El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto específico para ayudar a las víctimas del accidente ferroviario en Urda. En concreto, según ha explicado Sánchez en Barcelona, el paquete legal incluirá doblar las ayudas previstas en el seguro obligatorio, un mecanismo para anticipar las indemnizaciones, también un procedimiento de incapacidad temporal para los accidentados y el despliegue de oficinas de apoyo integral en sus provincias de residencia.

Las medidas que se toman, ha explicado Sánchez, son muy similares a las que se adoptaron tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en enero del 26. El presidente ha hecho este anuncio en Barcelona, donde ha participado este lunes en el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa.

“Estos días, en medio del dolor, también hemos visto lo mejor del país. Lo vimos en los equipos de emergencia, en los equipos de 112, en la Guardia Civil, los bomberos, en nuestros militares de la UME, en los sanitarios que trabajaron junto a las vías y también en los hospitales de Castilla-La Mancha. Lo vimos también en Urda, un pueblo que se volcó”, ha asegurado Sánchez

“Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos”, ha continuado el presidente, antes de elogiar los servicios públicos. “Hemos leído relatos que hablan de esperanza, como ese guardia civil que se adentró en uno de los vagones más accidentados y contra todo pronóstico encontraron a una joven con vida. Eso es España”, ha relatado Sánchez, que ha concluido que la respuesta a una tragedia así “nunca puede ser menos servicios públicos”.

Durante su intervención, que ha iniciado con el recuerdo de las víctimas, Sánchez ha asegurado que la principal obligación del Gobierno es “es recuperar esa confianza quebrada por parte de los ciudadanos en la alta velocidad”. Una tarea que deben acometer “cuanto antes y cueste lo que cueste”, ha dicho.

Además, el jefe del Gobierno ha recordado que “los investigadores independientes y la propia justicia trabajan para esclarecer los hechos de este accidente”. Ante eso, Sánchez ha prometido que esas investigaciones contarán “con todos los medios que sean necesarios para esclarecer las causas con total transparencia y de forma exhaustiva y rigurosa”.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en la que colisionaron el AVE y el Iryo accidentados en Urda es una de las últimas en España dotadas con el protocolo de seguridad alemán LZB, que está en proceso de sustitución por el protocolo europeo, ERTMS. Las razones detrás de este cambio no responden a que el sistema actual tenga problemas sino principalmente a una cuestión de interoperabilidad entre países de la UE, unido a la discontinuidad industrial del lenguaje alemán.

Tal y como explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la comparecencia de este viernes, este junio se enviaron a la Comisión Europea los certificados según los que el ERTMS había acabado de instalarse físicamente, dado que buena parte de los fondos eran comunitarios.

Según estos certificados, el nuevo sistema está instalado a lo largo de la línea de 470 kilómetros, gracias a un contrato licitado en 2021. Pero el ERTMS2 está a la espera de entrar en funcionamiento porque aún debe recibir el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

Según detalló Puente, en este momento el nuevo protocolo está en dos estadios previos, según zonas. El tramo entre Córdoba y Sevilla está en fase de pruebas, que se realizan los fines de semana por la noche. En cambio, la vía entre Madrid y Córdoba ya ha superado esas pruebas y está en revisión de laboratorio. Una vez pase esta revisión, solo le quedará obtener el permiso de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Puente evitó poner fecha a la entrada en funcionamiento del ERTMS.

Un sistema seguro sustituido por el estándar europeo

El actual sistema LZB que está instalado en la línea es un mecanismo de origen alemán que se introdujo en España en 1992, precisamente en la línea entre Madrid y Sevilla, la primera de alta velocidad que se construyó en el Estado. Casi 35 años después, los expertos siguen considerando LZB como un estándar muy seguro.

Fue a partir de los años 2000 cuando en toda Europa comenzó a implantarse el lenguaje europeo de seguridad ERTMS, que viene a sustituir al LZB alemán y a todos los de su categoría, como el TVM francés o el TPWS británico. En España, que inaugura su segunda línea de alta velocidad entre Madrid y Lleida al filo del siglo, en todas las nuevas vías se introduce ya el nuevo protocolo europeo que, además, permite acelerar algo más, hasta los 350 km/h.

Con la entrada en funcionamiento del ERTMS en la línea Madrid-Sevilla se acabará, en España, la conducción con el sistema LZB. Sin embargo, países como Alemania aún mantienen ese lenguaje en la mayoría de su red ferroviaria. “España es el país que ha implementado ya más kilómetros de ERTMS, tanto en su nivel número 1 como en el 2, en toda la Unión Europea”, detalló Puente.

Todo lo que podía fallar lo hizo la mañana del miércoles en Urda. El sistema de seguridad de la línea ferroviaria cayó. El centro de control dio varias instrucciones erróneas a los trenes, lo que hizo que el AVE que estaba por detrás del Iryo iniciara la marcha a mucha velocidad. Pero, ¿y el Iryo? ¿Por qué no arrancó, pese a que tenía indicación de continuar su marcha y un semáforo en verde? La razón es que la maquinista estaba teniendo un problema con el sistema de seguridad del tren, cosa que ocurre muy especialmente con los modelos de Iryo y solo en esa línea.

Esta cuestión fue reconocida por el director ejecutivo de la empresa, Fabrizio Favara, hace menos de un mes en la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz en el Senado. Tal y como avanzó El Español, el directivo aseguró que, cuando se pierde la conexión en la línea Madrid-Sevilla, a sus trenes les cuesta “bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio”. Además, indicó que las caídas son “frecuentes” y que los maquinistas habían trasladado a Adif la queja sobre ello.

Fue exactamente lo que le ocurrió a la maquinista. Según los registros de llamadas, la conductora del Iryo paró, como todos los trenes de ese tramo, por la caída del sistema de seguridad LZB. A las 8.41 se puso en contacto con el centro de control para transmitir que se había parado, ante lo que el operario le indicó reiniciar el sistema y reanudar la marcha. Le abrió el semáforo para que pasase. Pero el sistema del tren no arrancó, estaba bloqueado.

Según indicaron a EFE fuentes cercanas a Iryo, la conductora intentó desbloquear su tren dos veces y, tras ello, llamó al teléfono de asistencia de su propia compañía, aunque no llegó a recibir ayuda. Siete largos minutos después, a las 8:48, la maquinista volvió a llamar al centro de control para notificarles que seguía parada porque estaba teniendo problemas con su actualización LZB. A las 8.54 el AVE que venía a toda velocidad la arrolló por la cola.

El modelo de Iryo accidentado es un Hitachi de fabricación italiana, un tren de altísimas prestaciones y de prestigiosa tecnología. Sin embargo, según explican fuentes ferroviarias, el software instalado no es rápido leyendo LZB, que es precisamente el modelo de lenguaje que utiliza en la línea Madrid-Sevilla, aunque está en fase de transición.

Estas mismas fuentes explican que, mientras que un reinicio del sistema de seguridad puede durar, como mucho, 4 o 5 minutos (dependiendo de lo rápido que el maquinista sea introduciendo los parámetros que le pide), un Hitachi conduciendo por línea LZB tarda fácilmente el doble. Y además corre el riesgo de que el sistema se bloquee o necesite reiniciarse más de una vez.

Según las informaciones que se conocen hasta ahora, y siempre a la espera de lo que determine la investigación judicial, el caso de la maquinista que sufrió el accidente encajaría con estos largos tiempos de actualización y varios reinicios. Una situación que, por sí sola, no genera ningún peligro, ya que las vías tienen medidas para evitar que un tren arrolle a otro parado. Pero esa mañana acabó siendo un elemento más del cóctel trágico que se vivió en la vía férrea.

“Me ha dado un fallo por bloqueo parcial 000”. Esta fue la primera información que dio el maquinista del AVE al centro de control de Atocha cuando hablaron por primera vez tras caer el sistema LZB. Y era un código de información muy claro: el sistema del tren le estaba informando al maquinista que tenía por delante la vía ocupada, en este caso por el tren Iryo. Como dice el reglamento de circulación ferroviaria, un Meta 0 significa que “la parte de trayecto entre el tren y la señal de entrada de la siguiente estación [Urda] se encuentra ocupada”.

Aunque el maquinista del AVE, fallecido junto a un auxiliar en la cabina, avisó a Atocha de este código triple cero, se le dio orden de continuar. “¿Me has dicho que tienes un punto de parada y meta cero, verdad?”, le replica el operador del centro de control. “Sí”, confirma el maquinista.

Meta cero significa que el sistema dice que tiene que ir a 0 km/h, es decir, que te debes parar. Luego se podría reanudar, pero siempre en “marcha a la vista”, según el código. A la conductora del Iryo el sistema de su tren le da una velocidad Meta 40, que significa que ella sí podía ir a 40 km/h, porque no tenía delante un tren. Sin embargo, desde Atocha se da a todos la orden de ir a marcha normal.

Pero además, hay otra señal que pudo evitar que el AVE impactara en el Iryo, según ha explicado el ministro Óscar Puente en su comparecencia. El semáforo frente al que estaba parado el Iryo era rojo, lo que podría haber dado información al AVE sobre algún obstáculo en el semáforo avanzado que se encuentra suficientes kilómetros antes como para dar tiempo al tren de parar.

Pero como el semáforo de Urda se cambió a verde desde Atocha para que el Iryo pasase, aunque éste no podía arrancar, el semáforo avanzado también cambió a verde. Eso eliminó la posibilidad de que el sistema de seguridad de respaldo alertara al maquinista del AVE o lo frenara automáticamente.

Pese a que el maquinista trasladó una información clara a Atocha sobre la posición de su tren y que había una ocupación de vía por delante , recibió una orden contra la situación en que se encontraba. Por motivos todavía desconocidos, el maquinista obedeció la orden de la central contra lo que su sistema de información le estaba diciendo.

El fallo del LZB, el principal sistema de seguridad que utiliza la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, fue el desencadenante de la tragedia de Urda. La desconexión de ese protocolo de varios trenes en un largo tramo en la provincia de Toledo dio lugar a que la conducción estuviera controlada directamente por operadores del centro de control de Atocha, que cometieron varios errores humanos.

Sin embargo, nada de eso se hubiera producido sin la avería inicial del LZB, un tipo de señalización considerado de máxima seguridad, pero cuya infraestrucura en la línea ahora está en entredicho.

LZB es un protocolo de origen alemán que se introdujo en España en 1992, para la primera línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Llegaba así una tecnología puntera que superaba el sistema ASFA analógico, desarrollado por Renfe en los años 70 y que los trenes convencionales seguirían utilizando hasta hace menos de una década.

A partir de 2005, la mayoría de trenes no de alta velocidad en España fueron pasando a ASFA digital, que es el sistema que siguen utilizando, por ejemplo, parte de los cercanías.

Para un conductor, el paso de un sistema ASFA a LZB era muy grande, ya que con el primero pilotaba de forma mucho más rudimentaria, atendiendo a las señales laterales, lo que se llama Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). Estas señales daban indicaciones dependiendo de unas balizas, que son las que proveen de información al tren cuando pasa sobre ellas. Mientras, con la tecnología alemana importada para conducir el primer AVE, el conductor solo tenía que hacer caso de la pantalla, porque el sistema de seguridad era automático.

El LZB, que en Alemanía se utilizaba ya en los años 60, era revolucionario porque se comunica con el tren de forma continua mediante un cable tendido en la vía. Gracias a eso, el sistema sabe dónde está cada tren y le transmite a la cabina la velocidad máxima permitida, la velocidad objetivo y la distancia hasta ella.

Por eso el Reglamento de Circulación Ferroviaria permite a los trenes que circulan con LZB ignorar las señales fijas, que solo tienen validez si se está conduciendo en modo BSL. Si por ejemplo un maquinista supera la velocidad permitida en un tramo, el sistema LZB frena el tren por sí solo, lo que permite circular con toda seguridad hasta a 300 km/h.

Ahora bien, cuando el LZB falla, el conductor se ve obligado a pasar a una conducción que en argot se llama “degradada”, es decir, volver al BSL de toda la vida. Una vez aquí, la circulación vuelve a depender de las señales laterales, del ASFA y de las órdenes del puesto de mando. Pero conduciendo con BSL es necesario hacerlo a velocidades mucho más bajas, por razones obvias. Una indicación que, en Urda, el centro de control no dio al maquinista del AVE, que siguió adelante a “marcha normal”.

El sistema respaldo, además, no pudo hacer nada para evitar el choque, ya que funciona con un sistema de señalización por balizas. Según las fuentes consultadas, el viejo ASFA español hubiera frenado el tren si éste, al entrar en el cantón del Iryo, hubiera pasado por una baliza. Pero la tesis mayoritaria es que, si no lo frenó, fue porque el AVE ya estaba dentro del cantón del tren al que acabó embistiendo cuando el centro de control le dio la orden de reanudar la marcha.

Migración hacia ERTMS

Con el cambio de siglo, en todo el continente comienza a implantarse un estandar europeo de seguridad el ERTMS, que viene a sustituir al LZB alemán, pero también a todos sus modelos hermanos, como el TVM francés (sucesor del famoso sistema “cocodrilo” de la SNCF) o el TPWS británico. En España, que inaugura su segunda línea de alta velocidad entre Madrid y Lleida al filo del siglo, en todas las nuevas vías se introduce ya el nuevo protocolo europeo que, además, permite acelerar algo más, hasta los 350 km/h.

Actualmente, todas las líneas de alta velocidad, e incluso algunas convencionales y tramos de Rodalies, se conducen con el sistema de seguridad ERTMS. Incluso el ramal del sur que va hacia Málaga y Granada utiliza el lenguaje europeo, al que se ha convergido entre otros motivos para poder aumentar la velocidad. Por eso, y por razones de interoperabilidad europea, la línea Madrid-Sevilla, la primera en España, está también convergiendo hacia la ERTMS.

“LZB es un sistema de continuo, una dotación eléctrica con la cual el tren está continuamente conectado. El famoso ERTMS es una versión más avanzada y homologada europea de lo mismo, con más telemetría, más datos, más sensórica… Es un sistema que continuamente está interrogando la posición de cada tren mediante transductores, tiene capacidades de actuación a distancia”, asegura Diego Marqueta, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.

De hecho, tal y como informaba EFE este jueves, Adif adjudicó en septiembre de 2021 a Thales España el principal contrato para implantar el nuevo lenguaje. Este cambio aún no se ha implementado totalmente, aunque estaría cerca de estar listo.

“Es un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar. No porque no sea bueno, sino porque ya, digamos, no se fabrica. Ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación”, reconoció este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Los expertos consultados coinciden con el ministro en que el tren circulando con LZB no debía dar ningún problema. “El sistema es válido, lo que pasa es que aumenta las necesidades en cuanto a circulación, la cantidad de datos, de sensores, de telemetría…”, explica Marqueta.

Mientras los servicios de emergencia siguen rescatando restos mortales del trágico accidente entre un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo), las autoridades tratan de esclarecer qué falló para que este miércoles por la mañana ocurriera algo tan poco frecuente como un accidente grave por alcance, es decir, que un tren embistiera a otro por detrás en la misma vía.

Tal y como apunta la investigación y confirman los audios entre los trenes accidentados y el centro de control revelados por elDiario.es, el problema comenzó por una avería técnica a la que siguieron, al menos, tres errores del operario. Fue la sala la que dio al maquinista del AVE la orden de reanudar la marcha, y de hacerlo “a marcha normal”, lo que significa a velocidad alta, algo que contraviene los protocolos ferroviarios.

Esta decisión de comenzar a operar los trenes en condiciones normales, pese a que el sistema de seguridad estaba caído, plantea aún muchos interrogantes que solo podrán determinarse tras concluirse las pesquisas. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogaron este miércoles por la tarde al operador del centro de control H24, nombre técnico de la sala de Adif en Atocha desde donde se gestiona la circulación de buena parte de la alta velocidad de España.

Según el cronograma al que apuntan las llamadas y la información ofrecida por el ministro Óscar Puente, los problemas en la infraestructura comenzaron alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el sistema de control LZB cae debido a un problema informático.

LZB es un protocolo de seguridad automático que ordena el tráfico, instalado en 1992 cuando se inauguró la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, y que actualmente se encuentra en proceso de transición hacia el protocolo europeo, ERTMS.

Con cualquiera de estos dos sistemas activos y funcionando bien, es impensable que un tren alcance a otro por atrás en la misma vía, como ocurrió en Urda. Sin ellos, es la sala de control quien debe dar las indicaciones adecuadas. Algo que, tal y como queda claro en las llamadas, no ocurrió, ya que Atocha ordenó al AVE reanudar “a marcha normal” aunque, eso sí, bajo el protocolo del bloqueo de señalización lateral. Dos cosas, a priori, incompatibles.

Una avería infrecuente, pero que “puede pasar”

La caída del sistema LZB supuso la parada automática de unos seis trenes, todos los que estaban en el tramo afectado, de unos 69 kilómetros en total. “Que esto ocurra no es ni frecuente ni deseable, pero los manuales ferroviarios prevén que pueda pasar”, especifican fuentes del sector. Y, cuando ocurre, es el centro de control el que toma el mando directamente, el que debe decidir si retomar o no la marcha, cuándo y de qué forma.

Con LZB activo, el maquinista puede ignorar los semáforos y simplemente obedece la pantalla. Pero cuando éste queda inactivo, lo que se conoce como “situación degradada”, el sistema de conducción cambia y es el bloqueo de señalización lateral (BSL) –es decir, los semáforos tradicionales junto a la vía– lo que manda. Cuando esto ocurre, el sistema de frenado automático digital ASFA es la única protección, y siempre de baliza a baliza.

Fuentes ferroviarias destacan que, cuando se opta por volver a circular sin las máximas medidas de seguridad, el reglamento obliga a circular “a marcha a la vista”, es decir, a una velocidad de no más de 40km/h.

Esto sirve para que el propio maquinista pueda frenar manualmente y desde la cabina si ve algún impedimento en la vía. Hay que tener en cuenta que la vista del maquinista no suele alcanzar mucho más de unos 400 metros, dependiendo del trazado, mientras que un tren de alta velocidad que puede circular a unos 200 km por hora necesita más de un kilómetro para frenar completamente.

Un error del operario reanudó la marcha

Cuando el sistema de control LZB cae, el tren se para y el maquinista llama a Atocha, un centro de control que, tal y como se escucha en el registro de las llamadas, da señales de estar colapsado y con mucha gente hablando a la vez. Allí, el operador debe buscar el protocolo correspondiende y darle las indicaciones sobre si debe reanudar la marcha y cómo hacerlo. El protocolo LZB 4 obliga a hacerlo con una serie de especificaciones pero a marcha normal. Una línea más arriba, el número 3 indica las mismas caracteristicas pero, llegada la casilla correspondiente indica: “A marcha a la vista”.

En la llamada entre el centro de control y el AVE se evidencia que el operario está leyendo. “Esto dice… maquinista de tren…Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal (...) Luego me dice”, ordena el operario al conductor del AVE, algo que el tren obecede unos minutos después.

¿Se equivocó de línea el operario, porque en vez de leer LZB 4 debió leer LZB 3, y por eso no le ordenó ir a marcha a la vista, es decir, a menos de 40 km/h? ¿Se equivocó, quizás, al no valorar correctamente qué tren estaba delante y cuál detrás? Son preguntas que se formulaban este miércoles en el mundo ferroviario tras conocer los audios previos al accidente y que la investigación deberá esclarecer. “La cadena de errores humanos es evidente”, refería una fuente que se dedica al control de trenes.

La puesta en marcha sin tener claras las circunstancias es un primer error humano, pero sobre todo lo es hacerlo sin reforzar las medidas de seguridad del tren. Esta precaución especial hubiera consistido en conducir a 40 kmh. Y ambas cosas quedan superadas cuando, 5 minutos después de la orden dada al AVE, la maquinista de Iryo llamó a Atocha para alertar de que estaba parada con el mismo problema de señalización.

“Reanude marcha al amparo del BSL. Con marcha normal”, indicaba el operario, al que se le supone conocedor de la posición del Iryo. La maquinista de este segundo tren volvería a llamar unos minutos después para alertar de que seguía parada por problemas de conexión. La respuesta de la persona en el puesto de control, que en condiciones normales debería ser consciente de que otro tren venía a toda velocidad desde atrás fue, simplemente, “pues nada, en cuanto pueda, y si tiene problemas nos llama”.

No queda registro de que el centro de control intentara comunicar al AVE que se encontraría con un obstáculo a solo 25 kilómetros.

Un error “inexplicable”, según calificó el ministro de Transportes. Y eso que, según ha revelado Puente, otro de los conductores a los que se les pidió reemprender el viaje “con normalidad” corrigió al operario del control y le recordó que, en una situación así, lo adecuado era conducir “a marcha a la vista”.

Tal y como recogen las grabaciones, este tipo de autorizaciones se realizan por teléfono entre Atocha y el tren, y ambos, operario y maquinista, dejan apunte en su libro de lo que se ha ordenado.

¿Por qué no se detectó a ambos trenes en el mismo cantón?

Entre la reanudación de la marcha y el choque fatal pasaron unos 17 minutos en los que el AVE recorrió cerca de 25 km. Durante este tiempo, el centro de control actuó en todo momento como si los dos trenes que estaban teniendo problemas, sobre todo el Iryo, no estuviesen en la misma vía (cantón).

La investigación deberá determinar por qué esta situación de incomunicación entre Atocha y el AVE se produjo cuando ya sabían que el Iryo estaba parado. Hubo seis minutos en los que aún había tiempo para salvar la vida de decenas de personas y el sistema, técnico o humano, volvió a fallar.

“Un accidente así no solo se produce por la conducción manual, han tenido que ocurrir más errores”, explica el director de Terminus CET, Joan Carles Salmerón. “No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año”, lamentaba Pedro Sánchez. Las probabilidades de que ocurran también son ínfimas.

La CIAF es el órgano colegiado especializado para la investigación técnica de los accidentes graves que se encargará ahora de esclarecer los detalles de la tragedia. Creada en diciembre de 2007, es un organismo independiente, pero adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

Esta comisión ya ha comenzado sus actuaciones, entre ellas, el interrogatorio al operario al que se le atribuyen los errores de este miércoles en Urda. Junto a este técnico se encontraba un auxiliar, que siempre actúa de apoyo, y también hay un supervisor por encima que puede estar atento a una situación de caída del sistema de seguridad como la que se produjo.

El Govern y Renfe han firmado el primer contrato programa de la historia para que la empresa propiedad del Ministerio de Transportes opere el servicio catalán de cercanías hasta 2028. El acuerdo supone blindar la presencia de Renfe en un momento de transición de la operativa, con la previsión de la entrada en funcionamiento de la nueva empresa mixta, que se había anunciado que entraría en funcionamiento el 1 de enero del próximo año pero que finalmente no tiene fecha de inicio.

Tras la firma de este contrato, el Govern cierra la puerta a la posibilidad de que otro de los muchos operadores que actúan en Catalunya entren en el servicio más utilizado por el conjunto de los catalanes. Desde el traspaso de la titularidad de Rodalies a la Generalitat, en el año 2011, todos los diferentes gobiernos que se han sucedido habían esquivado firmar este contrato, en la medida que consideraban que cerraba la puerta a un traspaso.

El PSC, sin embargo, siempre había reclamado desde la oposición que se firmase este contrato con Renfe. Ahora tras haberse firmado un acuerdo por el que la operativa se hará desde una empresa conjunta participada también por la compañía española, el Govern considera que es el momento de sellar el contrato.

El acuerdo marca las condiciones con las que Renfe prestará el servicio y marca también el precio que Catalunya pagará a la empresa. Serán unos 450 millones anuales de los cuales, según los números de 2026, unos 336 salen directamente de los impuestos y, el resto, se pagan a través de los billetes. La compañía además ha conseguido que la Generalitat le page 74 millones de euros por los meses en los que el Govern decretó la gratuidad por el mal funcionamiento del servicio generado que se produjo entre los meses de febrero y abril.

El acuerdo también incluye el compromiso de renovar los trenes, tal y como se viene anunciando. En total serán 110 nuevas unidades, de los cuales 72 de gran capacidad para Rodalies, 24 para los servicios Regionals y 14 trenes de la serie 121, utilizados habitualmente en los servicios Intercity) que no serán nuevos, sino procedentes de otros puntos del Estado. Con esta compra, la flota pasará de 202 a 250 convoyes, porque una cincuentena de los viejos quedarán sin funcionamiento.

Las funciones de coordinación y control que hasta ahora ejercía el Órgano mixto Generalitat-Renfe pasarán a una nueva comisión de seguimiento, donde se sentarán tres representantes de Renfe y seis de la Generalitat.

Los disturbios y el pillaje en tiendas del pasado sábado por la tarde en el centro de Barcelona cogieron desprevenido a casi todo el mundo. Los Mossos tenían noticia de una convocatoria por redes que les llevó a reforzar su dispositivo, pero no previeron esa dimensión. Ni vecinos, ni comerciantes, ni la gente que paseaba por la zona esperaban vivir una situación que suele estar vinculada a manifestaciones o incluso eventos deportivos, pero que esa tarde no llegó acompañada de nada de eso.

La mayoría de la prensa tampoco lo esperaba y solo medios como Newtral habían puesto el foco sobre la quedada que se estaba cocinando en redes como TikTok. Pero el mismo sábado, cuando aún no se habían apagado las llamas de la Ronda Universitat, un grupo de WhatsApp ya reclutaba gente para volver a repetir lo mismo el 31 de octubre, que es el sábado que queda más próximo y, además, noche de Halloween, o la 'Castanyada' en Catalunya.

“El 31 activos”, reclama uno de los primeros mensajes del grupo bajo el nombre de Blocus 31/10, en el que aún hay solo una cincuentena de personas. Pero pronto van uniéndose más. Algunos suben fotos y vídeos de los robos y carreras delante de la policía, que prácticamente retransmiten en directo.

“Han venido los Mossos”, comenta un usuario. Empieza a fraguarse un debate sobre si es preferible volver al día siguiente o esperar al próximo sábado, cita para la que el grupo fue creado. “Mañana para qué quieres ir si no hay nada para robar”, exclama otro usuario.

Llegada la madrugada, el grupo se escinde, ya que una parte decide irse a Telegram, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp pero, supuestamente, más “segura”. La dinámica en la nueva red se mantiene intacta, incluyendo la jerga. El saludo 'klk' (qué lo qué), 'achapa' como expresión o insultar escribiendo 'zbi' denota claramente una franja de edad de chavales de instituto.

El grupo original de WhatsApp se mantiene, pero, con el cambio de red, también proliferan otros. En las siguientes horas, y también durante el domingo, experimentan un rápido crecimiento. En el primero, unos 300 miembros. En Telegram, el principal tiene más de 1.500.

Blocus: una imitación de Francia

Blocus, que viene de bloqueo en francés, ha sido la palabra que ha inspirado las protestas estudiantiles en París y otras ciudades francesas, y también la etiqueta que ha acabado pasando a Catalunya. Tal y como explicó el analista de redes Marcelino Madrigal en Rac1 el domingo, diversos perfiles de redes sociales, sobre todo TikTok, habían comenzado a difundir una convocatoria para acudir a protestar a Barcelona el sábado por la tarde.

Algunos detalles de esas cuentas llamaban la atención desde el inicio, por parecer poco espontáneas. Para empezar, se trataba de perfiles reciclados, es decir, que ya contaban con un número alto de seguidores que habían llegado por otras razones y que, sin previo aviso, cambiaron su contenido por el de una página sin otro objetivo que llamar a la protesta. Fue aquí además donde se viralizaron los códigos QR que daban acceso a grupos de Whatsapp y Telegram donde acabó de gestarse el resto.

La segunda cosa que sonaba extraña era que tanto los carteles (elaborados con IA, como la mayoría de los que se comparten hoy en dìa) como sobre todo los lemas sonaban muy desconectados de la realidad local. Banderas independentistas sin ninguna alusión en catalán, mensajes genéricos contra “el sistema” o por la “calidad del instituto”, y llamadas a lugares tan infrecuentes como Granollers o Vic donde rara vez se convocan protestas, fuera de las muy locales.

Pero los chavales que estaban en los grupos de las protestas eran catalanes, según confirmaron los Mossos. De los 120 detenidos, más de la mitad eran menores de edad. La mayoría de entre 16 y 18, pero algunos, rondaban los 14 años. Los antecedentes penales del grupo al completo no pasaban de anecdóticos.

Además, fuentes de los servicios de información indican que “no han podido acreditar, por el momento, una dirección común, ni injerencia de otros estados”. Sí que el origen del movimiento está en Francia y Bélgica. “Responde más bien a una dinámica desorganizada de la que se aprovechan muchos menores y muchos jóvenes con ganas de rapiña”, explican estas mismas fuentes.

Diversión, “Gobierno de mierda” y desinformación

“¿Alguien de tgn? [Tarragona]?”, preguntaba uno. “Venid a Igualada”, decía otro. Algunos animan a ir disfrazados “como en Francia”. Otros dos conversan sobre la posibilidad de utilizar pirotecnia. “¿Chavales, alguien puede conseguir bengalas?”, pregunta alguien, a lo que le contesta un segundo: “Mejor petardos y cohetes para tirárselos a la poli”.

Varios presumen de haber conseguido robar muchas cosas de la tienda de PC Componentes. Durante los primeros momentos, se compartieron muchas fotos y vídeos de los altercados. Pero, según pasaban las horas, las imágenes más compartidas eran de sus supuestos botines. “Yo tengo un Pandora”, dice una persona que sube la fotografía de una mano con un anillo de esa joyería, destrozada unas horas antes. “No han dejado ni los estantes”, comenta otra.

Hay un claro tono lúdico y de provocación en la mayoría de los mensajes, también ganas de demostrar que han participado en los altercados. Sobre todo en el grupo de Telegram, un numeroso grupo se dedica durante todo el domingo a identificar posibles objetivos de nuevos robos, principalmente joyerías, tiendas de lujo y relojes y, en menor medida, de informática.

Algunos de los presentes, los menos, tratan de conferir un tono político a la causa e incluso reniegan de los saqueos. Pero rápidamente la mayoría les corta el paso. “Yo lo que quiero es robar”, dice uno. Otro asegura que las concentraciones en las plazas “no van a conseguir nada”, por lo que el objetivo es hacer disturbios, como en Francia.

El lunes por la mañana el canal de Telegram queda expuesto en varios medios, razón por la que los administradores borran todo el historial de mensajes. “Para los medios de comunicación que hablan mierda esto no es por saquear, es por demostrar que juntos podemos vencer a este Gobierno de mierda”, escriben los que controlan el canal.

Han pasado más de 40 horas de los altercados y esa es una de las primeras veces que alguien hace una referencia concreta al Gobierno. Ha habido mensajes políticos antes, algunos de profundo malestar con la situación social. Algunos de ellos, también, con altas dosis de desinformación. Un joven envió el domingo un audio al grupo de WhatsApp en el que anunciaba: “Está saliendo un Tiktok en directo de RETVE o algo así que sale Rufián el de Vox diciendo que tenemos la razón nosotros, que no somos los culpables de que se hayan llevado todo”.

Poco después de las 22 horas del lunes, el canal de Telegram había sido borrado. “Este grupo no se puede mostrar porque violó los términos del servicio de Telegram”, rezaba el mensaje que aparecía cuando se intentaba acceder a él. En WhatsApp quedaba el inicial y más reducido, aunque sin actividad desde el medio día.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves junto al president catalán,. Salvador Illa, para certificar que la convocatoria electoral no ha truncado los compromisos del Gobierno sobre Rodalies. “El 29 de noviembre no cambia nada, todo se mantiene igual”, ha asegurado el ministro que ha pedido a los usuarios del servicio de cercanías “no paciencia sino esperanza” porque, ha dicho, “esto va a mejorar”.

El ministro, que no había convocado una rueda de prensa con los medios catalanes desde la gran crisis de Rodalies de enero pasado, ha asegurado que entiende la “desesperación” de los viajeros cuando ven que un tren no pasa. Sin embargo, también se ha mostrado convencido que diferentes aspectos están mejorando paulatinamente y se ha comprometido a seguir “trabajando incansablemente” por la mejora.

Puente ha asegurado además que se pudo reunir de forma informal con las plataformas de usuarios que este miércoles le abordaron en la estación de Sants, a las que ha elogiado como una muestra de la sociedad civil activa. “Nos ponen las pilas y nos bajan al suelo”, ha asegurado el responsable de Transportes. Además ha valorado que estas mismas entidades reconocen el esfuerzo inversor récord que está haciendo el Gobierno.

“Entono el 'mea culpa' en que quizás no estamos explicando como deberíamos todo lo que estamos haciendo”, ha indicado el ministro, quien ha asegurado que Rodalies es un servicio “envuelto en un cambio total”. Tras ello, ha repasado las actuaciones de mantenimiento en la infraestructura y la mejora del personal que, según ha detallado, ha pasado de 1.329 a 2133 personas en total.

Más inconcretas son las fechas de los diferentes hitos que Rodalies espera desde hace años. La puesta en entrada en actividad de la nueva empresa de Rodalies, anunciada para el 1 de enero de 2026, ahora no tiene un horizonte temporal claro, porque la compañía “se está desplegando”. La llegada de los más de 110 trenes de Alstom, que debía haberse completado antes de acabar el presente año, ahora llegará “a partir del primer trimestre de 2027”.

Antes, en noviembre, debería cerrarse el traspaso de la titularidad del tramo de la R1 que será el primer tramo de vía de Rodalies en posesión la Generalitat. Un cambio de dueño que no cambiará nada en la práctica, ya que Adif seguirá siendo el gestor de la infraestructura.

El contrato-programa con Renfe, que garantiza la permanencia de la empresa del Ministerio en el servicio que presta la Generalitat, es lo que en estos momentos está más avanzado. Según ha anunciado Puente, el martes que viene pasará por el consejo de administración de la operadora, a la empresa de que reciba el aval del Consejo de Ministros.

Illa tiene mucho interés en acudir a la campaña electoral pudiendo lucir como victorias los compromisos adquiridos por el Gobierno, se hayan cumplido o no. Lo contrario certificaría que la convocatoria electoral de Pedro Sánchez deja en el limbo los grandes pilares de la legislatura catalana, algo que el president rechaza.

Por ello, una vez decaído el nuevo modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la visita de Puente deja una luz de esperanza a que las transferencias en materia ferroviarias no sean ya una pantalla pasada.

El PP mantiene desde siempre una relación tormentosa con la lengua catalana y Alberto Núñez Feijóo no va a dejar de lado esta cuestión en la campaña. Esta semana, el líder del PP presentó un “contrato con España” en el que incluía una alusión a garantizar que el castellano sea enseñado en todo el Estado. Una promesa que solo supone mantener lo que ya ocurre, pero que en anteriores ocasiones ha sido un pretexto para tratar de acabar con el modelo de inmersión lingüística.

El candidato del PP ha introducido de esta forma un tema espinoso en Catalunya, que ha suscitado la reacción del catalanismo y que va, incluso, en contra de los esfuerzos hechos por su propio partido para acercarse a los catalanoparlantes en los últimos años.

No está claro cuál es la propuesta que finalmente enarbolará Feijóo sobre el catalán. Garantizar la enseñanza del castellano es una frase que puede significar tanto no cambiar nada en las escuelas, como cambiarlo todo. Desde su llegada a Génova, de hecho, el líder gallego ha hablado de dos porcentajes muy diferentes: el 50%, en lo que en su día llamó “bilingüismo cordial”, y del 33%, dentro de la propuesta de escuela trilingüe para Galicia.

En las últimas elecciones generales, el PP optó en su programa por una promesa menos concreta y se limitó a garantizar el conocimiento del castellano y la lengua “cooficial” de cada comunidad. Una fórmula muy similar a la que volvió a utilizar el pasado lunes.

Pese a lo poco específico de la propuesta, los defensores del modelo que prima el catalán en la escuela para tratar de garantizar el aprendizaje que no se produce fuera de las aulas saltaron a la yugular de Feijóo.

“El catalán no se toca”, advirtió rápido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que acusó a Feijóo de querer laminar el autogobierno catalán. El president volvió a la carga este martes, cuando reprochó al PP que hiciera “llamadas” para evitar la oficialidad del catalán en Europa. También desde ERC y Junts cargaron contra Feijóo y aseguraron que Catalunya no permitirá que Madrid le imponga un modelo lingüístico en la escuela.

Inconcreción de Feijóo; 155 de Álvarez de Toledo

Aunque Feijóo se mantiene en una zona inconcreta, su trayectoria y hasta su elección para las candidaturas da pistas sobre qué querría hacer con el catalán en la escuela. La actual diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que suena como número dos del líder por Madrid, llegó a romper la disciplina de voto de su formación en septiembre de 2022 para unirse a Vox en el Congreso y reclamar aplicar el artículo 155 en Catalunya para garantizar que el castellano fuera vehicular.

El propio Feijóo firmó en 2023 el manifiesto impulsado por la Asociación por una Escuela Bilingüe en el que se considera la inmersión una “imposición” negativa para el conjunto de los alumnos, pese a que las familias catalanas que reclaman abandonar la escuela en catalán son prácticamente anecdóticas. “La inmersión no funciona”, rezaba el texto suscrito por el candidato a la presidencia, “el papel de la escuela es enseñar, no salvaguardar una lengua”.

En aquella etapa el PP se movilizó como pocas veces para tratar de activar un movimiento social alrededor de la familia de Canet que consiguió que el TSJC impusiera un mínimo del 25% de asignaturas en castellano. Poco después, la eurodiputada Dolors Montserrat impulsó desde el comité de peticiones que presidía un informe que los partidos de la izquierda y verde boicotearon, pero que llevó a las derechas y extremas derechas de la Eurocámara a posicionarse en contra de la inmersión.

Los antecedentes son inequívocos. Sin embargo, una posición especialmente dura de Feijóo respecto al catalán chocaría ahora con el camino recorrido en los últimos años por el PP en Catalunya, que ha tratado de acercarse al conjunto de los conservadores, también los catalanoparlantes. Para ello el actual líder del partido, Alejandro Fernández, ha mantenido la postura clásica del PP contra la inmersión, si bien ha reconocido a la vez que el catalán está a la baja en uso social e, incluso, ha sacado pecho como defensor de la lengua.

Fernández y Albiol, puentes a los catalanoparlantes

En el pasado debate de política general, Fernández, castellanoparlante y estudiante con la inmersión lingüística, llegó a retar a Illa a someterse ambos un examen de catalán. “Siempre que el corrector no sea Gabriel Rufián”, añadió el líder del PP haciendo befa del diputado de ERC.

El propio Fernández llegó a distanciarse de otra de las ideas frecuentes en su partido, como es que el catalán y el valenciano son lenguas diferentes, cuando en realidad según el consenso filológico, son simplemente dos nombres para una misma lengua o, en todo caso, los nombres que reciben diferentes variantes del mismo idioma que se habla en la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears. “Hablamos en la misma lengua, con los matices dialectales que cada uno pueda tener”, aseguró el líder del PP catalán.

Más lejos ha ido Xavier García Albiol, candidato elegido por Feijóo por su capacidad de pescar en el electorado de la extrema derecha que mira a Vox y, a la vez, de caer simpático a electores del espectro catalanista. El alcalde de Badalona llegó a aprobar una resolución en la que se apoyaba el llamado Pacte Nacional per la Llengua, que impulsaba el Govern de la mano de ERC, aunque eso no implicaba la adhesión del municipio.

Albiol defendió que estaba de acuerdo con la mayoría del documento, aunque discrepaba en algunos puntos. Pero el partido corrigió rápidamente la posición de su principal alcalde, recordando que el PP consideraba que este documento profundizaba en “un modelo de imposición del catalán y de exclusión del castellano”.

La relación del PP con el catalán es así. Beligerantes con su uso desde Madrid y partidarios de la secesión lingüística en València, los líderes en Barcelona tratan de no ponérselo en contra. El equilibrio que Feijóo necesita no es fácil de encontrar y la campaña puede convertirse en su gran prueba. Incluso si, pasadas las elecciones, también tiene previsto hablar catalán en la intimidad como alguno de sus predecesores.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este lunes al paso de los planes de Alberto Núñez Feijóo para Catalunya. Después de que el candidato del PP pasase este domingo por Barcelona y de que, este lunes, haya presentado un decálogo de compromisos entre los que recoge “garantizar” la enseñanza del castellano en toda España, Illa ha acusado al conservador de querer acabar con la inmersión lingüística y, por tanto, con uno de los elementos más emblemáticos del autogobierno catalán, y le ha advertido: “El catalán no se toca”.

“Parece mentira que algunos vean en las lenguas armas de confrontación y de división, en vez de puentes de comunicación, que es lo que vemos nosotros”, ha asegurado el president, que además ha indicado que Feijóo “dice lo que dice de oídas y con una dosis alta de ignorancia”. Su partido, el PSC, ha ido por un camino similar para acusar al PP de catalanofobia. Los socialistas subrayan que, para el PP, el anticatalanismo “siempre es un elemento de campaña como arma electoralista”.

También ERC ha reaccionado a los planes de Feijóo. “PP y Vox son la principal amenaza para nuestras entidades, la educación y el autogobierno”, ha alertado Junqueras, que ha señalado a su partido como el mejor “muro de contención de esta ola reaccionaria”. Pero los republicanos también han tenido palabras para Junts, de quienes critican que se sitúen en la equidistancia respecto al PP. “No se pueden poner de perfil ante las amenazas al pueblo catalán”, ha asegurado la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany.

La animadversión del PP hacia el modelo de inmersión lingüística en catalán de las escuelas no es nuevo, pero se ha vuelto a poner de manifiesto con el llamado “contrato con España” que ha presentado este lunes Feijóo. En el documento, que recoge una docena de compromisos, el PP promete que “se garantizará la enseñanza del castellano y de las lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas”, sin más detalle.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha defendido desde su llegada a la presidencia del PP un modelo de “bilingüismo cordial”, que supondría que la educación se impartiera al 50% en castellano en Catalunya, acabando con el modelo de inmersión y doblando el requerimiento del 25% que hasta el momento había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a determinadas escuelas.

Alberto Núñez Feijóo ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la precampaña de su partido en Catalunya, donde el PP aspira a crecer pese a la dura competencia de Vox. Los de Feijóo creen que el candidato, Xavier García Albiol, es un talismán que les permitirá marcar un perfil duro que evite fugas de voto hacia la extrema derecha y, además, conseguir atraer a electores indecisos de otras ideologías, como ya consiguió en la ciudad donde es alcalde, Badalona.

“Te encargo que lideres la ley antiokupación en España. Que seas el ponente de la ley, la vamos a aprobar contigo”, le ha pedido Feijóo a su candidato en Barcelona, de quien ha dicho que es un “político peatonal” porque conoce como ningún otro los problemas de la gente.

El líder del PP ha asegurado que el 29 de noviembre el país “se juega entre Albiol y Colau”, dos alcaldes de ciudades metropolitanas que, según ha dicho, suponen dos modelos contrapuestos. Feijóo ha prometido que él formara un “Gobierno decente” y donde no sea posible la corrupción que, según ha dicho, ha caracterizado la presidencia de Sánchez. “¿Os imagináis seguir así hasta 2030?”, se ha preguntado.

“Necesitamos que todos los votos del centro-derecha vayan al PP”, ha asegurado Feijóo, que ha recordado que en las últimas elecciones los dos escaños catalanes que se quedaron a las puertas de conseguir podrían haber sido definitivos.

“Ya no cuela este Gobierno”, ha proclamado Feijoo, que ha afeado que la estrategia del PSOE sea “apelar al miedo”. “Otra vez con el miedo, vuelven al dóberman de hace 30 años, que viene el PP”, ha dicho, para rematar: “Pues sí, que tengan cuidado los ocupas, los jetas y el clan de Sánchez, que viene el PP”.

Tras un inicio de campaña marcado por los errores al haber entrado en temas espinosos como las pensiones, Feijóo ha preferido este sábado caminar por terreno seguro. Así, se ha referido a las pensiones, sanidad y educación públicas solo para ponerlos en contraste con símbolos de algunos de los escándalos de esta legislatura, como las “joyas en cajas fuertes” o las “chistorras”, el supuesto nombre con el que Koldo García denominaba los billetes de 500 euros.

En un acto que ha reunido a la plana mayor del PP catalán, Feijóo ha hecho referencia a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE y candidata retirada por Lleida. “Cómo de mal lo deben de ver para que dimita una de las pocas que no está imputada”, ha ironizado Feijóo.

“Ya está bien de los que dicen una cosa y hacen la contraria. Ya está bien de tanta hipocresía. Prometen solucionar el problema de la vivienda cuando son ellos quienes la han creado”, ha insistido, pasando por alto que problemas como los desahucios estuvieron en cifras máximas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez ha tapado “las mentiras de Ceuta con más mentiras sobre la vivienda”, ha indicado Feijóo, que ha abonado los rumores sobre un supuesto hallazgo de material comprometedor del presidente del Gobierno por parte del espionaje marroquí. “¿Qué cloaca esconde el móvil de Sánchez para tanta sumisión a Marruecos? ¿Qué tienen los servicios de inteligencia marroquíes? ¿Por qué la prensa marroquí pide el voto para Sánchez?”, se ha preguntado.

“El 29 de noviembre decidimos entre sumisión o firmeza, defender España o venderla”, ha zanjado el jefe de la oposición, que has asegurado que su receta es reforzar a las fuerzas de seguridad y endurecer la frontera “para que no sea un coladero”.

En su turno, Xavier García Albiol ha agradecido el encargo de su partido para encabezar la lista al Congreso. “Estaremos a la altura política del momento, porque somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en estos momentos por lo que hay en juego. Tengo mucha ilusión por este proyecto”, ha dicho Albiol.

“Soy el alcalde de la tercera o cuarta ciudad de Catalunya, tenemos mayoría absoluta. Soy feliz, tengo mucho trabajo. Si yo doy este paso no es para calentar ninguna silla, es para poner voz a los problemas reales que tienen los vecinos de Barcelona y de Catalunya”, ha asegurado el candidato, que ha se ha mostrado convencido de que el PP es capaz de mejorar resultados electorales allá donde gobierna, tal y como hizo él en Badalona o Feijóo en Galicia.

Si la izquierda catalana fuera una comedia de Hollywood, ERC y Comuns serían dos vecinos mal avenidos que se pasan la vida fastidiándose de formas cada vez más retorcidas. El punto álgido llegaría cuando ambos se dieran cuenta de que están sufriendo por igual sus jugarretas mutuas. Escena que daría paso al final feliz, en el que los eternos enemigos entienden que están condenados a convivir, que en el fondo son muy parecidos y que la amistad está por encima de las rencillas. The End.

Pero esto no es cine sino política, así que lo más probable es que ERC y Comuns continúen con su guerra para siempre. O, quizás, hasta que uno de ellos se haga daño de verdad en una de sus zancadillas.

Las escaramuzas de estas semanas preelectorales entre Gabriel Rufián y Ada Colau han seguido la línea habitual, pero han estado en boca de todos porque parecían más dramáticas que de costumbre. De ellas dependía, en parte, la unidad de las izquierdas en el conjunto del Estado. Y eso que ambos, Rufián y Colau, habían querido presentarse a sí mismos como paladines de la armonía entre progresistas.

Pero no es un gesto nada amistoso tentar al candidato de ERC para que deje su formación y se vaya contigo, como hizo la exalcaldesa de Barcelona ya con las elecciones convocadas. Como tampoco está exento de hostilidad cerrar con Podemos un acuerdo electoral en Barcelona que, en la práctica, dificultaba y daba pretextos a Irene Montero para acabar presentándose sola en Madrid, como hizo ERC.

La herida de Barcelona y el revés de la reforma laboral

Hagamos memoria. El fin de los gobiernos tripartitos en la Generalitat dejó en crisis a sus tres integrantes, PSC, ERC e ICV (luego Comuns). Sin embargo, los republicanos tomaron el tren del procés para recuperarse y, cuando la ola independentista era más alta, consiguieron llegar a disputar la hegemonía a Convergència (luego Junts). Durante todo aquel periodo, ERC y Comuns no parecieron acordarse mucho los unos de los otros.

Fue en mayo de 2019 cuando la relación saltó por los aires. El candidato republicano Ernest Maragall ganó las elecciones municipales de Barcelona solo unos 5.000 votos por delante de Ada Colau, que ya sumaba cuatro años en la alcaldía. Los Comuns solo podían mantener la vara municipal si contaban con los apoyos de Ciudadanos, que deseaban evitar un alcalde independentista.

Tras los recelos iniciales, Colau aceptó esa inesperada suma para pasar por delante de Maragall y revalidar la alcaldía hasta 2023. Una decisión que abrió una de las heridas que más cicatriz han dejado en la relación de ambos partidos de la izquierda catalana. Aunque ni mucho menos la única.

El voto contrario de ERC a la reforma laboral de 2022, el gran proyecto de Yolanda Díaz en la pasada legislatura, se consideró en la formación de Colau una declaración de guerra de los independentistas hacia el espacio de la izquierda alternativa. Aquel desencuentro fue sonado y contribuyó a perpetuar el clima de desconfianza.

Los Comuns tienen más reproches hacia ERC. No gustó que Elisenda Alamany, que había llegado a ser mano derecha de Xavier Domènech en el Parlament, se acercara paulatinamente a los republicanos, hasta convertirse en la secretaria general del partido, cargo que ostenta ahora.

Como tampoco hizo gracia que, en octubre del 2022, el entonces president Pere Aragonès fichara como consellera de Justicia a Gemma Ubasart, exsecretaria general de Podem y que se consideraba próxima al espacio de Colau.

La revancha llegó un año y medio después, cuando los Comuns votaron en contra de los presupuestos de Aragonès y precipitaron las elecciones anticipadas. Unos comicios de los que ambos partidos salieron muy castigados, en beneficio del PSC.

La posibilidad de entenderse ha vuelto a salir a la palestra después de todo eso, sobre todo gracias a la propuesta de unidad de Rufián. “Fui a la cárcel por Catalunya, no para que Colau sea diputada de ERC”, zanjó en marzo pasado Junqueras. Una respuesta tan dura que dinamitó cualquier posible puente antes de que se comenzase a construir.

De Companys y Comorera a Rufián y Colau

Como en todas las enemistades persistentes, es difícil rastrear el origen. Los antecedentes históricos más antiguos nos retrotraen a la Guerra Civil, cuando Esquerra estaba dirigida por Lluís Companys y, el PSUC, por Joan Comorera.

Estos dos líderes formaron varios gobiernos catalanes juntos durante la República e hicieron que sus respectivas formaciones se entendieran lo suficiente como para compartir lista electoral en 1936, junto a más izquierdas, el Front d’Esquerres de Catalunya. Tanto Companys como Comorera acabarían condenados y muertos a manos del franquismo.

Tras cuatro décadas de exilio y represión en España, PSUC y ERC reaparecen en la Assemblea de Catalunya de 1976 como amigos y aliados, aunque pronto emprenden caminos diferentes. ERC, más cercana a las tesis nacionalistas, acabaría apoyando a Jordi Pujol en la Generalitat. El PSUC, más alineado a la izquierda, integraría gobiernos municipales con el PSC.

El tripartit de Pasqual Maragall rompió esos bloques y ERC e ICV gobernaron juntos, de la mano de los socialistas, aunque no precisamente en paz.

Los antecedentes históricos son eso, historia. Pero sirven para subrayar que ERC y Comuns son dos partidos que, pese a su cercanía en muchas cosas, llevan casi un siglo ocupando espacios políticos diferentes. Uno independentista, de tradición republicana y que aspira a ser una alternativa al PSC dentro de Catalunya; el otro federalista, de raíz socialista y que se ve en España como uno de los actores a la izquierda del PSOE.

Todos los demonios invocados al calor de años de fricciones entre Calàbria y Marina –sede de ERC y Comuns, respectivamente– han reaparecido ahora, ante unas elecciones donde la izquierda se lo juega todo y no puede desperdiciar ni un voto.

La izquierda catalana vive con cierto trauma el factor distintivo de su desunión histórica. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, ha constatado en infinidad de ocasiones que republicanos y poscomunistas son identidades políticas difíciles de maridar. Nunca fue fácil colaborar en el pasado y ha resultado imposible cuando el intercambio de balas entre los vecinos ha vuelto a arreciar.

La inédita alianza entre ERC y Podemos para las elecciones generales no está sobre la mesa de EH Bildu ni del BNG, por lo que no podrá reproducirse ni en Euskadi y Navarra ni en Galicia. Después de que Gabriel Rufián e Irene Montero acordasen que la formación morada no se presente en Catalunya a cambio de que los republicanos incluyan algún candidato independiente en sus listas, en el entorno de Podemos se había especulado con la opción de repetir el acuerdo con otras formaciones soberanistas vascas y gallegas, pero fuentes de ambas fuerzas lo ven inviable.

En esta situación, Rufián hará campaña junto a Montero en lugares donde la campaña no colisione con sus socios habituales, pero pedirá el voto para EH Bildu y BNG en sus respectivos territorios. Un compromiso recíproco que mantienen desde hace décadas los soberanistas vascos, gallegos y catalanes, que se consideran entre ellas “formaciones hermanas”.

“En Euskal Herria ya hay un frente amplio y se llama EH Bildu”, aseguró la portavoz saliente, Mertxe Aizpurua, a los micrófonos de Radio Euskadi. Los abertzales consideran que el baile de caras y siglas de estos días entre los partidos que componen el Frente Amplio y Podemos no les interpelan. “En Navarra, Gipuzkoa, Araba y Bizkaia el único partido a la izquierda del PSOE que frena a la derecha y reivindica la igualdad se llama EH Bildu”, remató Arnaldo Otegi poco más tarde.

Fuentes de los soberanistas vascos aseguran que ellos no tienen nada qué decir sobre si Podemos debe o no presentarse en los territorios donde ellos aspiran a obtener representación, pero que, si finalmente no lo hacen, no será con un acuerdo de colaboración, sino de forma unilateral. Estas mismas fuentes aseguran que, a diferencia de ERC, ellos no han tenido en ningún momento ninguna propuesta formal del equipo de Montero para negociar una entente similar.

Por su parte, desde BNG restan importancia al lío monumental que ha generado el baile de lo que queda a la izquierda del PSOE y aseguran que sus alianzas se mantienen inalterables: “No concebimos la posibilidad de que Rufián aparezca en una ciudad gallega para participar en un mitin con Podemos”, aseguran fuentes de la dirección nacionalista. Más al contrario, el BNG pretende ser la fuerza que aglutine el voto de izquierda en la comunidad de la que procede Alberto Núñez Feijóo y doblar, o incluso triplicar, los resultados que en 2023 les otorgaron un diputado en Madrid.

Mientras Bildu y ERC comparecen juntos en las listas al Senado, el BNG lo hará de nuevo en solitario. No sucede lo mismo cuando la llamada a las urnas se produce en escenario de elecciones europeas, en cuyo caso las tres formaciones soberanistas comparten una única papeleta. La perspectiva del nacionalismo gallego sobre el lío de la izquierda centrifugado por Rufián es distante y pretenden que el debate no contamine su mensaje de cara a las elecciones de noviembre. “Todo esto está creando mucha confusión”, razona un dirigente de la formación que dirige Ana Pontón. A pesar de lo anterior, en el BNG recuerdan que “Rufián no deja de ser el candidato de una fuerza que comparte cosas esenciales con nosotros”. A la pregunta de si el BNG estaría dispuesto a aceptar a miembros de Podemos en sus listas a cambio de que la formación de Montero y Belarra se ausente de la pelea en Galicia la respuesta es una contundente negativa.

En conversación con elDiario.es, Rufián resume: “En ningún caso voy a hacer actos en Euskadi o en Galicia pidiendo el voto para nadie. En todo caso voy a pedir el voto como siempre para las formaciones hermanas de ERC, que son BNG y Bildu”.

Además de incluir nombres propuestos por Podemos en la lista de ERC, el acuerdo entre las dos formaciones incluye que Gabriel Rufián haga mítines de campaña junto a Irene Montero tanto en Madrid como en Sevilla. La candidata de la formación fundada por Pablo Iglesias también participaría en algunos actos en Catalunya, aunque está por determinar en cuáles.

Madrid es una plaza donde el soberanismo no tiene nada que decir, pero no así Sevilla, donde Rufián acudiría a hacer campaña con un partido que se enfrenta a los emergentes Adelante Andalucía. Aunque la formación andalucista no forma parte de la alianza estable de gallegos, catalanes y vascos, fuentes de la alianza creen que están muy en sintonía y les auguran éxito por formar parte de la misma ola de partidos con fuerte arraigo territorial. Por eso no entiende qué tiene Rufián que ganar en la capital andaluza haciendo campaña por otras siglas.

Los soberanistas vascos y gallegos tienen una alianza estable con ERC, con quienes comparten además coalición europea, Ahora Repúblicas, y también coaliciones puntuales como la que han reeditado ERC y EH Bildu para el Senado el próximo 29 de noviembre. Es por eso que ambas formaciones son muy sensible a cualquier colaboración de los independentistas catalanas con terceros partidos. Más aún si, como es el caso, el pacto electoral con una de las familias de la izquierda –Podemos– obstaculiza el acuerdo con el resto de formaciones –Frente Amplio–.

Ante la guerra sin cuartel que mantienen estas dos corrientes, EH Bildu y BNG habían optado por situarse al margen, al considerar que no era su guerra y que era preferible no inmiscuirse en asuntos que poco les atañen. Una actitud que ERC compartía, pero sobre la que ha virado con su acuerdo con Podemos, suscrito ante el ultimátum de Gabriel Rufián, que lo puso como condición para mantenerse en Esquerra.

Con todo, los republicanos están satisfechos del acuerdo alcanzado porque, entienden, todos los objetivos de mínimos se han cumplido, como presentarse con sus propias siglas, candidatos y programa, y hacerlo además con Rufián como cabeza de lista. Según sus cálculos, que su candidato haga actos en otras latitudes no les resta votos, como tampoco la colaboración con un partido, Podemos, que ven hoy mucho más afín que hace unos años.

Gabriel Rufián no ha tenido suficiente con el acuerdo alcanzado entre su partido y Podemos el pasado fin de semana e insiste en buscar más fórmulas de unidad. Este martes se ha referido específicamente a los Comuns para reclamar a su formación que “hable, escuche y se entienda” con ellos para “desbloquear la situación”.

Una petición a la que su propio partido ha respondido de inmediato con la mano tendida para hablar con los de Ada Colau pero con una línea roja clara: ERC se presentará en Catalunya con sus propias siglas y programa. Es decir, cualquier fórmula de unidad, según los republicanos, pasaría por que los Comuns aceptasen ir bajo la marca de Esquerra.

Esto no entra en los planes del partido de Colau, que este mismo martes ha asegurado que el modelo pactado entre ERC y Podemos por el que los morados se presentaran en Catalunya dentro de las listas de los republicanos, no es replicable para los Comuns.

El diputado Gerardo Pisarello ha sostenido que la línea roja de su formación es que los republicanos respeten su “singularidad”. “Ninguna fuerza se va a diluir sin más”, ha dicho, en un mensaje muy similar al lanzado por ERC.

Por su parte, los republicanos han celebrado este martes el acuerdo con la formación de Irene Montero anunciado en los últimos días, en una rueda de prensa en la que, por primera vez, han respondido preguntas sobre la entente alcanzada. “Podemos ha entendido que el mejor muro contra la extrema derecha es ERC”, han proclamado.

Según ha indicado el portavoz de Esquerra, Isaac Albert, la fórmula electoral supone que ERC se presente con su propia marca, listas y programa, tal y como se habían comprometido y, además, hacerlo en colaboración con un Podemos que ha aceptado no presentarse en Catalunya.

“Podemos contribuirá a las listas de ERC y Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán actos en Barcelona y Madrid”, ha asegurado Albert, que ha recordado que no habrá una coalición, por lo que, pese a que incluirán a miembros del partido morado en sus candidaturas, todos los diputados que acaben elegidos responderán ante ERC y no ante ninguna otra formación.

Fuentes de los republicanos detalla, sin embargo, que los puestos reservados para los candidatos propuestos por Podemos no son exactamente de salida, ya que irían en las listas de Barcelona y Tarragona por detrás de los puestos que tienen actualmente, es decir, por detrás del 5 en la primera provincia y del 2 en la segunda. Eso significa que ERC debería mejorar de forma importante sus resultados respecto a 2023 para que candidatos morados obtengan actas en Catalunya.

El representante de ERC no ha querido opinar respecto a si su acuerdo con Podemos ha dificultado la integración de esa formación en el Frente Amplio. Como tampoco se ha querido referir a la aparente contradicción sobre la idea de una candidatura uniendo todas las izquierdas con el resultado final, en el que solo hay un acuerdo bilateral entre dos formaciones, una de ellas –Podemos– extraparlamentaria en Catalunya.

Gabriel Rufián ha optado por quedarse en ERC tras más de un año inflando la idea de una gran coalición entre las izquierdas independentistas, los partidos alineados en Sumar —cuya marca ahora es “Frente Amplio”— y Podemos. Sin embargo, una de las condiciones impuestas por Rufián a su partido supone llegar a un “acuerdo de colaboración” con la formación de Irene Montero. De cerrarse, esa entente implicaría que Podemos no se presente en Catalunya, donde reconocería a ERC como referente, al tiempo que Rufián ayuda a Podemos fuera de la comunidad.

Aunque en estos momentos, en el descuento para que se acabe el plazo para registrar coaliciones el viernes a medianoche, los detalles de esta posible alianza entre ERC y Podemos se siguen negociando, la fórmula complica que los de Montero se integren en el Frente Amplio, la candidatura pensada para incorporar al conjunto de las izquierdas con vocación estatal.

El principal problema estriba en que el acuerdo entre Rufián y ERC supone que los republicanos competirán con los Comuns en las cuatro provincias catalanas. Es decir, el partido de Ada Colau es el único referente catalán del Frente Amplio, por lo que esa coalición tendría difícil acoger a un partido —Podemos— que compartirá actos y pedirá el voto por sus competidores en Catalunya.

La situación a la que se ha llegado es paradójica ya que Rufián, que ha sido uno de los grandes impulsores y caras visibles de la propuesta de una reunificación de las izquierdas, se convierte ahora en la principal piedra en el zapato para la reintegración de Podemos con los partidos que siguieron dentro de Sumar. “Al final quien venía a unir a la izquierda se queda en ERC y la divide”, resume una fuente del Frente Amplio.

Por su parte, desde ERC rechazan que el acuerdo con Podemos pueda suponer acabar formando una coalición electoral para presentarse juntos en Catalunya. Fuentes de la formación aseguran que lo único que está sobre la mesa es ir a las elecciones con sus propias siglas. Ahora bien, sí estarían dispuestos a incorporar candidatos de Podemos como independientes, al menos uno de ellos en puestos de salida, como ya hicieron en el pasado con otras formaciones.

Los republicanos no ven ningún problema en la posibilidad de compartir actos de campaña con Podemos, ni tampoco en que su candidato, Rufián, tenga una dimensión en el conjunto del Estado. Podría haber, por tanto, actos electorales de Montero y Rufián tanto en Catalunya como fuera. “Lo importante es que se reconozca a ERC como el espacio idóneo desde donde hacer política de izquierdas y plantar cara a la extrema derecha en Catalunya”, aseguran.

Los Comuns “respetan pero lamentan” el paso de Rufián

Pocos minutos después de empezar a conocerse las primeras informaciones al respecto, los Comuns afirmaban a través de un comunicado que “respetan” la decisión de Rufián de seguir “bajo las siglas de ERC”, pero también lamentaron “que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas” y sostuvieron que ellos, los Comuns, continúan “comprometidos” con esta vía “de ámbito estatal”. Es decir: que no tienen ninguna intención de disolver sus siglas en las de ERC como, en principio, hará Podemos en Catalunya.

El movimiento de Rufián complica el acuerdo entre Podemos y el Frente Amplio también fuera de Catalunya. Los morados decretaron silencio absoluto este domingo entre sus filas, y ni oficial ni extraoficialmente quisieron confirmar cuáles serán los términos exactos del acuerdo con ERC. Pero cuando celebró el pasado abril un acto con él en Barcelona, Podemos ya dejó claro cuál era su lectura de un pacto con Rufián: un “tándem” en el que el portavoz de ERC sería el referente en Catalunya de un bloque que estaría representado en el resto de España por Montero.

Una vez suscrito ese acuerdo, Podemos cuenta ahora con una alianza con la pieza más codiciada en el tablero de la izquierda alternativa. Y eso les permite elevar la presión sobre los partidos de lo que antes se denominaba Sumar —IU, Más Madrid y Movimiento Sumar, además de los Comuns— para que acepten a Montero como candidata si quieren una lista unitaria. La advertencia implícita es que, en un escenario con dos candidaturas, la lista que cuente con el apoyo de Rufián podría ser más potente que la que careciera de él.

Hasta el momento, los partidos del Frente Amplio confiaban en terminar alcanzando una entente con los morados de aquí al próximo viernes, cuando finaliza el plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales. Pero su idea siempre fue que los morados terminaran aceptando a Ada Colau como candidata, una vez la líder de Más Madrid, Mónica García, abandonó sus pretensiones de ocupar esa posición. Ahora, la postura de Colau también queda comprometida: la exalcaldesa ha asegurado que solo piensa aceptar el liderazgo del espacio si Podemos y el Frente Amplio se presentan unidos a las elecciones, algo que al menos en Catalunya ya parece imposible si los Comuns compiten con ERC.

IU y Más Madrid continúan apoyando a Colau

A priori, no obstante, el Frente Amplio no va a aceptar a Montero como líder sin dar la batalla. La ejecutiva de IU se reunió este domingo por la tarde de urgencia para analizar el nuevo escenario abierto tras el acuerdo Rufián-Podemos, y tras esa reunión el partido emitió un comunicado reafirmando “todo su respaldo” a Colau como candidata y asegurando que “representa una oportunidad para ensanchar al máximo el Frente Amplio, un proyecto que debe trascender las siglas de cada formación y conectar con la sociedad organizada y movilizada”.

IU insiste en “aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda del Estado”, y en su comunicado aseguró que no suelta “la mano a ninguna de ellas”. Pero el marco en el que sigue trabajando la federación que lidera Antonio Maíllo es el de que Colau debe ser la candidata, y no Montero. Pese a ello, fuentes del espacio de la izquierda alternativa confirman que Rufián comenzó a mantener contactos el domingo con IU y también con el sector crítico de Más Madrid, encabezado por Emilio Delgado, para intentar encauzar la situación.

La dirección de Más Madrid, por su parte, también movió ficha este domingo tras las primeras informaciones sobre el acuerdo entre Podemos y Rufián. Lo hizo públicamente, a través de sus redes sociales, en las que propuso “un acuerdo en el que en la circunscripción de Madrid se presente como cabeza de lista Emilio Delgado seguido de Mónica García”. No obstante, la renuncia de García a encabezar la lista en favor de Delgado —un movimiento que busca restablecer la paz interna en el partido— era tan solo una parte de la propuesta: en dicho comunicado, Más Madrid también aceptaba públicamente por primera vez la integración de Podemos en una eventual lista conjunta en la circunscripción de Madrid y reconocía la preeminencia de Rufián en Catalunya pidiendo “un acuerdo de frente” en esa comunidad.

Ese movimiento tiene un doble objetivo. En primer lugar, sitúa en los Comuns la presión de intentar alcanzar un acuerdo que permita una candidatura única en Catalunya, algo que a día de hoy parece muy lejano. Y en segundo término, establece los términos en los que Más Madrid aceptaría un acuerdo con Podemos… y, por descarte, los términos en los que no: para el partido, sería asumible una lista única con los morados, pero con Montero situada en el cuarto puesto de la lista y en ningún caso como candidata de todo el espacio.

En la misma línea se expresó la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, portavoz del grupo parlamentario de Sumar esta legislatura en el Congreso. “Nosotras lo tenemos claro: Ada Colau y Emilio Delgado” deben ser los candidatos, y las “alianzas” deben suscribirse “con todo el que quiera venir”. Es decir: ha de ser Podemos quien se acerque al Frente Amplio y no el Frente Amplio el que concurra bajo el liderazgo de Podemos.

Uno de los problemas añadidos de que ERC incorpore en sus listas candidatos de Podemos es que, según el reglamento del Congreso, esto impediría que Podemos y ERC puedan formar en el Congreso grupos separados.

La norma indica que los diputados del mismo partido deben ir siempre a un mismo grupo. Pero también que no pueden formar grupos separados diputados de candidaturas que no se han enfrentado entre sí. Esto significa que, en el caso de que Podemos optase por ir en solitario en Madrid y en las listas de ERC en Barcelona, el grupo resultante debería estar integrado por ambos. Mientras, en el caso de que Podemos fuese en las listas de ERC en Barcelona pero en las del Frente Amplio en Madrid, se produciría una paradoja irresoluble a la hora de formar grupo que, en última instancia, debería resolver la Mesa.

Rufián, sin sintonía con la dirección de ERC

El empeño con el que Rufián ha avanzado por una incierta vía de la colaboración con el conjunto de las izquierdas estatales ha levantado ampollas con la dirección de Oriol Junqueras, quien desde el inicio trató de cortar este proyecto por no encajar con la estrategia de ERC, que quiere posicionarse como un espacio independentista del conjunto de la izquierda catalana, y no como un partido a la izquierda del PSC. Además, los republicanos han tenido que dar explicaciones a sus socios de EH Bildu y BNG, con quienes comparten una sólida alianza, sobre las andanzas de su portavoz en Madrid.

La explicación sobre los pasos de Rufián que ha acabado cundiendo en ERC es que su portavoz se agarró a un incierto proyecto de unidad con el objetivo de reforzar su perfil fuera del partido y poder jugar mejor sus cartas internamente, donde intentaba conseguir dos objetivos: tener el control de las listas y autonomía a la hora de pilotar la estrategia de su partido en Madrid. Dos reclamaciones inaceptables para el partido que, sin embargo, ha preferido entrar en una negociación con Rufián antes que abrir en canal el partido a ocho semanas de unas generales.

Finalmente el partido se ha abierto a la colaboración con Podemos, tal y como exigía Rufián, y también han ido cayendo poco a poco de la lista los diputados con más fricciones con el líder, como era Pilar Vallugera, Jordi Salvador o Francesc-Marc Álvaro. Este último se presentará como cabeza de lista al Senado. Queda por comprobar si la guerra mantenida por Rufián con su dirección y las dudas hasta el último momento de la papeleta en la que concurriría pasan o no factura a la propia ERC y a los partidos que le habían ofrecido integrarse.

Mientras Gabriel Rufián deshoja la margarita y da largas a la propuesta de su formación de acudir como cabeza de lista a las elecciones generales, en el partido comienza a emerger un plan B. Tal y como ha avanzado El Periódico y ha confirmado este diario de fuentes de la propia Esquerra, el actual portavoz en el Parlament Jordi Albert está recogiendo avales para que su territorial lo valide como candidato al Congreso. Eso lo colocaría en los puestos de salida, si Rufián acaba encabezando la lista, pero también lo convertiría en la opción B si el dirigente en Madrid da la espantada.

“El candidato de la dirección de ERC continúa siendo Rufián”, subrayan fuentes de la cúpula republicana, que aseguran que es normal que sus militantes recojan avales para acudir a las territoriales, ya que en ERC una parte de las listas sale directamente de las asambleas. Sin embargo, no pasa desapercibido que Jordi Albert es un político de total confianza para Oriol Junqueras y que ya había sonado antes como posible relevo de Rufián.

Por su parte, el hasta ahora líder de ERC en el Congreso ha respondido a las informaciones publicadas con un mensaje en el que asegura que él quiere “representar a Esquerra Republicana”, pero donde asegura que desea hacerlo “con unas mínimas condiciones” y “acompañado de otras fuerzas de izquierdas”. Las palabras de Rufián retornan a la idea de unir fuerzas con otras formaciones, algo que en ERC no está sobre la mesa.

El diputado en el Congreso ya utilizó la misma fórmula cuando avanzó que pondría “un mínimo de condiciones” para renovar su candidatura al Congreso. Según explican fuentes conocedoras, Rufián habría enviado unas reclamaciones a la dirección de su partido que le permitirían “estar cómodo”. Entre ellas, el diputado quiere poder elegir a algunos de sus compañeros de listas y tener más peso en la dirección estratégica de la formación.

Las relaciones entre Junqueras y Rufián, que eran buenas al inicio de la legislatura, han ido enturbiándose a medida que el de Santa Coloma lanzaba su apuesta por una candidatura de unidad de las izquierdas, una iniciativa que la dirección republicana siempre ha rechazado. La tensión ha escalado de forma considerable en la última semana, después de que Rufián contradijera el anuncio del presidente del partido de que ERC votaría sí a los dos decretos. “Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso”, aseguró el diputado.

Por eso los temores de que Rufián podría acabar saltando han crecido entre las filas republicanas. Si eso ocurriera, Jordi Albert estaría disponible para la primera plaza. Nacido en Sant Andreu de la Barca, Albert es un nombre de mucho peso en su territorial, el Baix Llobregat, una de las federaciones más grandes y de la que fue presidente. Su influencia se considera clave en la batalla que Junqueras ganó contra sus críticos, por lo que el aspirante cuenta con fuerza orgánica de la base y, también, con mucha sintonía con la dirección.

Las normas internas de la formación dan mucho peso a la militancia a la hora de confeccionar las listas electorales. En ERC, mientras que el número uno puede decidirlo casi directamente la Ejecutiva, el resto de candidatos surgen de las territoriales, en un proceso por el que se acaba ordenando la candidatura de cada una de las cuatro provincias.

Mientras que el partido espera para conocer la decisión de Rufián, muchos de sus compañeros en Madrid están anunciando que no optarán a la reelección. Los diputados Jordi Salvador y Pilar Vallugera han anunciado en los últimos días que no repetirán en las listas de ERC en el Congreso. Ambos mantenían una tormentosa relación con Rufián y, mientras que en su despedida Salvador habló de una “profunda decepción personal”, Vallugera se fue con una larga lista de agradecimientos entre la que no citó al líder del grupo.

A ellos se suma la portavoz de ERC en Senado, Sara Bailac, que ha anunciado que no optará a la reelección como senadora por Lleida tras dos legislaturas en Madrid.

Un veterano ferroviario que había regresado a su Asturias natal tras conducir durante años trenes de Rodalies volvió a entablar relación con sus antiguos compañeros de la Renfe catalana. Su hijo, les explicó, había pasado hacía poco las pruebas y la empresa le ofrecía foguearse en Barcelona.

El padre enseguida recibió unas cuantas opciones de pisos que otros conductores de trenes habían ofrecido en sus canales de WhatsApp. Le pusieron al día y le brindaron todo el apoyo que el chaval pudiera necesitar. A los pocos meses, el hijo ya compartía piso con otros maquinistas y formaba parte de la gran familia del 'ocho catalán' (por la forma que tiene la red de vías catalana).

La historia de este joven y el apoyo mutuo entre trabajadores ayuda a entender el plantón de maquinistas que este miércoles ha vuelto a dejar a los pies de los caballos a los usuarios de Rodalies. Todos a una. Por la forma de relacionarse entre ellos, la alta sindicación –sobre todo en su organización gremial, Semaf– y los estrechos lazos que forman, el grupo de los maquinistas acaba siendo muy endogámico.

Además, Renfe tiene en Catalunya una situación delicada. Pese a que necesita unos 700 trabajadores solo para mover los trenes de Rodalies, históricamente desde la comunidad han surgido pocas vocaciones de maquinistas, lo mismo que ha ocurrido para otros puestos funcionariales o vinculados al Estado. Eso ha provocado que la empresa necesite estar siempre movilizando trabajadores.

Son empleados dispuestos a estar un tiempo en Catalunya, la mayoría jóvenes, pero que desean volver más cerca de sus casas según avanza su carrera. Todo ello genera el cóctel perfecto para que los ferroviarios mantengan una guerra constante e histórica con la empresa, a la que le interesa estirar todo lo posible la estancia catalana de sus maquinistas.

La movilidad es, desde siempre, el principal factor de la altísima conflictividad laboral que se vive en Renfe Catalunya, empresa que gestiona Rodalies. Es el origen, también, de los periódicos problemas de personal que tiene compañía para encontrar quién conduzca sus máquinas. Y ha sido el principal obstáculo para el traspaso de Rodalies a la Generalitat, al que los sindicatos de maquinistas, en especial el poderoso Semaf, se han negado en redondo, sobre todo por la dificultad que les añadiría a la hora de disfrutar de traslados.

La operativa, es decir, lo que hace Renfe, no es lo único que falla en Rodalies. Adif gestiona una enorme red ferroviaria utilizada por 400.000 pasajeros al día (aunque la cifra se está contrayendo a ritmo alarmante) que se ha quedado anticuada, que sigue necesitando de muchas inversiones y mantenimiento, y que, además, está llena de obras y parches. Unos problemas en la infraestructura que también generan fricciones constantes entre Adif y los maquinistas.

Este miércoles a primera hora los usuarios catalanes de cercanías han descubierto con desazón que los trenes no estaban circulando. Los maquinistas se han negado a conducir sus vehículos aduciendo razones de seguridad tras las lluvias de la semana pasada. Pero tanto Adif como Renfe han descartado rápido cualquier posible riesgo.

“No estamos ante un problema de seguridad en la infraestructura, es un conflicto laboral”, ha asegurado Òscar Playà, nuevo director de Rodalies y, por tanto, cara visible de Renfe. Salvador Illa ha ido más lejos. “La seguridad de las vías no es una cuestión subjetiva ni está en manos de ningún sindicato. Averiguaremos lo que ha pasado”, ha afirmado taxativo en el Parlament.

Pero quienes siguen de cerca los entresijos del mundo ferroviario en Catalunya, ya sabían desde el inicio de la semana que algo así podía pasar. Precisamente, el pasado lunes, Semaf reclamó a Renfe volver a constituir la comisión de conflictos.

Las razones, según se recogían en la propia solicitud sindical, eran los supuestos incumplimientos de la empresa en tres áreas: la duración de los periodos de formación para los trabajadores recién incorporados, la negociación sobre los coeficientes reductores de la edad de jubilación y el avance en los protocolos de seguridad ante condiciones climáticas adversas.

“Poco que ver con si las vías están mejor o peor”, resumen fuentes de la empresa, que recuerdan que, en el conflicto entre maquinistas y Renfe se entremezclan las razones laborales de fondo con las cuestiones más políticas. “Al fin y al cabo, el Gobierno es el empleador de todos los maquinistas, la patronal”, subrayan.

A los maquinistas de Renfe que trabajan en Catalunya, como a cualquier otro colectivo laboral, puede suponérseles diversidad ideológica. Pero las razones que les han ido enemistando con el Gobierno las han explicado ellos mismos a lo largo de sus numerosos conflictos. Durante esta legislatura, el peor de todos ha tenido origen en el traspaso de Rodalies a la Generalitat que, pese a lo mucho que se ha rebajado, Semaf sigue considerando inaceptable.

Con el avance electoral, dicho traspaso queda en tierra de nadie y a la espera de cuál sea el nuevo Gobierno, que fácilmente podría revertirlo. Lo que desearía Semaf es de sobra conocido, igual que su beligerancia cuando se trata de obtener sus objetivos.

De hecho, el plante por las bravas de los maquinistas este miércoles ni siquiera era nuevo. En enero de este mismo año ya hicieron una cosa parecida, varias jornadas seguidas, cuando se negaron a conducir tras los trágicos accidentes de Adamuz, primero, y Gelida después.

El miedo de muchos conductores a salir de la estación por el estado de las vías era muy real y, en ocasiones, justificado. Pero, meses después, pocos dudan de que el paro del conjunto de la red tenía como objetivo castigar por los accidentes al director de Rodalies, al que se destituyó; al presidente de Renfe, cuya cabeza estuvo en cuestión, y en última instancia al Ministro, al que aquellos días las críticas y peticiones de dimisión le llovían tanto como la borrasca Harry que azotaba la Península.

Las elecciones sindicales caen en marzo de 2027. Estamos, por tanto, en fechas abonadas para el conflicto laboral. Si además se tiene en cuenta que, en un contexto así, la capacidad de golpear al Gobierno suma puntos, se entiende por qué los maquinistas han decidido entrar por todo lo alto en la campaña electoral del 29N.

“Que Semaf quiera guerra justo ahora… volvemos a enero”, auguraba, pesimista, una persona que vivió muy de cerca la gran crisis de Rodalies con la que se inició el año y de la que, más de 10 meses después, uno de los servicios esenciales para el transporte público catalán aún no se ha recuperado.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

La convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la mayoría de las formaciones catalana con el pie cambiado, aunque no exactamente de sorpresa. En Junts había cundido la opinión de que Pedro Sánchez optaría por finalizar la legislatura, por lo que los primeros espadas de la formación, Jordi Turull, Míriam Nogueras y Mònica Sales, viajaron el lunes a primera hora a Bruselas. Son solo ocho semanas hasta que se pongan las urnas y no hay tiempo que perder.

En el partido independentista, este lunes, no se sentían responsables de lo ocurrido. “[En el Gobierno] saben que no tienen mayoría para seguir la legislatura desde hace meses, la han acabado cuando más les ha convenido”, afirman. Pese a que Junts había retirado oficialmente su apoyo al Ejecutivo en octubre de 2025, la convocatoria electoral le obliga ahora a redefinir su estrategia.

Tras las últimas elecciones generales, la posición privilegiada en la que quedó Junts les empujó a pactar con Sánchez y a enarbolar la bandera de la negociación exigente, algo que durante la legislatura se ha diluido. “Somos los únicos que nos hemos plantado delante del radicalismo de los dos extremos”, aseguraba Nogueras en un vídeo difundido por el partido.

Un mensaje con el que Junts trata de poner distancia con el PSOE, pero, sobre todo, con Aliança Catalana, aunque el partido de la extrema derecha catalana ha confirmado que no irá a las generales. Sobre la opción de que Carles Puigdemont pueda ser el candidato a los comicios, fuentes de Junts lo rechazan de plano. “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, consideran, al menos en este momento, cuando aún no saben si podrá regresar en noviembre.

Rufián pide “un mínimo de condiciones”

En una situación igual de inestable se encuentra ERC, donde las desavenencias entre la dirección de Oriol Junqueras y el grupo en Madrid que controla Gabriel Rufián son públicas desde hace tiempo. No es infrecuente que el diputado contradiga a la dirección de su partido, la última vez ocurrió el viernes, cuando Junqueras anunció el voto favorable a los dos decretos de vivienda y Rufián aseguró que debía leerlos.

Lo que ya está claro es que el de Santa Coloma no articulará ningún frente plurinacional progresista que combine los mundos de Sumar y Podemos con los de las izquierdas independentistas, tal y como trató de liderar, sin éxito. Sí es, en cambio, el candidato al que daría apoyo ERC, según lo que la dirección ha ido repitiendo durante todos los meses en los que él se ha salido de la línea marcada por Junqueras.

Este lunes, sin embargo, Rufián aseguraba que debía “reflexionar”. “Está escuchando a todo el mundo antes de decidir”, aseguraban fuentes del entorno del dirigente citadas por EFE, que aseguraban que tenía previsto reclamar “un mínimo de condiciones” a ERC para repetir como cabeza de lisa.

Tratando de desmarcarse de estos movimientos, los republicanos se han mostrado este lunes “preparados” para las urnas y con el convencimiento de que su papeleta es la “única” que “puede defender Catalunya”.

El chasco de los de Junqueras, con todo, era evidente, pues la mayoría de las conquistas con las que justificaban su apoyo a Sánchez se han ido por el desagüe con la convocatoria electoral. Ni la reforma del modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), dos de las cuestiones centrales para ERC, tienen ya recorrido, y el traspaso de Rodalies, la tercera pata de los acuerdos con el Gobierno, tampoco se ha completado. ERC acaba la legislatura con las manos prácticamente vacías en Madrid.

El PSC apuesta por Hereu con las encuestas a la baja

Para los socialistas catalanes la convocatoria tampoco llega en un buen momento electoral. El CEO (el CIS catalán) lleva meses pronosticando cierto desgaste del PSC. Especialmente en Catalunya, donde al Govern de Salvador Illa la gestión se le está haciendo cuesta arriba, pero también en el escenario de unas generales, donde el aliciente de Sánchez, que en julio de 2023 resultó en un verdadero gancho para el electorado catalán, ahora va a la baja.

Según los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), durante toda la legislatura Sánchez se habría movido en Catalunya entre el 30 y 37% de votos (obtuvo un 34% cuando abrieron las urnas). En el último estudio, publicado en julio pasado, el voto ya bajaba a hasta el 29%.

Ante estos números, Sánchez debería volver a cuidar el granero catalán, de donde obtuvo nada menos que el 20% de todos los votos que le sirvieron para la investidura.

Para llevarlo a cabo, cuenta con Jordi Hereu, el actual ministro de Industria y exalcalde de Barcelona. Un hombre bien considerado tanto en el círculo de Sánchez como en el de Illa, pero con un perfil discreto y poco popular. Una elección que subraya que Sánchez será el absoluto protagonista del cartel electoral.

Los Comuns, a la espera del Frente Amplio

En la formación de Ernest Urtasun este lunes se multiplicaban los llamamientos para convertir el 29N en una gran movilización por la vivienda. “Especulación o vivienda”; proponían desde sus redes, al tipo que la dirigente en el Parlament, Jéssica Albiach reclamara “que las personas estén por delante de los fondos buitre”. Pero, de puertas para dentro, la formación está a la espera de que su espacio, ahora rebautizado como Frente Amplio, resuelva tanto la forma como las caras con las que concurrirá.

Por el momento, si desean acudir en coalición con Podemos, ambas partes tienen 10 días para ponerse de acuerdo. Los de Irene Montero siguen reclamando unas primarias. Por otro lado, la ministra Mónica García gana enteros como posible candidata de Sumar, a la vez que los Comuns siguen a la espera de si Ada Colau desea postularse.

Este martes, la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido que se le ha ofrecido liderar Frente Amplio, aunque no ha confirmado su decisión. “Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno”, ha asegurado en una entrevista en La 2.