El 15M es marea, es clima y es un estado de ánimo que quiere cambio; es abstracción, un concepto, algo complicado de concretar, un modelo nuevo para vivir la política. Pero también es una suma de pequeñas acciones concretas, muchas poco mediáticas y pequeñas pero que han cambiado vidas, que nacieron entonces y que ahora suman dos años de vida. No componen el gran cambio de sistema que el movimiento pretendía en sus inicios, pero sí son logros, una montaña de granitos de arena. Son los hijos del 15-M, que ya andan solos y van camino de emanciparse.

Escrache de la PAH en San Sebastián

La llegada de la crisis no tardó en demostrar a colectivos como V de Vivienda, que habían combatido por hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, que la nueva lucha pasaba por evitar que quien ya contaba con un techo pudiera perderlo. Así nació a comienzos de 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH no es tanto 'hija' del 15M, es más bien un matrimonio perfecto. El apoyo del movimiento a la convocatoria que consiguió paralizar eldesahucio de Anwar y Tatiana en junio de 2011 en Madrid fue fundamental para visibilizar el problema y situarlo en la agenda pública. Desde entonces, la PAH ha conseguido paralizar decenas de desahucios y renegociar hipotecas y daciones en pago.

“El encuentro entre la PAH y el 15M fue el encuentro perfecto”, explica Ada Colau. “La PAH había desarrollado ya sus propuestas, discurso y campañas, pero para crecer y consolidarse era necesario un movimiento descentralizado con presencia en todo el territorio”. La proximidad de las asambleas del 15M fue fundamental para el éxito de la campaña 'Stop desahucios' que ha paralizado 650 ejecuciones hipotecarias. “Al 15M también le vino bien el encuentro con la PAH porque necesitaba un discurso y unas propuestas cuando se entró en una fase más propositiva”, indica Colau. De hecho, algunas asambleas han ido transformándose en nodos de la PAH. Prueba del éxito de la unión es el casi millón y medio de firmas que logró la ILP hipotecaria, a pesar de que el PP haya desoído las demandas del colectivo.

Una tarde de invierno sin frío. Sábado. La convocatoria no coincide con ningún partido de fútbol importante. Las redes sociales llevan 12 días en tensión, 12 días cuajando un caldo de cultivo a punto de romper a hervir. La hora fijada, perfecta: seis de la tarde. El aviso es desordenado, amateur y con solo 34 horas de antelación, pero ya están al tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza... También hay concentración en otros países. Twitter, mientras, revienta por el escándalo político. Los medios de comunicación, preparados para la prueba del algodón. Va a pasar, parece que va a pasar: se van a llenar las calles.

No pasó.

Ese día fue el 11 de diciembre de 2010 y Wikileaks llevaba dos semanas publicando entre fanfarrias escándalos extraídos de cables diplomáticos. La plataforma sufría el acoso mediático y era boicoteada por Visa, MasterCard y PayPal. Y con todo, tras 12 días de portadas digitales, manos en la cabeza y trending topics, en la manifestación de Madrid no había más de 300 personas. Sumando todos los asistentes en las diferentes convocatorias españolas, no había más de 1.000.

Ah, claro, es que “el mundo virtual es una cosa, pero el mundo real es otra”, se escribió. Ah, claro, es que “qué fácil es hacer click, darle a me gusta”, pero luego “hay que estar en la calle para cambiar las cosas”.

Lo mismo ocurrió con la oposición a la ley Sinde. El 16 de enero de 2011 se convocaba una manifestación en Madrid contra la aprobación del texto; fueron 40 personas. El 4 de marzo, otra; fueron 200.

Sin embargo, el análisis de los datos publicado en varios estudios académicos señala que sin el músculo digital acumulado durante aquellos meses contra Sinde y con Assange no se entiende la eclosión social en 2011, no se explica la manera en que se ha expresado la desesperación, no se acaban de identificar los nodos de influencia que potenciaron la protesta.

La red como músculo político, la calle como fetiche mediático. En otras palabras: fracaso tras fracaso en la calle, el éxito se abría paso en red. Invisible a la miopía mediática, una malla cultural y social se tejía en la periferia y comenzaba a repolitizarse. Gente que huyendo de la política acabó encontrándose con la política.

Pancarta, manifestante y móvil (Juan Luis Sánchez)

"Lo que tiene que hacer el 15-M es convertirse en partido político". Más que una cita es una cantinela. Repetida decenas, cientos, miles de veces en corrillos, micrófonos y televisiones, muy frecuente entre los escépticos o entre los que no acababan de entender en sus inicios la esencia del movimiento 15-M. "Si quieren cambiar las cosas, que se organicen, que se presenten a las elecciones", decía la todología en 2011.

Ese argumentario era contestado con contundencia y también algo de condescendencia por parte del movimiento: para participar en política no hace falta montar un partido, se decía; para cambiar el mundo también se puede presionar al poder de manera horizontal para que acabe sometido a la voluntad ciudadana; además, entrar como 'El 15-M' en el sistema de partidos sería, según este otro argumentario repetido también hasta la saciedad, generar un agente reconocible para políticos y periodistas y, por tanto, mucho más vulnerable. Y que poner de acuerdo al 15-M en un programa político concreto y consensuado se da por imposible. Y que el 15-M, ya se sabe, en realidad no existe, no es algo tangible, es más bien un cambio de mentalidad, un diagnóstico, una recolocación.

Pero hasta con la concepción más amplia y cultural del movimiento, la del ejambre, la de la red, la etiqueta 15-M empieza pronto a generar problemas: es un nido de karma mediático a prueba de todo tipo de ataques, goza de una legitimidad a la que todo el mundo se quiere asomar; pero por otro lado, el límite entre "hacer 15-M" y "ser el 15-M" empieza a conventirse en peliagudo y se suceden los roces internos sobre quién y cómo se decide lo que es o lo que no es representativo de aquella eclosión de 2011.

España pasa el corte, pero necesita mejorar. Ese es el mensaje que manda EEUU al gobierno español sobre su política de lucha contra las descargas y el intercambio de archivos con copyright en Internet. La Oficina de Comercio estadounidense acaba de hacer pública su particular lista que luego se usa para hablar de "países piratas": el informe 301 ( pdf).

España, a la que se ha amenazado con volver a estar incluída en esta categoría, queda fuera de la lista y salva la cara ante el lobby de la industria cultural nortemericana. Eso sí, EEUU anunca que "se llevarán a cabo revisiones" centradas en comprobar "los pasos concretos que dé España para combatir la piratería de contenido con copyright en Internet", dice el informe.

Lo dicen los cables diplomáticos desvelados por Wikileaks y lo dice la agenda de reuniones en Moncloa que ha ido filtrándose. Las grandes productoras de la industria cultural en Estados Unidos, y en su nombre la Administración primero de Bush y ahora de Obama, lleva años presionando a España para que sea mucho más agresiva contra las páginas de enlaces o de streaming de música, cine o descarga de libros.

Fue la primera medida que el Gobierno aprobó para contener la creciente polémica política y social sobre los desahucios. En marzo de 2012, Luis de Guindos anunciaba un Código de Buenas Prácticas para proteger a los clientes más vulnerables frente a los desahucios. El código era voluntario, ningún banco estaba obligado a cumplirlo. Resultado: un año después, con más de cien entidades acogidas, los bancos han concedido 291 daciones en pago y han suavizado las condiciones de 601 hipotecas a través de esta herramienta. En España, un estudio del Colegio de Registradores calcula que, sólo en 2012, se produjeron en España más de 30.000 desahucios en primeras viviendas. 115 expropiaciones diarias. Según esta misma fuente, la banca admitió fuera del código de buenas prácticas 11.441 daciones en pago en primera vivienda ante la insolvencia de sus clientes.

Lo que sí se interpreta de los datos es que los bancos han pisado el acelerador en los últimos meses. De marzo a octubre de 2012, el Código de Buenas Prácticas se estrenó con 42 daciones en pago y 171 renegociaciones de la hipoteca, lo que se interpretó como un fracaso. Si las cifras se hubieran mantenido, tendríamos un balance al final del primer año de unas 84 daciones en pago y sin embargo la cifra, aunque sigue siendo exigua, supone más del triple. Esta reacción coincide con el mayor auge del debate político y social sobre desahucios liderado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

La dación en pago existe en España, pero depende del banco que se pueda aplicar y entra dentro de las buenas prácticas recomendadas por el Gobierno a las que se acogen de manera voluntaria los bancos. Precisamente lo que piden los colectivos antidesahucios es que la entrega de llaves comporte la anulación de la deuda hipotecaria no en aquellos casos en los que en banco tenga a bien, sino en supuestos fijados por ley; en la ILP rechazada en el Congreso, lo que se reivindica directamente es que no haya supuestos: no hay casa, no hay deuda. Por tanto, que en estos meses aumente o disminuya la cifra de casos de dación en pago habla de la voluntad o arbitrariedad de la banca, dependiendo de los casos concretos o de la presión social.

Juez y parte. La empresa nombrada para decidir a quién tiene Bankia que devolverle el dinero de las preferentes es la misma que representa al banco frente a las demandas judiciales de los clientes que se consideran engañados. Se trata de KPMG, una de las cuatro grandes multinacionales de la consultoría que trabajan para millones de empresas y administraciones en todo el mundo. En este caso, para el Estado y para Bankia en dos partes diferentes del mismo conflicto, el de la venta fraudulenta de preferentes, con miles de personas afectadas de por medio.

El FROB y Bankia han encargado a KPMG la función de "experto independiente", figura prevista en el proceso de arbitraje para que analice una a una las reclamaciones de los clientes de preferentes de esta entidad para ver si cumplen con los requisitos y para decidir posteriormente cuánto dinero de su inversión les debe ser devuelto. La auditora decidirá si miles de afectados fueron efectivamente engañados o sabían del riesgo al que se exponían.

Mientras un departamento de la consultora decide sobre los ahorros de los clientes que acudan al arbitraje, otro departamento, el de servicios legales, representa a Bankia en los juzgados. Los abogados de KPMG defienden los intereses del banco contra demandas de clientes que han elegido la vía judicial para denunciar que fueron engañados en la compraventa de preferentes, que la CNMV calificó de irregular en un informe desvelado hace unas semanas por eldiario.es.

El informe de la CNMV que desvela que Caja Madrid, Bancaja y Bankia "incumplieron la ley" al inflar los precios de las preferentes que compraban pequeños ahorradores empieza a jugar a favor de los afectados que piden ante los tribunales la nulidad de sus contratos y que les devuelvan el dinero. 

El juzgado de primera instancia número 43 de Madrid ha aceptado como prueba la documentación confidencial, que publicó en exclusiva eldiario.es el pasado jueves 11 de abril, en una demanda contra Bankia interpuesta por un cliente minorista de preferentes, que en 2009 invirtió 139.000 euros en este producto, emitido entonces por Caja Madrid. Según el abogado del demandante, Israel Álvarez Calzada, el juez ha admitido este miércoles el informe "entre protestas del abogado de KPMG", una de las consultoras más importantes del mundo, que representa a Bankia en este caso.

"El documento desmonta todo el argumentario de Bankia y sus abogados para este tipo de casos", dice Álvarez Calzada. En este caso concreto, a su cliente "le va a venir muy bien" que el documento "constate", según el abogado, que la CNMV advirtió a las entidades de un "conflicto de intereses" y de que estaban ocultando información a los clientes de preferentes, con los que no fue transparente sobre los problemas que tenía el mercado minorista de estos productos híbridos. "Desde luego mi cliente no es un pobre anciano; es un profesional liberal y joven, pero que claramente no tenía ni idea de lo que en realidad le estaban vendiendo como una inversión segura", explica su abogado.

El informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el incumplimiento de la ley en la venta de preferentes en Caja Madrid, Bancaja y Bakia, y que publicó en exclusiva eldiario.es el pasado jueves,  ha desencadenado una ofensiva legal que puede acabar afectando a la propia CNMV. La Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias para comprobar si, como dice el organismo, hubo precios inflados y opacidad deliberada durante la fusión y salida a bolsa de la entidad, con pérdidas millonarias para los clientes afectados desde 2008 hasta 2011.

Hoy se amplia el impacto potencial del documento: la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) anuncia que lo utilizará en todas las querellas donde está personada en defensa de los pequeños ahorradores afectados por estos productos también en otras entidades. En concreto de "la CAM, Novagalicia Banco, Caja Castilla La Mancha y Catalunya Caixa", según ha confirmado a eldiario.es Fernando Herrero, portavoz de la organización.

"El informe es totalmente pertinente para el procedimiento penal con Bankia", dice ADICAE que también incorporará el documento en su causa judicial contra el banco que presidía Rodrigo Rato, "pero además es válido para el resto de casos, porque esto de las preferentes no se lo ha inventado Bankia sino que ha sido un problema generalizado".

La Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias sobre la gestión de las participaciones preferentes por parte de Bankia, Caja Madrid y Bancaja, después de conocerse este jueves a través de eldiario.es el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que apunta que se benefició a unos clientes en perjuicio de otros.

Se lo ha comunicado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a un grupo de afectados por este tipo de productos bancarios que le han abordado en Santander, según recoge la agencia EFE. Según ha explicado a este grupo de personas, la Fiscalía no tiene oficialmente todavía esa documentación, solo el conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación, pero ha señalado que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias de investigación. Torres-Dulce ha comentado que, "en principio", estas diligencias no estarán "dentro de la causa de Bankia", porque se ha excluido el asunto de las preferentes para hacer una pieza separada especial.

El informe de la CNMV - un documento publicado en exclusiva por eldiario.es ( ver pdf) y que puede leerse también al final de esta misma noticia - desvela que Bancaja, Caja Madrid y luego Bankia inflaron deliberadamente los precios de las preferentes a través de mecanismos opacos de compraventa, beneficándose ellas y beneficiando a los clientes más especuladores por encima de los pequeños ahorradores. Lo hicieron a pesar de las advertencias de la CNMV, que desde al menos finales de 2011 tiene constancia probada de los hechos y ya advirtió al sector de las "malas prácticas" en 2010 ( ver cronología de los hechos).

El equipo jurídico de 15MPaRato, que representa en el Caso Bankia a varios accionistas contra su anterior equipo de dirección, celebra como una victoria el contenido del informe confidencial de la CNMV que denuncia el "incumplimiento de la ley" de Bancaja, Caja Madrid y Bankia en la venta de preferentes, y que ha sido publicado por eldiario.es.

"Esto supone un antes y un después para un millón de personas afectadas por la estafa de las preferentes", dicen los abogados que representan a varios accionistas en el Caso Bankia que se instruye en la Audiencia Nacional, entre ellos tres personas que consiguieron sus acciones tras un canje de participaciones preferentes. "Este informe puede provocar que les devuelvan el dinero íntegramente", dice.

Los abogados de 15MPaRato, con Juan Moreno Yagüe como cara más visible en los juzgados, llevan desde mayo de 2012 reclamando que se hagan públicos los datos de las preferentes vendidas antes de la cotización del banco nacido de 7 cajas de ahorros. "Sospechábamos que no se cumplía la ley", aseguran, "que se estaban comprando y vendiendo preferentes en un mercado interno que se han inventado ellos para operar de espaldas a lo que dice la ley". Según la CNMV, tenían razón.