El mismo día que se cumplía un mes desde su toma de posesión, el alcalde dio una rueda de prensa en la que, además de anunciar que se iba a suprimir en septiembre la intervención administrativa que realizaba Rafael Bolívar en Emalsa, dijo que dicha actuación había sido una farsa (palabras textuales). Lo curioso es que esa inspiración de Hidalgo debió ser divina, porque faltaba un informe de Bolívar y ni siquiera había hablado una vez con él en ese periodo. ¿Cómo sabía que había sido una farsa y que los informes que Bolívar había emitido, respaldados por otros cuatro técnicos municipales, eran por lo tanto también una farsa? Misterio.

Hidalgo anunció también que el grupo de gobierno ejercerá “un control real, exhaustivo y eficiente” a través del Consejo de Administración. Conviene recordar que el Ayuntamiento tiene el 34% de las acciones de Emalsa y que los socios privados tienen el 66%. ¿No sabía él que con un 34% del accionariado de una empresa no se puede controlar nada? Misterio.

En diciembre de ese mismo año, informó en rueda de prensa que el Consejo de Administración de Emalsa había acordado de manera definitiva la rescisión del contrato del servicio de saneamiento y depuración con la empresa Sercanarias, propietaria al 50% de los dos socios privados de Emalsa. Como usted y yo sabemos, el contrato sigue en vigor y lo ejerce Sercanarias en 2020. Misterio.

En la misma rueda de prensa anunció la creación de una comisión de técnicos del Ayuntamiento y Emalsa, con el fin de buscar soluciones a todos los problemas desde la creación de la empresa mixta, y “que ha puesto sobre la mesa la consultora KMPG”. El misterio viene más adelante.

Los miembros del Comité Técnico Asesor – nombrados por el Ayuntamiento – fueron Benito Cabrera y Miguel Padrón. Su nombramiento fue en enero de 2016.

En todo el año 2016 y hasta marzo de 2017, no se supo nada del informe que debía elaborar el Comité. En ese mes de marzo se filtra el mismo, que resultó ser un informe exhaustivo, de 71 páginas, y que coincidía en sus apreciaciones con las que había informado Rafael Bolívar. El informe tiene fecha 11 de octubre de 2016, pero el alcalde no informó sobre él. Ni siquiera cuando se filtró a los medios. Entre otras consideraciones, el informe dice: “Por todo ello, consideramos que el dossier de KMPG no es un documento que satisfaga, en general, las necesidades del Ayuntamiento… y en consecuencia, debe ser rechazado globalmente…”.

En otro apartado se dice: “… parte de los asuntos tratados en el dossier y la forma de tratarlos, ponen en relieve cuál es la única prioridad de los socios privados… que no es otra que incrementar por varias vías los ingresos y consecuentemente sus propios beneficios (de los socios privados)”. Y en referencia al documento de KMPG dice: “… aunque KMPG afirme que su actuación no ha sido como asesor de parte, este Comité Asesor percibe el dossier como un documento propio de los socios privados de Emalsa”. ¿Por qué no hizo público el alcalde el informe de octubre de 2016 cuando se lo entregaron? Misterio. ¿Por qué Hidalgo nunca comentó nada sobre este informe que demostraba que la intervención de Bolívar no había sido una farsa? Misterio. Si no se llega a filtrar el informe, ¿hubiéramos sabido de su existencia? Misterio.

En febrero de este año se conocen dos documentos, uno del día 6 de la Fiscalía, solicitando se abra juicio oral contra los 15 encausados de Emalsa (todos representantes de los socios privados), y un auto del Juez Galván ordenando la apertura del juicio oral. Ambos tienen su origen en la denuncia de la Fiscal Evangelina Ríos en octubre de 2013 contra las mismas personas enjuiciadas ahora.

En el escrito de la fiscalía del 6 de febrero último, se solicita 6 años de prisión y 46 millones de euros de indemnización por administración desleal o apropiación indebida. Casi todos los hechos que se detallan y documentan en la denuncia se refieren a los negocios entre Emalsa y Sercanarias, en los cuales se han beneficiado los socios privados en perjuicio de Emalsa y de los ciudadanos. Quien se lea esta denuncia de la Fiscalía, observará el nivel de detalle de cada operación que investigó la Fiscal Evangelina Ríos.

Lo que ha llamado la atención no son los dos documentos arriba citados, sino que el Ayuntamiento hizo público por esos días de febrero, una denuncia que presentó en enero de 2019 (hace más de un año) contra los socios privados de Emalsa, más o menos por los mismos delitos que la acusación de la Fiscalía, pidiendo penas de menor cuantía en años y en dinero. Los motivos que se indican en la denuncia se refieren al periodo 2007-2011 en Emalsa y dicen textualmente “… tuvieron lugar una serie de acuerdos y contrataciones que son susceptibles de enmarcarse o tipificarse como delitos societarios”. Y se refiere a los trapicheos entre Emalsa y Sercanarias.

La denuncia es al juzgado de lo penal y no al juzgado de lo administrativo. Y ahora vienen las preguntas ¿Por qué ha tardado más de un año en informar que había presentado una denuncia por lo penal contra los socios privados de Emalsa? Misterio.

Algún día se sabrá por qué Hidalgo no ha actuado en los últimos cuatro años con respecto a Emalsa y Sercanarias. Ha tenido información más que suficiente para actuar y activar la rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y Emalsa sobre el saneamiento y depuración, y en vez de proceder a una denuncia en el juzgado de lo administrativo para iniciar el trámite de rescisión, presenta una denuncia por lo penal y la mantiene oculta a la opinión pública.

Mientras se acaba sabiendo a qué juega Hidalgo en sus relaciones como presidente de Emalsa y alcalde del Ayuntamiento, y a la vista de los misterios de sus actuaciones (a veces no actuaciones) y declaraciones, cabría pensar que no tiene ni idea de lo que se trata. Pero no olvidemos que Hidalgo es abogado. Y con la información que ha tenido, es difícil no pensar que ha habido motivos (ocultos por ahora) para su actuación, por lo menos misteriosa. ¿No creen ustedes?

El alcalde, antes cuando era concejal de Economía y Hacienda y ahora, cuando ha dejado de serlo y le ha encasquetado la concejalía de los dineros a Encarna Galván en este mandato, le echó flores a los presupuestos municipales que deben ser la repera. Según Hidalgo, las cuentas de este año pasan por tres ejes: la inversión social, la economía creativa y la transición ecológica.

Con respecto a la inversión social, el presupuesto de 2020 sube un escuálido 3,1% hasta alcanzar 25,88 millones de euros que, si se tiene en cuenta que los ingresos van a aproximarse a los 500 millones de euros, según explicó el alcalde, no parece una cantidad sobre la que pivote ningún eje. Sobre el presupuesto para la transición ecológica no se sabe nada. No hay una partida especifica para esa “transición” ni un plan que recoja – en los presupuestos – qué se va a hacer.

Y nos queda hablar de la economía creativa, que es el título de este artículo. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Hidalgo. Si algún organismo público en Canarias de Gran Canaria hace economía creativa es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y me explico.

Cuando se presentan los presupuestos de un año, se incluye unas páginas a las que eufemísticamente la concejalía llama “Proyección de la liquidación del presupuesto – del año anterior – a 31 de diciembre”.  Hay que tener en cuenta que el presupuesto anual se presenta a final de diciembre o a principios de enero (o en febrero como ha pasado alguna vez), y formalmente no se tienen cerradas las cuentas del año anterior.

Así, con el presupuesto de 2019, se adjuntó una proyección de la liquidación del ejercicio del 2018. En ella se indica que el gasto en inversiones reales sería, a 31 de diciembre de ese año, del 48% (42,1 millones de euros) de lo presupuestado, que fue de 87,4 millones de euros.

Y el gasto total del Ayuntamiento sería del 83% (354,1 millones de euros) de lo presupuestado, que fue de 428,1 millones de euros.

Dado que en los últimos años el presupuesto no se presenta en noviembre, para que entre en vigor el 1 de enero, sino a final de enero o durante febrero, siempre tuve la sospecha de que las cifras de la proyección estaban manipuladas convenientemente, para que fueran lo más altas posibles. Lo normal es que, si no el 31 de diciembre, sí el 31 de enero, la concejalía sepa casi con toda exactitud como terminó el ejercicio presupuestario. En 2019, en vez de presentar la liquidación del 2018 en el primer trimestre, como el gobierno municipal tenía obligación de hacer, se presentó después del verano. Por un casual, en mayo de 2019 había elecciones municipales y el bajo grado de ejecución podría afectar a los resultados.

La liquidación del ejercicio 2018 en las dos partidas que señalé antes presentaban grandes diferencias con respecto a la proyección. Las inversiones reales fueron del 33,7% (29,5 millones) del presupuesto, que fue de 87,4 millones de euros. Se dejaron sin gastar 57,9 millones de euros. En la proyección se decía que iba a ser del 48% (42,1 millones de euros). La desviación fue de casi el 15% y en millones de euros de los 42,1 proyectados a los 29,5 reales. ¡Un verdadero éxito de proyección y de economía creativa!

En cuanto a los gastos totales del Ayuntamiento: el 72,6% del presupuesto, que era de 428,7 millones de euros. En la proyección se decía que iba a ser del 83%, diez puntos porcentuales más de la realidad. El Ayuntamiento se gastó 311,2 millones y se quedaron sin gastar 117,5 millones de euros.

En la proyección del 2019 (entregada junto con el presupuesto del 2020 el pasado día 23), de los 80,2 millones presupuestados para inversiones reales, la inversión proyectada dice que se ejecutará solamente un 34,7%, dejando sin gastar 52,3 millones de euros.

Y el Ayuntamiento, de un presupuesto de 451,2 millones de euros, proyecta gastarse 265,6 millones de euros, o sea el 58,7%. ¡Se quedaran sin gastar 185,6 millones de euros!

Con estos antecedentes ¿Quién se cree las bondades del presupuesto de 2020? Si mantienen el nivel de ejecución en 2020 de los 472,2 millones de euros para gastos totales, únicamente gastaran 278 millones de euros, así que a final de año se quedarían sin gastar 194 millones de euros.

¿Ven ustedes porque titulo el artículo economía creativa? Con estos antecedentes, lo que cuenta el alcalde de los presupuestos del 2020 no me lo creo. Es posible que las cifras en el papel sean las que el dice, pero ¿Y serán capaces de gastarlas?

Los antecedentes del 2018 y el 2019 son para poner en cuarentena los presupuestos del 2020.

El otro día leí en la prensa local que se iba a equipar a Las Canteras con sensores para conocer en tiempo real el número de ciudadanos que está en ella. No sé si para mandar a más equipos de limpieza, a más policías locales, o por simple curiosidad. Y entonces me plantee escribir algo sobre lo que Pepe me ha venido diciendo acerca del lamentable estado de nuestra “Joya de la Corona”. Cada cosa que me cuenta Pepe la acompaña de fotografías para que no haya lugar a dudas. Desde la gente bañándose en El Confital (a pesar de la hermosa bandera roja que prohíbe el baño) hasta los óxidos del Auditorio, que presentan el tubo en el paseo lateral, o el suelo de la escultura de la chimenea del barco o la misma proa del barco.

Desde el estado de ruina de la casa Roja municipal, hasta la basura en el paseo frente a las viviendas del Carmen, pasando por las palmeras (o cocoteros) situados en El Nidillo. Zonas del paseo donde la limpieza, cuando se efectúa, consiste en regar el paseo para que la basura caiga abajo…

Ya en el propio paseo de Las Canteras, lo primero que destaca es el “El Juguete del Viento” de César Manrique, que debiera estar en la Plaza de La Puntilla y que lleva desmontado y sin colocar en su lugar más de dos años. ¡Vaya manera que tiene el Ayuntamiento de celebrar el centenario del nacimiento de César! En su lugar aparece una figura fálica, mirando al cielo, que es el sitio donde debería estar el monumento.

Pero lo más destacado de la falta de mantenimiento del Paseo son las farolas. Aquellas farolas que puso Nardy Barrios y que son realmente originales, y que no se cuidan desde su montaje allá por el año 2010. Es raro encontrarse con una farola que no tenga óxido, y en cantidades industriales. Lo mismo pasa con los soportes de la barandilla del paseo, a cual más oxidado.

Hay otras zonas también deterioradas, como son los cocoteros desplumados que están delante del Hotel Reina Isabel, o los parterres situados en la plaza del Limpiabotas. Y ya por contar, están las nuevas escaleras mecánicas, que funcionan continuamente, tenga o no clientes… ¡Lo del sistema automático de arrancada y parada debe ser una modernidad!

Por todo ello me llamó mucho la atención lo de la colocación de sensores en Las Canteras. Según el concejal de Administración Pública y Nuevas Tecnologías, Mario Regidor, “con esos datos conseguimos controlar la sostenibilidad ambiental de la mejor playa urbana que tenemos en España y una de las mejores del mundo y, además, logramos modular los servicios de limpieza y seguridad en función de la afluencia de gente”. El Ayuntamiento no se gasta un euro en el mantenimiento de “la mejor playa urbana que tenemos en España” dando a nuestros visitantes una deplorable imagen tercermundista, pero se gastan los euros en colocar sensores. ¡Y a nadie del equipo municipal se le cae la cara de vergüenza viendo como están las farolas del Paseo de las Canteras!

Hablando de otros temas municipales, hace unos días el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma hizo público el informe del año 2018. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ido mejorando su nota, con respecto a años anteriores y está en un 8,42 sobre 10, siendo uno de los municipios canarios con mejor nota. Pero siempre hay una oveja negra en el rebaño. El Informe también valora todas y cada una de las sociedades municipales como por ejemplo la sociedad “Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” que, además de no haber aportado datos en 2016 y 2017, en el 2018 tiene un 0,30 también sobre 10. ¡No llega ni al 1!

La sociedad “Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” es la que se encarga del Carnaval. La falta de transparencia comienza desde el momento que el equipo de gobierno no deja que ni un solo concejal de la oposición esté en el Consejo de Administración cuando si están en todas las demás sociedades y consejos rectores. No se sabe en qué se gastan los dineros, ni cuánto pagan por cada uno de los múltiples actos que se organizan en la ciudad, si hay amiguismo o enchufismo o no. Todo es un misterio, el mejor guardado de la corporación municipal.

Otro tema actual es el que el PP municipal explicaba en una nota de prensa sobre que al Ayuntamiento se le ha caducado la Evaluación Ambiental que daba cobertura al Plan Parcial de reposición de Rehoyas-Arapiles. Tras cuatro años sin hacer absolutamente nada para iniciar las obras de reposición de las viviendas, ahora se ve forzado a iniciar toda la tramitación ambiental y la propia aprobación del Plan de nuevo.

El PP inició los trámites en 2015 y el tripartido PSOE-Podemos-Nueva Canarias, tras cuatro años y medio de su gobierno, modifica el Plan General para recortar el Parque de Las Rehoyas y construir un edificio en medio perdiendo un campo de fútbol. Tiene 8 millones de euros dados por el Gobierno nacional y no ha ejecutado ni un céntimo dos años después. Por último, se le caduca la Evaluación Ambiental teniendo que retrotraer todo el planeamiento a su inicio.

En contra de lo anunciado en el comunicado del PP, el alcalde Augusto Hidalgo “garantiza que el proyecto no tiene ningún retraso” y “que está previsto iniciar las obras dentro de dos años”, quitando importancia a la caducidad de la evaluación ambiental y a tener que retrotraer todo el planeamiento al principio. ¿Ustedes entienden algo? Yo me declaro insolvente, pero si hay que empezar un expediente de nuevo porque ha caducado la evaluación ambiental y no se puede hacer nada sin ella, alguien está engañando al personal. Dentro de unos años lo sabremos.

Como verán, siempre hay temas municipales como para que los vecinos se distraigan, excepto los de Las Rehoyas, que no están para muchas bromas.

Y si pasea por Las Canteras, fíjese bien en las farolas y demás, porque los ya famosos sensores no los van a ver.

Eusebio Bautista Vizcaíno

Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El otro día leí en la prensa local que se iba a equipar a Las Canteras con sensores para conocer en tiempo real el número de ciudadanos que está en ella. No sé si para mandar a más equipos de limpieza, a más policías locales, o por simple curiosidad. Y entonces me plantee escribir algo sobre lo que Pepe me ha venido diciendo acerca del lamentable estado de nuestra “Joya de la Corona”. Cada cosa que me cuenta Pepe la acompaña de fotografías para que no haya lugar a dudas. Desde la gente bañándose en El Confital (a pesar de la hermosa bandera roja que prohíbe el baño) hasta los óxidos del Auditorio, que presentan el tubo en el paseo lateral, o el suelo de la escultura de la chimenea del barco o la misma proa del barco.

Desde el estado de ruina de la casa Roja municipal, hasta la basura en el paseo frente a las viviendas del Carmen, pasando por las palmeras (o cocoteros) situados en El Nidillo. Zonas del paseo donde la limpieza, cuando se efectúa, consiste en regar el paseo para que la basura caiga abajo…

Ya en el propio paseo de Las Canteras, lo primero que destaca es el El Juguete del Viento de César Manrique, que debiera estar en la Plaza de La Puntilla y que lleva desmontado y sin colocar en su lugar más de dos años. ¡Vaya manera que tiene el Ayuntamiento de celebrar el centenario del nacimiento de César! En su lugar aparece una figura fálica, mirando al cielo, que es el sitio donde debería estar el monumento.

Pero lo más destacado de la falta de mantenimiento del paseo son las farolas. Aquellas farolas que puso Nardy Barrios y que son realmente originales, y que no se cuidan desde su montaje allá por el año 2010. Es raro encontrarse con una farola que no tenga óxido, y en cantidades industriales. Lo mismo pasa con los soportes de la barandilla del paseo, a cual más oxidado.

Hay otras zonas también deterioradas, como son los cocoteros desplumados que están delante del Hotel Reina Isabel, o los parterres situados en la plaza del Limpiabotas. Y ya por contar, están las nuevas escaleras mecánicas, que funcionan continuamente, tenga o no clientes… ¡Lo del sistema automático de arrancada y parada debe ser una modernidad!

Por todo ello me llamó mucho la atención lo de la colocación de sensores en Las Canteras. Según el concejal de Administración Pública y Nuevas Tecnologías, Mario Regidor, “con esos datos conseguimos controlar la sostenibilidad ambiental de la mejor playa urbana que tenemos en España y una de las mejores del mundo y, además, logramos modular los servicios de limpieza y seguridad en función de la afluencia de gente”. El Ayuntamiento no se gasta un euro en el mantenimiento de “la mejor playa urbana que tenemos en España” dando a nuestros visitantes una deplorable imagen tercermundista, pero se gastan los euros en colocar sensores. ¡Y a nadie del equipo municipal se le cae la cara de vergüenza viendo como están las farolas del Paseo de las Canteras!

Hablando de otros temas municipales, hace unos días el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma hizo público el informe del año 2018. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ido mejorando su nota, con respecto a años anteriores y está en un 8,42 sobre 10, siendo uno de los municipios canarios con mejor nota. Pero siempre hay una oveja negra en el rebaño. El Informe también valora todas y cada una de las sociedades municipales como por ejemplo la sociedad Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., que, además de no haber aportado datos en 2016 y 2017, en el 2018 tiene un 0,30 también sobre 10. ¡No llega ni al 1!

La sociedad Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. es la que se encarga del Carnaval. La falta de transparencia comienza desde el momento en que el equipo de gobierno no deja que ni un solo concejal de la oposición esté en el Consejo de Administración cuando si están en todas las demás sociedades y consejos rectores. No se sabe en qué se gastan los dineros, ni cuánto pagan por cada uno de los múltiples actos que se organizan en la ciudad, si hay amiguismo o enchufismo o no. Todo es un misterio, el mejor guardado de la corporación municipal.

Otro tema actual es el que el PP municipal explicaba en una nota de prensa sobre que al Ayuntamiento se le ha caducado la Evaluación Ambiental que daba cobertura al Plan Parcial de reposición de Rehoyas-Arapiles. Tras cuatro años sin hacer absolutamente nada para iniciar las obras de reposición de las viviendas, ahora se ve forzado a iniciar toda la tramitación ambiental y la propia aprobación del Plan de nuevo.

El PP inició los trámites en 2015 y el tripartido PSOE-Podemos-Nueva Canarias, tras cuatro años y medio de su gobierno, modifica el Plan General para recortar el Parque de Las Rehoyas y construir un edificio en medio perdiendo un campo de fútbol. Tiene 8 millones de euros dados por el Gobierno nacional y no ha ejecutado ni un céntimo dos años después. Por último, se le caduca la Evaluación Ambiental teniendo que retrotraer todo el planeamiento a su inicio.

En contra de lo anunciado en el comunicado del PP, el alcalde Augusto Hidalgo “garantiza que el proyecto no tiene ningún retraso” y “que está previsto iniciar las obras dentro de dos años”, quitando importancia a la caducidad de la evaluación ambiental y a tener que retrotraer todo el planeamiento al principio. ¿Ustedes entienden algo? Yo me declaro insolvente, pero si hay que empezar un expediente de nuevo porque ha caducado la evaluación ambiental y no se puede hacer nada sin ella, alguien está engañando al personal. Dentro de unos años lo sabremos.

Como verán, siempre hay temas municipales como para que los vecinos se distraigan, excepto los de Las Rehoyas, que no están para muchas bromas.

Y si pasea por Las Canteras, fíjese bien en las farolas y demás, porque los ya famosos sensores no los van a ver.

Uno de ellos fue el cambio de obras previstas por el Ayuntamiento en base a los dineros a recibir del programa denominado Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), cuyo reparto había sido establecido en el convenio con el Cabildo Insular aprobado en el pleno municipal del 2 de mayo de 2017, con los votos en contra del Partido Popular.

En la primera fase del FDCAN (2016 – 2019), el Gobierno de Canarias aportaba 611,5 millones de euros. Los Ayuntamientos podían acudir directamente a los fondos con proyectos municipales y recibirían el 100% del importe de los mismos, una vez aprobados por el Gobierno de Canarias.

La otra modalidad que el Gobierno de Canarias propuso era que los Ayuntamientos presentaran los proyectos a sus respectivos Cabildos y estos gestionaran los fondos FDCAN, comprometiéndose los Ayuntamientos a financiar el 50% de las obras programadas. El otro 50% sería aportado por el Gobierno de Canarias, vía cabildos insulares.

Curiosamente, en Canarias solamente cuatro municipios (tres en Gran Canaria) firmaron directamente con el Gobierno de Canarias, que pagó la financiación íntegra de sus respectivos proyectos. Firgas, con 854.000 euros, Mogán, con 5 millones de euros, y San Mateo, con 6,9 millones de euros, fueron los tres de municipios de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria recibiría del Gobierno de Canarias 167,4 millones de euros, y los restantes 18 municipios de Gran Canaria tendrían que poner otro tanto. Concretamente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría que poner 19,9 millones de euros y el Cabildo aportaría otros 19,9 millones de euros recibidos del Gobierno de Canarias.

Aunque las comparaciones son odiosas, es evidente la desproporción de la cantidad de dinero a recibir del Cabildo para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a los importes recibidos por Mogán y San Mateo, que negociaron directamente con el Gobierno de Canarias.

Aunque el aspecto poblacional no era el único elemento del reparto de fondos (a la vista está), sí debió ser un factor importante. En el 2017, Gran Canaria tenía 847.000 habitantes y Las Palmas de Gran Canaria 380.000 habitantes. Las Palmas de Gran Canaria, con el 44,8% de la población de la isla, recibía el 11,88% de los fondos que venían a la isla por el FDCAN vía Cabildo Insular de Gran Canaria. En cambio, Mogán y San Mateo que negociaron directamente con el Gobierno de Canarias, con 19.700 y 7.500 habitantes respectivamente (o sea el 2,29% y el 0,87% de la población de Gran Canaria), recibieron 5 y 6,9 millones de euros. Además, les financiaron al 100% las obras, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, recibiendo 19,9 millones, tenía que poner otros tantos para financiar las obras municipales.

Es evidente que nuestros munícipes “se dejaron coger la camella”, como se dice popularmente, y no velaron por los intereses de nuestro municipio. La desproporción de fondos recibidos en función de los habitantes no tiene defensa alguna. Aún así, Javier Doreste lo defendió en el pleno, y el gobierno municipal le pasó el rodillo al Partido Popular, que señaló la incongruencia del convenio y su reparto tan desequilibrado de fondos, indicando que el Ayuntamiento debía haber negociado con el Gobierno de Canarias directamente. Por lo menos debía haberlo intentado, cosa que no hizo.

En el pleno del pasado septiembre, Javier Doreste se cargó dos partidas con cargo al FDCAN correspondientes a este año. Una de 1.750.000 euros para la canalización de aguas pluviales en la Urbanización Reina Mercedes, y emisario submarino y galería de servicio de Ciudad el Mar. Otra de 1.000.000 euros para el barrio de San Nicolás, para urbanización, aparcamientos disuasorios y equipamiento del barrio. Ambas obras con sus anualidades estaban fijadas en el convenio del 2017, para gastarse en el 2019. ¿Saben ustedes a qué se destinaron en su lugar? A pagar carriles bici y a convertir la Fábrica de Hielo en un centro de día para los sin techo. Sin comentarios.

Reina Mercedes se ha inundado 7 veces en los últimos 5 años. Los vecinos todavía no se creen la jugada municipal. Y desde luego, como vuelvan a inundarse los bajos del barrio (garajes, comercios, etc.) el concejal Javier Doreste haría bien yéndose de vacaciones al Congo, por lo menos hasta que los bomberos terminen de achicar el agua.

En el mismo pleno se aprobó, mediante una modificación presupuestaria, el pago del IBI Social, cuya convocatoria fue en 2016. De las 26.000 familias que el alcalde Hidalgo anunció que se iban a beneficiar, solo pidieron la ayuda 6.750 y se les concedió a 5.218 vecinos. ¡Van a cobrar tres años después de que se les concediera!

En 2017 solicitaron la ayuda 2.738 familias, y todavía no han cobrado, ni hay fondos previstos para pagarles. Peor fue en 2018 cuando, con un presupuesto de 1,06 millones, no se llegaron ni a convocar las ayudas del IBI social de ese año.

Estos ejemplos son lo suficientemente significativos para demostrar el desastre en la gestión de nuestro municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Nada más comenzar el mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le daba un buen palo al Ayuntamiento, declarando nulos los despidos en diciembre pasado de 143 trabajadores del Servicio de Limpieza y obligando al Ayuntamiento a readmitirlos y a pagarles la cantidad adeudada desde el momento del despido hasta que se reintegren al Servicio. Según el sindicato Comisiones de Base de Canarias, el importe a pagar estaría entre los 6.000 y 7.000 euros por trabajador. Que, según mis cálculos, significan entre 850.000 y 1.000.000 de euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento. ¡Bien empezaba el mes!

También en los primeros días de agosto saltó la noticia de que los taxistas planteaban al gobierno municipal la posibilidad de restringir el tráfico en León y Castillo al vehículo privado, dejando la calle solo para guaguas, taxis y bicicletas y acceso a los garajes por parte de los vehículos privados. Todo ello en el tramo desde Torre Las Palmas y el principio de la calle. El concejal José Eduardo Ramírez se comprometió a estudiar esa posibilidad.

Al día siguiente de aparecer en prensa la noticia, saltaron todas las alarmas entre los comercios de la zona. Algunos se quejaban ya con la última aventura municipal de dejar un solo carril para los vehículos por poner los famosos carriles bici, que ya está afectando a la mayoría de los comercios de la zona, ya que, después de la aparición de estos carriles bici, 15 locales han cerrado entre la Plaza de la Feria y el principio de León y Castillo.

Muchos de estos locales recibían clientes que aparcaban un momento en doble fila, y ahora es imposible porque con un solo carril para el tráfico, o se detienen sobre los carriles bici o se detiene todo el tráfico. El propietario de Colomar decía: “…y si por lo menos se vieran pasar bicicletas, pero es que no las ves pasar”. Según el mismo señor, las ventas le han disminuido un 50% desde la aparición del carril bici. Lo mismo opinan los dueños de varios negocios a pie de calle. El propietario de la óptica Giner explicaba que reciben no menos de ocho servicios de mensajería al día, y que ahora tienen que parar en medio del único carril, bajarse del furgón corriendo y dejar la caja a toda prisa, porque se paraliza todo el tráfico.

Por último, Fredica (Asociación de importadores y distribuidores de automóviles) rechazó la medida ya que ésta podría provocar un caos de tráfico en la ciudad, no solo en León y Castillo, sino en el conjunto de calles transversales y paralelas a ésta. Esperemos que el concejal de Movilidad estudie a fondo la medida, porque el lío que se puede montar en la ciudad puede ser de película.

Los vecinos de San Cristóbal reclaman que se repare el paseo que está en mal estado porque el mar ha destrozado el muro que lo sostiene, después de que el Ayuntamiento les prometiera arreglarlo hace un año. Mientras los vecinos no corten la Avenida Marítima en manifestación, el Ayuntamiento no les hará caso.

Beatriz Correas, del partido Ciudadanos, considera una falta de respeto a la ciudadanía que la Concejalía de Urbanismo haya comenzado las obras en la calle Castillejos dos días antes de que se abriera el periodo de exposición pública, para que los vecinos pudieran presentar alegaciones. Vamos, que el concejal del ramo (Javier Doreste) se salta la ley y le importa un rábano lo que los vecinos pudieran opinar sobre las citadas obras.

Francis Candil, de CC-UxGC, denuncia el completo abandono por parte del Ayuntamiento del paseo de El Atlante, y la dejadez absoluta del gobierno municipal con respecto al mantenimiento de espacios y lugares de esparcimiento, que el periódico acompaña con una foto que demuestra el cochambroso estado de la zona. ¡El Ayuntamiento no sabe/no contesta!

Los vecinos de Los Tarahales han denunciado durante varios años los más de 30 baches y socavones que presenta el tramo final de la calle Batalla de Brunete y proponen que se cambie el nombre de la calle por el de Los Hoyos. Según la concejala del ramo, Inmaculada Medina, está previsto el asfaltado de la calle, pendiente de presupuesto. ¡A ver si los vecinos tienen suerte!

Ángel Sabroso del PP denuncia que el alcalde tiene las playas de La Laja, Alcaravaneras y el Confital sin vigilancia, incumpliendo la ley que obliga a todos los Ayuntamientos a tener aprobados los Planes de Seguridad y Salvamento y a perder subvenciones millonarias del Gobierno de Canarias a las que se podía haber accedido si hubiera cumplido. La publicación en el Boletín Oficial de Canarias tiene fecha del 8 de agosto de 2018 y se daba un plazo de un año a los Ayuntamientos para cumplir la norma, redactando los Planes de Seguridad y Salvamento de las zonas de baño. ¡Ha pasado más de un año y el Ayuntamiento mirando para los celajes!

Lo dicho, el Ayuntamiento está de vacaciones, pero los vecinos tienen problemas, algunos desde hace varios años, y no se solucionan. ¡Los problemas ciudadanos no cogen vacaciones!

Es muy curioso lo que pasa en nuestro país. Cuando un político miente – o engaña,

para ser más suave – y se le coge en la mentira, no pasa nada. No solo no dimite sino que además algunos piensan que es muy astuto. En países de nuestro entorno, los políticos dimiten no solo por mentir, sino hasta por haber copiado parte de una tesis doctoral.

Recientemente y a nivel nacional, Podemos denunció que la vicepresidenta Carmen Calvo había sustituido, en referencia a un escrito de los primeros, la palabra “proponemos” – que fue la expresión utilizada por Podemos – por “exigimos”. La prensa nacional reflejó la denuncia de Podemos, pero la vicepresidenta no se dio por aludida, y aquí no ha pasado nada.

Algo parecido ha sucedido en el pleno del pasado 26 de julio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se trató la toma de razón de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. El concejal del grupo Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), David Suárez, sacó un documento titulado “Avance de Liquidación del Presupuesto 2018”, que entregó el gobierno municipal el 4 de febrero pasado junto con el proyecto de presupuesto municipal del 2019. Es un documento escueto de siete páginas incluyendo la carátula. En las seis primeras páginas trata del grado de ejecución del presupuesto del 2018 a septiembre; y, en la última –  titulada “Proyección de la liquidación del presupuesto 2018 del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria a 31 de diciembre de 2018”–  se dan unos cuadros con la supuesta liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos por capítulos.

Cuando se comparan algunas de las “proyecciones” con los resultados definitivos de la liquidación del presupuesto del 2018 entregada a los concejales hace unos días, salta la liebre. David Suárez comparó el grado de ejecución del presupuesto de gastos que figuraba en el “Avance” – del 83% – con el definitivo del 72,69%. Este 72,69% significa que de un presupuesto de gastos de 428 millones de euros, se quedaron sin gastar casi 117 millones de euros. Un verdadero disparate. Pero peor es la comparación del presupuesto de inversiones, que en el “Avance” figuraba del 48% y en el definitivo del 33,7%. Para llorar. Porque esto significa que, en una ciudad con 39.000 parados, el Ayuntamiento, partiendo de un presupuesto de 87,4 millones de euros para invertir, solo ha sido capaz de gastar 29,5 millones, habiendo dejado sin gastar 57,8 millones de euros.

Como dijo el concejal de CC-UxGC, el concejal de Hacienda del mandato pasado (o sea, el alcalde) sabía perfectamente cual era el grado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones cuando el 4 de febrero entregó a la oposición el ya famoso “Avance”. Pero claro, como ya se estaba en precampaña electoral, mintió o engañó a la oposición, para no darle argumentos en contra del equipo de gobierno municipal.

Y no solo mintió, sino que se saltó a la torera la Ley, como bien indica la Interventora municipal en su informe que acompaña a la liquidación definitiva del presupuesto del 2018. Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 191.3, la liquidación del presupuesto debió estar confeccionada antes del 1 de marzo de 2019.

Las comparaciones son odiosas, pero hay veces que no queda más remedio que citarlas. La corporación que preside el alcalde Hidalgo Macario ha ido de mal en peor  en sus cuatro años de mandato desde el punto de vista del grado de ejecución presupuestaria tanto de gastos como de inversiones. En el presupuesto de gastos del 2015 ejecutó el 88,81%. En el 2016 ejecutó el 85,50%. En el 2017 ejecutó el 82,24%; y en el 2018 ejecutó el 72,69%. En el presupuesto de inversiones del 2015 ejecutó el 54,6%. En 2016 ejecutó el 56,8%. En 2017 ejecutó el 42,4%; y en el 2018 el 33,7%. Estas cifras hablan por si solas de la capacidad de gestión del grupo de gobierno municipal. Cada año se bate el récord del anterior, pero a la baja.

El alcalde, ante el bajísimo grado de ejecución presupuestaria en 2018, ha dicho en varios medios locales que la culpa era de la nueva Ley de Contratación pública, que había complicado la posibilidad de una mayor ejecución presupuestaria. El concejal Francis Candil, también del grupo CC-UxGC,  ha contestado, tanto en la prensa como en la sesión plenaria, que la nueva Ley no tiene nada que ver. Que en Bilbao el grado de ejecución del presupuesto de gastos fue, en 2018, del 95%, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria ha sido del 72,69%. Y la Ley es la misma para todos. Que se busque otra excusa.

A todas estas, en la intervención de réplica a David Suárez, la actual concejala de Economía y Hacienda en este mandato, Encarna Galván, se fue por los cerros de Úbeda, y le dijo a David Suárez que “se había hecho un lío, ya que de lo que estamos dando cuenta aquí es de la liquidación real del presupuesto el 2018 y no de la liquidación del anticipo ese que se hizo en febrero”. Es evidente que, teniendo en cuenta que Encarna Galván no es tonta y entendió perfectamente la comparación que había hecho David Suárez, optó por “hacerse la sueca” y no respondió a lo que preguntaba del concejal de CC-xGC del porqué de las grandes diferencias entre ambas liquidaciones.

También contestó al retraso en la presentación de la liquidación del presupuesto de 2018, diciendo que había repasado las fechas de liquidaciones de los últimos 8 presupuestos, y que ninguna se había liquidado el 1 de marzo como dice la Ley. Y tenía razón, pero lo que no dijo es que habitualmente se liquidan entre abril y mayo del año siguiente, y que el único presentado en un mes de julio era, precisamente, este del 2018. Una pequeña trampa que sirve para acallar a la oposición en un pleno, pero que acaba descubriéndose. Por supuesto, el alcalde no contestó ni se dio por aludido.

En definitiva, que del “avance de liquidación” a la liquidación real del 2018 hay una gran diferencia, por lo que se puede pensar que el avance fue una añagaza para no darle munición a la oposición con los datos reales en precampaña electoral. Y que la presentación de la liquidación en julio es la que más ha tardado en entregarse en los últimos 8 años, por intereses electorales. Lo del mentiroso y el cojo se cumple en este caso.

Tampoco la célebre frase de Sócrates tenía nada que ver con los resultados al Cabildo de Gran Canaria. Era previsible el incremento de consejeros por parte del PSOE, por el efecto arrastre de Pedro Sánchez en las últimas generales y la flojera de Nueva Canaria, después de los pésimos resultados en las pasadas elecciones generales sobre todo en alguno de sus municipios señeros como Telde y Aguimes.

La famosa frase me vino a la cabeza después de ver los resultados electorales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Era previsible que el PSOE ganara algún concejal, pero no cuatro. El mismo alcalde Hidalgo, en su intervención la noche electoral, confesó que estaba sorprendido por los resultados tan favorables al PSOE en la ciudad. También era previsible la caída de Podemos, al igual que en todos los Ayuntamientos de España y que en los parlamentos regionales. No encuentro explicación al incremento de un concejal de Nueva Canaria, ya que el número de afiliados en Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo muy bajo.

En la otra banda, tampoco encuentro explicación plausible a la caída del número de Concejales del PP, con Pepa Luzardo a la cabeza. Quiero recordar que en el 2003, la lista del PP al Ayuntamiento, encabezada por ella, obtuvo en nuestra ciudad 84.000 votos. Ahora la lista del PP ha obtenido 33.000 votos y 7 concejales (tres menos que en 2015 con 48.000 votos). Podría ser razonable la pérdida de 1 o 2 concejales, pero tres…

El caso de Ciudadanos es también una sorpresa, pero no solo en el Ayuntamiento, sino en el Cabildo de Gran Canaria y en el Parlamento. Era esperable que esta formación obtuviera entre 4 a 5 concejales en el Ayuntamiento, pero solo subió 1.500 votos y un concejal. La última sorpresa la recibí con la lista de la coalición electoral entre CC y Unidos, que encabezaba Nardy Barrios. Los votos de ambos partidos al Ayuntamiento de nuestra ciudad, yendo por separado en el 2015, sumaban 14.700, que hoy correspondería a 3 concejales. Pero la realidad fue que obtuvo 12.600 votos y solo dos concejales, los mismos que obtuvo en el 2015 Unidos por Gran Canaria.

Es evidente que los ciudadanos, cuando votan, ejercen su derecho a elegir a los partidos y personas que quieren les representen, pero tendrán que coincidir conmigo que después de las protestas, durante varios meses, de muchos sectores de la ciudad, y de varios barrios, por la suciedad en las calles, por las obras de la MetroGuagua y por la ubicación de carriles bici, no hacían predecir el resultado.

Quiero recordar las protestas de los vecinos de la calle Buenos Aires, cuando las eternas obras en 1º de Mayo, desviaron durante mucho meses todo el tráfico pesado que viene de la Ciudad Alta hacia la Autovía Marítima. Y la de los vecinos y comercios de la calle Néstor de la Torre, cuando todo el tráfico de la Avda. Mesa y López se desvió por ella, y les suprimieron los aparcamientos. Y la de los vecinos de San José, Reyes Católicos, Paseo de Chil, Francisco Gourie, etc., cuando se encontraron con unos carriles bici de la noche a la mañana sin haber sido consultados. Y las de Luis Morote por las obras interminables en ella.

La conclusión que saco es que o bien los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria padecen amnesia o el efecto de la situación política en España y la Presidencia del Gobierno pesan mucho en nuestra capital.

Repasando las últimas elecciones municipales se puede observar que en 2003 gobernaba Aznar, y el PP obtuvo en Las Palmas de G.C., 84.000 votos por 51.000 el PSOE. En 2007 gobernada Zapatero y el PSOE obtuvo 70.000 por 61.000 el PP. En el 2011, últimos meses de Zapatero y situación caótica en España, que vaticinaba la victoria de Rajoy en noviembre por mayoría absoluta, el PP obtuvo 68.000 votos y el PSOE 36.000. En el 2015, gobernaba Rajoy y el PP obtuvo 48.000 y el PSOE 33.000. Pero ese mismo año fue el de la aparición de Podemos. Gracias a ellos y a sus seis concejales, el PSOE con el escaso número de votos y 7 concejales se hizo con el gobierno municipal en nuestra capital.

Este repaso a la situación nacional y a quien gobierna en España, y su efecto sobre los resultados en las elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria, habrá que tenerse en cuenta a la hora de hacer predicciones sobre lo que puede pasar en nuestra ciudad, porque repito, los ciudadanos no tienen amnesia. Aunque yo solo sé que no sé nada.

En dicho mes escribí un artículo de opinión en el que destacaba varios de los asuntos tratados en el documento. Uno de ellos fue la extensión del mismo, ya que el pacto entre Ahora Madrid y el PSOE – firmado en las mismas fechas y para una ciudad de 3,1 millones de habitantes – tenía solamente 7 páginas.

Otro de los temas llamativos del Acuerdo es la creación de 2 comisiones, 2 consejos, 5 mesas de trabajo, 8 planes, 1 pacto, 1 oficina y 1 código. En total una veintena de actuaciones que hicieron que me preguntara entonces si alguien se había vuelto loco escribiendo para dar contenido a las 27 páginas del documento, porque no se fiaba de sus socios o porque no sabía como es el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

Ahora, al final de la legislatura, si hacemos un repaso de esas actuaciones, vemos que muchas de ellas no se han llevado a la práctica, como por ejemplo el Pacto Local por el Empleo y la Nueva Economía, la Oficina Antidesahucios, el Plan Integral de Accesibilidad, el Plan de Viabilidad del Taxi, el Plan de erradicación de los vertidos no autorizados y la mejora del tratamiento y depuración del agua, el Plan específico de Empleo Joven, la Mesa de Coordinación entre las distintas administraciones públicas (Ayuntamiento, Cabildo Gobierno de Canarias), el Código Ético de los cargos públicos del Ayuntamiento, y alguna más que se me habrá escapado.

En resumen, muchas páginas con blablablá, y poco contenido real, de lo que necesitaban los ciudadanos. Aun así, lo que me llamó más poderosamente la atención del citado Acuerdo fue que casi todas las áreas que tienen relación directa con la ciudadanía (Vivienda, Servicios Sociales, Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y dos de los cinco distritos) quedaron en manos de LPGC Puede. Empleo fue el único área que esta fuerza política no cogió, pero que quedó en manos de NC. Me preguntaba en el artículo que cómo era posible que el PSOE no tuviera ninguna de las áreas sociales, como por ejemplo Participación Ciudadana, a la que Jerónimo Saavedra dio un fuerte impulso.

En el apartado denominado “Sostenibilidad Ambiental” del Acuerdo firmado por los tres partidos hay una frase que literalmente dice “En cuanto a la movilidad sostenible, nos comprometemos a revisar el cumplimiento del Pacto de Movilidad Sostenible, aprobado en 2011, con la participación de los colectivos ciudadanos…”. Curiosamente no dice ni una palabra sobre la MetroGuagua (antes llamada el BRT, iniciales de Bus Rapid Transit) ni de los carriles bici que están invadiendo la ciudad, ocasionando atascos, y eliminando aparcamientos con ensañamiento, sin crear antes aparcamientos disuasorios que, en una ciudad normal, se habrían construido previamente a acometer las obras que nos traen de cabeza.

Además de los ciudadanos que circulan en su coche, lo sufren especialmente los vecinos del Paseo de Chil, los padres de los niños que estudian en colegios cercanos a la calle Malteses, los comercios y vecinos de Francisco Gourie, o los vecinos de Reyes Católicos, y así podríamos enumerar un sinfín de calles que están sufriendo (junto con los vecinos que viven en ellas) la tropelía de fin de mandato con que este equipo municipal tripartito nos está obsequiando sin venir a cuento.

No tiene explicación que se pretenda que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, en cuatro meses, dejen sus coches en casa (o donde puedan) y se muevan por la ciudad en bicicleta. Sobre todo cuando las dos terceras partes de los ciudadanos viven en la zona alta de la ciudad, a la que, por más que se lo proponga el concejal, no pueden llegar (por la cuesta arriba) en bicicleta.

Estos días circulan por la red multitud de “memes” sobre los carriles bici. Hay uno de una grabación en una tele al concejal Pedro Quevedo antes de las elecciones del año 2015, cuando gobernaba el PP y era alcalde Juan José Cardona, que merece reproduzca sus palabras. Dice Pedro Quevedo: “Y tenemos al alcalde jugando con las bicis, y digo jugando con las bicis porque es evidente que al Sr. alcalde le gusta montar en bici, al igual que al Sr. Sabroso, lo cual es muy respetable, pero lo que no puede ser que los gustos del Sr. alcalde y del Sr. Sabroso constituyan la política municipal. El esfuerzo que se ha hecho en llenar esta ciudad de carriles bici, absolutamente inútiles, inutilizables… cuando te vuelcas en tonterías no te vuelcas en lo importante.” A la vista del desaguisado que está ocasionando su compañero de NC con la implantación de sus carriles bicis, lo del PP y Cardona era una broma. Me gustaría oír una justificación de Pedro Quevedo al lío que están montando ellos en Las Palmas de Gran Canaria.

Terminaba el artículo de opinión que escribí en junio de 2015 diciéndole al alcalde Hidalgo que sería conveniente que también intentara acabar con el grave problema de tráfico, que afectaba a diario a miles de ciudadanos y vehículos, como era el del nudo de Torre Las Palmas en Alcaravaneras, del que no se decía nada en el Acuerdo.

Es obvio que Hidalgo no solo no ha solucionado el problema del tráfico en el nudo de Torre Las Palmas, sino que ha agravado los problemas circulatorios con las obras de la MetroGuagua y los carriles bici. En general, los vecinos no se acuerdan de las meteduras de pata de los gobiernos municipales a la hora de votar, pero creo que, en este caso, en las elecciones del próximo 26 de mayo van a cantarle las cuarenta al gobierno municipal. ¡El desastre de ciudad que están dejando, está muy próximo al día de las votaciones y espero que los vecinos lo recuerden!

Eusebio Bautista Vizcaíno es exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria.

Después de escucharlo, he llegado a la conclusión de que no solo miente, sino que se cree sus propias mentiras. Vamos a desmontar algunas de ellas. La primera es la de que “Hay 10.000 parados menos en Las Palmas de Gran Canaria que cuando llegamos al gobierno municipal”. Esta frase va unida a la de que “Las Palmas de Gran Canaria es donde más empleo se genera de la isla de Gran Canaria y de toda Canarias”.

Pues bien, se le ha ido la mano en cuanto a los 10.000 parados menos. La cifra de parados en la ciudad a 31 de julio de 2015 era de 48.360 y la de 29 de febrero de 2019 es de 39.871. Una simple resta nos dice que el número de parados ha disminuido en 8.489 personas. No los 10.000 que Hidalgo dice. O sea que se le ha ido la baifa en 1.511 parados, que es un 15,1 % de sus 10.000 parados.

Igual pasa cuando dice que nuestra ciudad es donde más empleo se genera de la isla. En números totales, claro que sí, ya que no en vano Las Palmas de Gran Canaria tiene casi 400.000 habitantes, seguida por Telde con 102.000. Pero en porcentajes de reducción del paro, nuestra ciudad no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.

Galdar ha reducido el paro – en las mismas fechas – pasando de 3.464 a 2.626, esto es, un 24,19% menos. Santa Brígida lo ha reducido de 1.615 a 1.285 parados, un 20,33%. Telde lo ha reducido de 14.776 a 11.964, o sea un 19,03%. Y Las Palmas de Gran Canaria lo ha reducido, según las cifras indicadas arriba, en un 17,55%. Y por cierto Canarias en su conjunto la redujo en un 14,12%. Hidalgo se arroga una disminución del paro que ha sido la tónica general en casi toda España, como consecuencia de la mejora de la economía. ¡Pero él intenta vender que ha sido gracias a la maravillosa actividad municipal!

La otra frase que dice Hidalgo es que “Nosotros – refiriéndose al Ayuntamiento del que es alcalde – generamos mucha actividad económica”. Vamos a repasar algunos datos de la supuesta actividad económica generada por el Ayuntamiento.

Desde 2016, las licencias de obra nueva que debe conceder el Ayuntamiento tardaban entre 10 meses y un año, según la patronal de la construcción de Las Palmas, que protestó en muchas ocasiones por el retraso. El concejal del ramo – Javier Doreste – argumentaba que le faltaban arquitectos en su departamento. Según información de hace unos días, en 2018, Urbanismo contrató dos arquitectos, a fin de agilizar las licencias. Recientemente, la prensa local recogía que ahora el retraso en la concesión de licencias de obra “solo” es de 10 meses, porque lo que faltan ahora son dos administrativos… Así pues, la actividad económica que genera el Ayuntamiento, en lo referente a nuevas construcciones – que es la actividad que genera muchos puestos de trabajo – digamos que está por lo menos en entredicho.

Otro factor que debía incidir en la actividad económica de la ciudad es el de las inversiones que presupuesta el Ayuntamiento cada año. En el año 2016 – primer año completo de mandato del gobierno tripartito – el presupuesto de inversiones era de 44,2 millones de euros, y la cantidad ejecutada ascendió a 25,4 millones de euros, esto es, solo el 57% de lo presupuestado. En 2017, el presupuesto de inversiones fue de 46,8 millones de euros, y las obras ejecutadas ascendieron a 19,9 millones de euros, o sea el 43%. Del año pasado – 2018 – no han presentado la liquidación del presupuesto, solo una simple hojita que se titula “Proyección de la liquidación del presupuesto” pero en ella se refleja que, del presupuesto de inversiones, que ascendía a 87,4 millones de euros, solo se gastaron 42,1 millones de euros, o sea el 48%.

Resumiendo, en los tres años, de un total 178,4 millones de euros presupuestados en inversiones, solo han sido capaces de gastar 87,4 millones de euros (el 49%), o sea que han dejado de gastar 91 millones de euros que corresponde al 51% de las inversiones presupuestadas.

¿Es así como el alcalde Hidalgo estima que el Ayuntamiento “genera mucha actividad económica” en la ciudad? Es evidente que, con los números en la mano, además de decirle que no diga tonterías, es para decirle que aprenda a gestionar. No debemos olvidar que, cuando se hace un presupuesto de inversiones, se detallan una a una las obras que se van a ejecutar y de dónde vienen los recursos. Pero si se es un pésimo gestor, pasa lo que pasa.

Al alcalde Hidalgo le concedieron el Premio Tolete en enero pasado cuando dijo “Hay más tráfico porque la ciudad ha mejorado económicamente”, cuando los atascos derivados de las obras (especialmente las de la MetroGuagua) tenían paralizada la ciudad todos los días.

Como se puede colegir con los datos aportados, la mejoría de la economía de la ciudad no tiene nada que ver con la actividad económica del Ayuntamiento al igual que los atascos no tienes que ver con la mejora de la economía ¡A ver si está haciendo méritos para que le den otro Premio Tolete!

Una de ellas fue la que cometió el alcalde cuando dijo, para justificar un atasco que atrapó a 12.000 vehículos durante varias horas, “… tenemos una ciudad en la que ha aumentado el tráfico porque está mejorando la economía”. O sea que los atascos son debido a la mejoría de la economía en la ciudad, no a las obras de la Metroguagua, o a los accidentes en la Avda. Marítima. Y se quedó tan tranquilo…

Otra, también de nuestro alcalde Hidalgo fue la de las escaleras mecánicas en la ciudad. En una visita de la candidata a la alcaldía de S.C. Tenerife, en la que aparece en las escaleras mecánicas de La Cicer, el alcalde que la acompañaba afirmó que las escaleras mecánicas “no solo funcionan sino que las hay repartidas por toda la ciudad”. Precisamente en nuestra ciudad, excepto las escaleras de La Cicer, todas las demás están averiadas. Algunas desde tiempo inmemorial. Me refiero a la que une San Juan y San José. O la que conecta San Antonio con Paseo de Chil. O las de Lomo Verdejo. Tremenda metedura de pata que recibió su respuesta en las redes sociales por parte de la ciudadanía.

Aunque es un caso muy serio, no puedo dejar de comentar las tarascadas del concejal Javier Doreste a cuenta de la reposición de las 2.558 viviendas del barrio de Las Rehoyas. La mayoría son viviendas sociales, pero hay un grupo de ellas – ya no sé si son 300 ó 500 – nunca fueron viviendas sociales, sino que formaron parte de una promoción privada de la Caja de Canarias en los años 60. Son viviendas que según sus dueños, se encuentran en perfecto estado de conservación y solo necesitan reparación de fachada.

El concejal Doreste no atiende a razones y mete a todas las viviendas en el mismo saco. O sea que les va a demoler sus casas y a construir otras viviendas – algunas en el mismo barrio y otras fuera de él – sean viviendas privadas o públicas. ¿Usted se imagina que le llamen a la puerta de su casa y le dicen que la van a “reponer”? ¡Que le van a construir otra en alguna parte de la ciudad y le van a tirar la suya abajo! Pues eso es de lo que pretende el concejal Doreste. Los vecinos ya han dicho que se van directos al juzgado, y como consecuencia de ello, el plan de reposición de las viviendas sociales del barrio que si lo necesitan se va a parar. ¿Tan difícil es entender lo que es una propiedad privada?

El mismo concejal Doreste salió en los medios informando que el Gobierno de Canarias tiene suelo para construir 8.000 viviendas en la ciudad, pero no construye ni una. Cuando se lee al completo la noticia, ya se recogen velas y se dice que se ha cedido, por parte del Ayuntamiento al Gobierno de Canarias, suelo para 2.000 viviendas.

La Directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) salió al paso de la noticia inmediatamente y dio una versión bastante diferente. El Ayuntamiento solo ha puesto a su disposición tres solares para la construcción de viviendas de protección pública en los que se podrían levantar alrededor de 100 viviendas. O sea que de la cesión de suelo para construir 2.000 nada de nada. Por cierto, el concejal Doreste debe estar muy ocupado porque no ha dicho ni pío de la rectificación del ICV.

La penúltima rechifla ha sido la de la impresión de carteles promocionales del Carnaval de nuestra ciudad para ponerlos en el Sur de la isla, de cara a los turistas, y redactados en inglés. Bueno, en inglés con faltas de ortografía, ya que al confundir un “where” por un “were”, y la frase que debía ser “Las Palmas de Gran Canaria, where Carnival happens” (LPGC donde el Carnaval tiene lugar), ha quedado fatal. Al respecto en las redes sociales hay una frase muy ingeniosa, refiriéndose a la metedura de pata, que dice: “esto no hay quien lo disfrace”.

La última conocida es la del pleno más importante del año – el del Presupuesto de 2019 –, que se convoca diez minutos antes de celebrarse y a la carrera, el pasado lunes, día 4 de febrero. Fue convocado de urgencia, cuando ya no tenía importancia aprobarlo el 4 o el 7, ya que no va a entrar en vigor hasta el mes de marzo, un mes antes de que se disuelva la corporación municipal por las elecciones próximas, en mayo.

Indagando sobre el porqué de la urgencia (los 29 concejales fueron convocados de palabra primero a las 10 y luego a las 12, y el pleno comenzó finalmente a las 13:05) apareció el motivo. El Coordinador General de Economía, David Gómez, anunció su marcha – estaba en comisión de servicio – el día 1 de febrero, y el último día en el Ayuntamiento era el lunes 4. Aunque el Concejal de Economía y Hacienda es el alcalde Hidalgo, es evidente que no tiene ni idea del tema. Y si se iba Gómez, no había nadie que pudiera presentar el presupuesto al pleno municipal. Así de claro y así de triste.

Una ciudad con casi 400.000 habitantes no tiene una persona (ni un concejal del gobierno tripartito) que pueda presentar el presupuesto anual, cuando se va el Coordinador General. Y claro, la cosa tiene sus bemoles. David Gómez era el cuarto responsable de Economía y Hacienda municipal de este mandato. ¡A ver cómo se las apañan en los casi cuatro meses que quedan de mandato!

Esta última es algo más que una rechifla. Es la demostración de que algunos partidos se presentan a las elecciones sin tener a nadie preparado para una concejalía tan importante como la de Economía y Hacienda. Fiel reflejo de la ineptitud en temas económicos es el nivel de ejecución de los presupuestos municipales desde que está el tripartito gobernando (o haciendo algo parecido a gobernar). En 2016, el grado de ejecución del gasto fue del 85,5%. En 2017, del 82,2%. En 2018 no han presentado la liquidación de las cuentas – pese a que ya las tienen – y han dado una “proyección de liquidación” a 31 de diciembre de 2018 en la que dicen que el grado de ejecución previsto es del 83%.

En cuanto a la “proyección” de la ejecución del gasto en inversiones en 2018, la cosa está bastante peor. De los 87,4 millones de euros previstos invertir, solo se han gastado 42,1, esto es, el 48% de lo presupuestado.

Por eso cuando al alcalde se le llena la boca diciendo que el presupuesto consolidado del año 2019 es de casi 500 millones de euros, yo digo ¿Y para qué? ¡Si no van a gastar nada más que el 80%, les sobran 100 millones!

¡A ver si los ciudadanos espabilamos, que hay votaciones en mayo!

El primer documento en el que busqué fue en el “Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria” que firmaron los tres partidos que gobiernan en la ciudad  (PSOE, Las Palmas Puede y Nueva Canaria) en junio de 2015. Es un documento de 27 páginas en el que figura el reparto de las áreas municipales de los partidos firmantes y un “Acuerdo programático” en el que se detallan las políticas que el tripartito pondría en vigor durante su mandato en Las Palmas de Gran Canaria en Política Social, empleo y vivienda, en protección del derecho a la vivienda, y así en varios temas.

En un apartado que tiene como título “Sostenibilidad ambiental” y como subtítulo “Las Palmas de Gran Canaria, ciudad sostenible”, y que ocupa media página 19 y la 20 entera, hay un párrafo casi al final de poco más de tres líneas, que dice: “En cuanto a la movilidad sostenible, nos comprometemos a revisar el cumplimiento del Pacto de Movilidad Sostenible de la ciudad, aprobado en 2011, con la participación de los colectivos ciudadanos y la prioridad de que la ratio de movilidad sostenible crezca en nuestra ciudad”. Y eso es todo lo que se dice sobre movilidad en el acuerdo programático del gobierno municipal tripartito.

Esto significa que, cuando llegaron al gobierno municipal los tres grupos políticos en junio de 2015, no tenían ningún plan de movilidad para la ciudad, ni sabían nada del BRT (ahora bautizado como la Metroguagua) ni tenían ni idea sobre las bicis y sus famosos carriles con los que están regando la ciudad.

Por supuesto, no hay ningún plan de movilidad escrito, en el que se defienda o por lo menos se hable de la Metroguagua y de las obras que están haciendo, ni la extensión de los carriles bici. O sea, que todo está siendo una improvisación de unos iluminados que deben pensar que están en posesión de la verdad absoluta y no reconocen el desaguisado que están ocasionando en la ciudad.

Las obras de la Metroguagua que han cerrado la Avenida Mesa y López, están ocasionando atascos en varios puntos de la ciudad, y van a seguir atascando la ciudad cuando se terminen, ya que por dicha avenida solo circulará la Metroguagua, ni taxis ni coches.

Esta obra en concreto está ocasionando espectaculares atascos en varios puntos de la ciudad. El primero de ellos es el tapón que se forma, a cualquier hora, en el túnel de Julio Luengo. Antes se recorría en 4 o 5 minutos en horas no puntas de la ciudad. Ahora a cualquier hora, sea a media mañana o media tarde, se tarda de 10 a 15 minutos, y siempre está atascado.

El atasco que se forma a la salida del túnel de Julio Luengo hace que los vehículos que vienen por la autovía marítima en dirección norte para coger  el citado túnel, se atasquen también, Y la cola de vehículos que ocupan los dos carriles de la autovía marítima llega muchas veces a la altura del Parque Romano.

Los otros dos carriles de la autovía marítima en dirección norte sufren la retención del trenzado de Alcaravaneras para acceder a la zona de la Base Naval, que hace que los atascos lleguen casi hasta la rotonda de salida del túnel de Julio Luengo. Si se supera el trenzado anterior y se accede a la autovía para llegar a la Base Naval, hay que armarse de paciencia ya que el semáforo cambia con mucha rapidez, y casi siempre hay atasco.

Si se accede a la Avda. Mesa y López desde Guanarteme (o desde la circunvalación), la cosa está peor. Todos los semáforos de esta avenida han sido sincronizados – desde Guanarteme hasta la plaza de la Victoria – para evitar que los coches entren en tromba por la calle Néstor de la Torre. De manera que, cuando se entra desde la plaza de América a la Avda. Mesa y López, y el primer semáforo se pone en verde, el siguiente se pone en rojo. Y así todo el tramo. Un recorrido en el que se tardaba no más de 2 ó 3 minutos, ha pasado a recorrerse en 6-9 minutos.

Y el superatasco a muchas horas del día, consecuencia de las obras de la Metroguagua, es el que se produce en el trenzado de Alcaravaneras en el sentido Norte-Sur, antes de llegar al túnel Julio Luengo. Aquí siempre ha habido atascos en horas punta, pero ahora los hay a cualquier hora. Y claro, las colas llegan hasta la plazoleta de Belén María, y colapsan la salida del muelle y la del Sebadal.

Como sufridores de las obras de la Metroguagua están, además de los vecinos de Nestor de la Torre, los vecinos de  Alcaravaneras, que antes accedían a sus casas y garajes con toda tranquilidad por Pio XII y Galicia, y que ahora tienen atascos para salir de sus casas y para entrar en ellas.

Además de las obras y atascos señalados, ahora también queremos parecernos a Sevilla en el número de ciclistas. Las comparaciones son odiosas, pero comparar Sevilla – ciudad totalmente plana – con nuestra ciudad, es de locos. Parece que nuestros gobernantes se autoengañan y no quieren ver la realidad. Una ciudad que tiene al 60 ó 65% de sus habitantes en zonas altas, con grandes desniveles, no puede ser comparada con Sevilla, ni aunque pongan todas las bicis eléctricas.

En resumen, no hay un plan de movilidad conocido, ni un plan para implantar el uso de la bici que sea medianamente racional, y lo más grave es que los ciudadanos están sufriendo las ocurrencias de unos iluminados que niegan que haya atascos. Están consiguiendo inmovilizar la ciudad.

La buena noticia es que tenemos elecciones municipales en cinco meses.

Siendo verdad la noticia, no es menos real que Sacyr Vallehermoso ha vendido sus acciones en Emalsa (un 33%) a Saur, que, teniendo ya otro 33% de las acciones, ha pasado a ser el único accionista privado de Emalsa, con el 66% de sus acciones. La coincidencia el tiempo de esta operación de Saur España con la del fondo de inversión sueco EQT comprando la mayoría de Saur en Francia pudiera dar lugar a confusión.

Los suecos de EQT han pasado a ser dueños del 66% de Emalsa por casualidad, sin saber qué es. Desde luego, por aquí no ha venido ningún sueco. La jugada que nos afecta a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria es que Saur tiene ahora un 66% de las acciones de Emalsa, y el Ayuntamiento ha quedado en minoría con el 34%.

Según el artículo 11 del “Pliego de Condiciones” que rigió la selección de los adquirientes de acciones de Emalsa en septiembre de 1992, un solo socio privado no podrá ostentar más del 49% de las acciones de la compañía. En caso de que fueran dos los socios privados, podrían llegar al 66% entre ambos.

Ahora se da el caso de que un solo socio privado ostenta el 66%, pero como quien hizo la ley hizo la trampa, seguro que Saur demostrará que las empresas titulares de cada 33% de las acciones son compañías diferentes. Eso sí, bajo el control y dominio de Saur, aunque con diferentes nombres.

A efectos de Emalsa y de los ciudadanos que pagamos por el suministro del agua, Saur es quien nombrará a sus consejeros en Emalsa y quien dirigirá la compañía como hasta ahora, a través de su Comité de Gerencia, que era y es quien impone la política a seguir por la empresa. O sea, más de lo mismo. El anterior socio privado (Sacyr Vallehermoso) no tenía mucha idea de lo que era el negocio del agua, y quien tenía la voz cantante en Emalsa era Saur, por lo que no hay cambios en el horizonte, pero ahora con el 66% de las acciones.

En la prensa ha salido el plan de marketing de lo que algunos llaman la “nueva Emalsa”, anunciando una nueva etapa donde se dará prioridad a la atención al cliente, a la transparencia en su relación con el Ayuntamiento y, entre otras medidas, a un plan urgente de inversiones por 3,5 millones de euros. Me van a permitir que sea muy escéptico con dicho plan de marketing. Que Saur anuncie que va a ser transparente en su relación con el Ayuntamiento, después de lo que hemos sabido en los últimos cinco años de lo que han hecho en Emalsa y con Sercanarias, y que ha quedado por escrito en dos informes de técnicos municipales diferentes (uno en el mandado del alcalde Cardona y otro en del alcalde Hidalgo), es algo difícil de digerir. Y con respecto al plan urgente de inversiones por 3,5 millones de euros, la pregunta es, ¿los 3,5 millones de euros los va a aportar directamente Saur o sus empresas, o van a salir de Emalsa? Porque si van a salir de fondos de Emalsa, los dineros los aportamos los ciudadanos que pagamos religiosamente el recibo del agua. Así también invierto yo, con el dinero de los demás… Lo siento, pero no creo en la conversión de Saur. Milagros los justos.

Con respecto a la actuación del alcalde, es muy difícil creerse que los antiguos socios privados de Emalsa – Valoriza (Sacyr) y la francesa Saur – hayan efectuado la operación de compraventa del 33% de las acciones de Valoriza a Saur sin contar con la aprobación del alcalde y presidente de Emalsa. Ninguna compañía, y menos una multinacional, se arriesga a que le echen para atrás una operación de este calibre.

Con la operación de compraventa ya efectuada, el alcalde nos sale con la petición de un informe jurídico a ver si la operación se ha hecho correctamente, y no ha lesionado los intereses del Ayuntamiento. ¿Y por qué no lo encargó antes de cerrarse la operación?

Por otra parte, el alcalde metió la pata al decir que “ahora no hay dos compañías competidoras como había antes – en relación a Valoriza (Sacyr) y Saur – lo que facilitará elaborar un plan estratégico para Emalsa”. Ya reconoce que solo hay una compañía propietaria del 66%. ¡Vaya manera de defender los intereses de los ciudadanos!

En el informe jurídico que ha encargado el alcalde, también tendrán que explicar por qué no se le ofreció al Ayuntamiento las acciones de Sacyr, ya que según el artículo 9 sobre “Transmisión de acciones” de los Estatutos de Emalsa, “La transmisión total o parcial de las acciones de clase B está sujeta al derecho de tanteo por el accionista público”.

El documento “Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria” que firmó y presentó el gobierno municipal tripartito al comienzo del mandato, en su apartado “Sobre la prestación del servicio de abastecimiento de aguas”, dice textualmente: “Podremos en marcha la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que plantee las bases y las repercusiones económicas, como paso previo necesario de cara a disponer de toda la información precisa ante un posible escenario orientado a la remunicipalización del servicio de abastecimiento y gestión del agua, en caso que se acredite lesión del interés general o incumplimiento de las condiciones contractuales”.

El informe técnico, presentado por Benito Cabrera, dejó claro la cantidad de irregularidades que estaba cometiendo Emalsa. No le hicieron caso. Ahora, el gobierno tripartito hubiera tenido la oportunidad de comenzar la remunicipalización, haciéndose con el 17% de las acciones de Sacyr, y obteniendo el 51% de las acciones de la empresa. Pero no lo ha hecho. Permítanme ustedes seguir siendo escéptico con las actuaciones de este alcalde y del tripartito.

De esos diez expedientes, uno obliga a pintar el coche – que la empresa contratada para el mantenimiento de señales de tráfico salpicó de otro color – a un particular, por un importe de 6.500 €. En otro, más grave, una vecina denuncia haberse caído en una “ranura” entre el alcantarillado y el bordillo de la acera. El CCC recomienda una indemnización de 15.000 €. En un tercer caso, un residente demanda 34.588 € por meter el pie en un socavón cuando se disponía a coger la guagua, caída que le ocasionó contusiones que le hicieron estar 362 días de baja. Vías y Obras municipales había detectado la falta de la baldosa en diciembre de 2015 y el vecino se cayó el 16 de febrero de 2016. El Ayuntamiento arregló el desperfecto siete días después.

Y como esos casos, otros más que no relato para no cansar al lector. Pero es evidente que el mantenimiento de las calles de nuestra ciudad deja mucho que desear. No hay nada más que darse un paseo por las calles para ver los bordillos de acera rotos, las baldosas rajadas o ausentes, los baches en el asfalto…

No sé si el nivel de averías en nuestras calles es mayor o menor que el de las calles de otras capitales como Madrid, Sevilla o Barcelona, pero lo que sí puedo decir es que es preocupante. Tanto como el de la cantidad de obras que, simultáneamente, se están llevando a cabo en los últimos meses  en nuestra capital – casi siempre en nuestras calles – y que hacen que, en algunos barrios, Las Palmas de Gran Canaria se parezca a Srebrenica, municipio de Bosnia Herzegovina, durante la guerra de los Balcanes.

Para que se hagan una idea, éstas son algunas de las obras que se están haciendo nuestra ciudad: en el barrio de San Nicolás, en el Parking de San Bernardo (en esa calle y en primero de Mayo), en la calle Blas Cabrera Felipe (Metroguagua), en la calle Galicia y Mercado Central (Metroguagua), en Mesa y López (Metroguagua), en las calles California, Perú, Salvador, Almansa, Lepanto, Párroco Francisco Rodríguez, Covadonga y Numancia (todas ellas en Guanarteme, por estar siendo peatonalizadas), la construcción de la Pasarela sobre la autovía, el tercer tramo de la peatonalización de Luis Morote, la obra de la segunda fase del Parque Marítimo en el Parque Santa Catalina, las obras de canalización en Juan Rejón, el acondicionamiento de viales en Tamaraceite Sur, y además  la reposición de viviendas en Tamaraceite.

Después de tres años de mandato municipal, pareciera que el gobierno tripartito de nuestra ciudad hubiera enloquecido con las proximidades de las elecciones en mayo de 2019 y se hubiera lanzado a hacer obras a todo trapo, para conseguir réditos electorales. Si así fuera, no sé quién es el estratega que ha diseñado el plan de obras, pero si sé que se ha equivocado. No se pueden acometer tantas obras simultáneamente, sin que los vecinos se harten de tener la ciudad agujereada de cabo a rabo.

Además, se están dando las circunstancias en alguna de ellas –  concretamente en las de la Metroguagua en la calle Blas Cabrera Felipe – en la que las obras llevan paradas desde hace dos meses porque la empresa adjudicataria (Joca Construcciones e Ingenierías) ha abandonado las mismas. Dicha empresa consiguió el contrato tras ofrecer una importante reducción (del 42,8%) sobre el precio de licitación. La obra salió al concurso por 6,7 millones de euros y Joca ofreció 3,82 millones de euros. Habría que recordar al concejal de turno que nadie da duros a cuatro pesetas y lo normal es que  esa “rebaja” se hubiera calificado de temeraria y el Ayuntamiento (o Geursa o Guaguas Municipales) la hubiera desestimado. Pero parece que las prisas pueden más que la lógica…

Otra obra, que también ha traído de cabeza a los vecinos, es la peatonalización de las calles California, Perú, Salvador, Almansa, Lepanto, Párroco Francisco Rodríguez, Covadonga y Numancia. También ha estado paralizada durante algunas semanas, después de levantar el asfalto de todas las calles, pendientes de unas tuberías que no le han llegado a la contratista.  Mientras llegan las tuberías, los vecinos no pueden acceder a sus garajes y la sensación de falta de planificación es la comidilla de todos.

Algunas de estas obras se han prolongado demasiado, y han afectado a los pequeños comerciantes del barrio, como el caso de las obras de la Metroguagua en la calle Galicia y cercanías.

A las obras indicadas, según anuncia el Ayuntamiento, se van a unir otras en varios barrios de nuestra ciudad, parece ser que con la finalidad de ser inauguradas antes de las elecciones del próximo mayo de 2019.

¿Quién le habrá dicho al estratega municipal que ha planificado las obras en el último año de mandato que así se ganan las próximas elecciones municipales?

Teniendo en cuenta los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias que comentaba al principio, sobre las caídas, inundaciones o accidentes en nuestras calles, ¿no sería más importante revisar las calles, de una punta a otra de nuestra ciudad, y reparar los desperfectos para evitar las caídas, inundaciones o accidentes de los ciudadanos? Igual el estratega municipal considera que así no obtienen réditos electorales, pero seguro que los ciudadanos estarían más seguros.

Una de ellas fue la presentación de un reformado del proyecto de obra del aparcamiento de San Bernardo, que nos va a costar a los ciudadanos 1,6 millones de euros más de lo previsto, además de prolongarse la obra más allá de los 17 meses previstos inicialmente.

Los avatares por los que ha pasado la obra desde que el gobierno municipal ordenara al concesionario el cierre por razones de seguridad en abril de 2016, han sido de lo más variopinto. El Ayuntamiento le reclama judicialmente a la concesionaria 2,5 millones de euros por su responsabilidad en el deteriorado estado del aparcamiento. Esto sucede en julio de 2017, un año y pico después de la orden de cierre.

El Ayuntamiento redacta un proyecto de obra y adjudica el concurso de construcción por 2,8 millones de euros, esto es, 300.000 euros más caro que el importe reclamado judicialmente a la primitiva concesionaria. Esto sucede en octubre de 2017 (20 meses después de haberse cerrado el aparcamiento).

Para sorpresa de propios y extraños, en noviembre de 2017, el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la anterior concesionaria para que, en vez de los 2,5 millones reclamados, ésta abone solo 1,1 millones de euros.

En resumen, la obra, en vez de pagarla el anterior concesionario como era lo lógico por haber permitido el deterioro de la concesión y no haber reparado los daños acaecidos durante su duración, la vamos a pagar los ciudadanos, que no tenemos culpa de nada. Del total de los 4,4 millones (incluido el reformado), los ciudadanos vamos a pagar 3,3 millones de euros.

No se ha visto ni oído a nadie, con responsabilidades municipales en este asunto, pedir disculpas a la ciudadanía. ¡Parecería que esto que ha sucedido con el aparcamiento de San Bernardo es normal!

Otra de las noticias – esta vez originada por el propio Ayuntamiento – fue la de que el próximo febrero en la antigua fábrica del hielo se abrirá un centro de día para 60 sin techo, y que el proyecto se ampliará con una tercera planta, con otro espacio para atender a otros 34 también de día.

Según el responsable de Cohesión Social, Jacinto Ortega, en el último estudio elaborado por el Ayuntamiento había 90 personas que pernoctan en la calle, aunque la cifra suele variar. Según el concejal, la capital cuenta en la actualidad con116 plazas alojativas para personas sin techo, más las de un primer piso tutelado puesto en marcha el año pasado.

Las nuevas instalaciones del centro de día para personas sin techo dispondrán de comedor, aseos y duchas. Según el concejal responsable, con el nuevo centro de día, las plazas pasarán a 161. Según parece el concejal no sabe sumar, porque 116 más 60 suman 176, no 161, pero vamos, eso es lo de menos. Lo demás es que, intencionadamente, se están mezclando datos que no se pueden sumar. Las plazas para dormir los sin techo, de que dispone el Ayuntamiento, son 116 (más las del piso tutelado). Y las plazas del nuevo centro son para uso de día – no dispone de dormitorios – y por lo tanto no se pueden sumar a las 116. ¿Intentan confundir a propósito o es que son tan melones que suman peras con manzanas?

Y mientras nos entretienen con estas sumas que no cuadran, Intersindical Canaria (IC) y la oposición denuncian que el Centro de Información y Asistencia Social de La Isleta solo abre los lunes y miércoles de 8 a 12,30 horas desde mayo, y la concejalía de Cohesión Social alega falta de personal. Este centro atiende a las personas del barrio más vulnerables, en exclusión social o en riesgo de estarlo, que cuando toman la decisión de ir a él, se encuentran con las puertas cerradas. IC dice que el responsable (el concejal de Cohesión Social) no se ha dignado pasar por el centro.

Se construye un centro de día – cuando faltan plazas alojativas para los sin techo por la noche – y no se atiende a las personas más vulnerables por falta de personal, cerrando el Centro de Información y Asistencia Social tres de los cinco días de la semana. ¿Usted entiende algo de lo que pasa en esa concejalía? Yo me declaro incompetente.

La última del gobierno municipal conocida es la de las horas extra de la policía local. El Comisario Principal y Jefe de la Policía Local ha tenido que enviar una comunicación a la Dirección General de Seguridad Ciudadana. En resumen, el Jefe de la Policía advierte que, como en febrero de este año se han pagado las horas extra del último trimestre de 2017 y las de los primeros meses de 2018 por importe de más de un millón de euros, y que las horas extra de marzo, abril y mayo han supuesto otros 400.000 euros, ya se ha rebasado el tope legal para todo el ejercicio de 2018. Por ello, advierte sobre la imposibilidad de realizar servicio en los eventos de lo que queda de año, al no presentarse voluntarios a realizar horas extra, como ya se detectó en las fiestas fundacionales de San Juan.

Cuando el Jefe de la Policía tiene que advertir sobre un tema puramente administrativo a sus superiores (concejales) sobre los pagos de las horas extraordinarias y la posibilidad de no contar con efectivos que quieran hacer las horas extraordinarias en eventos municipales como las fiestas del Carmen, las de San Lorenzo o el fin de año de verano en Vegueta, es que este equipo de gobierno municipal está haciendo aguas por todas partes.

Estos casos son buenos ejemplos de la nefasta gestión municipal del actual gobierno tripartido. ¡Y todas las noticias son solo del mes de julio de 2018!

Lo bueno (o lo malo) de las palabras que se dicen en los plenos municipales es que se graban, y luego se reflejan en el Diario de Sesiones, que es en el que figura la cita anterior, pronunciada hace menos de un año.

Para el ejercicio del 2017, el límite de la regla de gasto era de 273,8 millones de euros. Al Ayuntamiento se le fue la mano y se gastó 305 millones de euros. Esto es, sobrepasó el límite marcado por el Ministerio de Hacienda nada más que en 31 millones de euros. Mientras que el año pasado el cumplimiento era “de vital importancia”, este año, según David Gómez, el incumplimiento era de “carácter coyuntural”. ¡Cómo cambian las cosas en un año!

En cualquier caso, en su informe del 19 del pasado diciembre, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya había advertido que Las Palmas de Gran Canaria era una de las seis ciudades mayores de 250.000 habitantes que preveía incumplir la regla de gasto.

Como consecuencia de ese incumplimiento, el Ayuntamiento tiene que confeccionar un Plan Económico Financiero, al que el Ministerio de Hacienda tendrá que dar el visto bueno, y sobre cuyo seguimiento habrá que informar trimestralmente durante los ejercicios 2018 y 2019. ¡Esta vez al Ministerio no le van a meter otro gol! Es la primera vez en la democracia que el Ayuntamiento está bajo el control directo del Ministerio, por haber incumplido la legislación.

Por otro lado, y también referido a lo que se indicaba en el Diario de Sesiones arriba citado, el Ayuntamiento solo pudo utilizar el superávit del año 2016 como “mera amortización de deuda” – en palabras de David Gómez – ya que, como en 2017 no pagaban a los proveedores en los 30 días fijados por el Ministerio de Hacienda, no pudieron utilizar el superávit de 2016 en inversiones financieramente sostenibles. ¡Desde luego David Gómez no se ganaba la vida como pitoniso!

Referente a este último asunto, el utilizar el superávit de 2016 para amortizar deuda bancaria, la responsable del Órgano de Gestión Económico-Financiero municipal, en su informe de fecha 4 de abril de 2018, sobre la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, dice al pié de de la Tabla 7: “El superávit del ejercicio 2016 fue destinado, por obligación legal, a amortizar la deuda bancaria a largo plazo con entidades financieras…”.

En los últimos meses, el alcalde ha sacado pecho con respecto a la liquidación de la deuda bancaria del Ayuntamiento en varias declaraciones a los medios, pero nunca ha dicho lo que algunos sabíamos, y es que ha sido obligado por el Ministerio de Hacienda, y que no ha podido utilizar esos fondos en inversiones financieramente sostenibles, que es lo que le hubiera gustado. ¡A la fuerza ahorcan, señor alcalde!

En el pleno del pasado 5 de junio se vio la liquidación del presupuesto del 2017 y se trataron varios parámetros que son muy significativos de cara a la gestión del equipo de gobierno municipal. Uno de ellos fue el nivel de ejecución real del presupuesto, que alcanzó el 82,24%. Esto es, de 390,9 millones de euros se quedaron sin gastar 69,4 millones. Dicho así, el importe que no fueron capaces de gastar los munícipes puede no parecer excesivo, pero si lo vemos en perspectiva, la cosa cambia. En 2014 – gobierno del PP – el porcentaje de ejecución fue del 93,88%. En el 2015 – mitad del año PP y mitad el tripartito – el porcentaje de ejecución fue del 88,81 %. En el 2016 – año completo del tripartito – el porcentaje fue del 85,5%. Y el 2017, se ha bajado hasta el 82,2%. Como diría un amigo periodista, ¡a peor la mejoría!

Otra de las partidas que siempre llaman la atención en la liquidación de los presupuestos municipales, es el grado de ejecución de los gastos en inversiones. El pasado año 2017 se ha batido el record, pero por lo bajo. Me explico. En el año 2014, el grado de ejecución de las inversiones fue de un 77% de las presupuestadas. En el 2015, fue del 54,6%. En el 2016, fue del 56,8% y este último año 2017, el grado de ejecución ha sido del 42,61%. La disculpa que dio el gobierno municipal del tripartito fue que varias partidas – destinadas a inversiones – llegaron en los últimos meses y no se pudieron ejecutar. Es posible que tenga razón, pero los números son los números.

Hay otras cifras que, por más que se intenten retorcer o disimular, no pueden ocultarse. Y me refiero al famoso tema del “gobierno de las personas” que el tripartito ha intentado vender desde el primer día de su gobierno municipal. No han sido capaces de gastar ni el 68% del presupuesto destinado a gasto social – de todas las concejalías – del presupuesto inicial del 2017. Estamos hablando de no gastar más de 3,4 millones de euros, de un total de 10,6 millones de euros, en conceptos como el bono social del agua, o el famoso “IBI social”, que ha resultado nuevamente un fiasco, entre otros.

En definitiva, los números pueden estrujarse, alongarse, estirarse y hasta – a veces – ocultarse, pero cuando aparecen en un documento oficial, informado por el órgano de Gestión Económico-Financiero y por la Intervención, podemos dar las explicaciones “coyunturales” y las mediopensionistas, pero acaban cantando, y con fuerza, alto y claro.

El concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, ha presentado como un éxito la participación de los ciudadanos en las votaciones de las actuaciones que se seleccionaron para hacer algunas cosillas en la ciudad con los dineros municipales. Según él, han votado 3.758 personas – un 1,3 % de la población mayor de edad – de los 381.000 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.

De ellos, 956 lo hicieron online – por medios informáticos – y el resto (2.802) de forma presencial. Aceptando como correctos – que no buenos – los resultados, las preguntas serían: ¿cuánto dinero le costó al Ayuntamiento el paseo del stand por varios barrios de la ciudad, para que los vecinos salieran de sus casas a votar? ¿cuántos días estuvieron dedicados los técnicos municipales a esa labor? Si no hubieran montado el stand y no se hubieran anunciado en la prensa, ¿habrían votado los 2.802 vecinos?

Estoy completamente seguro de que, si hubieran enviado encuestadores a visitar los domicilios de las barriadas de nuestra ciudad, hubieran conseguido más votantes. Pero ¿es esta la participación ciudadana que se persigue? No nos engañemos, los 2.802 votos presenciales y los 3.758 votantes totales no son ni de lejos un buen resultado para los primeros presupuestos participativos de la ciudad, por más que el concejal lo califique de éxito.

Como muestra de que, cuando quiere y le interesa, la gente participa y mucho, es el resultado de la votación “online” para elegir la alegoría del Carnaval del próximo 2019. ¡6.348 votos! Casi siete veces más que los votantes “online” de los presupuestos participativos. ¡Y sin montar carpas o stands por la ciudad!

El caso es más grave si tenemos en cuenta que en los presupuestos participativos, los votantes decidían a donde iban unos dineros (no muchos) para pequeñas obras y equipamientos en la ciudad, mientras que en la alegoría del Carnaval no se mueve ni un euro.

Sergio Millares debería replantearse por qué los vecinos de nuestra ciudad pasan olímpicamente de la participación ciudadana, y darle la vuelta como un guante a las actuaciones municipales de cara a atraer a los vecinos y, sobre todo, contar con ellos de verdad, no de coña como hasta ahora.

El tema de Sercanarias es muy preocupante porque afecta a un servicio municipal esencial como es el del mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad. Recordar a los lectores que a Emalsa le adjudicó este servicio el alcalde Soria en 1998. Hasta el 2008, el servicio lo prestaban varias compañías subcontratadas por Emalsa. Pero en 2008, los socios privados de Emalsa – Saur y Valoriza – crearon Sercanarias, con el beneplácito del alcalde Saavedra. En pocos años, Sercanarias se quedó haciendo – en exclusiva – el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad.

Los empleados de Sercanarias están en huelga indefinida desde el pasado 2 de mayo porque la dirección de la empresa quiere modificar el texto del convenio e introducir varios cambios que los trabajadores no aceptan porque les perjudican ostensiblemente. La empresa no acepta la intermediación del Ayuntamiento. Los negociadores se trasladan a las reuniones desde Madrid y, cuando termina la reunión, se vuelven a Madrid y hasta la próxima.

Según el gerente de Sercanarias, ésta no acepta la mediación municipal ya que “la compañía es una empresa privada, sin relación contractual con el Ayuntamiento”. Y siendo verdad lo que dice, conviene recordar que el alcalde Hidalgo anunció en 2015 que le retiraría el saneamiento a Sercanarias. Y también que el Ayuntamiento es el responsable final del servicio de mantenimiento del alcantarillado de la ciudad

En estos días, el alcalde Hidalgo ha solicitado a Sercanarias que abandone el servicio de alcantarillado y que éste salga a concurso o que Emalsa lo asuma directamente. También ha solicitado al consejo de administración de Emalsa que se penalice a Sercanarias por cada servicio que ha dejado de realizar y se le descuente el importe del mismo.

El alcalde calificó de muy poco seria la actitud de los responsables de la empresa. Todo muy bien, pero la huelga sigue, los socios de Sercanarias hacen oídos sordos y la ciudad paga el pato. Todo el palabrerío del alcalde Hidalgo no sirve de nada si no se toman medidas serias contra Sercanarias y sus socios… pero para eso hay que tener arrestos, y el alcalde Hidalgo, en el tema de Emalsa, ha demostrado exactamente lo contrario.

Desde que lo nombraron alcalde, y desmontó la intervención municipal en Emalsa, siempre ha navegado en el rumbo que le han marcado los socios privados y eso que es consciente de que hay un informe municipal de mayo de 2011 advirtiendo que la subcontratación del servicio de limpieza del alcantarillado a Sercanarias es ilegal, ya que vulnera varias leyes estatales e incumple el pliego de condiciones administrativas de la concesión de Emalsa y el contrato se saneamiento firmado en 1998.

El alcalde Hidalgo lo tiene fácil. Le abre un expediente a Sercanarias en base al citado informe y le retira de forma cautelar el mantenimiento de la red de alcantarillado. Si Emalsa patalea y se niega a prestar el servicio, el Ayuntamiento lo vuelve a prestar directamente, contratando al actual personal de Sercanarias o subcontratando a una empresa que subrogue a dicho personal. Alguna vez el alcalde tendrá que cumplir sus promesas. Digo yo.

El pasado 5 de abril aparece una noticia en La Provincia que, al no estar firmada por ningún periodista colijo, se trata claramente de una nota de prensa municipal - en este caso de la Concejalía de Cohesión Social (vamos, publicidad y propaganda encubierta) - cuyo titular en grandes caracteres dice: “El Ayuntamiento atiende en un año a 50.000 personas en riesgo social”. Luego la noticia entraba en detalles informando que en 2017 destinó un total de 2.403.571 euros para subvencionar a organizaciones sociales que trabajan en el municipio. La cifra supuso un incremento de 116.000 euros con respecto a la de 2016, y permitió poder atender a través de 248 proyectos a cerca de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad social.

No es que uno sea mal pensado, pero la primera ocurrencia fue dividir los 2.403.571 euros entre las 50.000 personas para ver de cuánto era la ayuda por persona. El resultado es que cada una de las 50.000 personas – en situación de vulnerabilidad social, según la nota – recibió de promedio 48,07 euros. Si, ha leído usted bien: 48,07 euros por cabeza.

Por si hay algún error, la nota dice que “los datos se desprenden de la Memoria del Plan de Subvenciones que ha elaborado el Ayuntamiento por primera vez”.

Es evidente que, si el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, quiso sacar pecho con la noticia, ha conseguido el efecto contrario. Dar 48,07 euros a 50.000 personas en situación de vulnerabilidad social es, cuando menos, una tomadura de pelo, si no una broma macabra.

Unos días antes, La Provincia titulaba otra noticia: “Multa como puedas”, esta vez firmada por una periodista de la casa. En ella, se explicaba que una ciudadana que conducía por la Avenida Marítima en dirección a Puerto fue captada por el radar fijo que está en dicha Avenida, y multada por circular a 98 km por hora. Según la multa, la infracción se cometió en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, en el kilometro 5,5.

Como todos sabemos, la calle Alcalde Ramírez Bethencourt es de dirección única hacia el Parque San Telmo. Por lo tanto, la ciudadana no podía circular por ella porque iba en dirección Puerto. Pero es que además, la citada calle tiene 4 kilómetros y, según la multa, se produjo en el kilometro 5,5. Por último, y también es por todos sabidos, esa calle carece de radares fijos.

La conductora interpuso un recurso contencioso-administrativo, pendiente de resolución. El letrado del Ayuntamiento reconoció que la infracción fue captada por un radar fijo de la Avda. Marítima y aseguró que fue un error del agente que tramitó la sanción. Hasta aquí, todo parece producto de un error humano que pudiera darse alguna una vez.

Pero el abogado de la conductora sospecha que el cambiazo de la calle se produjo a fin de poder cobrar la sanción, ya que la Policía Local no tiene competencias para multar en las vías interurbanas como la GC.1. Además, el abogado añade que, el mismo día que multaron a su cliente, “figuraban 20 clientes denunciados en el mismo lugar, en el kilometro 5,5 de la calle Alcalde Ramírez Bethencourt”, y se pregunta “¿se equivocó el policía local ese día o se equivocan todos los días?”. El abogado se sigue preguntando si esto es un desaguisado del policía, del instructor, o de los responsables de seguridad que están cobrando a los ciudadanos falseando la realidad.

Si no fuera por la gravedad de los hechos, esta noticia parece de las de Jaimito y la profesora. Por cierto, nadie del Ayuntamiento ha hecho declaraciones sobre estos hechos que, como vemos, han afectado en un solo día a más de 20 ciudadanos. ¿No nos merecemos que algún responsable municipal explique qué porras está pasando? A los conductores habituales que pasan por la Avda. Marítima se les recomienda que lean con detenimiento las multas que les puedan llegar, por si se la quieren pegar con queso.

La última noticia destacada en la prensa local es la de la participación ciudadana acerca de las propuestas sobre los 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento destinó a los presupuestos participativos. Que, en una ciudad de casi 400.000 habitantes, la participación ciudadana haya sido de 39 colectivos (habiendo más de 250) y 69 ciudadanos a título individual es para tirarse de los pelos o mejor, para que el concejal de Participación Ciudadana dimita.

Pero no, el concejal Sergio Millares, en un artículo publicado en La Provincia, dice literalmente que “La primera etapa se cubrió con un notable éxito” en referencia a las 300 propuestas presentadas por la ciudadanía. Mientras no tengamos claro que la participación ciudadana es la asignatura más importante de un Ayuntamiento, seguirá siendo un fracaso. Y 300 propuestas, con 39 colectivos y 69 ciudadanos participando, es un rotundo fracaso. Se mire por donde se mire.

Quiero recordarle al concejal de Participación Ciudadana, que en La Coruña (243.000 habitantes), sin tener personal en la concejalía de participación – que no existía – el primer año (2016) de presupuestos participativos, 2.000 ciudadanos participaron en ellos. Pero antes los formaron, claro.

En el Ayuntamiento hay un departamento de Participación Ciudadana con muy buenos profesionales, pero falta dirección política. Hay que buscar a los ciudadanos, a los jóvenes, a las personas de mediana edad, a los mayores, y explicarles las ventajas de participar en la vida de nuestra ciudad. Hay que reunirse con ellos en los barrios, en los bloques de edificios, en los parques, en las bibliotecas municipales, en las calles. Y así, algún día, tendremos una participación apropiada a los tiempos de la democracia participativa que supuestamente corren.

La guerra sobre la documentación de la MetroGuagua se basaba en que, la que entregaba el Ayuntamiento era siempre sobre el “Anteproyecto”, y nunca sobre un proyecto completo.

La cuestión quedó completamente aclarada con la entrega reciente de la documentación, que incluía una carta, dirigida a Beatriz Correas, sin fecha, y firmada por José Eduardo Ramírez. Éste, en dicha carta reconoce que la documentación existente sobre la MetroGuagua corresponde al anteproyecto, el que generó en 2014 el Grupo Popular, y que no hay proyecto final sobre el trazado y obras que se realizaran para la implantación de la MetroGuagua en nuestra ciudad.

El pedazo de concejal dice, sin cortarse un pelo, que “… hasta que no finalice la ejecución de cada una de sus secciones (se refiere a cada uno de los tramos en que hay que realizar obras), no se constituye el mismo como proyecto…”, y por si teníamos alguna duda, continua “… el proyecto oficialmente se denomina ”anteproyecto“, nombre que cambiará una vez terminen las obras de cada uno de los ocho tramos en los que se divide”.

Imagino que a los arquitectos, ingenieros, empresas de construcción, etc., se les habrán quedado la cara a cuadros. El Ayuntamiento, para una obra que recorre 12 kilómetros de la ciudad, no tiene un proyecto de obra completo. Solo un anteproyecto, que, cuando terminen las ocho obras, pasará a ser un proyecto. ¿Pero esto lo puede decir un concejal sin que nadie le diga el disparate que está cometiendo? ¿Cómo se puede poner en marcha, sin proyecto completo, una obra de la envergadura de la que necesita la MetroGuagua? ¡Y que cuesta un montón de millones!

Imaginemos que hay serias dificultades para llevar a cabo uno de los tramos de la obra, y que no se puede terminar el recorrido completo de la MetroGuagua porque no se hizo el proyecto correspondiente antes de comenzar. Me refiero al cruce de Bravo Murillo con Rafael Cabrera. ¿Quién es el responsable del desaguisado? ¿Quién apechugará con las consecuencias? Es incomprensible que por las prisas que el gobierno tripartito ha impuesto con este proyecto, la ciudad sea llevada al caos circulatorio y al caos económico. ¡Y encima la obra completa no se va a acabar en este mandato municipal!

Además del nuevo concepto de “proyecto cuando se termine la obra”— y no antes de empezarla — José Eduardo Ramírez hace filosofía política en el citado escrito a la concejala Correas, cuando dice “…quiero señalar que la MetroGuagua es un proyecto político, sustentado en base a un modelo concreto de movilidad (y relaciona una serie de pactos, planes, acuerdos, protocolos, subvenciones, etc.) y que, como tal, no está sometido a exposición pública…”.

¡Ahora resulta que la MetroGuagua es un proyecto político y por eso no está sometido a exposición pública! Siempre había creído que un proyecto político era un conjunto de medidas y proposiciones que hacían los partidos políticos, los candidatos, etc., para comprometerse a cumplirlos cuando gobiernen. Pero si un partido dice, en su programa o proyecto político, que si llega al gobierno municipal va a construir un mercado, un centro cívico y una fuente, no se le ocurre, si llega al poder municipal, hacer estas obras sin un proyecto de obra, como es obligatorio para cualquier ciudadano o entidad, pública o privada, y ejecutarlas sin llevarlas previamente a exposición pública, como manda la Ley.

Pero no crean que la cosa termina aquí, no. La concejala Beatriz Correas es muy persistente y le pidió por escrito al concejal de Movilidad copia de la encomienda que el Ayuntamiento hizo a Guaguas Municipales, para dirigir y efectuar las obras en la ciudad. Siempre que el Ayuntamiento lleva a cabo alguna acción, para la que no tiene servicios preparados o estos no tienen suficiente capacidad y tiene que ser realizada por una empresa pública municipal, le da una encomienda para que ésta la lleve a cabo. Como ejemplo, todo el operativo de las bicicletas municipales la llevó a cabo Sagulpa mediante una encomienda municipal.

El pedazo de concejal contesta que “En relación a su solicitud de copia de la encomienda a Guaguas Municipales para la realización de las obras necesarias para la BRT-MetroGuagua […] comentarle que no se ha hecho encomienda por no resultar procedente”. La concejala Correas pensó que el “no resultar procedente” hacer una encomienda, debía ser porque la empresa municipal Guaguas Municipales tendría en sus estatutos sociales la capacidad para efectuar obras municipales, adjudicando contratos de obra, etc., y se fue a buscar los citados estatutos.

Pues resulta que tampoco figura en sus estatutos la capacidad para hacer obras, a menos que el Ayuntamiento le confiera directamente la encomienda de gestión o le adjudique los contratos que sean precisos, cosa que no es lo que está sucediendo con las obras de la MetroGuagua.

En definitiva, estamos ante la obra municipal más cara de la historia de la ciudad en los últimos 40 o 50 años, que afecta a 12 kilómetros a lo largo de la ciudad y no tiene declaración de impacto ambiental, no tiene proyecto de obra (ni siquiera un proyecto básico), no se ha expuesto a información pública, y está siendo ejecutada por una empresa municipal sin encomienda del Ayuntamiento. ¿Alguien es capaz de tantas irregularidades juntas? Sí, nuestro Ayuntamiento. ¿Será por ignorancia o por estupidez? Las prisas nunca fueron buena compañera.

La primera noticia fue que la policía local de Gran Canaria se queda sin prácticas de tiro por una deuda del Ayuntamiento de dos años. El secretario del Club de Tiro Deportivo Camino de Leñadores (en Las Majadillas) informa que el Ayuntamiento debe a la sociedad 9.000 € de los años 2016 y 2017. Desde el mes de enero, las instalaciones se han cerrado para la policía local de la ciudad. El presidente del sindicato USPB, de la Policía Local, comenta que “es una obligación legal de la Policía Local ir al menos dos veces al año al tiro”. Los fondos líquidos municipales (el dinero que tiene el Ayuntamiento en los bancos) a 30 de septiembre ascendían a 165,3 millones de euros. Sin comentarios.

La segunda fue relativa a Guaguas Municipales. El comité de empresa dirige un escrito al director general de la compañía, solicitando mayor previsión a la hora de establecer los servicios especiales de cara a eventos como la Copa del Rey de baloncesto, donde miles de aficionados se quedaron tirados en Siete Palmas por la baja frecuencia o la escasez de guaguas. El jueves día 15, después de los dos partidos que inauguraron el campeonato, los aficionados salieron del Gran Canaria Arena y las guaguas no aparecieron por ningún lado. Como verán los lectores, no es un tema de dinero, sino de mala organización que pagan los ciudadanos, y en concreto en un espectáculo como la Copa del Rey, que afectó a miles de aficionados, sobre todo peninsulares.

La tercera noticia es del sindicato CSIF, que advierte al Ayuntamiento de que las grúas elevadoras de las que disponen los vehículos del servicio municipal de alumbrado están en un lamentable estado de abandono. Pero la cosa viene de viejo. El sindicato ya denunció el tema el pasado mes de septiembre ante la Inspección Provincial de Trabajo. El 17 de diciembre la Inspección de Trabajo dio un plazo máximo de un mes para que subsanasen las deficiencias.

Según el CSIF, las grúas elevadoras no han pasado las obligatorias revisiones periódicas y, por lo tanto, no disponen del certificado que garantiza su correcto estado de uso, teniendo algunos de dichos vehículos una antigüedad superior a los 20 años. Este no es un caso de dinero ni de mala organización. Es de pura desidia y afecta a los propios trabajadores del servicio municipal de alumbrado.

La cuarta noticia nos la proporciona el colectivo Gamá de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Canarias, que a la puerta del Consistorio en la Plaza de Santa Ana, aprovechando el pleno municipal, reclamó a la Concejala de Igualdad el pago del convenio de 2016 (15.000 €) y la firma apalabrada del convenio de 2017 (otros 15.000 €), importes ambos de facturas que se le adeudan. Para justificar el retraso en el abono de la subvención y en la firma del convenio, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento capitalino, Diana Mújica, alegó la existencia de defectos de forma en las facturas de Gamá y la excesiva carga de trabajo que tiene el único funcionario municipal que se encarga de este asunto. Lo de pura desidia es una expresión que se queda corta en este caso. ¿Desfachatez? ¿Cara dura? ¿Pasotismo? Que la concejala se escude detrás del funcionario, eso es de juzgado de guardia.

La quinta noticia es la de las 162 personas que fueron llamadas por teléfono el lunes para trabajar para el Servicio de Limpieza en un contrato de marzo a diciembre, y que dos días después las vuelven a llamar para decirles que había sido un error. Una gran mayoría de estas personas ya habían trabajado para dicho servicio, y no pensaron que, una vez se les llama, se pudiera dar marcha atrás. Hay casos dramáticos de personas que dejaron su trabajo, y ahora no tienen ni el suyo ni el que le ofrecieron.

La concejala, Pilar Álvarez, dijo que se está buscando una solución a la situación creada, al mismo tiempo que decía que ella no había dado ninguna instrucción para que se les contratara. No dudo de la palabra de la concejala, pero da lo mismo que ella diera o no la instrucción para que llamaran a los 162 trabajadores. El caso es que alguien con autoridad en el Servicio de Limpieza dio la instrucción, y se les llamó. La responsable final es la concejala, le guste o no le guste, y hay que apechugar con las consecuencias.

Por último, una noticia de elaboración propia. Me di una vuelta por las obras de la MetroGuagua que van desde Alejandro Hidalgo hasta Néstor de la Torre. Son 1.420 metros, según Google. Había 11 operarios. Uno solitario, cortando ladrillos entre Alejandro Hidalgo y Las Teresianas. Tres frente a la fachada del Estadio Insular y siete en la esquina de Galicia con Barcelona. La mayoría de las aceras cubiertas con una valla de plástico, impidiendo el paso, y por supuesto, sin ninguna actividad de operarios. Las obras que comenzaron a finales del junio pasado cumplieron ocho meses en febrero.

Entré en un par de negocios en la calle Galicia, que ya tienen – desde hace más de un mes – la acera levantada y en su lugar una capa de hormigón o cemento. Uno de los negocios es una tienda de informática. Las ventas le han descendido de 300 euros al día a 50 euros. Y así lleva más de un mes. La otra tienda era de ropa, y la señora me comentó que el escaparate que daba a Pi y Margall, había estado ocupado con piedras – de las de la acera rota – hasta hacía un par de días. Estaban muy preocupados, y más porque a partir del día siguiente, se iba a cortar completamente la circulación de cualquier vehículo durante tres meses, según los operarios.

El Ayuntamiento parece que no se ha puesto en el pellejo de los pequeños empresarios de la zona. Y les importa una higa que los comercios estén al borde del cierre. Si las obras se planificaran por zonas, podrían acabarse antes, pero eso es mucho pedir a nuestros diligentes concejales.

Estas son las desgracias municipales de las que nos hemos enterado. ¿Qué otras más estarán sucediendo y no salen en la prensa?