Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

El Gobierno ha entregado este viernes a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas, una cifra que superó los 15.300 millones de euros en 2025, pero que arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias.

Los datos recogidos por la Intervención General del Estado, a los que ha tenido acceso elDiario.es, colocan a Madrid (3.218 millones de euros), la Comunitat Valenciana (1.738 millones) y Andalucía (1.620 millones) como las regiones en las que más invirtió el Estado el pasado ejercicio. Cifras, las de este podio, muy lejanas de las comunidades en las que asignó menos recursos el Estado: La Rioja (92 millones), Navarra (188 millones) o Canarias (228 millones).

Pero la historia cambia con contundencia una vez se distribuye cada euro de inversión por habitante. Un murciano recibió 590 euros de inversión estatal el año pasado, muy cerca de lo que percibió cada habitante gallego (582 euros), pero muy lejos de lo que se asignó a un canario (101 euros) o un residente en Catalunya (163 euros), las regiones que se encuentran a la cola.

Es verdad que este cálculo excluye las inversiones realizadas por el Estado en los servicios centrales, el extranjero o que directamente no pueden ser regionalizadas, que alcanzan los 10.400 millones de euros; pero da una visión de cómo se repartió la prórroga presupuestaria de 2025 entre las distintas comunidades autónomas.

La prórroga –en 2025 no se aprobaron Presupuestos, sino que las cuentas en vigor son las de 2023– es la razón por la cual no es posible imputar un porcentaje de ejecución a las inversiones presupuestadas, sino que el Gobierno se limita a informar de lo ejecutado el año pasado. Todos los datos se pueden comprobar en la tabla que aparece bajo estas líneas.

Así, 11 comunidades (con la ciudad autónoma de Melilla) reciben menos de 400 euros de inversión por habitante, frente a 8 (incluyendo a Ceuta) que superan holgadamente esa cifra.

Madrid recibe 7 puntos más de lo que corresponde a su población

La comparación por habitante es la más justa que se puede realizar, aunque las diferencias en función de las aportaciones al total del producto interior bruto (PIB) nacional o sobre el porcentaje de población también son relevantes.

Madrid percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital.

Catalunya, que es la segunda economía española (19%), apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

Andalucía es también una de las perjudicadas en el reparto, a pesar de situarse en el podio en términos brutos. La comunidad más poblada (17,7%), y que concentra un 13,3% de la economía española, solo recibe un 10,5% de la inversión del año pasado.

Al otro lado, casos como el de Galicia supone recibir el doble (10,2%) de su peso económico (5,1%) y poblacional (5,5%), un ejemplo que se repite en Murcia, que concentra el 6,1% de las inversiones, representando un 2,7% del total de la economía española y concentrando el 3,2% de la población. Algo similar a lo que ocurre en Castilla y León, que se lleva un 7,9% de las inversiones con un 4,9% de la población y un 4,6% del total de la economía. Bajo estas líneas se puede ver la comparación en función de la población, por cada una de las comunidades.

Junts habla de “asfixia” a Catalunya

Catalunya es una de las comunidades donde con más lupa se miran estas cifras, en las que la comunidad sale año tras año en la cola de la inversión estatal. Además, el Ministerio dejó de publicar este dato hace dos años, por lo que una de las reivindicaciones habituales de Junts ante el PSOE era volver a conocer estas cifras, al igual que las balanzas fiscales.

Sobre la inversión territorializada conocida este viernes, Junts ha vuelto a poner el grito en el cielo. Catalunya recibe “menos de la mitad de lo que le correspondería por peso económico y población”, ha dicho la portavoz independentista, Mònica Sales, que ha opinado que Catalunya sufre una “asfixia premeditada en forma de déficit fiscal y de inversiones”.

En el lado opuesto, la consellera de Economía del Govern catalán, Alicia Romero, ha destacado el crecimiento de la inversión en Catalunya en términos totales, ya que se invierte, ha dicho, “prácticamente el doble que en 2018”. Romero ha asegurado además que “se consolida la tendencia al alza” de la inversión del Estado en Catalunya, aunque ha reconocido que le gustaría que el aumento fuese más importante.

Estas cifras, probablemente, avivarán el debate sobre la viabilidad de unos Presupuestos para 2027 que el Gobierno está decidido a presentar y para los que ya ha prometido unos recursos récord para las comunidades autónomas. Pero si el objetivo es convencer a Junts de que negocie las cuentas, y primero permita la aprobación de la senda de déficit, las cifras presentadas este viernes tienen poco de zanahoria y mucho de palo.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

La ley catalana para restringir la compra de vivienda con fines especulativos, pactada entre el Govern y los Comuns, deberá superar un obstáculo més después de que este miércoles llegue al Parlament como estaba previsto. Junts y el PP han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que dejará la tramitación en suspenso hasta que el órgano se pronuncie.

El CGE es el órgano consultivo catalán que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes. Su informe no es de obligado cumplimiento, pero sí paraliza el trámite, normalmente alrededor de un mes. Además, el dictamen de Garanties puede ser una avanzadilla de la decisión que acabe tomando el Tribunal Constitucional, a donde el PP ya ha anunciado que llevará la norma.

Según Junts, la ley vulnera el derecho fundamental de la propiedad, además de que invade competencias municipales, según ha explicado su portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Los independentistas además reprochan al Govern querer aprobar el texto por lectura única, lo cual ha impedido las comparecencias de colegios profesionales y con las enmiendas simplificadas, y que lo haga, ha dicho, “aprovechando el verano”.

El portavoz de Junts ha avisado también de una consecuencia práctica de dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos: podría haber municipios vecinos con reglas opuestas, con Barcelona aplicando el veto y Badalona ignorándolo, lo que generaría a su juicio “inseguridad jurídica”. Los Comuns, por su parte, creen que Junts actúa al dictado de la patronal y con el único objetivo de que unas pocas manos puedan seguir acumulando inmuebles.

La ley nació como una apuesta de los Comuns que, partiendo de un primer informe jurídico que avalaba su viabilidad, convirtieron la regulación en el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Salvador Illa. Con todo, la norma se rebajó durante la negociación. El texto que llegará al pleno impone que en las zonas de mercado residencial tensionado solo se podrá comprar vivienda para vivir en ella, para cedérsela a un familiar o para alquilarla a precio regulado, siempre y cuando no se compren edificios enteros.

Junts consiguió sorprender al Congreso la semana pasada cuando, durante la sesión en la que Pedro Sánchez debía dar cuenta de los escándalos de corrupción que asedian a su partido, Míriam Nogueras le propuso que dimitiese sin convocar elecciones, para investir a otra persona, socialista o no, con la misma mayoría parlamentaria que lo invistió a él. La 'vía Starmer', le llamaron, por el reciente relevo del primer ministro británico por, previsiblemente, su compañero Andy Burnham.

Los independentistas cocinaban esta propuesta desde hacía varios meses. En abril ya pidieron por primera vez elecciones a Sánchez, pero desde entonces venían madurando una fórmula que les permitiese exigir responsabilidades al presidente por lo que consideran un mandato fracasado, evitando sin embargo abrir la puerta a un gobierno del PP con Vox, al que no desean dar la mínima oportunidad. Fue ahí cuando surgió la idea de pedir la dimisión del líder del Ejecutivo sin elecciones y acabar con otro presidente el año de legislatura.

La propuesta de Junts iba a plantearse bajo la idea de que Sánchez debía “apartarse”. Pero entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su salida, lo cual permitía hacer el mensaje mucho más fácil. Así nació la 'vía Starmer', una propuesta que permite a Junts aclarar su posición, en un momento en que el partido independentista ha roto el tabú de votar junto al bloque de la derecha, al tiempo que recibe algunos guiños del PP.

El viernes de la semana pasada el secretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, se abrió a pactos con los de Puigdemont alegando que el secesionismo había “dejado de ser una amenaza”. Un día después, Alberto Núñez Feijóo subrayaba que en Catalunya es tiempo de “pasar página” aunque no de “olvidar”. En la formación independentista niegan que hayan recibido ningún mensaje del PP en privado.

Al abanderar la 'vía Starmer', Junts traza una diferenciación entre Sánchez y la legislatura. Nogueras, según dijo, no cree que la legislatura deba acabarse ni que sea necesario convocar elecciones, tal como se repite desde PP o Vox, pero sí que es momento de que el presidente se vaya. Evocaba el “paso al lado” de Artur Mas en 2015. La portavoz independentista llegó a defender que, de lo contrario, la extrema derecha de Vox se vería reforzada.

Todo eso, por irreal que suene —hay ecos de las “jugadas maestras” del procés en esta maniobra—, cobra sentido dentro de la estrategia que Junts se marca para el epílogo del mandato.

Uno de sus objetivos en esta carrera final es desmarcarse lo máximo posible de Sánchez, un presidente al que ven políticamente agotado por la gota malaya judicial. Y eso que Junts no ha sido la fuerza más beligerante respecto a la corrupción. Entre otras razones, porque buena parte de sus bases ve en las causas contra Sánchez la misma mano negra judicial que antes habría actuado contra el independentismo.

Con todo, fuentes de Junts entienden que la acumulación de investigaciones de tanto calado como la de José Luis Rodríguez Zapatero o la de Leire Díez y, sobre todo, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos, obligan al Gobierno a asumir su responsabilidad política, que ya solo ven posible con su dimisión. “Es una propuesta que el tiempo reforzará, porque de ahora en adelante, cada vez que haya un problema del Gobierno con sus socios, o un nuevo episodio de corrupción, se verá que lo más conveniente era la renuncia de Sánchez”, afirman estas mismas fuentes.

Una desconfianza insuperable

Pero la desafección de Junts hacia Sánchez nace más de la política que de los tribunales y tiene mucho que ver con la pérdida de confianza que han acumulado a lo largo de la legislatura. Los de Puigdemont creen que, con el acuerdo para la investidura, el expresident arriesgó mucho de su capital político, algo que entienden que no ha sido correspondido por el presidente del Gobierno.

En el partido rechazan que el problema esté en que Puigdemont no disfruta aún de la amnistía. “No es esa la razón de la ruptura con el Gobierno y nadie podrá decir que nunca hemos planteado la situación del expresident como una condición para llegar a cualquier acuerdo”, afirman fuentes de la formación.

Para mostrar el origen del malestar, señalan a una larga lista de “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La cuestión del catalán en Europa, por la que creen que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano; la ley contra las ocupaciones, que no se ha llegado a tramitar; la negativa a publicar los balances fiscales o, peor aún, la inversión territorial, pese a que esta última es una obligación legal según el Consejo de la Transparencia…

Desde el final del procés, Junts ha sido varias veces un partido errático. Pero desde octubre pasado, cuando sometieron a la militancia la ruptura con el PSOE, esa bandera sí se ha mantenido izada. Y es la justificación del partido para su cada vez más visible coincidencia en el voto junto a la derecha de PP y Vox que, sin embargo, en Junts niegan que suponga nada parecido a integrarse o coordinarse con ese bloque.

El marcado desplazamiento de Junts hacia tesis de derecha radical, por ejemplo en cuestiones como la inmigración, tiene poco que ver con buscar sintonía con el PP, y mucho con la competencia de Aliança Catalana en algunos de sus feudos en Catalunya. La pujanza del partido xenófobo es otra de las razones por las que los de Puigdemont aspiran a acudir antes a unas generales, donde se sienten más fuertes, que a unas municipales que convendrían a su competencia.

Pese a eso, fuentes de la formación recalcan que no están pensando en apoyar una moción de censura, que ni siquiera creen que Feijóo quiera plantear. Y la razón es que, a su entender, el PP no está en disposición de cumplir ninguna de sus demandas, mucho menos si va de la mano de Vox, suma necesaria para que una moción triunfase en el Congreso.

No habría en Junts escrúpulos para votar con el PP, como antes no los hubo para votar con el PSOE; el problema es más bien un cálculo matemático por el que entienden que a Feijóo solo le dan los números con la extrema derecha. “Vox es nuestra línea roja”, aseguran fuentes de Junts.

Pero también hay una cuestión demoscópica que refleja el barómetro del CEO. Para muestra, el de noviembre pasado. Cuando se preguntó a los electores de Junts a quién prefieren en La Moncloa, el 37% respondió que a Sánchez. Un porcentaje solo superado por la opción de “nadie”, que eligió el 39%. A Feijóo solo lo nombraron el 0,8% de los votantes de Junts. Una fotografía contundente de por qué en el partido consideran una “trampa” la moción de censura que investiría al líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado este sábado a su partido en Catalunya un resultado histórico en las próximas elecciones para que la comunidad se convierta en la “llave” para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Durante su intervención en el 16 Congreso del PP catalán, que ha ungido de nuevo a Alejandro Fernández, el líder de la oposición ha asegurado que si su partido es capaz de volver a tener 12 diputados catalanes en el Congreso, igualando el récord de la formación, “el cambio en España estará asegurado”.

“La remontada histórica que hizo el PP en Catalunya [en las últimas elecciones] es el punto de partida, no el de llegada”, ha indicado Feijóo, que ha alertado a los suyos a no dormirse porque la competición entre las derechas en Catalunya será muy dura. “Hay fuerzas que ya están llamando a las mismas puertas que nosotros”, ha recordado Feijóo.

En la semana que el PP logró aprobar junto a Vox y Junts una moción que reclama a Sánchez elecciones, Feijóo ha valorado el papel de los independentistas, aunque les ha reclamado más. “Yo reconozco que un partido catalán pidió elecciones, pero apretar el botón que las convoca sería más responsable”, ha indicado. El líder de la oposición asegura que “devolverá a España un gobierno decente” y que lo hará “con o sin los votos” de los partidos que, a su parecer, deberían apoyarle contra Sánchez.

Feijóo ha blandido esa misma moción para asegurar que Sánchez “gobierna contra la voluntad expresa de la Cámara”. “Ningún demócrata haría eso, lleva dos días gobernando contra el Congreso y eso es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años”, ha asegurado el presidente del PP.

“Tenemos el mejor proyecto político para que Catalunya se sienta orgullosa dentro de la gran nación que es España y en Europa y vuelva a ser lo que era antes del nacionalismo y el socialismo, que lo han arrasado todo”, ha añadido. En ese sentido, Feijóo ha asegurado que el PP también quiere “pasar página” del procés, pero “sin olvidar”.

Alejandro Fernández, revalidado

La intervención de Feijóo ha cerrado este sábado un congreso en el que Alejandro Fernández ha sido reelegido como presidente del PP catalán con el 97,51% de los votos. El líder conservador revalida su cargo después de un duro enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo, que llegó a buscarle relevo, pero que quedó atrás hace meses. La dirección del PP nacional y la catalana cerraron finalmente las heridas y programaron un congreso que, como principal decisión, brinda un apoyo masivo al líder que hace solo un par de años estuvo en cuestión.

Fernández se había propuesto salir del congreso que el PP catalán celebra este fin de semana con un mensaje claro: la guerra entre familias es cosa del pasado. Para ello, ha confeccionado una nueva dirección en la que sus fieles ganan peso pero en el que ninguno de los poderes fácticos del partido queda desplazado. El secretario general y, por tanto, su número dos será Juan Fernández, un hombre que fue mano derecha de Xavier García Albiol en Badalona pero que el líder pescó para el Parlament hace dos años, donde ha sido portavoz y ha conectado con Fernández hasta convertirse en una pieza clave de su equipo.

“Ha demostrado su solvencia y su capacidad, primero como teniente del alcalde de Badalona y después como portavoz del Parlament. Y encima es un tío cojonudo, que es muy importante”, ha reunido el presidente del PP catalán con su habitual tono coloquial. Al nuevo secretario general lo sustituirá en la portavocía Lorena Roldán, otra de las personas más cercanas al líder, en su caso proveniente de la extinta Ciudadanos.

Otros nombres destacados son Juan Milián, que repite como coordinador de Estrategia Política; David Solé, el hasta ahora mano derecha del alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, que será vicesecretario de Política Territorial; y Alfredo Bergua, que ocupará la vicesecretaría de Organización.

Estos serán los pilares de la dirección que saldrá de este 16 congreso del PP catalán, que llevaba ocho años sin celebrar un cónclave de esta naturaleza. El equipo es continuista y respeta la representación de las diversas facciones del partido, como la que encabeza Daniel Sirera, líder en Barcelona y uno de los catalanes mejor conectados con Génova, pero también de los propios alcaldes Albiol o Reyes, quien también es presidente de la dirección provincial, o el de Pontons, Josep Tutusaus. También el secretario general saliente, Santi Rodríguez, con el que Fernández había tenido roces, tendrá un nuevo papel en la dirección.

En presencia de un Alberto Núñez Feijóo que no estaba claro que hiciese acto de presencia tan temprano, Alejandro Fernández ha hecho una llamada a la unidad. “Si a alguien ofendí, pido perdón; si alguien me ofendió, no me acuerdo”, ha dicho, antes de recomendar a los suyos “dientes, dientes, como la Pantoja”. En un tono marcadamente optimista, Fernández, que aspira a la reelección sin rival, ha prometido a los suyos hacer crecer y llevar el partido a cotas donde nunca ha estado.

El renovado líder del PP, que en su día se enfrentó a Feijóo, propone una línea para su partido que rechaza tanto los pactos con la izquierda como con el nacionalismo catalán. Es, por ello, un barón muy vigilante ante cualquier amago de entendimiento del PP con Junts en Madrid, una vía a la que Miguel Tellado no se ha referido este sábado.

Pasada la tormenta y sabiéndose reafirmado en la presidencia del PP catalán, Fernández ha tratado de mostrar máxima comunión con el proyecto nacional del PP y ha propuesto “liderar desde Catalunya el cambio en España que impulsa Feijóo”.

Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.

Las diez plataformas de usuarios de trenes de Catalunya han denunciado la “ineficacia” de las reuniones semanales que mantienen con la consellera de Territori, Silvia Paneque, y otros miembros con el departamento desde el inicio de la crisis ferroviaria de principios de año. En un comunicado conjunto, las entidades aseguran que la interlocución se ha “degradado fuertemente” con el paso de los meses y consideran que los encuentros se han convertido en espacios en los que se repiten las mismas quejas e incidencias sin que se traduzcan en “soluciones efectivas”.

Las organizaciones de usuarios reclaman por ello reformular el modelo de relación con la administración y establecer canales más directos con los responsables técnicos. “Extendemos la mano al Govern para solucionar un problema de país”, dicen.

“La sensación que tenemos es clara: el Govern no entiende la realidad ni magnitud del problema”, aseguran en el comunicado, en el que lamentan que muchos de los anuncios de mejora y compromisos anunciados durante estos meses no se hayan traducido en “resultados perceptibles para los usuarios”.

Pese a admitir que el actual ejecutivo catalán ha heredado una situación marcada por años de desinversión y falta de planificación, las asociaciones también denuncian que siguen existiendo carencias como la dificultad para recibir información fiable sobre incidencias y alternativas de transporte.

Además, las plataformas critican el funcionamiento de las reuniones, que aseguran que a menudo sufren cambios de horario, retrasos o ausencias de los responsables convocados. Según afirman, esta dinámica dificulta generar la “confianza” necesaria para abordar la situación de la red ferroviaria.

Por eso, proponen reducir la frecuencia de las reuniones plenarias, garantizar la presencia de los responsables políticos y técnicos y establecer canales bilaterales entre cada plataforma y la administración para abordar de forma más específica las problemáticas de cada territorio.

El comunicado está firmado por las diez plataformas de usuarios de trenes de Cataluña, entre las cuales Dignidad en las vías, Salvemos R2 Nord, Para que no nos jodan el tren, Trenes Dignos Ebro-Priorat, Plataforma de usuarios el R8 Existe, Próxima parada: Valls, Defendemos el tren del Empordà Llobregat, Usuarios Avant Catalunya Proximidad y la Asociación para la Promoción del Transporte Público.

El Papa abandonó este viernes Canarias, poniendo fin a una semana de visita a España en la que ha intervenido en el Congreso y ha estado casi constantemente acompañado de representantes políticos que, como el presidente Pedro Sánchez, incluso han participado en liturgias católicas. Tras su marcha, queda la pregunta: ¿ha traspasado el Estado la frontera de la aconfesionalidad con el trato dispensado a León XIV? Expertos y entidades sobre el laicismo aportan matices diferentes sobre esta cuestión.

Para comenzar, hay que tener en cuenta que el principio de aconfesionalidad recogido en la Constitución es simplemente una forma de referirse a la laicidad. Así lo defiende Rafael Ruiz Andrés, profesor de Sociología en la Universidad Complutense y experto en dinámicas sociorreligiosas, que advierte que España es “un Estado laico que se declara aconfesional en la Constitución”.

Así lo corrobora también Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y estudioso de las aristas legales del laicismo. “La diferencia entre aconfesional y laico es de nomenclatura, nada más, y la prueba es la jurisprudencia, donde el Constitucional habla de principio de laicidad. La palabra aconfesional tiene un sentido más histórico que jurídico, ya que en la Transición se quería romper con la confesionalidad del Franquismo”, ilustra.

Una vez aclarado esto, el profesor Vázquez considera que tanto el discurso pronunciado por León XIV como el resto de actuaciones de representantes de poderes públicos con el pontífice tienen encaje legal y antecedentes en países tan laicos como el nuestro.

“No hay ninguna incompatibilidad a nivel jurídico para que se acoja una sesión parlamentaria de este tipo. En EEUU, un país donde la separación legal entre la Iglesia y el Estado es muy dura, el papa Francisco habló ante el Congreso en 2015”, explica.

Los expertos listan otros ejemplos de diferentes jefes de la Iglesia, como Juan Pablo II, que intervino en el Parlamento Europeo en 1988, también en su Polonia natal en 1999 y en el Parlamento italiano en 2002, en esta última ocasión con cierta polémica. Por su parte, Benedicto XVI acudió tanto a las cámaras legislativas del Reino Unido, en 2010, como al Bundestag alemán un año después.

“Quizá el debate está en si hubiera sido posible con líderes musulmanes, evangélicos o de otras minorías religiosas”, introduce el profesor Ruiz. “Es ahí donde está la parte más problemática, con la cuestión de igualdad de la laicidad, lo que puede llevarnos a plantear si se hubiera dado ese trato a otras voces religiosas, que también están contribuyendo a escala global a muchos debates y representan el sentir de una parte de los españoles”, indica.

Para Ruiz, el reto que plantea el viaje del Papa es que subraya el ascendente que aún tiene la Iglesia Católica en la vida pública española. Por eso cree que debería reflexionarse sobre la posibilidad de una “interacción más postsecular del Estado con las diferentes confesiones y cosmovisiones que pueblan nuestra sociedad”.

No lo ve de la misma forma José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica. “El objetivo apostólico no sé si lo habrá conseguido, pero el político de dejar consolidado un Estado católico, lo ha conseguido perfectamente”, lamenta Naz, que considera que lo más emblemático del viaje de León XIV será su paso por el Parlamento.

“Hemos visto al jefe de una religión dando un sermón en la sede de la soberanía nacional, donde ha criticado incluso las leyes surgidas de esa Cámara y donde, a excepción de unos pocos, todos los diputados han aplaudido de pie a una persona que dice que su ley moral está por encima de lo que ellos legislan”, exclama el representante de Europa Laica. “Es decir, un parlamento convertido en una iglesia y los diputados en fieles católicos”, remata.

Una opinión similar tiene Naz sobre la participación de miembros del Gobierno en ritos religiosos. Algo que obviamente pueden hacer a título personal, pero no como poder Ejecutivo. “Una misa en Barcelona con 14 ministros es una barbaridad confesional. Se rebasa un límite que no se superaba ni en los años 70”, aduce.

Ruiz plantea una mirada diferente. “Francia tiene un modelo de laicidad visto como más estricto, por la separación Iglesia-Estado en la ley de separación de 1905”, lo cual no impidió que Macron asistiera a la reapertura de Notre Dame para una ceremonia de tipo religioso.

“La justificación que se dio para poder meterlo dentro del marco de la laicidad fue que Notre Dame no solo es una iglesia, sino que significa algo más para el pueblo francés. Yo creo que podría ser leído en la misma clave lo que ha sucedido con la Sagrada Familia”, indica el académico, que entiende que el templo catalán es una iglesia, pero también un símbolo que excede la significación religiosa.

Para el experto, la clave, de nuevo, es si una atención como la concedida a la Sagrada Familia se extiende a otros actores. “¿Si a nuestros políticos se les invitara a una celebración de ruptura del ayuno de Ramadán, asistirían o no? Yo creo que ahí hay una reflexión de nuevo en torno a la diversidad religiosa”, indica el profesor de la Complutense.

La cuestión económica: transparencia y privilegios

Tal y como informó este diario, la cuantía total del gasto que ha tenido el viaje del Papa para las arcas públicas no es un dato que haya trascendido. La Conferencia Episcopal cifró el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

Pero el impacto en las cuentas públicas va mucho más allá, si se tiene en cuenta las deducciones fiscales a las donaciones privadas que se han efectuado y gastos de la administración derivados de los actos públicos, algunos de ellos realzados gracias a la cesión gratuita de espacios por los que la administración cobra en otros casos, como el Estadi Olímpic de Montjuïc.

“No sé si llegaremos a enterarnos de cuánto ha costado a las instituciones. Ha habido una parte de subvenciones directas, pero luego se ha puesto todo tipo de infraestructuras al servicio del Papa. Que se utilice el dinero de todos en favor de una organización privada y, por cierto, extranjera, es grave”, lamenta Naz.

Vázquez, en cambio, quita hierro al gasto de las administraciones e incluso a las subvenciones directas que, como resalta, son habituales en todo tipo de eventos privados, pero que la administración entiende que tienen interés social. “No creo que en este caso pueda negarse que ha habido mucha gente que ha querido participar en lo que se estaba haciendo en esos espacios públicos cedidos”, asegura.

El profesor de la Universidad de Sevilla, por contra, pone el acento en la financiación pública de la Iglesia en su conjunto. “Los problemas en el ámbito financiero no están en una subvención puntual, sino en la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta, porque quien marca esa casilla detrae parte de sus impuestos del patrimonio común”, asegura Vázquez.

Según resalta el constitucionalista, esa casilla es un privilegio de la Iglesia Católica que no tiene ninguna otra confesión, lo cual sí supone una asimetría difícil de encajar en un Estado laico.

Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza este miércoles, en la céntrica calle Balmes de Barcelona y a plena luz del día. Otros dos en la Zona Franca con el mismo procedimiento y en menos de un mes. Y otro tiroteo, en abril, en el Poblenou, contra un hombre serbio y su hija. Cuatro crímenes prácticamente iguales en dos meses, que han puesto esta cuestión bajo el foco social y mediático y que los Mossos vinculan directamente con el narcotráfico.

A la espera de la investigación que debe esclarecer los hechos y cuando el autor del disparo mortal continúa huido, la policía catalana sigue la hipótesis de que la última ejecución forma parte de la misma guerra de bandas que está detrás de los anteriores tiroteos. Un conflicto entre clanes con origen balcánico pero relacionados con Catalunya por la proliferación, sobe todo, de grandes plantaciones de marihuana que suministran a buena parte de Europa.

Ante esta situación, el departamento de Interior del Govern reclama un aumento de las penas vinculadas al narcotráfico, concretamente a la marihuana, y también que la tenencia ilegal de armas conlleve entrar en prisión. Según ha asegurado el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eso evitaría que una persona que ya ha sido localizada con un arma de fuego quedase en libertad y pudiera cometer un delito inminente.

En concreto, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, su propuesta sería que la pena de prisión por tenencia de armas de fuego aumente de los 2 años actuales a los 5, lo que evitar que se pudiera eludir la cárcel. En el caso del cannabis, Interior plantea que el tráfico y los grandes cultivos dejen de estar en la franja baja de la pena (de 1 a 3 años) por considerarse drogas blandas, y pasen a la franja alta (de 6 a 9 años).

Según los datos ofrecidos por la policía, en 2025 se produjeron 28 heridos por disparos y ocho muertos por esta misma causa. En lo que va de 2026, los heridos son 18 y los muertos son ya seis. Unas cifras que permiten pronosticar que los muertos por armas de fuego podrían aumentar respecto al año pasado.

Interior destaca que, pese a lo anterior, los incidentes con arma de fuego han disminuido en los primeros meses de 2026 respecto al año pasado. Entonces se registraron 93 tiroteos en 2025, mientras que durante el último medio año han sido 24. Además, ha crecido el número de armas cortas.

Todos estos datos llevan a la policía catalana a inferir que Barcelona está siendo escenario de una guerra de bandas, marco en el que se producen estos asesinatos. La policía investiga tanto la posible participación de profesionales o sicarios, así como si los autores de los crímenes contaban con bases en la ciudad. Los Mossos consideran que, de ser así, el objetivo prioritario es desmantelar estas estructuras.

La dirección de ERC ha puesto en marcha este sábado la maquinaria electoral para hacer frente a las dos grandes citas con las urnas que ocurrirán, como tarde, en los próximos 18 meses: unas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo, y unas generales que, si bien no están fijadas, planean en el ambiente y no podrían arribar más tarde de agosto de 2027. Los republicanos se ponen en modo electoral sin haber resuelto aún el encaje de su cabeza de lista, Gabriel Rufián, y la nueva alianza que impulsa con diferentes izquierdas del conjunto del Estado, opción que no cuenta con el aval del partido.

La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha comparecido ante unos 250 militantes, muchos de ellos candidatos a las próximas municipales. La dirigente, que también es la candidata en Barcelona, ha llamado a “ganar la batalla de la identidad” desde los valores progresistas que representa Esquerra porque, según considera, esa será la batalla que se jugará en las próximas municipales ante el crecimiento de la extrema derecha. La secretaria general ha destacado además que la identidad “no es una bandera vacía”, sino “un síntoma de comunidad”.

“Cuando vamos a algunos lugares y decimos que ese lugar no tiene identidad, no tiene personalidad, es porque no hay una comunidad detrás. Es porque probablemente no hay una lengua, no hay una cultura, es un lugar de paso. Y no podemos permitirnos que Catalunya sea un lugar de paso”, ha remachado.

Alamany además ha cargado directamente contra las posiciones de la derecha independentista que “se repliega cuando no exige hablar catalán sino unos apellidos catalanes” para acceder a la catalanidad. Por eso ha reclamado un independentismo y un catalanismo “que no mire al pasado”.

La secretaria general ha cargado también contra un PSC que “dice que puedes ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta respetar la lengua, que no hace falta integrarte en la comunidad que tienes a tu alrededor”. En este sentido, la líder de ERC ha pedido evitar “el reaccionarismo y el cosmopolitismo naíf”.

La batalla por las listas

El Consejo Nacional de este sábado era una fecha marcada en el calendario por ser el día en el que se ha aprobado el reglamento para la confección de las listas del partido para las elecciones al Congreso y el Senado. Unas candidaturas que han sido objeto de polémica interna, después de que Gabriel Rufián marcara como condición para seguir como cabeza de lista poder confeccionar las listas, lo que suponía desplazar a algunos de sus actuales compañeros de grupo con los que no mantiene relaciones.

Sin embargo, desde el partido se ha remarcado reiteradamente que esta pretensión del jefe de filas en Madrid no cabe en la tradición asamblearia de ERC, donde son las propias federaciones territoriales las que eligen y validan los nombres que se presentan por cada circunscripción. La ejecutiva nacional sí tiene la posibilidad de introducir hasta un cuarto de los candidatos en las diferentes candidaturas. El reglamento aprobado este sábado no modifica estas condiciones, por lo que la petición de Rufián de elegir directamente a sus compañeros de grupo quedaría descartada.

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.