Ha nacido un nuevo partido en Catalunya. Responde a las siglas de Somos Partido Progresista (SPP), aunque prevé también sus denominaciones en catalán, euskera y gallego. Tiene logo, web y hasta una presidenta. Pero que nadie busque su programa electoral, porque no se trata de una formación al uso, sino que ha sido creada y registrada por Catalunya en Comú, el partido de izquierda catalanista que forma parte de Sumar.

Somos (SPP) fue inscrito en el registro oficial del Ministerio del Interior el pasado 3 de agosto, aunque los trámites del proceso pueden durar semanas e incluso meses. Su presidenta oficial es Laura Jorquera, persona que ha ocupado cargos de los Comuns. Y, además, la formación tiene domicilio social en la sede de este mismo partido, situada en la calle Marina de Barcelona.

El dominio web, somospartido.es, no aloja de momento ningún contenido, pero ya está también registrado desde diciembre de 2025. El titular es Toni Ribas, quien fuera coportavoz de Equo en Catalunya, miembro de los órganos de Barcelona en Comú e integrante de las listas de Catalunya en Comú al Parlament.

Precisamente el partido Catalunya en Comú figura como “persona de contacto” en el registro del dominio.

Desde el partido que dirigen Gemma Tarafa y Candela López aseguran a elDiario.es que la nueva marca tiene un carácter instrumental. “Es el registro de una marca, de un nombre, como se ha hecho en otros momentos y realizan todos los espacios políticos”, aseguran a preguntas de este medio. “No tiene ninguna relevancia pública”, añaden. “Es una práctica habitual y que suele hacerse para evitar que en el futuro nadie pueda utilizar esta denominación como nombre electoral”, explican fuentes de la formación.

Desde los Comuns aclaran además que este registro empezó a tramitarse hace meses, aunque haya visto la luz ahora. “La iniciativa no es reciente”, indican, y resaltan que “en ningún caso se contempla hacer un uso electoral de ese nombre”.

Sobre las personas que figuran tanto en el registro ante el Ministerio como en la página web, estas mismas fuentes indican que “no son cargos públicos de los Comuns”, sino “personas que trabajan en el espacio político y que desarrollan funciones para realizar trámites administrativos como es el caso de este registro”.

La marca Somos, en catalán 'Som', es una palabra que los Comuns han utilizado frecuentemente en su comunicación política. Por ejemplo, la mayoría de los perfiles registrados en redes sociales tienen como nombre de usuario 'somcomuns' y otras derivadas.

Som Comuns ha sido además una marca utilizada en varias campañas para englobar a los ciberactivistas vinculados a las diferentes candidaturas, muy activa sobre todo en la primera campaña de Ada Colau en 2015.

No es infrecuente que los partidos registren diversas marcas que consideran cercanas a su identidad o que creen que podrían servirles en el futuro. Pero tampoco es habitual que las inscriban como partidos ante el Ministerio del Interior. Menos aún si no hay a la vista procesos electorales, en los que muchas veces se acaban generando nuevas coaliciones o marcas para dar respaldo a alianzas entre diferentes partidos.

En el Registro de Partidos del Ministerio del Interior existen diversas formaciones registradas bajo la marca Somos/Som, muchos de ellos vinculados a localidades catalanas, así como en otras regiones catalanoparlantes, como Mallorca o la Comunitat Valenciana. También hay inscripciones en localidades gallegas y de diversos municipios del resto de España.

Desde los Comuns, con todo, insisten en que no están pensando en utilizar las siglas de Somos, o Som, en ninguna candidatura.

Acaban de cumplirse dos años de una de las investiduras más agitadas que se recuerdan. Y eso que, en Catalunya, ha pasado casi de todo en los últimos años. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat, pero el foco político se lo arrebató Carles Puigdemont, que ese mismo día hizo una aparición fugaz en Barcelona, antes de volver a esfumarse en dirección a Bélgica, donde permanece desde 2017.

La principal tarea que el president socialista se impuso entonces es que capítulos como aquel no se repitan en Catalunya. En sus palabras, “normalizar la situación política”. El contexto le ha ayudado aunque no del todo. La ley de amnistía se pactó unos meses después a cambio de los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, pero aun los principales líderes políticos catalanes, como el propio Puigdemont u Oriol Junqueras, no han podido disfrutar de sus efectos. Y, sin ello, el president sabe que la “normalización” no es completa.

Con todo, las cosas han cambiado mucho en Catalunya en los últimos años, con un independentismo a la baja y un Govern que con frecuencia saca pecho de su apuesta por la “colaboración” en vez de la “confrontación”. El principal objetivo de Illa se da, por tanto, casi por logrado.

Sin embargo, en el ecuador del mandato, el president está encontrándose con problemas difíciles de resolver y que desgastan a un ejecutivo que llegó con la promesa de la buena gestión. En la rueda de prensa de balance de este último semestre, Illa reconoció al menos dos: el que tiene que ver con la cartera de la Educación, donde ha mantenido un pulso con los profesores aún no resuelto, y el de la movilidad, con Rodalies como eterna fuente de quebraderos de cabeza del Govern.

Después de reconocer “dificultades” en ambas cuestiones, Illa respondió en el mismo tono triunfalista que marcó todo el balance de su gestión. “Tendremos una movilidad y una educación excelentes y no pasará demasiado tiempo antes de que lo veamos”, aseguró en la última comparecencia antes de irse de vacaciones.

Para cumplir esta promesa, el Govern tendrá que dar la vuelta a unos problemas persistentes en los últimos años. En el ámbito de Rodalies, los datos son desalentadores. El servicio de Renfe cerró el primer semestre del año con un 16% menos de usuarios que el mismo periodo de 2015, y eso que durante algunos de esos meses los billetes fueron gratuitos.

Rodalies, tras un semestre negro

Pese al optimismo con el que el Govern encaraba el arranque de 2026, los problemas se acumularon en la red ferroviaria tras el accidente de Gelida, el 20 de enero, tras lo cual hubo días en el que el servicio permaneció cerrado, algo que nunca había pasado, y la recuperación de algunas líneas se demoró mucho más allá de lo previsto por la Generalitat.

El Govern lo confía todo a dos aspectos. Por un lado, que lleguen los 110 convoyes encargados por Renfe. Unos trenes nuevos que siempre se consideraron como un hito de mejora del servicio, pero de los que aún no se tiene noticia pese a que ya deberían llevar meses en servicio según lo pactado con la operadora del Ministerio.

En segundo lugar, el Govern confía en el cambio de operadora de Rodalies, que en los próximos meses debe pasar de la propia Renfe a una mixta participada por la propia Generalitat, aunque bajo el paraguas de la empresa ferroviaria del Estado. La nueva empresa, que tendrá como nombre Rodalies de Catalunya, por el momento sigue sin desarrollarse y cuenta como único trabajador con su máximo responsable, Òscar Playà. La promesa era que comenzase a funcionar en enero de 2027, un horizonte cada vez más asfixiante.

Los problemas en Educación vuelven en septiembre

En el ámbito educativo, el curso pasado estuvo marcado por las huelgas de docentes que se acabaron convirtiendo en el principal pulso laboral al Govern de Illa. Maestros y alumnos se fueron de vacaciones sin haber encarrilado este conflicto, que volverá en septiembre y, cuando parecía que el año escolar no podía acabar peor, la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA acabó suponiendo la sacudida definitiva en el sector.

El próximo 8 de septiembre será la primera jornada de curso y, también, la primera convocatoria de huelga. El mensaje que envían los docentes es claro: quieren demostrar que el conflicto laboral está vivo desde el primer día. El malestar acumulado a lo largo de los últimos años, sumado a una negociación errática y descuidada del Govern, acabó con los trabajadores de la Educación en pie de guerra.

El Departamento dirigido por Esther Niubó cometió un error fatal al llegar a un acuerdo con los minoritarios CCOO y UGT fuera de la mesa sectorial, lo que calentó los ánimos de USTEC y CGT, mayoritarios. Posteriormente, USTEC acabó firmando un nuevo pacto, pero fue rechazado por la mayoría de los trabajadores. El malestar tiene diferentes aristas porque, a la cuestión salarial, se suman quejas sobre la dotación del modelo de escuela inclusiva, la burocratización o incluso los currículums.

Sobre el fiasco en las pruebas PISA, de las que Catalunya ha sido expulsada por primera vez en la historia, la explicación de Educación es que, durante la celebración de las pruebas, en los centros catalanes se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

En su comparecencia de balance, Illa aseguró que “iría hasta el final” para conocer lo ocurrido, una frase que ya ha pronunciado en otras crisis. El president, sin embargo, ratificó su confianza en la consellera Niubó.

Nuevas cuentas y pensando en la financiación

Pese a los incendios sufridos por el Govern en las carpetas de Rodalies y profesores, Illa cruza el ecuador de su mandato habiendo aprobado unos presupuestos, una carta que durante mucho tiempo se le había resistido. Tras un largo estira y afloja con ERC, finalmente los republicanos se unieron a socialistas y comuns para aprobar unas cuentas propias de los tiempos de buena recaudación, claramente expansivas y con amplio margen para hacer inversiones.

Illa puede respirar tranquilo en lo relativo a la parte presupuestaria al menos durante todo 2027, que además es año de elecciones municipales. Sin embargo, la batalla económica que el president deberá luchar a la vuelta de las vacaciones es la nueva financiación autonómica. La propuesta del Gobierno está sobre la mesa y pasará primero por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 4 de septiembre, para acabar en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

El president está convencido de que la nueva financiación no decaerá porque bien el PP, que gobierna comunidades muy beneficiadas con la propuesta, o bien Junts, serán incapaces de dejar morir el proyecto. “Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, dijo Illa, después de que la autonomía insular anunciase su apoyo a la nueva financiación. “Y, a las formaciones catalanas, les pido que piensen en Catalunya”, remató.

ERC ha abierto este miércoles un expediente a su candidato en Girona, Marc Puigtió, a raíz de unos audios publicados en las redes sociales en las que el político carga contra sus compañeros en la formación municipal, de quienes asegura que desea “echarlos a todos” y “quedarse” con el partido. Puigtió ha reconocido la autoría de los mensajes, desvelados en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, y ha pedido perdón en una carta enviada a la militancia.

La polémica comenzó cuando la cuenta Girona Perduda publicó un vídeo que contenía varios audios que reflejaban una conversación entre Puigtió y Travis Gómez, la persona que gestiona el perfil de Instagram vinculado a Vox y muy crítico con la izquierda local. “Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos fuera a todos y quedarme Esquerra, y después poder utilizar sus recursos electorales”, se escucha decir al candidato republicano a la alcaldía de la ciudad.

En el audio Puigtió promete al influencer poderle información sobre el partido y, como muestra, revela que uno de sus compañeros de partido estaría dedicándose a gestionar una guardería “mientras está de baja en el Ayuntamiento”.

El candidato de ERC asegura además que su intención de formar Moviment Gironí, la plataforma electoral aliada de los republicanos, es “formar un proyecto nuevo”, desvinculado de su partido pero aprovechando sus derechos electorales. “Me tienen que pagar la fiesta”, asegura. Una pretensión que Puigtió admite que ha provocado el enfado entre las bases republicanas. “Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. Porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero ninguno de los que están ahora”, resume.

En la carta enviada, Puigtió pide disculpas por las “expresiones y planteamientos que no son adecuados” y lamentan que hayan causado “malestar, decepción o desconfianza”. El candidato, sin embargo, se disculpa asegurando que el audio filtrado no corresponde a una sola conversación completa, sino que está formado por fragmentos editados de diferentes días, lo que podría trasladar una impresión diferente de la intención original.

Después de que el diario El Món se hiciera eco del audio, ERC ha optado por abrir una investigación. En un comunicado, el partido asegura que, de acuerdo con la ejecutiva local de Girona, “el responsable de cumplimiento de la formación ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

Según indican, “el procedimiento se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas”. ERC rechaza hacer valoraciones o declaraciones sobre el caso.

La asamblea local de ERC designó el pasado mes de junio a Puigtió como candidato a la alcaldía de Girona, una sesión en la que también se avaló concurrir junto a Moviment Gironí, la plataforma encabezada por el propio candidato. Puigtió es considerado el hombre de Oriol Junqueras en la capital gerundense y había recibido críticas, sobre todo, de los sectores opuestos a la actual dirección de ERC.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este viernes “responsabilidad” para negociar la nueva financiación autonómica. Lo ha hecho tras elogiar el cambio de parecer de Canarias y en referencia a las comunidades del PP, que deberán votar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero también se ha dirigido a Junts, cuyo voto en el Congreso está en duda. “A las formaciones catalanas les pido que piensen en Catalunya”, ha dicho.

Tras el aplazamiento de la reunión del CPFF, que finalmente se celebrará el próximo 4 de septiembre, Illa ha asegurado que el mes que queda es “una oportunidad” para negociar. “Espero que la aprovechen”, ha añadido, tras asegurar que el Gobierno canario, que mostró su apoyo a la propuesta de la nueva financiación, ha demostrado que “cuando se negocia con lealtad y serenidad ganamos todos”.

“Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, ha asegurado Illa, que ha recordado que la nueva financiación supone que el Estado pone a disposición de las autonomías 21.000 millones de euros más. “¿Van a renunciar en Andalucía, València o Murcia a los cuantiosos recursos que se les ofrecen? En septiembre se acaban las excusas”, ha indicado.

Illa ha lanzado este mensaje en una rueda de prensa que ha celebrado en el Palau de la Generalitat como cierre del curso político y antes de comenzar un periodo de descanso.

El president ha hecho un balance muy optimista del primer semestre de 2026 y ha destacado que “Catalunya pasa por un buen momento”, pese a que ha sido uno de los semestres más aciagos para Rodalies o para el sector de la Educación, donde al conflicto laboral se le ha sumado la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA.

“Tenemos dificultades en estos dos ámbitos”, ha reconocido Illa, que sin embargo ha asegurado que tanto la movilidad como la educación mejorarán en los próximos dos años. “Me sería fácil a mí hacer comparativas con otros, pero no lo hago; pido a mi Govern que lo resolvamos”, ha dicho, para a continuación prometer que “no pasará demasiado tiempo antes de que Catalunya tenga una movilidad y una educación excelentes”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha incoado una sanción de 7.000 euros al semanario La Directa a raíz de los reportajes de investigación en los que se desvelaba que hasta seis diferentes agentes de la Policía Nacional se habían infiltrado en movimientos sociales independentistas, por el derecho a la vivienda u organizaciones vecinales, en ciudades como Barcelona, Girona o València.

Según ha informado el medio de comunicación sancionado durante una rueda de prensa, el organismo que vela por las dadas personales ha abierto un expediente a petición de cuatro de los policías que fueron descubiertos durante su infiltración. El procedimiento sancionador, al que ahora La Directa presentará alegaciones, parte de una denuncia que fue inicialmente desestimada pero que después se aceptó tras formular recursos los policías.

La AEPD reclama además que La Directa borre cualquier imagen de los policías, también aquellas en las que no se les puede reconocer, y elementos identificativos como tatuajes o marcas, lo que supondría eliminar los elementos centrales de hasta una decena de los artículos publicados por el medio.

La resolución exige incluso la eliminación de las identidades falsas bajo las que se infiltraron los agentes. Una forma de “censura”, en palabras del miembro de La Directa, Jesús Rodríguez, que entiende que el organismo “contra el mensajero” por fiscalizar al poder.

“Lo que está en juego no es solo la posibilidad de hacer periodismo en la redacción de La Directa. El conjunto de la sociedad no puede permitir que se amordace la democracia y que se destrocen las libertades públicas”, ha indicado Rodriguez.

Desdee La Directa consideran “revelador” que la unica investigación abierta desde organismos del Estado a raíz de sus publicaciones haya sido a petición de los policías infiltrados y “para criminalizar el medio de comunicación que lo destapó”.

Rodriguez ha comparado el caso de infiltraciones de la Policía Nacional con uno análogo ocurrido en el Reino Unido, que también fue destapado por los medios de comunicación y que generó un gran escándalo político. “En estos momentos en las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas por un caso que nunca debió ocurrir”, ha ilustrado para comparar con su caso.

Junto a Rodríguez ha participado en la rueda de presa Sònia Olivella, del centro Iridia, quien ha considerado que la difusión de ciertos datos personales está perfectamente justificada por la relevancia informativa de los reportajes. “¿Cómo se puede demostrar si no una infiltración policial que el Gobierno niega?”, se ha preguntado Olivella. Las alegaciones que formularán, ha asegurado, remarcarán la prevalencia del derecho a la información.

Otra de las cuestiones en las que Iridia incidirá para defender al medio de comunicación es que los policías no actuaban como agentes encubiertos en el curso de una investigación judicial, sino como agentes de inteligencia sin otra misión concreta que reportar información sobre movimientos sociales a la Comisaría de Información.

La Directa comenzó con estas investigaciones a raíz de un primer caso, de un militante en la entidad vecinal por el derecho a la vivienda Resistim al Gòtic que fue descubierto por sus compañeros. A partir de entonces, entre los años 2022 y 2025, el medio publicó una decena de reportajes en los que desenmascaraba a hasta 5 agentes de policía más, todos ellos trabajando bajo identidades falsas fuera del control judicial.

Muchos usuarios del transporte público en Catalunya no quieren subirse en un tren de Rodalies ni aunque les regalen el billete. Una frase que suena a exageración, pero que se ajusta a los datos de usuarios registrados por el servicio ferroviario de Cercanías que gestiona Renfe, y que acaba de cerrar un semestre negro, fácilmente el peor de su historia reciente. Entre enero y junio, el servicio perdió casi un 16% de los viajes respecto al año anterior.

Una caída de casi 8,9 millones de viajes que, si se compara con 2023, supone un descenso del 25%. Perder en dos años uno de cada cuatro viajeros supone un dato interanual especialmente duro si se tiene en cuenta que Rodalies fue totalmente gratuito entre febrero y mayo.

Regalar los billetes solo funcionó en abril, mes en el que se consiguió una cifra de usuarios ligeramente superior a la del año anterior, para a continuación volver a descender un 8 y un 13% en mayo y junio, cuando volvió a ser necesario validar el abono para viajar en Rodalies.

Los datos interanuales, mes a mes, muestran lo ocurrido en los meses de enero y febrero, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, cuando los maquinistas plantearon un conflicto por el estado de la infraestructura ante Adif y Renfe y durante varios días se optó por no dar servicio en ninguna línea.

El resultado de aquellas jornadas fue dos caídas mensuales de más del 30% de usuarios, en enero y febrero, unas cifras que nunca habían ocurrido en el sistema de Cercanías catalán, obviando 2020, año de la pandemia. Pese a eso, el presidente de la plataforma por la Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, asegura que estos son unos datos que tienen “todo el sentido” y que encajan perfectamente con lo que esperaban.

“Cuando hay una falta de fiabilidad, la gente busca otros medios de transporte y en este caso además han encontrado un buen aliado, no en el vehículo privado, sino sobre todo en el bus interurbano exprés”, asegura Garcia.

Desde la PTP añaden que, pese a que el autobús ha evitado hasta ahora que los usuarios opten por el coche particular, el tren debería ser el transporte prioritario para articular los grandes ejes de movilidad en el área metropolitana de Barcelona. “Y una vez la pierdes, nos costará muchísimo que la gente vuelva al ferrocarril”, lamenta Garcia.

Por su parte, Renfe considera que los datos oficiales de 2026 no son comparables con los de 2025, debido a los problemas que ha habido en la infraestructura, que hizo que el servicio de Cercanías quedara sin servicio durante varios días. “La recuperación de la circulación de trenes en todas las líneas no se ha logrado hasta hace pocas semanas, la última la línea R2 hasta Puigcerdá”, explican desde la operadora. “Durante todo este tiempo Adif ha estado haciendo y sigue realizando trabajos de mejora y mantenimiento de la infraestructura con afectaciones al servicio y, por tanto, es lógico que haya una bajada de viajeros”, indican.

Con todo, desde Renfe esperan que durante el segundo semestre la situación pueda remontarse e incluso que la cifra de usuarios de este año supere la del anterior.

Del socavón al relevo de ejecutivos: los problemas continúan

El Govern comparte con Renfe las perspectivas optimistas y, ya desde el pasado mes de mayo cuando se dieron por concluidos los cierres imprevistos de líneas de Rodalies, considera que este segundo semestre de 2026 debería suponer un punto de inflexión.

Sin embargo, los primeros compases de esta segunda mitad de año, con un socavón en las obras de soterramiento de Montcada que volvió a dejar fuera de servicio tres líneas durante casi una semana, sirven de recordatorio de que la mayoría de los problemas de Rodalies están lejos de resolverse.

El accidente, que supuso el hundimiento de un tramo de la vía y una grúa en una zona de abundantes aguas freáticas, fue resuelto mediante la inyección de 365 metros cúbicos de hormigón y 1.930 metros cúbicos de mortero, con el objetivo de estabilizar el terreno. La crisis duró una semana, pero dejó patente la vulnerabilidad de una red que tiene decenas de obras simultáneas.

En el caso de Montcada, además, los trabajos no tienen nada que ver con la mejora de la red de ferrocarril, sino con el soterramiento de las vías, una obra urbana que tiene un coste de cerca de 1.000 millones de euros que, pese a que supone más problemas que beneficios al sistema de transportes, salen de los fondos comunes destinados a Rodalies.

En esa misma línea, la destitución sorpresiva del que fue portavoz y director de Rodalies, Antonio Carmona, avanzada este martes por La Vanguardia y confirmada por este diario, subraya que el encaje político en la operadora está, también, lejos de resolverse. Carmona es una persona de estrecha confianza para la Generalitat, mientras que había mantenido una guerra soterrada con el presidente de Renfe.

La destitución de Carmona, que han criticado tanto las asociaciones de usuarios de Rodalies como expertos, llega en un momento en el que la nueva empresa mixta creada entre el Ministerio y la Generalitat debería estar dotándose de personal y preparándose para tomar el control de las operaciones. Algo que, por el momento, no está ocurriendo.

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts y que se encontraba condenada a 4 y años y medio de cárcel por fraccionar contratos cuando se estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Ejecutivo ha librado a la independentista de esa pena y la ha conmutado por una de dos años, lo que impedirá que Borràs deba entrar a la cárcel.

El indulto parcial sigue el criterio del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien, al imponer a Borràs la pena, ya reclamó una atenuación como la que finalmente ha acordado el Consejo de Ministros, al considerar que la entrada en la cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”. El indulto concedido conmuta el tiempo de prisión pero mantiene el resto de la condena, que supone multa e inhabilitación de 13 años.

Laura Borràs fue presidenta del Parlament tras concurrir como cabeza de lista a las elecciones del Parlament en 2021. En julio de 2022 fue apartada del cargo y también del escaño por el propio Parlament, tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en un caso en el que quedó demostrado que, como presidenta de la ILC, había fragmentado contratos de la institución para otorgarlos fraudulentamente a un amigo suyo.

TSJC condenó a Borràs en marzo de 2023 por los dos delitos citados, pero suspendió la aplicación de la pena de prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronunciara sobre la petición de indulto parcial hecha por el propio tribunal. Los magistrados utilizaban la vía del artículo 4.3 del Código Penal, que permite plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts.

Tanto la propia Borràs como su formación siempre han mantenido que esta condena por corrupción debe leerse en clave de guerra judicial contra el independentismo. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha escrito Borràs en su Twitter. A su modo de ver, la petición de indulto parcial del TSJC es un “reconocimiento” de la injusticia de la pena que impuso, por lo que ha asegurado que la decisión de librarla de esta pena no supone “un punto final”, sino que continuará luchando por su “honorabilidad en instancias europeas”.

En esa misma línea ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este martes ha asegurado: Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de 'la toga nostra' en su sentencia. Y no repara por nada el daño ya hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, cuyos perjuicios persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella“.

Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

El Gobierno ha entregado este viernes a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas, una cifra que superó los 15.300 millones de euros en 2025, pero que arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias.

Los datos recogidos por la Intervención General del Estado, a los que ha tenido acceso elDiario.es, colocan a Madrid (3.218 millones de euros), la Comunitat Valenciana (1.738 millones) y Andalucía (1.620 millones) como las regiones en las que más invirtió el Estado el pasado ejercicio. Cifras, las de este podio, muy lejanas de las comunidades en las que asignó menos recursos el Estado: La Rioja (92 millones), Navarra (188 millones) o Canarias (228 millones).

Pero la historia cambia con contundencia una vez se distribuye cada euro de inversión por habitante. Un murciano recibió 590 euros de inversión estatal el año pasado, muy cerca de lo que percibió cada habitante gallego (582 euros), pero muy lejos de lo que se asignó a un canario (101 euros) o un residente en Catalunya (163 euros), las regiones que se encuentran a la cola.

Es verdad que este cálculo excluye las inversiones realizadas por el Estado en los servicios centrales, el extranjero o que directamente no pueden ser regionalizadas, que alcanzan los 10.400 millones de euros; pero da una visión de cómo se repartió la prórroga presupuestaria de 2025 entre las distintas comunidades autónomas.

La prórroga –en 2025 no se aprobaron Presupuestos, sino que las cuentas en vigor son las de 2023– es la razón por la cual no es posible imputar un porcentaje de ejecución a las inversiones presupuestadas, sino que el Gobierno se limita a informar de lo ejecutado el año pasado. Todos los datos se pueden comprobar en la tabla que aparece bajo estas líneas.

Así, 11 comunidades (con la ciudad autónoma de Melilla) reciben menos de 400 euros de inversión por habitante, frente a 8 (incluyendo a Ceuta) que superan holgadamente esa cifra.

Madrid recibe 7 puntos más de lo que corresponde a su población

La comparación por habitante es la más justa que se puede realizar, aunque las diferencias en función de las aportaciones al total del producto interior bruto (PIB) nacional o sobre el porcentaje de población también son relevantes.

Madrid percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital.

Catalunya, que es la segunda economía española (19%), apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

Andalucía es también una de las perjudicadas en el reparto, a pesar de situarse en el podio en términos brutos. La comunidad más poblada (17,7%), y que concentra un 13,3% de la economía española, solo recibe un 10,5% de la inversión del año pasado.

Al otro lado, casos como el de Galicia supone recibir el doble (10,2%) de su peso económico (5,1%) y poblacional (5,5%), un ejemplo que se repite en Murcia, que concentra el 6,1% de las inversiones, representando un 2,7% del total de la economía española y concentrando el 3,2% de la población. Algo similar a lo que ocurre en Castilla y León, que se lleva un 7,9% de las inversiones con un 4,9% de la población y un 4,6% del total de la economía. Bajo estas líneas se puede ver la comparación en función de la población, por cada una de las comunidades.

Junts habla de “asfixia” a Catalunya

Catalunya es una de las comunidades donde con más lupa se miran estas cifras, en las que la comunidad sale año tras año en la cola de la inversión estatal. Además, el Ministerio dejó de publicar este dato hace dos años, por lo que una de las reivindicaciones habituales de Junts ante el PSOE era volver a conocer estas cifras, al igual que las balanzas fiscales.

Sobre la inversión territorializada conocida este viernes, Junts ha vuelto a poner el grito en el cielo. Catalunya recibe “menos de la mitad de lo que le correspondería por peso económico y población”, ha dicho la portavoz independentista, Mònica Sales, que ha opinado que Catalunya sufre una “asfixia premeditada en forma de déficit fiscal y de inversiones”.

En el lado opuesto, la consellera de Economía del Govern catalán, Alicia Romero, ha destacado el crecimiento de la inversión en Catalunya en términos totales, ya que se invierte, ha dicho, “prácticamente el doble que en 2018”. Romero ha asegurado además que “se consolida la tendencia al alza” de la inversión del Estado en Catalunya, aunque ha reconocido que le gustaría que el aumento fuese más importante.

Estas cifras, probablemente, avivarán el debate sobre la viabilidad de unos Presupuestos para 2027 que el Gobierno está decidido a presentar y para los que ya ha prometido unos recursos récord para las comunidades autónomas. Pero si el objetivo es convencer a Junts de que negocie las cuentas, y primero permita la aprobación de la senda de déficit, las cifras presentadas este viernes tienen poco de zanahoria y mucho de palo.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

La ley catalana para restringir la compra de vivienda con fines especulativos, pactada entre el Govern y los Comuns, deberá superar un obstáculo més después de que este miércoles llegue al Parlament como estaba previsto. Junts y el PP han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que dejará la tramitación en suspenso hasta que el órgano se pronuncie.

El CGE es el órgano consultivo catalán que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes. Su informe no es de obligado cumplimiento, pero sí paraliza el trámite, normalmente alrededor de un mes. Además, el dictamen de Garanties puede ser una avanzadilla de la decisión que acabe tomando el Tribunal Constitucional, a donde el PP ya ha anunciado que llevará la norma.

Según Junts, la ley vulnera el derecho fundamental de la propiedad, además de que invade competencias municipales, según ha explicado su portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Los independentistas además reprochan al Govern querer aprobar el texto por lectura única, lo cual ha impedido las comparecencias de colegios profesionales y con las enmiendas simplificadas, y que lo haga, ha dicho, “aprovechando el verano”.

El portavoz de Junts ha avisado también de una consecuencia práctica de dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos: podría haber municipios vecinos con reglas opuestas, con Barcelona aplicando el veto y Badalona ignorándolo, lo que generaría a su juicio “inseguridad jurídica”. Los Comuns, por su parte, creen que Junts actúa al dictado de la patronal y con el único objetivo de que unas pocas manos puedan seguir acumulando inmuebles.

La ley nació como una apuesta de los Comuns que, partiendo de un primer informe jurídico que avalaba su viabilidad, convirtieron la regulación en el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Salvador Illa. Con todo, la norma se rebajó durante la negociación. El texto que llegará al pleno impone que en las zonas de mercado residencial tensionado solo se podrá comprar vivienda para vivir en ella, para cedérsela a un familiar o para alquilarla a precio regulado, siempre y cuando no se compren edificios enteros.

Junts consiguió sorprender al Congreso la semana pasada cuando, durante la sesión en la que Pedro Sánchez debía dar cuenta de los escándalos de corrupción que asedian a su partido, Míriam Nogueras le propuso que dimitiese sin convocar elecciones, para investir a otra persona, socialista o no, con la misma mayoría parlamentaria que lo invistió a él. La 'vía Starmer', le llamaron, por el reciente relevo del primer ministro británico por, previsiblemente, su compañero Andy Burnham.

Los independentistas cocinaban esta propuesta desde hacía varios meses. En abril ya pidieron por primera vez elecciones a Sánchez, pero desde entonces venían madurando una fórmula que les permitiese exigir responsabilidades al presidente por lo que consideran un mandato fracasado, evitando sin embargo abrir la puerta a un gobierno del PP con Vox, al que no desean dar la mínima oportunidad. Fue ahí cuando surgió la idea de pedir la dimisión del líder del Ejecutivo sin elecciones y acabar con otro presidente el año de legislatura.

La propuesta de Junts iba a plantearse bajo la idea de que Sánchez debía “apartarse”. Pero entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su salida, lo cual permitía hacer el mensaje mucho más fácil. Así nació la 'vía Starmer', una propuesta que permite a Junts aclarar su posición, en un momento en que el partido independentista ha roto el tabú de votar junto al bloque de la derecha, al tiempo que recibe algunos guiños del PP.

El viernes de la semana pasada el secretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, se abrió a pactos con los de Puigdemont alegando que el secesionismo había “dejado de ser una amenaza”. Un día después, Alberto Núñez Feijóo subrayaba que en Catalunya es tiempo de “pasar página” aunque no de “olvidar”. En la formación independentista niegan que hayan recibido ningún mensaje del PP en privado.

Al abanderar la 'vía Starmer', Junts traza una diferenciación entre Sánchez y la legislatura. Nogueras, según dijo, no cree que la legislatura deba acabarse ni que sea necesario convocar elecciones, tal como se repite desde PP o Vox, pero sí que es momento de que el presidente se vaya. Evocaba el “paso al lado” de Artur Mas en 2015. La portavoz independentista llegó a defender que, de lo contrario, la extrema derecha de Vox se vería reforzada.

Todo eso, por irreal que suene —hay ecos de las “jugadas maestras” del procés en esta maniobra—, cobra sentido dentro de la estrategia que Junts se marca para el epílogo del mandato.

Uno de sus objetivos en esta carrera final es desmarcarse lo máximo posible de Sánchez, un presidente al que ven políticamente agotado por la gota malaya judicial. Y eso que Junts no ha sido la fuerza más beligerante respecto a la corrupción. Entre otras razones, porque buena parte de sus bases ve en las causas contra Sánchez la misma mano negra judicial que antes habría actuado contra el independentismo.

Con todo, fuentes de Junts entienden que la acumulación de investigaciones de tanto calado como la de José Luis Rodríguez Zapatero o la de Leire Díez y, sobre todo, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos, obligan al Gobierno a asumir su responsabilidad política, que ya solo ven posible con su dimisión. “Es una propuesta que el tiempo reforzará, porque de ahora en adelante, cada vez que haya un problema del Gobierno con sus socios, o un nuevo episodio de corrupción, se verá que lo más conveniente era la renuncia de Sánchez”, afirman estas mismas fuentes.

Una desconfianza insuperable

Pero la desafección de Junts hacia Sánchez nace más de la política que de los tribunales y tiene mucho que ver con la pérdida de confianza que han acumulado a lo largo de la legislatura. Los de Puigdemont creen que, con el acuerdo para la investidura, el expresident arriesgó mucho de su capital político, algo que entienden que no ha sido correspondido por el presidente del Gobierno.

En el partido rechazan que el problema esté en que Puigdemont no disfruta aún de la amnistía. “No es esa la razón de la ruptura con el Gobierno y nadie podrá decir que nunca hemos planteado la situación del expresident como una condición para llegar a cualquier acuerdo”, afirman fuentes de la formación.

Para mostrar el origen del malestar, señalan a una larga lista de “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La cuestión del catalán en Europa, por la que creen que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano; la ley contra las ocupaciones, que no se ha llegado a tramitar; la negativa a publicar los balances fiscales o, peor aún, la inversión territorial, pese a que esta última es una obligación legal según el Consejo de la Transparencia…

Desde el final del procés, Junts ha sido varias veces un partido errático. Pero desde octubre pasado, cuando sometieron a la militancia la ruptura con el PSOE, esa bandera sí se ha mantenido izada. Y es la justificación del partido para su cada vez más visible coincidencia en el voto junto a la derecha de PP y Vox que, sin embargo, en Junts niegan que suponga nada parecido a integrarse o coordinarse con ese bloque.

El marcado desplazamiento de Junts hacia tesis de derecha radical, por ejemplo en cuestiones como la inmigración, tiene poco que ver con buscar sintonía con el PP, y mucho con la competencia de Aliança Catalana en algunos de sus feudos en Catalunya. La pujanza del partido xenófobo es otra de las razones por las que los de Puigdemont aspiran a acudir antes a unas generales, donde se sienten más fuertes, que a unas municipales que convendrían a su competencia.

Pese a eso, fuentes de la formación recalcan que no están pensando en apoyar una moción de censura, que ni siquiera creen que Feijóo quiera plantear. Y la razón es que, a su entender, el PP no está en disposición de cumplir ninguna de sus demandas, mucho menos si va de la mano de Vox, suma necesaria para que una moción triunfase en el Congreso.

No habría en Junts escrúpulos para votar con el PP, como antes no los hubo para votar con el PSOE; el problema es más bien un cálculo matemático por el que entienden que a Feijóo solo le dan los números con la extrema derecha. “Vox es nuestra línea roja”, aseguran fuentes de Junts.

Pero también hay una cuestión demoscópica que refleja el barómetro del CEO. Para muestra, el de noviembre pasado. Cuando se preguntó a los electores de Junts a quién prefieren en La Moncloa, el 37% respondió que a Sánchez. Un porcentaje solo superado por la opción de “nadie”, que eligió el 39%. A Feijóo solo lo nombraron el 0,8% de los votantes de Junts. Una fotografía contundente de por qué en el partido consideran una “trampa” la moción de censura que investiría al líder del PP.