado, cuando se lamentaba de su mala suerte. Mala suerte con su pareja, que la golpeaba. Mala suerte en los bares de carretera donde trabajaba para enviar dinero a los dos hijos que, cuando era adolescente, había dejado “allá”. Mala suerte con el policía español que la violó. Mala suerte con la justicia: sin mala suerte no se acaba en prisión, ni en esa cárcel, aún peor, que es el CIE.

Ana Paula sufría mucho con la amenaza de deportación. Y, de nuevo, en ella también, el daño no era tanto por tener que volver, cuanto por tener que dejar aquí, en España, a su tercer hijo, de seis años, español.

Noura y Ana Paula fueron expulsadas. No pueden regresar en los próximos diez años.

SAMBA

La historia de Samba es más conocida. Yo nunca la visité, pero sé -sabemos- que llegó al CIE después de pasar tres meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Sabemos que llegó allí con su hija de ocho años. También que estaba enferma. Es dramáticamente común que, durante el largo y penoso viaje que realizan, las mujeres africanas sean explotadas o violadas por otros migrantes o por miembros de las fuerzas de seguridad de los países que van atravesando; que como consecuencia de ello contraigan enfermedades de transmisión sexual. Lo raro es que no las obliguen a trabajar para redes de prostitución (lo cuenta Helena Maleno).

Samba procedía del Congo. Que pudiera tener VIH era más que probable. De hecho lo tenía. Y lo sabían en el CETI porque las dos pruebas que le habían realizado habían dado positivo. Samba fue internada en Aluche sin que se valorase, como exige la ley, su estado de salud. En los treinta y ocho días que pasó en el CIE de Madrid, acudió al servicio médico en diez ocasiones. Sólo en una tuvo intérprete, y en tres de ellas ni siquiera fue atendida por médicos. No se le hizo un solo análisis de sangre, no se le recetó sino pomada y paracetamol. Pero Samba agonizaba encerrada y el Estado español, responsable de garantizar la vida de aquellos a quienes priva de libertad, no hizo nada. O sólo lo hizo tras semanas de aullidos de dolor y de lamentos, cuando la agonía había llegado a un punto irreversible. Samba murió el día que fue trasladada al hospital.

Hasta aquí, un pedacito de las vidas de tres personas que, como tantas otras, sufrieron las penosas condiciones del CIE de Madrid. No son las únicas que vinieron buscando un futuro mejor y vivieron con el miedo a la redada, a la denuncia, a la expulsión; no son las únicas que terminaron presas en un espacio sin regulación ni derechos; no son las únicas que al sufrimiento de no entender el porqué de su encierro han de sumar abusos y humillaciones, que convierten en un infierno el hecho de ser extranjera y, además, mujer.

La desidia de las autoridades y su desinterés en aplicar el más elemental concepto de igualdad dentro de los CIEs queda patente en discriminaciones vergonzosas, aplicadas de forma descarada: en algunos CIEs las mujeres disfrutan de menos tiempo que los hombres para salir al patio; que además es más pequeño que el de los hombres, como también son más pequeños sus módulos. Hay CIEs en los que las mujeres están obligadas a ocuparse de la limpieza, no sólo de sus celdas sino incluso de los espacios comunes. Pero sólo para fregar y perjudicar se reconoce la condición de mujer en las internas a las que no se protege en sus necesidades específicas.

En los CIEs se ha encerrado -y se encierra- a mujeres embarazadas a las que no se dispensa el asesoramiento y la atención médica que su estado exige. Tampoco reciben información sobre las posibilidades legales de interrupción del embarazo (recordemos que aún no se ha cercenado brutalmente este derecho). En los CIEs se encierra a mujeres con hijos pequeños. Algunos tanto, que ven interrumpida abruptamente su lactancia. En los CIEs hay mujeres víctimas de trata que no pueden ejercer su derecho de reflexión, porque no se les informa, porque no se ponen en marcha los correspondientes protocolos de detección.

CLAUDIA

Una última historia: la de Claudia. Era menor cuando llegó de la mano de un pederasta español que le mostró la puerta de la calle cuando dejó de ser niña. Allí, en la calle, dedicada irremediablemente a la prostitución, pasó los siguientes quince años. En una redada, Claudia, que había nacido Claudio, fue internada en el módulo de mujeres. Tuvo suerte porque, aunque sus documentos oficiales la marcaban como varón y podía haber sido recluida con los hombres, la dirección del CIE en este caso decidió respetar su identidad.

El tratamiento del ingreso de transexuales es un extremo que, como tantos otros, carece de regulación y queda al arbitrio del director del correspondiente CIE. ¿En qué módulo se interna a una persona transexual? Le deseamos suerte, porque depende sólo de cómo piense y lo que diga el señor director.

Hoy, Día Internacional de la Mujer, llegamos al ecuador de la Quincena de Lucha Feminista. La Quincena ha querido dar voz a todas las mujeres, también a las bolleras y a las transexuales, encerradas en estas y otras prisiones: http://aportodasmadrid.wordpress.com/

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son espacios de violación sistemática de derechos humanos cuyo cierre inmediato debemos exigir con rotundidad para no convertirnos en cómplices de su infame existencia.

Son tantos los frentes abiertos, tan frenética la espiral de agresiones a los derechos que creímos definitivamente conquistados, que no es infrecuente que, a quienes reclamamos el cierre inmediato y definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se nos plantee la duda de si es esta la batalla en la que debemos concentrar la mayor intensidad de nuestros esfuerzos.

La respuesta es sí.

Basta una pequeña dosis de reflexión para comprender que, en la ya ineludible tarea de construir una realidad menos hostil, más digna, los CIE constituyen un excepcional campo de pruebas de lo que estamos dispuestos a aceptar; de lo que esperamos ser, si las miras van más allá de resolver los problemas materiales causados por este expolio, al que tan insidiosa como hábilmente han llamado crisis.

No es difícil descubrir que los mismos elementos que sustentan la existencia de estos centros, incompatibles con la dignidad de la sociedad que los tolera y los financia, concurren también en los incesantes ataques que se están llevando a cabo contra derechos que son elementales en una verdadera democracia.

El procedimiento podría reducirse a un esquema sencillo: la desinformación y el miedo como caldo de cultivo de la ignorancia y la pasividad de una ciudadanía a la que, de esta forma, se hace cómplice de graves violaciones de los derechos humanos, en beneficio exclusivo de una casta económicamente poderosa que ha convertido la política en instrumento al servicio de sus intereses.

Desinformación

Los CIE no son, como se ha hecho creer a muchos ciudadanos, centros de acogida para ofrecer mantas, techo y café a quienes llegan en una patera. Los CIE son cárceles. Peores que cárceles. Son espacios en los que no hay derechos, limbos de indignidad en los que se secuestra a personas que no han cometido ningún delito: son extranjeros pobres, eso basta. Eso y una simple infracción administrativa -como puede serlo una multa de tráfico- los encierra en un CIE. “Para que puedan estar localizados cuando puedan ser expulsados”, dicen nuestras autoridades. Pero sus propios datos lo desmienten. La mitad de quienes han padecido el encierro son puestos de nuevo a la puerta del CIE, tras varias semanas de humillación y malos tratos.

Los CIE son, digámoslo claro, lugares que acumulan un despiadado historial de vulneración de derechos, creados para amedrentar a los que llegan y tranquilizar a los asustadizos. Son jaulas en las que se cercena la libertad de personas por la sola razón de que no cumplen con el requisito, hoy casi imposible, de obtener -o conservar- una autorización de residencia. No importa si llevaban dos días o diez años en España. No importa si buscan un sustento que no encuentran, si trabajan sin que les firmen un contrato, o si perdieron su trabajo de años y con él la posibilidad de mantener su residencia. Son extranjeros pobres. Eso basta.

Miedo

Fomentar la desconfianza en el otro, viejo truco. Hacer de la víctima un culpable, esa bajeza. Presentar los tajazos como inevitables, el cinismo. Promover la guerra entre pobres. Alimentar a la hinchada del racismo. “Tú pon a miles de inmigrantes ilegales circulando por las calles y verás con quién está de acuerdo la mayoría de la sociedad”, señaló el ministro Fernández, en defensa de las criminales concertinas.

Tácticas miserables. Y también instrumentos más sutiles, y de igual eficacia perversa: la redada en el barrio (“algo estarían haciendo” piensa el probo), el titular de prensa (“invasión de subsaharianos”), la asociación artera (inmigración–delito). El miedo.

Pero debemos saber, saber, saber.

Debemos saber por qué son opacos los CIE, por qué los ocultan. Por qué sin previo tratamiento cosmético no pueden entrar cámaras, ni prensa. Por qué, cuando se tiene noticia de agresiones policiales en su interior, como pasó a principios de enero en el CIE de Zona Franca (Barcelona), se ignora, con total chulería, el Manual de Naciones Unidas para investigar los casos de tortura o malos tratos. Según este Manual, para elaborar el informe que determina el grado de veracidad de lo alegado (el llamado Protocolo de Estambul),“comisiones independientes constituidas por juristas y médicos deberán tener garantizado un acceso periódico a los lugares de detención y las prisiones”. Pero al personal médico independiente se le impide el acceso. También a la comisión de diputados y diputadas que solicitaron la entrada. Cualquier control es siempre una visita guiada. Una visita paripé.

Saber, sobre todo, que está ocurriendo en ellos. Numerosos informes de instituciones y colectivos sociales diversos han revelado ya que los CIE son sinónimo de racismo, discriminación, hacinamiento, insalubridad, escasa alimentación de nefasta calidad; agresiones, torturas, abusos sexuales; suicidios -o “muertes sin testigos”-, y de muertes con abundantes testigos de que se produjeron son orladas por la indiferencia y el abandono de las autoridades. Muertes de jóvenes con nombre: Samba Martine, Mohamed Abagui, Johnatan Sizalima, Idrissa Diallo, Aramis “Alik” Manukyan.

Saber que en los CIE se violan sistemáticamente derechos fundamentales. Que allí no existe el derecho a la identidad personal, porque las personas internas son un número. Que no existe el derecho a la vida familiar, porque los amontonan como animales. Que son centros de detención en los que no se respeta el derecho a la tutela judicial, ni a la integridad física y psíquica, ni, según se ha comprobado últimamente, el derecho a la vida.

Porque la ignorancia elegida no exime de responsabilidad y nuestra dignidad ha sido comprometida por la existencia de estos centros inicuos, porque la pasividad ante lo que allí ocurre nos hace cómplices, debemos primero saber y luego exigir el cierre inmediato de todos los CIE.

El Director General de la Policía anunció el pasado viernes que el Gobierno proyecta abrir un nuevo CIE en Madrid.