La prioridad nacional, es decir, que la posesión de un DNI dé derecho a acceder antes a los servicios públicos, supone según el líder del PP catalán “la antesala del fascismo”. Así lo creía al menos Alejandro Fernández hace unos meses, cuando manifestó su rechazo contundente a este principio que entonces defendía Vox y que ahora su propio partido ha pactado con la extrema derecha en los acuerdos de coalición de Gobierno en Extremadura y Aragón.

Tal como recoge la hemeroteca, Fernández se ha referido a esta cuestión en al menos dos ocasiones. La primera vez ocurrió a finales de enero, en una entrevista en Rac1 donde le preguntaron por qué políticas separaban a su partido de Vox.

En ese momento la respuesta del líder catalán respondió: “Nosotros no creemos en aquello de la prioridad nacional. Porque cuando comienzas a hacer clasificación por prioridad nacional, ¿qué llegas, a grados de consanguinidad? Eso es la antesala del fascismo. Por tanto, una vez que alguien tiene los derechos de ciudadanía, tiene los mismos derechos independientemente de donde haya nacido”.

Una idea muy similar defendía el propio Fernández en una entrevista mucho más reciente, del 30 de marzo pasado, en este caso en el diario Ara.

“Eso que ellos llaman el principio de prioridad nacional, nosotros no lo defendemos”, aseguraba el político. “Nosotros entendemos que, en el momento en que una persona está trabajando y es legal, tú no puedes negarle una ayuda social por su origen. Porque lo siguiente ¿qué es? ¿Empezar a analizar los apellidos o la consanguinidad?”, razonaba.

No había pasado ni un mes de estas declaraciones cuando el PP suscribió unos pactos con Vox que aceptaban la idea de priorizar a los ciudadanos con nacionalidad española a la hora de hacer políticas públicas. Un “concepto político” que “va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno de Aragón”, según declaró el presidente Jorge Azcón.

Sin embargo, después de estos acuerdos refrendados por la dirección nacional del PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, los ha descalificado, pues a su parecer no debería priorizarse a las personas con nacionalidad, sino exigirse arraigo y años de empadronamiento. Esta posición de la madrileña ha abierto una brecha en el PP, en la que la hemeroteca de Fernández profundiza. El líder del PP catalán es uno de los barones “ayusistas” fuera de Madrid.

La estructura digital de la Generalitat de Catalunya sufrió en 2025 el doble de ataques que el año anterior, pero la Agència de Ciberseguretat logró repeler el 80% de estos intentos. En total, los ciberincidentes fueron 6.544, de los cuales 234 requirieron una gestión compleja por la sofisticación del atacante y 26 fueron calificados como incidentes graves, que requirieron comités de crisis.

En su memoria, la Agència destaca que si bien el conjunto de incidentes ha aumentado considerablemente de un año a otro (94%), los ataques graves se han reducido un 31%, ya que en 2024 se registraron 33 en total. Al entender de la directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, esto demuestra que los sistemas de los que dispone Catalunya son cada vez más robustos.

Estas son las cifras recogidas en la memoria anual de la Agència de Ciberseguretat, encargada de proteger toda la infraestructura digital dependiente de la Generalitat. En este momento la Agencia ofrece protección a un total de 331 entidades, entre las que se incluyen los 68 hospitales del SISCAT y las ocho universidades públicas, aparte de todos los departamentos del Govern, lo que supone sistemas administrativos, escolares o financieros, entre otros.

Según esos datos, el ámbito universitario se ha llevado la peor parte en lo que a incidentes de ciberseguridad se refiere, con casi 3.000 casos registrados (2.931 en concreto). Le siguen el sector sanitario, con 2.162 incidentes, y la propia administración de la Generalitat de Catalunya, con 1.962. Frente a esta proporción, la Agència ha puesto el foco especialmente en reforzar la protección de las universidades y en mejorar la calidad del servicio que se les presta.

En el ámbito de la sanidad, los esfuerzos también han sido notables. Durante 2025, la Agencia y el Departamento de Salud han ampliado su modelo de protección a 49 centros de atención sociosanitaria y 44 de salud mental, todos ellos integrados en el sistema sanitario de utilización pública de Catalunya (SISCAT). El objetivo es que estos centros queden bajo el paraguas de la Agència y cuenten con una protección real frente a ciberamenazas.

Respecto a cómo se producen estos incidentes, el patrón más repetido tiene que ver con la exposición de contraseñas y fugas de credenciales, que suman 3.427 casos. A continuación aparecen los accesos no autorizados a cuentas personales o corporativas (2.573 casos), la distribución de software malicioso (367) y, en menor medida, los intentos de suplantación de identidad para robar datos o credenciales sensibles (102 casos).

Fuentes de la Agència también han remarcado 2025 como un buen año en lo que a recursos se refiere, ya que la Generalitat ha puesto en marcha la mayor inversión en ciberseguridad de su historia. Se trata de una estrategia dotada con más de 18 millones de euros que contempla 27 acciones concretas, con especial atención a los servicios digitales, las instituciones públicas, la concienciación ciudadana, la formación de talento y el impulso a la innovación.

Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se han citado este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

A lo largo de dos jornadas, en las que se han celebrado una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula ha defendido un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, ha criticado Lula, que ha reclamado al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, ha criticado el jefe de Estado brasileño, que ha elogiado a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que han compartido mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez ha profundizado en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha asegurado Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha reclamado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba tras las reiteradas amenazas de Trump a la isla.

Finalmente esa declaración en defensa de Cuba y del Derecho Internacional se ha emitido y ha contado con la firma de España, Brasil y México, países que también se han comprometido a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Por su parte, el sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas. Una demanda a la que también ha aludido Lula y otros líderes, mientras que España ha reiterado su apoyo a que la secretaría general de la organización internacional recaíga por primera vez en una mujer.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo día reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes. Entre los tres eventos han acabado participando hasta 18 mandatarios de máximo nivel, pero también decenas de ministros, presidentes de administraciones federales y locales, embajadores o líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han intervenido también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente. “Os necesitamos, no perdáis la fe en el pueblo americano, condenad la monstruosidad que ocupa la Casa Blanca, presionad, denunciad”, ha dicho Tim Walz.

Mientras, la que fue candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha oficializado este sábado el deshielo en las relaciones entre México y España. “No ha habido crisis diplomática, nunca la hubo”, ha referido la mandataria a su llegada a la IV reunión para la Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona impulsada por Pedro Sánchez y el brasileño Lula da Silva. “Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, ha añadido la mexicana.

Además, en paralelo a la reunión de gobiernos que se celebra en Barcelona, ambos mandatarios han mantenido un encuentro bilateral por separado. Según han explicado fuentes del Ejecutivo español, Sánchez y Sheinbaum han podido hablar durante más de media hora en privado.

Sheinbaum ha rebajado así las tensiones que los dos países habían mantenido a raíz de la petición del Gobierno mexicano, en el año 2019, de que España pidiera perdón por su papel durante la conquista y colonización de América. Esta solicitud, formulada cuando la presidencia del país azteca recaía en Andrés Manuel López Obrador, no había sido nunca atendida por España, hasta el mes pasado, cuando el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre los pueblos originarios para reconocer que el Imperio Español cometió “mucho abuso” en ese contexto.

Desde el gobierno mexicano, que ha mostrado una actitud internacional con matices diferentes a los de su antecesor, entendieron las palabras del monarca español como “un avance”. Posteriormente, la presidenta confirmó su viaje a Barcelona y su participación en el foro de los países que se han opuesto a los planes de Donald Trump, lo que Lula celebró el viernes y achacó a los esfuerzos diplomáticos del Gobierno español. “Sánchez está haciendo más grande nuestro rebaño”, dijo el brasileño.

Ya dentro de la reunión, la presidenta mexicana ha pronunciado un discurso marcado por la defensa de la paz y la democracia popular. “La democracia implica libertad, pero es una palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”, ha dicho Sheinbaum, que la democracia que vale la pena defender “no es la de las élites, sino la del pueblo, no es la de la concentración de la riqueza sino la de la redistribución”.

La presidenta mexicana ha hecho una cerrada defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y el respeto a los derechos humanos. Además, ha reclamado firmar una declaración contra la agresión militar a Cuba, en plenas amenazas de Trump contra la isla.

“La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y al amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos. Todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones”, ha proclamado.

“No en 10, no en dos años; mañana mismo”, dijo Pedro Sánchez el pasado viernes sobre la constitución de un Ejército Europeo. Ningún gran país de los 27 había manifestado nunca una afirmación tan categórica sobre una de las aristas más complicadas de la integración europea. Pero Pedro Sánchez sabe que puede permitirse la audacia, incluso si chirría con la posición de otros socialistas en la Comisión, pues el mandatario español se ha convertido en la avanzadilla de quienes quieren hacer frente al trumpismo dando un giro a la inercia geopolítica de la UE.

Sánchez adoptó definitivamente este papel hace un mes, al inicio de la ofensiva contra Irán, cuando fue el primer ministro europeo que con más claridad se opuso a los planes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El análisis que hacen en la Moncloa es que el acierto fue total. En política exterior, marcó una pauta que otros siguieron, si no inmediatamente, sí poco a poco y casi por decantación. En la doméstica, porque cohesionó a la izquierda y dejó al PP en una frágil posición para explicar por qué sus referentes internacionales han iniciado esta guerra.

Tras ese primer movimiento, el objetivo de Sánchez ahora es convertir el planteamiento del Gobierno de España en una alianza con otros ejecutivos progresistas de todo el mundo. Los próximos viernes y sábado tendrá lugar en Barcelona la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas que coincidirán con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente del Gobierno se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel, como el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

El objetivo de esta maratón internacional con epicentro en Barcelona es subrayar la existencia de un polo democrático opuesto a los planes de la extrema derecha que se pilota desde la Casa Blanca. Sánchez aprovecha la zozobra geopolítica producida por Trump para estrechar sus relaciones con los gobiernos de la izquierda mundial, muchos de ellos aliados iberoamericanos, y liderar así una oleada antitrumpista que los líderes esperan que active a sus bases.

Más China frente a la OTAN

La cumbre con países del sur global, algunos de los llamados BRICS y líderes progresistas de la UE, representa, también, un paso al frente de España como uno de los estados europeos que apuestan más por una soberanía estratégica del continente que por dejar sus planes defensivos en manos de la OTAN.

Y eso que solo han pasado cuatro años de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, cuando Sánchez aprovechó la cita para marcar perfil internacional y revalidar su compromiso con el tratado de defensa mutua que capitanea EEUU. Entonces, sin embargo, era Joe Biden quien estaba en la Casa Blanca y la posibilidad de un regreso de Trump a la presidencia solo formaba parte de las especulaciones.

La hoja de ruta de la OTAN salida de Madrid, centrada en la defensa europea tras la invasión rusa sobre Ucrania, se ha quedado vieja rápidamente. No solo porque en EEUU los asuntos que ocuren en el este europeo se ven de forma muy diferente. También porque, entonces, los miembros de la OTAN acordaron calificar a China de “desafío para sus intereses”, algo que a día de hoy, al menos para la Moncloa, sería matizable.

Desde que se firmara el concepto estratégico de Madrid, Sánchez ha viajado a China en cuatro ocasiones, una por año. La última precisamente esta semana, en pleno conflicto en Irán, cuando el presidente del Gobierno ha visitado a Xi Jinping y le ha pedido que juegue más su rol como potencia garante de unas relaciones internacionales estables.

En los últimos años, las relaciones entre España y el gigante asiático se han estrechado como nunca antes, no solo en el terreno comercial, sino cada vez más en el político. De hecho, para la Moncloa pero también para barones socialistas como Salvador Illa, China se sitúa en el centro de la agenda internacional.

Un debate internacional útil en casa

Cuando hace poco más de un año la administración Trump comenzó su agresiva política arancelaria, que pondría patas arriba el comercio mundial, a Sánchez se le acumulaban los problemas en política interna. Padecía una frecuente falta de mayorías en el Congreso; el escándalo del exministro Ábalos y su mano derecha, Koldo, ya había estallado, y solo unos meses después dimitiría por la misma causa el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Durante toda esa primavera, el Gobierno acusó mucho desgaste.

Pero en junio de 2025, prácticamente en paralelo con la entrada en prisión preventiva de Cerdán, se produjo uno de los primeros choques entre Sánchez y Trump, cuando España rechazó el borrador de la OTAN que conminaba a todos los aliados a asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. “No solo sería irrazonable sino también contraproducente”, argumentó Sánchez ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Fue aquella una de las genealogías de los choques con Trump que luego se harían más frecuentes. Pero la firmeza de Sánchez conectó también con buena parte de la sociedad progresista española que deseaba más orgullo por parte de sus dirigentes para hacer frente a la cada vez más belicosa actitud de EEUU.

Se llega así a una cumbre, la Movilización Global Progresista donde todos los participantes estarán alineados con el papel de antagonista a Trump que ha ejercido Sánchez. Dos jornadas con sede en Barcelona que remarcarán que existen contrapartes a la nueva alianza de gobernantes de extrema derecha, que suele reunir últimamente a Washington, Buenos Aires, Roma y Budapest (cuando no directamente a Moscú).

En política interior, los socialistas esperan que el baño de figuras de primer nivel que se dará Sánchez rebata la acusación de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno está solo. Y, de paso, que se convierta en una buena excusa para preguntar al PP si está del lado de los participantes en Barcelona o de los que la semana pasada peregrinaron hasta Hungría para tratar de evitar la derrota sufrida por Viktor Orbán.

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

Gabriel Rufián e Irene Montero realizaron este jueves un gesto de acercamiento desde posiciones diferentes. En un encuentro moderado por Xavier Domènech en la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona, la dirigente de Podemos volvió a mostrar un perfil exigente desde el bloque de las izquierdas mientras el republicano enseñó una cara más conciliadora, en la línea con la apuesta por la gobernabilidad que ha hecho desde el Congreso. Pero ambos se centraron en mostrar las ganas de que las izquierdas “hagan cosas juntas” y la reclamación a la dirección republicana para que se implique en la construcción de esta alianza.

La sintonía entre los dos líderes, a quienes Domènech bautizó como “la Pasionaria de la izquierda actual” y “el Robespierre de la izquierda catalana”, se reflejó en las palabras de respeto y admiración que ambos se dedicaron. Y un objetivo conjunto: acabar dando forma a un frente de izquierdas, sobre el que concretaron muy poco, pero que debe servir a la vez como dique de las derechas y como nuevo acicate para condicionar al PSOE.

Con todo, ninguno de los dos disimularon sus diferencias cuando se baja a lo concreto. “No hay ciencia electoral que frene a la derecha”, lanzó Montero, en una clara alusión a que la apuesta de Rufián pasa por las fórmulas de coalición que se acaben formalizando. “Yo no tengo fórmulas mágicas”, respondía el de ERC, que en su momento reclamó “unirse en torno a aquellos que estén más capacitados para ganar diputados a Vox”.

La de Podemos también ha cargado contra la idea de que la delincuencia sea un problema al que la izquierda deba dedicar gran atención. Y ha afeado que la izquierda se suba al carro de las críticas al velo musulmán. Dos de los temas que, precisamente, Rufián y Emilio Delgado tocaron en febrero pasado de forma opuesta a la visión expresada por la exministra de Igualdad.

El de Santa Coloma se revolvió cuando Montero le dijo que, sobre el problema de la vivienda, “hay unos partidos que son rentistas, pero hay otros que no se atreven a decir nada”. “Se están haciendo cosas en vivienda”, protestó Rufián.

El republicano pidió a Montero reconocer los límites parlamentarios y que algunos gobiernos han decepcionado. “La izquierda ha gobernado en Catalunya y en España y el aceite lleva alarma”, ha lanzado con su lenguaje habitual el republicano ante la que fue ministra durante casi tres años.

El celebrado este jueves ha sido el segundo de los actos protagonizados por el líder de ERC en el Congreso con otras figuras de la izquierda estatal, tras la velada que compartió con el diputado de Más Madrid en febrero. Las cosas eran más fáciles entonces, porque el papel de los republicanos en un escenario como Madrid quedaba limitado a ser la celestina de las fuerzas “a la izquierda del PSOE”. En Barcelona las cosas son más difíciles y Rufián tenía que decir algo sobre cómo se incardina su propio partido en la fórmula que propone.

La reclamación del jefe de filas republicano hacia los suyos no ha sido demasiado explícita, pero ha acabado trasluciendo. A juicio de Rufián ERC debe “inspirar” la confluencia de las izquierdas estatales. Es más, igual que, según ha indicado, Podemos ha limado sus diferencias con el resto de izquierdas, la dirección de Junqueras debe “liderar” ese proceso de acercamiento en Catalunya.

Rufián ha evitado llegar más lejos pese a que Montero le había tendido la mano a un “camino electoral” conjunto.

Pero Rufián es muy consciente de que, en ERC, el debate que ha abierto comenzó causando extrañeza, en verano pasado, y ha acabado generando malestar. Por mucho que el jefe de filas en Madrid dore la píldora a Oriol Junqueras, de quien dice que quiere que sea president de la Generalitat, y manifieste su “orgullo” por ser de ERC, la dirección de los republicanos cree que la actual ola beneficia más a las izquierdas soberanistas que a fórmulas de unidad.

A Rufián le acompañaron este jueves su incondicional, Joan Tardà, el secretario general adjunto, Oriol López, y un puñado de diputados más. Una representación republicana pequeña para un acto celebrado en la capital catalana.

Que el acto entusiasmaba más a las bases de Podemos que a las de ERC quedaba claro mucho antes del inicio. La entrada al auditorio se conseguía enseñando la entrada descargada en su día, y que se agotó al poco tiempo de salir. Pese a eso, dos personas ataviadas con una bandera de Podem y un pañuelo morado con el símbolo feminista en la cabeza intentaban entrar en el recinto. “Nos dicen que se ha pactado hacerlo sin símbolos”, admitía el hombre sin mucho convencimiento.

La sala ha llenado sus más de 300 localidades y la universidad ha habilitado una aula contigua para que siguieran el acto otras tantas personas. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, este jueves no ha habido grandes colas ni la expectación ha desbordado la sala. Otra prueba de que la fórmula de Rufián se ve diferente en la capital española que en la catalana.

Hay pocas personas en Catalunya que representen mejor el espíritu de la confluencia de izquierdas que Xavier Domènech (Sabadell, 1974). Fue el puente entre Podemos y Comuns cuando más complicado era el encaje entre ambos y uno de los forjadores de la unidad en el enorme grupo plurinacional con el que desembarcó la formación capitaneada por Pablo Iglesias en el Congreso. Él mismo reconoce que ser el pilar que aguantaba tantos consensos le dejó “agotado” y le llevó a dimitir en 2018.

Pese a eso, el historiador ha decidido reaparecer fugazmente en política institucional para empujar la propuesta de un frente amplio de izquierdas. Este jueves moderará una charla entre Gabriel Rufián e Irene Montero en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, el segundo acto con el que el diputado de ERC está tratando de reconectar a los diversos actores de la izquierda estatal.

Xavi Domènech presenta un acto con Gabriel Rufián e Irene Montero. Parece toda una declaración política.

Llevo tiempo defendiendo públicamente que, ante el auge reaccionario a nivel global y la posibilidad de un gobierno reaccionario en el Estado español, la fórmula más efectiva es una alianza amplia de izquierdas. Y no como mera línea defensiva, porque en una posición puramente defensiva acabas perdiendo: no tienes capacidad de transformar las condiciones que generan esa reacción.

Los frentes populares históricos de los años treinta no se plantearon solo como dique contra el fascismo, sino como programas ambiciosos de transformación social. Es importante que esta alianza no se vea como una serie de renuncias de cada actor, sino la condición de posibilidad para que la diversidad de programas de izquierdas se puedan llevar adelante. Sin ella, el PSOE distribuye el juego a su conveniencia; con ella, el conjunto de los actores puede coprotagonizar un programa transformador.

¿Ha tenido la sensación de que el PSOE se beneficiaba de esa fragmentación a su izquierda?

Ha sido así. Una de las grandes frustraciones que tienen gran parte de las izquierdas, soberanistas o estatales, es no tener otra alternativa que dar apoyo al PSOE, esté ese PSOE en el momento que esté, porque si no vienen PP y Vox. Frente a esta disyuntiva, lo que se produce son negociaciones cruzadas y debilidades cruzadas. Y eso se traduce no solo en frustración para cada uno de los espacios, sino sobre todo en incapacidad para superar la crisis del sistema político que arrastramos desde 2015, por no decir desde 2011.

No se puede mantener una crisis eternamente abierta, entre otras cosas porque todo tiende hacia la estabilidad. Por eso la única forma de superarlo es un programa de transformación ambicioso donde todos los actores se hagan cargo de las aspiraciones del conjunto, donde la clave no sea la renuncia sino lo contrario, la posibilidad de conseguirlo conjuntamente.

Rufián plantea candidaturas conjuntas a las generales. Usted lideró los Comuns, ¿es viable una lista conjunta de Comuns y ERC al Congreso en las cuatro provincias catalanas?

Para mí, totalmente viable. Pero me parece absurdo un debate que se centre en quién debe ser el candidato o la candidata, o en qué fórmula electoral funciona mejor. Son debates que se hacen en frío, a partir de encuestas y sistemas electorales. Las próximas elecciones se van a ordenar en torno a un eje muy claro: reacción frente a progreso, fascismo frente a antifascismo. Y en ese momento todos esos cálculos politológicos no valdrán nada porque todo se habrá movido.

Pero usted sabe bien que, a la hora de la realidad, cuando varias organizaciones se ponen a cerrar una coalición negocian números de lista y nombres.

Aún no estamos aquí, sino en un estadio muy anterior. Estamos planteando un debate que nace de una reflexión. O las izquierdas están a la altura del reto o quedarán fuera. Por eso ahora el debate que importa no es el candidato ni la fórmula, es cómo te sitúas en el eje que marcará las elecciones con un programa realmente transformador, no solo defensivo. Y eso incumbe a los actores políticos, por descontado, pero también a la izquierda social y cultural.

Rufián, un catalán independentista con toda la carga que ello conlleva, ¿puede liderar un movimiento estatal en España?

La pregunta de fondo es si pueden coexistir, en un mismo frente amplio, partidos que han defendido la independencia de Catalunya o Euskadi con fuerzas estatales. Yo creo que sí, y que además es necesario. Estamos en un momento en que las reglas implícitas del sistema se han roto: Trump ha llegado a la presidencia de EE.UU., Meloni gobierna Italia. Seguir con las mismas reglas es la fórmula más segura de morir con ellas. Además, el papel que han jugado los partidos soberanistas de izquierda en la política española estos años creo que ha sido valorado positivamente por el conjunto de las izquierdas del Estado. Oskar Matute me dijo hace poco, en unas jornadas en Girona, algo que me quedó grabado: 'Estamos en una situación en la que haremos cosas que jamás habríamos pensado hacer'.

La única respuesta que queda si rechazas el frente amplio es quedarte en tu espacio, ir a unas elecciones muy complicadas y, en el mejor de los casos, volver a apoyar al PSOE

¿Por qué cree que las cúpulas de prácticamente todos los partidos han intentado cerrar este debate?

Porque es un debate que avanza por decantamiento: ¿cuál es la alternativa? La única respuesta que queda si rechazas el frente amplio, o de izquierdas o como quieras llamarlo, es quedarte en tu espacio, ir a unas elecciones muy complicadas y, en el mejor de los casos, volver a apoyar al PSOE, que volverá a distribuir el juego a su manera. En realidad lo más probable, en el actual contexto y si nada se mueve, es que ganen PP y Vox. Por eso las cúpulas no tienen una propuesta alternativa clara. Cuando les preguntas qué programa transformador proponen si no es este, no hay respuesta.

En la historia de los Comuns y Esquerra hay muchos más desencuentros que idilios. Nunca se han entendido a nivel local, tampoco hubo sintonía cuando ERC obtuvo la Generalitat… ¿Por qué dos izquierdas tan próximas no han acabado de encajar?

Porque durante muchos años la política se ordenó en torno a dos ejes que lo dificultaban todo, el eje izquierda-derecha estatal y el eje del procés en Catalunya. Eso lo hacía todo muy difícil. Ahora, en el postprocés, todo el mundo está digiriendo lentamente la nueva situación. Y parece que la estrategia de los partidos independentistas también es negociar e intentar mover al PSOE. ¿Hemos pasado de proclamar la República [catalana] a eso? Lo digo con todo el respeto, pero es una evidencia. Y si estamos aquí, no veo por qué no puede haber un programa de transformación ambicioso común y, a partir de aquí, cada uno después de que siga su camino.

Usted ya había dejado la política cuando ocurrió la fractura entre Podemos y Sumar. ¿Cómo la vivió? ¿Cómo se la explica?

Recuerda que en las últimas generales fueron juntos, aunque se supone que ya habían roto. El problema de fondo es que divergen dos estrategias de posición: unos dentro del Gobierno, otros fuera. La fuerza que ha apostado por estar dentro ha conseguido cosas, no lo niego, pero no ha conseguido hacer avanzar sus posiciones y a veces se nota mucho. La que está fuera dice que hay que construir desde fuera, pero le faltan actores y energía.

Para mí, ante lo que puede venir, lo que importa es construir un espacio amplio que permita activar algo que no sea solo político. También nos falta un mundo de la cultura que pueda generar un relato sobre quiénes somos como pueblo y cómo queremos proyectarnos. Hay que activar al pueblo de izquierdas y nos hacen falta los movimientos sociales como protagonistas, no como comparsa.

Está sobre la mesa también la cuestión de la piel: las relaciones entre líderes. Por un lado Yolanda Díaz, que ya se ha descartado para el futuro de la izquierda, por el otro Irene Montero, a la que Podemos sigue colocando como indispensable. ¿Es posible dejar las peleas de lado?

Tienes razón en que la cuestión personal es un elemento importante. Pero sería muy bestia. Es decir, si la perspectiva es la llegada de la extrema derecha al Gobierno, que las cuestiones personales o de piel sean lo que impida la unión me parecería políticamente inexplicable. Y ojo, es seguramente explicable en términos de análisis histórico, la historia está llena de cosas así. Pero políticamente, visto desde el presente, no tiene sentido que las peleas o las cuestiones personales sean una excusa para no unirse ante lo que viene.

En 2018 se fue diciendo que estaba agotado de la política. Seis años después, ¿qué pasó? ¿Por qué se agotó tanto?

Me convertí en una figura atravesada por múltiples consensos: Comuns-Podemos, Catalunya-España, distintas sensibilidades internas. Y esos consensos se cargaban sobre la persona, sobre mí, y no sobre el proceso de llegar a acuerdos. Eso tiene un peso personal enorme. Además, era a la vez portavoz del grupo parlamentario en Madrid, coordinador general de los Comuns y secretario general de Podem, algo bastante surrealista para alguien que venía de los movimientos asamblearios y que estaba en contra del personalismo en política.

Llegó un momento en que dejé de tener en cuenta lo que yo pensaba y operaba solo en función de cómo integrar diferentes posiciones para encontrar una postura de consenso que ya no sabía si era la mía. Eso no lo vivía bien. Yo no venía del consenso, venía del conflicto social y político. Cuando públicamente se me describía como 'una persona de consenso', eso ya era la señal de que algo no encajaba.

Somos una generación, la del 15-M, la del procés, que llevamos más de diez años siendo más o menos las mismas caras […] Sería bueno y necesario que este proceso produjera también nuevos liderazgos.

En un momento tan excepcional, ¿Xavi Domènech se descarta para aparecer en esa lista de confluencia?

Yo, personalmente, no participaré. Para mí tiene mucho sentido esta lucha y ayudo con lo que haga falta, pero en lo personal, no volvería a la política.

Hablaba antes de figuras de consenso, ¿existen hoy personas capaces de articular ese frente amplio?

Espero que sí. Y añado algo importante: somos una generación, la del 15-M, la del procés, que llevamos más de diez años siendo más o menos las mismas caras. Las militancias más jóvenes se están moviendo en torno a temas como la vivienda y las libertades, y están apareciendo en espacios nuevos. Sería bueno y necesario que este proceso produjera también nuevos liderazgos. No digo “que se vayan todos”, la experiencia política tiene valor y no es eso. Pero ya tocaría que aparecieran caras nuevas. Yo llegué al Congreso con 40 años y ya era 'el mayor' del grupo parlamentario. Ahora tengo 51.

¿Hasta qué punto están organizados quienes impulsan este frente amplio?

No hay una gran organización. Hay simpatía mutua, afinidades, estima. Y a veces eso es más importante que la organización. Hay referentes claros para mí, como Joan Tardà u Oskar Matute.

Lo que sí parece es que hay una construcción que se está haciendo más desde arriba que desde abajo: actos entre figuras políticas, en distintas ciudades. ¿Y por abajo?

Para que esto funcione de verdad hace falta construcción por abajo, seguro. Desde los movimientos sociales y el mundo de la cultura. El debate del 9 de abril me parece importante precisamente porque abre ese espacio. Pero tiene que ser multipolar, con diferentes formas y espacios, no solo político.

La realidad de clase siempre ha sido diversa, y el conflicto de clases ha funcionado para las clases populares cuando ha conseguido integrar esa diversidad

En el acto de Rufián con Emilio Delgado hubo una cierta impugnación de las izquierdas: se habló del velo, de la inseguridad en las calles... ¿La izquierda debe debatir en el terreno de la derecha?

Creo que a veces asumimos demasiado las críticas que la derecha hace a la izquierda, y eso es un error. El ejemplo más claro es lo que está pasando en el Partido Demócrata tras la derrota frente a Trump: la explicación que se instala internamente es que perdieron por defender a los trans y a los migrantes. Es decir, adoptan el relato de la derecha sobre su propia derrota. Yo creo que va exactamente por el lado contrario. Lo que demuestra el movimiento de Sanders y Ocasio-Cortez, que son capaces de hacer mítines de 30.000 personas en estados trumpistas en plena depresión política, es que un discurso radicalmente de clase que integra la diversidad en lugar de negarla no solo es posible sino que es electoralmente ganador.

El problema no es que luchemos por los derechos de las personas diversas; el problema es que hemos perdido el sentido de unidad básica. Y cuando eso se recupera, funciona: el nuevo alcalde de Nueva York, joven y musulmán; la alcaldesa de Seattle; el alcalde de Chicago haciendo mítines contra la ICE más radicales que los de la CUP. No se trata de volver a la cosa antigua. Se trata de hacer la fusión de la realidad: la realidad de clase siempre ha sido diversa, y el conflicto de clases ha funcionado para las clases populares cuando ha conseguido integrar esa diversidad, no cuando la ha negado.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de por qué parece que la derecha y la extrema derecha están a punto de ganar?

Primero, habría que cuestionar el diagnóstico. La extrema derecha sigue siendo fundamentalmente un fenómeno de renta: en Barcelona se decía que Vox había sacado sus mejores resultados en Torre Baró, pero si mirabas los datos resultaba que allí casi nadie había votado. Los votos reales estaban en Sarrià-Sant Gervasi. Lo mismo con el tópico de los jóvenes fachas: en las elecciones francesas todo el mundo lo daba por descontado, y los jóvenes votaron masivamente al Frente Popular. En Alemania votaron mayoritariamente a Die Linke. En Italia fueron los jóvenes quienes tumbaron el referéndum que apoyaba Meloni. Los jóvenes se usan para justificar nuestra propia responsabilidad.

Pero es innegable que la izquierda está en un momento complicado, al menos a la defensiva, ¿no?

Hay un fracaso real: no de la izquierda transformadora, sino del ámbito progresista, que sigue aplicando recetas que no afrontan los grandes problemas. Si no afrontas los grandes problemas, primero se produce abstención, que es el factor que explica principalmente las derrotas institucionales, y después, ante la ausencia de respuestas, aparecen afirmaciones de identidad muy fuertes que en muchos casos acaban siendo conservadoras y reaccionarias. Las agendas mediáticas también influyen, aunque no lo explican todo. Yo no soy de los que piensan que todo es guerra cultural, aunque tenga mucha importancia.

El desordenado desarrollo autonómico en España quedó hace dos décadas topado por la llamada “cláusula Camps”, una previsión introducida por el entonces presidente en el nuevo estatuto valenciano para que la Comunitat asumiera cualquier competencia que se entregara a otra comunidad. Un espíritu similar a este ha invocado este martes el Govern, cuando ha reaccionado al acuerdo aeroportuario entre el Gobierno central y Euskadi con una frase lapidaria: “Ninguna comunidad tendrá más competencias que Catalunya”.

La participación de la Generalitat en la gestión de los aeropuertos catalanes no es una reivindicación nueva. La demanda se había manifestado en el pasado de forma intermitente y, desde la polémica por la ampliación de El Prat que se inició en la legislatura pasada, se ha convertido en una reivindicación común del catalanismo.

Sin embargo, el modelo español de gestión de los aeropuertos, a través de Aena, hace difícil la entrada autonómica en la gestión. En el acuerdo de investidura de Salvador Illa pactado con ERC se preveía la creación de un Consejo Rector Aeroportuario, órgano bilateral para que la Generalitat tenga voz en gestión aeroportuaria, así como una nueva Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, desde donde la Generalitat ejercerá su papel en el nuevo modelo de gobernanza.

Pero esta aspiración se ha acelerado debido a dos cuestiones: por un lado, los acuerdos alcanzados con Euskadi. Por otro, la búsqueda de PSC y ERC de un trofeo que pueda cobrarse Oriol Junqueras a cambio de aprobar los presupuestos diferentes a la gestión catalana del IRPF.

Sobre el acuerdo con el Gobierno vasco, tras la visita a la Moncloa del lehendakari Pradales el pasado viernes se anunció la creación de un nuevo órgano bilateral para que Euskadi participe en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, planes directores y organización urbanística. Según lo firmado, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias y presidir el nuevo órgano de forma rotatoria.

Este acuerdo suscitó un comunicado de Aena en el que recordaba que la competencia exclusiva en materia aeroportuaria es del Estado. Además, manifestaba su temor ante las informaciones que aseguraban que el Ejecutivo vasco entraba en la gestión de los tres aeropuertos generasen dudas entre los accionistas de Aena. El gestor aeroportuario abría la puerta a actuaciones judiciales para defender sus competencias.

Pese a lo limitado del pacto con Euskadi, desde Catalunya estos avances en materia aeroportuaria se ven como una oportunidad. Para ERC, la idea de avanzar en la cogestión catalana del Prat, Reus, Girona es muy seductora y ha sido señalado en más de una ocasión por la cúpula republicana.

De hecho, en enero pasado el Govern ya aprobó una nueva autoridad aeroportuaria catalana. La idea es que la Generalitat, que ya tiene competencias sobre aeródromos menores como el de Alguaire (Lleida) o La Seu - Andorra, pueda dialogar de tú a tú con el conjunto de actores del tráfico aéreo.

En el Govern no niegan que, ante la vuelta a la mesa de negociación con ERC para tratar de sacar adelante los presupuestos, el modelo de aeropuertos ha vuelto a situarse bajo el foco. “Hace semanas y meses que trabajamos en esta cuestión. Es verdad que la realidad aeroportuaria de Euskadi y la nuestra tienen poco que ver”, ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque.

Violeta vive en Vilanova i la Geltrú desde hace cinco años y siempre había optado por el tren para acudir a su puesto de trabajo, en Barcelona. “La R2 nunca ha funcionado bien, pero solo la cogía una o dos veces por semana”, comenta esta diseñadora, que tiene la suerte de poder teletrabajar la mayoría de jornadas.

Tras la peor crisis de Rodalies que se recuerda, que comenzó hace dos meses, Violeta se ha decantado por transportes alternativos, como el autobús, e incluso ha pensado en comprarse un vehículo.

La historia de Violeta es la de muchos usuarios que han visto como, lejos de estar ante un episodio puntual aunque repetitivo, los accidentes en Adamuz y Gelida del 18 y 20 de enero supusieron un antes y un después en Rodalies. La crisis ferroviaria en Catalunya se ha enquistado y el Govern ya habla del mes de mayo como fecha en la que podrían recuperar la situación anterior a la debacle de enero pasado.

Que Rodalies experimente una mejora objetiva respecto a años anteriores, como era la promesa inicial del Govern, ya no es un objetivo que se formule en presente. Solo aparece, según indició en el Parlament el propio president Salvador Illa, en las previsiones a largo plazo.

Dos meses después de la inédita suspensión total del servicio ferroviario, Rodalies y Regionals aún sufren una decena de cortes permanentes, entre ellos dos de gran afectación para los viajeros, como son la R2Sud y la R3, la primera operando en vía única y la segunda con un tramo central sin circulación. Entre las dos, en un día laborable de alta movilidad, solían sumar 140.000 usuarios diarios.

La infraestructura también soporta 183 limitaciones temporales de velocidad, las llamadas LTV, según los datos que Adif distribuye internamente y a los que ha podido acceder elDiario.es para la semana entre el 20 y el 27 de marzo. La plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) denuncia a la vez que hay 11 grandes obras pendientes que han quedado aplazadas. Y todo esto implica, para el usuario, retrasos generalizados, trenes que no pasan o que quedan parados a medio trayecto durante demasiado tiempo.

La Generalitat ha habilitado servicios alternativos por carretera que, pese al caos inicial, han acabado suponiendo un sustitutivo imprescindible para muchos viajeros. Pero eso tiene consecuencias: los usuarios están huyendo a la carretera y los expertos avisan que no será fácil que vuelvan al tren.

“El viajero ha perdido la confianza y costará que la recupere. Además, los servicios alternativos están funcionando bien, muchas veces incluso mejor de lo que funcionaban los trenes antes, por lo que muchos preferirán seguir en bus. El problema es que el volumen de personas que se mueven diariamente en Catalunya no puede hacerse por carretera, por un tema de capacidad”, explica Joan Carles Salmerón, del Centre d'Estudis del Transport Terminus.

Limitaciones temporales de velocidad: un rosario de incidencias

En la rueda de prensa del Govern del pasado martes, la consellera Sílvia Paneque reconoció que la tardanza en recuperar la situación anterior al 20 de enero refleja un estado “pésimo” del mantenimiento de la red, que es competencia de Adif. La responsable catalana de Territorio detalló además que, por el momento, la empresa ha hecho obras de emergencia por valor de 110 millones de euros y mantiene desplegados en Rodalies a 368 trabajadores.

Las 183 limitaciones temporales de velocidad señalan aquellos puntos de la red ferroviaria o tramos por los que los trenes han de pasar a una velocidad menor a la habitual, porque hay obras, un problema o cualquier otra incidencia. Estas limitaciones, que las autoridades han mantenido siempre ocultas, se han convertido en un indicador que evalúa el estado de la red ferroviaria.

En la práctica, un punto con una reducción temporal de la velocidad es simplemente una zona en la que maquinistas y gestores de la vía, es decir, Renfe y Adif, han considerado recomendable que los trenes pasen a una velocidad menor. Sin embargo, en este momento, revelan un rosario de incidencias.

“En las vías de tren siempre puede haber LTV, como pasa en las carreteras”, razona Salmerón, “pero si tienes más de un centenar de puntos así y si algunos, en vez de ser temporales, llevan años, lo que indica es que tienes una infraestructura demasiado vulnerable”.

Desde el accidente de Gelida en el que perdió la vida un joven maquinista, en la red de cercanías catalana se han multiplicado las LTV. Las razones son múltiples: los destrozos del temporal Harry, el mayor celo de los propios maquinistas o la especial preocupación de las administraciones por evitar incidentes. Los tres argumentos son habituales en el sector, pero nadie se acaba de explicar por qué estos puntos negros, en vez de reducirse, algunas semanas suben.

El Govern asegura que está rebajando el número y trata de mantener la imagen de control sobre un servicio público del que la Generalitat es titular. Las organizaciones de usuarios, sin embargo, optan con frecuencia por puentear a la administración catalana y dirigirse directamente al Ministerio de Transportes, del que depende Renfe y Adif, y que consideran que ostenta la autoridad real.

Temporal, desinversión y conflicto laboral crónico

La respuesta habitual de las autoridades cuando se les pregunta por la crisis permanente en Rodalies es, ahora, el temporal Harry, que azotó Catalunya a finales de enero pasado. El evento climático, que dejó destrozos importantes aunque sobre todo en las zonas más litorales, no fue sin embargo un episodio meteorológico especialmente extremo.

“Después de pasar por Catalunya, aquel temporal golpeó Cerdeña o Sicilia. En Sicilia, las afectaciones ferroviarias duraron 10 días. Y tienen una red amplia y muy litoral, pero la tienen mejor mantenida que nosotros”, reflexiona Salmerón.

Además de las LTV, esta semana la plataforma de Promoció del Transport Públic ha denunciado el retraso de hasta 11 proyectos de máxima urgencia para la red. “De las 15 actuaciones clave y que aparecen en el plan Rodalies frecuentemente, en 11 casos sus estudios, que ya se debían haber aprobado, han quedado retrasados. Tenemos varios con retrasos de más de dos años. Por ejemplo, la estación intermodal del Camp de Tarragona, la estación técnica del Prat, o el desdoblamiento Centelles-Vic”, explica Adrià Ramírez, presidente de la PTP.

Según denuncia esta entidad, “sin estudios no hay proyectos y, sin proyectos, no hay obras”. Esos retrasos son un lastre más para la red, de los que culpan directamente al Ministerio de Transportes. “Nunca sabes hasta qué punto es incompetencia o mala fe”, indica Ramírez, que habla de “despriorización endémica de las redes de Cercanías que no son la de Madrid”.

Fuentes del sector reconocen que, si bien el mal estado de la infraestructura es innegable, el conflicto laboral que los maquinistas de Renfe mantienen con la empresa, muy especialmente en Catalunya, es también un factor clave para explicar que dos meses después la situación en Rodalies siga siendo un desastre.

“En la R2Sud los maquinistas han rechazado los nuevos horarios decretados por la empresa. Mantienen los de semanas atrás, lo que hace que ningún tren salga a su hora”, comenta una fuente conocedora de la situación de los ferroviarios como un “ejemplo entre muchos”. “Lo que los usuarios encuentran cada día en Rodalies es producto de muchas cosas, pero una de ellas es la incapacidad de resolver un conflicto laboral en Renfe que ya no dura meses sino años”, añaden estas mismas fuentes.

No ha sido una semana plácida para la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), que se ha visto obligada a retirar su primer proyecto de presupuestos para evitar que ERC se los tumbara. Tras una ardua negociación, Govern y republicanos han acabado pactando una tregua de tres meses, cuando volverán a tratar de aprobar las cuentas.

Romero está convencida de que a la segunda irá la vencida, porque los de Oriol Junqueras ya no tendrán excusa, tras haber borrado la cesión del IRPF como la línea roja que imposibilitó el acuerdo.

La consellera defiende que su responsabilidad era presentar las cuentas, como también la esgrime para retirarlas y así evitar la derrota. A la vez, pone en valor el trabajo de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien la oposición señala como culpable de poner palos en la rueda y evitarse más problemas en la próxima campaña andaluza.

¿El Govern se precipitó al trasladar al Parlament unos presupuestos sin tener garantizada la mayoría para aprobarlos? 

Sinceramente, creo que no. Porque la obligación de un gobierno es aprobar presupuestos, como mínimo presentarlos, marcar su ruta, cuáles son sus prioridades para el siguiente año, en este caso para el 2026... Después de haber generado las confianzas necesarias con Esquerra durante un año y medio y de que hayamos podido presentar un modelo de financiación autonómica después de 13 años, tocaba dar el paso de los presupuestos. En cualquier caso, a veces es verdad que durante la tramitación y la negociación no llegas a buen puerto, y creo que ahora lo que se ha hecho es darnos más tiempo para conseguir esos apoyos que necesitamos.

Pero ERC ya les avisó de que se habían precipitado presentándolos. ¿Qué les hacía pensar que tenían su apoyo?

En este año y medio trabajando con ellos hemos generado confianzas y en todas las carpetas abiertas que mantenemos con ellos hemos sido muy honestos. El presupuesto se estaba trabajando desde hacía tiempo. Cerramos el acuerdo con los Comuns, también con los agentes sociales y económicos. Nos faltaba acabar de cerrarlo con ellos y consideramos que en la fase de tramitación podríamos acabar de negociarlos. Por otro lado, insisto, la obligación del Govern es presentar unos presupuestos.

Usted misma y también la portavoz, Silvia Paneque, negaron solo unas horas antes de que ocurriera que el Govern se estuviera planteando retirar los presupuestos. ¿Mintieron? 

No, no mentimos, porque en ese momento no era una decisión tomada. El Govern llevaba muchos días negociando con Esquerra. Estábamos decididos a llegar a la votación del viernes y que se votara la enmienda de totalidad. Recuerden que nosotros ya le habíamos concedido a ERC diez días más en el trámite parlamentario, para dar más margen al acuerdo. Pero cuando nos dicen que no retirarán la enmienda, nos planteamos hacia dónde queremos ir y valoramos que es mejor evitar la colisión.

Por tanto, ¿es cuando se reúnen el president Illa y Junqueras cuando se convencen de que Esquerra no votará los presupuestos?

Yo no estoy en aquella conversación, pero supongo que el president también valora las diferentes opciones que tiene. Y es verdad que las tenía todas abiertas, eso lo había dicho varias veces. Entiendo que reflexiona y opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a Esquerra Republicana para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Se opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a ERC para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Tanto ustedes como el Gobierno central insisten en que estamos en una situación excepcional en contexto económico internacional. Y ahora le dicen a la ciudadanía que tendrán que esperar tres meses más para tener los presupuestos que se necesitan. ¿Es eso responsable?

A nosotros nos hubiera gustado tener presupuesto en el mes de enero, pero también somos conscientes de que somos un Govern en minoría. No tenemos una mayoría parlamentaria estable, pese a disponer de un acuerdo de investidura firmado con los Comuns y Esquerra. Espero que, tras estas negociaciones en las que entramos ahora con ERC podamos tener los apoyos suficientes, pero es evidente que los partidos políticos debemos ser responsables y generar estabilidad en momentos de dificultad. Es lo que hemos intentado hacer.

Lo han intentado, pero ¿cree que han sido responsables y han creado estabilidad con lo ocurrido esta semana? 

Hemos respondido a nuestra obligación, que era presentar unos presupuestos, buscar los acuerdos. Hemos cerrado un acuerdo con los Comuns. He pasado muchas semanas, e incluso meses, trabajando con los agentes sociales y económicos. Nos hemos visto con muchísimas entidades y gente del sector social, sanitario, educativo, también para buscar su complicidad. Creo que es un clamor que Catalunya necesita presupuestos, porque venimos de unos prorrogados del 2023.

Lo que también habíamos dicho es que, sin presupuesto, necesitaríamos un suplemento de crédito que nos permita mantener el normal funcionamiento de la administración, pagar las nóminas de los funcionarios y también algunos acuerdos de los que hemos llegado, como los aumentos de mossos y profesores. Por eso hoy también hemos aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros para hacer frente a nuestros compromisos.

Citaba los presupuestos del 2023. Cuando entonces Pere Aragonès vio que rompían con Junts, vino a buscarlos a ustedes, y el PSC le ayudó. ¿El Govern en algún momento se ha planteado la opción de explorar a otros socios o sabe que no es posible? 

Recuerdo que en el 2022 Aragonés no nos quiso en la negociación de los presupuestos. Luego en 2023 nos necesitaban, porque habían roto el Govern con Junts, y nosotros, en un sentido también de responsabilidad, los aprobamos. Ahora tenemos unos socios de investidura que son los Comuns y ERC y ambos son nuestra prioridad a la hora de hacer acuerdos. Pero es que además creo que no hay otro partido que esté en el campo de juego. Junts podría ser una opción, pero sigue el rincón, y, por tanto, no hay opciones de pactar nada con ellos. Es una pena, porque los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

¿Y en algún momento se plantearon la opción de una cuestión de confianza para probar que el Govern cuenta con los apoyos necesarios para garantizar la estabilidad? 

Que a mí me conste, no. Pero también es verdad que ahora, cuando acordamos con Esquerra presentar otros presupuestos y que se aprueben cuando acabe el período de sesiones, o también cuando acordamos los decretos ley de suplemento, mostramos los apoyos que tenemos, los 68 votos [mayoría absoluta] con los que llegamos a mediados de abril para aprobar estos dos temas que son relevantes para nosotros. Esta es la mejor confianza que nos pueden mostrar los grupos, ir al próximo pleno, que es el del 14 y 15 de abril, votarnos el decreto de 6.000 millones y las medidas que hemos incorporado.

Los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

Si en Catalunya no hay presupuestos antes del verano, ¿vamos a elecciones? 

No estamos en ese escenario, en estos momentos. Queda todavía mucho tiempo hasta finales de julio. Nosotros confiamos en la palabra de Esquerra, han dicho que quieren presupuestos y ahora debemos ponernos a trabajar de manera inminente. Espero que la semana próxima nos podamos sentar y empezar a hablar de partidas, de medidas, de propuestas, que es lo más importante. 

El president de la Generalitat dijo que estaba “orgulloso” de haber presentado los presupuestos y también de retirarlos. ¿Entiende estas palabras? 

Sí, las entiendo por que presentarlos es un gesto de responsabilidad y de responder a la obligación que tiene un gobierno de elaborar unos presupuestos. El año pasado se nos criticó mucho que no los hubiésemos presentado, porque de entrada Esquerra ya nos dijo que no nos apoyaría. Ahora los hemos llevado a la Cámara, pero cuando el Govern ha decidido retirarlos lo ha hecho por la responsabilidad de no ir a un choque de trenes con ERC.

¿Cuánta responsabilidad tiene la ministra María Jesús Montero de que Catalunya no tenga presupuestos al menos hasta mitad del año?

Cero.

¿No se está ganando tiempo para que Montero deje de ser ministra, y que, por tanto, pueda haber un acuerdo con el IRPF o el gesto que pide ERC? 

Yo no estoy nada de acuerdo con esas lecturas que se hacen de que ella es la culpable de que no sé cuántas cosas no pasen en Catalunya. Quiero recordar que gracias a María Jesús Montero y a su equipo tenemos un modelo de financiación que hacía 13 años que esperábamos. Un modelo de financiación que responde y refleja los principios que plantearon aquí Esquerra Republicana y el PSC en el acuerdo de investidura. Si ella no se hubiera arremangado, no tendríamos esa propuesta de modelo.

¿Hay que desplegar todavía muchos elementos del acuerdo de investidura? Sí, iremos haciéndolo. Pero todos somos conscientes del ruido que ha generado el modelo de financiación en España y las dificultades de convencer a muchas comunidades autónomas de la importancia y de la necesidad de que este modelo siga adelante. No habría nada peor que ver esta propuesta rechazada en el Congreso. Y por eso a mí me gustaría que dedicáramos nuestras energías a esto.

Sobre la cesión del IRPF, que también tienen pactada, la ministra Montero ha dicho 'no'. 

Ha dicho 'no, por el momento'. 

De acuerdo, 'por el momento'. Pero si en vez de 'no' hubiera dicho 'tal vez', eso les habría ayudado en Catalunya.

No lo veo igual. En julio del 2025 hicimos una Bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya donde se aprobó un documento que lo que fijaba era cuáles son los principios que deberá tener el modelo de financiación que deberemos presentar. Hubo gente escéptica que dijo que era muy genérico, que no nos llevaría a nada… pues seis meses después tuvimos un modelo. Y había una segunda parte que decía que el Ministerio de Hacienda y el Departament de Economia trabajarán conjuntamente para realizar las modificaciones legislativas oportunas para que se puedan recaudar impuestos desde Catalunya, empezando por el IRPF. Por tanto, hay un documento entre dos gobiernos, certificado con una comisión bilateral, que dice esto. A mí que me digan dónde no ven el compromiso del Gobierno de España.

¿Y por qué no ha ocurrido?

Las cosas a veces necesitan su tiempo, nos ha costado mucho el modelo de financiación. Pues con la gestión tributaria quizás necesitamos más tiempo, y lo que la ministra ha dicho, al menos las últimas veces que he hablado con ella, es que de momento estamos trabajando y estamos acercando posiciones, que no es fácil. Y yo insisto, podemos tener las modificaciones legislativas mañana, pero no podremos gestionar el 100% del IRPF porque no tenemos nuestro instrumento preparado, que es la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Prometieron una cesión del IRPF para la que, como dicen, no están técnicamente preparados. ¿Prometieron algo que sabían que no podían cumplir? 

El acuerdo de investidura es un acuerdo político entre dos partidos, eso para empezar. Lo que dice sobre la gestión del IRPF es “a partir de 2026”. Todavía no ha terminado el año. En el 25 empezamos una campaña de la renta, donde hacía años que la ATC no participaba. Este 2026 será aún más ambiciosa, y abrimos más espacios, más oficinas, contratamos casi el doble de personal que el año pasado. Pero además, hemos empezado a gestionar conjuntamente el impuesto de matriculación, y lo estamos haciendo con personal del ATC entrando en la plataforma de la agencia estatal AEAT y testeando cómo podemos trabajar conjuntamente. Es decir, estamos caminando y cumpliendo con lo acordado.

¿Tienen el compromiso de ERC, aunque sea verbal, de que quieran aprobar los presupuestos en verano pese a que no haya cambios en el IRPF? ¿O siguen poniendo como condición el IRPF?

Creo que ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos. Tenemos el convencimiento de que empezaremos a negociar medidas, partidas y cifras sobre aquellos elementos que dependen de Catalunya y que son competencia nuestra. Hemos dicho a ERC que haremos todo lo que haga falta y más. Negociar es ceder, y sabemos que deberemos ceder y que quizás debamos dejar de hacer algo para hacer lo que ellos nos piden, pero yo creo que ERC también ha sido generosa no poniendo líneas rojas.

ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos.

Han aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros. ¿De dónde salen? 

Salen de los mayores ingresos que tiene la Generalitat. La economía va bien, es dinámica y viva y está generando muchos ingresos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. El PIB está creciendo y esto significa muchos más ingresos con la herramienta jurídica, el suplemento de crédito, para incorporarlos. Lo que cabe en el suplemento de crédito son los incrementos retributivos que ha habido por los funcionarios públicos. Solo los acuerdos alcanzados con sindicatos para docentes y Mossos son 3.500 millones de euros. Pero no caben los compromisos nuevos, por ejemplo una partida extraordinaria para el Pla de Barris. 

El nuevo modelo de financiación reparte 21.000 millones de euros entre las comunidades, una quinta parte en Catalunya, pero esas cuentas son para el primer año. ¿Cómo se consigue que dentro de cinco años Catalunya no vuelva a sufrir infrafinanciación?

El modelo de financiación, en teoría, es para cinco años, y luego se debería actualizar, aunque a veces renovarlo es difícil. El nuevo modelo que hemos pactado es mucho más estable que el anterior, que era más fluctuante, sobre todo en época de crisis.

¿Por qué?

Porque se basa más en el ingreso y, además, cede a las comunidades autónomas un gran grueso de los impuestos masivos, que son el IVA y el IRPF. El IRPF es más estable que el IVA, que tiene que ver más con la actividad económica y, por tanto, debería fluctuar mucho menos. El nuevo modelo es bastante más estable, estructural y sólido porque no tiene fondos extraordinarios que tergiversaban los resultados. 

Ahora bien, si dura 14 años… El modelo en vigor se aprobó en 2009, pero empezó a diseñarse en 2006. Hace 20 años, ni Catalunya ni España eran las de hoy. El modelo ha tenido que actualizar muchos elementos porque la realidad no es la misma. Ya no es tanto el modelo en sí, sino que el país va cambiando. 

Uno de los objetivos de ERC era aumentar la soberanía financiera de Catalunya. ¿Se puede decir que con la nueva financiación Catalunya tendrá la llave de la caja? 

En el nuevo modelo de financiación hemos eliminado los adelantos y las liquidaciones: a día de hoy cobramos a dos años vista. Si te han pagado más, tienes que devolver el dinero, y si te han pagado menos, te dan más. Ahora lo que pasará es que la Agencia Tributaria, porque la Agència Tributària de Catalunya todavía no está preparada, recaudará los recursos que se generan de los impuestos en Catalunya, y al instante, se irán a una cuenta neutra. Esto permitirá recibir, al instante, los recursos que se generan en Catalunya. Es un paso muy relevante y es un poco tener la llave de la caja. Hemos ganado mucho y no es sencillo lo que ha hecho el Gobierno de España. María Jesús Montero y su equipo han sido valientes. No era una decisión fácil para las estructuras del Estado.

Viendo cómo se recibió este nuevo modelo por parte de los partidos que deberían votarlo, usted, hoy, ¿cree que se aprobará el Congreso? 

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Ahora tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho. Haré una ruta de la financiación por Catalunya explicando las bondades del modelo. Es interesante que todo el mundo sepa que es muy importante tener un nuevo modelo de financiación que nos aporta más recursos, y que nos da más capacidad normativa y tributaria. También tenemos que ir a los grupos que tienen más dudas y decirles que lo intenten mejorar en la tramitación parlamentaria. 

¿Le hubiera gustado que por parte de las patronales catalanas hubiera habido un apoyo más explícito? 

Estoy contenta porque los agentes económicos de Catalunya hicieron una nota en la que apoyaban el modelo. Es verdad que decían que podía ser mejorable, pero han apoyado el modelo y está bien ser exigentes y pedir más cosas. No ocurrió así con Foment del Treball, que entró algo más tarde en ese consenso, pero yo creo que está bien. En Foment estaban informados desde el inicio de las negociaciones, y ahora nosotros también les pedimos que nos ayuden a que aquellos grupos que tienen dudas entren en la tramitación y en la negociación y, por qué no, puedan mejorar. 

¿La estoy interpretando mal, o está diciendo que le gustaría que la patronal Foment ayudara a convencer a Junts para que lo apoyara? 

Me gustaría que todos los agentes sociales y económicos apoyaran claramente el modelo y facilitaran que partidos como Junts entren en la negociación. Creo que lo han hecho, y lo están haciendo porque nos consta que se han ido viendo también con Junts y le transmiten la necesidad de tener un nuevo modelo. A veces por quererlo todo te quedas sin nada, y creo que es mejor ir ganando cuotas de mejora y que Junts entre en la negociación para mejorar el modelo. Se lo agradeceremos si lo hace.  

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo de financiación tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho.

La reforma de la LOFCA que propone Montero, que todavía no hemos visto, parece que no toca el artículo 19, que dice que la gestión de los tributos cedidos, como el IRPF, corresponde a la Agencia Tributaria del Estado. ¿Una ley así la puede votar el PSC que ha pactado que el IRPF esté gestionado en Catalunya? 

Sí, porque ya veremos la propuesta que se hace. Hablamos del modelo de financiación, que era nuestra prioridad. Después se pueden modificar cosas durante la tramitación. Insisto: si alguien cree que lo que nos presenta la ministra Montero no es suficiente o es poco ambicioso, que negocie durante la tramitación. En el PSC estaremos satisfechos si el modelo que se presenta responde al acuerdo de investidura y al que se nos planteó en enero. Y ya iremos ganando cuotas. Nosotros pensamos que de reforma en reforma haces la revolución.

¿No preferirían, ya que se reforma la LOFCA, que también se tocara este artículo?

Insisto en los tempos, que son muy importantes si quieres ganar. Nosotros priorizamos tener un nuevo modelo de financiación. También queremos ganar capacidad tributaria y fuimos al acuerdo de investidura y al documento de la bilateral sin plazos, y nos gustaría que se fuera incorporando la capacidad tributaria. Si el Gobierno no lo hace ahora, creo que lo hace pensando en que necesita los apoyos de muchos partidos pequeños: Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Compromís... El Gobierno de España también tendrá que negociar las enmiendas al modelo, que ha sido la prioridad. Primero el modelo y una cosa detrás de otra.

¿Sin tocar quién puede recaudar el IRPF, la Agència Tributàría de Catalunya puede muscularse o primero hay que modificar el artículo?

Hay cosas que ya podemos hacer. La Agència Tributària de Catalunya está tecnológicamente muy retrasada y necesita una transformación brutal. Hemos decidido la plataforma tecnológica con la que operar, que se podía haber hecho hace años. También es una agencia que llevaba demasiado tiempo con el mismo personal. Necesitamos más inspectores tributarios, que tenemos cerca de 30 y se nos están jubilando, y más agentes tributarios. Estamos trabajando en el crecimiento de los próximos años y si hay IRPF, que es lo que nos gustaría. Estamos preparando a la ATC para cuando llegue el momento.

En la entrevista ha dicho, en más de una ocasión, que el Govern tenía la obligación de presentar los presupuestos. Pedro Sánchez también tiene esa obligación constitucional, pero lo que sabemos es que hasta ahora no los ha presentado y que ahora dice que, dado que existe la excepcionalidad de la guerra y las dificultades, quizás no lo haga. ¿Debería presentarlos? 

No me gusta hablar por un Gobierno en el que no estoy. Siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente. También lo sabe el presidente Sánchez. Es mejor tener presupuestos.

También es verdad que las mayorías en el Congreso son complejas y estar priorizando ahora dar respuesta al conflicto debería ir en medio. En cualquier caso, es una palabra que debería responder, pero siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente, pero en ocasiones no es tan sencillo o en este caso se está priorizando dar otras respuestas y, en fin, todo el respeto por el gobierno de España que está en un momento complejo por el entorno y por las dificultades que tenemos desde el punto de vista político, sobre todo.

El president Montilla le dijo a Zapatero que si tenía que elegir entre él y Catalunya, antes sería Catalunya. ¿El PSC le dice lo mismo a Sánchez ahora? 

Hombre, por supuesto, siempre. Primero Catalunya. Esto lo tenemos muy claro. Cuando antes me preguntaba sobre la decisión del president de llevar los presupuestos y después de retirarlos, todo lo hizo pensando en los intereses de Catalunya todo el rato. Y yo creo que esto es lo que le honra. Más allá de pensar en los intereses políticos, como quizás hacen otros, él decidió que por el interés de Catalunya necesitamos unos presupuestos, vamos a hacer un gesto de generosidad e intentar aprobarlos en dos o tres meses. Y ya veremos, si no nos encontramos en ese escenario, ya darán las explicaciones oportunas.

El decreto que contiene la mayor parte de las medidas anticrisis del Gobierno ha sido bien recibido por Junts, que ha valorado especialmente la rebaja de impuestos a los carburantes y la electricidad. “Junts ha forzado una batería de medidas anticrisis para rebajar los impuestos y paliar los efectos de la guerra sobre la economía”, ha celebrado la formación en una nota, en la que ha asegurado que eso le lleva a “valorar el voto favorable a las medidas”.

La formación de Míriam Nogueras recuerda que ya llevó una propuesta en similares términos al Congreso hace unas semanas, por lo que entiende que el Gobierno ha recogido su posición en el decreto presentado este viernes para hacer frente a la situación económica derivada de la guerra en Irán.

En concreto, Junts valora las rebajas del IVA del 21% al 10% del gasoil, la electricidad y el gas natural, así como la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,11 al 0,5% y la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que era del 7%. Destacan asimismo que también se han incorporado ayudas a las empresas electrointensivas.

Las medidas recogidas en el decreto, al parecer de Junts, tienen un “beneficio directo” sobre la mayoría de la población y empresas de Catalunya. Desde la formación no aclaran, sin embargo, si su apoyo se limitaría al decreto principal de las medidas anticrisis o podría extenderse también al segundo aprobado este viernes, en materia de vivienda.

Podemos mueve ficha. La formación de Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias se acerca a Gabriel Rufián en pleno proceso de reseteo de la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral. El portavoz de ERC en el Congreso, que ya amagó hace un mes con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado (Más Madrid) para pedir la unidad de todas las formaciones progresistas, compartirá ahora cartel con la eurodiputada y exministra de Igualdad el 9 de abril en Barcelona. Un acto que pone sobre la mesa el horizonte de un posible acuerdo para las elecciones generales mientras los partidos de Sumar se enredan en la sucesión de Yolanda Díaz.

Fuentes de Podemos llegan a asegurar que Montero y Rufián han comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. Y la propia Irene Montero abrió incluso de par en par la puerta a formar tándem con el portavoz independentista. “A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo, todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales”, dijo Montero en una entrevista este jueves en TVE.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, fue aún un paso más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas y recuperar la “esperanza” para la izquierda. “Esa esperanza es necesaria ofrecérsela a la gente y a mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, dijo en declaraciones a TVE.

Desde el entorno de Gabriel Rufián, sin embargo, se apresuraron a bajar el suflé, quizás temerosos de las reacciones de su propio partido. En su equipo se limitan a apuntar que se trata únicamente de una “charla” y se desmarcan de cualquier hipótesis de negociación de coaliciones y de que el encuentro con Podemos implique ningún tipo de alianza futura.

“Esos titulares, provocados quizás por una de las dos partes, son interesados. De lo que se trata es de debatir cómo y de qué manera encaramos las izquierdas el futuro inmediato. Quienes deciden la política de alianzas son los partidos. Y el partido de Gabriel Rufián es Esquerra Republicana de Catalunya”, dijo en La Sexta Joan Tardá, el histórico portavoz de ERC y persona más cercana a Rufián entre los republicanos.

El anuncio del acto con Rufián, Montero y Xavier Domènech en Barcelona, que empezó a prepararse a finales de febrero, cogió a la mayoría de ERC con el pie cambiado. Un dirigente confesaba su estupor ante los titulares que hablaban de una candidatura conjunta con Podemos. “No sabría decirte ni quién es la gente de Podem en Catalunya”, apunta.

La iniciativa del diputado republicano en Madrid generó primero sorpresa y, después, enfado en la dirección. Fuentes de ERC recuerdan que el partido se ha posicionado de forma clara sobre la cuestión y que Oriol Junqueras ha sido rotundo al afirmar que Esquerra se presentará en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que lo hará con sus propias siglas. Además, descartan que se esté negociando ninguna coalición.

“Rufián insiste en el peligro de la extrema derecha, ¿cree que no sabemos lo que es?”, se pregunta este mismo dirigente. “Lo que pasa es que nosotros consideramos que es mucho más útil que haya diferentes izquierdas que puedan cubrir a más votantes”, abunda. En la cúpula republicana hace semanas que temen que la iniciativa de Rufián les acabe haciendo perder votos.

La crisis de las izquierdas

El movimiento de Podemos supone, en realidad, un volantazo en su propia estrategia política e incluso en la relación con Rufián, que en los últimos meses había llegado a lamentar públicamente los constantes dardos recibidos por los morados. “Sólo lo diré una vez. Sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales bully en contra. Primero porque es mentira. Segundo porque es muy cansado. Tercero porque ahuyenta a la gente NORMAL. Y cuarto porque es EXACTAMENTE lo mismo que hace la derecha. Hagan el favor que se les defiende y defenderá pero a veces lo ponen muy difícil”.

Pablo Iglesias llegó a decir públicamente que, en su opinión, Gabriel Rufián demostraba con su actitud hacia agitadores fascistas como Vito Quiles no ser suficientemente de izquierdas. “Yo le quiero mucho, pero le veo tan en el PSOE últimamente...(...) Vito Quiles es un escuadrista, es un provocador, y a esta gente no hay que darles ni un milímetro. Yo cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con este es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!”, dijo en TVE.

Pero este acercamiento se produce en un contexto político muy concreto. Por un lado, el paso junto a Rufián llega tras las debacles electorales de Aragón y Castilla y León, donde los morados se quedaron sin representación parlamentaria con los peores resultados de su historia. Una crisis política en toda regla que hace crecer los temores internos sobre la viabilidad de que Podemos continúe su aventura política en solitario de cara a las generales tras su ruptura con Sumar.

En los últimos meses, de hecho, han crecido las voces internas que piden un cambio de rumbo. En plena precampaña de las elecciones a la Junta de Andalucía, varios dirigentes autonómicos se revolvieron contra la dirección estatal para exigir que la alianza electoral con el resto de las formaciones de izquierdas se mantenga vigente.

Pero los de Montero y Belarra, además, deciden compartir cartel con uno de los políticos de izquierdas más populares para los votantes progresistas coincidiendo también con la travesía del desierto que afronta Sumar. La coalición impulsada por Yolanda Díaz anda inmersa en los líos internos de las formaciones políticas de ese espacio por la búsqueda del sucesor o la sucesora de la vicepresidenta, que dejó el asiento vacante tras anunciar que no repetirá como candidata. Además, Sumar también lleva la crisis a cuestas de los resultados electorales cosechados principalmente en Castilla y León, donde tampoco consiguieron representación en las Cortes.

En la digestión de ese batacazo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pidió al conjunto de partidos del espacio político acelerar el proceso de decisión del nuevo líder. Y tal y como publicó este periódico, el nombre de consenso en la propia IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes es el de Pablo Bustinduy.

Según confirman desde la dirección de esas cuatro formaciones políticas a elDiario.es, “llevan meses” tratando de “convencer” al ministro de dar un paso del que, por ahora, reniega. “No creo que sea el papel que yo debo asumir”, volvió a desmarcarse este miércoles. La publicación de esa petición expresa de los partidos a Bustinduy molestó al ministro, que lo recibió como un intento de presión por parte de las formaciones políticas, según confirman fuentes al más alto nivel de ese espacio. Y por eso, admiten, emitieron una nota en la que aseguraron que nunca se lo han llegado a pedir formalmente.

Con el ciclo electoral autonómico en marcha y en plena cuenta atrás para las generales, que Pedro Sánchez insiste en fijar en verano de 2027, la incógnita de a quién podrá votar el electorado progresista a la izquierda del PSOE continúa sin resolverse. Por el momento, se amontonan las preguntas sin respuesta, como la de si Rufián se decidirá o no a romper con ERC para ser candidato estatal, o si ese camino lo compartirá o no con Podemos. O incluso si Podemos, a su vez, irá al final de la mano con Sumar. No hay indicios de que esta vez la izquierda, para variar, opte por el camino más recto y se apresure a despejar todas esas ecuaciones.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.

El Govern ha pactado con ERC retirar los presupuestos para ganar tiempo para negociar, pese a que hasta este mismo martes había asegurado que no daría marcha atrás con las cuentas que ya había llevado al Parlament.

“Ahora más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa.

El president ha mantenido la mano tendida a ERC: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”. Illa ha avanzado que los acuerdos previos con los agentes sociales y los Comuns se mantendrán en las nuevas cuentas, y ha llamado a los republicanos al pacto porque “la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos”.

El pacto de mínimos entre ambos partidos llega tras constatar que el Ejecutivo catalán no obtendría los apoyos suficientes para aprobar las cuentas este viernes, cuando debían votarse las enmiendas a la totalidad, después de que ERC condicionase su apoyo a un gesto del Gobierno a favor de la cesión de la recaudación del IRPF en Catalunya.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC han valorado positivamente la negociación que han mantenido hasta el momento y se han comprometido a aprobar unas nuevas cuentas “antes de que finalice el actual periodo de sesiones”, esto es, antes del verano.

La idea del Govern es volver a presentar las cuentas cuando haya acuerdo. Además, este jueves el Ejecutivo aprobará un suplemento de crédito único para garantizar que la Generalitat dispone de todos los recursos necesarios sin nuevos presupuestos. Es la primera vez que un Govern catalán retira las cuentas después de presentarlas en la Cámara.

IRPF: no es línea roja pero sí muy importante para ERC

La recaudación catalana del IRPF ha sido la cuestión que llevado al choque de trenes entre PSC y ERC que, finalmente, se ha salvador con la retirada de la tramitación de las cuentas. Por esta razón, una de las principales incógnitas es que pasará a partir de ahora con la cesión del impuesto de la renta, con la mirada puesta al momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje su cartera en los próximos meses para centrarse en la campaña de las elecciones andaluzas.

En la rueda de prensa ofrecida tras el acuerdo, Junqueras ha evitado considerar el IRPF como una línea roja en la nueva negociación de los presupuestos, aunque sí ha dicho que es una cuestión “muy importante. ”ERC quiere unos presupuestos en el marco del acuerdo de investidura, un acuerdo que contembla la cesión del IRPF“, ha recordado Junqueras, que ha insistido que si el Govern tiene alguna propuesta alternativa, debe ofrecerla para que la puedan valorar.

El jefe republicano no ha aclarado las condiciones para que ERC apoye unas nuevas cuentas en junio, más allá de asegurar que uno de los requisitos es que no se envíen a la Cámara antes de pactarlas con ellos. “No nos hemos querido conformar con una propuesta que era claramente insuficiente y que se habían presentado de forma unilateral”, ha asegurado el presidente de Esquerra.

“Queremos negociar presupuestos y acordar unos buenos presupuestos”, ha dicho Junqueras. El líder de ERC ha reclamado además “ayuda” a los agentes sociales y a todos los ámbitos institucionales para conseguir unas cuentas “lo más ambiciosas posibles”.

ERC se ha impuesto, por ahora, en su pulso al Govern por el IRPF. Para retirar su enmienda a la totalidad, los republicanos pusieron como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez diese garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figuraba en el acuerdo de investidura de Illa pero que los socialistas temían que enturbiara sus perspectivas electorales en Andalucía.

Al no haber ningún gesto en favor de la cesión del impuesto ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ERC ha mantenido su negativa a las cuentas de Illa, que sí contaban con el aval de los Comuns.

Además de los “acuerdos políticos, económicos y sociales previos”, PSC y ERC se han comprometido a incluir en las nuevas cuentas un “escudo social” para proteger a los sectores más afectados por la situación internacional.

Un viaje a Madrid, un encuentro secreto con Pedro Sánchez y una llamada con María Jesús Montero son los tres ingredientes de la ruptura de la confianza de Oriol Junqueras en Salvador Illa que ha llevado a la legislatura catalana al momento más delicado en dos años. El líder de ERC creía tener el compromiso del PSC de que moverían al Gobierno a favor del traspaso del IRPF a Catalunya, pero el día 20 de febrero constató que el Ministerio de Hacienda no pensaba ceder en este tema.

Lo que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladó a Junqueras por teléfono ese día fue un posicionamiento claro y rotundo sobre la transferencia del IRPF. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, aseguró la ministra, después de que Junqueras le dijese que en el Govern le habían asegurado que estaban trabajando para conseguir la recaudación del impuesto sobre la renta.

Según fuentes conocedoras de la conversación, la titular de Hacienda aún fue más tajante cuando le dijo al líder de ERC: “Esto no es el posicionamiento de María Jesús Montero, esto es el posicionamiento del Gobierno de España”. Una afirmación que trataba de dejar claro que no había brechas posibles en el Ejecutivo central a las que nadie pudiese agarrarse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la posición del Gobierno “se ha expresado reiteradamente y se firmó en la última bilateral”. “El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas asuman más competencias en recaudación y gestión de IRPF, pero siempre en un trabajo en red y de cooperación”, recuerdan estas mismas fuentes.

Ante esto, la cúpula de los republicanos se sintió engañada, aunque en público tratan de evitar esa palabra. En la dirección de Esquerra aseguran que el PSC siempre les había prometido que veían posible un acuerdo para lograr la cesión del IRPF. Por eso Junqueras fue a Madrid el penúltimo viernes de febrero y se vio con Sánchez en la Moncloa, en un encuentro que no aparecía en las agendas.

“El objetivo era negociar sobre el IRPF”, indican en ERC, que ya habían aceptado que la recaudación comenzase en 2028, pero deseaban comenzar a tratar cómo encajar la ley que debe permitir a la Agència Tributària de Catalunya prepararse a nivel técnico y laboral para ese momento.

ERC había presentado en septiembre una proposición de ley para habilitar la cesión del IRPF a la Generalitat. Una iniciativa que, sin embargo, fue retirada por la propia formación el 16 de febrero, para facilitar la negociación. Era el PSC, afirman fuentes republicanas, quien les había convencido de que era preferible no ir al choque con esta propuesta y tratar de encauzarla de otra forma, quizás como enmienda a la ley de modelo de financiación.

Pero cuatro días después de esa retirada, ERC descubrió que no había ninguna posibilidad de negociar esta cuestión, porque el Gobierno no lo contemplaba. Una situación que dejó tocadas las relaciones entre Junqueras e Illa, aunque no las rompió. Equipos de ambos partidos siguen viéndose de forma regular, la última vez este mismo jueves.

Illa lleva los presupuestos al Parlament

La llamada de Montero no rompió los contactos entre Junqueras y el Govern, pero sí supuso un antes y un después en la posición de ERC respecto a los presupuestos de Illa. Los independentistas siempre había vinculado el voto favorable a todas las cuentas –las catalanas pero también las del Gobierno central– a un acuerdo en materia de cesión fiscal, que ahora consideran prácticamente evaporado.

Pese a que el contexto no era favorable, a Illa le urgía acelerar su proyecto económico, tal como se había comprometido a hacer en el primer trimestre del año. Así que optó por llevar los presupuestos al Parlament tras haber llegado a un acuerdo con los Comuns, pero sin ligar el pacto con ERC. Un gesto que Junqueras entendió como un desafío, al que respondió en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”, afirmó entonces el republicano, que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas en el Parlament.

Las posiciones han seguido enrocadas y sin cambios. ERC asegura que sigue abierta a un cambio de postura en el Gobierno pero, si no se produce, advierte que no le temblará el pulso para votar en contra de los presupuestos el próximo viernes. “Esto no es una táctica negociadora, no nos estamos haciendo los duros”, insisten en el partido. “Los presupuestos caerán si no pasa una de estas dos cosas: que Illa los retire o que el Gobierno se mueva”, zanjan.

Una posible retirada de las cuentas es la opción que el equipo de Junqueras está ofreciendo al departamento de Economía, algo que en ERC entienden que sería una buena forma de salvar la relación. En el Govern, por su parte, insisten en que están dando todas las garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y que las palabras de Illa han sido explícitas sobre la recaudación del IRPF, que opinan que acabará llegando.

Esta es la situación de bloqueo en la que llega la política catalana a una semana decisiva para la legislatura de Salvador Illa. Si el próximo viernes las cuentas caen, se abre un abismo de incierta salida. Las elecciones en Catalunya que no convienen a nadie pero que todos han comenzado a invocar han dejado de ser una fantasía etérea para convertirse en una posibilidad que ningún partido descarta.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

Salvador Illa y ERC han vuelto a verse las caras en el Parlament, en plena cuenta atrás para que los presupuestos del Govern queden rechazados o sigan su tramitación parlamentaria el viernes de la semana que viene. Los republicanos han aprovechado la sesión de control para ser más explícitos que en semanas anteriores y han condicionado su apoyo a las cuentas a que el president sea exigente con el PSOE para que Catalunya pueda recaudar el IRPF.

Los republicanos llevan semanas exigiendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenifique un compromiso público con la ley que permitiría desplegar la Agència Tributària de Catalunya para que, en el futuro, ésta pueda asumir la recaudación del IRPF. Un gesto que en el Gobierno preferirían no hacer, entre otras razones, debido a que Montero es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que deberían convocarse para finales de primavera.

“Cuando hablamos de avances en soberanía tal y como los teníamos firmados, entonces aparece el lazo de siempre, su sumisión al PSOE y a sus intereses electorales”, ha censurado el portavoz de Esquerra, Josep María Jové. “No vuelva a cometer el mismo error que con el Estatut en 2006, cuando desde la Moncloa suprimieron el artículo 1 y la recaudación de todos los impuestos”, ha continuado Jové.

En su turno de réplica, el president ha hecho un “balance positivo” de los acuerdos alcanzados para su investidura. “No están todos cumplidos, pero hacemos un balance positivo”, ha remarcado Illa, que ha vuelto a prometer con solemnidad su compromiso para cumplir con todos los pactos suscritos con sus socios.

Illa ha asegurado que él no pretende “presionar a nadie” pero que tampoco “se deja presionar”, en referencia a la demanda que Jové le había hecho para que apriete al máximo a Montero.

Además, Illa le ha recordado que en el año 2023 el PSC apoyó las cuentas de Pere Aragonès, aunque en aquel momento Illa lo hizo después de que ERC cediera en cuestiones como matizar su oposición ala ampliación del Aeropuerto, el Hard Rock o el llamado cuarto cinturón. “Extiendo la mano desde el Govern de Catalunya para escuchar a todo el mundo y que podamos tener presupuestos”, ha insistido Illa este miércoles.

Según reconoció el Govern este martes, las negociaciones con ERC para las cuentas están encalladas en el mismo punto desde hace semanas, ya que los republicanos rechazan entrar a debatir sobre puntos concretos si no hay antes un movimiento desde el Gobierno. En concreto, ERC había situado el momento idóneo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde consideraban oportuno que la ministra confirmase ante las autonomías su apoyo a que Catalunya asumiera la recaudación del IRPF.

Unir las ciudades de Lleida y Barcelona a través de una nueva línea de alta velocidad es una idea que comparten el Ministerio de Transportes y el Govern de la Generalitat. Pero la fórmula por la que apuestan ambas administraciones se parece poco. Este martes el Govern ha aprobado la puesta en marcha de los trabajos para acelerar el llamado eje transversal ferroviario entre Lleida y Girona, un proyecto que aparece desde hace dos décadas en todas las estrategias de trenes en Catalunya pero que ahora serviría además para encauzar los planes del Ministerio de Óscar Puente.

“Se trata de estable runa nueva ruta de mercancías y viajeros y que tendría en el mapa ferroviario el impacto que tuvo el eje transversal por carretera”, ha explicado la consellera de Territorio en la rueda de prensa semanal del Govern, donde además actúa como portavoz. Sílvia Paneque ha anunciado que el encargo de actualizar los estudios se le hace a Ifercat, la Adif catalana, lo que también es una forma dar un empujón a las empresas ferroviarias de la propia Generalitat.

Este nuevo impulso al mapa ferroviario llega después de una profunda crisis en Rodalies de la que el Govern trata de pasar página. Con todo, en el Departamento reconocen que los problemas aún persisten, centrados sobre todo en los tramos de velocidad limitada y en que el servicio de Renfe aún no utiliza el túnel de Rubí.

El objetivo del Govern, ha explicado, Paneque, es realizar un “trabajo conjunto que complemente el anuncio del Ministerio y que evite que haya contradicciones por el mismo territorio”. Desde la conselleria insisten en que ambos proyectos son compatibles aunque, mirados con detalle, las diferencias de concepción son evidentes.

Óscar Puente anunció en noviembre pasado una nueva conexión entre Madrid y Barcelona “en menos de dos horas” y con trenes a 350 kilómetros por hora, un tren bala que competiría con la velocidad real a la que operan actualmente los Fuxing chinos, considerados los trenes más rápidos del mundo.

El Ministerio trataba de solventar así un problema de carga en el tramo entre Camp de Tarragona y Barcelona, que se espera que soporte muchos más trenes, sobre todo de mercancías, cuando el corredor mediterráneo esté definitivamente terminado. La idea de Adif era un nuevo ramal entre Lleida y Barcelona por la Catalunya central y que entrase en la capital catalana por la estación de la Sagrera, en el norte, evitando la congestionada zona del Penedès y el Baix Llobregat.

El Govern, por su parte, ve posibilidades en esta idea, pero considera que debe ser embridada dentro de un proyecto que dé servicio a los municipios del interior. Para ello, pretende adecuar el viejo proyecto del Eje Transversal, centrándose inicialmente en el tramo entre Lleida y Martorell, que es la zona en la que el Ministerio se ha fijado.

En concreto, el departamento de Territorio preferiría un tren a mucha menos velocidad, que pudiera hacer parada en hasta 10 ciudades: Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Martorell, en el primer tramo, y Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners y el aeropuerto de Girona, en una segunda fase.

El objetivo, ha asegurado Paneque, es “quitar el polvo a carpetas encalladas” y disponer cuanto antes de un documento técnico presentable para poder hacer una propuesta concreta al Ministerio de Transportes. La idea es evitar duplicidades y, también, que a Catalunya llegue un proyecto sin consenso con el territorio, para lo que formarán una comisión mixta a imagen de la que ya formaron para decidir la ampliación del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al calendario, los estudios deberán finalizar en un año y medio, lo que permitiría comenzar a dibujar los proyectos entre 2028 y 2009. Sería entonces cuando comenzaría la construcción de una obra que en su día se valoró en más de 12.000 millones de euros, lo que según algunos expertos es demasiado atendiendo a la demanda que podría tener.

Desde la plataforma para la Promoció del Transport Públic (PTP), su presidente Adrià Ramírez recuerda que desde la entidad siempre han considerado positivo que se “planifique a largo plazo” y este proyecto “sin duda, lo es”. Sin embargo, consideran que hay otras actuaciones más urgentes.

“Hay que priorizar otros proyectos, como la duplicación de la R3 o la cuadruplicación de la R2 Sur, así como obras que permitan ampliar mucho la carga de ciertas estaciones”, explica Ramírez, quien también señala la necesidad de actuar para que el corredor del Penedès no se convierta en un cuello de botella.