Federico García Lorca fue fusilado en Granada al comienzo de la Guerra Civil, en agosto de 1936, por fuerzas falangistas. La dictadura franquista nunca llegó a reconocer su implicación públicamente, a pesar de que el bando nacional tenía en el punto de mira al poeta por sus creencias políticas.

eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a varios documentos, hasta ahora secretos, en los que la dictadura reconoce el asesinato del autor español más influyente y con más popularidad del siglo XX a manos de falangistas: “Sacado por fuerzas del Gobierno Civil, en las inmediaciones del lugar conocido como 'Fuente Grande' [municipio de Alfacar], fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra”, dicen los documentos.

Estas revelaciones mecanografiadas, con fecha 9 de julio de 1965, casi treinta años después del asesinato del poeta, contrastan con el discurso sobre la muerte de Lorca que mantuvieron hasta el final altos mandos de la dictadura franquista y el mismísimo Francisco Franco, según se recoge en su libro Palabras del Caudillo:

“Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino; se ha hablado mucho, porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos; son los accidentes naturales de la guerra”.

Los documentos, de dos páginas de extensión, echan por tierra las aseveraciones del dictador sobre el fusilamiento del poeta. La detención de Lorca, al que las autoridades franquistas no reconocían “actividad alguna”, se relaciona con los siguientes motivos: “Estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos [ideólogo socialista español], como también por sus estrechas relaciones con otros jerifaltes [sic] de igual signo político”. “Un masón perteneciente a la logia 'ALHAMBRA', en la que adoptó el nombre simbólico de 'HOMERO', desconociéndose el grado que alcanzó en la misma”, se añade en el texto.

Esto fue lo que sucedió antes de su arresto. Después, para justificar su asesinato, incorporan nuevas razones: “Estaba tildado de prácticas de homosexualismo [sic], aberración que llegó a ser 'vox pópuli”. Después, afirman: “Lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto en tal sentido”, se puede leer en el escrito de dos páginas carente de rúbrica.

“Pasado por las armas tras confesar”

Estos son los términos en los que se relata la ejecución de Federico García Lorca en un paraje granadino, por aquellas fechas comentada de soslayo por el franquismo y que implican una nueva versión para la historia: “El detenido fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido como 'Fuente Grande', en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha 'Fuente Grande', en un lugar que se hace muy difícil de localizar”, se despachan.

Estos documentos, a los que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, se elaboraron treinta años después de la desaparición del poeta andaluz. Ocurrió a raíz de la petición de una escritora francesa a la Embajada de España en París. Marcelle Auclair, según estos escritos, sondeó la posibilidad de que se le facilitara toda la documentación sobre Lorca en manos de la dictadura con la idea de publicar una biografía del escritor español.

“Mi querido Don Camilo”, arranca la carta que firma el diplomático español Fernando María Castiella en referencia al destinatario de la misiva, el entonces ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega. “No creo que debamos dejar de contestar al ruego que la referida escritora francesa ha elevado a nuestro Embajador en París”, escribe Castiella, que luego añade: “Expuse también el asunto a nuestro compañero el Ministro de Información y Turismo. Fraga opina que, en efecto, parece sumamente conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos”.

En el documento, que al final terminó redactando la Jefatura Superior de Policía de Granada (tercera brigada regional de investigación social) bajo el asunto “Antecedentes del Poeta Federico García Lorca”, se ofrecen detalles de los pasos que se siguieron desde la detención del escritor hasta su posterior fusilamiento. “El Glorioso Movimiento Nacional le sorprendió en esta capital [en referencia a Granada], a la que había llegado días atrás procedente de Madrid, y en los primeros días se practicaron en su referido domicilio dos registros, por cuyo motivo sintió miedo y se refugió en la vivienda de sus amigos los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas”.

El relato de los hechos prosigue así: “En esa morada permaneció escondido hasta el momento de su detención, que se efectuó en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1936”. Y continúa: “En el cuartel de Falange se hallaban el Jefe de Bandera don Miguel Rosales Camacho, cuando en él se presentaron el diputado obrerista de la CEDA don Ramón Ruiz Alonso [señalado históricamente como uno de los instigadores del asesinato de Lorca] [….] y algún otro, con una orden de detención dimanante del Gobierno Civil contra Federico, para cuyo cumplimiento requirieron al señor Rosales Camacho, al objeto de que éste les franqueara su domicilio, al que se dirigieron y que había sido rodeado por Milicias y Guardias de Asalto que tomaron todas las bocacalles y tejados próximos”.

Tras la detención de Lorca, “se le condujo a los calabozos del Gobierno Civil de esta provincia y seguidamente se interesaron por él, pretendiendo su libertad, el entonces Jefe Local de Falange José Díaz, los referidos hermanos Rosales Camacho, el Jefe de Milicias de Falange y otros antiguos falangistas, quienes se entrevistaron con el Gobernador Civil de la provincia y, aunque no consiguieron la libertad, obtuvieron la impresión de que no corría peligro la vida de Federico”.

A partir de ese momento, los dirigentes franquistas reconocen que los datos son muy confusos: “Solo se ha podido precisar que dicho detenido fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido como 'Fuente Grande', en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha 'Fuente Grande', en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

Por tanto, no se especifica ni se entra en detalle sobre el lugar exacto donde se le enterró, ni tampoco qué es lo que confesó para que al final dieran el visto bueno a su ejecución.

Luz no necesita recurrir a manuales para saber lo que es vivir en una España sin monarquía. “En el año 1931 fui a la Casa de Campo a ver el advenimiento de la Segunda República”, rememoraba con los ojos húmedos por la emoción, mientras, a su ritmo, intentaba no perder el paso de la manifestación que en la tarde de este martes ha recorrido el centro de la capital. “Es necesario para la libertad, beneficiaría al pueblo, la guerra nos lo quitó. República es libertad”, responde cuando se le cuestiona sobre la idoneidad de una Tercera República.

Hace 84 años una jovencísima Luz festejaba la caída de Alfonso XIII junto a sus padres. Hoy se ha hecho acompañar de sus hijos y de sus nietos para conmemorar una fecha que marca con rotulador en el calendario. De los mismos colores que el broche que colgaba de la solapa de su chaqueta, decenas de banderas tricolores han ondeado a lo largo de la madrileña calle Alcalá en una marcha convocada por la Junta Estatal Republicana.

El objetivo de la convocatoria, más descafeinada que otros años, como reconocían algunos asistentes, era doble: ensalzar las virtudes de la última república española, y pedir un referéndum “porque en el siglo XXI una jefatura del estado hereditaria no tiene sentido”. Entre las centenas de personas se mezclaba Rubén, estudiante de un máster en educación que en agosto hará las maletas, a su pesar, para irse a trabajar a Estados Unidos. Pese a la evidente diferencia de edad, su diagnóstico apenas muestra diferencias.

“Aún aceptando la legalidad de la Constitución, que nos ha dado calidad de vida, realmente la base social más justa sería una república, donde se apostara por la igualdad de todos los ciudadanos”, contaba este estudiante ataviado con una bandera republicana que lucía con orgullo. Eso sí, al igual que Luz, cree que “no será fácil poder ver” ese modelo de Estado en España en los próximos años. “Yo me moriré, pero espero que los jóvenes lo viváis y luchéis”, pedía la anciana.

Desde la plaza de Cibeles partía a las siete de la tarde la manifestación bajo el título 'No a la Constitución de 1978. No al pago de la deuda. Salida de la Unión Europea. Derecho de autodeterminación de los pueblos'. En la primera cabecera se podía leer 'Por la Tercera República', y en primera línea se hallaban algunos políticos como Cayo Lara, de Izquierda Unida o Juan López de Uralde, de Equo, así como representantes del PCE y de la Unión Cívica Republicana.

Para el diputado de la Izquierda Plural, una república es necesaria “para superar el proceso desconstituyente en el que estamos, y garantizar los derechos más elementales”. Cayo Lara también ha afeado la ausencia de PSOE y Podemos, a quienes ha recomendado que “no se anden con ambigüedades”. Por su parte, el coportavoz de Equo ha defendido un país sin corona porque “en el Siglo XXII el poder debe venir del pueblo, debe tener capacidad de decisión, y lo primero es ver que modelo de Estado se quiere”.

Un referéndum para decidir monarquía o república, el fin de los privilegios de unos pocos y una mejora democrática, han sido las tres ideas más repetidas por los manifestantes en los corrillos cundo discutían los beneficios de la república. Si bien, el disparadero no solo se ha colocado contra la monarquía. También han tenido hueco proclamas contra la austeridad, el Gobierno del Partido Popular o la corrupción.

De hecho, además de las organizaciones convocantes también se han dado cita grupos de feministas, los yayoflautas, grupos memorialistas y sindicatos, como Comisiones Obreras en su lucha contra el cierre de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada. “Me parece importante venir, quiero que pregunten, me parece mal que la máxima institución del Estado sea elegida a dedo”, decía Lucía, mientras arrimaba al pecho a su hijo de pocos meses. “A la gente no le preocupa este tema”, se resignaba mientras hacia bailar los pendientes decorados con la bandera republicana.

Unos pendientes que se podían comprar a lo largo de la marcha en varios puestos donde también se vendían pegatinas, broches o libros. Todo “en favor de la república”, explicaban algunos de los tenderos. En la Puerta del Sol, donde ha encallado la manifestación, Carmelo se despedía de algunos amigos. “Sigo reivindicando que España sea un estado republicano, al monarca no lo hemos elegido. Si se fuera Felipe, cambiaran muchas cosas, a mejor”, puntualiza.

El sol se va poniendo y es momento de plegar y recoger las numerosas pancartas y carteles. Tino se afana en doblar una de ellas. “La monarquía es la consecuencia de esta dictadura democrática que ha hecho que todas las conquistas sociales sean eliminadas”, dice. La gente se va dispersando mientras resuenan algunos de los cánticos que se han escuchado en la marcha: “España mañana será republicana”, “Madrid será la tumba del franquismo” o “El pueblo unido jamás será vencido”.

El PSOE solicitará este miércoles al Gobierno la puesta en marcha de un protocolo que aclare las circunstancias que motivarían la puesta en marcha de un operativo oficial para rescatar a españoles en el exterior. La petición llega días después de la muerte de dos espeleólogos españoles en la cordillera del Atlas (Marruecos), que llevó al único superviviente a denunciar la lentitud de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en las labores de rescate.

En esta última ocasión, a las pocas horas de conocerse la desaparición, España preparó un avión con cuatro guardias civiles del equipo de montaña y tres agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Sin embargo, no fue hasta dos jornadas después cuando el Gobierno español logró el permiso para viajar a la zona y prestar de esta forma ayuda en las labores de rescate. De los tres montañistas, dos eran policías y el restante era presidente de una asociación deportiva.

Un despliegue de medios que contrasta con la respuesta que se brindó desde el Ejecutivo a otro espeleólogo español que se quedó atrapado en una cueva en Perú. El biólogo Cecilio López pasó en el fondo de la cueva 13 días hasta que fue rescatado por una operación de salvamento financiado por crowdfunding. España se negó a movilizar a sus equipos y se limitó a colaborar diplomáticamente para conseguir descuentos con la aerolínea que iba a trasladar a los 58 voluntarios y el correspondiente equipo de rescate (pesaba casi 3.000 kilos).

“Mi país no ha aportado nada, si es por ellos estoy en el fondo de la cueva”, aseguró el espeleólogo al llegar de vuelta a España. López no se trasladó hasta Perú llamado por la aventura deportiva. Más bien, colabora con la Universidad de Lima en la exploración de una cueva en la que se habían encontrado restos arqueológicos. En cambio, los dos espeleólogos finalmente fallecidos acudieron a Marruecos con un objetivo lúdico: pasar sus vacaciones practicando deportes de riesgo. A su vuelta, el único superviviente, el policía Juan Bolivar, fue recibido por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con protocolo en las mismas escaleras del avión que le trajo de vuelta.

En su pregunta parlamentaria este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia pedirá al gabinete de Interior que “facilite las circunstancias del rescate de los espeleólogos españoles accidentados en Marruecos, tras sus gestiones con el Gobierno de aquel país”. Además, se mencionará el caso del biólogo español atrapado en Perú para evidenciar el doble rasero del Ejecutivo en el momento de dar apoyo a españoles en situaciones de peligro lejos de la frontera. Constatar una disparidad de criterios, pero, precisan, sin poner en cuestión la labor y los recursos del Estado para salvar vidas a compatriotas.

Esperanza Aguirre pasea por la multicultural calle de Tetuán para cumplir con su agenda electoral. En un momento dado, la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid se para frente a un cartel con las siglas de su partido, cuando una mujer de raza negra se le acerca móvil en mano. La secuencia que vino a continuación ha sido pasto de la polémica: la actitud cariñosa de Aguirre queda inmortalizada por su equipo de campaña que luego la convirtió en imagen de un anuncio electoral.

Fuentes del equipo de campaña de Aguirre quitan hierro al asunto y explican que la presidenta del Partido Popular en Madrid no suele rehuir el contacto con la gente que se le acerca en los actos. Además, enumeran otros anuncios en los que también hay diversidad de razas.

No es la primera vez que la inmigración sale a escena ante la proximidad de una convocatoria electoral. Según los expertos hay dos maneras de enfrentarlo: de forma responsable o utilizándola para conseguir votos, ya sea sirviéndose de una imagen de cercanía o, lo más habitual hasta el momento, como chivo expiatorio.

El catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Javier de Lucas, se decanta por la segunda opción para explicar la tónica en los últimos años. “Han utilizado de manera burda este tema, sometidos los grandes partidos al dictado de sus gabinetes sociológicos, cargando las tintas sobre los inmigrantes, como si fueran un problema político”, sostiene. De hecho, el Consejo para la Discriminación Racial o Étnica ha emplazado a “evitar el uso de discursos discriminatorios, racistas o xenófobos en las campañas electorales”.

Para el Consejo, recurrir a los mensajes del miedo a la hora de hablar de los extranjeros puede tener consecuencias indeseables. “Este tipo de discursos puede exaltar la diferencia y fomentar la creación de identidades excluyentes”.

En las últimas elecciones locales y autonómicas de 2011 se repitieron algunos de estos tics. Con el control de la inmigración árabe como bandera y un programa acusado de xenófobo, Plataforma per Catalunya, liderada por Josep Anglada, multiplicó por cinco sus apoyos. El PP se hizo con la alcaldía de Badalona después de que su candidato, Xavier García Albiol, hubiera prometido mano dura contra los inmigrantes.

Para otros expertos, esta estrategia se da en casos puntuales que no sirven para constatar una situación de acoso y derribo hacia este colectivo. “Hay discursos xenófobos, pero no son generalistas, sino más bien utilitaristas”, aduce la politóloga Gemma Pinyol, investigadora asociada a GRITIM-UPF y experta del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa. Es decir, los candidatos municipales solo se envuelven en la bandera de la antiinmigración si consideran que existe un caladero de voto extremista entre sus vecinos, aunque en la práctica la convivencia en la localidad no encienda las alarmas. Crean así un problema donde no lo hay para hacer atractiva una opción política que eclipsa el resto de propuestas.

“No es un debate de izquierdas y derechas”, valora Pinyol. La otra clave que explicaría un discurso cimentado en la hostilidad hacia los extranjeros estaría en el brote de partidos minoritarios que consiguen un altavoz gracias a su visión ultra. “En el pleno local, estos grupos consiguen normalizar este tema, por lo que el resto de partidos tienen que elevar el tono para no quedarse fuera del debate público”. No obstante, la experta apostilla que estos comportamientos son más ostentosos en formaciones conservadoras, aunque también salpica a la izquierda. El discurso del miedo no entiende de colores, sino que depende de la estrategia e interpretación política que siga cada representante a nivel particular.

Desde un punto de vista comunicativo, el asesor Javier Sánchez, considera que tiempo atrás la política del miedo podía rascar votos, pero en la actualidad “la cosa ha cambiado, nadie está asustando por este tema, salvó grupos de extrema derecha”. En su opinión, apenas se apostará por el ataque a los inmigrantes en la próxima campaña. “España no es un país xenófobo”, añade el sociólogo Antidio Martínez, y alude al último CIS, que reveló que solo el 0,3% de la población entiende la llegada de extranjeros como un quebradero de cabeza.

En lo que coinciden los expertos consultados es en calificar de “absurdo” utilizar un inmigrante como protagonista de un cartel electoral para ablandar el corazón de los potenciales votantes. “La foto de Aguirre me pareció ridícula, y más después de la política del PP en estos años en los que por ejemplo han quitado la sanidad a los inmigrantes”, insiste el asesor en comunicación política, que cree que el cartel responde a una estrategia de los conservadores para ganar votos entre la población foránea el 24 de mayo.

En España, los extranjeros en situación regular y empadronados pueden votar en las elecciones locales siempre y cuando provengan de un país que forme parte de la UE o que haya firmado con antelación un convenio con España. Pero no es un derecho per se. “Tienen que registrarse y eso hace que muchos desistan o que no se enteren y se queden sin votar”, detalla el presidente de Rumiñahui, una asociación hispano-ecuatoriana, Vladimir Paspuel. “Pedimos que los candidatos no utilicen a los inmigrantes ni como reclamo electoral ni tampoco como chivo expiatorio”.

“Instamos a promover un discurso inclusivo y de relaciones positivas en el que quede incorporado el valor de la diversidad frente a los mensajes discriminatorios”, dice en una nota el Consejo para la Discriminación Racial o Étnica. A lo que Paspuel añade que “no se les utilice” en tono paternalista, con imágenes que buscan tocar la fibra sensible, si después a la hora de gobernar “se olvidan, realizando políticas” que van contra este colectivo. “En las elecciones se acuerdan más de nosotros, y luego nada”.

Las cercanas elecciones autonómicas y locales deben ser el punto de partida a una nueva forma de articular la cooperación al desarrollo. Es la premisa que más se ha repetido durante el debate 'Municipalismo solidario. Políticas de desarrollo desde el ámbito de las ciudades', celebrado este jueves en Madrid y en el que han participado expertos del tercer sector y representantes de distintos partidos. “Los ayuntamientos deben ser agentes activos en la cooperación”, ha reflexionado Francisco Miranda, director del Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM).

Tres han sido las ideas más repetidas entre los ponentes: la necesidad de cambiar el modelo al que ayuntamientos y gobiernos locales recurren para diseñar sus políticas de desarrollo, sensibilizar a la población para colocar estas ayudas en el mismo escalafón que la educación o la sanidad, y exprimir más el potencial que atesoran los consistorios dentro del ámbito de la cooperación. “Las elecciones son un buen momento para reflexionar sobre la cooperación y ver cómo se ha actuado al respecto durante la crisis”, en palabras de Luis Nieto, representante de Convocatoria por Madrid.

“La cooperación al desarrollo vive el momento más crítico, las ayudas siguen descendido”, ha denunciado Ignacio Martínez, de la Plataforma 2015 y más, quien ha reclamado un proceso constituyente sobre las políticas de cooperación para que estas dejen de tener “una mirada instrumental y voluntarista” y consigan una identidad “cosmopolita e internacionalista”. “Es necesaria una refundación”, ha apostillado durante el acto organizado por el INCIDEM y Plataforma 2015 y más.

Un giro de 180 grados que, según Enrique del Olmo, de Gana Madrid, pasa por buscar fórmulas que sustituyan a las actuales convocatorias públicas con las que se financian proyectos de instituciones y ONG. “No basta con sacar convocatorias, hay que apostar por políticas públicas y primar la bilateralidad de las relaciones entre los agentes que participan en el proyecto”, ha enfatizado.

En la misma línea, Pedro Arce, de Por un Mundo Más Justo, se ha decantando por priorizar la recuperación del objetivo del 0.7% del PIB en la ayuda oficial al desarrollo, tal y como marca la ONU. “Los nuevos gobiernos deben entender una cooperación descentralizada, donde los ayuntamientos tengan su propio papel para aprovechar su experiencia en política local, promover campañas de sensibilización entre sus ciudadanos, así como fomentar el comercio justo”.

Un antes y un después en la política de desarrollo desde los municipios que, como considera Francisco Miranda, debe dar valor a las sinergias entre consistorios, algo que ya cuenta con experiencias previas. “Sería interesante recuperar el proyecto 'Ciudad a Ciudad' por la que siete ciudades de todo el mundo intercambiaron experiencias y promovieron proyectos al desarrollo entre ellos”. Sin embargo, la falta de recursos económicos terminó en 2013 con este programa marco.

En el acto han intervenido representantes de dos municipios que se integraron en 'Ciudad a Ciudad'. Uno de ellos es Paul Granda, exalcalde de Cuenca (Ecuador), quien ha señalado que “es imprescindible que la cooperación sea sostenida en el tiempo y haya intercambio de conocimientos”. Entretanto, el concejal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), José Luis Escudero, ha puesto el acento en acabar con el discurso “predominante” de que “la cooperación es un despilfarro” si en el municipio hay una bolsa de pobreza sin resolver.

Pero Miranda también ha llamado la atención de que “lamentablemente el tema de la cooperación ni está ni se le espera. Sin embargo, es necesario que esté y que haya voluntad de cumplir lo que se promete”. Una idea con la que ha comulgado Enrique del Olmo: “El objetivo es que las políticas al desarrollo se metan en la agenda política de cara a las elecciones municipales, y que los partidos nos juntemos en este sentido”.

También ha habido tiempo para la autocrítica. “¿Por qué el debilitamiento de la cooperación? Por el ataque de la derecha pero también por la propia desmovilización”, se ha contestado desde Gana Madrid. “No hemos sido capaces de mejorar estas políticas en momentos presupuestariamente mejores”, se ha lamentado el representante de Convocatoria por Madrid.

Los titulares sobre Yemen se ocupan estos últimos días de los movimientos geopolíticos y de la espiral de violencia en la que se está sumiendo el país. Pero en la trastienda late con fuerza otra realidad: la preocupante agudización de la crisis humanitaria a la que se encamina el país árabe si no se pone remedio cuanto antes, según la llamada de atención de la Organización de Naciones Unidas. “Un asombroso 60% de la población necesita asistencia”, en palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

16 millones de yemeníes requieren de manera desesperada alimentos, agua potable y acceso a la sanidad, carencias que podrían ir a más a la vista de la controvertida respuesta de algunas instituciones, como el Banco Mundial, que han decidido retirar su ayuda humanitaria aduciendo la inestabilidad en la zona. El conflicto armado no es nuevo, pues como recuerda Lorena Cobas, de Unicef, el eco de la violencia en el país más pobre de Oriente Medio se arrastra desde años atrás con una triple combinación de factores: política, religión y conflictos tribales. Pero ahora el enfrentamiento ha subido de tono.

Antes de que estallara en septiembre del año pasado la cruenta contienda entre los leales al presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi y los huthis, milicianos rebeldes chiíes –intensificado por la irrupción de una coalición internacional liderada por Arabia Saudí en favor de los primeros–, la situación del país ya era de por sí límite.

Según datos del Banco Mundial, el 41% de los 21 millones de habitantes de Yemen vive bajo el umbral de la pobreza, panorama que ahora “se está agravando con una crisis nutricional que dificulta la supervivencia”, destaca Lorena Cobas, responsable de emergencias del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Sin un recuento oficial que aglutine el número de muertos ni heridos, las organizaciones humanitarias van recopilando por su cuenta y riesgo información a cada nuevo atentado o choque a partir de estimaciones hospitalarias. Entre el 20 y el 26 de marzo, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, fueron unas jornadas especialmente sangrientas. Fallecieron 267 personas y 994 resultaron heridas, incluidas las 243 que perecieron tras el ataque suicida contra dos mezquitas en Saná, el 20 de marzo.

Las dificultades de las ONG

La caótica situación está jalonando en gran medida el margen de actuación de las ONG. “Sin duda el contexto de seguridad no es el mejor, pero nosotros intentamos seguir ayudando” a una población donde el 50% vive con menos de dos dólares al día, cuenta la portavoz de Unicef. “Los accesos por aire y por mar están cerrados, por lo que se están bloqueando la entrada a cualquier ayuda”, sostiene François Destenabes, responsable adjunto de las operaciones de Médicos Sin Fronteras para Yemen.

La Cruz Roja ha informado de ataques contra sus equipos humanitarios que a principios de semana terminaron con la vida de una de sus trabajadoras, en Al Dhale'e en el sur de Yemen. La ONU ha mostrado su reprobación públicamente ante este suceso contra una persona que ha demostrado que “su coraje y dedicación son insuperables”.

Esta emergencia requiere de forma inaplazable de medidas concretas para proteger a la infancia, a los recursos más básicos como la sanidad, y a la amenaza de desnutrición que ya sufren 16 millones, cifra que en solo unos días podría quedarse pequeña –la población total es de 25 millones–, según las entidades consultadas. “Se vive una auténtica situación de precariedad extrema, precariedad alimentaria, falta de agua, combustible y recursos alimenticios”, expone François Destenabes. “En resumen, es una situación catastrófica”.

Otra secuela de todo conflicto son los desplazados internos en el país, las personas que deciden abandonar sus hogares para emigrar a zonas más seguras pero sin atravesar la frontera. Los datos del coordinador residente de las Naciones Unidas, Johannes Van Der Klaauw, indican que en estos momentos hay más de 330.000 desplazados en Yemen, una cifra relativamente pequeña que, según los expertos, porque la gente no se atreve a salir de sus casas por los combates.

“No se están produciendo por ahora desplazamientos masivos pero, si ocurriera, no hay estructuras para satisfacer sus necesidades, y las que hay son precarias y las ayudas de las que se nutren se han reducido”, relata Destenabes de MSF.

De hecho, los desplazados, la mayoría de ellos clanes, a pesar de su intención de escapar de las armas, no están a salvo. El pasado lunes uno de los ataques de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí castigó a un campamento de refugiados de Al Mazraq, próximo a un bastión de los hutíes. Según las organizaciones, el bombardeo mató a 29 personas, y otras 34 quedaron heridas, entre las que se cuentan mujeres y niños.

Los refugiados, un espejismo

Los autóctonos no son los únicos que están barajando la posibilidad de abandonar el país ante las malas noticias. Unos 260.000 refugiados somalíes y 2.000 sirios han encontrado cobijo en Yemen hasta ahora. “Yemen es el único país de la Península Arábiga que rubricó la Convención sobre los Refugiados de 1951, por lo que ha tenido una política de puertas abiertas que se ha traducido en un importante número de refugiados, a pesar de que muchos yemeníes sobreviven con recursos mínimos”, señala la ONU.

Y los niños, como acostumbran las guerras, son el eslabón más débil. Sin datos oficiales, Lorena Cobas, de Unicef, estima que de los 16 millones de yemeníes que actualmente necesitan ayuda humanitaria, la mitad son niños. “Antes de que comenzara el actual conflicto, 847.000 menores de cinco años sufrían desnutrición aguda, una cifra muy alta”. “La situación entre los menores es extrema”, termina Cobas.

Los avisos de las organizaciones humanitarias están cayendo en saco roto. Una semana después del comienzo de los bombardeos saudíes y de otros países, los enfrentamientos no muestran signos de agotamiento. Según la experta Samaa al Hamdani, citada por El Mundo, el conflicto podría prolongarse medio año con una ofensiva terrestre de por medio. Así que, a la luz de los vaivenes diarios, en el momento en el que está terminando esta crónica sobre la situación humanitaria en Yemen, los números, las valoraciones y las previsiones podrían quedar obsoletas.

El hallazgo farmacéutico ocupó los titulares de los periódicos de medio mundo y recibió numerosos premios, señal, aseguraban los expertos, de su prometedora eficiencia. Los laboratorios habían anunciado la puesta en circulación de dos nuevos medicamentos para tratar a los enfermos de tuberculosis multirresistente, los primeros en medio siglo. En cambio, dos años después de aquella promesa, la dejadez de los gobiernos afectados y de la comunidad internacional, así como los elevados precios impuestos por las farmaceúticas han provocado que la mayoría de afectados siga recibiendo los mismos fármacos de siempre.

“La realidad no se ha correspondido con la esperanza”, lamenta Helle Aagaard, portavoz de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones médicas que ha puesto voz a esta denuncia. El retraso, asegura, ha costado “muchas vidas”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 480.000 personas son resistentes a diversos medicamentos contrae la tuberculosis, sin embargo, solo el 30% son diagnosticados y tratados. El resto terminan sus vidas esperando aferrarse a una tabla de salvación tangible pero que no les termina de llegar, según denuncia el informe de MSF “Preparados, listos, y a la espera”.

Cada año, cerca de nueve millones de personas contra tuberculosis en todo el mundo y 1,5 millones mueren por culpa de una infección bacteriana que se transmite de persona a persona a través del aire y ataca especialmente a los pulmones. “En menos de 60 horas mueren más personas de tuberculosis en el mundo que todas las que lo han hecho por ébola desde que empezó el brote en África Occidental”, asegura Alberto García-Basteiro, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Para los expertos estamos ante una emergencia global, toda vez que en los últimos años se han notado significativos progresos que han permitido frenar y revertir el número de casos. Pero hay una excepción: los aquejados por la tuberculosis multirresistente, aquellos que por culpa de un inadecuado uso de los medicamentos han adquirido una resistencia a, al menos, dos de los antibióticos más potentes: el rifampicin y el isoniazid.

A ellos están dirigidos los dos nuevos fármacos anunciados a bombo y platillo hace ya dos años: el bedaquiline y el delamanid, que hasta el momento solo se ha prescrito a mil personas. Para el resto, los que no han podido obtener esos prometedores medicamentos, la alternativa que lesespera no es muy reconfortante: los 'más afortunados' tendrán que conformarse durante seis meses con un costoso cocktail de varios antibióticos, con numerosos efectos secundarios, muy tóxico, que en el mejor de los casos solo curará a la mitad, narran los expertos en el informe. Eso sí, es indispensable haber nacido en un país con un sistema sanitario solvente.

“Aunque es una enfermedad de todo el mundo, su incidencia es mayor en el África subsahariana y en el sudeste asiático”, comenta García-Basteiro. El 80% de los casos de tuberculosis se concentran en 22 países según la OMS, como China, India, Kenia, Mozambique o Colombia. “Hasta ahora se ha dado un avance lento, y si no continúa la inversión y la ayuda entre países no se conseguirá el objetivo fijado por la alianza Stop TB: reducir un 95% la mortalidad antes de 2035”.

¿Por qué los flamantes medicamentos no llegan?

“Somos testigos cada día de cuán largos, dolorosos y poco efectivos son los tratamientos para los pacientes con tuberculosis resistente”, dice el médico Michael Rich. Un sufrimiento al que podría combatirse si los dos nuevos fármacos se generalizaran, algo que no está sucediendo. La responsabilidad está en los elevados precios que han impuesto los laboratorios y la desidia de algunos gobiernos maniatados por su propia burocracia, tal y como traslada el informe de MSF. Por ejemplo, en el caso del bedaquiline, además de EEUU y Europa, solo 22 países han facilitado el suministro, aunque a pequeña escala.

Según el doctor Aamir Khan, el principal obstáculo a día de hoy es el “conocimiento muy limitado de estos medicamentos. Muchos de los países en los que viven los pacientes más necesitados no están en posición para proporcionar el control de seguridad que requiere su uso”. El médico asegura que “el bedaquiline y el delamanid no han sido aún autorizados en la mayoría de países, e incluso en los que sí lo han registrado, los mecanismos para hacerlos llegar a los pacientes son demasiado complejos y burocráticos”.

Un ejemplo de ese desinterés queda retratado en una denuncia de Médicos Sin Fronteras. La próxima semana se celebra en Riga (Letonia) la primera conferencia europea ministerial sobre tuberculosis, una cita a la que no asistirá el comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis. Tampoco lo harán una cuarta parte de los ministros de Sanidad invitados, como es el caso del español Alfonso Alonso, que ya ha anunciado su ausencia. “Es motivo de preocupación”, ha expresado la organización médica.

Por otro lado, el coste en el medicamentos de los mercados también es una barrera demasiado alta para muchos países, especialmente los menos desarrollados, que a la vez es donde se concentran las cepas más agresivas. En el caso, bedaquiline —el delamanid apenas se comercializa— está establecido que los países de rentas altas paguen por cada 100 mg 160 dólares (147 euros), los de media 16 dólares (14,7 euros), y los últimos en el escalafón casi 5 dólares (4,59 euros). Un importe que a primera vista puede parecer asequible, sin embargo, los expertos recuerdan que en muchos países empobrecidos no pueden costeárselos.

“Para salvar un número significativo de vidas y reducir exponencialmente el sufrimiento, deben intensificarse los esfuerzos en las áreas regulatorias, científicas, médicas, comerciales, financieras y políticas”, aseguran Helle Aagaard.

A principios de este meses, 88 organizaciones han puesto las bases a fin de formar endTB, un consorcio con el fin de tener músculo para simplificar la entrada a estos nuevos fármacos. Contará con un presupuesto de 60 millones de dólares, con el que prevé llegar a un mínimo de 2.600 enfermos de tuberculosis multirresistente. “Este proyecto ayudará a hacer el tratamiento de TB-MDR más efectivo y fácil de administrar, por lo que ayudará a detener la extensión de la enfermedad”, dice Lelio Marmora, portavoz del consorcio.

Todos los candidatos a las primarias de Ahora Madrid han coincidido en la necesidad de transformar al Ayuntamiento en un espacio de participación ciudadana y remunicipalizar los servicios públicos, aunque con distintos matices. La candidata por 'Más Madrid', Manuela Carmena, ha apostado por “la igualdad entre barrios”. Mauricio Valiente, de 'A por ellos. La izquierda para cambiar Madrid', ha puesto el foco en “desalojar al PP y derrotar al bipartidismo”. Pablo Carmona, de 'Madrid en Movimiento', ha resaltado la urgencia de “recuperar el concepto de municipalismo”. Álvaro Sánchez, de 'Madrid Incluye', se ha referido a las personas más desfavorecidas, “a las que hay que visibilizar”.

Los cuatro candidatos a la alcaldía de Madrid se han dado cita este miércoles en un debate organizado por eldiario.es para perfilar sus propuestas veinticuatro horas antes de que arranquen las primarias de Ahora Madrid que se alargarán hasta el próximo domingo. Moderado por el redactor jefe de eldiario.es, Andrés Gil, los aspirantes han ido desgranando en la madrileña sala Ecooo sus planes en ámbitos como los impuestos, el empleo, la participación ciudadana o el turismo.

En su carta de presentación, la exmagistrada Manuela Carmona ha destacado que, de llegar al despacho de Cibeles, cambiará “las actitudes de gobernar, siendo servidores públicos, con vocación de servicio”. Para ejemplificarlo ha señalado que “no hará inauguraciones” porque le parecen “un circo”. Para el hasta hace unos pocos días candidato de Izquierda Unida, Mauricio Valiente, las acciones inmediatas pasan por “auditar la deuda, remunicipalizar los servicios, poner en cuestión los contratos integrales, recuperar la fuerza de los funcionarios y descentralizar el Consistorio”.

Pablo Carmona, miembro fundador del Observatorio Metropolitano de Madrid, ha abanderado la obligación de “recuperar el concepto de municipalismo, para mandar obedeciendo”. “Necesitamos un rescate ciudadano, una mejora en la educación infantil, en la recogida de basuras, y luchar contra la contaminación”, ha completado. Mientras que Álvaro Sánchez, de Solidarity Diving, se ha centrado en una economía solidaria “donde no se apueste por la colaboración únicamente paternalista”.

La economía ha sido el eje vertebrador de la mayoría de las intervenciones. En el bloque impositivo, la mayoría de las opiniones se han movido en torno a la idea de cambiar los impuestos para que sean más progresivos y efectivos. “Los impuestos municipales son pocos”, ha comenzado diciendo Carmona, para quien es imprescindible aprobar un IBI dirigido a “los 40.000 pisos de bancos vacíos que contrastan con la gente que vive en la calle”. Un planteamiento que ha compartido Mauricio Valiente, aunque ha incluido una tasa más “para los grandes generadores de residuos”.

Carmena, en cambio, es partidaria de poner en marcha ensayos de acierto y error. Ha puesto sobre la mesa algunas medidas como que “los conductores no paguen por entrar en el centro, sino que se bonifique a los que dejen el coche en el garaje”.

Otras propuestas de los candidatos en materia económica han sido una “alternativa habitacional obligatoria” y creación de empleo público, formulado por Mauricio Valiente; “cuestionar la legalidad de los contratos integrales”, según la perspectiva de Pablo Carmona; “recuperar la agencia pública de empleo”, en palabras de la candidata por 'Más Madrid', mientras que la apuesta de Sánchez gira en torno a “la economía solidaria, con estructuras cooperativas”.

No han querido pasar por alto la gigantesca deuda que tiene Madrid y que “maniata los presupuestos”. La participación ciudadana ha sido otro punto del debate. Manuela Carmena ha asegurado que prefiere no etiquetar a las personas por movimientos “sino gobernar para todos, donde puedan hablar con el Ayuntamiento como si fuera una conversación de WhatsApp”.

En cambio, Valiente, el aspirante de 'A por ellos. La izquierda para cambiar Madrid', ha insistido en la necesidad de “avanzar en la organización de los trabajadores en los barrios” e instaurar alcaldías en los diversos distritos. Pablo Carmona ha repetido que los políticos deben ser “ejecutores de un mandato ciudadano” con fórmulas y canales que les permitan enviar sus propuestas fácilmente.

El 0,7% de la renta nacional bruta para la Ayuda Oficial al Desarrollo por imperativo legal. Es lo que fija una norma aprobada recientemente en Reino Unido que fortalece su imagen como país al que muchas ONG, como las españolas, tienen envidia sana por su respeto a las políticas de Cooperación. “La lucha contra la pobreza en el extranjero sirve para solucionar los problemas mundiales y redunda en el propio interés nacional”, aseguró Justine Greening, secretaria de Desarrollo Internacional del Reino Unido, a los medios locales.

La Secretaría que dirige Greening es la institución creada ad hoc en 1997 para gestionar la Cooperación, y que ostenta rango ministerial, algo inusual si se compara con el resto de países ricos. Las ONG inglesas, como la red Bond, muestran regularmente su entusiasmo al ver cómo de un tiempo a esta parte las ayudas al desarrollo se han convertido en una política de Estado, impermeable a los vaivenes de la economía.

En estas, en la última semana las organizaciones no gubernamentales en el país han recibido un nuevo motivo de celebración. La Cámara de los Lores ha consagrado en una ley el compromiso de destinar el 0,7% de su renta nacional a la Cooperación, convirtiéndose así en el primer país del G-7 que confecciona una norma de estas características. Un paso que, para los expertos, refuerza su imagen internacional y da un toque de atención a sus vecinos.

“Eso no pasa en España”, incide Nacho Martínez. El responsable de la 'Plataforma 2015 y más' rememora unas declaraciones del ministro de Exteriores español nada más tomar posesión de su cargo que ilustran las diferencias ante la cooperación de uno y otro país. “Recortar en Cooperación es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra opción, a lo mejor, es recortar pensiones o cerrar ambulatorios”, aseguró José Manuel García-Margallo en el Congreso de los Diputados.

En España, el Congreso también hizo un acercamiento para proteger la cooperación interacional en los presupuestos. “En el año 2007, todos los grupos parlamentarios firmaron un Pacto de Estado contra la Pobreza para establecer una política común de Cooperación, pero cuando saltó la crisis, se ha olvidado, desmantelando la ayuda oficial al desarrollo con un recorte que ha alcanzado el 62%”, lamenta Nacho Martínez.

Una falta de compromiso que en Reino Unido han conseguido sortear, según el relato de David Taylor, asesor de Oxfam Intermon en Londres. La clave del éxito inglés radica, en su opinión, “en la cantidad de apoyo que existe entre los líderes políticos de distintos partidos”, a lo que se suma “el exitoso trabajo de las ONG durante años”. “Cuando eres capaz de obtener el apoyo público y los políticos están a favor de la acción sobre el desarrollo se pueden aprobar leyes como ésta”, apostilla en referencia a la ley que blinda el objetivo del 0,7%.

Ese es el porcentaje del PIB que los países denominados ricos –entre los que se incluye a España– deberían destinar para la ayuda al desarrollo de los países empobrecidos, tal y como aprobó en 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un compromiso que en 2013, el último año con datos oficiales disponibles, solo han respetado seis firmantes, la mayoría pequeños o medianos países. Un selecto club conformado por Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

España, con una inversión del 0,17%, ha quedado a la cola de los 27 países donantes que forman el Comité de Ayuda al Desarollo (CAD), solo por detrás de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea. Mientras los ingleses destinaron 7 peniques [0,97 euros] de cada 10 libras [13.91 euros] de dinero público a luchar contra la pobreza, los españoles recaudaron 1'6 céntimos de cada 10 euros con esa misma finalidad. España ostenta el dudoso honor de ser el único donante de la OCDE que ha recortado tanto en tan poco tiempo.

Hasta hace unos años, en la báscula entre España y Reino Unido las similitudes eran más numerosas que las diferencias, según los expertos. Es más, en 2007 y 2008 la ayuda oficial al desarrollo española fue superior a la británica, pero la crisis lo han rebajado a un mero espejismo. Frente a la adversidad económica, los ingleses han apostado por incrementar la partida en 6.500 millones de euros, mientras que el Gobierno español la ha recortado en 3.000 millones de euros, según datos de la OCDE.

“Son dos formas distintas de entender la política de Cooperación. Reino Unido también ha sufrido la crisis pero ellos, en cambio, han ido aumentado las partidas, incluso la han blindado con la última ley”, cuenta a eldiario.es Leonardo Pérez. Este investigador, uno de los autores del portal 'Sí me importa' de apoyo a las políticas de desarrollo internacional, teme que los recortes no hayan tocado techo. “Las previsiones son que en este año habrá más recortes en Cooperación en España”, abunda.

Todos los expertos consultados convienen en la necesidad de seguir los pasos de Reino Unido y salvaguardar de la austeridad los presupuestos para la Cooperación situando sobre la mesa un programa de mínimos. Aluden que además de conferir prestigio a nivel internacional al país donante, alcanzar el 0,7% de la ayuda permite fundamentalmente salvar vidas, contribuir a resolver desigualdades entre ricos y pobres y ofrecer nuevas oportunidades a los sectores de la poblaciópn más marginados.

¿Qué debe aprender España?

“El Reino Unido ha incrustado en el corazón de su política exterior la ayuda de Cooperación, es la marca del país”. Lo expresa en estos términos Gonzalo Fanjul, director de análisis de ISGLOBAL, que hace un mes participó en una comitiva española desplazada a Inglaterra para conocer la experiencia británica en este ámbito. De ese viaje ha sacado una cosa en claro: el Reino Unido puede y debe ser un modelo de inspiración para España.

Fanjul pone en valor el enfoque que los ingleses imprimen a sus políticas solidarias. “Todo lo que aprueban en Cooperación tiene que estar pensando para reducir la pobreza”, asegura, y acto seguido añade otro punto positivo: “Tienen muy definidos según sus intereses estratégicos los países y las organizaciones a las que van a destinar los fondos”.

Pero no todo es merecedor de halago ni debe copiarse al pie de la letra. El analista señala que “en ocasiones hay un utilitarismo en las ayudas que se conceden”. Pone el ejemplo de Pakistán o a la India, lugares donde el Reino Unido cuentan con importantes alicientes de carácter geoestratégico.

El año 2014 ha sido el peor de los cuatro que ha consumido ya la guerra de Siria. El más mortífero, con 76.000 muertes, y el más inseguro para la población civil, según apuntan varias ONG como Oxfam Intermón y Médicos del Mundo. Un conflicto armado que prendió en marzo de 2015 y que ha terminado conviertiéndose en la peor crisis humanitaria de nuestra era, tal y como denuncia la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

En los rescoldos quedan casi ocho millones de refugiados que han abandonado su hogar rumbo a los países vecinos asentándose en campos de refugiados que están al límite de su capacidad. Por su parte, los menores conforman el grupo más vulnerable  de una guerra que les ha privado de golpe del acceso a la educación. A la devastación se añade la pasividad de la comunidad internacional. Las organizaciones han alertado de que las donaciones solo alcanzan para cubrir la mitad de las necesidades.

Hacemos balance de los datos que han dejado cuatro años de guerra en Siria:

Víctimas mortales

Los fallecidos superan los 210.000, de los que 65.146 corresponden a civiles. Son los datos divulgados por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos que sospecha que sus cifras se quedan cortas. Las organizaciones desplegadas en la zona hablan de una situación “alarmante” en un país que se enfrenta a “un futuro sombrío”.

Los heridos se elevan hasta los 10 millones de personas, si atendemos a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha alertado del riesgo de la ausencia de medicinas y de la expansión de enfermedades. En los últimos 365 días han perdido la vida 76.000 personas, lo que convierte a 2014 en el año más mortífero en un conflicto “que se caracteriza por una violencia cruel que no distingue civiles de combatientes”, según Médicos Sin Fronteras.

Mínima atención sanitaria

“Las bombas cayeron de todas partes, y una de ellas me hirió la cabeza”. Estas palabras no provienen de un soldado, sino de un conductor de una ambulancia. Médicos Sin Fronteras ha descrito un panorama en el que escasea el personal médico, hay ataques a las misiones sanitarias (considerado crimen de guerra), a lo que se suma la odisea para conseguir una simple pastilla o una silla de ruedas.

“El sistema de salud en Siria está devastado. Conseguir atención médica vital es ahora prácticamente imposible”, cuenta a eldiario.es Teresa Sancristóval, responsable de la Unidad de Emergencias de MSF. La única asistencia sanitaria profesional que reciben las 300.000 personas está formada por cien médicos que malviven en la zona de Alepo controlada por los insurgentes. La esperanza de vida en Siria ha caído en más de 20 años, según la ONU.

Refugiados y desplazados internos

El incremento en el número de refugiados parece no tener tregua. Cada día que pasa es una diáspora de sirios que abandonan sus casas y atravesiesan la frontera en busca de un sosiego roto por las bombas y la metralla. En total, 3,9 millones de sirios intentan reiniciar sus vidas en El Líbano (1,1 millones), Jordania (618.000), Irak (225.000) y Egipto (137.000), países que han comenzado a adoptar una postura menos flexible debido al saturamiento de los campos de refugiados, al límite de su capacidad.

Abu Jibran, según un testimonio recogido por Oxfam Intermón, consiguió salir de Siria y ahora debería estar ingresado en un hospital por una enfermedad de corazón, pero el Gobierno jordano ha cortado el servicio sanitario gratuito a los refugiados.

“En el campo las condiciones no son buenas, me gustaría irme a un país europeo como Alemania o España”. En el país con más refugiados per cápita del mundo busca cobijo la palestina Khadija que sufre calamidades ante la falta de comida, la dificultad para encontrar trabajo, una de las quejas más repetidas por los refugiados, y la inseguridad reinante en el Líbano frente a la que se sienten desamparados.

El otro gran drama lo encarnan los desplazados. El 40% del censo sirio —casi ocho millones de personas— se han visto forzadas a dejar su hogar para huir a otro lugar pero sin pasar la línea fronteriza. “Viven hacinados en habitaciones compartidas con otros familiares o acampados en edificios abandonados”, denuncian desde Acnur. 4,8 millones de sirios que continúan en el interior del país se mantienen en lugares de difícil acceso para los cooperantes, incluyendo a 212.000 personas atrapadas, según la ONU, en las zonas sitiadas.

“La vida se ha vuelto insoportable, pero no puedo irme, ya que en Alepo tengo trabajo. La vida diaria está llena de miedo. No sabes en quién confiar, con quién puedes hablar. El crimen y el saqueo han aumentado”. Palabras de un sirio que persiste en su casa, recogidas por Médicos Sin Fronteras.

Descenso continuo de la ayuda humanitaria

“Después de años en el exilio, los refugiados ya agotaron todos sus ahorros y familias de clase media con hijos sobreviven a duras penas en la calle”, dice Antonio Guterres. Este alto comisionado de ACNUR critica que, aunque estamos ante la peor crisis humanitaria de nuestra era, no hay suficiente ayuda para responder “a las colosales necesidades”. Las ONG mantienen campañas para sensibilizar a la gente, pero sobre todo a los gobiernos occidentales, acerca de la importancia de no desatender este conflicto.

Las organizaciones denuncian la inacción de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU ante el recrudecimiento del conflicto armado. Las ONG están ocupando el espacio que han dejado los países receptores y el resto del mundo, acondicionando los campos y proveyendo alimentos.

Oxfam Intermón sostiene que la financiación de proyectos humanitarios para ayudar a los sirios dentro y fuera del país ha bajado del 73% que calculan se necesitaría al 57% en el último año, a lo que han contribuido sonadas decisiones como la del Programa Mundial de Alimentos de la ONU que anulo el envío de víveres por falta de liquidez. Solo cinco de los 34 pasos fronterizos de Siria están abiertos al paso de convoyes humanitarios; en nueve el paso está restringido y los restantes están cerrados.

“Mientras el heroico personal humanitario arriesga su vida para proporcionar ayuda y servicios básicos, millones de sirios permanecen fuera de su alcance, no solo debido a los combates y al empeoramiento de la situación sino, también, a la falta de financiación y a los obstáculos burocráticos”, inciden desde la ONG. El escenario lo resume otro dato más: el 80% de la población siria es ahora pobre.

Desprotección de los niños

Los menores son las víctimas más vulnerables en esta guerra, reflexiona Unicef. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha estimado que más de 8.500 niños han muerto en el conflicto, 2.000 de ellos menores de 10 años.

Es la llamada “crisis de los niños”, basada en el riesgo de caer en una generación perdida. La guerra está dejando profundas cicatrices en 5,6 millones de chavales en Siria, testigos directos de la violencia, la pobreza, la orfandad, y los ataques armados que tienen que esquivar. A esto se suma los dos millones de refugiados que llevan meses sin poder ir a la escuela, al tiempo que no reciben los nutrientes más básicos a consecuencia del descenso de las ayudas internacionales, según critican ONG como Save The Children o World Vision.

“Los niños sufren enfermedades diarreicas y deshidratación, y se han producido brotes de sarampión y polio. Además, son vulnerables a los abusos sexuales y a la explotación”, resume la organización World Vision. 5,6 millones de niños precisan de ayuda humanitaria; un 31% más que en 2013. “Los niños pequeños no conocen otra realidad que esta crisis, y luego serán ellos los que tendrán que reconstruirlo todo”, aseguran desde Unicef.

La indefensión de las mujeres ante la trata y los abusos

Las mujeres también está sufriendo especialmente los estragos de la guerra. Numerosas mujeres han sido interceptadas por redes de trata de personas y han sufrido abusos sexuales en manos de ambos bandos, según un informe de Human Rights Watch.

“Han enfrentado pérdidas de magnitud, y pese a ello persisten en su rol de activismo, asistencia, y labor humanitaria”, asegura la organización. En los campos de refugiados la imagen se repite: mujeres marcadas psicológicamente por la guerra tienen que sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de un hombre que, o bien pereció en el conflicto, o continúa enrolado en algún bando.

La situación económica

La economía se ha derrumbado. Un estudio Syrian Centre for Policy Research (SCPR) indica que en los últimos cuatro la economía doméstica ha perdido unos 202.600 millones de dólares, (191.500 millones de euros) por culpa de la fuga de dinero y capital humano, la destrucción sistemática de infraestructuras. En consecuencia, el desempleo se ha disparado al 58%. “La gran mayoría de los sirios viven por debajo del umbral de la pobreza, luchando por tener acceso a alimentos básicos”, explican los autores del texto.

Nada más llegar a España, Doina –nombre ficticio– se registró en un portal de empleo donde especificó sus aptitudes como asistenta doméstica. Las ofertas no tardaron en llegar y a los pocos días de pisar suelo español ya disfrutaba de una nómina. Diez años después, a las dificultades para lograr un empleo derivadas de los altos índices de paro se ha añadido otro obstáculo. Muchos anuncios de trabajo le exigen un requisito imposible de conseguir: ser española.

Algunas de las ofertas de empleo emitidas por particulares han pasado de mostrar indiferencia ante el origen geográfico de un candidato a marcar como requisito indispensable que el aspirante sea español. Doina lo ha vivido en su propia piel, su nacionalidad ha pasado a ser determinante.

Con la crisis económica, han caído en picado las peticiones de trabajo que antes se acumulaban en la bandeja de entrada de su correo, y algunos de los escasos anuncios clasificados que aguantan el chaparrón captan su atención por una frase: “Absténgase extranjeros”. “Ahora me encuentro con anuncios donde solo se piden españolas”, cuenta al teléfono la aspirante, que en Internet se define como “chica rumana, ordenada, puntual y con disponibilidad inmediata”.

Estos comportamientos xenófobos han encendido las alarmas en la ONG Red Acoge. “No solo ocurre con las asistentas, también lo hemos identificado en ofertas de carniceros o de camareras”, detalla Inés Díez, responsable del área jurídica de la organización. Detrás de esta conducta está, según la abogada, el desempleo. Tiempo atrás, algunos parados de origen español hubieran descartado un puesto para atender detrás de una barra, pero ahora, con más de cuatro millones de personas en paro registradas, el panorama ha dado un vuelco. “Es un hecho novedoso lo que está ocurriendo”, abunda Díez.

Cuando la Red Acoge detecta una de estas ofertas de empleo primero intenta que el empleador la retire. “Algunos responden bien y reculan. Se justifican diciendo que no se habían dado ni cuenta cuando lo escribieron. Sin embargo, otros se lo toman mal y responden diciendo que ellos tienen libertad para hacer lo que quieran”, dicen desde la ONG. Esta contestación es similar a la que ofreció Tamara –nombre ficticio– cuando eldiario.es contactó con ella.

“Es mi anuncio, y yo hago lo que quiero”

Al exponerle la denuncia de la Red su voz amable se trunca, y se vuelve a la defensiva. Mediante un anuncio en la página web Mil Anuncios, Tamara intentaba dar con una señora, con experiencia contrastada, que cuidara de sus hijos y que se encargara de mantener limpia su casa. A todo esto añadía una pauta más: no podía ser extranjera. “Es mi anuncio, y yo hago lo que quiero. No tengo por qué explicar la razón ni las intenciones. Considero que no está mal”, zanjó.

Su anuncio sigue los mismos parámetros que la mayoría de los documentados por la Red Acoge. Como se puede observar en la imagen, primero se suelen enumerar las características para optar al puesto, esto es, la experiencia adquirida, el género y la edad, y a este perfíl se le incorpora, normalmente entre paréntesis, y sin que sea excesivamente vistoso, la aclaración de que solo quieren españoles. En la mayoría de casos prescinden de una retórica directa como puede ser el “absténgase extranjeros”, y se limitan al “solo españoles” o a secas “españoles”.

Un fenómeno “todavía muy pequeño”

La socióloga del CSIC Ana María López comparte el diagnóstico de la Red Acoge, aunque cree que estamos ante “algo todavía muy pequeño”, si bien apostilla que no se debería pasar por alto. La experta centra su discurso en la lacra del paro como la responsable de estos tics racistas, aunque expone una causa más: el efecto llamada. “Cuando la gente ve que en algunos anuncios solo buscan españoles, se produce un mimetismo y siguen los mismos pasos”, cuenta Ana, quien destaca que, aun así, en España los sentimientos de rechazo derivados de la crisis no se han producido en la misma proporción que en otros países vecinos.

Si acabase la crisis, apunta, este tipo de actos probablemente también desaparecerían. Para la socióloga es algo coyuntural “que debe ser objeto de una regulación específica”. A este respecto, ya existe una legislación pero la línea que separa la ilegalidad de la reprobación moral es muy fina.

El artículo 512 del Código Penal expone: “Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de [..] su pertenencia a una etnia, raza [...] incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años”.

“Es difícil tipificar el delito con ofertas de particulares”

Para la jurista Inés Díez, el Código Penal es laxo con los particulares. “Es difícil tipificar el delito si se trata de una persona física, sin embargo, está pensado para castigar a funcionarios o las empresas”. Es decir, una empresa que iniciara un proceso de selección nunca podrá publicar un anuncio con connotaciones xenófobas.

A nivel internacional, existen precedentes. Un juzgado francés condenó al fabricante de productos cosméticos Garnier y a la empresa de trabajo temporal Adecco por aplicar criterios racistas en la contratación de vendedoras de productos capilares en el año 2000.

¿Es algo transversal o solo ocurre con las ofertas de empleo? Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, observa este fenómeno como “una campaña” que ocurre en distintos ámbitos “como la ayuda de comidas o el trabajo, con el mantra de primero los españoles”. “Pese a todo no ha crecido la mentalidad xenófoba, no hay un brote”, valora Ibarra.

La otra pata de la mesa son los portales digitales que sirven como plataforma para que los particulares alojen las ofertas de empleo. Desde Mil Anuncios.com, una de las más distinguidos en el sector, responden que no tienen “ningún interés en tener anuncios ilegales en la web. Por ese motivo, inciden en que ”los anuncios que no cumplen con las condiciones de uso de la página y son denunciados se borran automáticamente“.

“Si no encriptamos nuestros mensajes en Internet es fácil que nos acaben vigilando”, ha avisado Marta Peirano, jefa de Cultura de eldiario.es en el debate sobre seguridad en las comunicaciones en Internet celebrado en Madrid este miércoles. El acto también ha servido para presentar el flamante libro de la periodista 'El pequeño Libro Rojo del activista en la Red (eldiario.es Libros)', prologado por Edward Snowden, el exanalista de la NSA que desveló el espionaje masivo de esta agencia de seguridad estadounidense.

En el transcurso del evento, en el que también han participado la responsable de Diario Turing, la sección de Tecnología de eldiario.es, Marilín Gonzalo; Blanco Rosa Roca, directora de Rocaeditorial y el abogado Gonzalo Boye, se ha intentado sensibilizar sobre la necesidad de tomar todas las medidas posibles a nuestro alcance para protegernos de los agujeros de seguridad en la comunicación digital, porque, como han coincidido “nos están vigilando”.

Entre las propuestas que se han lanzado destacaba la de cifrar los correos, navegar de manera anónima o proteger los documentos sensibles en un disco duro. “Hay que hacer un esfuerzo de paciencia, aunque parezca difícil ”, ha rematado la autora del libro.

Al hilo, Marta Peirano ha recomendado por cuestiones de seguridad decantarse por el uso de software libre como Linux, aunque existen otras aplicaciones, opciones y trucos para usuarios de Windows (Microsoft) y OS X (Mac) que pueden ser útiles. “Es la mejor forma para trabajar en un ordenador porque si ese software es vulnerable rapidamente lo podemos saber y que se corrija”.

Para Marilín, las revelaciones de Snowden han logrado que nos demos cuenta de que “Internet ya no es un reducto de libertad en el que nadie nos escucha”. Por ello, ha emplazado a los asistentes a informarse sobre los temas de seguridad en la red “para así no perder espacios de libertad”. Blanco Rosa Roca ha coincido en la obligación de tomarnos en serio los peligros de la red “porque subimos todo a la nube, que es un espacio que controla poca gente, y eso les da poder y dinero”.

El abogado Gonzalo Boye ha reconocido que es “del grupo de los ignorantes a la hora de manejar la tecnología” pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que “dejar abierto todo lo que hacemos” en Internet “es muy grave”. “Snowden ha evidenciando que no eran fantasmas, sino que la vigilancia está ocurriendo”, ha apostillado.

Las conexiones entre las multinacionales tecnológicos y los gobiernos no ha tardado en aparecer. “Tras Snowden, nos hemos dado cuenta de que llevan años enchufados a nuestros dados vulnerando nuestra privacidad”, ha opinado el abogado, quien no ha dudado en plantear en sentido crítico una cuestión: “¿Estas empresas, como Apple, son tontos útiles, o colaboraban de forma consciente con el Gobierno de Estados Unidos?”.

La autora del libro ha criticado la consigna que repiten constantemente los gobiernos para intentar justificar un recorte de libertades. “No podemos renunciar a nuestros derechos civiles por más libertad, porque lo que nos dicen no es verdad”, ha planteado. “Que nos están vigilando no nos puede sorprender”.

La Comisión Europea y el Gobierno han defendido la legalidad del uso de sedaciones forzosas en los vuelos de deportación cuando, por razones de “seguridad” de los pasajeros, resultan necesarias en situaciones de “urgencia”. Particularmente, el Gobierno español ha negado la opacidad que, según organizaciones sociales, rodea a estos operativos asegurando que “en cada dispositivo de repatriación colectiva” viaja un representante de la Defensora del Pueblo.

Sin embargo, fuentes de la institución dirigida por Soledad Becerril se han desvinculado de esta labor: no tienen asignada una tarea de vigilancia permanente sino que se limita a inspecciones puntuales.

En una batería de preguntas registrada en el Congreso de los Diputados, el parlamentario Jon Iñarritu, de Amaiur, cuestiona al Ejecutivo sobre el uso de sedaciones forzosas en los últimos años, permitidas por el protocolo de repatriaciones de la Policía Nacional siempre que sean prescritas por un médico –perteneciente al Cuerpo–, como publicó eldiario.es. El Gobierno ha asegurado que “estos vuelos están sujetos a control y monitorización” pero no han aportado datos concretos sobre el número de personas repatriadas bajo el efecto de calmantes, si los medicamentos fueron inyectados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en el aeropuerto o durante los traslados, o las razones específicas para acudir a ellos.

El Ejecutivo, para justificar el control de la actuación policial en el interior de los vuelos de deportación y durante los momentos anteriores, cita a la Defensora del Pueblo y a “diferentes instituciones, tanto judiciales como fiscales, que garantizan que los mismos [los vuelos] se lleven a término cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente”.

“En cada dispositivo de repatriación colectiva, además de la figura del monitor encarnada por el representante de la Alta Institución del Defensor del Pueblo, debe viajar un equipo médico (...)”, afirma el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es. De esta forma, afirma que todas y cada una de las veces que se fleta un vuelo de deportación, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, dependiente de la Defensora, hace de supervisor.

Sin embargo, la institución representada por Soledad Becerril, a través del Mecanismo Nacional contra la Tortura, vigila estos vuelos de forma puntual, a través de esporádicos exámenes sorpresa en los que un representante se sube en uno de los traslados.

Los datos oficiales de la Defensora del Pueblo lo corroboran. En el año 2013 se realizaron cerca de 150 vuelos de repatriación, de los cuales solo uno contó con la auditoria del organismo. Lo mismo ocurre en los años venideros. En 2014 supervisaron cuatro viajes, y en lo que llevamos de 2015 se ha controlado por el momento uno, concretamente el pasado mes de febrero con destino a Bogotá y a la República Dominicana.

Hasta en dos ocasiones se dedica espacio a mencionar la labor de árbitro asignada a la Defensora del Pueblo cuestionada a su vez por algunos colectivos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE. Uno de sus miembros, Eduardo Romero, sostiene que la Defensora del Pueblo “no tiene una actitud comprometida, con informes complacientes con la misma Policía”.

Varias organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la falta de transparencia en las expulsiones de inmigrantes en situación irregular que les impide practicar un seguimiento exhaustivo frente a posibles anomalías en el interior de los aviones. “Debería ser transparente, pero no lo es. Este es el problema. Es difícil conocer cómo son repatriadas estas personas. Deberían existir sistemas de supervisión independientemente de expulsión”, afirmó a eldiario.es María Serrano, portavoz de la ONG.

El protocolo policial permite las sedaciones

El Gobierno en su respuesta parlamentaria avala la administración de fármacos durante el operativo de deportación. En este sentido, remite en sus explicaciones al protocolo español en el que se establece la posibilidad de usar sedantes siempre y cuando tengan la prescripción de un médico por razones de seguridad.

El protocolo, aprobado en 2007 tras la muerte del nigeriano Osamuyi Aikpitanyi en un vuelo de deportación Madrid-Lagos, permite recurrir a los sedantes por consejo médico por “razones de seguridad”. Ese facultativo es un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía o, en su caso, el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo —un médico privado—.

Sin embargo, la línea que divide el mantenimiento de “la seguridad” de la mera facilitación de las labores policiales cuando se trata de subir al avión a una persona que se resiste a ser repatriada es muy estrecha. Según los principios de Ética Médica de la ONU, la administración de sedantes debe ajustarse a criterios estrictamente médicos para no incumplir la normativa.

Una gran cantidad de las personas que son deportadas en España no han cometido delito alguno, sino solamente una falta administrativa, que no es otra que vivir en España en situación irregular. Motivo este último por el cual las entidades sociales son más partidarios de erradicar este tipo de prácticas. “Es una indignidad, habría que suprimirlas, y no regularizarlas”, denuncia Eduardo Romero, con un criterio similar al que esgrime María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional, quien considera toda sedación forzosa como un “trato cruel, inhumano y degradante”.

En la misma respuesta, el Gobierno asegura que hasta el año 2010 se han expulsado por vía aérea a un total de 26.491 ciudadanos en situación irregular. Mientras, el número de expulsiones anuladas durante los últimos cuatro años han sido de 4.701, contemplándose causas como “poner en peligro el vuelo, negativa a realizar tránsitos o falta de documentación”, entre otros.

Durante estos desplazamientos, además de los agentes, los médicos y los inmigrantes, la tripulación la completa habitualmente, como recuerda el Gobierno en la respuesta parlamentaria, un representante consular del país de destino en calidad de observador que “vela por el riguroso respeto de las garantías legales y de los derechos de sus conciudadanos”.

Europa respalda las sedaciones por “seguridad”

España avala el uso de sedaciones forzosas con el respaldo de la Comisión Europea. La institución comunitaria señala que “aunque en principio” el uso de sedantes durante las repatriaciones está prohibido, las directrices comunes reconocen expresamente que puede haber “situaciones específicas en la que se puede utilizar de forma legítima para garantizar la seguridad del vuelo”, según recoge la respuesta a una pregunta de la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La Comisión Europea recuerda que “las normas nacionales” de España “parecen ser compatibles con dicha disposición”, del mismo modo que entiende que no hay ninguna indicación de que el Gobierno haya cometido una infracción en ese sentido.

En un frondoso valle peruano una lona cubierta de agua rompe la monotonía de tonos verdosos. Los pies de un campesino surcan el plástico, afanados por aplastar el mayor número posible de hojas. Después de recorrerlo varias veces, el hombre se para en seco. Se baja los pantalones y comienza a orinar en un punto escogido al azar. El ritual continúa esparciendo sal, lejía, y tras dejarlo reposar, se adereza con gasolina y cal. Así se cocina la coca.

El rostro del periodista David Beriain no disimula su asombro ante la escena que observan sus ojos. Es testigo directo de la elaboración de la pasta base de la cocaína. Ha conseguido introducirse en un punto de la geografía peruana inhóspito para la gran mayoría de los mortales, incluso para las autoridades locales. “No sabemos lo que hay detrás, la cocaína que llega a España solo tiene un 30 o 40 por ciento de pureza. Yo supongo que si alguien consume cocaína y ve el programa, le hará pensar qué es lo que se está metiendo en el cuerpo”.

El programa del que habla este reportero trotamundos es 'Amazonas clandestino', una serie documental de seis entregas en la que se nos abre una ventana, investiga el tráfico ilegal, los conflictos armados y la lucha por los recursos que están desangrando el pulmón del mundo. Reportajes que estrena el 10 de marzo Discovery Max y con los que Beriain ha querido “que la gente sienta la aventura, el vértigo” que ha sentido él cuando se ha tenido que poner delante de los protagonistas para conversar con ellos, en situaciones que, a veces, hielan la sangre.

Noche cerrada solo interrumpida por la luz de los faros de un coche. El periodista llega a una cabaña donde se ha citado con un sicario. Su seudónimo es Gato, y tapa su rostro con una fina tela, mientras en su mano empuña un revólver, que hace balancear apuntando peligrosamente a su invitado. Este mercenario de un capo de la droga cuenta, con una parsimonia que inquieta, cómo se dedica a asesinar a aquellos “que no han sido rectos”. “El castigo es cortarles los pies o quemarles vivos, y tras el miedo de la primera muerte por encargarlo, ahora Gato se siente orgulloso”, abunda David Beriain, quien confiesa el vertigo que sufrió al ver que tenía que intentar empatizar con unos asesinos.

Historias personales en el principal granero mundial para el tráfico de la cocaína: el Valle del VRAE, enmarcado en las faldas de los Andes y los primeros ríos que dan vida al Amazonas. Un territorio sin ley que concentra el 20% de la producción mundial de una droga en torno a la cual se ha forjado una industria. El negocio de los estupefacientes “mueve más dinero que países como Noruega o Dinamarca y mata más gente que la mayoría de las guerras”, describe el periodista.

En toda cadena de producción hay un principio y un final, y el eslabón más débil lo ocupan los recolectores, dedicados a la siembra de la hoja de coca. Se refieren a sí mismos como agricultores y no se paran a pensar en los efectos de su cosecha. Una planta con flor sudamericana que para ellos es un sustento de vida, tal y como cuenta una campesina mientras sus manos repletas de ampollas extirpan la hoja. La materia prima. “Es interesante conocer este proceso porque explica en qué mundo surge la sustancia que luego en las calles de Europa costará el doble que el oro”, añade Beriain.

También ha presenciado el quehacer de los cocineros de la coca en sus laboratorios clandestinos, a los narcopilotos que se juegan la vida y su libertad de distribuir la mercancía y a los militares que combaten este mercado ilegal. Para el reportero “el sistema que está montado, el mundo en el que vivimos no tiene sentido, porque con una mano pagamos el consumo y con la otra pagamos la lucha contra las drogas. Es como si el narcotráfico no fuera otra cosa más que la expresión más salvaje y más cruel del capitalismo reglado por la ley más dura de oferta y demanda”.

Pero el documental no se fija solo en Perú. Beriain emprende un viaje por Bolivia, Brasil, principal consumidor de cocaína y punto de salida de la que se dirige hacia Europa, y Manaos, la capital amazónica, donde entrevista a un clan mafioso de pasadores y sicarios. “Preparar y grabar el documental nos costó todo el año 2014. Hubo un trabajo previo sobre el terreno para conocer a los testigos, y luego grabamos durante seis meses con dos cámaras y un realizador”.

El proceso de paz dentro de las FARC

El proceso de paz dentro de las FARCEs uno de los mayores atractivos que encierra este thriller documental. El periodista navarro ha conseguido, tras meses de duras negociaciones, acceder a los campamentos de las FARC cuando la paz se roza con los dedos. Un momento histórico congelado en el último episodio, todavía en edición. “Tuvimos ocho meses de contactos con las FARC en cuatro países distintos para no comprometer a nadie. Ha sido muy complicado, pues hay que tener en cuenta que si han aguantado 50 años es por algo, con unos mecanismos de seguridad muy grandes”.

Con una producción al más puro estilo cinematográfico, con planos aéreos y secuencias casi imposibles, Beriain acompaña a los guerrilleros con la idea de conocer la 'otra Colombia', controlada por los insurgentes. De hecho, descubre la situación de los civiles en medio de una guerra que parece tiene los días contados. Él lo ha percibido así: “Hay un deseo muy grande, y yo tengo mucha confianza, ahora no se pueden permitir fracasar. Se deben eliminar los cálculos cortoplacistas, porque es lo que se merece la sociedad colombiana”.

No solo hay espacio para hablar de la droga y su expresión más virulenta. Un escenario como el Amazonas brinda dos temas más que el documental trata en profundidad. Uno de ellos es la nueva fiebre del oro. Se ha convertido en uno de los conflictos más importantes que atraviesa actualmente el Amazonas. Las cámaras se trasladan hasta Madre de Dios, una remota región del Amazonas peruano colonizada por miles de misioneros ilegales. Allí, el reportero ha contemplado “deforestación, contaminación, corrupción y enfrentamientos con las autoridades”. Una práctica ilegal a la que los autóctonos se niegan a renunciar porque, como ocurre con la cocaína en Perú, “es la única forma de vida”.

Y el otro gran asunto sobre el que pivota otro capítulo de la serie es la lucha por los recursos de la selva. El Amazonas está llorando de dolor. “Hay lugares en la selva que están arrasados. La deforestación ha alcanzado el 20% de la superficie total, lo que equivale a Francia y Alemania juntas”. Las razones las tratan en el documental y las adelanta someramente Beriain: “Por un lado el desinterés de los países soberanos que creen que hay que civilizar lo salvaje, y por otro lado, están apareciendo tesoros ocultos como el oro o el petroleo, y se ha declarado una batalla por ellos”.

La euforia guía cada uno de sus pasos. Llevan meses e incluso años esperando la oportunidad, ahora tan real, tan cercana. Una exaltación, que, en cambio, no altera ni una coma las meditadas palabras de los protagonistas del vídeo. Ante la cámara describen cómo sobrellevan en el monte Gurugú las horas previas a un intento de entrada. Las referencias a los abusos policiales a ambos lados de la línea fronteriza que separa España de Marruecos son una constante. “La imagen es desoladora, nos golpean sin parar”, cuenta uno de los migrantes, mientras se remanga su camiseta y deja al descubierto el dorso de un brazo cosido a cicatrices. Señales de guerra.

Como muchos otros, no es su primera intentona. “En suelo neutro la Guardia Civil nos entregó a los gendarmes marroquíes y ellos nos pegaron, nadie nos defiende”, cuenta uno de ellos, que además enarbola, con tino, la ley: “La ONU no permite esto”. Cuando la oscuridad de la noche lo cubre todo, el grupo se congrega en torno a una pequeña hoguera donde las plegarias, esta vez laicas, templan los nervios. A continuación, el vídeo de 5 minutos.

La escena se repite a miles de kilómetros de Marruecos, pero el guión apenas sufre alteraciones. Solo cambian los actores y el decorado. En escena, ocultando su cara a contraluz, aparece un guía que se dedica a ayudar a pasar la frontera de México a Estados Unidos, y un agente que peina una zona acaparada por unos altos y gruesos barrotes marrones alineados que se van perdiendo en el horizonte. La declaración ante cámara estremece: “Nos encontramos con unos padres que tuvieron que enterrar a su bebé en medio del camino. Había muerto de sed”, balbucea el guía.

Sabe que su trabajo está repleto de riesgos, “como la muerte”, pero reconoce que es una buena vía de ingresos. Su voz se acompaña de unas secuencias que muestran santuarios improvisados en torno a un cactus con velas y juguetes reconvertidos en santos a quienes orar. Dejar atrás las tierras mexicanas y cumplir el sueño norteamericano es la meta, cueste lo que cueste. Incluso la muerte.

Estos dos vídeos son parte del resultado de un proyecto puesto en marcha por el productor Sébastien Wielemans. La finalidad es la siguiente: mostrar una mirada común sobre historias separadas por un extenso océano, pero que tienen como denominador común los muros que dividen historias en España y Marruecos, y entre México y Estados Unidos. 16 cortometrajes ingeniados por cuatro directores.

Relatos de vida cocinados a fuego lento con sentimientos como principales ingredientes: ganas de superación, dolor, amor, tristeza, amargura, y desesperación. La prueba que lo corrobora se contiene en el siguiente vídeo, en el que una valla impide algo tan cotidiano como un abrazo entre dos hermanos.

Sensibilizar. Objetivo fundamental de la página web, que según los creadores, ha contado con una gran acogida. Cruzando la inmensidad del océano, la historia paralela simboliza una reflexión pronunciada por uno de los inmigrantes que prepara el salto a la valla de Ceuta: “El que creó el mundo quería un mundo libre, sin fronteras. La gente que creó los muros no quiere eso. Los muros solo llevan a guerras”, vaticina.

De filmar todo lo que ocurre en la zona española se encarga Irene Gutiérrez, una ceutí. Se unió al proyecto porque le “gustaría recopilar experiencias mutuas de ambos lados de la frontera”, entona. Al otro lado de la línea divisoria, Youssef Drissi no se separa de su cámara. Argumenta que está interesado en el proyecto “porque la frontera es un fenómeno complejo, que se aborda normalmente solo desde un único punto de vista, desde uno solo de sus lados”. Como resultado de su intenso trabajo, con una extrensa labor preparatoria, consiguen vídeos como el siguiente: un monográfico sobre el eslabón más débil en la línea divisoria.

Al otro lado del océano el encargo de las filmaciones recae en las manos de Valeria Fernández y Fidel Enriquez. Explican que apostaron por codirigir documentales de corta duración para plasmar “las consecuencias humanas” del muro que separa a Estados Unidos y México en Arizona. “He vivido en Arizona durante los últimos 15 años. He escrito acerca de su construcción y destrucción. He escrito acerca de las balas atravesando sus barrotes y matando a gente. He visto lugares donde casi no hay muro y otros sitios en los que el muro modela a la gente, al desierto y a la muerte”, cuenta Valeria Fernández. Las horas de dedicación han dado sus frutos: un corto, como el que viene a continuación, donde quedan registradas las cortapisas para mantener los vínculos amorosos cuando una valla se entrepone entre los miembros de la pareja.

Así hasta recopilar 18 vídeos donde se profundiza en las miserias causadas por la instalación de dos vallas. Dos fronteras, que a pesar de estar separadas por una inmensidad de agua, conllevan idénticas consecuencias.

Febrero de 2014. Una caravana de corredores franquea la línea de meta de la Media Maratón de Barcelona. Casi 22 kilómetros después, tras coger aire, los participantes caminan de vuelta a casa. Para la mayoría, incluso para los ganadores, las consecuencias de la carrera serán prácticamente intrascendentes, con la marca personal o una posible lesión como principales quebraderos de cabeza. En cambio, para un pequeño grupo, culminar la prueba entre los primeros supondrá transformar su vida y la de muchos de los que les rodean.

Es el caso de las atletas femeninas con pasaporte keniano o etíope. El fondismo en sus países está consiguiendo remover los cimientos sociales, los roles entre hombres y mujeres. Dos países donde el machismo ha calado hondo pero que ahora comienza a combatirse con las zapatillas de deporte calzadas. El dinero conseguido en las pistas aporta a estas mujeres una estabilidad económica que les permite ser independientes para decidir cómo administrar sus cuentas, y por consiguiente, su futuro. Al volver a casa después de la competición la estampa ha cambiado: las mujeres aportan el sustento y los maridos se ocupan de las tareas del hogar.

Un documental nos abre los ojos a esta incipiente “revolución”. El atletismo como agente para la emancipación femenina queda retratado en 01:05:12. Una carrera de fondo, dirigido por Javier Triana y Rubén San Bruno. Los exteriores se sitúan entre las áridas tierras de Kenia y Etiopia, y el protagonismo lo ostentan las mujeres atletas laureadas con grandes éxitos internacionales. El guión revela cómo a golpe de zancada y de medallas se están removiendo los puntales que frenan la igualdad de género. “Es solo el comienzo, pero algo empieza a cambiar”, asegura Javier Triana.

La primer parte del metraje se sitúa en Iten, un pequeño pueblo al oeste de Kenia, donde la panorámica ha evolucionado en los últimos años. En sus caminos rojizos ya no se ve solo a hombres preparándose para la competición, con un entrenador dando instrucciones desde un todoterreno. Han florecido hoteles y peluquerías cuyos dueños y empleados no están reservados solo a los varones, y los niños no son los únicos que hablan de sus perspectivas de futuro con ilusión. Pero para que esta transformación haya empezado a materializarse las atletas han tenido que sortear un camino plagado de obstáculos. Y no ha sido nada fácil.

“Mi mánager me decía '¿Por qué compartes tu dinero con tu novio?'. En Alemania me di cuenta de que para algunas mujeres cuando el dinero es suyo, es solo suyo. Pueden mantenerse ellas solas”. Es el relato de Agnes Kiprop, que resume a la perfección el nuevo espíritu que se atraviesa en Kenia. En las repisas de su casa no hay hueco para más premios. Ante la cámara relata cómo viajar les ha abierto la mente, cambiándoles su actitud ante el día a día: “Era mi dinero, pero mi marido quería decidir cómo invertirlo. Yo pagaba el colegio, la casa, mientras él igual estaba borracho… Así que decidí quedarme sola con mis hijos”.

Uno de los entrenados admite que algo está cambiando: “El hombre siempre ha tenido la obligación de ir de caza y defender a la familia, y la mujer se encargaba de todo lo relacionado con el hogar”. Hasta ahora. Las familias, aunque con reticencias, “se han dado cuenta de que ganan más si la mujer es atleta que con la dote que les darían si se casa tras dejar el colegio”, cuenta un misionero encargado de uno de los colegios más distinguidos de la zona. Un factor que no es baladí: la suma de educación y atletismo se ha convertido en la combinación perfecta.

De atletas a símbolos del cambio

Que las niñas puedan recibir una educación, cuentan los protagonistas, les permite compaginar su carrera deportiva con unos estudios que sean garantía de futuro cuando la edad les haga dejar las competiciones. “Una mejor educación para las mujeres es garantía de un futuro mejor”, afirma Lornah. Esta atleta retirada de 40 años cuenta entre sus vitrinas con dos oros mundiales, aunque su mayor satisfacción procede de algo intangible: se ha convertido en la inspiración para muchas mujeres de Iten, a las que ahora facilita más oportunidades con un centro de entrenamiento construido gracias a los éxitos que le ha brindado la pista.

Pero, además de la educación, hay otro pilar que ha permitido que germine esta revolución. Ese es el turismo deportivo. La llegada de extranjeros a estas tierras ha sido decisiva para que mejoren los equipamientos, como por ejemplo una nueva pista de tartán, a la vez que también funciona de trampolín para una red de comercios que giran en torno a este fenómeno: desde fruterías, hoteles, e incluso salones de belleza. Si bien, lo positivo no reside solo en la llegada de foráneos de todas las partes del mundo, sino también de las salidas de los autóctonos a competiciones de otros países.

La mayoría de las mujeres que aparecen en el documental están divorciadas o sencillamente han decidido vivir sin compromiso, en la soltería. Una idea que en España a estas alturas no genera sorpresa, pero que en Kenia o en Etiopía es un paso insólito. Así, el atletismo les regala libertad en un sentido muy amplio: pueden marcar su futuro profesional y comienzan a decidir su posición en el ámbito personal sin cortapisas. Aunque la llama del machismo sigue latente. “Notas que algunos hombres lo aceptan, pero otros aunque te lo dicen, luego al explicarse notas contradicciones. Esto llevará muchos muchos años”, apostilla Javier Triana.

El caso de Feyse Tedese es otro. Junto a su marido, con quien intercambia miradas de complicidad, cuenta como él dejó sus ambiciones a un lado y se centró en ayudarla para que pudiera triunfar, lo que le hizo armarse de autoestima. La residencia del matrimonio está colindante con Adís Abeba, la capital de Etiopía, un núcleo urbano donde se advierte más la metamorfosis social y las nóminas son más generosas.

En esta ciudad conviven dos referentes para aquellos que quieren dedicar su vida al atletismo. En el lado femenino está la etíope Derartu Tulu, oro en 10.000 metros en Barcelona 92, el primero para una mujer africana negra en unos Juegos Olímpicos. Con el dinero logrado está construyendo un centro y un hotel, donde se genera trabajo. En el plano masculino se encuentra Haile Gebreselassie, uno de los rostros más reconocible del fondo mundial, mudado a empresario de éxito y aspirante a la presidencia de Etiopía. “De las 1.200 personas que empleo, el 55% son mujeres. Por eso va bien mi negocio”, dice esbozando una sonrisa.

El documental 01:05:12. Una carrera de fondo nació de la experiencia de Javier Triana como corresponsal de la agencia EFE en el África subsahariana. “Viajé varias veces a Iten, me interesó el cambio que se está produciendo y comencé a hacer entrevistas para ver si se sostenía”. Y se sostuvo. Durante dos semanas rodó junto con el también riojano Rubén San Bruno un trabajo sustentado económicamente gracias a la beca del Centro de Periodismo Europeo, financiado por el Centro de Periodismo Europeo y la Fundación Bill y Melinda Gates. Hasta 2017 el documental se moverá por los circuitos de todos los festivales, la única forma posible por el momento de disfrutar de este metraje. “Llegará el momento en el que triunfarás, en lo que quieras”, reflexiona una de las atletas antes del fundido en negro.

Zahra cumple con todos los requisitos para conseguir la nacionalidad española: lleva viviendo en España más de diez años, no tiene antecedentes penales y está cobrando un salario como trabajadora. Pese a todo, la Administración le ha denegado hasta en dos ocasiones su solicitud. Su hándicap: provenir de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. España exige una partida de nacimiento “de un país reconocido”, una categoría que no está reservada para la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Zahra no es un caso excepcional.

El Ministerio de Justicia reconoció en diciembre la existencia de problemas administrativos porque los documentos que entregan los saharauis “no son oficiales” y están generando “problemas en la Dirección General del Notariado”. La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) calcula que hay unas 400 saharauis que atraviesan la misma situación.

Lehbib encarna otro ejemplo. Lleva en España desde el año 2000, cuando aterrizó en Asturias para cursar un seminario de medicina gracias a un programa de cooperación. Después se desplazó a Alicante donde trabaja como personal sanitario en un hospital. Asentado en nuestro país, inició los trámites para optar a la nacionalidad en 2010. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que la cita no sería hasta 2012. Dos años después la Administración resolvió su solicitud: no reconocemos su país. Respuesta calcada a la facilitada a Zahra.

“Es una injusticia”, clama Lehbib. Dos años atrás el Gobierno español cambió la doctrina y dejó de dar validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Ni el argumento de que sus padres son españoles –atesoran el DNI español por haber vivido en una colonia- les ha servido para algo. España tampoco reconoce ahora esa circunstancia.

Frente a una persona de origen ecuatoriano, que solo necesita dos años de residencia legal para optar a la nacionalidad –unos casos muy delimitados-, o un ciudadano chino, que debe haber pasado, como la gran mayoría, más de diez años en territorio español, los saharauis de los campos de refugiados están desamparados. Adquirir la nacionalidad se les antoja una misión imposible. Un muro institucional, denuncian, cimentado a base de largas esperas, enorme burocracia, papeleo inútil y pago de tasas. Todo para recibir siempre la misma respuesta, que dicen, les deja impotentes.

¿Por qué ocurre esto con los saharauis, y en cambio, los kosovares, cuyo país no reconoce España, no tienen problemas? La contestación de Zahra es meridiana: “Los saharauis que llegan de las zonas ocupadas con pasaporte de Marruecos tienen todas las facilidades. El resto, con DNI del RASD o con un permiso de viaje de Argelia, nos hacen la vida imposible. Lo que quieren es que pidamos el pasaporte en la embajada marroquí”. “Obedece a una razón política, con Marruecos detrás”, clama Lehbib. Han pasado de ser colonizados por España a no ser reconocidos por los mismos conquistadores.

Un vía crucis para alcanzar la nacionalidad española que carece de fundamento desde el punto de vista jurídico. Lo piensa así Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España. “La mayoría de los perjudicados son gente que vino a España de pequeños, y que han estudio aquí con becas, que su lengua materna es ya el español, que cotizan y pagan impuestos y que durante más de diez años han podido residir legalmente”.

Los tribunales no son el único terreno en los que han planteado batalla para conseguir dar un vuelco al panorama actual. En el Congreso de los Diputados han entregado a varios grupos políticos una enmienda para modificar el artículo 22 del Código Civil para que a los saharauis les baste con dos años de residencia legal, como ocurre con los sefardíes, por ejemplo, para poder solicitar la nacionalidad. Remarcan que no dudan de la conveniencia de otorgar la nacionalidad a los descendientes de los judíos hispano-portugueses expulsados en 1492 de la Península. Pero, del mismo modo, entienden que es un agravio comparativo puesto que ellos, que fueron una colonia española, como Filipinas o Guinea Ecuatorial, son el único pueblo damnificado.

“Un delincuente o un futbolista puede llegar a España y en unos pocos meses tener la nacionalidad. Nosotros, en cambio, esperamos diez años y nada. Abusan de los débiles y no de los fuertes”. Al poco de acceder a la Moncloa, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley que facilitó los requerimientos para hacerse con la nacionalidad española. Pero solo para los que vinieran con 160.000 euros bajo el brazo: los extranjeros que compren una vivienda con precio superior a esa cantidad reciben como contrapartida el permiso de residencia.

Existe una alternativa. Pero es, atestiguan los expertos, demasiado farragosa y requiere grandes dosis de paciencia. Se trata de la condición de apátridas. Para ello, tendrían que presentar la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Policía. A renglón seguido, deberán esperar dos años, y cuando tengan la cédula de inscripción, podrán solicitar por enésima vez la nacionalidad que tardará dos años en resolverse. El problema es que algunos desconocen esta posibilidad, o no la llegan a valorar porque les significaría reconocer de forma implícita que el Sahara no es un Estado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció la existencia de esta situación y aseguró en diciembre que su Ministerio está trabajando en ello: “He puesto de manifiesto nuestra mejor disposición a encontrar un cauce razonable y con garantías jurídicas”, defendió.

Zahra se mantiene firme. A pesar de que le han rechazado en dos ocasiones la solicitud de nacionalidad no piensa desistir. “Que nos traten como a ciudadanos, sin que se antepongan los intereses de Marruecos. La nacionalidad me corresponde por derecho. He pasado las entrevistas, he aportado todo los documentos y he estado cotizando en este país….”, apostilla. Su lucha personal se disputa ahora por los tribunales que tendrán la última palabra, como en el caso de más de 400 compatriotas.

El 6 de febrero perdió su condición de día corriente para pasar a convertirse en una fecha cargada de simbolismo. Este viernes se cumple el primer aniversario de la tragedia de Ceuta: la muerte de 15 personas cuando intentaban entrar en España, y que fue repelido por la Guardia Civil utilizando sin reparos material antidisturbios. Unos hechos rodeados de escándalo político que llegaron a conmocionar a las organizaciones humanitarias. Doce meses después, un juez continúa investigando lo sucedido para depurar responsabilidades, mientras los cuerpos de tres fallecidos siguen sin haber sido identificados.

“La investigación del juzgado no está siendo fácil por la actitud cicatera del Ministerio del Interior, que está poniendo muchas trabas”. Lo dice sin rodeos Patricia Fernández, abogada comprometida en poner negro sobre blanco acerca de estos acontecimientos. Junto a ella, han participado en el debate Juan Luis Sánchez (subdirector de eldiario.es), Gabriela Sánchez (coordinadora de Desalambre), Helena Maleno (Caminando Fronteras) y Amparo González Ferrer (CSIC).

Estreno del vídeo sobre la tragedia producido por eldiario.es

El acto ha servido para estrenar un vídeo producido por eldiario.es en el que se resumen los hechos ocurridos en el Tarajal que tuvieron como resultado la muertes de 15 personas. Una proyección donde se recogen nuevos testimonios e imágenes que arrojan más luz sobre la responsabilidad de la Guardia Civil en la tragedia.

Este mismo viernes, eldiario.es publicará un especial multimedia bajo el título ‘Las muertes de Ceuta’, fruto de la investigación continuada a lo largo de este año sobre lo sucedido. En él se recopilará la información disponible hasta el momento sobre aquel día y se analizarán todas las mentiras ofrecidas por aquel entonces por las fuentes oficiales.

El proceso judicial está parado hasta saber si la Audiencia Nacional se encarga de la instrucción, ya que la titular del Juzgado Número 6 de Ceuta se inhibió el pasado mes de diciembre al entender que las muertes se produjeron en territorio marroquí.

Para la activista Helena Maleno, un año después de aquella tragedia “no ha pasado nada, seguimos sin responsables”. Un vacío que la letrada intenta explicar así: “En los vídeos se ve de forma notoria que se utilizó material antidisturbios, sin embargo, penalmente, es muy difícil demostrar las causas de la muerte, que bien podría ser por la asfixia, dado los botes de humo que se lanzaron”. Por eso, “el compromiso ético” ante las familias, sostiene, es alcanzar una conclusión judicial.

Un tema, el de que aún algunas familias estén pendientes de la identificación de los cuerpos, que ha cobrado un especial protagonismo durante la presentación de la revista 'Fronteras y Mentiras' –el monográfico que los socios ya han recibido en su casa, y que el resto puede encontrar en quioscos y librerías–. Maleno ha destacado que, pese a lo que se pueda pensar como lógico, que España aplique un mejor trato a los involucrados, la realidad es bien distinta: “Marruecos facilitó los trámites, con un proceso de acompañamiento, España no hizo nada de eso. Las familias tuvieron que confiar en nosotros sobre la muerte de sus allegados”.

Y a esto, puntualiza la abogada, se añade “un círculo perfecto de impunidad para el Gobierno”. “A pesar de que había un dispositivo montado como otras veces, no se llamó a Salvamento Marítimo. Luego se produjeron devoluciones en caliente, devolviendo a Marruecos testigos de lo ocurrido”, ha precisado. “Eso es algo vergonzoso”, ha apostillado el subdirector Juan Luis Sánchez.

La sorpresa de Interior

Cada uno de los intervinientes ha puesto en cuestión la forma de proceder del Ministerio del Interior en los días posteriores a las muertes en Ceuta. “Primero, oficialmente, nos dijeron que la Guardia Civil no había intervenido. Nos pusimos desde la redacción en contacto con supervivientes que nos aseguraron que los agentes les habían disparado pelotas de goma. Incluso después de que Interior reconociese el uso de material antidisturbios, cuando las declaraciones oficiales contradictorias ya habían sido múltiples, nos llegaron a decir que cómo poníamos la versión gubernamental en el mismo nivel que la versión de los inmigrantes”, recuerda la periodista de eldiario.es Gabriela Sánchez.

“En Ceuta hay una cierta incredulidad por lo ocurrido. La Guardia civil ha salvado miles de vidas y este suceso sorprende. Pocos quieren hablar sobre el tema y, por lo general, los que acceden lo hacen con miedo. Una fuente no oficial ligada a la Guardia Civil nos aseguró que algunos agentes en servicio le han reconocido que dispararon cerca de los inmigrantes, y que la orden venía de arriba”, explica la editora de la sección de Derechos Humanos de eldiario.es.

“¿El problema es europeo, como dice el Gobierno?”, ha preguntado a los ponentes el subdirector de eldiario.es. Amparo González ha explicado las paradojas de ese argumento: “Tiene una parte de razón España cuando dice eso, pero hay que recordar que eso no exime su responsabilidad. Este Ejecutivo ha rechazado en Bruselas medidas para cambiar la política migratoria”.

A renglón seguido, ha relatado una anécdota sobre la postura de la Unión Europea ante la realidad de Ceuta: “Un responsable de la Comisión me llegó a espetar, cuando hablaba de medidas de integración, que si estaba insinuando que se deberían abrir todas las fronteras para que llegaran cientos de miles de africanos irregulares. Se me vino el mundo encima”.

Durante el coloquio, también se ha tratado el papel que desempeña Marruecos como aliado en la política migratoria. “El país alauí negocia con los inmigrantes. Día a día es una negociación entre policías españoles y marroquíes. Sin garantías administrativas”, ha advertido Helena Maleno, que además ha avanzado que, con la nueva política europea, “el problema puede persistir”.

Otro tema a colación ha sido el discurso del miedo, que, según la demógrafa Amparo González, sirve a las administraciones para justificar las actuaciones de los cuerpos de seguridad. “No es una invasión, y además, lo inquietante es que los responsables políticos lo saben pero no lo dicen en sus declaraciones. Es más, la gente que entra irregularmente por Ceuta o Melilla solo supone el 0,05% del total”.

Ángela González perdió hace 12 años a su única hija. Su exmarido, del que se estaba separando, le descerrajó tres tiros a la niña, de siete años, durante una de las visitas acordadas por un juez que desatendió las reiteradas advertencias de la madre. Luego se suicidó. Todos los escalafones de la justicia española archivaron las denuncias al entender que el Estado no tiene responsabilidad alguna en lo sucedido. Ángela acabó perdiendo la fe en las administraciones españolas y llevó sus reivindicaciones ante la ONU, que en agosto de 2014 condenó a España “por no actuar de manera diligente”.

En la resolución se dispuso un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno cumpliera con todos los requerimientos: indemnizar a Ángela, poner en marcha una investigación para determinar los fallos e introducir los cambios legislativos para que los antecedentes de violencia de género se tengan en cuenta a la hora de valorar la custodia. Ese tiempo ha expirado hace unos días con una respuesta del Gobierno: un documento de 20 páginas donde se detallan las medidas adoptadas para poner coto a casos como el de Ángela González. Sin embargo, las organizaciones de mujeres que han tenido acceso al documento –que el Ministerio de Justicia no ha hecho público– interpretan estas soluciones como “muy insuficientes”.

Entre las aclaraciones del Gobierno español remitidas al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se destacan siete medidas, de las cuales la mayoría están pendientes de ser aprobadas:

Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental: Se trata de una regulación que establece la retirada de la guarda y custodia de menores a un agresor condenado por violencia de género, aunque Justicia no ha explicado a eldiario.es cuáles son los argumentos con los que España ha presentado ante la ONU la importancia de esta norma para evitar casos como el de González.

El borrador, aprobado en Consejo de Ministros, establece no obstante que el juez seguirá teniendo la última palabra: de forma excepcional podrá conceder la custodia compartida o el derecho de visita a los maltratadores, aunque hayan sido condenados, si lo considera conveniente para el menor, como adelantó la Cadena SER.

Una salvedad que ha generado un gran malestar entre las asociaciones de mujeres por ser “un auténtico disparate”. Es más, iría en contra de las indicaciones prescritas por la ONU en su condena. “Es increíble que incluyan este anteproyecto como el principal avance. Es incongruente”, asegura Gema Fernández, abogada de Women’s Link worldwide. Las cifras avalan su posición: la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres ha hecho público un estudio en el que se revela cómo los jueces suspenden el régimen de visitas a padres maltratadores en menos del 3% de los casos.

Pese a todo, la medida no es definitiva, puesto que el anteproyecto está todavía en fase de consulta. Es más, todo indica que no tendrá mucho recorrido si tenemos en cuenta las declaraciones del ministro Rafael Catalá en las que reconoce que su aprobación “no sería razonable”.

Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito: Aprobado el año pasado, según el Gobierno “reforzará los derechos y garantías procesales de las víctimas” gracias a un catálogo general en el que se les informará acerca de sus derechos procesales. En el caso de las afectadas por violencia de género, éstas serán informadas de la puesta en libertad de su agresor sin que lo soliciten, del mismo modo que podrán recurrir los sobreseimientos en un plazo superior al actual. Otra novedad de calado es que los menores tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia que las víctimas de los delitos de género.

El optimismo que imprime el Ejecutivo a esta nueva norma se aparta de la interpretación de juristas, como María Daza, Doctora en Derecho. “Todos estamos de acuerdo que haya un estatuto, pero no como éste. Tiene muchas carencias, como en el caso de la violencia de género. Y es que se da pábulo al bulo de las denuncias falsas por parte de las mujeres. Por tanto no supone ningún paso para el objetivo de evitar más casos como el de Ángela González”, sentencia.

Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia: Esta normativa viene a sustituir la vigente Ley de Protección Jurídica del Menor, aprobada hace ya 18 años. El Ministerio de Sanidad ha defendido su elaboración al entender que el articulado actual se ha quedado anticuado ante “los importantes cambios sociales” vividos entre los menores, situación que demanda “una mejora de sus instrumentos jurídicos” de cara a una eficiente protección. En la fase de consulta pública, los distintos organismos han valorado el avance que supone el nuevo texto, al incorporar por primera vez en la legislación española el interés superior del menor, pero han mostrado algunas discrepancias de carácter técnico.

La oposición en el Congreso, en cambio, no se muestra tan conforme con la nueva ley. Entre sus objeciones, PSOE e IU han emplazado al Gobierno a que ponga al día la legislación del menor “lo antes posible”. Además, varios expertos han coincidido en su diagnóstico: todavía queda mucho por hacer para proteger con garantías a los menores. “Existe un déficit de atención en cuanto a los menores en este país, muchas veces desamparados cuando hay un proceso judicial por violencia de género”, afinan las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: Una de las principales novedades reside en que tendrán acceso a justicia gratuita independientemente de sus ingresos todas las víctimas de género. Las prestaciones que comprende son asesoramiento, orientación, información sobre la mediación, exención del pago de tasas y un abogado o procurador sin coste alguno. Una medida, todavía pendiente de recibir el visto bueno por parte del Congreso, que ha sido aplaudida por los colectivos de mujeres. Sin embargo, desde la Abogacía Española no ven con buenos ojos el proyecto ya que, entre otras cosas, “burocratiza en exceso el servicio y no respeta la labor de los abogados”.

Revisión del protocolo relativo al sistema de valoración policial de riesgo: Como ocurre con la mayoría de las medidas identificadas por el Gobierno como plausibles para prevenir que vuelvan a repetirse casos como el de Ángela, la revisión del protocolo mencionado todavía está a la espera de ser aprobada definitivamente (en algunos casos podría posponerse hasta la próxima legislatura). Al respecto, el Gobierno ha manifestado su intención de cambiar la valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, aprobada en 2008. Un sistema por el que cada mujer que denuncia una situación de maltrato es objeto de una evaluación del nivel de protección que necesita. Pero el funcionamiento actual no está siendo todo lo efectivo que debería.

El PSOE ha solicitado a la Defensora del Pueblo que se investiguen los fallos en la valoración de riesgo y la protección de las víctimas en casos de violencia de género. “Ha habido un aumento sustancial del número de casos de asesinato donde las mujeres habían solicitado previamente protección, que algo está fallando”, explica la diputada socialista Ángeles Álvarez. Incluso guardias civiles han dennunciado presiones para rebajar el riesgo en las mujeres a las que hacen seguimiento en zonas rurales cpor la falta de recursos humanos y materiales.

Propuesta para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad: El pasado 22 de julio el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron una partida de más de cinco millones de euros destinados a abordar proyectos de asistencia integral a las mujeres víctimas y a sus hijos. La mayoría de regiones han dado su visto bueno a la remesa, aunque algunas, como la de Andalucía, consideran que es insuficiente. Además, recuerdan que desde el año 2011 el Gobierno ha ido disminuyendo los presupuestos para luchar contra la violencia machista. “El Gobierno ha recortado un 27,5% las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género”, aseguran desde Andalucía.

Otro paso es la entrada en vigor de un protocolo que facilite la derivación a casas de acogida –puede ser fuera de su localidad– a aquellas mujeres que han sufrido maltrato, así como a los menores a su cargo. “Se hará lo más rápido posible y sin coste para ellos”, aseguran desde el Ministerio de Sanidad. Asturias, entre otras comunidades, se ha quejado de que el dinero habilitado para este capítulo no es proporcionado.

Evaluación de la aplicación de la Ley Órganica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género una vez transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley: Era una reivindicación en boca de las asociaciones de mujeres y se hizo realidad en 2004, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la ley. Un texto que, entre otras cosas, contemplaba medidas de asistenciales y de prevención.

A la espera de que se publique una evaluación tras sus diez años de vigencia (el Gobierno lo ha anunciado de manera informal pero todavía no ha presentado ninguna revisión oficial) varias organizaciones han mostrado su punto de vista. Es el caso de Marisa Sotelo, de la Fundación Mujeres. Pone el acento en que esta ley no ha conseguido barrer el patriarcado imperante en el sistema judicial, uno de los aspectos que, por cierto, denunciaba la ONU en su condena a España. “Existe un prejuicio contra la mujer en los juzgados, y así lo demuestran los numerosos casos que hay sobre la mesa”, clama Sotelo.

Hasta aquí las conclusiones difundidas por el Gobierno para complacer la histórica condena de la ONU –primera vez que un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género–. Sin embargo, las organizaciones de mujeres entienden que el Estado ha pasado por alto varias recomendaciones trasladadas por el organismo transnacional.

Remarcan que en el informe no se incluye la posibilidad de conceder una indemnización a Ángela González, ni tampoco se entona el perdón como exigía Naciones Unidas. Ni una sola mención a los fallos que allanaron el camino para que el exmarido acabara con la vida de su hija. “En el informe, implícitamente, el Estado se sigue cuestionando que ellos hayan tenido alguna responsabilidad, directa o indirecta, en lo sucedido”, denuncia una fuente conocedora del texto.

Y hay otra “huida hacia adelante”, en su opinión. Se despacha la sugerencia de apostar por la formación de jueces y personal administrativo en materia de violencia doméstica alegando que eso ya está incorporado desde hace tiempo. “Eso es mentira. Es una actividad lectiva que no es obligatoria, y en la que la materia que se imparte no avanza nada en la eliminación de los estereotipos persistentes en la judicatura con respecto a la violencia de género”, replican varios juristas.

En cualquier caso, la realidad muestra que el problema por el que la ONU ha sancionado a España está lejos de solucionarse. El pasado verano un juez de Aranjuez (Madrid) otorgó el régimen de visitas a un padre que se encontraba en prisión preventiva por haber asesinado a su mujer, madre de su hija de cuatro años. El hombre, un guardia civil, podía salir cada mes de la cárcel para verla a pesar de que se le había retirado la patria potestad por la gravedad del caso. Finalmente y tras la polémica que generó el caso en los medios de comunicación, la Audiencia de Madrid le revocó ese privilegio.