Una propuesta del Parlamento contemplaba que todas las europeas tuvieran 18 semanas de baja maternal y todos los padres, derecho a un permiso

El Gobierno español y el resto de estados miembros retrasan la implantación, amparados en la situación económica actual

El presidente de la Eurocámara ha enviado una carta de protesta por el bloqueo para esta mejora en los derechos sociales

Una guerra a pecho descubierto entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea –que representa a los 28 estados miembros- está a punto de dar al traste con la reforma de la Directiva de Permiso de Maternidad, que data de hace 23 años. Respaldada el pasado 20 de mayo en el pleno de Estrasburgo, la propuesta del grupo socialista europeo (S&D) que plantea, entre otras cosas, ampliar las semanas de permiso y crear la figura del permiso de paternidad ha sido sistemáticamente ignorada en el Consejo.

Tal es la fricción que el presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha remitido, en un hecho insólito, una carta de protesta a la Comisión y a los 28 países a la cual ha tenido acceso eldiario.es. A grandes rasgos, la propuesta de la bancada socialista pide una norma homogénea en la que las semanas de permiso de maternidad en toda la UE pasen de 14 a 18, siendo seis de ellas obligatorias (frente a dos semanas que recoge la directiva europea de 1992). España tiene actualmente 16 semanas.

También contempla la creación del permiso de paternidad (hasta ahora solo había una tímida directiva sobre el permiso parental). Pero no todos los estados están por la labor. “El Parlamento Europeo ha escrito cinco cartas a las respectivas a las diferentes Presidencias [semestrales: Italia, Grecia, Letonia] en el último año, reiterando que lo pragmático y constructivo sería lograr un acuerdo”, dice la desesperada misiva de Schulz, acompañada de las firmas de las eurodiputadas Iratxe García (PSOE) y Maria Arena (socialista belga).

La fuerte componenda social de la propuesta sobre los derechos de la madre evidencia las limitaciones del Parlamento Europeo frente a los estados miembros. En la carta, el dirigente alemán alerta de que a pesar de la insistencia de la Eurocámara no ha habido respuesta. “Por eso”, lamenta Schulz, “la Comisión ha declarado que retirará la propuesta en un plazo de seis meses si no se sale de este punto muerto”. La resolución del Pleno de Estrasburgo del 20 de mayo igualmente “lamenta el bloqueo en el Consejo”.

Rechazo de los países del Este

Fuentes de la institución parlamentaria critican el “bloqueo sistemático” que ejerce la actual Presidencia letona, que está a punto de ceder el turno semestral a Luxemburgo. La negativa del Consejo trasluce una división Este-Oeste: muchos de los países otrora pertenecientes al bloque socialista rechazan categóricamente aprobar una directiva de maternidad mucho más avanzada que lo que recogen sus propias legislaciones. En el caso de España, fuentes del Gobierno señalan que no se opondrán a la propuesta del Parlamento Europeo.

“Sin dejar de ser ambiciosa, es una reforma adaptada a los tiempos de crisis”, explican eurodiputados socialistas. La propuesta también recoge que las seis semanas obligatorias sean pagadas al 100% y las 12 restantes a decisión de cada estado miembro, aunque nunca por debajo del 85% del salario previo a la baja maternal.

Finalmente, el grupo S&D plantea crear un permiso de paternidad con un mínimo de diez días pagados al 100% y promueve una mayor participación de la figura paterna en el cuidado de los niños. Los socialistas comunitarios lanzaron la propuesta a finales de febrero. La indignación del Parlamento, que lucha hasta el último momento para que la directiva salga adelante, no se ha hecho esperar. Javier López (PSC), uno de los dirigentes que más ha trabajado en la reforma de la directiva, opina que es “absolutamente necesaria” una “homogenización y ampliación” de los derechos de maternidad y paternidad en la UE: “Es escandaloso que los Estados lleven 5 años bloqueándola y ahora lamentable que la Comisión quiera retirar la propuesta. Europa era un espacio para compartir derechos y no sólo para compartir el color de los billetes”.

En España, las madres tienen derecho a una baja de 16 semanas y los padres tienen derecho a 13 días. Además de eso, el progenitor puede repartirse la baja con la madre voluntariamente, siempre que no afecte a las seis semanas obligatorias para las madres por motivos médicos. Este carácter de voluntariedad tiene efectos, ya que en 2014 solo un 1,7% de los padres optaron por compartir la baja.

Islandia es el modelo a seguir en el contintente europeo (no UE) con una legislación que garantiza permisos de paternidad compartidos con tres meses para cada progenitor y otros tres meses transferibles que se pueden repartir entre padre y madre. En el año 2012 aprobaron ampliar hasta cinco los meses de baja para el padre y para la madre y reducir los transferibles a dos, aunque por motivos económicos esta mejora se ha retrasado. En el lado contrario se sitúan países como Grecia, Irlanda o Ucrania, donde no se contempla la baja por paternidad. 

Los intentos (frustrados) de avance en España

Los intentos (frustrados) de avance en EspañaEl Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 presentado por el Gobierno olvida la equiparación en los permisos de paternidad entre progenitores, alegando falta de medios económicos para su puesta en marcha. En materia de bajas de paternidad rige la “Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” del año 2007, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que reconoció el derecho de los hombres a disfrutar un permiso de paternidad de 15 días.

En octubre de 2012, la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados planteó una Proposición no de Ley por la que se exigían nuevas medidas en materia de conciliación laboral. Hasta ahora se ha ido retrasando la puesta en marcha de este documento, a pesar de que se encuentra aprobada, pero su carácter voluntario retrasa una aplicación efectiva.

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La plataforma Fíltrala, de la que eldiario.es es socio colaborador junto con otros medios –La Marea, Diagonal y Mongolia- ha cumplido un año formando y debatiendo. Formando a la ciudadanía, en materias tan esenciales como la creación de caminos seguros por los que puedan denunciar asuntos de relevancia pública para que salgan a la luz.

Y lo ha celebrado debatiendo las grietas que una disciplina, el periodismo de filtraciones, tiene después de 365 días de funcionamiento del buzón. El punto en que periodistas, hackers y activistas se encuentran no está siempre definido pero la comunidad alrededor de la que se configura es cada vez más amplia. Y todo con cierto punto de ambición y positividad, porque “la filtración grande está por venir”, como se dijo en una de las mesas  redondas.

Quizá Wikileaks siga siendo la filtración paradigmática y más conocida. Pero sin la implicación de ciudadanos activistas sería imposible haber destapado en el último año más de una veintena de casos en varios ámbitos: corrupciones, medio ambiente, subvenciones ilícitas… La mesa redonda, compuesta por representantes de los medios colaboradores de la herramienta –Ter García, Toni Martínez, Juan Luis Sánchez y Eduardo Bravo- y moderada por Marilín Gonzalo destacó los aspectos clave de esta disciplina.

La confianza entre filtrador y buzón es la pieza clave para que el engranaje funcione. Por parte de Fíltrala ofrecen la alta seguridad de un sistema de buzón por el cual es posible que la fuente entre en contacto con el periodista tantas veces como necesite, pero sea imposible rastrear quién es el filtrador (¿quieres ser uno de estos filtradores? Envíanos una pista).

Por parte de los medios, se establece la seguridad de que la identidad de la fuente no será revelada. ¿Es conveniente la transparencia total ante una filtración? El periodista y el buzón de filtraciones ejercen de intermediarios necesarios para asegurar el anonimato de ciertos agentes, aunque el debate en torno a este asunto está aún abierto.

Seguridad para dummies

dummiesMás del 50% de los españoles considera que las nuevas tecnologías son uno de los mayores progresos de la sociedad, según el último CIS. Por esto quizá sea el momento de señalar sus amenazas. El turno de tarde en este aniversario de Fíltrala se centró en una serie de talleres básicos para asegurar las comunicaciones. Marta Peirano, jefa de Cultura de eldiario.es, Susana Sanz, coordinadora de Fíltrala, Claudio Agosti, coordinador de GlobalLeaks, y Luis Rodil, docente y hacker, fueron los ponentes del lado más práctico en este aniversario.

En el momento en que un dispositivo está conectado a una red externa, las amenazas a la seguridad son evidentes. La información, sin cifrar en la mayoría de los casos, pasa por servidores de grandes multinacionales que venden datos a otras multinacionales y gobiernos.

¿Hay que ser un paranoico con la seguridad? No, pero hay que tomar las mismas precauciones que se tomarían con cualquier elemento desconocido. La seguridad 100% es una quimera, pero se pueden poner trabas: la encriptación, el uso de servidores de correo seguros o las llamadas cifradas end-to-end son algunas de las opciones. Estas son algunas de las herramientas que aseguran tus conexiones.

Tor: navegar de forma segura es posible. El sistema de Tor elimina el rastro del ordenador desde el que se efectúa una conexión. Es un sistema similar al de una carrera de relevos, quien recoge el testigo conoce a su compañero anterior, pero no a los previos. Cada vez que el “testigo” se pasa entre conexiones, la información del ordenador anterior desaparece.  

Thunderbird: gestionar las cuentas de correo electrónico de forma segura es bastante sencillo con este programa. Además, junto a algunas extensiones como Enigmail, encriptar las conversaciones es tan simple como un clic. Además, la creación y uso de claves PGP (Pretty Good Privacy, de privacidad suficiente) permite que las conversaciones entre personas no sean accesibles para un tercero.

Signal: a pesar de que algunas aplicaciones de mensajería instantánea tienen fama de establecer conexiones seguras, los mensajes no se encriptan, por lo que acceder a las conversaciones es sumamente sencillo. Para esto, la aplicación Signal ofrece una alternativa para el envío y recepción de mensajería segura. Además, permite realizar llamadas bajo un sistema de cifrado end-to-end.

En solo un año, las peticiones para que la policía proteja a las víctimas de violencia machista se han reducido en 11.580. Han pasado de 64.068 a 52.488, según datos extraídos del nuevo portal estadístico del Ministerio de Sanidad. El descenso del 18% entre 2013 y 2014 choca con el aumento del número de denuncias del 1,5% registrado el año pasado en un ruptura de la tendencia a la baja de los últimos años.

Las medidas de protección policial están vinculadas al informe de valoración del riesgo que se elabora a partir de una serie de ítems y preguntas cerradas en “las que cabe muy poco la subjetividad de los agentes”, se escuda una portavoz de la Confederación Española de Policía. Esta evaluación se realiza el mismo día que la persona acude a la comisaría a denunciar. Al mismo tiempo, se pone en marcha, antes incluso de la primera vista y si así lo solicita la víctima, una orden de alejamiento.

En la primera vista, tras la que no hay sentencia firme, el juez dictamina las medidas cautelares, entre las que se contemplan las de protección policial en diferentes grados según el nivel de riesgo de la mujer. Son los agentes de la Unidad de Prevención Asistencia y Protección (UPAP) los encargados de proveer este servicio de vigilancia. En los casos de peligro extremo, por ejemplo, se realiza un control intensivo de los movimientos del agresor y se vigila día a día la entrada y salida de los hijos del centro escolar. “En cualquier caso, los funcionarios de esta unidad tienen un teléfono que permite la comunicación 24 horas con la víctima, lo que les revierte en un plus por disponibilidad a final de mes”, explica la misma portavoz.

El número de medidas policiales concedidas se mantiene constante en los dos últimos años, poco más de 16.000, a pesar de que varíe el volumen de peticiones. En todo caso, nunca superan el 30% de las solicitadas. Es decir, se concedió en menos de uno de cada tres casos en los que se solicitó protección policial para la víctima. Es una proporción incluso inferior al de las medidas de salvaguarda –como el alejamiento o la prohibición de comunicaciones– no concedidas en 2014 que se situó en un 42%, según el Obsevatorio contra la Violencia de Género.

Para justificar el descenso en las peticiones de protección policial, fuentes de la Confederación Española de Policía apelan a dos razones: las denuncias que los jueces desecharon y el número de agresores que fueron enviados a prisión y que por lo tanto, no representan una amenaza mientras están encarcelados. “No es un problema policial, sino judicial. Los parámetros para valorar el riesgo de las mujeres que denuncian no han cambiado y están marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Es los juzgados donde se ejecutan las sentencias”, apuntan.

Sin embargo, las cifras no casan con esta explicación. En 2013, un 0,63% de los hombres denunciados (792) quedaron privados de su libertad, una suma que, incluso, en 2014 ha descendido ligeramente al 0,62% (795). Tampoco se ha dado un porcentaje superior de denuncias desestimadas. Es más, ha sido inferior: el año pasado se sobreseyeron un 39,8% de ellas (algunas de forma definitiva y otras provisional), dos puntos porcentuales menos de las que se invalidaron en 2013.

Desde las asociaciones de mujeres aluden a otras razones para interpretar esta caída. “Sigue siendo necesaria una formación más especializada de todas las personas que intervienen en estos procesos. Desde los operadores jurídicos a los psicosociales. Falta también sensibilización y conocimiento sobre cómo se comporta una víctima de violencia de género cuando se atreve a denunciar”, argumenta Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Amalia Fernández, de la asociación de Mujeres Themis, recalca “el daño que hace el discurso de las denuncias falsas”. “En la reforma del Estatuto de la Víctima, ahora suavizado, se prentendía sancionar económicamente a las mujeres que no lograran probar lo que denuncia y se beneficiaran de medidas de protección cautelares. Y esto disuade”, señala.

Un agente para 50 víctimas

Fuentes sindicales de la Confederación Española de Policía insisten en que de unos años a esta parte la red de protección que brinda la policía “ha mejorado mucho”. “Hasta hace no mucho por cada 200 víctimas a lo mejor había un agente. No daban abasto”, admiten. Desde el Sindicato Unificado de Policía señalan que “se recomienda que cada funcionario tenga como mucho a 20 víctimas asignadas, pero la realidad es que la escasez de funcionarios que asola el CNP (Cuerpo Nacional de Policía), hace que un solo policía de cobertura a unas cincuenta o sesenta víctimas”.

Juan Aguilar, comisario de Participación Ciudadana y exjefe de la UPAP, cifra en 575 el número de funcionarios que trabajan para la unidad, 445 de ellos en activo y 130 en segunda actividad a 31 de octubre de 2014. En esa misma fecha, y según los datos que maneja, había seis mujeres en España en situación de riesgo extremo. “En este nivel la protección la hace el radio-patrulla, no la UPAP, y normalmente es hasta que se detiene al agresor”, explica.

El mayor problema, según las asociaciones de mujeres, es la reducción casi automática del nivel del riesgo con el paso de los meses. “Con cada nueva evaluación desciende si no se ha producido ningún episodio o si han existido pero no se consideran relevantes”, indica Amalia Fernández. En los casos en los que se dicta pena de prisión para el agresor, en el momento de la salida, ya sea por permisos carcelarios o una excarcelación definitiva, se comunica la situación a la víctima y se hace una nueva valoración del peligro que corre, según apunta Juan Aguilar.

En lo que llevamos de 2015, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales a fecha de 18 de marzo. Solo una de ellas había denunciado y cinco mantenían la relación sentimental con su agresor. Son los datos oficiales, pero a ellos hay que sumar otras dos vidas más en un lunes negro en el que dos hombres han matado a sus compañeras en Málaga y Lleida. Además, se ha conocido otro caso en Gibraltar cuya investigación está en curso.

El año pasado se presentaron, de acuerdo con cifras del Observatorio del CGPJ, 126.742 denuncias. O, lo que es lo mismo, una media de 347 al día. Durante esos 365 días, la violencia machista se llevó por delante la vida de 54 mujeres.

Las primeras investigaciones en torno al accidente del Airbus A320 que hacía la ruta entre Barcelona y Düsseldorf apuntan a un acto deliberado del copiloto, que estrelló el avión contra los Alpes cuando estaba solo en la cabina.

La historia aeronáutica reciente deja al menos otros catorce sucesos en los que, como en el caso del Airbus de Germanwings, el choque ha sido premeditado o deliberado; la mayoría de las veces, por uno de los pilotos.

El último ocurrió hace apenas año y medio, en noviembre de 2013 en Namibia. Dejó 33 fallecidos y sucedió de forma similar al del Airbus accidentado en los Alpes franceses. El piloto de un vuelo de las Líneas Aéreas de Mozambique se encerró en la cabina y no permitió que el copiloto entrara en ella, según la investigación oficial. Luego redujo manualmente la altura del avión desde los 11.500 metros a 180, justo antes del siniestro.

“Durante estas operaciones se pueden escuchar [en las grabaciones de audio] señales de alarma de alta y baja intensidad y golpes constantes en la puerta, además de voces”, dijo el responsable de Aviación Civil de Mozambique.

En 1999, un avión de Egyptair se precipitó sobre el océano Atlántico, cerca de la costa de Massachusetts, dejando 217 fallecidos. La investigación del accidente, al producirse en aguas internacionales, recaía sobre las autoridades egipcias, que cedieron la responsabilidad a la agencia norteamericana de seguridad en el transporte aéreo.

Cuando la agencia llegó a la conclusión de que la catástrofe se había producido por el acto intencionado de uno de los pilotos y pasó la investigación al FBI, el Gobierno egipcio se negó a aceptar esa interpretación y realizó sus propias pesquisas; según estas investigaciones, todo se debió a un fallo mecánico. La agencia norteamericana afirmó que ningún fallo de ese tipo podía justificar los movimientos del avión antes de caer al mar.

Hay otros casos con matices diferentes y que involucran a miembros del pasaje. En 2002, un viajero prendió fuego con gasolina la zona del pasaje de un avión de una compañía china en un vuelo que partió de Pekín con destino a una ciudad costera. El aparato terminó estrellándose en el mar. Unos días antes, el autor del incendio se había hecho varias pólizas de seguros. Murieron 112 personas.

A este tipo de casos hay que sumar los atentados suicidas, con connotaciones que por ahora la Fiscalía descarta para el accidente de Germanwings. Los sucesos más trágicos acontecieron el 11 de septiembre en los atentados realizados por Al Qaeda. En los cuatro aviones impactados en los Estados Unidos –dos en Nueva York, en Virginia y en Pennsylvania– fallecieron 265 personas entre viajeros y tripulantes. A esta cifra hay que sumar las más de 2.600 personas que se encontraban en el World Trade Center y en el Pentágono.

En 1999, los datos hablan de un solo muerto en un accidente de avión en Botsuana. Era el piloto, que en ese momento iba solo en una avioneta y comenzó a tripularla sin permiso durante dos horas. Los oficiales encargados de la investigación revelaron después que envió un mensaje: “Voy a intentar matarme”, seguido de una conversación desesperada entre el piloto y los oficiales en la torre.

En el siniestro ocurrido en 1997 en Indonesia fallecieron 104 personas después de que el piloto estrellara el avión en el río Musi que cubría el recorrido Yakarta-Singapur. Tras la investigación en torno al suceso, se descubrió el pasado del piloto, que había experimentado procesos traumáticos cuando formó parte de las Fuerzas Aéreas de Singapur y perdió a varios compañeros en un vuelo.

El accidente del Airbus 320-211 ocurrido en los Alpes franceses constituye el sexto siniestro en el presente año. Sin embargo, las estadísticas indican que cada vez es más seguro viajar en avión. Por número de accidentes, los años más siniestros se concentraron entre 1943 y 1945, que se explica por los siniestros aéreos en la II Guerra Mundial.

Por fallecidos, en los 96 años de datos recogidos por Aviation Safety Network se han producido un total de 114.833 muertes de pasajeros en siniestros aéreos. La década de los 60 y 70 se constituye como la más grave de toda la historia en número de víctimas mortales: el 36% de los fallecidos en accidentes aéreos se concentraron entre 1960 y 1979. Por años, fue 1972 el más grave de todos, con 2920.

En términos relativos, los últimos años confirman que el avión es un medio cada vez más seguro: el descenso en siniestralidad es mucho más acusado debido a que en la actualidad el tráfico aéreo es mayor que en décadas pasadas. Hay más vuelos, menos accidentes graves y menos muertos. 2013 fue el año con menos muertos en siniestros desde el inicio de los registros, aunque en 2014 hubo un aumento de víctimas al coincidir varios accidentes con alto número de víctimas.

Por trimestres

El primer trimestre de 2015 está siendo el menos trágico en toda la historia de la aviación mundial. El siniestro del Airbus 320-211 ocurrido en los Alpes franceses constituye el sexto accidente fatal del presente año. A esta cifra le siguen los 7 accidentes con víctimas mortales registrados desde enero a marzo en el año 2010, y los 8 de 2012.

Es importante recalcar el número de víctimas en el primer trimestre de cada año. Los accidentes aéreos producidos en lo que va de año dejan 236 víctimas, incluidas las 150 del siniestro francés, el más grave de todos. Esta cifra se sitúa lejos de los 944 fallecidos en el mismo periodo del año 1977, el trimestre más trágico en cuanto a víctimas mortales en toda la historia.

El tercero más trágico en Francia

El reciente siniestro supone el tercero más trágico de los ocurridos en territorio francés, con 150 fallecidos confirmados. El accidente con más víctimas tuvo lugar en el año 1974, con 346 víctimas mortales.

* Nota: en esta base se han incluido los accidentes con, al menos, un fallecido.

Tras varios años de bajadas, las denuncias por violencia de género han registrado un repunte

Sin embargo, los sistemas de protección siguen en descenso: el 93,3% de las asesinadas en 2014 no contaban con ninguna medida en vigor

De las 45 fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, un 31,1% habían denunciado previamente y solo dos habían retirado la denuncia

El miedo, la vergüenza, los hijos... El miedo a las represalias por parte de su pareja y –un motivo que ha cobrado más peso en los últimos años– la dependencia económica. Las razones por las que las mujeres no denuncian los malos tratos son muchas, alimentadas por lo que los especialistas denominan el 'ciclo de la violencia de género': agresión, arrepentimiento y 'luna de miel'. “Una torta, un te quiero y un todo irá bien”, ilustra Marta Fresnillo, abogada y coordinadora del área jurídica de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM).

Sin embargo, las estadísticas de los últimos cinco años indican un cambio de tendencia. Tras varios años de reducción del número de denuncias, en 2014 se registra un repunte: la cifra ha aumentado en todas las provincias respecto al segundo trimestre de 2013, y en la mitad de ellas el porcentaje se ha duplicado. En provincias como Salamanca ha crecido más de un 500%.

Lo que no remonta es el porcentaje de medidas de protección que se brinda a las mujeres para alejarlas de la situación de riesgo una vez que ya han denunciado. Según el último informe del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de las 45 fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, un 31,1% habían denunciado previamente y solo dos tenían una denuncia retirada. Sobre ocho de ellas había medidas de protección, pero solo tres las tenían en vigor.

En 2010, el año con más mujeres asesinadas, un 85% de las víctimas no tenían ninguna orden de protección –o no estaban en vigor–. Ese porcentaje alcanza el 93,3% en lo que va de año.

La desprotección como sistema

No denunciar impide a las víctimas acceder al sistema de protección que la ley dispone para ellas: órdenes de alejamiento, vigilancia policial o pulseras antimaltrato. Aunque hacerlo tampoco les garantiza que finalmente las consigan. Porque lo que les espera a las mujeres una vez que dan el paso de acusar a sus compañeros o excompañeros sentimentales no es fácil. Esa es la razón por la que muchas denuncias se quedan por el camino.

“Llevo seis años luchando, de juzgado en juzgado. Estoy cansada”. Es solo una de las historias que llegan a la asociación MUM. Para Fresnillo, el principal problema es la falta de información: “Hay mujeres que llevan 10 e incluso 15 años de maltrato en sus hogares y, cuando por fin denuncian, se encuentran perdidas”.

Tienen que contar su historia una, dos y 15 veces. Y sobre ellas se cierne la sospecha de una denuncia falsa. Aunque representan un porcentaje ínfimo, “hacen muchísimo daño, porque una vez que hay un caso se acude a esa excusa”, apunta Fresnillo. Según los últimos datos del fiscal general del Estado, las denuncias falsas en materia de violencia de género son un 0,010% del total.

Precisamente, la posibilidad de una acusación infundada hace muchas veces que el tratamiento que las mujeres reciben en su testificación sitúe a las víctimas como verdugos. “Les piden que den detalles, sitios, horas… mientras son mucho más benevolentes con el hombre”, sostiene Fresnillo. Y aquí aparece una figura que recientemente se ha descubierto en la violencia de género: los lapsus de memoria. “Hay mujeres que han olvidado ciertos episodios de su vida y, a la hora de testificar, no recuerdan”. ¿Por qué lo hacen? “Porque prefieren borrar momentos de su vida”.

Sumado a las nebulosas en su memoria, no son pocos los casos en los que las mujeres testifican sin un abogado delante, sin asesoramiento. Esto hace “que sea muy fácil tirar una denuncia”. Si no se completa, si no se hace con detenimiento, “se cree que ha sido una simple riña”. Mientras, se está escondiendo un verdadero caso de violencia de género. Y este asunto no es baladí: un 49% de procedimientos por violencia de género finalizaron con sobreseimientos en el año 2013 según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El apoyo del entorno

“Es fundamental que ante un caso de violencia los de alrededor apoyen”, asegura Fresnillo. Cuando una mujer no ha denunciado, no es solo su culpa: la responsabilidad recae en todo el sistema que la rodea. “Los vecinos, por ejemplo, están hartos de oír discusiones y golpes, pero en el momento de llamarlos a juicio no se mojan –explica–. Porque si en el juicio se le declara inocente, no deja de ser tu vecino, e imagina la situación...”.

Resulta esencial que el entorno apoye a la mujer, pero en última instancia deben ser las víctimas quienes denuncien. De otro modo, si no hay un apoyo testimonial de la mujer, es fácil que el proceso se caiga. Y así lo reflejan los datos. Alrededor de un 60-70% de las denuncias son interpuestas por la víctima. En la mayoría de los casos, tras un atestado policial.

Lo difícil viene después: mantenerlas. Desde las asociaciones de apoyo a las mujeres maltratadas aseguran que las víctimas aprovechan para retirar las denuncias en los momentos en que sus parejas “prometen que todo eso lo hacen porque realmente las quieren, para protegerlas”. También el miedo ejerce su influencia. Y el sometimiento. Son mujeres a las que sus maltratadores han aislado de sus amigos, de su familia, de su trabajo. En la mayoría de los casos, el proceso lleva mucho tiempo. “Al inicio es una agresión al año, después al mes y, más tarde, este ciclo se sucede en un solo día. Y así, durante años”, resume Fresnillo. La vulnerabilidad de estas personas es máxima.

Por eso los medios que se ponen para atenderlas son fundamentales. Y si en algo coinciden quienes trabajan con estas víctimas es en que, a pesar de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género –que este año cumple una década– ha sido un enorme avance, los recursos son insuficientes.

QUIÉN PONE LAS DENUNCIAS?

“Cuando la mujer ha denunciado 10 o 15 veces y no ha habido una protección de por medio, ha habido una mala valoración por parte de la justicia”, sostiene la especialista de la asociación MUM. Unido a ello, en ocasiones el trato que reciben las mujeres en los juzgados o la comisaría no es el adecuado: “Si hay mucha gente, las atienden en zonas abarrotadas, sin meterlas en una sala donde puedan contar su caso de forma pausada y protegida”, con el peligro que conlleva.

La especialización de los profesionales implicados en el difícil proceso de salir de una situación de violencia –agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de asuntos sociales, personal de los juzgados– es el rumbo en el que apuntan las reivindicaciones. Un tejido que debe mejorar para revertir lo que muestran las estadísticas: más denuncias pero menos protección.

Las máquinas de asfalto arreglan las calles próximas a la casa de Laura (nombre ficticio). Con parches de negro alquitrán tapan grietas y agujeros que el paso del tiempo ha ido dejando. Laura vive en un pequeño piso, en un barrio humilde de Madrid. También aprendió a parchear su vida, a ponerle remiendos a la de sus hijos en una historia de diez años de violencia.

Con el nacimiento de la primera hija, en 1999, llegaron los golpes. Y aún tardó en denunciar. Por sus hijos, por la posibilidad, aunque remota, de que todo podía mejorar y por un entorno que creía que esos comportamientos son normales en una pareja. Lo que escuchó una vez que se decidió a denunciar a su marido, hace 15 años, contiene tintes de todo lo anterior.

Además, la violencia no quedó entre Laura y su pareja, sino que se extendió a toda la familia.

Laura ponía denuncias. Y las retiraba. Y volvía a ponerlas. “Al principio me convencía la policía para que no denunciara. 'Hay un niño pequeño', me decían”. Dejó que pasara el tiempo. Pero con la llegada del segundo hijo la situación empeoró: ellos empezaron a ser víctimas. “Les pegaba empujones. A una la empujó contra el quicio de la puerta y se orinó de miedo”. Al pequeño “con apenas seis meses ya le había pegado en la pierna”. Otro día él dejó encerrados a los niños en la habitación para que no oyeran nada y la agredió. Lo tuvo claro: ese sería el último golpe. “Ahí se acabó todo”, recuerda.

Los hijos juegan un papel clave en la violencia de género. Por un lado, “el niño es un instrumento más, puede ser utilizado en estos casos como arma psicológica”. Por otro, “el miedo de las mujeres a denunciar a sus parejas se vive día a día; pero por sus hijos se movilizan. Les ayuda a dar el paso y denunciar”, afirma Sonsoles Bartolomé, encargada del área jurídica de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR).

El desamparo de los hijos

La violencia doméstica va, en algunos casos, de la mano de la violencia de género. No solo las mujeres son víctimas: se extiende a todo el ámbito familiar. Los menores también son afectados pasivos: ven, oyen y callan. O activos. Así lo contempla la Ley:

Tras conseguir la orden de alejamiento de su expareja, Laura se libró, pero sus hijos tenían establecido un régimen de visitas con su padre. Ellos sentían miedo. “Fue una vez a buscarlos al colegio y como no querían estar con él, se encerraron dentro y hasta que no se habló con la policía no salieron de allí. Ese miedo se lleva dentro”, explica Laura.

Aunque haya una denuncia de violencia por medio, los niños tienen que seguir viendo a su padre. “Desde el punto de vista del juez, las pruebas son importantes”. Sonsoles Bartolomé recuerda que, en casos de regímenes de visitas entre hombres maltratadores y sus hijos, “hay derechos fundamentales en juego, por lo que hay que ser muy riguroso”, explica Bartolomé.

Desde la Fundación ANAR ofrecen todo el soporte posible en estos casos. “Puede llegar a suspenderse el régimen de visitas” aunque Bartolomé llama a “estudiar caso por caso”. “Es necesario un estudio individualizado, informes psicosociales y la implicación de los profesionales”.

En el caso de Laura las visitas duraron poco tiempo. “Un día llegó el pequeño con los testículos rojos. Mi hija decía que su padre le mordía ahí. Si bien no sabes qué está ocurriendo en estas visitas, tampoco crees que una niña de apenas seis años se invente eso”. La confirmación vino un tiempo después, de la mano de una trabajadora social, a la que los niños contaron lo que nunca habían contado a su madre. “Al acabar la sesión, la especialista me dijo que mis hijos sufrían malos tratos cuando estaban con su padre”. A partir de ese momento se suspendieron las visitas. Pero no fue algo definitivo.

Tenían el testimonio de la psicóloga, los trabajadores sociales, agentes tutores y los menores para conseguir una suspensión de visitas firme. Pero nada de caminos fáciles, recién asfaltados. “En juicio consideraron que no estaba confirmado ese maltrato”. Las visitas a su padre tenían que reanudarse. Pero Laura respira aliviada porque desde hace algo más de un año aquella apisonadora, padre y marido, no ha vuelto a aparecer por su casa.

Años de silencio

En lo que va de 2014, 26 menores se han quedado huérfanos por causa de la violencia de género. Su madre es asesinada. Su padre entra en prisión. “Esta situación lleva al niño a estar desamparado. A partir de ese momento hay que estudiar qué ocurre, si existe una familia que pueda hacerse cargo del niño. Son casos individuales”, explica Bartolomé.

En los casos en que la mujer es asesinada, se quedan en una situación de desamparo. Las llamadas que recogen en la Fundación ANAR vienen, sobre todo, de familiares. “Llaman abuelos, tíos maternos para preguntarnos: ¿ahora qué pasa?”. Por fortuna, asegura Bartolomé, “no es una llamada habitual”. Entonces entran en acción otras instituciones, que buscan familias de acogida para los menores. Y en estos casos la ley también prevé que los padres disfruten de un régimen de visitas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido esta semana revocar definitivamente el régimen de visitas a un guardia civil acusado de matar a su mujer. El juez había otorgado permiso para que el presunto asesino se reuniera con su hija una vez al mes. Tras el recurso de apelación interpuesto por los abuelos de la menor, este régimen de visitas ha quedado suspendido.

Los niños de Laura pasaron diez años callados, con miedo. “Con él nos sentíamos encerrados como en una ermita, sin poder hablar con nadie del barrio. Además, tenía que saberlo todo, dónde íbamos, con quién. Ahora podemos hablar con todo el mundo”, afirma –se reafirma– Laura.

Su mayor preocupación hoy por hoy son sus hijos. Sobre todo su hija adolescente. Enseña fotos y dice: “es resultona, ¿no?” No quiere que nadie le destroce su juventud. Laura ahora sonríe. Sale a la calle sin tener que dar explicaciones. Y ha aprendido a poner los límites. “En una relación posterior fui la que tomó las riendas”. Su ya expareja cruzó la línea roja cuando “llamó niñata a una de mis hijas. Me planté y le dije que en mi casa no se insultaba a nadie”. Le echó de su hogar y tiró su ropa a la calle por la ventana. La misma calle que hoy unas cuantas máquinas llenan de parches.