Ahmed Muin Abu Amsha es músico y profesor de música y, desde hace un año, enseña a tocar y a cantar a niños y niñas desplazadas de Gaza, donde él mismo se ha visto desplazado múltiples veces con su familia. En los campamentos de la Franja ha creado Gaza Birds Singing, un grupo musical formado por él y otros profesores que también enseñan a los más pequeños a cantar y a tocar instrumentos de percusión, el violín, la guitarra, el laúd o el ney (un tipo de flauta muy común en Oriente Medio).

Recuerda que, al principio, su iniciativa fue recibida con escepticismo. “Me reuní con los responsables de los campamentos para proponer actividades musicales, pero algunos se rieron. ”Me dijeron: ‘Necesitamos comida, agua, tiendas de campaña... ¿Qué puede hacer la música?’“. Su respuesta fue tajante: ”La música puede cambiar vidas“.

Con ese convencimiento nació Gaza Birds Singing. El proyecto creció rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en una de las expresiones culturales surgidas durante la guerra y que recaba apoyos internacionales para conseguir materiales didácticos e instrumentos. Hace días se han podido repartir instrumentos nuevos gracias a las donaciones, pero Abu Amsha no olvida los inicios difíciles.

Para mí es una demostración de cómo sobrevivir, de cómo convertir algo horrible en algo hermoso, de cómo crear vida en estas circunstancias de destrucción

Cuenta a elDiario.es que, en un comienzo, consiguió instrumentos que se vendían para hacer fuego debido a la falta de combustible en Gaza y que él mismo reparó para darles una segunda vida. “Así encontré un laúd y una guitarra que estaban destrozadas, los arreglé buscando cables e, incluso, con cables de bicicleta”, relata.

Fruto de ese ingenio que brota de la supervivencia también nació una de las canciones más famosas del repertorio de este particular grupo musical que recoge en el álbum Songs from the Rubble, compuesto íntegramente durante el genocidio en Gaza. Es conocida como ‘la canción del dron’ porque fue creada bajo el sonido incesante de los aviones no tripulados israelíes que sobrevuelan la Franja.

“Estábamos en una sesión de música en el centro de Ciudad de Gaza y había muchísimos drones sobrevolando y el ruido era espantoso. Entonces los niños me dijeron: ‘Profe, tenemos que parar, hay mucho ruido’. Pero yo les dije: ‘No. Nunca nos van a hacer parar. Vamos a cantar a pesar de este ruido’”. Fue entonces cuando Abu Amsha les propuso usar el zumbido de los drones como base para su pieza musical. “¡En pocos minutos ya teníamos la canción!”, celebra entusiasmado el músico de 43 años.

Tras grabar el resultado con su teléfono y subirlo a internet en agosto del año pasado, la canción se hizo viral, superando en un día el millón de visualizaciones. “Para mí es una demostración de cómo sobrevivir, de cómo convertir algo horrible en algo hermoso, de cómo crear vida en estas circunstancias de destrucción”, confiesa con orgullo y puntualiza, con conocimiento de causa: “La manera en la que los niños y niñas disfrutan de la música, muchas veces puede convertirse en terapia”.

La música como refugio

Con un alto el fuego vigente en Gaza –que Israel viola a diario–, Abu Amsha, acompañado siempre de su guitarra, visita hospitales, zonas habilitadas para atender a menores que lo han perdido todo, incluidos sus padres, y campos de desplazados.

A través de la música, como un trovador en medio de la devastación, da voz a los niños y niñas supervivientes, ofreciéndoles esperanza, alegría y herramientas para expresarse. “Tenemos que hacer comunidad y buscar la felicidad en cualquier circunstancia, aunque eso suponga cantar en medio del fuego. Y nunca olvidar que tenemos derecho a vivir como los demás, a vivir en paz”, afirma.

El músico y profesor originario de Beit Hanun, en el norte de Gaza y una de las localidades devastadas por la ofensiva israelí, denuncia que los gazatíes necesitan “una paz real, no una paz fake como la que sale en las noticias”. “Es falso, es propaganda, cada día están matando a gente, siguen bombardeando y destrozando nuestras vidas”, asegura.

Tenemos que hacer comunidad y buscar la felicidad en cualquier circunstancia, aunque eso suponga cantar en medio del fuego

Antes del genocidio, impartía clases en un colegio privado, enseñaba guitarra en el Conservatorio Nacional de Música Edward Said y formaba parte de la banda musical de la televisión palestina. “Nuestra vida ha cambiado al cien por cien. Antes trabajaba mucho, ganaba dinero. A veces tenía poco tiempo para mi familia, pero los fines de semana los disfrutábamos juntos. Era una buena vida”, afirma el también padre de cinco hijos, haciendo un ejercicio generoso de memoria con el fin de no borrar los recuerdos de Israel sepulta bajo los escombros.

Abu Amsha y su familia forman parte de los aproximadamente 2 millones de desplazados de Gaza, alrededor del 90% de la población de la Franja. “Nos hemos visto obligados a desplazarnos al menos 15 veces. Lo hemos perdido todo. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros negocios. Nada hemos recuperado”, lamenta dos años y medio después del comienzo de la brutal ofensiva israelí que se ha cobrado más de 72.000 vidas palestinas.

Cuando escapé de esta guerra no pensaba en la música ni en las clases ni en nada más. Solo pensaba en encontrar un lugar seguro para mi familia

La familia huyó de Beit Hanun a Yabalia, siempre en el norte de Gaza, a una escuela convertida en refugio y luego bombardeada por las fuerzas israelíes. Luego buscaron cobijo en el Hospital Nasser, en la localidad sureña de Jan Yunis, que también fue atacado. “Vi a muchísimas personas asesinadas a mi alrededor, así que volvimos a escapar sin nada encima”, relata a este periódico el músico con la voz entrecortada.

Posteriormente, fueron a Ciudad de Gaza para tratar de refugiarse en el Hospital Al Shifa, el más grande de la Franja y que fue destrozado por Israel en varios asaltos durante la guerra. Después, volvieron a Jan Yunis, pasaron por Rafah, los campamentos de Al Mawasi, Ciudad de Gaza y, de nuevo, Beit Hanun, para sortear los ataques del Ejército israelí. Ahora, Abu Amsha y su familia viven en el sur de Gaza, en la zona de Al Sawida, donde el paisaje lo dibujan dos mares: el Mediterráneo y otro inmenso de precarias tiendas de campaña instaladas a pie de playa.

La música había sido siempre la espina dorsal de su existencia, pero desapareció durante los desplazamientos forzosos. “Cuando escapé de esta guerra no pensaba en la música ni en las clases ni en nada más. Solo pensaba en encontrar un lugar seguro para mi familia”, explica.

Pero todo cambió hace un año en Rafah, en uno de los campamentos, donde alguien le tendió una guitarra. “Un amigo me dijo: ‘Eh, Ahmed, ¿puedes tocar algo?’. Era la primera vez que cogía una guitarra desde que empezó la guerra”. Relata que, con los primeros acordes, sólo sintió el peso de la nostalgia. “Entonces, empecé a tocar la guitarra y me dejé llevar por la música”, dice emocionado. Cuando quiso darse cuenta estaba rodeado de niños y niñas, de otros músicos y familias que se unieron a él y empezaron a cantar.

Así fue como se dio cuenta de que la música podía ser un refugio y un alivio para muchos. “De repente pensé: ‘¡Dios mío, hemos conseguido olvidar la guerra!’. Los niños estaban felices. Esos pocos minutos fueron sanadores”, dice. Aquel instante marcó un antes y un después, y fue el comienzo del camino que le llevó a fundar Gaza Birds Singing.

“Yo no puedo perder la esperanza. Me niego a pensar que está muerto”, repite una y otra vez la refugiada siria, Rana Ahmad Alnaif, desde su casa en Castellón. Estos días vive pegada al teléfono a la espera de recibir alguna noticia sobre el paradero de su marido, Wasim Mahmoud Alrumnan, desaparecido en el año 2012 en Siria cuando fue interceptado en un puesto de control de las fuerzas del régimen cuando iba de camino a su trabajo como repartidor de frutas y verduras.

Desde el pasado domingo, por primera vez, se abrieron las puertas de las prisiones que simbolizan el carácter opresivo de 54 años de gobierno de Hafez y Bashar Al Asad. El mundo entero se asoma ahora a comprobar las condiciones infrahumanas y de tortura que aplicaban en estos centros las fuerzas del recién derrocado régimen de la familia Al Asad, denunciadas desde hace años por la población siria, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos. Según datos del último informe de la ONG Syrian Network for Human Rights, al menos 136.614 personas (entre ellas 8.504 mujeres y 3.698 niños y niñas) fueron víctimas de arrestos arbitrarios por las fuerzas gubernamentales, desde 2011 hasta agosto de este año, y se encuentran desaparecidas.

También por primera vez, en mitad de esa oscuridad, se asoma la esperanza para miles de familias que buscan a sus allegados desaparecidos, algunos incluso desde los años 80. Pero, a medida que pasan los días, ese destello de ilusión y euforia, vivido durante los primeros días de esta nueva era en el país árabe, se va eclipsando por la incertidumbre, el caos y la falta de protocolos para poder obtener información y resguardo sobre los desaparecidos y los supervivientes.

Desde la plataforma Families for Freedom Syria, liderada por mujeres sirias con familiares desaparecidos, han lanzado a través de sus redes sociales un comunicado en el que instan a organizaciones internacionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Siria y a las nuevas autoridades en Damasco a “tomar medidas inmediatas” para “abordar el caos, negligencias y errores” que se están cometiendo en la apertura de las cárceles y la liberación de los presos. Reclaman, entre otras demandas, un registro oficial de los nombres de los cuerpos sin vida que se han encontrado, así como de las personas liberadas y garantizar su seguridad, sus derechos y la atención médica y psicológica, especialmente a mujeres y niños.

“No me creo que mi marido esté muerto”

“En estos años lo hemos buscado por todas partes y no hemos encontrado nada. Sólo en 2014, me llegó la noticia de que decían que estaba muerto”, lamenta Rana. “Pero yo no me lo creo. No me creo que mi marido esté muerto, no he visto nada que lo certifique”, atestigua. Y es que el hermetismo formaba parte del modus operandi del régimen sirio que, en ocasiones puntuales, publicaba listas de defunciones bajo custodia penitenciaria gubernamental o eran los propios funcionarios los que confirmaban verbalmente la muerte de los detenidos a sus familiares. Sin embargo, las familias afectadas no podían conocer realmente si estaban vivos o muertos, porque ni recibían sus cuerpos ni conocían las circunstancias de su muerte, ni mucho menos podían darles sepultura. “Todo ello es necesario para que pueda hacerse justicia”, señala a elDiario.es la abogada siria Noura Ghazi.

“Mi madre lleva días que no duerme, sólo llora y se pasa las horas buscando en Facebook y en las noticias, cualquier prueba o foto en la que aparezca mi padre”, explica Nada de 16 años, hija de Rana Ahmad y Wasim Mahmoud.

A esta angustia se suma la impotencia de vivir en el exilio y no poder sumarse a la búsqueda por las cárceles del país que han emprendido miles de familiares de desaparecidos en los últimos días en busca de sus seres queridos o de alguna mínima pista que les permita saber dónde están, si siguen vivos o muertos. “Los hermanos de mi padre y de mi madre han ido a Sednaya y a otras cárceles, pero no han encontrado nada”, cuenta la adolescente, refiriéndose a la famosa cárcel a las afueras de Damasco y conocida como “el matadero humano”, según un informe de Amnistía Internacional de 2017, en el que la ONG recogía los casos de 65 supervivientes, que describieron los terribles abusos, ahorcamientos y torturas que allí se cometían. 

La joven Nada, que acompaña a su madre con mucho amor y respeto en esta especie de duelo que no llega, reconoce que su mente se abre a todos los escenarios posibles. “Es raro, ¿sabes? Porque a veces pienso que, si mi padre apareciera con vida, cuál sería mi reacción, qué haría, ¿iría a abrazarle?”, se pregunta en voz alta. “Casi no tengo recuerdos de él, pero le tengo muy presente porque mi madre me habla mucho de él y me gusta escucharla, pero mi hermana pequeña ni siquiera llegó a conocerle, mi madre estaba embarazada cuando desapareció”, lamenta.

“No sabemos nada de ninguno de ellos”

Wasim Al Naser también vive estos días pegado al teléfono esperando desde Madrid alguna noticia de sus seres queridos que, desde el 8 de diciembre, recorren el país en busca de sus familiares desaparecidos. En el caso de esta familia palestina refugiada en la ciudad siria de Daraa (sur), buscan a sus primos Ahmad, Ramzi, Anas, Hamada y Wisam, encarcelados y desaparecidos en 2012, 2013 y 2018.

“Ahmad era el más joven, tenía sólo 16 años y estudiaba en Damasco cuando le detuvieron en un control rutinario de las fuerzas del régimen en Yarmouk [el campamento de refugiados palestinos cerca de la capital]”, rememora Wasim. “No sabemos nada de ninguno de ellos, no sabemos si están vivos o muertos, ni dónde podrían estar. Sólo tenemos la sospecha de que Hamada está muerto porque creemos haberle reconocido entre las fotos del ‘archivo César’”, explica.

“Ahora mismo vivimos una mezcla de emociones muy difícil de explicar. Vivimos con miedo, esperanza, tristeza. Además, hay mucha información contradictoria en las redes sociales sobre lo que se está encontrando en algunas cárceles que se han labierto. Las primeras imágenes que nos llegaban daban esperanzas, porque veíamos a los supervivientes, pero sobrevivir a sitios como Sednaya es un milagro, porque son auténticos campos de exterminio y cuanto más pasan los días parece estar más claro que, los que siguen sin aparecer, están muertos”, lamenta Al Naser. “Desde la lejanía vivo todo esto con mucha impotencia, es difícil expresarlo con palabras”, se lamenta este palestino-sirio que llegó a España en 2014 en busca de refugio.

El pasado martes 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, Hanaa Abed al Kafki recibía noticias de su familia desde Siria, confirmando lo que todos temían. “Mi sobrino Nauras Rabe está entre los muertos encontrados, tenía solo 14 años cuando se lo llevaron en 2012”, denuncia esta mujer refugiada en Lugo, junto a su marido e hijos. “Pero todavía tengo muchos más familiares de los que no sabemos nada, como mi tío Abdul Qader Al Shater, que desapareció en 2012”, asegura.

Hanna no se separa de su teléfono móvil ni pierde de vista cualquier actualización en grupos de redes sociales donde los familiares de desaparecidos se organizan compartiendo datos de los suyos, con el fin de encontrarlos o recabar alguna pista sobre su paradero. “Por un lado, nos hace muy feliz que este horror se haya terminado, pero, por otro lado, estamos viviendo estos días con mucha impotencia”, al no estar presentes en esa búsqueda física que otros allegados están haciendo en Siria.

Su marido, Abdel Hakim Sharif Al Suleiman, se une a la conversación. “En 2011 estaba en una de las manifestaciones pacíficas que hacíamos esos días para pedir la libertad del pueblo, cuando me detuvieron y me llevaron a una comisaría de la mujarabat [los servicios de Inteligencia] en Homs. Gracias a Dios, sólo pasé dos semanas allí dentro, pero, al igual que todos los demás, sufrí todo tipo de torturas: nos apagaban cigarros en el cuerpo, nos pegaban, insultaban, nos daban descargas eléctricas. Me rompieron huesos…”, recuerda Abdel Hakim. “Esto era lo más básico que te podían hacer, en otros lugares la tortura era peor”, asegura.

De aquella experiencia traumática arrastra secuelas visibles como una discapacidad física y otras más invisibles, como algunas pesadillas que estos días reaparecen y se entremezclan con la celebración por el fin de una era repleta de represión y vulneraciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la incertidumbre respecto al nuevo rumbo del país cala entre la población siria en el exilio.

“Aunque tenemos esperanza en un futuro mejor, los sirios y las sirias sabemos que no lo vamos a tener fácil. Israel está bombardeando Siria cada día y somos una amenaza para otros países como Emiratos Árabes Unidos porque queremos una Siria democrática. Queremos paz, estabilidad y una transición democrática”, concluye Al Naser.

Los ojos verdes de Hamada Shaqoura miran fijamente a la cámara con un gesto serio que parece no pestañear y del que resulta difícil apartar la mirada. En el vídeo se ve cómo este joven palestino cocina sentado en el suelo de la tienda de campaña donde vive en Gaza. Corta una cebolla, un pimiento y un tomate para hacer un sofrito en una sartén sobre el fuego de una bombona de gas, y luego le añade carne enlatada. Después, envuelve esa mezcla en un pan que reboza y fríe. El resultado es un rollito crujiente que comparte con algunos niños de uno de los campos de desplazados en la Franja.

Al pie del vídeo publicado en Instagram, su autor dice: “El sándwich de oro, hecho con un 95% de ingredientes de ayuda humanitaria, un 5% con amor y resistencia”. Unas palabras que definen bastante bien las recetas de Shaqoura, convertidas ya en un símbolo de resiliencia para el resto del mundo. 

Este plato y su correspondiente vídeo fue uno de los primeros que creó y que colgó en redes sociales. “Todo comenzó con mi deseo de cocinar comida rica y distinta de la que recibimos de la ayuda humanitaria. La reacción y la felicidad de los niños es lo que me impulsó a cocinar grandes cantidades y distribuirlas en los campamentos”, explica Shaqoura, de 32 años, en una conversación con elDiario.es. El joven cocinero aprovecha cada resquicio para conectarse a internet, lo cual le supone a veces caminar varias horas hasta encontrar cobertura. 

“Antes de la guerra trabajaba en proyectos de marketing de redes sociales, especialmente en restaurantes”, apunta. Si bien es cierto que siempre aprovechó su posición como influencer para “contribuir en temas comunitarios a través de las redes sociales”, basta dar un paseo virtual por su perfil de Instagram para ver lo mucho que ha cambiado su contenido y, sobre todo, su propia vida. 

Pasó de visitar restaurantes en la Franja a cocinar para familias desplazadas. De recibir comida de negocios locales y hacer su crítica gastronómica, a ver cómo caen sacos de ayuda humanitaria en paracaídas desde el cielo –debido a que Israel limita la entrada de bienes por tierra y mar–. De mostrar la vida en Gaza, que estaba bajo bloqueo israelí desde 2007, a ser un desplazado más sin un lugar seguro en el que refugiarse. “Actualmente estoy desplazado por cuarta vez en Jan Yunis, vivo en un sitio que no está preparado para vivir, como le ocurre al resto de personas desplazadas en la Franja de Gaza”, denuncia el joven. 

Más allá de su labor en Gaza, entre las zonas derruidas por los bombardeos y abarrotadas de familias en busca de un lugar seguro que no existe, Shaqoura también se ha convertido en un altavoz de cara al mundo para denunciar y mostrar las tremendas dificultades que afronta la población gazatí para alimentarse. Según el último informe de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), en el que participan varias agencias de la ONU, el 96% de la población de Gaza (unos 2,1 millones de personas) padece hambre de manera severa o aguda y casi medio millón de personas se enfrentan a condiciones catastróficas, esto es, pasan días enteros sin comer.

Organizaciones humanitarias han denunciado que Israel utiliza el hambre como arma de guerra, que se suma a los ataques aéreos y terrestres, y a la falta de tratamiento médico adecuado, todos ellos factores que han acabado con la vida de casi 40.000 personas desde el pasado mes de octubre, aparte de más de 90.000 heridos y miles de desaparecidos entre los escombros de los edificios. 

Los ingredientes no siempre están disponibles. Los que hay provienen de la ayuda humanitaria o de los mercados, pero a precios elevados. Faltan muchos ingredientes y trato de encontrar una alternativa

“Los ingredientes no siempre están disponibles. Los que hay provienen de la ayuda humanitaria o de los mercados, pero a precios elevados. Faltan muchos ingredientes y trato de encontrar una alternativa”, lamenta Shaqoura. Por eso da rienda suelta a su imaginación para tratar de sortear la escasez y conseguir que sus platos alimenten cada vez a más supervivientes. Para lograr su objetivo, colabora con otras organizaciones que le ofrecen apoyo, como Watermelon Relief, creada por activistas palestinos desplazados por los ataques de Israel y que se autogestionan para ofrecer atención a personas que se han quedado sin hogar.

“Después de que comenzara a publicar vídeos, me ofrecieron ayudarme a cocinar proporcionándome ingredientes y suministros”, cuenta el cocinero sobre la colaboración que mantiene con este colectivo, que puso en marcha una campaña para recaudar fondos en internet y poder así ofrecer desde comida a atención psicológica a los desplazados, especialmente a los más pequeños. 

La ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés y que en abril sufrió un ataque del Ejército israelí que mató a siete de sus trabajadores, es otra de las entidades aliadas. “Trabajamos en colaboración con ellos en la distribución de bolsas de alimentos y, a veces, utilizamos sus cocinas para cocinar y grabar”, explica Shaqoura.

Como él mismo reconoce, no cesa en su empeño por distribuir comida “al mayor número posible de campamentos” de desplazados, aunque las dificultades son notables. Además de los ingredientes procedentes de ayuda humanitaria o la gran escasez de productos frescos, en sus vídeos se puede ver cómo muchas veces tiene que desplazarse en carros arrastrados por burros, cocinar en grandes ollas con fuego hecho con maderas y no dispone de utensilios de cocina. “He tenido que ir a la casa de mi tía para buscar las tazas que quedan entre los escombros de su cocina”, narraba y mostraba el influencer recientemente en sus historias de Instagram.

La escasez de agua es otro de los principales retos a los que el cocinero y la población de Gaza tienen que enfrentarse, y Shaqoura no duda en mostrarlo al resto del mundo. Antes del conflicto, el 97% del agua no era apta para el consumo humano y el bloqueo impuesto por Israel ya impedía la entrada de materiales para desarrollar sistemas de desalinización del agua del mar. Ahora la situación es aún más alarmante. Según Naciones Unidas, tres de cada cuatro personas beben agua contaminada y la mayoría se ve obligada a hacer colas de horas para conseguir este recurso vital. 

“Desde que huimos a Jan Yunis, nos enfrentamos a una grave escasez de agua, por lo que empezamos a pensar en todas las otras familias que también estaban luchando por conseguir agua limpia. Así que conseguimos un camión cisterna y luego distribuimos agua potable a las familias”, muestra en un vídeo en el que se le puede ver distribuyéndola entre la multitud, la mayoría niños y niñas, que se acercaban corriendo para rellenar algunas garrafas. 

La dificultad para Shaqoura es doble. Por un lado, consigue alimentos y otros bienes para familias desplazadas y, por otro lado, relata los estragos de este genocidio en la vida de miles de familias, incluida la suya propia. “Esperamos que fuera sigan hablando de nosotros, que no nos olviden y que se sepa que el pueblo palestino es creativo y capaz de dejar huella en este mundo”, declara.

Esperamos que fuera sigan hablando de nosotros, que no nos olviden y que se sepa que el pueblo palestino es creativo y capaz de dejar huella en este mundo

Él es un superviviente más y actualmente se encuentra en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. En estas críticas circunstancias, su mujer esperaba a su hijo Nizar. “El período del embarazo de mi mujer fue muy difícil durante la guerra, no había disponibles alimentos nutritivos que cubren las necesidades de una mujer embarazada, y cuando algunos de los alimentos están disponibles, el precio es muy alto. Ahora, después de que haya dado a luz, la situación es aún más difícil”, explica a este periódico.

Y es que el hambre, como esa escarcha que evocaba el poeta Miguel Hernández, también se ceba con los recién nacidos y sus madres que luchan por sobrevivir en medio de bombardeos, terror y un sistema sanitario colapsado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay unas 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y, de acuerdo con UNICEF, han nacido unos 20.000 bebés desde el comienzo de la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre. Pero, después de tantos meses sin alimentación suficiente y en una situación de extremo cansancio y al límite, las madres están tan desnutridas que no pueden amamantar y conseguir leche de fórmula es prácticamente imposible debido a que Israel impide la entrada de bienes de primera necesidad. 

“Sabemos cómo prevenir la desnutrición, sabemos cómo tratar la desnutrición, pero no se nos está dando la oportunidad de hacerlo. Las severas y significativas restricciones de ayuda y los combates intensos significan que no podemos intervenir como lo haríamos normalmente, y como hemos hecho en innumerables emergencias anteriormente para salvar vidas”, denuncia Rachel Cummings, responsable del equipo de la ONG Save the Children en Gaza.

Sin embargo, a pesar de la devastación que pesa sobre sus hombros, Shaqoura y su familia se agarran a la vida. “¡En el momento en que lo sostuve en mis brazos, olvidé por un minuto todo lo que estamos pasando! ¡Ojalá su primer aliento en la tierra fuera en mejores circunstancias! Y que no tuviera que abrir los ojos por primera vez ante esta escena de destrucción”, escribía nada más nacer su hijo el pasado mes de mayo.

El teléfono de Yafa no para de sonar: recibe llamadas y mensajes de familiares, amigos o desconocidos que, como él, se desviven por buscar la forma de sacar a sus familiares de la Franja de Gaza. Este hombre palestino, que prefiere proteger su verdadera identidad, llegó a España en 2008. “Nací en Gaza, siendo refugiado, como la mayoría de la población allí y ese año decidí comenzar mi proceso migratorio”.

Por aquel entonces, el Ejército israelí lanzó la operación 'Plomo Fundido', la primera ofensiva contra la Franja desde que Hamás tomara el poder en 2007 e Israel impusiera un bloqueo sobre el enclave palestino. Las operaciones militares israelís se han repetido en 2012, 2014, 2020, 2021 y 2022, hasta la actual guerra, con diferencia la más larga y mortífera (más de 33.200 personas han fallecido, incluidos al menos 14.500 menores, según el último recuento de las autoridades gazatíes).

Yafa reconoce que el 8 de octubre –un día después del ataque de Hamás contra Israel– se levantó pensando que “esta vez sería diferente”. “Por desgracia, no me equivoqué”, lamenta. Los gazatíes que han vivido las guerras anteriores, aseguran que “es un genocidio lo que se está cometiendo” Israel en esta ocasión. “Mi madre me lo dice muchas veces: esto no tiene nada que ver con otras agresiones que hemos vivido en Gaza anteriormente”, cuenta el hombre de menos de 40 años.

Su madre vivió los primeros 142 días de la guerra, que el pasado domingo cumplió seis meses. Luego, pudo huir a España y ahora ya está a salvo. Sin embargo, Yafa reconoce que el camino para llegar hasta aquí ha sido “una pesadilla” y no ha terminado: “Tenemos otros 19 familiares directos intentado salir de allí”.

Sin embargo, los padres de Yafa no son residentes gazatíes: “Mi madre y mi padre son residentes permanentes en España, les ha pillado la guerra en Gaza. Hemos pedido al Gobierno [español] que les evacúen. Es verdad que a la evacuación de noviembre y diciembre no pudieron llegar porque su casa fue bombardeada y no estaban localizables; entonces España se lavó las manos diciendo que los que han querido salir ya han salido”, denuncia.

Una contestación que coincide con la que han ofrecido fuentes del Ministerio de Exteriores a elDiario.es, que señalan que “todos los españoles que en su momento quisieron salir, ya han salido”. Sin embargo, Yafa lo niega y asegura que su caso no es el único, que hay más familiares de hispanopalestinos que están tratando de hacer presión política y mediática para lograr que el Gobierno de España evacúe a sus seres queridos.

Según Yafa, consiguieron “la promesa del Gobierno de reactivar otra evacuación de la colonia española en Gaza”, pero aún no se ha cumplido, lamenta. Las mismas fuentes ministeriales no han aportado información sobre la posibilidad de evacuar a más personas de Gaza por “razones de protección de datos”.

“Para salvar a mi familia, estoy financiando la corrupción”

“Después de tocar todas las vías legales posibles, que no están funcionando, en mi familia nos hemos visto obligados a buscar la única alternativa que existe a día de hoy: sobornar para sacar a nuestros familiares, a través de la empresa egipcia Ya Hala”, explica Yafa con resignación. Lamenta que esta opción les supone “un conflicto moral porque, para salvar a mi familia, estoy financiando esta corrupción”, pero, asegura, “no tienen otra opción”.

El único paso fronterizo de Gaza que conecta con el mundo exterior es el de Rafah, entre la Franja y Egipto. Sin embargo, sólo unos pocos afortunados con pasaporte extranjero y heridos o enfermos crónicos han logrado cruzar la frontera. El resto tiene que recurrir a la empresa egipcia que menciona Yafa, Hala Consulting and Tourism, encargada de cobrar por incluir a los familiares en la lista de personas autorizadas para salir de Gaza a través de Rafah y, desde allí, dirigirse a El Cairo.

La compañía, además de vender los viajes hasta la capital egipcia, dispensa permisos para cruzar la frontera, aunque supuestamente esa autorización sólo pueden concederla las autoridades egipcias. En enero de este año, el Servicio de Información Estatal del Gobierno egipcio emitió un comunicado para desmentir las acusaciones sobre el cobro de “tasas adicionales” por parte de funcionarios a los palestinos que tratan de huir de Gaza.

“Facilitar los viajes entre Egipto y Palestina. Nuestra amplia experiencia nos permite facilitar visas de viaje y documentos de residencia para garantizar un proceso sin complicaciones para quienes buscan viajar”, reza la web del conglomerado Organi Group, propiedad del empresario de la península del Sinaí, Ibrahim Al Organi.

La compañía ofrece este servicio que se conoce como “coordinación” y que ya existía antes de la ofensiva actual en Gaza, según Yafa y la información que aparece en su web –a la que ya no se puede acceder desde España–. Ahora, el negocio ha crecido ante la magnitud de la violencia y la destrucción provocada por Israel en los pasados seis meses.

“Tienes que irte a una oficina en El Cairo, allí te humillan durante días para que te atiendan. La tarifa está clara: son 5.000 dólares para los mayores de 16 años y 2.500 dólares para los menores. Tienes que pagarlo en mano, te lo cobran, te dan el recibo y ya esperas a que tu familia aparezca en la lista de personas con permiso para salir de Gaza”, explica Yafa, mientras muestra los recibos que esta compañía de viajes en Egipto le entregó.

Cada noche, se publica una lista con los nombres de las personas que están autorizadas para cruzar Rafah al día siguiente. “Todos los familiares estamos enganchados a un grupo de Telegram donde publican estas listas, esperando a que aparezca el nombre de alguno de los nuestros porque eso significa que ya podrán salir”, dice.

“Nos hemos hundido económicamente, aparte de moralmente. Nos hemos endeudado hasta los hijos de los hijos; pidiendo préstamos bancarios, además de préstamos de amigos y familiares, he invertido todos mis ahorros. Yo he podido recaudar casi 40.000 dólares, solamente para traer a una parte [de mi familia]: padres, algunos hermanos y sobrinos, pero no a todos porque no podemos”, lamenta.

El hombre se desvive para que sus seres queridos aparezcan en estas listas, para que salgan con vida de Gaza, y no en las interminables que recogen los fallecidos por los ataques de Israel o que sufren los estragos que está causando la guerra, como el hambre. Al menos 30 niños han muerto en hospitales por desnutrición y deshidratación, según las autoridades locales.

A pesar de todos los esfuerzos, aún quedan 13 familiares directos a los que Yafa quiere ayudar a escapar. Por eso, su hermano ha lanzado una campaña para recaudar dinero en internet, con la que pretende conseguir los 65.000 euros que necesita para poner a salvo al resto de la familia, entre ellos hermanos y sobrinos.

Apelar a la solidaridad ajena

Cada vez más integrantes de la diáspora palestina en todo el mundo recurren a esta solución, no sólo en España. Tanto es así que la propia plataforma GoFoundMe, “ante el significativo aumento de personas alrededor del mundo recaudando fondos para ayudar a quienes se encuentran en Gaza”, ha compartido en su web una guía con indicaciones y sugerencias.

“Ayuda a mi familia para que escape de Gaza y pueda reconstruir su vida”, “Evacuar a mi familia de Gaza”, “Ayuda a mi familia de Gaza para tener una vida segura”. Estos son algunos de los mensajes que cientos de palestinos lanzan en las redes, en busca de la solidaridad de los demás para poner a salvo a sus seres queridos.

La hermana de Rita también decidió lanzar una campaña similar para recaudar dinero que le permita evacuar a sus padres y abuelos. Rita ya se encuentra en España con sus hijos, afortunadamente, porque en octubre estaba de visita y no pudieron regresar a Gaza tras el estallido de la guerra. “Estoy feliz de estar aquí, porque cualquier cosa es mejor que la muerte. Pero es muy duro porque no es algo que hayas planeado”, explica esta mujer que también pide mantener el anonimato para no poner en peligro a su familia aún atrapada en Gaza.

Si bien es cierto que la campaña que emprendió su hermana fue bastante exitosa, porque recaudó el dinero solicitado en poco tiempo, cuando tuvo lugar esta entrevista, los nombres de sus padres y abuelos aún no habían aparecido en la lista de autorizados para cruzar el paso fronterizo de Rafah.

“Mis padres no querían salir hasta asegurarse de que podrán evacuar también a mis abuelos. No podían dejarlos solos. Las personas mayores en esta situación lo tienen muy difícil para sobrevivir: necesitan desplazarse para escapar de los bombardeos, estos viajes a veces tienen que ser incluso en carros de animales [burros o caballos], tampoco es fácil conseguir comida ni medicinas”, explica.

“Tengo amigas que me llaman desesperadas, rotas de dolor porque han perdido a hijos en los bombardeos y buscan una salida, pero yo no puedo hacer nada”, lamenta con templanza mientras se agarra el colgante con el mapa de Palestina que cuelga de su cuello, como si de un acto reflejo se tratara para calmar esa impotencia que dice sentir.

Mirar al futuro ahora es imposible. “Es difícil pensar en nada más, lo primero es evacuar a mis padres y abuelos de Gaza, después ya veremos”, reconoce Rita. Tanto ella como Yafa aseguran vivir en el presente. Mientras, sus familiares esperan sobreviviendo en tiendas de campaña instaladas en el sur de la Franja, en precarias condiciones y con temor a la ofensiva que Israel ha prometido lanzar contra Rafah –la localidad fronteriza con Egipto, donde se han refugiado más de un millón de gazatíes que huyeron de sus casas–.

“Todo esto es solo para que lleguen a El Cairo y ahí estarán en situación irregular”, destaca Yafa. “Pronto veremos a más palestinos buscando rutas para llegar a Libia y cruzar el mar Mediterráneo como puedan. Porque están llegando a embajadas y consulados donde no dan respuesta. No hay vías legales ni seguras. Lamentablemente, veremos más muertes”.

Con el solsticio de invierno los termómetros se desploman en el hemisferio norte y el frío se abre paso. En Ucrania, por ejemplo, comienza la temporada de temperaturas que pueden llegar a los 20 grados bajo cero en algunas regiones, y la nieve empieza a cubrirlo todo. Aunque es algo habitual en estas fechas, desde que empezó la guerra en 2021, esto complica aún más la vida de sus habitantes. Muchas familias afectadas por el conflicto tienen que afrontar aún más dificultades al intentar mantener sus hogares calientes, bien sea por la falta de suministros o por los daños sufridos tras los ataques y bombardeos. Algunas, incluso, han tenido que escapar y refugiarse en lugares que no están suficientemente preparados.

Natalia Krulova, de 43 años, junto a su hermano, sus tres hijos y su madre de 68 años, huyeron de su casa en Velyka Danylivka, en un barrio modesto y tranquilo de casitas con jardín en Kharkiv. Esta zona, muy próxima a Rusia, sufrió uno de los mayores golpes cuando comenzó la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Si bien algunas áreas de la región cayeron bajo control militar temporal de las fuerzas armadas rusas, otras partes estuvieron y siguen estando sometidas a los bombardeos, dejando tras de sí cientos de viviendas destruidas, como la de esta familia.

“No entendíamos lo que estaba pasando. Las ventanas se hicieron añicos, el techo pareció elevarse hacia el cielo y caer tras uno de los golpes. Corrimos al sótano”, recuerda su madre Halyna. Al inicio de los ataques se cobijaron en un refugio durante días, pero después Natalia decidió abandonar su casa durante seis meses para garantizar la seguridad de sus hijos y tomaron el último tren de evacuación de la provincia de Vinnytsia.

Hoy está de regreso en su propia casa, que ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas, ha ayudado a reparar. Se instaló un techo nuevo, una puerta de entrada y ventanas, tal y como se ha hecho con miles de familias en todo el país. “Ahora podemos vivir en mejores condiciones, más cálidas, con mayor comodidad y sin tener miedo del frío. Me siento mucho más segura. Después de todo, estoy en casa”, reconoce esta mujer. 

Esto ha sido posible gracias al Plan de Respuesta al Invierno de ACNUR —o también conocido con el anglicismo winterización—  en Ucrania y en coordinación con el gobierno local. Este programa ha permitido la reparación de 20 mil casas en Ucrania y se espera que, desde que comenzó esta temporada en septiembre y hasta que termine en febrero de 2024, se atienda a 900.000 personas vulnerables, desplazadas y afectadas por la guerra. “Nuestra prioridad será apoyar a las personas que viven en las zonas de primera línea del este y el sur del país, donde los combates son más intensos. Con asistencia en efectivo, reparaciones y aislamiento de viviendas y algunos artículos no alimentarios, como una contingencia de generadores por si se necesitan este año”, explica la representante de ACNUR en Ucrania, Karolina Lindholm Billing.

Los meses más duros del invierno son cruciales para los más de 35,3 millones de personas refugiadas en todo el mundo. Cuando llega el frío una manta, un calefactor o un refugio pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte para aquellos que lo han perdido todo y luchan por sobrevivir.

Este invierno las necesidades humanitarias de los refugiados y las familias desplazadas siguen aumentando exponencialmente ante el creciente número de conflictos armados en Oriente Medio, Sudán o República Democrática del Congo. Se calcula que a finales de 2022 ya había 108,4 millones de personas desplazadas en todo el mundo, 19 millones más que a finales de 2021, el mayor aumento entre años según las estadísticas de ACNUR.

A esto se suma un contexto de crisis climática, que provoca catástrofes naturales más frecuentes, intensas e impredecibles en todo el mundo y genera más movimientos de personas en busca de lugares seguros. 

Esa doble desprotección la vive la población de Afganistán, donde se calcula que hay más 3,5 desplazados internos y 5,53 millones son refugiados o solicitantes de asilo en países vecinos. Y es que, a las dificultades que atraviesa el país tras la toma del gobierno de los Talibanes el 15 de agosto de 2021, se suma que el pasado 7 de octubre un terremoto de 6,3 grados en la escala de Ritcher acabó con la vida de más de 1.480 personas y destruyó 30.000 hogares.

Ese mismo día y pocas horas antes del terremoto, Humaira dio a luz a su hijo y perdió su casa ubicada en la aldea de Rubat Perzada, en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, que resultó gravemente afectada. Esto obligó a la familia a sobrevivir en un refugio improvisado al aire libre, construido con un plástico y algunas mantas que no han resistido a las inclemencias climáticas. Por eso, ahora viven en una tienda de campaña de emergencia entregada por ACNUR y sus socios, dentro del programa de distribución de este y otros artículos de socorro, como mantas, lámparas solares o cocinas de gas portátiles a más de 5.500 familias. “Con esta nueva tienda será mejor. Tendremos más espacio y estaremos más cómodos”, afirmó. Aun así, la preocupación de esta madre por su bebé sigue presente y espera acceder a un “refugio adecuado para este invierno”.

Además, la necesidad de respuesta para la población afgana que ya enfrentaba una importante crisis humanitaria antes del terremoto, se hace más imperiosa desde que el pasado 1 de noviembre el gobierno de Pakistán decretara la expulsión de las personas residentes indocumentadas, lo que ha llevado a un gran influjo de retornos de afganos de vuelta al país, creando situaciones críticas en la asistencia de los refugiados en las fronteras. Lo que supone un motivo más para trabajar sin descanso durante los meses de invierno y proporcionar apoyo humanitario.

Todas las guerras arrasan llevándose vidas por delante o empujando al exilio a los supervivientes. Algunas, incluso, a este dolor tienen que sumarle el silencio de la comunidad internacional mientras la población civil y organizaciones humanitarias reclaman el fin del horror en un grito de auxilio que muchas veces sienten como un eco vacío. Sin respuesta. 

Esta descripción encaja con la realidad que se vive en Sudán desde que el pasado 15 de abril estallaran en Jartum, la capital, intensos enfrentamientos entre dos facciones militares, extendiéndose a otras partes del país.

“El alcance y la brutalidad de los combates son cada vez mayores, afectando a la población de Sudán, y el mundo guarda un escandaloso silencio, aunque persisten impunemente las violaciones del derecho internacional humanitario”, denunciaba Filippo Grandi, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 31 de octubre. 

“Casi seis millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares; más de un millón han huido a países vecinos, a menudo frágiles, y algunos de ellos ya se han desplazado a Libia y Túnez, y están cruzando el Mediterráneo en endebles embarcaciones hacia Italia y el resto de Europa”, apuntó Grandi,apelando también a la “responsabilidad” de la comunidad internacional de actuar.  

Escapar y buscar refugio dentro de Sudán

Este conflicto armado ha provocado importantes flujos migratorios en busca de un lugar seguro: ya hay 4,8 millones desplazados internos y casi el 76% proceden de Jartum. 

Muchas de estas personas se desplazaron hasta la localidad de Wad Madani, a 130 kilómetros de la capital. De allí es Abdelraheem Osman, un joven de 29 años quien movilizó a otros amigos y amigas para transformar una antigua escuela primaria en un refugio temporal, tanto para refugiados de otros países que habían buscado seguridad en Sudán, como para sudaneses desplazados internos. 

Abdelraheem sigue dedicado a la acogida en este centro comunitario que alberga a 125 familias, junto con otros jóvenes que lo habitan y se encargan de organizar el comedor o identificar y derivar a personas enfermas o en situación de vulnerabilidad a organizaciones que les brindan apoyo. “Aquí se prestan todos los servicios que podemos”, explica Abdelraheem. “Todos somos jóvenes —el más joven tiene 14 años— pero con una mentalidad grande. No queremos quedarnos cortos”.

Luai Mowafag es otra de las personas que se esmera en facilitar la vida de quienes allí comparten espacio después de perderlo todo. “Escapé de la guerra —en Siria— y vine a Sudán para sacar a mi hijo del ambiente de guerra”, cuenta este refugiado sirio que ahora da clases de alfabetización y aritmética para los más pequeños, ofreciéndoles la oportunidad de continuar su educación, pero también un espacio seguro donde recuperarse de los traumas de la guerra. “Estos niños son tan importantes para mí como mi hijo”, asegura Luai. 

Crece el flujo migratorio en mitad de la crisis humanitaria

La experiencia de Luai como refugiado sirio en Sudán nos recuerda que el país además acoge a personas de otros lugares. Antes del conflicto desatado en abril, Sudán albergaba a más de un millón de personas refugiadas, convirtiéndose en la segunda población de refugiados más alta de África. La mayoría provenía de Sudán del Sur pero también de Eritrea, Siria, República Centroafricana o Etiopía. 

Esto explica que algunos de los que ahora escapan de Sudán hacia países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Egipto o República Centroafricana, no solo son población local. Se calcula que 191.265 refugiados que ya residían en Sudán antes del conflicto se han tenido que desplazar por segunda vez intentando regresar a sus hogares o buscando refugio en otros territorios, aunque eso signifique desplazarse a zonas inestables o que no están preparadas para recibirlos. 

Chad es el país que más población recibe, con 450.000 solicitantes de asilo, en su mayoría mujeres y niños. Estos desplazamientos a gran escala implican importantes riesgos en el camino y ponen a prueba los servicios y recursos del país gravemente afectado por una crisis humanitaria, política y socioeconómica.

Le sigue Egipto, que ha recibido a 337.230 personas de Sudán. Desde junio, las autoridades egipcias exigen un visado. Esto ha provocado que muchos se dirijan a la frontera, teniendo que aguantar precarias condiciones ante falta de alimentos o saneamiento, durante el tiempo de espera para cruzar a Egipto. 

El punto fronterizo de Joda, entre Sudán y Sudán del Sur, también es delicado. Por esta ruta han pasado cerca de 300.000 mil refugiados sursudaneses antes refugiados en Sudán y que vuelven a su país, aunque allí las condiciones de vida y seguridad sean extremas.

En República Centroafricana el éxodo es menor pero la situación también es complicada. Dada la inseguridad en la frontera, en mayo comenzó un plan de reubicación a zonas más seguras.

Una llamada a la respuesta de la emergencia humanitaria

Al juntar las piezas de este rompecabezas, el resultado es una emergencia humanitaria que afecta a Sudán y países limítrofes. Los últimos enfrentamientos están añadiendo más complejidad a la ya difícil situación humanitaria del país, donde se calcula que casi 16 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria de algún tipo en 2023 antes de esta nueva crisis.

Se estima que más de seis millones personas han huido de Sudán a los países vecinos. Siendo la mayoría mujeres, niñas y niños que escapan con lo puesto, recorriendo peligrosas rutas. Sus necesidades más urgentes son agua, alimentos, refugio, asistencia sanitaria, artículos de socorro, prevención de la violencia de género y apoyo psicosocial.

Para paliar esta situación, ACNUR está presente en Sudán y países de acogida, centrando su asistencia en protección, sanidad, refugio, agua y saneamiento y educación. Pero la Agencia de la ONU para los Refugiados solo ha conseguido recaudar el 33% de lo imprescindible para poder brindar la ayuda necesaria. Por eso, reclama colaboración a la sociedad para lograrlo y no dejar atrás a 24 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria y servicios de protección.

Han pasado más de 30 años desde aquel inolvidable lanzamiento de flecha que prendió la mecha del monumental pebetero durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El Estadio Olímpico de Montjuïc temblaba ante la ovación unánime de los miles de personas que fueron testigo de ese emocionante momento, grabado en la memoria colectiva de nuestra historia reciente. 

Sin embargo, aquel no es el único hito vivido en el emblemático estadio ubicado en la montaña barcelonesa ante el mar. Al margen del plano olímpico, las instalaciones se convirtieron en refugio y hogar para miles de personas desplazadas internas entre 1936 y 1937, en plena guerra civil española.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, como así se llamó desde su construcción en 1929, nació con una aspiración clara: competir para albergar los Juegos Olímpicos de 1936. Sin embargo, fue Berlín el escenario elegido, dejando fuera a la capital catalana. Lejos de perder la esperanza de poder hacer gala del talento deportivo, el gobierno de la Segunda República organizó unas Olimpiadas Populares en contraposición con los Juegos Olímpicos celebrados en Alemania y que el nazismo intentó explotar como maquinaria propagandística y estrategia para el blanqueo de su régimen. 

A pesar de convocar a más de 5.000 deportistas nacionales e internacionales, una vez más, el destino dio un giro de guion. Su inauguración, prevista para el 19 de julio de 1936, nunca llegó a celebrarse. Tres días antes se produjo el levantamiento militar que dio lugar al comienzo de la Guerra Civil. Es entonces cuando el majestuoso templo del deporte en la montaña de Montjuïc, que llegó a ser el segundo más grande de Europa, comenzó un capítulo nuevo en su historia. De aspirar a albergar los Juegos Olímpicos, y después unas olimpiadas antifascistas, el estadio se convirtió en hogar y refugio para miles de personas desplazadas internas, en su mayoría exiliados tras la caída de Irún, la batalla de Madrid o la Desbandá malagueña. 

Fue el Comité Central d’Ajut als Refugiats —creado el 18 de octubre de 1936—  el organismo que asignó al recinto deportivo su función de acogida temporal y de atención sanitaria o educativa para algunas de esas miles de vidas en busca de refugio que, huyendo de las bombas, llegaron hasta Barcelona por ser un enclave que en aquel momento estaba lejos del frente, conectaba con Francia y tenía salida marítima, facilitando la posibilidad de escapar a otros destinos. 

Desde su apertura en 1936 hasta su cierre en invierno de 1937, tras enfrentarse a una epidemia de tifus, el estadio llegó a albergar a la vez a cerca de 2.000 personas antes de ser redistribuidas a otro lugar permanente, convirtiéndose así en punto neurálgico de la acogida en Barcelona.

Dentro de sus instalaciones la vida continuaba y la cotidianeidad se abría paso para las personas que allí buscaban refugio. Un gran comedor habilitado alimentaba a familias o el césped que se plantó para correr y disputar torneos, se transformó en un espacio de juego para los más pequeños que, además, recibían clases de gimnasia. Además, sus gradas se convirtieron en lugar de descanso y punto de encuentro para conversar al aire libre. 

Hoy podemos reconstruir esta historia y hacer memoria, gracias a la cobertura que realizaron varios medios nacionales e internacionales, y al legado gráfico y documental de algunos de los mejores fotógrafos del momento, tales como David Seymour Chim, Antoni Campañá, Agustí Centelles y, especialmente, Margaret Michaelis. Esta fotógrafa de origen polaco, inmortalizó con su cámara una realidad demasiado cercana para ella. Hija de familia judía, trabajó como fotógrafa en Berlín, donde escapó del horror del nazismo y el régimen de Hitler. Primero se exilió en España y continuó documentando con su lente la vida en los márgenes, retratando las condiciones de vida de las personas migrantes del Barrio Xino —actual barrio del Raval— o la vida dentro del estadio de Montjuïc durante la acogida de desplazados internos. En 1937 regresó a su país, Polonia, y en 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, consiguió migrar a Australia, donde vivió el resto de su vida. 

Han pasado más de 70 años desde que Michaelis tomara esas fotos reveladas en blanco y negro durante la etapa de refugio del estadio de Montjuïc y que se pueden visitar en la exposición Montjuïc, un estadi refugi, durante estas semanas en el estadio de Montjuïc y en los próximos meses en el centro de Barcelona, y que es un proyecto de Factoría Belgrado.

La historia se repite

Sin embargo, las guerras de hoy dejan estampas parecidas. En Grecia, en la pista del estadio de béisbol construido para los Juegos Olímpicos de 2004, se instalaron cientos de tiendas de ACNUR en el año 2016 para dar cobijo a familias refugiadas que habían huido de conflictos en países como Siria, Irak o Afganistán, a la espera de continuar su ruta y ser reubicadas en otros puntos de Europa. 

En Ucrania, la sombra de la guerra también llega al corazón del deporte y los estadios también han servido como lugar de refugio para albergar a la población civil que se ha visto obligada a abandonar sus casas. Es el caso del estadio Arena Lviv en la ciudad de Leópolis, muy próxima a la frontera con Polonia, que llegó a ser anfitrión de importantes partidos de la Liga de Campeones de la UEFA e incluso de la Eurocopa de 2012, torneo en el que se coronó campeona la selección española de fútbol. 

Aunque el Arena Lviv es la casa del Lviv y el Rukh Lviv, también lo fue desde 2014 hasta finales de 2016 del Shakhtar Donetsk, un equipo que se vio obligado a refugiarse allí después de que las tropas rusas invadieran el Donbás. Años más tarde, ese mismo club, ayudó a convertir el estadio que les había acogido en un centro para familias desplazadas internas por la guerra que comenzó en 2022, tras la invasión de Rusia. El palco presidencial y zona VIP pasó a ser un dormitorio con camas y estufas. Desde sus gradas ya no se gritaban ni se celebraban los goles y el partido era otro: dar cobijo, comida y atención a cientos de personas desplazadas que huían principalmente de Donetsk, Lugansk y Járkiv. El marcador se paró, pero la solidaridad ha ganado. 

Las bombas siguen cayendo pero el Shakhtar continúa con su actividad refugiándose en otros estadios europeos que los acoge como anfitriones en los torneos. Precisamente, ese mismo club disputará el próximo 23 de octubre un partido -esta vez como invitado- contra el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuïc) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. 

Más allá del resultado, ambos equipos se reunirán en un lugar emblemático que guarda historias paralelas. Y es que en mitad de la Guerra Civil española, la plantilla blaugrana emprendió un particular exilio al aceptar una invitación para jugar varios encuentros al otro lado del océano. En 1937 el equipo culé tomó primero un tren a Francia esquivando los bombardeos fascistas sobre Portbou y, posterioremente, embarcándose rumbo a México y Estados Unidos. Tras aquella gira algunos futbolistas decidieron no volver buscando refugio en México o Francia. 

Sin mirar demasiado atrás ni demasiado lejos, encontramos este ejemplo que, una vez más, revela la necesidad humana de migrar y buscar refugio. Del derecho a hacerlo cuando la guerra invade nuestras vidas. Ayer en Barcelona y hoy en Ucrania.

La subida de los precios en los recibos de la luz, el gas o de los alimentos, se está notando en todas las casas. Sin embargo, no en todas se puede afrontar igual. Este contexto ha creado una emergencia que se ha colado en los hogares de 1,5 millones de familias con niños y niñas en nuestro país que, en la mayoría de los casos, ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad antes de esta última crisis y que ahora está al límite. Se trata de familias que hasta hace poco llegaban a fin de mes con muchas dificultades y ahora directamente no pueden cubrir necesidades tan básicas como la alimentación. 

Leticia y Jesús viven en primera persona esta alarmante situación. Ella trabaja en un comercio cobrando el sueldo mínimo y él ha perdido su empleo hace unos meses, pero busca sin descanso uno nuevo. Para ello acude al Centro de Día de Aldeas Infantiles en la localidad madrileña de Collado de Villalba, donde recibe orientación y ayuda con su formación profesional. Este espacio también es un lugar de encuentro y apoyo para sus hijos de tres, seis y ocho años; donde van a merendar, hacer los deberes y reciben clases de refuerzo escolar. Si bien es cierto que esta familia no escatima en esfuerzos para conseguir salir adelante, la realidad es que necesitan ayuda económica para sobrevivir en el día a día. Especialmente para ofrecer una alimentación completa a sus hijos. Ni a Jesús ni a Leticia les importa comer menos pero, como ellos mismos cuentan, no soportan la idea de no poder dar de comer adecuadamente a sus hijos y que esto les afecte en su desarrollo.

Su caso no es aislado. Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social y esto se traduce en que en sus hogares tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, para comer carne o pescado dos veces por semana o hacer frente a gastos imprevistos. Para algunos de estos niños y niñas, la única comida completa que hacen al día es la del colegio.

Esta desigualdad afecta directamente en la salud de los más pequeños, por eso se convierte en una emergencia poner medidas para revertirla. Según un estudio del Ministerio de Consumo, el 23,2 % de los niños y niñas de familias con rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales sufre obesidad, mientras que la cifra cae al 11,9 % en familias con rentas superiores a 30.000 euros.

Ofrecer herramientas para salir del túnel de la exclusión social y escuchar y acompañar a familias como la de Leticia y Jesús, es uno de los objetivos fundamentales de la ONG Aldeas Infantiles SOS. Esta organización que trabaja en 10 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Principado de Asturias) ha podido detectar de primera mano que 2.000 niños y niñas en España y sus familias, atraviesan una situación de extrema gravedad y que necesitan ayuda urgente. Por eso, lejos de resignarse o mirar a otro lado, han creado kits de emergencia que incluyen bonos que se puedan canjear en los supermercados. Una alternativa digna para que estos niños y niñas puedan recibir una alimentación adecuada. Con esta medida, “las familias pueden hacer su propia compra como cualquier persona y evitamos esas ‘colas del hambre’ que tanto estigmatizan”, explica Mónica Revilla Damas, directora de Comunicación y Marketing de la entidad.

Con el fin de alcanzar este objetivo de llenar de comida los platos de 2.000 niños y niñas a lo largo de toda la geografía española, Aldeas Infantiles SOS ha lanzado su campaña #EmergenciaEnCasa. “En momentos de crisis, la población española nos ha demostrado que es tremendamente generosa y solidaria. Por eso, en esta situación que todos estamos viviendo, les animamos a empatizar con aquellas familias que ya se encontraban con dificultades en su día a día. Todos hemos notado la subida de los precios, pero no a todos nos afecta de la misma manera. Colaborando con la cantidad que cada uno pueda podemos ayudar a cientos de familias que están atravesando una etapa muy angustiosa de su vida”, apelan desde la organización para sumar apoyos, recordando a la sociedad global que detrás de la puerta de muchos hogares se esconde esta crisis que tiene solución.

El cambio climático no es una advertencia, sino un hecho. Una realidad mundial que ya notamos en nuestro día a día, pero que en algunos lugares sus consecuencias están siendo devastadoras. Es lo que ocurre en el Cuerno de África, una región que está atravesando la peor sequía de los últimos 40 años.

En Kenia, Etiopía y Somalia, tres países que conforman esta región, las escasas precipitaciones registradas en los últimos cuatro años han secado las fuentes de agua, arrasado cultivos y provocado la muerte de ganado. Una hecatombe que sitúa a las personas refugiadas, desplazadas internas y sus comunidades de acogida, entre las más afectadas. 

Las trágicas consecuencias de esta sequía sumada a la inestabilidad por los conflictos que también afectan a la zona y a la crisis económica mundial que se ha acelerado con la guerra de Ucrania, dejan a este lugar del planeta inmerso en una emergencia humanitaria. Una crisis olvidada que puede traducirse en una sola palabra: hambre.

En la actualidad, se estima que 20,5 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia se enfrentan a una hambruna severa. Además, se calcula que 7,1 millones de niñas y niños en estos tres países padecen desnutrición aguda. 

Los efectos de esta emergencia sobre la población infantil y las mujeres, llega a colocarles como principales víctimas, porque son quienes tienen que enfrentarse a contextos de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres y niñas tienen que realizar trayectos cada vez más largos en busca de agua exponiéndose a todo tipo de abusos y violencias. También ocurre que muchos menores se han visto obligados a abandonar la escuela para ayudar a sus familias a obtener un ingreso diario y poder mantenerse, lo que aumenta cada vez más el riesgo de sufrir matrimonio forzado o separación familiar.

Así es huir del hambre

No hay que olvidar que detrás de estas escalofriantes cifras hay vidas humanas. Sudi Salad Dirie, es una de ellas. Esta madre de familia se ha visto obligada a escapar de su casa con todos sus hijos dos veces en un año. Primero huyeron de la violencia provocada por los enfrentamientos en la zona y, después, por la sequía. “Caminamos dos días y medio hasta que alguien paró por el camino y nos llevó hasta aquí”, recuerda esta mujer de aquellos días de travesía en los que estaba embarazada y dio a luz al poco tiempo de llegar a uno de los campos para desplazados internos en Galkayo, Somalia. 

Isaack Hassan, es padre de una gran familia que lleva años moviéndose para sobrevivir a las sequías y la falta de alimentos y recursos básicos. Ya en 2011 buscaron refugio contra el hambre en un asentamiento de Mogasihu y ese mismo año perdió a cuatro de sus hijos que murieron por inanición. Este año él y su familia se han visto obligados a dejar su casa de nuevo. “La gente estaba muy débil por el hambre, así que tuvimos que huir por el bien de nuestras vidas. Vinimos a este campo durante el mes de Ramadán. Todo mi ganado y cultivo ha desaparecido por la sequía y mi mujer también murió de hambre, así que me vi sin ayuda”, lamenta este padre de familia desde una pequeña tienda de campaña hecha con telas y palos, que sirve como nuevo hogar en uno de los campos de desplazados internos que alberga la ciudad de Baidoa, en Somalia. 

Khadija Ahmed Osman, también es somalí y también se ha visto obligada a escapar de su hogar junto a su familia. En este caso cuenta que el motivo principal de su huida fue para proteger a sus hijos de ser reclutados por grupos armados. Así fue cómo llegó al campo de refugiados de Dadab en Kenia, que acoge a somalís desde hace 30 años bajo duras condiciones sorteando crisis como la actual sequía y hambruna que también afecta al país. 

En Kenia, 23 de sus 47 condados están siendo afectados por la situación de sequía, incluidas las zonas de Turkana y Garissa, que albergan a cientos de miles de refugiados. Solo desde el mes de mayo se registraron 744 personas refugiadas y solicitantes de asilo, principalmente procedentes de Sudán del sur, Somalia y Etiopía. ​Además, las dificultades para el acceso de agua en gran parte del país ha provocado movimientos de personas entre condados en busca de agua y pastos más verdes para el ganado.

ACNUR alerta sobre la necesidad de recaudar fondos para dar respuesta a esta crisis

Ante esta grave situación, ACNUR (la Agencia de la ONU para los refugiados) está presente en la región aplicando un plan de respuesta a esta crisis humanitaria, liderando las áreas de protección y refugio, suministrando artículos de emergencia y coordinando y gestionando los campos de personas refugiadas y desplazadas. Pero, a medida que las consecuencias de la sequía y la hambruna se acentúan, las necesidades para la supervivencia de esta población también aumentan. 

Por eso, desde ACNUR hacen un llamamiento urgente para recaudar 40,5 millones de euros necesarios para paliar los efectos del hambre y la sequía en el Cuerno de África.  “Los equipos de ACNUR están sobre el terreno haciendo lo que pueden para ayudar, pero hemos conseguido recursos para cubrir solo un pequeño porcentaje de las personas necesitadas”, advertía Filippo Grandi, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en su última visita a la región. 

Escapar de la violencia contra las mujeres es un recorrido difícil, duro y lleno de obstáculos. Es como escalar una montaña para llegar a la cima hasta alcanzar el horizonte que dibuja la esperanza. Una metáfora que trece refugiadas hicieron realidad cuando se propusieron escalar el Monte Tubqal, el pico más alto en Marruecos y así poner de relieve la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres.

Todas ellas, procedentes de Siria, Yemen, República Democrática del Congo, Senegal y República del Congo, caminaron por la montaña durante dos días con el objetivo de llegar al pico y generar conciencia en torno a los peligros y los retos que enfrentan las mujeres refugiadas, no solo en sus países de origen, sino también en la búsqueda de protección y en las comunidades de acogida.

La mutilación genital femenina, la trata de personas, los  ‘crímenes de honor’, la violencia de género, la violencia sexual, el matrimonio infantil, el matrimonio forzado o los feminicidios son algunas de las formas en que se materializa la violencia contra las mujeres y que muchas veces son el motivo por el cual las mujeres se ven obligadas a escapar de sus hogares y países. A veces a esto se suma que las mujeres, las niñas y adolescentes están expuestas a mayores riesgos y vulneraciones de sus derechos humanos durante las rutas y procesos migratorios en busca de un lugar seguro.

Esta doble vulnerabilidad se ve reflejada en datos como estos: una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual y, en el mundo, alrededor de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la Mutilación Genital Femenina en alguna de sus formas.

Las directrices y recomendaciones de ACNUR basadas en la Convención de Ginebra de 1951 abogan por que se interprete la definición de refugiado desde una perspectiva de género y que se reconozca como refugiadas a personas que son o temen ser perseguidas por motivos de género, como recoge expresamente la Ley de Asilo 12/2009 en España. Según los datos del último informe de la Oficina de Asilo y Refugio, el 31% de las solicitudes de asilo reconocidas en 2020 corresponden a aquellas que alegan motivos de género, solo por detrás de las peticiones presentadas por motivos de persecución política (33%). Unas cifras que dan pistas sobre la importancia de que a nivel internacional se interpreten correctamente los marcos jurídicos para que protejan, entre otros colectivos perseguidos por cuestiones de género, a las mujeres que se ven obligadas a huir de sus países por el riesgo que corren o la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres y no contar con la protección efectiva de sus autoridades.

Otro mecanismo reparador también pasa por escuchar a las supervivientes y brindarles apoyo para reconstruir sus vidas. Se trata de un compromiso social y un paso imprescindible como humanidad para alcanzar un mundo de libre de violencia contra las mujeres.

La autosuficiencia como salida

Therese —con nombre ficticio para proteger su anonimato— es una de esas supervivientes cuya historia nos recuerda que ningún ser humano debe pasar por el horror que vivió ella. En 2017, los violentos enfrentamientos entre la milicia y las fuerzas armadas que rodeaban su pueblo natal en República Democrática de Congo, la obligaron a escapar con sus 10 hijos e hijas al bosque, después de que un grupo de hombres armados asesinara a su marido y prendieran fuego a su casa. Pero allí no terminó la pesadilla y sus vidas no estaban a salvo. En el bosque cuatro soldados violaron a Therese y a su hija de 22 años a punta de pistola. Después de lo sucedido, la familia permaneció escondida durante tres semanas para evitar más ataques, pero en ese lapsus de tiempo, dos de sus hijos más pequeños murieron de hambre.

“Lo que me hicieron me destruyó por completo”, atina a verbalizar esta mujer de 47 años. Aunque las heridas quedarán marcadas para siempre, hoy Therese se agarra a la esperanza gracias a un programa de capacitación vocacional patrocinado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Se trata de un proyecto que ofrece a supervivientes como ella herramientas para alcanzar la autosuficiencia y la dependencia económica. En su caso, además de recibir atención médica y apoyo psicosocial, al igual que otras mujeres supervivientes de violencia sexual, Therese aprendió mecánica, es capaz de conducir un vehículo y sabe reparar motores, neumáticos y frenos. Tanto es así que pronto abrirá un negocio junto a otras mujeres. “Aprendí un oficio que me encanta. Me permitirá ser independiente y cuidar de mi familia”, celebra esta madre.

Si bien es cierto que la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres es global y no entiende de fronteras, en la República Democrática de Congo la violencia sexual forma parte de un ciclo de conflictos e inseguridad, donde las normas sociales y los roles de género exigen que las víctimas paguen dotes o sean completamente rechazadas y estigmatizadas. Para transformar este escenario de abusos y violencia a uno de paz y libertad para las mujeres, Lidia Ajuwa camina y recorre diariamente lugares remotos de este país africano para visitar a supervivientes de violencia sexual y ponerlas en contacto con servicios de ayuda vital para ellas. “Cada caso tiene una historia de sufrimiento detrás que a veces es de tal brutalidad que no podríamos ni imaginar”“, cuenta esta trabajadora comunitaria que forma parte de INTERSOS, socio de ACNUR , para dar respuesta ante casos de violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos contra personas ya desplazadas de sus hogares por la larga historia de conflictos de esta región.

Este proyecto es solo un ejemplo del compromiso de ACNUR para fortalecer y obtener financiación en este ámbito para los programas  de protección a mujeres y niñas refugiadas . “La lucha contra la violencia de género y, especialmente contra la violencia que sufren las mujeres y niñas refugiadas está en el corazón del mandato de ACNUR. Nuestro objetivo es trabajar junto con las comunidades refugiadas, autoridades y ONG, incluidas las organizaciones de mujeres, para acabar con las causas que generan la violencia de género en contextos de desplazamiento y generar condiciones adecuadas para que estos casos se puedan reportar de manera segura y las supervivientes sean derivadas a recursos adecuados y reparadores”, afirma Sophie Muller, Representante de ACNUR en España. Se trata de un objetivo para el que desde ACNUR trabajan con socios, donantes, gobiernos y también con las comunidades de acogida, con las propias personas refugiadas, hombres mujeres, niños niñas adolescentes, todos implicados para prevenir, mitigar y luchar para erradicar la violencia de género.

Alex aprendió demasiado pronto el significado de la palabra supervivencia. Cuando todavía era un niño se topó con la discriminación y el estigma social que su entorno más cercano volcaba contra él cuando descubrieron que se sentía atraído por personas de su mismo sexo. “Me sacaron de la escuela porque decían que podía contaminar a los demás”, recuerda este joven camerunés. Pronto se vio encerrado en una jaula de la que quería escapar. “Allí no me sentía libre”, recuerda el joven desde su exilio. No sólo no podía vivir libremente su sexualidad, sino que además corría el riesgo de ser encarcelado. 

Y es que, en Camerún, el país que le vio nacer y crecer, condena con hasta cinco años de cárcel la homosexualidad. Es uno de los 69 países que, según el informe de La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex  (ILGA, por sus siglas en inglés), las leyes criminalizan a las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+. Un castigo que el propio Alex se resistía a creer pero que la constitución de Camerún recoge. “Yo no sabía que ser quien soy era un delito”, dice con cierta ironía y rabia. 

Y así fue cómo decidió escapar. Primero huyó de su casa y conoció a su primera pareja, un amor que vivió en la clandestinidad y el exilio pero que las fronteras arrebataron. “De Camerún cruzamos a Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos”, fue entonces, en la otra orilla del Mediterráneo, cuando Alex y su pareja se embarcaron en una patera. “El murió, no consiguió llegar” recuerda siempre con la voz quebrada. 

Así, con esa mochila a cuestas llegó a España, país de acogida y donde vive desde finales de año de 2018. La primera etapa de su vida aquí la pasó en un centro de acogida para menores que, como él, viajaban sin la compañía de una persona adulta, donde también asegura que sufrió fuerte discriminación por parte de los compañeros que hacían mella en unas heridas invisibles que Alex no ha cesado esfuerzos en curar. No fue fácil. Un idioma nuevo, un lugar nuevo y una sensación de no poder mirar atrás. Alex, que se mostraba siempre tímido e introvertido, hoy presume ser otra persona que ha logrado vivir su vida.

La aceptación como camino a la libertad

“Por fin me siento libre y con ganas de comerme el mundo. Primero conseguí aceptarme a mí mismo tal como soy, no como la sociedad me quiere ver. Aprendí a amarme, a respetarme, a perdonarme, a reconocer que no tengo culpa de ser como soy y sentirme orgulloso de ser yo mismo”, celebra.

Después de cuatro años desde que llegara a España y presentara su solicitud de protección internacional por motivos de persecución por género, Alex ha conseguido una respuesta favorable a su expediente. “¡Estoy muy contento!” no para de repetir con emoción, es una pequeña victoria en este camino de obstáculos. Sabe que, por desgracia, su historia no es un caso aislado. Es perfectamente consciente de que muchas personas también han tenido que abandonar sus hogares después de que sus vidas corrieran peligro, no por ser parte del colectivo LGTBIQ+ sino por venir de contextos en los que están perseguidos y o sufren una fuerte discriminación. Cuenta que ya ha terminado el borrador de un libro con sus vivencias, donde denuncia la persecución LGTBIQ+, pone en valor a los supervivientes de las fronteras y la lgtbifobia. “Quiero ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo que yo y que vean que no están solas”, confiesa ilusionado.

Si bien es cierto que las cifras oficiales no especifican el número de peticiones de protección internacional entre las personas LGTBIQ+ que llegan a España, las organizaciones involucradas en el sistema de acogida han percibido un aumento en los último años y, desde ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, confirman que “hay muchas solicitudes basadas en este motivo y también la tasa de protección suele ser más alta que en relación a otros motivos de la Convención de Ginebra”.

Una respuesta adaptada a las necesidades

En España ha habido algunos avances en materia de  protección internacional para las personas que huyen en busca de refugio tras sufrir persecución  por el hecho de formar parte del colectivo LGTBIQ+. Por ejemplo, la importancia de promover un tratamiento diferenciado a lo largo de todo el procedimiento y una intervención adecuada a sus necesidades de acogida, siendo importante la formación específica en la materia de todo el personal en contacto o que trabaja con personas solicitantes LGTBIQ+, o la existencia de más recursos y de  espacios seguros con equipo de profesionales especializados a cargo. 

ACNUR es uno de los organismos que juega un papel importante para que estos avances sigan su curso. Entre muchas funciones, Eva Menéndez, punto focal en temas LGTBIQ+ de la Oficina de ACNUR en España, destaca el apoyo que brindan a las autoridades competentes en materia de asilo “para que refuercen sus capacidades y se puedan identificar las necesidades de protección internacional de dicho colectivo”. 

“Es muy importante que se garantice el acceso seguro al procedimiento de asilo de estas personas, que se valoren correctamente sus solicitudes y se les proporcione una acogida adecuada para evitar no sólo que vuelvan a pasar por situaciones traumáticas, sino para que se promueva su autonomía, participación y empoderamiento”, asegura Ménéndez. También trabajan en contextos de gestión de llegadas irregulares donde hay que tener una mirada de protección “porque entre quienes llegan puede haber personas del colectivo LGTBIQ+ que no pueden retornar a sus países de origen en condiciones de seguridad. Por eso es fundamental desarrollar mecanismos para su correcta identificación y asegurar que reciben información sobre el derecho de asilo de una forma y en una lengua y lenguaje adaptado a su perfil”.

Se trata de un recorrido en el que cada vez tienen más protagonismo y participación las propias personas afectadas. Gente que, como Alex, comparten su historia para que no se repita y se avance en derechos.

La vida de Ramtin Zigorat cambió por completo el 17 de mayo de 2015. Era el Día Internacional contra la Homofobia, pero en lugar de celebrar su identidad sexual comenzó una huida tras años de lucha clandestina por los derechos de las personas del colectivo LGTBI en Irán, uno de los países que todavía castigan la homosexualidad con la pena de muerte.

“Ese día habíamos estado hablando con la gente y repartiendo papeles para sensibilizar y hablar de nuestros derechos. Pero alguien debió delatarnos y la policía de la moral apareció e intentó detenerme. Aunque yo logré escapar, se quedaron con mi documentación y pertenencias. Me vi obligado a esconderme cada día en una ciudad distinta y, con el apoyo de otros compañeros y compañeras, ir hacia la frontera de Turquía para salir del país”, cuenta Ramtin. No tuvo suerte. El joven fue detenido.

Primero, Ramtin fue trasladado a una cárcel bajo custodia de la policía de la moral. Después, lo enviaron a otra convencional. “Todos los días venían y nos obligaban a asomarnos por una ventana cuando colgaban a gente y nos decían: mañana es tu turno. Así, cada día. Era como estar muerto en vida”. Cuando lo recuerda, sus palabras se ahogan en silencios que acaban transformados en lágrimas. “No puedo hablar recordando lo que me hicieron allí, cada vez que hablo me duele todavía. Me cuesta”, se disculpa con la voz quebrada.

El turno de Ramtin nunca llegó. “Tuve la suerte de que mi madre consiguiera vender sus tierras en un día y sobornara al juez para que me sacaran de allí”, explica. Salir de prisión no significaba vivir en libertad. Las personas LGTBI en Irán se enfrentan a una discriminación constante, viven con el temor del acoso, la detención y la violencia. Todo ello, bajo el paraguas del Código Penal Islámico de Irán, que castiga la conducta homosexual consentida con penas que van desde la flagelación hasta la ejecución.

Ramtin cuenta que cayó en una profunda depresión, acentuada meses más tarde cuando su madre falleció, enferma de cáncer. “Ese fue el golpe más duro de mi vida porque mi madre era mi principal apoyo. Yo tuve la suerte de poder contar con ella: cuando le dije que era ateo, me apoyó completamente. Cuando le dije que soy gay, le costó entenderlo, pero siempre me arropó, me cuidó y me protegió”.

Condenados a muerte

No para de repetir lo afortunado que es por contar con el respaldo de su madre porque sabe que en Irán la criminalización penal también cala en la sociedad. En mayo de 2021, Alireza Fazeli Monfared, que se identificaba como gay no binario, fue secuestrado por varios familiares hombres en su localidad. Al día siguiente, informaron a la madre de que lo habían matado y arrojado su cadáver bajo un árbol. Aquel brutal asesinato tuvo un fuerte impacto mediático gracias a la denuncia y condena de organizaciones como Amnistía Internacional o el portal iraní 6 Rang.

Alireza Tajiki fue condenado a muerte a los 16 años y ahorcado a los 21. Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi fueron condenados a muerte por “relaciones sexuales no consentidas entre hombres” y ejecutados en prisión el pasado febrero.

Son solo algunos nombres de una larga lista de personas LGTBI ejecutadas en Irán, pero de la mayoría no han trascendido los detalles. “A mis 33 años ya he perdido a unas 20 personas que, como yo, son gays lesbianas, bisexuales, trans... y han muerto. Bien porque se han suicidado, porque las han matado o porque han desaparecido y nunca más hemos vuelto a saber de ellas. Hay mucha gente que muere o desparece, pero nadie se entera. Hay demasiada gente en el olvido”, lamenta.

Precisamente, para romper con esa desmemoria, luce en el lado izquierdo de su torso –a la altura del corazón–, una pegatina con los rostros de dos activistas LGTBI condenadas a muerte. Ellas son Zahra Sedighi-Hamadani y Elham Choubdar, de 31 y 24 años.

“Yo sé por lo que están pasando. Sé muy bien que están encerradas en una celda de un metro por un metro, sé que orinan o defecan en su boca y en su cuerpo, sé que las obligan a leer el Corán, sé todo tipo de torturas que estarán sufriendo y que todavía hoy soy incapaz de verbalizar”, dice visiblemente conmovido. Lo sabe porque lo ha vivido. Es un superviviente.

Esa resistencia acompaña a Ramtin desde que salió del armario a los 16 años en un lugar donde ser homosexual puede conllevar la muerte. Escapó de Irán hasta llegar a Turquía.

La huída

“En Turquía, con ayuda de otros amigos, poco a poco recuperé las fuerzas para volver a hacer activismo por los derechos LGTBI y de las personas refugiadas”, recuerda. Sin embargo, dice que allí también estaba “bajo la lupa de la policía migrante” que le advirtió que sería deportado. “Pero volver a Irán era muerte segura”, matiza el joven.

“Turquía también persigue al colectivo LGTBI, todavía me duele el cuerpo de los golpes que nos dieron allí en las manifestaciones”, dicen Ramtin. En 2017, el Gobierno de Erdogan declaró estado de emergencia y prohibió los eventos públicos LGBTI en Ankara. En la última marcha del Orgullo en Estambul, los manifestantes se vieron acorralados por un fuerte dispositivo policial que quería impedir el acto.

Ese ambiente de inseguridad y discriminación también truncaba el deseo de Rantim de vivir con dignidad. Por eso, cuenta, buscó otras alternativas y solicitó visado para viajar a Estados Unidos, un plan que se torció con el veto migratorio de Trump que impedía la entrada de ciudadanía procedente de países como Irán o Siria, que incluía a personas refugiadas. Entonces, España se puso en su camino.

“Llegué en 2019 poco antes de la pandemia. Primero viví en León, donde conocí a una familia española que me trata como a uno más, y después decidí venir a Madrid donde trabajo en una ONG en un proyecto para acompañar a jóvenes migrantes y refugiados”, cuenta Ramtin sobre su nueva vida.

Las protestas

Pero las heridas de todas las duras experiencias que dejó atrás estos días escuecen como nunca. El grito desgarrado de un pueblo cansado de tanta tiranía retumba desde la muerte bajo custodia policial de Masha Amini y aflora en una revolución en la que Ramtin dejó semilla.

“Están siendo días muy duros y bonitos. Estoy muy orgulloso de la gente de mi pueblo, de ver a las mujeres en primera fila y a las personas del colectivo LGTBI en las calles. Ya estamos cansadas y queremos formar parte de este cambio. Mañana, cuando este régimen acabe, las personas LGTBI debemos tener derecho a vivir y no sufrir en nuestro país”, defiende con esperanza.

Su compañera de batalla Zaynab Peyghambarzadeh se define como persona no binaria y también comparte con Ramtin la lucha por los derechos dentro y fuera de sus fronteras, pero se muestra más escéptica. “Nuestra sociedad todavía no está preparada porque no hay espacios para debatir y compartir sobre nuestros derechos. Ahora nos dicen que tenemos que centrarnos en derrocar al régimen, que nuestros derechos no son un asunto para tratar en este momento. Pero eso es lo mismo que les decían a las mujeres que reclamaban sus derechos en la revolución hace 40 años y al final acabaron imponiendo un régimen oscuro contra ellas”, apunta la joven al otro lado del teléfono.

Por eso, hace un llamamiento al feminismo internacional y estos días centra su activismo en Internet. Zaynab forma parte del colectivo #feministas4jina en referencia al nombre kurdo de Mahsa Amini. “Ahora somos más poderosas que nunca y juntas estamos decididas a actuar por la libertad y la igualdad, al lado del pueblo iraní y otros movimientos feministas en todo el mundo. Estamos tratando de organizar un día de acción feminista en todo el mundo para solidarizarnos con las mujeres, trans, no binarias, queer y otras personas oprimidas en Irán”, expresan en su portal web.

La nostalgia también acompaña a Ramtin, estos días de protestas contra el régimen iraní. “Después de tantos años protestando en la calle en Irán hoy me gustaría estar allí también”, confiesa. Pero desde el exilio se ha sumado a las protestas. No solo en Madrid, también en otras ciudades como Berlín o Ámsterdam. “El sábado pasado estábamos en una manifestación en Amsterdam cinco amigos de Irán. Lloramos juntos, por muchas cosas: por lo que hemos perdido, pero también porque estamos juntos y vivo. Porque podemos seguir en la lucha hasta alcanzar un Irán libre”, expresa con emoción. Y va más allá: “Mientas esté vivo voy a seguir luchando para ganar lo que el régimen no quiere: derechos y libertad, aunque me hayan robado la alegría”.

El grito de “mujer, vida, libertad” que inunda las calles de Irán como protesta tras el asesinato de la joven kurda, Mahsa Amini, también llega a España. Nilufar Saberi, Maryam Esmaeilpour y Mediss Tavakkoli, son algunas de las mujeres iraníes que contemplan desde la diáspora lo que ya describen como “revolución”. Entre ellas no se conocen, pero todas han salido estos días a la calle en Madrid para reivindicar sus derechos como mujeres y pedir apoyo internacional hacia las protestas en Irán.

Con este espíritu, se han convocado manifestaciones en distintos puntos de la geografía española, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Galicia, entre otras. Nilufar Saberi, o Nely, como también la conocen su entorno más cercano, es una de las primeras en gritar al inicio de una de las concentraciones convocadas en la capital en los últimos días. “¡Hoy es el día, Irán te necesita!”, “¡La policía de la moral vergüenza de Irán!”, “¡Abajo la teocracia, arriba la democracia!”, canta mientras el resto de asistentes contestan a coro.

En conversación con elDiario.es, la iraní recuerda el momento en el que llegó a España en 1980, cuando tenía 14 años, después de que su familia fuera amenazada por el aparato de la recién instaurada República Islamica de Irán, proclamada por el ayatolá Jomeini, una teocracia que dura hasta hoy, con Ebrahim Raisi a la cabeza. Los padres de Nilufar, magos de profesión, habían sido contratados en las fiestas de palacio de la última dinastía persa. Con la llegada del régimen, pasaron a estar en la diana de la nueva autarquía y no encontraron más opción que escapar.

“Salimos con lo puesto, sin amigos, sin idiomas, sin dinero. Para entonces, España no tenía infraestructura para recibir a refugiados”, recuerda Nilufar. España se encontraba en plena transición. Cuarenta y dos años después, no puede contener las lágrimas cuando recuerda la acogida de los vecinos y vecinas de La Elipa, el barrio madrileño que les dio la bienvenida y a quienes dice estar “eternamente agradecida”.

No ha vuelto a pisar la tierra que la vio nacer. El régimen sigue en el poder y el peligro de su familia continúa vigente. “Además soy activista de derechos humanos y eso allí está castigado”, apunta. Reconoce que le encantaría poder visitar Irán algún día, pero para que ese momento llegue, necesita un cambio. “No pienso acceder al símbolo del sometimiento de la mujer sobre la cabeza para entrar a las fronteras de mi tierra natal”, dice, en referencia al velo impuesto en Irán para todas las mujeres.

El velo colocado de una forma distinta a la marcada por la ley fue la excusa de la policía de la moral para detener el pasado 13 de septiembre a la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, que murió bajo custodia policial. Su asesinato ha despertado la rabia en las calles iraníes. Este punto de inflexión ha hecho estallar el descontento social de todo un país, dentro y fuera de sus fronteras.

Impotencia

“Estos días están siendo tremendos. Lo vivo con angustia, tristeza, impotencia y hasta un sentimiento de querer pararlo todo, que nos quedemos como estamos, pero que no maten a más gente. Pero, por otro lado, la violación de los derechos humanos en Irán durante más de cuatro décadas es intolerable, en algún momento tendrá que tener su punto final. Arrancarles el poder a los islamistas nos va a costar sudor y sangre”, dice la mujer.

“En esta ocasión estamos ya demasiado saturadas de tanta injusticia, de tanta matanza, de tanta tortura, de tanta discriminación. En especial las mujeres, estamos ya tan cansadas que hemos perdido el límite de aguantar”, dice con orgullo.

Quiere lanzar un mensaje al mundo: “La tortura, el sometimiento, la discriminación... no es cultura de ningún sitio. La cultura es la música, la gastronomía, cosas bellas para compartir entre la diversidad humana. Si en algún lugar del mundo están discriminando a las mujeres, a las personas LGTBI+, a musulmanes no chiíes o a disidentes; esto no forma parte de ninguna cultura y de la cultura iraní, menos”.

El apoyo de la diáspora

Estos días, Maryam Esmaeilpour tiene los ojos y el alma clavados en su país, Irán. En los descansos que tiene como profesora de español en la Universidad Autónoma de Madrid atiende a medios de comunicación o aprovecha para actualizar la información sobre las protestas y represión sufrida en Irán a través de su cuenta de Instagram, que acumula 107.000 seguidores, destinada anteriormente a volcar contenido didáctico de español.

“En 2009 o 2019 también se celebraron protestas, pero no duraron tanto ni tuvieron tanto impacto como ahora. En parte, yo creo que esto se debe a las redes sociales que están sirviendo para dar voz”, comenta. Paradójicamente, el bloqueo de Internet está siendo una de las herramientas del régimen para intentar sofocar las manifestaciones. “Siempre que ha habido la más mínima revuelta, lo primero que se ha atacado han sido las redes sociales para que no se pueda informar, para que no nos podamos organizar”, señala Maryam. Esta vez, parte de la población logra burlar las restricciones tras la autorización de Estados Unidos a empresas tecnológicas a ampliar sus servicios en Irán.

“Aplicaciones como Telegram y Whatsapp no funcionan, por eso apenas tengo contacto con mi familia, pero sí con muchos compañeros, ex alumnos de español que están allí y desde sus redes sociales veo la pasión por querer informar al mundo y pedir ayuda a la comunidad internacional”, explica.

La profesora también apunta hacia un “mayor apoyo de la diáspora, que con todas las diferencias ideológicas que puede haber, tenemos un objetivo común: como mínimo, acabar con la policía de la moral, defender los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres. La gente lo que busca es un Irán libre, donde se separe el islam y el Gobierno”.

Para Maryam, “la muerte de una persona inocente en Irán no es algo raro” y reconoce que el asesinato de Amini “no fue una sorpresa para nadie”. “Estamos transformando el dolor por su muerte en un movimiento para unirnos”, dice.

Maryam confiesa que echa en falta más apoyo desde la esfera política, los movimientos feministas e, incluso, el mundo académico. Sin embargo, guarda más esperanza hacia la sociedad española y espera que las olas de solidaridad demostradas hacia la población ucraniana también se extiendan hacia la iraní: “Si somos seres humanos que defendemos los derechos de las mujeres, es el momento de levantarse y apoyar desde donde se pueda. Debemos hacerlo ahora y no esperar al futuro”.

“Nadie en Irán está a salvo”

La preocupación por la seguridad y bienestar de familiares en Irán también marca el ritmo de estas dos semanas. El bloqueo informativo impide conocer el número real de víctimas, pero, según la ONG Iran Human Rights, al menos 76 manifestantes han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad iraníes en las últimas protestas multitudinarias, entre ellos seis mujeres y cuatro niños.

“Nadie en Irán está a salvo, están reprimiendo con armas de fuego, están disparando en las calles”, alerta Mediss Tavakkoli una joven iraní afincada en España desde hace dos años para completar sus estudios en Psicología Clínica. “No es algo nuevo, el régimen lo lleva haciendo 43 años, pero la brutalidad está siendo más fuerte”, se queja la joven. Mediss, que se define como defensora de derechos humanos está volcada en intentar que el grito de auxilio de su pueblo no se apague. Recuerda que en su país no cuentan con medios o plataformas informativas independientes: “Queremos ser la voz de nuestra gente”.

“Como iraníes que vivimos en el extranjero, necesitamos contar al mundo la diferencia entre Irán y la República Islámica de Irán. Irán es la gente, la cultura, la naturaleza, la tierra... Pero la República Islámica de Irán es el régimen que ha usurpado nuestro país y nos han envuelto en la peor forma que ningún ser humano puede aceptar, sin humanidad, sin ética, sin religión, sin nada... Las mujeres en Irán vivimos bajo unas condiciones tan inhumanas que no te lo puedes ni imaginar”, dice sin titubear.

Igual que el resto de compañeras, hace un llamamiento a la comunidad internacional y pide que “las embajadas llamen a consulta los embajadores iraníes, que no se hagan más fotos con representantes del régimen ni se den la mano”. Mediss lamenta el tono tibio con el que algunos políticos se refieren a Irán, pero anima a todos los representantes a que “se posicionen en defensa de los derechos humanos”. Pone como ejemplo a Gabriel Boric, el presidente chileno, que en la pasada Asamblea General de la ONU instó a “movilizar los esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres en Irán”.

Ellas -Nilufar, Mediss, Maryam y tantas otras miles de mujeres iraníes dentro y fuera de sus fronteras- coinciden en que seguirán movilizándose hasta conseguirlo.

“Si fuera un pájaro volaría hasta mi casa”. Esta frase que guarda la melodía de un poema no es literatura, sino las palabras que emplea Anowara, una madre de familia, para explicar lo que siente como refugiada rohingya en Bangladesh. 

Sin embargo, sabe que ni ella ni su pueblo pueden volver hasta que no existan medidas de seguridad que garanticen el regreso a un entorno seguro, libre de discriminación y violencia, donde sus derechos y libertades y el acceso a una vida digna sean posibles. Y es que, aunque en Myanmar está su casa y es la tierra que la vio nacer, allí la discriminación hacia la minoría étnica musulmana a la que pertenece sigue vigente desde la década de los 60. El gobierno se niega a reconocer a los rohingyas como ciudadanos, lo que les convierte en la población apátrida más grande del mundo, viven segregados del resto de la población y tienen un acceso muy limitado a derechos fundamentales como el acceso a la asistencia sanitaria, a la educación o a un empleo.

Anowara es una de las miles de personas que en 2017 escaparon de la campaña de violencia selectiva por parte del ejército birmano que arrasaba con las aldeas donde vivía la población rohingya, obligándolas a abandonar sus hogares y cruzar hacia Bangladesh, uniéndose así a otros cientos de miles de rohingya que habían buscado y encontrado refugio en el país en años anteriores. Según los datos oficiales se calcula que, en estos últimos cinco años, 773.972 personas de la comunidad rohingya escaparon hacia Bangladesh instalándose la mayoría en asentamientos como el de Kutupalong, en la región de Cox’s Bazar, o en la isla de Bashan Char, entre otros.

Vivir entre la supervivencia y la desesperanza en el exilio

Si bien es cierto que, desde el inicio de esta crisis humanitaria, el Gobierno de Bangladesh y las comunidades locales, junto con las agencias humanitarias, respondieron rápidamente a las necesidades de los refugiados que llegaban, proporcionándoles refugio en el que ahora es el mayor campo de refugiados del mundo en Cox's Bazar, las condiciones de vida para los casi un millón de refugiados rohingya apátridas son cada vez más difíciles. 

El paisaje de los campos está formado por un mar de precarios refugios con estructuras de bambú donde reina el hacinamiento y la electricidad o el agua corriente brillan por su ausencia. El acceso al empleo y la educación también es muy limitado y genera un sentimiento desesperanzador que, sumado a todo lo vivido antes del exilio, deja huella en la salud mental de sus habitantes. 

Además, los efectos de la pandemia de la COVID han provocado el aumento de los niveles de inseguridad alimentaria tanto en la población refugiada como en la local más empobrecida.  Una evaluación del Programa Mundial de Alimentos encontró que, a finales de 2020, el 86% de las personas refugiadas rohingyas eran altamente vulnerables a la pobreza y el hambre, en comparación con el 70% en 2019.

Otro gran obstáculo es el olvido que envuelve a esta crisis humanitaria que cumple cinco años. Se trata de una desmemoria que la comunidad internacional protagoniza y que la población rohingya sufre. Por eso Anowara, se niega a pasar página y lidia con la nostalgia cada día que pasa en el campo de refugiados donde sobrevive con sus hijos, sin recursos para acceder a una alimentación básica si no es por la ayuda de organizaciones o instituciones locales o internacionales. “Este año, en ramadán, durante cuatro días rompí el ayuno solo con agua porque no tenía dinero para comprar comida”, lamenta la mujer.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos para garantizar tanto ayuda financiera como soluciones para los rohingya, y advierte de que numerosas encuestas de evaluación humanitaria han revelado que entre las principales necesidades que no logran ser cubiertas se encuentran una nutrición adecuada, materiales de refugio, infraestructuras de saneamiento y oportunidades de subsistencia. 

“Después de cinco años, la operación ya no se considera una emergencia. Sin embargo, las necesidades siguen siendo humanitarias, es decir de supervivencia. Estas personas llevan toda su vida sin tener acceso a derechos. El esfuerzo que realiza Bangladesh en permitirles un espacio para vivir en paz es increíble, pero insuficiente. Necesitan más apoyo, desde alzar la voz para que la gente sepa que existe esta población apátrida a quien se le ha privado de tener una documentación e identidad, hasta apoyo económico, puesto que, sin este, no habrá cómo cubrir las necesidades básicas, como buena alimentación o educación”, explica Regina de la Portilla, oficial de comunicación de ACNUR en Bangladesh. 

Algunas personas, incluso, han optado por salir también de Bangladesh a pesar de tener que recurrir a peligrosos viajes por mar en busca de un futuro mejor. Malasia es uno de los destinos de esta ruta que lideran traficantes de personas y ha dejado episodios de trato inhumano, abandonando en el mar embarcaciones repletas de personas -mayoritariamente rohingya- durante meses. Begum Ziyah, de 19 años, es uno de los supervivientes de estas travesías del horror, que en su caso duró desde marzo hasta septiembre de 2020. “La gente estaba nerviosa y frustrada y la dotación empezó a golpearlos. Yo ayudé a limpiar la sangre de los cuerpos de dos personas”, relata la joven sobre la pesadilla que vivió durante casi siete meses en el mar y en la que perdieron la vida al menos 30 personas. 

La educación como faro de luz en los campos de refugiados en Bangladesh

En este contexto, las necesidades de protección —especialmente las de mujeres, niños y personas con discapacidad— no suelen denunciarse. La violencia contra niños y mujeres, especialmente la violencia de género, está rodeada en un estigma que puede dejar sin voz a los supervivientes, que a menudo no pueden acceder a apoyo legal, médico, psicosocial o de otro tipo.

Por eso, organizaciones como ACNUR, apuntan hacia la “necesidad de aumentar el apoyo a la educación, al desarrollo de habilidades y a las oportunidades de subsistencia” y pone en marcha actividades para superar los retos educativos en los campos de refugiados en Bangladesh y que las generaciones más jóvenes puedan estar preparadas para su eventual retorno, al tiempo que les ayude a mantenerse seguros y productivos durante su estancia en el país de acogida.

En este sentido, de la Portilla apunta hacia el espíritu de superación de las y los adolescentes que, a pesar de crecer sin acceso a educación formal, “se enseñan y apoyan mutuamente, algunos han logrado hacerse de un móvil y aprenden inglés en TikTok. Su fuerza, esperanza y energía, inspiran. Si tuvieran oportunidades de educación o medios de vida, alcanzarían metas extraordinarias, estoy segura”, concluye la trabajadora humanitaria que pone como ejemplo al joven Hasson, que llegó a los ocho años escapando de Myanmar y a pesar de ser una persona sorda, ha encontrado en la fotografía y el arte un lenguaje para expresar lo que siente y mostrar al mundo lo que su comunidad vive. 

Yasmine, de 18 años es una de las niñas y jóvenes que pertenecen a uno de los 70 clubes de adolescentes que ofrecen educación informal a 10.000 jóvenes refugiados rohingyas que viven en estos campamentos, donde más del 50% de su población son menores o jóvenes, pero muchos no han tenido acceso a una educación formal desde que llegaron a Bangladesh. 

“Si pudiera continuar con mi educación, sería médico o profesora... Pero no tenemos estas oportunidades”, lamenta la joven refugiada de 18 años que solo había asistido a un año de escuela primaria cuando huyó de Myanmar a Bangladesh con su familia en 2012. 

Las niñas y los niños más pequeños pueden asistir a centros de aprendizaje, pero hasta hace poco, el plan de estudios informal consistía principalmente en alfabetización y aritmética básica, y atendía únicamente a quienes tenían entre 4 y 14 años.

Después de la aprobación del Gobierno de Bangladesh, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNICEF y sus socios han introducido un programa de aprendizaje más formal basado en el plan de estudios nacional de Myanmar, que acabará por solucionar el grave déficit de educación también para las niñas y los niños mayores de los campamentos.

Shah Alam, de 22 años, también es uno de esos jóvenes que vio cómo su educación terminó abruptamente cuando se vio forzado a huir de su natal Myanmar antes de poder graduarse de la escuela preparatoria. Sin embargo, nunca ha renunciado a su sueño de ser profesor. Tras ser formado como asistente educativo en programas liderados por ACNUR, hoy dirige una clase de alrededor de 40 niñas y niños rohingyas en el campamento de Kutupalong a los que atiende haciendo brillar su vocación de profesor y ayudando a mantener vivos los sueños de los más pequeños. “Mis estudiantes llevan en su corazón el sueño de realizarse”, defiende orgulloso dejando una ventana abierta a la esperanza.

Ni Manuela Ramajo, ni Emiliana García, ni Paquita Sanjuán aparecen en los libros de historia de nuestro país, pero deberían. Estas tres mujeres, que ya han superado los 80 años, son memoria viva de nuestra historia reciente. Tres madres, hoy abuelas, unidas contra la droga, el veneno que inundó barrios y ciudades de toda la geografía española, que dejó la puerta abierta a otra pandemia, la del sida, y que generó una importante alarma social.

“En mi casa entró de lleno esta problemática. Mi hermano pequeño, mi hija y mi hijo acabaron en la droga”, rompe el hielo Manuela, sentada junto a sus compañeras para empezar a recordar esos años oscuros de dolor, pero también de lucha contra esta lacra. “Estábamos muy unidas y organizadas”, destaca, orgullosa, para dejar siempre patente ese espíritu de grupo en el que colectivizan sus problemas y comparten sus éxitos, y que tanto las caracteriza.

Según datos del estudio ‘Más de 30 años de drogas ilegales en España: una amarga historia con algunos consejos para el futuro’, publicado en la Revista Española de Salud Púbica, la sobredosis de heroína provocó un importante aumento de la mortalidad juvenil durante las décadas de los 80 y 90, alcanzando su punto álgido entre 1991 y 1993, con más de 1.700 muertes.

Pero detrás de estas cifras hay nombres como, por ejemplo, Marifé y Félix, los hijos de Manuela y Emiliana. También hay historias: las de estas y tantas otras madres (y padres) que se levantaron contra el narco, las cárceles, el estigma social y el abandono institucional. Ellas lo hicieron encerrándose en el Banco Popular, en la Catedral de la Almudena, acampando frente al Ministerio de Sanidad, protestando en las inmediaciones de los juzgados o plantándose a las puertas de distintos centros penitenciarios. En uno de esos viajes, de camino a la cárcel de Zamora, Emiliana compuso una canción que, aunque hoy se disculpa porque dice que ya no puede entonar, Manuela le anima a compartir.

“Las madres desde los cerros a voces se oyen gritar / Carcelero, carcelero, que no son unos bandidos / Que ha sido la maldita droga que aquí los ha traído / Carcelero, carcelero, no les quitéis de escuchar / A las voces de las madres que vienen a apoyar”. Así rezan esos versos tantas veces cantados a coro entre mujeres coraje, que defendieron una forma de lucha que ha sentado precedente para otros movimientos sociales.

Luciendo canas y haciendo gala de un humor particular que sirve de balsa en un mar de desgracias, rememoran un tiempo pasado que sigue estando muy presente. Lo hacen sentadas en un banco de la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, punto de encuentro, trinchera y refugio, desde hace décadas, para estas señoras en pie contra la droga y en favor de tantas otras causas justas.

En todos estos años no han bajado los brazos. Precisamente, en 2007 defendieron con fervor a la parroquia madrileña para evitar el cierre que había anunciado el arzobispo Antonio María Rouco Varela. Entre las luchas más recientes a las que se han sumado están las protestas contra las casas de apuestas desplegadas en los barrios más humildes y que tanto les recuerdan a los años en los que la droga se coló en sus hogares. Tampoco es extraño encontrarlas alzando la voz en las puertas de los centros de internamiento de extranjeros o recordando con dignidad a los muertos en el mar Mediterráneo, en su huida a una vida mejor, a las puertas de las instituciones cómplices de las políticas migratorias actuales.

En todos estos años no han bajado los brazos: en 2007 evitaron el cierre de la parroquia San Carlos Borromeo, que es su trinchera y refugio

“Los seres humanos somos todos iguales ante mi ley. Todos iguales. Blancos, negros, sean de aquí o sean de allá. Las fronteras y las cárceles solo sirven para separar a un mundo pobre de otro mundo pobre. Todo lo que está pasando en las fronteras me duele tanto como los muertos en la cárcel y la droga”, dice Manuela enérgicamente y conteniendo las lágrimas, mientras señala las fotos de un joven exhausto encaramado a la valla de Melilla y otra donde se observa a una madre con su hija recién rescatadas en el mar, que lucen junto al Cristo de este templo.

Manuela, que se define como una mujer que siempre ha estado muy activa e involucrada en los movimientos sociales, reconoce que empezó su andadura en este grupo de madres coraje, ahora ya abuelas, cuando su Marifé “estaba hecha polvo”. Perdió a su hija en 1992; llevaba enganchada a las drogas desde los 17 años. Pasó por la cárcel, estuvo en un centro de desintoxicación y enfermó de sida. Han transcurrido ya tres décadas desde que Manuela enterró a Marifé y sigue recordándola con dolor, pero también con dignidad y mucho amor.

“En el 86 murió mi hijo, se murió solito”, cuenta Emiliana emocionada y con cierto sentimiento de derrota después de pelear hasta el último aliento para que Félix pudiera ingresar en un hospital penitenciario. “Fueron años en los que mi marido y yo estuvimos venga a luchar y luchar”, dice con la voz rota.

“Vine aquí [al grupo de Madres Unidas contra la Droga que se juntaba en Entrevías] porque ellos eran los únicos que me entendían; por aquel entonces la gente, los vecinos, la familia... te culpaban”, lamenta al tiempo que su compañera Manuela le da la razón: “No solo te culpas tú, sino que además te culpaba la gente”. A lo que Emiliana responde: “¿Sabes lo que me decía yo y lo que me sigo diciendo? Algo tengo que haber hecho mal”.

Es en ese momento cuando Paquita, que hasta el momento las escuchaba atentamente sin interrumpir, rompe su silencio. “No, eso es lo último que tienes que pensar”, contesta con mucho cariño y total rotundidad. De las tres, Paquita es la única que, como dice Manoli, “no ha vivido esta problemática” entre sus hijos o familiares. Sin embargo, su lucha ha sido incansable. Por eso ha repetido hasta la saciedad ese mensaje que busca arrancar la culpa y el estigma que pesan sobre las familias de afectados por la droga, un problema que todavía hoy perdura.

El apoyo incondicional de Paquita se fraguó cuando enviudó, en el año 1981, y se involucró en la asociación de vecinos de La Elipa, donde comenzó atendiendo a personas drogodependientes. De esta manera conoció a su gran amiga Manuela, que se deshace en elogios hacia esta hermana que, dice, le ha dado la vida.

“La droga es un tema que en ese momento desconocía por completo, pero pronto me di cuenta de que el mismo desconocimiento que tenía yo también lo tenían los afectados, y también la Administración. No había profesionales formados; los trabajadores sociales, psicólogos e incluso médicos, todos han aprendido con la experiencia de nuestros chicos”, apunta.

Paquita señala así a un momento histórico en el que la desinformación era la primera barrera que resultaba necesario saltar para plantar cara a los horrores que dejaron la droga y la enfermedad del sida.

Y ese fue uno de sus cometidos: documentarse, aprender y compartir sus conocimientos con el resto de la sociedad. Otro cometido fue mucho más humano, en primera línea, acompañando a familiares, pero también a esos jóvenes que se batían entre la vida y la muerte, deambulando por los márgenes de la sociedad. “Son como mis hijos”, asegura orgullosa.

Paquita cuenta que todavía guarda como un tesoro muchas de las cartas que intercambiaba con jóvenes toxicómanos, que le escribían desde las cárceles o bien desde los centros de desintoxicación. “Había chicos que me decían: ‘Paqui, que mi compañero de chabolo no tiene a nadie que le escriba’, y entonces yo les empezaba a escribir. Cuando salían de la cárcel querían conocerme. Las guardo como oro en paño; eso sí, ya he avisado de que el día que yo falte las quemen porque esas cartas forman parte de sus memorias, de sus miedos, de su intimidad”. Con estas palabras, Paquita defiende hasta en el último detalle la dignidad de esa generación tristemente perdida.

Así, entre un sinfín de anécdotas y mucha humildad, Manuela, Emiliana y Paquita comparten en primera persona el camino recorrido. Son incombustibles, pero también son conscientes del peso de los años. Además, la pandemia de la COVID-19 las ha alejado más de lo que les gustaría de su activismo y, como hijas de la posguerra, no toleran que esta crisis sanitaria y social se compare con una guerra. Ya están curtidas, vivieron la epidemia de la heroína y el sida. Pero siguen en pie y guardan un mensaje para las generaciones más jóvenes. “El apoyo mutuo es el único camino que tiene el mundo para prosperar”.

Las imágenes de decenas de jóvenes migrantes tirados en el suelo, hacinados, heridos, exhaustos y golpeados por las fuerzas de seguridad marroquí cerca de la valla de Melilla, han despertado la indignación de la sociedad española. Al menos 37 personas han perdido la vida en los acontecimientos y brutal respuesta de las autoridades marroquíes ante el intento de salto de valla para alcanzar la ciudad autónoma de Melilla. Pero las palabras de Pedro Sánchez, que calificó este sábado de “asalto violento” el salto y responsabilizó de las muertes a las mafias, también han despertado el descontento entre la ciudadanía.

En respuesta a esta situación, este domingo 26 de junio, ciudades de toda la geografía española se han concentrado en repulsa de estos hechos y en solidaridad con las víctimas. Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Sevilla, Granada, Bilbao, Palma, Zaragoza, Badajoz, Girona, Valladolid o Las Palmas de Gran Canaria, son algunas de las ciudades que se han sumado a este grito en defensa de los derechos humanos.

En Madrid, en la céntrica Plaza de Callao, cientos de personas se han congregado, muchas de ellas vestidas de negro y portando flores, en señal de duelo y protesta. A grito de “ningún ser humano es ilegal”, comenzaba la protesta marcada por el dolor. Eran repetidos los gestos de llantos ahogados en las gargantas de muchas de las personas asistentes que se fundían en abrazos con otros conocidos. 

Thimbu Samb, un joven senegalés que llegó a Españas después de intentar cruzar el Estrecho en varias ocasiones, se mostraba profundamente consternado. “No venimos a España porque nos guste morir, nosotros arriesgamos nuestras vidas porque los recursos en nuestros países son saqueados por Occidente”, denuncia el joven, que hoy es actor de profesión. “No puedo comprender cómo Pedro Sánchez condena lo que está pasando en Ucrania y aplaude lo que está pasando en la frontera de Melilla”, apunta Samb en referencia a las últimas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, en las que responsabilizaba a las mafias de las muertes frente a Melilla. 

Araceli Caballro, Carmen Laín, Alba Rondan y Pilar Redondo, son cuatro amigas que rondan los 70 años, pero se conocen desde hace más de cuatro décadas, unidas frente a distintas injusticias sociales. Por eso estaban allí. “No se puede consentir la masacre que ha habido en Melilla”, apuntaba Redondo, a lo que añadía su compañera Araceli: “No se puede consentir. Matar por matar”. Este grupo de amigas tampoco podían esconder su indignación frente a las declaraciones de Pedro Sánchez. “Lo lamentable es escucharle ahora acusar a las mafias de las muertes en la frontera, cuando las mafias son los gobiernos que crean esta situación”, señalaba Rondan con estupor.

“Lo más triste es que esto, como sociedad, lo vamos a normalizar. Ya pasó con la tragedia del Tarajal”, lamenta Teresa Palomo, fotógrafa que conoce muy de cerca la realidad de las fronteras de Ceuta y de Melilla. “Llevo tres días en shock, vengo sin cámara, no sé ni que hacer”, se sinceraba Palomo. “Esto es cada vez peor, es como Libia, un infierno. De hecho, la mayoría de la gente que estaba en este salto procedía de Sudán, seguramente escapando de Libia con la esperanza de llegar a Europa en este paso fronterizo, y mira con lo que se han encontrado. Mi chico ha estado en siete intentos de salto en la valla y ayer me decía: ‘menos mal que en esta ocasión tenemos imágenes que puedan mostrar lo que se vive ahí cada día’”, compartía Palomo con el dolor y hastío de quien lleva años señalando la brutalidad que el viernes estalló en la frontera hispano-marroquí contra personas migrantes. 

Jalil Mohamed, periodista saharaui, acudía a la protesta con otros compañeros compatriotas. No dudaron en compartir su solidaridad con las víctimas de la violencia cometida por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. “Nosotros como saharauis llevamos muchísimos años repitiendo una consigna que es muy clara: ‘Marruecos asesina, Europa patrocina’, y lamentablemente han tenido que venir estas imágenes para remover un poco la conciencia de la sociedad europea”, dice este joven recordando también el reciente cambio de postura del Gobierno actual, que apoya el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, contrario a la legalidad internacional respecto a la antigua colonia española.

En un momento de la protesta, se improvisó un pequeño altar en el centro de la plaza donde se amontonaban flores como símbolo de duelo y empatía con las víctimas. Además, en un momento el suelo de la plaza se cubrió de un manto de cuerpos tumbados en el suelo, que recordaban a las imágenes que se han visto estos días de las personas migrantes hacinadas y tiradas en el suelo bajo custodia de las fuerzas de seguridad marroquíes, que también propinaban golpes. Con ese gesto se guardó un minuto de silencio que se rompió con gritos de “Melilla, hermanos, nosotros no olvidamos”, “las vías negras también importan” o “la ley de extranjería mata gente cada día”.

“No nos entra en un comunicado toda la rabia y la impotencia de ver cómo las vidas migrantes, las vidas negras, los cuerpos racializados en las fronteras, pueden sufrir toda la violencia de los Estados responsables de la falta de vías seguras para acceder a la Europa Fortaleza y llamara a estas actuaciones criminales:’acuerdos de cooperación’”. Así comenzaba el manifiesto leído por la Plataforma Regularización Ya, colectivo que ha convocado la protesta en Madrid. El comunicado también señala que no se trata de “hechos aislados”, sino “tragedias anunciadas, planificadas por el sistema de control migratorio y de expulsión de fronteras” y exige la “rectificación del Gobierno” y “acabar con la violencia que la Ley de Extranjería impone en las fronteras y dentro del territorio”.

Entre los asistentes se han visto caras conocidas del panorama político como Alejandra Jacinto y Serigne Mbaye, diputados de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid; Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas; o Nacho Murgui, concejal de Más Madrid.

Un año más, con la llegada del invierno, la nieve cubre buena parte de la geografía libanesa. Una estampa que, a vista de dron, podría ser idílica. Sin embargo, bajo ese manto blanco quedan enterradas las tiendas de campaña y humildes viviendas que dan cobijo a miles de personas refugiadas que escaparon de la guerra en Siria.

Majida es madre de cuatro hijos y una de las miles de supervivientes que habitan el Valle de la Bekaa, en Líbano. “El año pasado pude acceder a algo de combustible, pero este año, debido a los cortes de suministros y elevados precios no puedo permitirme ni comprar leña”, lamenta esta mujer y pilar fundamental de su familia. 

Y es que, los estragos de la crisis socio sanitaria provocados por la COVID, así como la desatada tras la explosión en Beirut en 2020, han convertido a Líbano en un país colapsado e inmerso en una devastadora recesión económica.

Aunque, como la propia Majida reconoce, “se trata de una realidad muy difícil para todo el mundo, para libaneses y refugiados”, los datos que afectan a estos últimos son especialmente escalofriantes. Nueve de cada diez refugiados sirios viven en situación de extrema pobreza y la mitad de la población refugiada sufre inseguridad alimentaria, es decir, no tiene acceso a ciertos alimentos necesarios para el desarrollo de una vida saludable.

“Antes de la crisis, la situación era difícil, pero podía poner comida en la mesa. Ahora, no puedo proporcionar una comida completa a mis hijos, que comen principalmente verduras y alimentos secos”, lamenta Majida. 

“Cuando llegué por primera vez a Líbano, tuve que adaptarme a mi nueva realidad. Nunca antes había vivido en una tienda de campaña, pero no podía permitirme alquilar un apartamento. Como madre sola, a lo largo de los años, tuve que aprender a salir adelante por mi cuenta y mantener a mi familia”, resume así su vida en el asentamiento de refugiados y las adversidades que tiene que saltar cada día, como si de una carrera de obstáculos interminable se tratara. Sus dos hijos mayores, de 15 y 16 años, abandonaron los estudios para poder trabajar y ella consigue trabajos puntuales como recolectora de habas o ajos. Aun así, los números no salen y la necesidad le ha llevado a situaciones límites. Una batalla por la subsistencia que se complica más en este periodo del año con gélidas temperaturas, lluvias y nieve.  

Su caso no es aislado. Um Khale, de 69 años, vive en un campo de refugiados en Jordania junto a su hija y sus cuatro nietos. “Llevo cinco inviernos en el campo de refugiados de Azraq y cada uno es más duro que el anterior. Ya no soy joven y el frío me provoca temblores. A veces, siento que podría morir de frío”, se queja esta mujer que pone voz y rostro a las duras condiciones de vida a las que se enfrentan cada invierno las personas refugiadas sirias en países vecinos. 

Más de 3,3 millones de refugiados en Irak, Líbano, Jordania, Egipto, al igual que miles de personas desplazadas en Siria y Afganistán, se enfrentan a uno de los inviernos más duros, con niños y familias que ya están sufriendo los destructivos conflictos y los efectos de la pandemia de COVID.

Si bien es cierto que en esta región hace mucho calor en verano, durante la temporada estival los extremos también se hacen notar, alcanzando temperaturas bajo cero. En Siria, Jordania y Líbano suelen ser frecuentes las lluvias intensas y las tormentas de nieve durante el invierno, generando que el agua sucia y helada inunde los campos de refugiados y asentamientos informales. En Irak, los fuertes vientos helados amenazan a la gente con la posibilidad de contraer hipotermia. Y en Afganistán, las temperaturas llegan a bajar hasta los 12 grados bajo cero, con la caída de fuertes nevadas, bloqueando muchas carreteras y, por lo tanto, limitando el acceso a los servicios básicos, sobre todo los de salud.

Esto obliga a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a promover campañas humanitarias para paliar los efectos y mejorar al máximo posible la vida de personas como Um Khale, Majida y sus familias.  Para ello, la organización reparte material esencial como mantas, ropa de abrigo, combustibles para estufas, materiales aislantes y también prestaciones en efectivo.

Con el dinero en efectivo, las familias cuentan con la libertad de gastar en sus necesidades más urgentes, como alimentos o combustible para la calefacción. Y con los artículos básicos de socorro se busca actuar de manera rápida para evitar tragedias en condiciones climáticas extremas. Además, ACNUR trabaja en el acondicionamiento óptimo de los refugios con reparaciones y protección contra la intemperie, mejoras en los sistemas de drenaje y aislamiento.

Gélida crisis humanitaria en Afganistán

Este invierno está siendo especialmente duro para las personas refugiadas y desplazadas internas en Afganistán. El frío es otro temido enemigo para la población afgana, que se ve inmersa en la pobreza, conflictos y abandono internacional. “Se necesita apoyo urgente para ayudar a los afganos más vulnerables a sobrevivir durante los meses de invierno y mantener a sus familias seguras y cálidas”, advirtió la representante de ACNUR en Afganistán, Caroline van Buren. 

Las secuelas que dejan las bajas temperaturas del periodo estival, se suman a las provocadas por las sequías en verano, al impacto socioeconómico de la pandemia de COVID y a la alarmante crisis humanitaria que se exacerbó tras la toma de poder de los talibanes durante el pasado mes de agosto. 

De unas 700.000 personas afganas desplazadas por los combates desde principios del año pasado, se calcula que unas 50.000 huyeron a Kabul, la capital, de las cuales el 80% son mujeres y niños. Se vieron obligados a escapar a una ciudad situada a 1.800 metros de altitud, donde el frío se apodera del ambiente. Esto supone que muchas de las familias desplazadas se enfrentan a estos meses de invierno en refugios improvisados ​​o hacinados en habitaciones alquiladas sin calefacción y sin recursos para alimentarse.

Aunque acostumbrados a resistir, la capacidad de resiliencia de la población afgana y, en particular, de quienes han tenido que huir de sus hogares, llega a un límite. Por eso, desde ACNUR se está aumentando la asistencia y ayuda humanitaria. Sin embargo, se trata de una responsabilidad que ha de ser global, porque como apunta van Buren, “Sin ayudas económicas, las comunidades se verán expuestas a duros golpes, incluso la pérdida de vidas”. 

El pasado 13 de enero un tribunal alemán condenó a cadena perpetua al coronel sirio Anwar Raslan, en el primer juicio internacional contra un miembro de alto rango del Gobierno de Bashar al Asad. El veredicto histórico sienta precedente para que puedan juzgarse los asesinatos, torturas y desapariciones de las que se acusa al régimen sirio en esta década de guerra. También genera esperanza para la población civil siria que, como Wafa Mustafa, lleva más de una década clamando justicia por los desaparecidos y sus familiares.

“Evidentemente significa mucho para nosotros como sirios y nuestra lucha en los últimos diez años, pero espero que además esto sirva como una prueba de todas las atrocidades que llevamos denunciando en todo este tiempo. O para demostrar que las deportaciones de Dinamarca ponen en riesgo de detención o muerte a la gente, porque Siria no es un país seguro”, apunta con vehemencia Wafa Mustafa, hija de Ali Mustafa, detenido y desaparecido desde 2013 en Siria.

La joven periodista y activista, que vive en Berlín como refugiada, se dedica en cuerpo y alma a encontrar a su padre y denunciar los crímenes perpetrados por el régimen sirio y otros grupos armados.

No deja de alzar su voz para evitar el olvido. “Solo existimos si nos recuerdan”, repite en varias ocasiones durante la conversación por videollamada. No se trata de un eslogan vacío, es su modo de vida. Atiende a los medios de comunicación, acude a instituciones internacionales, sale a la calle a manifestarse y llama a todas las puertas necesarias con el objetivo de exigir justicia para los desaparecidos en Siria.

En sus redes sociales publica el número de días transcurridos desde aquel julio de 2013, cuando dos hombres entraron en el apartamento de su padre en Damasco y fue detenido y encarcelado. Han pasado más de 3.200 días -ocho años- sin noticias de él, bajo la agonía de la incertidumbre. Ni ella, ni su madre ni sus dos hermanas saben por qué fue detenido ni dónde está. “Lo que quieren es callarme, romperme. Es muy duro, pero precisamente por eso mi respuesta es recordar siempre a mi padre y a tantos otros desaparecidos”, explica con convencimiento, señalando al régimen sirio como responsable de la desaparición de su padre.

Movimiento por los desaparecidos

No camina sola. Desde hace años suma sus fuerzas a otras familias de detenidos ilegalmente o desaparecidos de manera forzosa por el Gobierno, ISIS, Hayat Tahrir al-Sham (antiguo Frente Al Nusra) y otros actores armados. Son supervivientes, madres, hermanas, hijas y esposas que claman justicia.

Algunas de ellas se concentraron a las puertas del juzgado alemán de Coblenza, mientras se celebraba el juicio contra Anwar Raslan. Sostenían las imágenes de sus familiares desaparecidos y pancartas que recordaban la desaparición de “más de 130.000 personas e en Siria”, recibieron la noticia sobre la condena de este exalto cargo militar. “Al menos se ha logrado un pequeño paso para la justicia. Para familias, supervivientes, testigos y perseguidos”, decía emocionada Lamis Alkhatib, esposa del fotógrafo palestino Niraz Saied, arrestado en 2015 en un puesto de control en las inmediaciones de Damasco y cuyo nombre apareció años más tarde en las conocidas 'listas de la muerte' difundidas por el Gobierno de Assad.

En algunas imágenes del momento, Alkhatib abraza y seca, con ternura, las lágrimas de Fadwa Mahmoud, madre y esposa de dos desaparecidos en las cárceles sirias. “Claro que estoy contenta. Pero, ¿es esto suficiente? No lo es. Porque este veredicto contra Anwar Raslan, o incluso contra 20 como él, no me va a permitir saber dónde están mi hijo y mi marido. Esto no va a permitir conocer qué está ocurriendo dentro de los centros de detención en Siria”, compartía apenada Mahmoud para recordar también que su batalla no ha terminado, aunque esto suponga “un paso importante hacia la justicia”.

Mustafa comparte ese sabor agridulce que dejó la noticia. Confiesa que le genera una sensación de sentimientos encontrados y lamenta que los medios de comunicación están abordando el tema “como si se tratara de un asunto de justicia para Siria, cuando es para toda la humanidad”.

“También me siento triste, enfadada, contrariada. Estaba esperanzada en que esto es lo que la comunidad internacional necesita para hacer algo. Para salvar a gente como mi padre, pero también para terminar con los crímenes porque todavía siguen ocurriendo. ¿Qué ha cambiado a nivel político? Nada. Y es incluso peor, porque parece que estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado y terminó. Pero no. Las detenciones siguen ocurriendo. Estos crímenes siguen en el presente”, apunta tajante la joven.

Según el último informe elaborado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, desde marzo de 2011 hasta agosto de 2021, al menos 149.862 personas, incluidos 4.931 niños y 9.271 mujeres, siguen detenidas o sometidas a desaparición forzada a manos de las partes en el conflicto y las fuerzas de control en Siria. La mayoría de estas detenciones o desapariciones forzadas han sido perpetradas por las fuerzas del régimen sirio, llegando a registrar 131.469 personas. Le sigue ISIS, responsable de 8.648 desapariciones. Mientras que Al Nusra, el Ejército Nacional Sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por los kurdos tienen a sus espaldas 2.287, 3.641 y 3.817 desapariciones respectivamente.

“¿Qué tengo que hacer?”

Mustafa no puede evitar mostrarse escéptica ante la actitud de la comunidad internacional respecto al conflicto sirio. “¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar unos cuantos años más a que el régimen me haga llegar una notificación de muerte y después ir a un tribunal europeo para pedir justicia para mi padre? Yo prefiero tener a mi padre sano y salvo pronto”, pregunta retóricamente en voz alta.

Ese mensaje lo ha repetido una y otra vez. Y asegura que no dejará de hacerlo hasta conseguirlo. Denuncia la falta de voluntad política, cuyas consecuencias vive en su propia piel. “El problema no está en que la comunidad internacional no quiera escuchar las voces de los sirios y sirias, sino en que no quiere hacer nada”, lamenta.

Así lo manifestó en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2020: “Como familiares de los detenidos, nos sentimos profundamente frustrados por la inacción colectiva y la abdicación de la responsabilidad por parte del Consejo de Seguridad para abordar este crimen de lesa humanidad. Mis compañeros y compañeras han compartido nuestras historias y demandas con ustedes, pero hasta la fecha no se ha logrado ningún progreso. Escuchamos excusas sobre la necesidad de priorizar otros temas humanitarios o políticos en Siria, que ahora no es el momento de centrarse en los detenidos. Pero todos estos temas están conectados y este Consejo puede y debe abordarlos todos a la vez”.

Se acerca el undécimo aniversario de conflicto en Siria. Wafa Mustafa sabe que, por unos días, los medios de comunicación dedicarán parte de su programación a la efeméride, pero ante todo lamenta que “la impunidad del régimen de Asad” y critica cualquier tipo de injerencia que, dice, “están muy alejadas de los valores de libertad, democracia y dignidad” que defendieron los sirios en 2011“.

“Después de años de crímenes contra su pueblo, de bombardear con armas químicas, sigue en el poder y el resto de los gobiernos lo justifican amparándose en unas elecciones manipuladas que, 40 años después, siguen ganando. Pero esto no es solo un problema para Siria, esto también es un mensaje muy claro hacia todas las dictaduras en el planeta: sí, puedes matar a tu gente, puedes detenerlos, usar armas químicas y toda la armamentística... y puedes seguir siendo presidente”, advierte con cierta aflicción.

Antes de cerrar la conversación, esta joven que siempre luce un colgante dorado del mapa de Palestina, como símbolo de resistencia y lucha por la libertad, quiere dejar un último mensaje. El mismo que se repite para mantenerse en pie: “Hace once años mi padre salió a la calle a protestar porque quería una realidad mejor para su país y para la humanidad. No pedía nada que no fuera libertad, justicia y dignidad. Y eso es por lo que todavía lucho”.

Ahmad vive en Madrid y desde allí vivió los últimos días de agosto con la angustia de poder sacar a su familia de Afganistán. “La sensación de impotencia de no poder estar ahí ha sido horrorosa... Los riesgos eran muchos y tenía mucho miedo, pero ya están en Madrid. Lo hemos conseguido”, confesaba a elDiario.es en un artículo que narraba los esfuerzos de este joven para, desde la distancia, ayudar a sus familiares a escapar del infierno que asola a Afganistán y que se ha acentuado con la llegada al poder del régimen talibán.

Aunque en la actualidad informativa ha estado marcada por lo que ocurría en el aeropuerto de Kabul, colapsado ante el intento de huida de los ciudadanos y las evacuaciones de las potencias internacionales, como ocurrió con la familia de Ahmad, los movimientos migratorios de este conflicto han sido constantes en las últimas décadas. 

Se estima que hay más de 2,6 millones de afganas y afganos refugiados en todo el mundo y 3,5 millones que han abandonado sus hogares, pero no pueden salir del país; es decir, son desplazados internos. Un éxodo que se ha disparado debido al aumento de violencia y la inseguridad, derivando en una emergencia humanitaria. Tanto es así que, sólo en lo que va de año, se registran 550.000 personas desplazadas internas, de las cuales 120.000 se concentran en la provincia de Kabul.

“Estamos dando respuesta de emergencia para las personas que han sido desplazadas, que necesitan ayuda para salvar sus vidas de inmediato; gente que huyó de sus hogares sin absolutamente nada. Proporcionamos artículos básicos de socorro, proporcionamos refugio, agua, atención médica, saneamiento, alimentos. También proporcionamos asistencia en dinero en efectivo siempre que sea posible”, explica Caroline Van Buren, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Afganistán.

“Comenzamos la respuesta de emergencia hace ya  tiempo porque el conflicto ha sido constante. Después del anuncio en mayo de que las fuerzas militares internacionales se marcharían, realmente tuvimos este aumento, pero el conflicto no ha cesado.  

ACNUR, que opera en casi dos tercios de los distritos de Afganistán, responde a las prioridades más críticas de la población para salvar vidas y ayudar a evaluar las necesidades de cerca de 550.000 desplazados desde el comienzo del año. Una misión que llevan a cabo junto con sus socios locales y que les ha permitido ayudar a más de 230.000 personas en el país en 2021.

Se trata de una labor que ACNUR no quiere abandonar, por eso permanecerá y seguirá prestando ayuda al pueblo afgano, en colaboración con entidades locales, mientras tenga acceso a las poblaciones necesitadas. Un reto que, en palabras de Van Buren, “requiere del apoyo de la comunidad internacional y de un refuerzo urgente de la financiación que permita apoyar la respuesta regional, tanto de preparación dentro del país, como en los vecinos Irán y Pakistán”.

Si bien es cierto que cuatro décadas de conflicto y crisis dejan huella en Afganistán, hoy su gente se enfrenta a un contexto cambiante, marcado por la incertidumbre y con un alto riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos humanos, especialmente contra mujeres y niños y niñas.

El 80% de la población desplazada son mujeres y niños, como Maryam y sus hijos

“Estaba en guerra. Caían las bombas. Mi padre y muchos familiares murieron, así que nos vimos obligados a escapar. No quería que mis hijos también murieran” confiesa Maryam (nombre ficticio para proteger su seguridad) de 24 años y madre de cuatro hijos, que huyó del distrito de Sholgara hasta el campo improvisado de Nawabad Farabi-ha, en las afueras de la ciudad de Mazar-e Sharif, en el norte de Afganistán. “No tuvimos tiempo de recoger nada. Huimos solo con una manta”, recuerda esta mujer sentada en una de las tiendas de campaña que, con telas y palos, se levantan para servir como refugio a unas 100 familias, incluida la suya.

Su historia es una de tantas que esconden las escalofriantes cifras de la violencia que azota a la población civil en Afganistán y que afecta especialmente a mujeres y niños. Según estimaciones oficiales, el 80% de los desplazados afganos son mujeres y niños. Como Maryam, su madre y sus hijos que, aunque escaparon del cerco de violencia que cada vez ponía más en riesgo sus vidas, hoy se enfrentan a duras condiciones en el asentamiento, donde las temperaturas superan los 40 grados y escasean bienes básicos como alimentos y agua. 

Un mar de adversidades en el que Maryam sigue remando hacia una vida digna y en paz: “Quiero que mis hijos sean alguien en Afganistán, que sean doctores, ingenieros... Esa es mi esperanza”. Un sueño que comparten miles de afganos y afganas, que sólo es posible alcanzar con una respuesta firme por parte de la comunidad internacional y que requiere también el apoyo urgente de la sociedad civil para paliar la emergencia humanitaria a la que se enfrenta Afganistán, ya que ACNUR ha recibido menos del 50% de los fondos necesarios para cubrir las necesidades básicas de estas personas que tanto están sufriendo.

El impacto económico y social de la COVID ha golpeado fuerte en muchos hogares de España y en el de María y su hijo, campó a sus anchas: estuvo meses en ERTE y todos los trabajos que hacía por su cuenta, como limpiar casas o atender a personas dependientes, también desaparecieron. Las cuentas no salían y apenas le llegaba para pagar el alquiler del piso donde vive sola con su hijo de 11 años. Hoy, aunque arrastra deudas de ese tiempo, poco a poco empieza a recuperarse retomando los trabajos puntuales que dejó durante el confinamiento. Pero sortear la pobreza y precariedad, supone también vivir con el riesgo perenne de volver a la casilla de salida, de empezar de cero una y otra vez.

Con la llegada del verano y el fin del curso escolar, se cierran los colegios y comedores, lo que supone otra nueva limitación a la que hacer frente que, además, causa estragos sobre los menores. “En verano no tengo a nadie con quien dejar a mi hijo en casa o a alguien que cuide de él, porque estoy sola en este país. Solo estamos mi niño y yo”, lamenta María. Y es que, si no trabaja no puede conseguir ingresos para mantener y alimentar a su hijo. Para salir de esta encrucijada, esta familia cuenta con el respaldo del Programa de Verano de la ONG Educo, que no solo permite a los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad tener acceso a actividades de ocio y tiempo libre, sino que también garantiza al menos una comida completa y nutritiva al día a este colectivo. 

Esta iniciativa, liderada por Educo, se lleva a cabo en colaboración con 65 entidades que organizan distintas modalidades de campamentos a lo largo de toda la geografía española, proporcionando unas 115.000 comidas a más de 2.000 niños y niñas desde junio hasta septiembre. 

Con el fin del curso escolar empiezan los problemas nutricionales para la infancia más vulnerable

Según datos del gobierno, más de 700.000 niños y niñas se quedan sin un apoyo económico para su alimentación o una beca comedor pública en verano. “Durante los meses de verano, con las escuelas cerradas, los niños y las niñas más vulnerables no tienen acceso a actividades de ocio y tiempo libre y acaban quedándose en casa. Pero lo más grave es que también se acaban las becas y ayudas para el comedor escolar que reciben. Es cierto que muchas familias pueden asumir este gasto, pero ¿qué pasa con aquellas que no pueden? En muchos casos, empiezan los problemas de alimentación y nutrición de muchos niños y niñas hasta que empieza el nuevo curso escolar”, explica Pilar Orenes, directora general de Educo. 

Además de garantizar la comida de los más pequeños durante el periodo estival, es importante atender a otros aspectos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de cualquier niño, niña o joven. “También tienen derecho a tener unas vacaciones y a disfrutar del tiempo libre. Es algo básico si queremos asegurar su bienestar emocional”, apunta Orenes.

Por ello, el Programa de Verano de Educo también busca fomentar la relación de los críos con su entorno y sus amistades; y crear espacios seguros donde disfrutar de momentos de ocio. En esta línea, las actividades contemplan talleres de resolución pacífica de conflictos, donde a aprender a dialogar y a escuchar atentamente o a hacer un uso responsable de las redes sociales e Internet. Es decir, a través del juego y los cuidados, lograr que nadie se quede atrás.  

Y es que este programa resulta indispensable si atendemos a los últimos datos oficiales en los que se refleja que en España uno de cada tres menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión y que más de 370.000 niños, niñas y adolescentes no comen carne, pescado o pollo cada dos días.

Asegurar la alimentación de la infancia todos los días del año

Garantizar al menos una comida completa al día a menores en situación de vulnerabilidad es un objetivo que la Administración y las organizaciones sociales se marcan durante los doce meses del año. Un reto que también se ha abordado durante el periodo más duro de confinamiento y pandemia, cuando los centros educativos se cerraron. 

En ese tiempo, la familia de Gabriela recibió una ayuda a través de un ingreso económico mensual para que pudiera hacer compra de alimentos y asegurar la comida de sus dos hijos de nueve y doce años. 

“Me siento muy contenta y agradecida de poder tener a los niños comiendo en el comedor, así, mientras puedo buscar trabajo. Ellos están muy contentos, además es el momento de tener una comida sana”, reconoce esta madre tras la vuelta a las aulas. 

Compartir ese momento del día, con un plato de comida y en compañía de amigos, es una oportunidad para desarrollarse y disfrutar de un entorno seguro e inclusivo, pero también un derecho. Y así lo expresan algunos: “En el comedor me siento feliz, alegre, contento, cómodo”. Con esa frase adornada por corazones de colores que rodean cada una de las palabras, definía su experiencia uno de los más de 1.000 menores becados por Educo para comer en su centro educativo durante el curso 2020-2021.