Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza este miércoles, en la céntrica calle Balmes de Barcelona y a plena luz del día. Otros dos en la Zona Franca con el mismo procedimiento y en menos de un mes. Y otro tiroteo, en abril, en el Poblenou, contra un hombre serbio y su hija. Cuatro crímenes prácticamente iguales en dos meses, que han puesto esta cuestión bajo el foco social y mediático y que los Mossos vinculan directamente con el narcotráfico.

A la espera de la investigación que debe esclarecer los hechos y cuando el autor del disparo mortal continúa huido, la policía catalana sigue la hipótesis de que la última ejecución forma parte de la misma guerra de bandas que está detrás de los anteriores tiroteos. Un conflicto entre clanes con origen balcánico pero relacionados con Catalunya por la proliferación, sobe todo, de grandes plantaciones de marihuana que suministran a buena parte de Europa.

Ante esta situación, el departamento de Interior del Govern reclama un aumento de las penas vinculadas al narcotráfico, concretamente a la marihuana, y también que la tenencia ilegal de armas conlleve entrar en prisión. Según ha asegurado el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eso evitaría que una persona que ya ha sido localizada con un arma de fuego quedase en libertad y pudiera cometer un delito inminente.

En concreto, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, su propuesta sería que la pena de prisión por tenencia de armas de fuego aumente de los 2 años actuales a los 5, lo que evitar que se pudiera eludir la cárcel. En el caso del cannabis, Interior plantea que el tráfico y los grandes cultivos dejen de estar en la franja baja de la pena (de 1 a 3 años) por considerarse drogas blandas, y pasen a la franja alta (de 6 a 9 años).

Según los datos ofrecidos por la policía, en 2025 se produjeron 28 heridos por disparos y ocho muertos por esta misma causa. En lo que va de 2026, los heridos son 18 y los muertos son ya seis. Unas cifras que permiten pronosticar que los muertos por armas de fuego podrían aumentar respecto al año pasado.

Interior destaca que, pese a lo anterior, los incidentes con arma de fuego han disminuido en los primeros meses de 2026 respecto al año pasado. Entonces se registraron 93 tiroteos en 2025, mientras que durante el último medio año han sido 24. Además, ha crecido el número de armas cortas.

Todos estos datos llevan a la policía catalana a inferir que Barcelona está siendo escenario de una guerra de bandas, marco en el que se producen estos asesinatos. La policía investiga tanto la posible participación de profesionales o sicarios, así como si los autores de los crímenes contaban con bases en la ciudad. Los Mossos consideran que, de ser así, el objetivo prioritario es desmantelar estas estructuras.

La dirección de ERC ha puesto en marcha este sábado la maquinaria electoral para hacer frente a las dos grandes citas con las urnas que ocurrirán, como tarde, en los próximos 18 meses: unas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo, y unas generales que, si bien no están fijadas, planean en el ambiente y no podrían arribar más tarde de agosto de 2027. Los republicanos se ponen en modo electoral sin haber resuelto aún el encaje de su cabeza de lista, Gabriel Rufián, y la nueva alianza que impulsa con diferentes izquierdas del conjunto del Estado, opción que no cuenta con el aval del partido.

La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha comparecido ante unos 250 militantes, muchos de ellos candidatos a las próximas municipales. La dirigente, que también es la candidata en Barcelona, ha llamado a “ganar la batalla de la identidad” desde los valores progresistas que representa Esquerra porque, según considera, esa será la batalla que se jugará en las próximas municipales ante el crecimiento de la extrema derecha. La secretaria general ha destacado además que la identidad “no es una bandera vacía”, sino “un síntoma de comunidad”.

“Cuando vamos a algunos lugares y decimos que ese lugar no tiene identidad, no tiene personalidad, es porque no hay una comunidad detrás. Es porque probablemente no hay una lengua, no hay una cultura, es un lugar de paso. Y no podemos permitirnos que Catalunya sea un lugar de paso”, ha remachado.

Alamany además ha cargado directamente contra las posiciones de la derecha independentista que “se repliega cuando no exige hablar catalán sino unos apellidos catalanes” para acceder a la catalanidad. Por eso ha reclamado un independentismo y un catalanismo “que no mire al pasado”.

La secretaria general ha cargado también contra un PSC que “dice que puedes ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta respetar la lengua, que no hace falta integrarte en la comunidad que tienes a tu alrededor”. En este sentido, la líder de ERC ha pedido evitar “el reaccionarismo y el cosmopolitismo naíf”.

La batalla por las listas

El Consejo Nacional de este sábado era una fecha marcada en el calendario por ser el día en el que se ha aprobado el reglamento para la confección de las listas del partido para las elecciones al Congreso y el Senado. Unas candidaturas que han sido objeto de polémica interna, después de que Gabriel Rufián marcara como condición para seguir como cabeza de lista poder confeccionar las listas, lo que suponía desplazar a algunos de sus actuales compañeros de grupo con los que no mantiene relaciones.

Sin embargo, desde el partido se ha remarcado reiteradamente que esta pretensión del jefe de filas en Madrid no cabe en la tradición asamblearia de ERC, donde son las propias federaciones territoriales las que eligen y validan los nombres que se presentan por cada circunscripción. La ejecutiva nacional sí tiene la posibilidad de introducir hasta un cuarto de los candidatos en las diferentes candidaturas. El reglamento aprobado este sábado no modifica estas condiciones, por lo que la petición de Rufián de elegir directamente a sus compañeros de grupo quedaría descartada.

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.

Como él mismo señaló nada más subir al atril del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo llegó a Barcelona acompañado de un enorme elefante: la duda sobre si puede articular una mayoría para una moción de censura exitosa contra Pedro Sánchez. Durante los 45 minutos que intervino, el líder del PP no dio al elefante ni un triste cacahuete, ni tampoco concedió a la audiencia empresarial una sola promesa o guiño más allá de lo estrictamente necesario. Más bien al contrario.

Feijóo dejó claro al empresariado catalán que ni cuenta con ellos para llegar a Moncloa ni les pide nada. Este no es un presidente del PP que quiera hablar en catalán en la intimidad. El tono de Feijóo tuvo este martes un matiz diferente al empleado en otras ocasiones, tanto en el mismo foro como en otros encuentros con el patriciado catalán.

El líder de la oposición solemnizó que ni cuenta con la élite empresarial catalana ni aspira a seducirla. Para rematar, sugirió que volverá al Cercle de aquí a un año, se entiende que como presidente del Gobierno, desde donde demostraría que no necesita los consejos que acostumbra a recibir en Barcelona.

“Otra oportunidad perdida”, se lamentaba el presidente de un importante despacho de abogados. “Podía haber aprovechado para apretar más al presidente del Gobierno a través de preguntas concretas para que se comprometa, pero no lo ha hecho”.

Justo hace un año, fue el propio líder del PP quien prometió a los asistentes a la reunión del Cercle un sistema de financiación que aportarse “recursos adicionales” a Catalunya. Llevaba bajo el brazo también propuestas para conectar con su audiencia, como alargar la vida de las nucleares. Unos meses después acudía a la sede de Foment, la gran patronal catalana, a la que pedía para una moción de censura “los votos de los suyos”, en referencia a Junts.

Poco de eso había en el discurso que enarboló Feijóo este martes en Barcelona. “No vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos”, aseguró, dando un giro sobre sus propios pasos.

Rechazó de plano la propuesta de financiación surgida de la Moncloa y aseguró que su modelo se basaría en revisar el gasto. Tampoco hizo concesiones ante la petición de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, de pactos hacia el centro y entenderse con el PSOE. Ni mucho menos con Carles Puigdemont. “Hablemos de cosas serias”, zanjó.

El lunes, primer día de la reunión del Cercle y un día antes de la participación de Feijóo, el dirigente de una importante institución empresarial comentaba que lo mejor que podía hacer el presidente del PP era dedicar las horas previas a ir al spa de un hotel y relajarse un poco. “Ha venido más tranquilo que otras ocasiones, menos mitinero quizás, pero los aplausos han sido contenidos”, resume un directivo de una relevante empresa de infraestructuras del Ibex. Tampoco convenció.

Antes de presentarse ante el auditorio, Feijóo mantuvo una reunión privada con algunos de los más destacados empresarios catalanes. En el desayuno participaron dirigentes económicos como Marc Murtra (Telefónica), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Creuheras (Planeta), Antonio Brufau (Repsol) o Amancio López (Hotusa).

Pese a saber los temas que se trataban en el cónclave económico y que interesan a la élite empresarial catalana, Feijóo hizo pocas concesiones y optó por hablar de su libro. “Ha recordado el momento de gran inquietud que vive el país y ha intentado no cometer errores, pero sin propuestas claras”, valoraba un dirigente patronal.

“Ya sabemos que a Feijóo le cuesta conectar con este ambiente; hace un buen diagnóstico de los problemas macroeconómicos, sí, pero no plantea alternativas concretas. Y es una pena, porque en la distancia corta gana mucho y su capacidad como gestor está fuera de dudas”, resume un veterano ejecutivo, uno de los que, antes de la intervención, participó en el desayuno que el presidente del PP mantuvo con un selecto grupo de directivos.

Las cuatro intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle como presidente del PP se cuentan por decepciones y por las críticas a Pedro Sánchez. En 2022, cuando llegó tras sustituir a Pablo Casado en Génova, tuvo palabras amables y cargó contra el procés. En 2023, en vísperas de las elecciones generales, regaló los oídos al auditorio —“sois estupendos porque pagáis más impuestos que nadie”—, pero evitó mojarse sobre temas como un nuevo modelo de financiación autonómica.

En 2024 intensificó las virulentas críticas al líder socialista y pasó de puntillas por la economía. Y el año pasado, volvió a defraudar al no mojarse sobre la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell —qué lejana queda ya—, un día después de que Pedro Sánchez anunciara una sorpresiva e inaudita consulta. “Mi opinión personal es irrelevante”, dijo entonces el aspirante a La Moncloa.

En esta ocasión, también esquivó hablar de aquello que le proponía la organización, que era la autonomía estratégica de la Unión Europea. “¿No creen que España tiene alguna dificultad añadida para hablar de estos asuntos? Antes que ninguna otra cosa, España necesita lo elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capaz de defender el interés general”. Así se quitaba del medio Feijóo el debate europeo para centrarse en la política doméstica. Lo que no mencionó el líder popular es el otro elefante que tiene la derecha en su habitación, Vox.

“Feijóo ha hecho suyo el manual de resistencia de Sánchez y está en llegar vivo a 2027. Y, para eso, no puede hacer concesiones al público catalán”, valoraba una fuente empresarial que aseguraba que había visto al líder del PP “hablando para los suyos, que sabe que no están en Catalunya”. La reunión será clausurada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

“Yo no voy a volver a presentarme por ERC a las elecciones generales si no se cumplen unas condiciones”. Esas fueron las palabras que pronunció el miércoles el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado en Madrid en el que también anunció su disposición a encabezar una “confluencia, una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados entre las formaciones soberanistas y las estatales”. Rufián rechazó concretar esos requisitos para mantenerse como candidato de ERC y no irse a su “casa”, pero lo cierto es que son básicamente dos: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y la capacidad de marcar la línea política del partido en Madrid.

Con el órdago que lanzó el miércoles, el dirigente señaló públicamente por primera vez una serie de líneas rojas para mantenerse como líder de ERC en el Congreso. Pero, aunque no se hubieran escenificado públicamente antes con tanta claridad, las exigencias de Rufián son producto de unas desavenencias internas larvadas durante largo tiempo tanto en el seno de ERC como en el grupo parlamentario de Madrid. Las discrepancias ideológicas y estratégicas que se evidenciaron en el congreso del partido que terminó con la reelección de Oriol Junqueras como presidente de ERC en diciembre de 2024 también son patentes en la delegación del partido en la Cámara Baja, y las diferencias entre los diputados del sector más nacionalista y los del ala más obrerista —la que representa Rufián junto a dirigentes históricos como Joan Tardà— son profundas.

En ese congreso de hace año y medio, los republicanos demostraron que existe una división profunda en torno a la línea política a seguir, tanto que Junqueras revalidó el liderazgo del partido con el 52% de los votos de la militancia, por el 42% que obtuvo la lista Nova Esquerra Nacional, que agrupó a los críticos. Y Rufián quiere evitar, según confirman fuentes conocedoras de la situación, que esas diferencias —que se han trasladado a Madrid— sigan condicionando el trabajo del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, como está ocurriendo esta legislatura. La reivindicación no es nueva, pero Rufián quiere aprovechar el tirón electoral que ha conseguido en los últimos meses para lograr un equipo más afín.

Otras fuentes del grupo de ERC en Madrid rechazan categoricamente que las desavencias surgidas entre varios diputados y Rufián se deban a cuestiones ideológicas o estratégicas. Según indican, el problema tiene que ver con la forma en que el líder gestiona la discrepancia interna y la manera de relacionarse con los miembros del grupo que en algún momento no han compartido alguno de sus posicionamientos. Y, abundan esas mismas fuentes, Rufián tiene malas relaciones tanto con diputados que se alinearon con la candidatura rival de Junqueras en el Congreso, como serían Teresa Jordà o Pilar Vallugera, como con algunos de los que estuvieron en el otro bando, como podría ser Jordi Salvador, quien además está alineado con Àgora Republicana, la corriente de Joan Tardà en principio más afín a Rufián.

La cuestión no gira solo en torno a las afinidades o desavenencias personales, sino que se debe a que la elección de unos u otros candidatos, explican las fuentes consultadas, será determinante en la línea ideológica y estratégica que seguirá ERC en la próxima legislatura. Por ello, Rufián también aspira a tener mando en plaza para decidir sobre los posicionamientos de los republicanos en el Congreso, una cuestión mucho más delicada porque supondría que la dirección nacional del partido en Barcelona tendría que consensuar posturas con la delegación de Madrid.

Esas diferencias en torno a las listas se suman a las ya conocidas en relación al deseo de Rufián de que ERC se presente a las generales en Catalunya en coalición con los Comuns y la CUP, una posibilidad que la dirección republicana rechaza con contundencia, pero en la que el portavoz insiste. De terminar cerrándose una alianza —algo que parece muy poco probable a día de hoy—, el control de las listas sería incluso más importante, puesto que las negociaciones internas en el grupo parlamentario cobrarían aún más protagonismo en el día a día.

La respuesta de ERC: “No somos un partido a la izquierda del PSOE”

En cualquier caso, la dirección republicana insiste en que no va a ceder a la presión de Rufián para firmar una alianza con los Comuns. “ERC es y quiere ser la izquierda nacional catalana, desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, no un partido a la izquierda del PSOE que nos convierte en minoritarios cuando no lo somos”, enmendaba este jueves un miembro de la cúpula de ERC la línea que Rufián viene marcando desde hace varios meses. 

Los de Oriol Junqueras asisten cada vez más atónitos al movimiento que protagoniza su jefe de filas y se preguntan cuál es su destino final, si está creando un escenario para salir del partido o si quiere negociar unas condiciones que, en todo caso, deberá proponer en los órganos internos del partido y no en los micrófonos del Club Siglo XXI de Madrid.

En la dirección de ERC la consigna sobre los movimientos de Rufián es clara: emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada por su secretaria general en febrero, cuando aseguró que ERC se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas. Este era el manual con el que respondían este jueves a las afirmaciones de su jefe de lista en Madrid, después de que hubiera abierto la puerta a presentarse con una candidatura diferente a la de ERC –algo que negaba hace tres meses– y de que hiciera público que había marcado unas condiciones para quedarse en su partido.

Pero, más allá de la comunicación, el malestar en ERC con Rufián ha ido en aumento. No solo en la dirección, sino también entre cargos institucionales y representantes territoriales, que ya no disimulan la estupefacción ante lo que consideran un pulso de su líder en el Congreso. Un choque al que Junqueras no entrará por estrategia. De hecho, en el partido mantienen la mano tendida a que Rufián siga siendo el cabeza de lista. Pero voces más beligerantes entienden que Rufián transgrede también la propia línea política del partido que, recuerdan, se decide en los congresos y de forma democrática por parte de la militancia.

Respecto a las condiciones que Rufián reclama, a ojos de su partido las hay absolutamente imposibles, como que ERC se sume a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, y las hay negociables, como la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura de Rufián, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es absolutamente minoritaria en todas las asambleas. 

Algo similar ocurre con la línea política, que se marca en los congresos del partido y queda recogida en las ponencias oficiales que, por cierto, en ERC suelen ser muy minuciosas. Estos documentos marcan la postura del partido en la mayoría de cuestiones, así como el Consejo Nacional es el órgano supremo entre congresos, donde se dilucida todo lo relativo a la interpretación de esos documentos base. Por esta razón, que Rufián pueda decidir desde Madrid la posición de ERC en todos los debates que lleguen al Congreso es una aspiración que en la dirección republicana ven poco realista.

El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este martes el primer acuerdo de presupuestos de la legislatura, que ya lleva más de 20 meses en marcha. Govern y republicanos han firmado el documento del entendimiento en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, después de que el lunes ambos políticos participasen en un acto sobre la línea orbital ferroviaria, que se ha convertido en el símbolo de este pacto, y también después de que Junqueras se sometiese a un ajetreado consell nacional de su partido.

Tras la fotografía de este martes hay semanas de negociación discreta entre socialistas y republicanos, que han salvado una relación que parecía muy tocada después de que en marzo el president se viera obligado a retirar los presupuestos por no contar con el apoyo de los de Junqueras. Por su parte, ERC ha borrado la condición indispensable que situaban a inicio del año para las cuentas, que era obtener un compromiso verbal de la entonces ministra de Hacienda a favor del traspaso a la Generalitat de la recaudación del IRPF.

En el acuerdo firmado este martes figura una referencia a la cuestión del IRPF, vinculada a la aprovación del nuevo modelo de financiación. “Se trabajará conjuntamente para que las leyes que se acaben aprobando en el Congreso de los Diputados [sobre la financiación] incorporen la delegación de competencias en la recaudación”, reza el documento.

Además de la línea orbital, el Govern y ERC han pactado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sumen mayoría en el consorcio de la Zona Franca, también el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, la puesta en marcha del consorcio de inversiones, o una inyección de 527 millones a la Agència Tributaria de Catalunya. Este miércoles se celebrá una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para que el Gobierno central muestre su compromiso con estas medidas.

ERC ha negociado también la incorporación directa de fondos a algunas partidas, como 250 millones más para sanidad o 400 millones para educación, este último en inversiones para infraestructura escolar.

A falta de acabar de actualizar el pacto con los Comuns, que tienen sus propias exigencias, previsible será el viernes el día que el Govern vuelva a llevar la ley económica al Parlament. De pasar la prueba del legislativo, estos serían los primeros presupuestos que la Cámara apruebe desde el año 2023. El acuerdo de Illa con los mismos socios con los que logró su investidura en agosto de 2024 estabiliza una legislatura que al Govern comenzaba a hacérsele cuesta arriba sin nuevas cuentas.

“Esquerra es un partido exigente y hemos vivido semanas muy intensas de negociación”, ha señalado la consellera de Economia, Alícia Romero, que se ha mostrado confiada en alcanzar también el acuerdo con los comuns. “Negociar es ceder. Estamos satisfechos”, ha remachado en una rueda de prensa posterior a la firma del pacto.

Sobre el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los profesores antes de aprobar las cuentas, Romero ha matizado que los Presupuestos son un “proyecto vivo” y se podrían mover partidas en caso de tener que destinar más recursos a la educación, tal y cómo reclaman los docentes y los sindicatos. La consellera, sin embargo, ha señalado que considera “inasumibles” algunas de las demandas del profesorado aunque ha querido destacar “la voluntad de diálogo” con la que el ejecutivo afronta la reunión del miércoles con los maestros.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

El Govern de Catalunya no tiene nada que reprochar tras la actuación de los Mossos d'Esquadra, que la semana pasada trataron de infiltrar a dos agentes en una asamblea de profesores y fueron descubiertas. Al contrario, el Ejecutivo considera que una infiltración de este tipo es “democrática” y forma parte “de la autonomía del cuerpo” siempre y cuando se haga después un proceso de revisión por parte de la propia policía, como será el caso.

Según anunció este lunes la consellera de Interior, Núria Parlon, los Mossos llevarán a cabo un proceso de revisión del operativo, para analizar dos parámetros: si la infiltración fue oportuna y si respondió a criterios de proporcionalidad. Parlon ha anunciado para este miércoles su comparecencia en el Parlament junto a la del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aunque no se espera que pueda explicar en esa intervención el resultado de la revisión, que necesitará más días.

La infiltración de las dos agentes ha añadido malestar a los docentes, que se encuentran en una maratón de huelgas y movilizaciones. Pero además, ha dejado al descubierto un modelo policial que, según entiende el Govern de Illa, pasa la “autonomía operativa” de los Mossos.

“¿Cuál es la función del Gobierno en el ámbito de la seguridad? Por una parte, dar confianza y autonomía a los agentes a la hora de diseñar los operativos. Y, por otra, los mecanismos democráticos que están establecidos: dar respuestas, información y revisar los operativos”, ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque, preguntada por si consideraba que la actuación política respondía a criterios democráticos.

Paneque además cree que lo antidemocrático sería que el Govern marcara a la policía pautas sobre cómo actuar en el ámbito operativo, una línea que asegura que nunca ha traspasado.

“Esta y todas las decisiones se toman desde un punto de vista operativo. Esto significa que son los mandos policiales quienes deciden la oportunidad y proporcionalidad, sin ningún tipo de injerencia política”, ha asegurado. Pero ha insistido en que, pese a la revisión que han reclamado, el president Illa y la consejera Parlon “trasladan toda la confianza a los mandos y al cuerpo”.

A juicio del Govern, el decreto de reestructuración de la Dirección General de la Policía, permite a los Mossos hacer labores de recogida de información, entre las cuales uno de los métodos es la infiltración de agentes. Estas actuaciones, sin embargo, hasta ahora se habían entendido circunscritas a colectivos que hubieran generado problemas de orden público en el pasado o entornos potencialmente violentos. Nunca había trascendido un operativo de esta naturaleza en asambleas laborales o comités de huelga.

Las explicaciones que este miércoles ofrecerá Parlon y Trapero tratarán de convencer sobre todo a los socios del Govern, ERC y Comuns, que han protestado con contundencia contra la actuación policial. Los republicanos cargaron directamente contra Trapero, de quien pidieron su cese. Si bien, los republicanos se encuentran en la recta final de la negociación de presupuestos con el Govern y ya han admitido que no pedirán la cabeza del director de la policía a cambio del acuerdo.

La infiltración descubierta la semana pasada también ha subido aún más la temperatura de la protesta laboral de los profesores, que este jueves volverán a la mesa sectorial junto al departamento de Educación. En el horizonte aún quedan 15 jornadas de huelga y las posiciones entre el Govern y los sindicatos que se mantienen en la protesta siguen lejanas.

El Govern y ERC se encuentran inmersos en una negociación a diversas bandas para tratar de cerrar un acuerdo de presupuestos lo antes posible, pero para el que ya han encarrilado varios entendimientos parciales. La voluntad de ambas partes es tener un pacto global la próxima semana, una vez se hayan celebrado las elecciones andaluzas, de forma que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor antes de las vacaciones de verano.

En la rueda de prensa semanal tras la reunión de la Ejecutiva, el portavoz de ERC, Issac Albert, ha dejado claro que para su formación las cuentas son una “necesidad de país” y que su objetivo es que se aprueben. En este sentido, Albert ha descartado que el cese de Josep Lluís Trapero sea una condición para apoyar presupuestos, pese a que fue la propia ERC quien pidió la cabeza del director general de los Mossos, tras conocerse el caso de infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores.

“Nosotros lo que no vamos a hacer es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de las universidades y los hospitales”, ha dicho el portavoz republicano. Después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, reafirmase su confianza en su director general, Albert ha asegurado que si el Govern acaba manteniendo a Trapero en su cargo será “peor para ellos”, ya que su dimisión no sería una concesión a ERC, sino una consecuencia de crisis abierta con los profesores.

Los republicanos y el Ejecutivo salvan un escollo inesperado para las negociaciones. La infiltración policial a una asamblea de profesores de preparación del nuevo ciclo de huelgas en la enseñanza catalana, que arranca este martes, ha encendido los ánimos de los sindicatos de profesores: USTEC y la CGT ya preparan querellas en los juzgados. ERC y los Comuns exigieron el viernes la dimisión de Trapero, pero no lo sitúan como línea roja.

El Govern ha reafirmado la total confianza en Trapero y en los Mossos, pero ha introducido un matiz en la justificación sin ambages del espionaje que realizó el viernes. La conselleria de Interior ha afirmado este lunes que valorará la “oportunidad y proporcionalidad” de la medida y que se tomarán las “decisiones oportunas”, pero siempre dentro del ámbito operativo del cuerpo, es decir, el uniformado, no el político.

Trapero, ha insistido Parlon, “no tomó la decisión” de enviar a agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos a espiar una asamblea de profesores, una medida que se tomó “en el ámbito operativo”.

Sí ha apoyado al 100% la infiltración policial el PP catalán. Su secretario general, Santi Rodríguez, ha defendido que los Mossos “hacían su trabajo” cuando se infiltraron el pasado miércoles en una asamblea docente de preparación de las huelgas. Las agentes fueron identificadas por los propios docentes, al no responder con claridad de qué centro educativo procedían.

La línea orbital, clave en la negociación

Entre los puntos fuertes de las negociaciones ERC destaca la línea orbital ferroviaria, un viejo proyecto del Govern de Maragall que la administración de Illa rescató en noviembre pasado. La infraestructura supone en la práctica un cuarto cinturón ferroviario, que conectaría Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès con Martorell y de allí pasaría por Terrassa y Sabadell, después por Mollet y Granollers, para acabar en Mataró.

A juicio de los republicanos, y tal como en su momento defendía el PSC, este proyecto sería clave para “cohesionar territorialmente Catalunya” y conectar sin pasa por Barcelona las zonas metropolitanas que han experimentado un mayor crecimiento poblacional.

Además sería un impulso a la falta de inversión en infraestructuras que sufre Catalunya, según ha considerado Albert, que ha indicado que buena parte de la inversión debería llegar desde el Estado. En su momento se calculó que esta línea podría costar por encima de los 4.000 millones de euros.

En el apartado de las infraestructuras ERC también coloca el consorcio de inversiones, un ente pactado con el ministerio de Transportes que debía agilizar los proyectos en Catalunya con inversión estatal. Sin embargo, después de que el Congreso rechazara con los votos de Junts el marco normativo de este consorcio, el proyecto ha quedado en el limbo. Los republicanos sin embargo lo consideran “plenamente vigente” y consideran que debe “desencallarse la constitución como sociedad mercantil”.

Por último, ERC y el Govern negocian un nuevo instrumento de política aeroportuaria. Un punto que, a diferencia de los anteriores, aún no está cerrado. El mecanismo en el que se trabaja es similar al pactado en marzo pasado con Euskadi, que supone un órgano bilateral más centrado en el diálogo sobre las inversiones o en la movilidad que en la gestión de los aeropuertos. De hecho, que AENA seguirá siendo la gestora de las infraestructuras aéreas no un debate sobre la mesa.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

Las experiencias cercanas a la muerte no tienen de por sí nada de especial. Antes o después, todos pasamos por una. La gracia es que solo algunos viven para contarlo. Alejandro Fernández, el actual presidente del PP catalán, es uno de ellos, aunque su muerte hubiera sido solo política.

No hay muchos políticos que puedan contar que el líder de su partido estuvo decidido a decapitarle y que de ese trance, no solo salió airoso, sino que acabó obligando a su jefe a reconocer que no puede con él. Fernández, nacido hace 49 años en Tarragona, puede decir todo eso y, además, pretende sellarlo públicamente en el próximo congreso de su formación, que debería llegar este verano.

El cónclave, todavía sin fecha, debería celebrarse en junio o julio, pero quizás se posponga a septiembre. El PP catalán se prepara para un congreso esperado desde 2021, pero tranquilo, sin aspavientos, y en el que todos los pasos se pacten con Génova. Tras años de absoluto desencuentro entre Fernández y Alberto Núñez Feijóo, el consenso ahora sí es posible, una vez la continuidad del primero ha quedado garantizada.

Las razones de por qué quiso Feijóo defenestrar a Fernández son casi tan difusas como su resistencia. En su reciente libro A calzón quitao (La Esfera de los Libros), donde Fernández se expresa como anuncia en el título, se describe una mecánica histórica en la que el PP catalán siempre ha acabado subordinado a los intereses del PP nacional como un facilitador de los entendimientos entre Génova y el nacionalismo catalán.

Ocurrió en tiempos de dos líderes tan importantes, pero también tan diferentes como Josep Piqué o Alejo Vidal-Quadras, según las tesis de Fernández. Algo parecido pasó cuando el líder gallego se quedó, en septiembre de 2023, a unos pocos escaños de la Moncloa. Sin digerir su derrota, Feijóo se abrió a explorar una posible relación con Junts, descontando el daño que eso podía hacer a sus siglas en Catalunya.

Fernández se opuso, y se opone, a cualquier intentona por esta vía. Su tesis, que ha acabado imponiendo a expensas de jugarse el cargo, es que el PP catalán debe anteponer sus propios intereses para tener un perfil propio en Catalunya, no subordinado a Convergència y sus herederos.

Esta posición, a su entender, en Catalunya solo puede fraguarse con un PP enfrentado a la vez a la izquierda y al independentismo de Junts. “No puede haber ningún acuerdo con quienes dicen que lo volverán a hacer”, suele repetir el tarraconense.

Una de las paradojas de esta historia es que, si Fernández sobrevivió a la decisión de Feijóo de forzar su relevo fue precisamente gracias a la debilidad del PP catalán. En 2024, el PP nacional tanteó la posibilidad de que una gestora se hiciera con las riendas de la sucursal catalana, pero encontraron un partido mermado, con solo tres diputados en el Parlament y dos alternativas, Ciudadanos y Vox, a las que les hubiera encantado que los conservadores se autoinfligiesen una crisis. Mejor no mover el avispero, pensaron.

Fernández, indultado, logró triplicar sus votos poco después. Y eso le salvó.

Más singular aún es que, en vez de asumir un papel complaciente dada su delicada situación, Fernández ha actuado durante todo el tiempo de choque con Feijóo como una voz dispuesta a contradecirlo.

No solo criticó el intento de acercamiento a Junts, sino también los contados pactos que el líder de la oposición ha suscrito con el Gobierno, por ejemplo para renovar órganos judiciales. En este sentido, Fernández siempre se ha insertado en la línea de Isabel Díaz Ayuso o, más concretamente, en las tesis de Cayetana Álvarez de Toledo, que en varias ocasiones ha sido su gran valedora.

El último choque fue respecto a la llamada “prioridad nacional”, que Fernández había llegado a calificar de “antesala del fascismo” cuando figuraba en el programa de Vox y que el PP acabó haciendo suyo en el acuerdo para gobernar Extremadura. Fuentes de la dirección catalana explican que en este caso el choque no es tal, ya que Fernández se refería a la concepción de la prioridad nacional de la extrema derecha y, en cambio, avala la forma en la que su partido la ha traducido en el acuerdo.

Un congreso que confirmará a Fernández con el plácet de Feijóo

En la dirección del PP catalán aseguran que la relación entre Fernández y Feijóo ha mejorado mucho en los últimos meses. “Antes la comunicación era escasa y ahora es frecuente”, explican, y añaden que todos los temas que tienen que ver con Catalunya intentan decidirse de forma consensuada.

El congreso del PP catalán que se celebrará en los próximos meses seguirá esa dinámica. No será una revolución ni ideológica ni de organización. La decisión más visible es reafirmar a Fernández y hacerlo de la mano de Feijóo, lo cual es un importante cambio de rasante. Los nombres de nueva dirección se consensuarán también con Génova, aunque hay algunas cosas que ya se dan por hechas, como la salida del actual secretario general, Santi Rodríguez, sin sintonía con el presidente.

Tampoco está previsto, al menos en la dirección del PP catalán, que Daniel Sirera asuma nuevos roles. El abogado, considerado el catalán más cercano a Feijóo, es actualmente el jefe del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona, un rol importante pero que no tiene oportunidad de rivalizar con el presidente del partido. Fernández, como el gato escaldado, hasta del agua fría huye.

“¿Ustedes no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler?”, preguntó hace unas semanas desde el atril del Congreso Gabriel Rufián al grupo de Junts. La respuesta a esta pregunta está en una encuesta que realizó el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en julio de 2025, centrada en la opinión de los catalanes en materia de vivienda. Y una de las conclusiones fue, precisamente, que Junts es el partido catalán que tiene menos electorado en alquiler.

El sondeo, que era la primera que se realizaba específicamente sobre la cuestión de la vivienda, incorporaba un largo cuestionario en el que se desgranaban las actitudes y valores de la ciudadanía ante este problema. Uno de los titulares que se desprendía fue la práctica unanimidad de los encuestados a la hora de reconocer las dificultades para acceder a un techo o cómo la vivienda se había convertido en un problema personal para uno de cada tres.

Pero el cuestionario también preguntaba por la situación personal de los encuestados, si vivían en un piso de alquiler, de propiedad u otras modalidades y, también, con qué partido político simpatizaban más.

Este cuestionario permite así cruzar ambas variables y saber en qué régimen vive el electorado de cada partido. De esta forma, se observa que Junts es la formación catalana con más propietarios entre sus electores, seguido de Aliança Catalana, mientras que Vox es la que tiene más votantes en alquiler, con la CUP en la siguiente posición.

Si tomamos al conjunto de los catalanes, el 28,6% viven en residencias alquiladas por ellos mismos o por personas de su entorno. Junts y Aliança tienen prácticamente la mitad de simpatizantes que tengan que pagar la renta al final del mes.

ERC también es un partido con más propietarios que la media, aunque en cuestiones de vivienda suele situarse en posiciones contrarias a las de Junts y más cercanas a Comuns y PSC, que tienen un 25,8% y un 25,4% de inquilinos entre sus votantes respectivamente. El PP se sitúa más cercano a la media.

Para entender estos resultados conviene tener en cuenta la edad de los votantes. Según los perfiles demográficos del propio CEO, Vox y la CUP son dos partidos que suelen tener más votantes en franjas de edad más jóvenes, sobre todo entre los 25 y 40, época en que el alquiler es la fórmula más frecuente.

La encuesta del CEO especifica el tipo de situación personal respecto a la vivienda. Junts vuelve a aparecer como el partido cuyos votantes tienen menos preocupaciones con esta materia: el 42% tienen ya la vivienda pagada, el 22% está aún pagando la hipoteca y el 19% viven en la casa que un familiar o amigo tiene en propiedad. El PP también destaca como una formación de viejos propietarios: el 39% de votantes tiene piso y no hipoteca.

En cuanto a las personas que alquilan su casa para vivir ellas solas o con sus familias, Aliança es el partido que tiene menos simpatizantes en esta situación, seguido de Junts, Comuns y ERC. En cambio, Comuns y CUP son quienes más votantes tienen en alquileres compartidos, una modalidad que vuelve a denotar la juventud de sus electorados.

Una de las cuestiones que reveló la encuesta del CEO es que tener una vivienda en propiedad era un deseo absolutamente mayoritario, con valores por encima del 80%. Pero, además, la afirmación de que llegar a poseer una casa era un objetivo vital era refrendada no solo por quien ya la tenía o la estaba pagando; también por aquellos que estaban de alquiler o vivían en otras modalidades. Por eso una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas que viven de alquiler, lo hacen por necesidad y no como una opción vital.

El caso de Noelia, la joven con paraplejia a la que se le privó de su derecho a una muerte digna durante casi 20 meses, ha hecho que la mayoría de los partidos catalanes impulsen una modificación legal para evitar que un episodio así pueda repetirse. La reforma cuenta con el aval de la mayoría del Govern, pero no de su conjunto, ya que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha optado por no participar en la votación de la proposición este miércoles en el Parlament, igual que el otro diputado de la formación democristiana Units per Avançar.

La Cámara catalana hacía uso de su iniciativa legislativa para llevar al Congreso una propuesta de modificación de la ley de Eutanasia. El objetivo es acortar al máximo el periodo que un recurso judicial puede paralizar el acceso a la muerte digna de una persona que lo solicite y que cuente con el aval de la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia.

La propuesta indica algunos plazos máximos, dejando en un mes el tiempo para que un tribunal resuelva un recurso contra la aplicación de una eutanasia. Y concentra en la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia cualquier apelación que se formule, evitando la incierta travesía por las instancias judiciales que debió recorrer el caso de Noelia.

Además, una vez la decisión judicial sea firme, el recurso de amparo llegaría directamente a las manos del Constitucional, que tendría la última palabra. El objetivo es que haya un itinerario judicial claro y acotado en el tiempo, entendiendo que los casos que se examinan no deben ser innecesariamente alargados.

La modificación no entra en los supuestos en los que puede presentarse un recurso ni en quién puede hacerlo, materias que están a la espera de jurisprudencia del Supremo. La actual ley de Eutanasia no dice nada sobre quien puede recurrir el caso de una concesión de la muerte digna, un vacío legal que el padre de Noelia aprovechó para alargar los plazos y mantener a la joven con una vida que no deseaba.

La proposición, que ha sido votada por la vía rápida en el Parlament, partió de los grupos de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Finalmente, también Aliança Catalana ha defendido el texto. Solo Vox y PP se han posicionado en contra, junto a los votos que no se han emitido de Ramón Espadaler y Guillem Mateo, los dos diputados de Units que forman grupo junto a los socialistas.

En su turno de intervención, la diputada del PSC Sara Jaurrieta ha destacado la importancia de que cinco formaciones se hayan puesto de acuerdo en la Cámara catalana para sacar adelante esta norma y ha cargado contra quienes se oponen. “Cada vez que se escuchan argumentos que dicen que las personas no tengan capacidad cognitiva de decidir, como han hecho hoy el PP y Vox, se está menospreciando la voluntad individual de las personas”, ha dicho la socialista, que ha defendido que, sobre la eutanasia, “la última palabra le pertenece a quién en libertad ha expresado su deseo”.

Espadaler, conseller de Justicia del Govern de Illa y miembro de la formación democristiana, justificó su voto contrario a la toma en consideración de esta norma remarcando su rechazo a la eutanasia. PSC y Units (herederos de Unió) son dos formaciones diferentes que mantienen una alianza electoral y forman parte del mismo grupo pese a que tienen un acuerdo que permite a los democristianos desmarcarse en votaciones como esta.