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El Consejo de Europa denuncia malos tratos en cárceles, CIE y comisarías españolas

La institución pide a España una investigación sobre los métodos utilizados en los interrogatorios y un "código de conducta" de mínimos

España justifica el carácter restrictivo de los CIE por el "porcentaje bastante destacado de internos con antecedentes policiales"

El organismo se suma a la petición de que los policías vayan identificados durante el servicio

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Fotografía aportada como prueba por los denunciantes

Fotografía que aportaron como prueba los denunciantes a la Policía por lesiones, arresto ilegal y torturas durante el 25S

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) denuncia la existencia de "alegaciones creíbles y consistentes" de malos tratos a personas detenidas en régimen de incomunicación y reitera que "sigue sin resolverse" el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos de terrorismo tras varias décadas advirtiendo de esta situación.

En su informe sobre la última visita que el organismo del Consejo de Europa realizó en 2011 a varias prisiones, comisarías y Centros de Internamiento para Extranjeros en España, el CPT realiza una serie de recomendaciones y peticiones al Gobierno español para acabar con los tratos inhumanos o degradantes.

En este sentido, solicita una investigación "rigurosa e independiente" sobre los métodos utilizados en los interrogatorios, ya que considera que "se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente". Además, insta a España a establecer un "código de conducta" para los interrogatorios en el que "se debería prohibir expresamente vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial" así como ampliar las grabaciones a las salas donde se realizan y celdas como una "garantía eficaz frente a los malos tratos".

También recomienda que los jueces o fiscales tomen nota por escrito de las denuncias por malos tratos y recrimina que en ninguno de los casos estudiados por la institución se tomaron medidas para investigar la coacción o malos tratos denunciados.

En su respuesta, el Gobierno español obvia la denuncia de "alegaciones creíbles y consistentes" de malos tratos que realiza el CPT y se limita a repasar la legislación vigente, que prohíbe y castiga la tortura. También rechaza la realización de una investigación "rigurosa e independiente" porque considera que ya la lleva a cabo la Justicia y estima que la creación de un órgano específico "resultaría difícilmente compatible no solo con la propia misión de los órganos judiciales, sino que también podría afectar a la propia capacidad y operatividad de los agentes".

Recuerda que los CIE no deben ser prisiones

El Comité Antitortura también denuncia malos tratos y comentarios racistas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y pide que se revisen las condiciones de estos lugares para asegurar que "respondan a un ambiente menos restrictivo", porque "no deberían funcionar como prisiones", recuerda el texto.

El Gobierno español explica que los "elementos de contención pasiva" (por ejemplo, las rejas) tienen como finalidad evitar los intentos de fuga que buscan frustrar la repatriación. Además, se defiende con una criminalización generalizada de los inmigrantes encerrados: "No hay que olvidar que un porcentaje bastante destacado de internos tiene antecedentes policiales o procede de Centros Penitenciarios, lo que hace que las medidas tendentes a evitar una posible fuga sean las estrictamente necesarias. Además, en algunas ocasiones si el interno que se fuga posee antecedentes delictivos ello incrementa la peligrosidad de la fuga y genera riesgos adicionales", expresa el Estado español.

Entre las recomendaciones que hace el organismo en cuanto a los CIE se encuentran la mejora de los regímenes de visitas a los internos, de las condiciones de higiene que se ofrece a los inmigrantes, así como de la asistencia sanitaria y la formación del personal que atiende estos centros.

Pide identificaciones visibles de los policías

El informe hace hincapié en el desalojo, el 27 de mayo de 2011, de la acampada del movimiento 15M en la Plaza de Catalunya. La institución europea denuncia el "abuso de fuerza" por parte de la policía en esa operación. En cuanto a su análisis de los hechos, el CPT insiste en su interés por la investigación prometida por el conseller de Interior y comparte con el Defensor del Pueblo en Cataluña la petición de que los Mossos d'Escuadra "lleven en cada momento y de forma visible tarjetas de identificación cuando están de servicio".


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