Las víctimas de ETA, hasta donde es posible compensar su, en demasiadas ocasiones, inmenso dolor y terrible sufrimiento, han sido reparadas por el Estado, han recibido el reconocimiento unánime de la sociedad civil y reciben la atención y cuidado continuado de la institucionalidad vasca, aunque en su búsqueda de la verdad incuestionablemente todavía subsistan espacios de oscuridad a donde la justicia de los tribunales aún no ha llegado. Para cualquier aproximación a este tema necesariamente hemos de partir de este suelo ético.

Pero estos diez años transcurridos desde la declaración unilateral del alto el fuego por parte de ETA también permiten otras reflexiones desde la perspectiva de los derechos humanos. No queremos establecer equidistancia. Únicamente que hay temas, referidos en este caso a los presos de ETA, que requieren necesariamente este tratamiento.

Y es que, diez años después de la tregua y más de tres tras la disolución formal de la organización y su previo desarme un año antes, la excepcionalidad de la legislación antiterrorista -incrustada en la ordinaria- sigue incólume.

El acercamiento de presos: un reto para el Gobierno vasco

Aunque se ha producido el acercamiento de la mayoría de los presos que cumplen largas condenas de prisión, solo 66 sobre un colectivo 184 presos están por el momento en prisiones vascas. El resto siguen en prisiones fuera del País Vasco, aunque no alejadas de este territorio, sometidos a condiciones de cumplimento penitenciario diferente al resto de los presos. Alrededor del 87,9% de ellos permanecen clasificados en segundo grado, no obstante haber extinguido en muchos casos las tres cuartas partes de sus penas, con un régimen muy restrictivo de permisos penitenciarios, en todos los casos. Solo el 6,3% se encuentran en tercer grado o semilibertad. 

El traspaso de competencias al Gobierno vasco en materia penitenciaria en sus prisiones con efecto a partir del 1 de octubre pasado abre una ventana para que las cosas cambien y se normalice el régimen penitenciario, siempre que la fiscalía y la Audiencia Nacional no se empeñen en que continúe, entorpeciendo con ello la labor del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales vasco. En definitiva, sería muy deseable el próximo traslado de la totalidad de colectivo de presos de ETA a las prisiones vascas, lo que posiblemente esté en mente del Gobierno de Sánchez.

El acercamiento ya no resulta tan acuciante desde la perspectiva única de los derechos humanos, pero la existencia de presos dentro y fuera de las prisiones vascas agudizaría las referidas desigualdades en el régimen penitenciario, que se vería incrementada en relación con los propios presos del colectivo que se vieran favorecidos por un régimen penitenciario cualitativamente distinto. Y sobre todo, por la efectividad de los fines que persigue el modelo que se pergeña, muy novedoso en nuestro entorno, movido por otros planteamientos diferentes a lo existente, que tienen en mente elementos transformadores basados en la justicia restaurativa, dentro de lo que la ley permite, como motor de la definitiva normalización de la convivencia en el país vasco.  

El Plan Udaberri 2024: Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno Vasco recientemente presentado prevé desarrollar un modelo penitenciario propio sustentado bajo los principios de: individualización, humanidad, reconocimiento del daño causado, enfoque restaurativo, protección de las víctimas, potenciación del régimen abierto, reintegración y resocialización post-penitenciaria en el ámbito comunitario y perspectiva de género. 

El Plan recuerda, como claves, que la inclusión del futuro modelo penitenciario vasco obedece a su dimensión política y a su potencialidad como contribución al derecho a la verdad y como factor para avanzar hacia una convivencia normalizada, como norte y objetivo del Plan. 

La duración de las penas para los presos de ETA: materia pendiente en cuestión de estándares europeos de derechos humanos

Lo que de verdad plantea máximos problemas desde una perspectiva de los derechos humanos es el de la duración excesiva de las penas privativas de libertad de acuerdo con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Nuestro Código Penal con anterioridad a la Ley Aznar LO 7 /2003 de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, establecía un tiempo de cumplimiento penitenciario máximo de 30 que se ve incrementado por dicha ley a los 40 años. También estableció en su artículo 78, que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, lo que sirve de base a la situación antes descrita y que mantiene a la casi totalidad de los presos de ETA en régimen penitenciario cerrado.

Pero esta no es la peor de las situaciones posibles, ya que a ella se unen los presos que han cumplido una parte de sus condenas en el extranjero -lo más frecuente en Francia- a los que por mor de una ley creada específicamente para ellos, la LO 7/2014,  no obstante existir una norma comunitaria que dice que se les tiene que tener en cuenta dicho tiempo en el cumplimento de las penas, excluye esta posibilidad, sumándose al máximo de cumplimiento en España de hasta 40 años, con el tiempo ya cumplido en Francia. Esta norma excepcional de nacimiento apócrifo no debería permanecer vigente ni un minuto más.

El Tribunal Supremo español no quiso plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo  la contradicción de esta ley con la norma comunitaria. Cabe destacar que a día de hoy más de 10 presos de ETA que siguen cumpliendo deberían estar en libertad de no existir dicha norma.

Por su parte, el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) no se ha pronunciado sobre la duración de las penas privativas de libertad, pero sí ha establecido en relación con la prisión perpetua el estándar de su revisión y de posibilidad de obtener la libertad transcurridos una serie de años que, de forma común, en nuestro entorno europeo está en los 25 años. Sin embargo, como decimos, el sistema instaurado por la reforma de Aznar para cumplimiento íntegro de penas permite llevar adelante cumplimientos de pena, sin posibilidad de revisión, que exceden hasta en quince años los estándares europeos y no digamos cuando además parte de la pena se ha cumplido en el extranjero.

Diez años después de la desaparición de un grave problema para España como es el terrorismo de ETA, bien da lugar a que se aborden y se corrijan determinadas situaciones, además de la satisfacción de las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas, el tratamiento igualitario de todas ellas, independientemente de donde procediera la violencia. 

Igualmente, no más, la normalización y la igualación jurídica del cumplimento de penas y penitenciario, eliminando de nuestras leyes y practicas las excepcionalidades derivadas del terrorismo. Creemos por ello necesario la desaparición de nuestro Código Penal de penas superiores a 25 años de prisión, sin perjuicio del establecimiento de adecuadas medidas de seguridad postdelictuales cuando fueran necesarias. La derogación de la excepcionalidad de la referida LO 7/2014 teniendo en cuenta en régimen de igualdad las penas cumplidas en el extranjero.

Pero es más, nos atrevemos a acoger con toda positividad y esperanza las propuestas de justicia restaurativa, trasformadora  y constructiva de la verdad que se nos insinúa desde el Plan de Derechos Humanos vasco, como el mejor instrumento de paz, de superación de conflictos y de convivencia. Es una propuesta realista y valiente con la que esperemos sepa colaborar el Gobierno central, trasladando a los presos a las prisiones vascas. 

El reconocimiento por parte del líder abertzale Arnaldo Otegi del dolor y sufrimiento de las víctimas de ETA y el cambio en el discurso político admitiendo que nunca debió producirse nos demuestran que hace 10 años, con el cese de la violencia de ETA, la sociedad vasca inició el irreversible camino hacia la paz y la convivencia. Es nuestro deber como sociedad civil apoyar este proceso y denunciar los obstáculos que desde distintas instituciones se han venido poniendo al camino de la paz positiva en el País Vasco.

La decisión de entrega unilateral de las armas por parte de ETA, por mucho que se pretenda devaluar –por haber sido forzada por el acoso permanente de la policía francesa y española y por ser tardía– debería producir efectos tangibles en relación con el conflicto vasco.

Aunque según el tradicional esquema Rajoy de no ver los problemas, y en todo caso dejarlos dormir a la espera de que se resuelvan solos o en su defecto se los resuelva otro, lo cierto es que afortunadamente la sociedad civil vasca en su mayoría ha sabido salir adelante, ocupando el vacío de un Gobierno central que no asume que nos encontramos inmersos en un proceso transicional, y tomando la iniciativa en distintos frentes para superar los traumas de la división y enfrentamiento agudo y violento del pasado para lograr una paz duradera, sostenible e inclusiva.

Pero es necesario dar más pasos para avanzar y profundizar en la reconciliación y la convivencia pacífica. Caminar para hacer posible la superación de los traumas y emociones íntimamente ligados a los episodios de violencia como el odio o el rencor y que provocaron a lo largo de décadas de violencia la deshumanización del “otro” y sumieron a la sociedad en una profunda polarización. Y es que es la única fórmula para desactivar aquellos factores o elementos que puedan estar permanentemente realimentando el conflicto y el enfrentamiento (aunque ya no sea a los mismos niveles que en otros momentos) y de esta manera cerrar definitivamente el ciclo de violencia.

La entrega de armas, y el desmontaje de toda la estructura militar de ETA son pasos que –junto con su propia disolución–, a pesar de suponer algo más simbólico que real y efectivo, ETA debe dar. Pero también son pasos a dar la solución a la cuestión de los presos –con su normalización jurídica y reintegración social– como también la recomposición de las asociaciones de víctimas, para que reconduzcan su actividad a la estricta defensa de los intereses de las víctimas en los ámbitos en los que sea necesario, pero sin pretender ser actores políticos privilegiados, al servicio exclusivo en muchos casos de los intereses del partido en el Gobierno.

Las declaraciones del presidente Rajoy y del ministro del Interior de su gobierno no pueden ser por el momento más desalentadoras y esperemos que no dejen de ser más que una mera “postura mediática” y que en la trastienda sean más abiertos en la negociación política que, en varios frentes –presos de ETA incluidos–, mantiene el Gobierno central con el ejecutivo vasco, en un momento complicado para la “unidad” España.

Estas manifestaciones de Rajoy y de su ministro parten del común de pretender parapetarse en la ley y exclusivamente en ella, como un mantra, como si las leyes fueran de procedencia divina y por lo tanto intocables. Pero nada más lejos de la realidad, se trata de planteamientos de política criminal y penitenciaria. Siendo esta última especialmente activa después de años de cese de la lucha armada, extraordinariamente dura, intransigente, discriminatoria e injustificadamente excepcional en estos momentos. Las leyes pueden ser modificadas para acomodarlas a los cambios políticos y diseñar otras formas de política criminal más acordes con la evolución de situación actual.

En el ámbito penitenciario, las políticas de dispersión de los presos de ETA, amparadas en razones de seguridad ya inexistentes, suponen en estos momentos un gran palo en la rueda de la paz debido a las implicaciones político-sociales para el proceso en general y personales para los presos y sus familias. Además, dificultan gravemente la implantación de proyectos de tipo restaurativo destinados a la reintegración de los presos y la reconciliación.

Por otro lado, las políticas penitenciarias resultan en la práctica desiguales y discriminatorias en relación con los presos de ETA. La gran autonomía de la que goza la administración penitenciaria, competente para promover la progresión de grado penitenciario, los beneficios penitenciarios y la posibilidad de cumplimiento de la última parte de las penas en libertad condicional, provoca que los presos de ETA cumplan sus penas en su integridad en régimen de internamiento penitenciario, de forma diferente a lo que ocurre con otra clase de presos (que cumplen la última parte de pena en régimen abierto o el libertad condicional para preparar el pase a la situación definitiva de libertad).

El resultado es un sistema de cumplimento para los presos de ETA en régimen especialmente severo con mantenimiento indefinido del primer grado penitenciario sin progresión de grados, que implica, además de la dureza de las condiciones penitenciarias, la imposibilidad de disfrute de permisos penitenciarios o posibles beneficios penitenciarios o la aludida liberación condicional; aislamiento de presos en determinados casos; e incluso puesta en práctica instrucciones penitenciarias que empeoran gravemente la situación precedente en relación con presos gravemente enfermos, hasta el punto de que postergan su liberación al momento de su muerte inminente o que revisan retroactivamente los beneficios penitenciarios bajo el régimen del código penal anterior, incluso los ya obtenidos por estudios superiores u otros semejantes, empeorando de forma muy significativa las condiciones para su obtención.

Además, leyes como la Ley Orgánica 7/2003, de cumplimiento íntegro de las penas o la Ley Orgánica 7/2014, de exclusión de cómputo de penas cumplidas en el extranjero a presos de ETA, que expresamente prohíbe tener en cuenta las condenas cumplidas en Francia y que ha causado un gran malestar debido a su falta de reciprocidad, hacen poco probable o casi imposible la reinserción de estos colectivos. Ante este escenario, debemos preguntarnos qué futuro les espera a los penados de ETA si, como es más que probable, decidieran dar el siguiente paso y renunciaran a planteamientos colectivos frente a la legalidad penitenciaria y someter sus situaciones individualmente a ella. Qué reconocimiento tendría este paso de enorme valor simbólico, que implica una clara actitud de sometimiento a la legalidad y de claudicación de las posibilidades de obtención de salidas negociadas para los presos.

Todo esto nos lleva a una única posible reflexión, el Gobierno debe dejar de cultivar el miedo, el odio y la polarización de la sociedad a través de sus políticas criminales y penitenciarias en relación con ETA –que ya no tienen otro sentido ni explicación que la de dar satisfacción a determinados colectivos de víctimas anclados en la revancha y la venganza– para, de forma responsable, dar paso a políticas que propicien la definitiva superación del conflicto, favoreciendo, entre otras, experiencias de tipo restaurativo que permitan alcanzar la reconciliación de la sociedad. Debe dejar de atrincherarse en el pasado y machaconamente acudir a etiquetas tabú como el propio término “terrorista”, que se utilizan como pretexto porque parece que impiden normalizar situaciones. En este sentido, la reintegración social de los presos es un elemento clave por su carácter inherente a todo proceso de paz que busque su viabilidad a medio y largo plazo.

Resulta imprescindible generar espacios en los que se puedan expresar libremente los sentimientos de injusticia y agravio de todos así como trabajar las respectivas emociones de manera colectiva utilizando la empatía como componente activo del proceso. En definitiva, proyectos de tipo restaurativo como la Vía Nanclares, en coma inducido por el Gobierno desde hace años. Programas que, a través de fórmulas que no impliquen una mayor criminalización innecesaria, permitan la resolución de crímenes hasta ahora no resueltos, que aporten verdad a las víctimas, reparación y reconocimiento del dolor causado.

No nos encontramos ante una transacción, ni ante ninguna negociación por parte de ETA, que es como lo quiere presentar ante la opinión pública el Gobierno. ETA no tiene condiciones para ello. Sino que se trata de una nueva oportunidad que se le ofrece, de un órdago al Gobierno, para que podamos avanzar hacia la convivencia pacífica. Pero si permanece inmóvil, a lo que ya nos tiene acostumbrados, la esperanza que nos queda es que sea de nuevo la sociedad civil la que termine tomando el liderazgo y busque salidas.

No cabe duda que debemos felicitarnos por la ratificación de los últimos Acuerdos de Paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Para una sociedad que ha sufrido mas de medio siglo de violencia por supuesto que son buenas noticias, pero el acuerdo finalmente logrado no puede dejar otro sabor que el agridulce, así como un profundo sentimiento de preocupación e incertidumbre a cerca del futuro.

Las posibles lecturas del acuerdo final, alcanzado tras el fallido plebiscito del pasado mes de octubre, pasan por aceptar que ha supuesto un triunfo para el Uribismo y el resto de sectores que apoyaron el “no”, que insaciables,  todavía se muestran insatisfechos con los acuerdos definitivos, pese a que se han incorporado gran parte de sus demandas. Por otra parte, las últimas negociaciones que condujeron al acuerdo definitivo fueron un pacto entre élites, prescindiendo de la presencia de los actores sociales que han jugado un rol vital durante el largo proceso de negociaciones en la Habana. Estos últimos comparten la opinión de que el acuerdo de noviembre ha convertido la paz en Colombia en una pax romana: una  paz de  vencedores con unos claros perdedores que son las víctimas –especialmente minorías y grupos tradicionalmente desfavorecidos- que, difícilmente se van a beneficiar en la misma medida que otros sectores de la sociedad colombiana de los progresos que sin duda traerá la pax romana a Colombia.

Este es el primero de una serie de artículos en los que se abordarán, desde esta perspectiva crítica, varios aspectos de los Acuerdos de Paz.

Todo aquel que se haya aproximado a la realidad colombiana sabe que la cuestión del territorio ha sido central durante todo el conflicto: miles de propiedades han sido arrebatadas por la fuerza, coacción o mediando el engaño a sus legítimos propietarios y según los datos con los que cuenta ACNUR, en febrero de 2016 el número de personas registradas oficialmente como desplazadas internas ascendía a 6,9 millones. Colombia encabeza la lista internacional de países con más desplazados forzosos, puesto que desgraciadamente le disputa en la actualidad Siria.

Las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido las más afectadas por la violencia derivada del control del territorio por parte de distintos actores en el conflicto armado como las FARC, el ELN, los paramilitares -en ocasiones ayudados por los militares- o bandas criminales. Ello debido a la gran fertilidad de las tierras y riqueza mineral de su subsuelo, utilizadas en gran medida por estos actores para plantaciones ligadas al narcotráfico y para facilitar la implantación de megaproyectos empresariales agrícolas y ganaderos o de extracción masiva de recursos naturales. 

Alrededor del 3.5% del total de desplazados son indígenas a pesar de que no son más de 1,4 millones en todo el país (alrededor de un 3% de la población total). Estas cifras no son casualidad, y es que las distintas poblaciones indígenas de Colombia controlan un 30% del territorio nacional. Para las comunidades indígenas la tierra no es solo un medio de vida, supone un lazo vital, central en su cosmovisión, y parte fundamental de su propio sistema económico, social y cultural. Desarraigarlos de su territorio pone en gran peligro a estas comunidades, algunas de ellas en riesgo de extinción, al verse privadas del elemento central de su identidad: la tierra.

Al igual que el territorio ha sido uno de los elementos centrales del conflicto también debía serlo en los acuerdos de paz. En ellos, las partes admiten la naturaleza estructural de la violencia del conflicto. Una forma de violencia subyacente  que, como en la pax romana, no desaparecerá con el alto el fuego, seguirá  afectando a una gran parte de la sociedad colombiana y está estrechamente ligada a la cuestión del territorio. El problema se aborda desde una perspectiva doble en los acuerdos: a través de la reforma agraria y de las políticas anti-droga.

La reforma agraria ocupó uno de los ejes centrales de las negociaciones entre las FARC y el gobierno. Sin embargo, en el acuerdo definitivo se ha previsto la devolución de tan solo 3 millones de hectáreas de los 8 millones que se estiman fueron arrebatados a sus propietarios durante el conflicto. Se llevará a cabo a través de los llamados terrenos baldíos (grandes extensiones de tierra no titulada y de propiedad pública), cuya adjudicación se gestionará a través del Fondo de Tierras.

Por otra parte, el acuerdo confirma la legalización de 7 millones de hectáreas a través de la formalización de la propiedad. Aunque todo apunta a que no se indagará la procedencia de los títulos de propiedad, y que ésta se formalizará aunque se traten de títulos adquiridos a través del uso de la fuerza u otras formas ilegítimas .

Además, la adjudicación de los baldíos dentro del programa de restitución de tierras entra de lleno en conflicto con el polémico proyecto de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) del presidente Santos, que cobijándose en el desarrollo rural prevé el uso de los terrenos baldíos por parte de empresas privadas, algo que con anterioridad quedaba prohibido, al reservarse la adjudicación de baldíos tan solo a campesinos. 

Dentro de las soluciones adoptadas respecto de las drogas ilícitas, resulta inquietante ver que lo que había sido aplaudido por suponer un gran avance, como es la eliminación de las fumigaciones dentro de las políticas para la erradicación de este tipo de cultivos, reaparece, si bien tímidamente, en el acuerdo definitivo. El uso de herbicidas como el glifosato, calificado por la OMS de “probablemente cancerígeno”, ha sido utilizado durante décadas en Colombia dentro de la lucha del gobierno contra los cultivos de marihuana y coca. La eliminación de las fumigaciones y el giro hacia políticas de sustitución de cultivos había sido aplaudida por campesinos, indígenas y afrodescendientes, que  han visto como estas prácticas contaminaban la tierra y el agua, lo que  a su vez ha provocado numerosos desplazamientos. 

La lucha feroz del Uribismo contra los acuerdos de paz también deja una gran sombra de duda y preocupación a cerca de la implementación de los acuerdos. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y la popularidad de Uribe en alza en las encuestas muchos se preguntan qué sucederá si éste termina volviendo al poder. Igualmente preocupa el futuro respecto de las negociaciones con el ELN, que es determinante para la consolidación de la paz y que parecen haberse paralizado ante el resultado de las habidas con las FARC.

A este clima de incertidumbre se suma el muy alarmante aumento de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según datos de la Cumbre Agraria – Campesina, Étnica y Popular-, en los últimos cinco años se han multiplicado por siete el número de detenciones arbitrarias, y solo en 2016 se han registrado 94 asesinatos (siendo esta la cifra más alta de los últimos años). El número de amenazas sigue siendo también considerablemente alto (302 amenazas en 2016). Este clima de violencia está íntimamente ligado a su lucha por defender el territorio de las diversas amenazas existentes. Las que suponen distintos grupos armados, pero también  los grandes proyectos de explotación que buscan asentarse en la zona, como es el caso del sector minero-energético, o las multinacionales ligadas a la producción masiva de caña de azúcar o palma.

Ante todo este panorama interno -esperanzador, pero también incierto y preocupante- estos colectivos hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que se respeten los acuerdos de paz y cese verdaderamente la violencia, en todas sus vertientes. Los distintos actores de la comunidad internacional (Estados, instituciones, organismos, sociedad civil, etc.) tienen, sin duda, un importante papel que jugar, pero también nosotros los ciudadanos interesados a través de nuestra solidaridad tenemos nuestro propio rol en todo ello: ayudar a que la voz de los invisibles se oiga alto y claro para que la paz en Colombia no sea una mera pax romana y se convierta, además de una paz sostenible y duradera, también en una paz inclusiva y comprometida con los derechos de las víctimas, de las minorías y de los tradicionalmente desfavorecidos.  

Su exclusión aporta argumentos que solo sirven para alimentar los sentimientos victimistas y de rechazo de los sectores más críticos y refractarios a la paz, que encontrarán una vez mas en Otegi el símbolo que necesitan

Aunque la presentación de la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por la coalición EH Bildu ha saltado con fuerza a la arena del debate político, todavía no ha alcanzado toda su intensidad.

Las posiciones de los principales partidos se han decantado, condicionadas por la coyuntura política nacional y autonómica. Unas claramente en contra, y otras, aunque abiertas a admitir la candidatura, se mantienen esquivas y con matices. PP, Ciudadanos y UPD han alzado el hacha de guerra y afirmado que de prosperar la recurrirán. Meritexell Batet del PSOE afirma que si Otegi ha cumplido sus obligaciones jurídicas debe poder presentarse, pero Pedro Sánchez lo deja a lo que diga la Junta Electoral y la justicia, manifestando que no harán compaña sobre esto. Por su parte, solo el secretario de organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que Otegi tiene que concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas para que sean “naturales y democráticas”.

El Gobierno central no ha necesitado pronunciarse. Consciente de que es un tema de dimensión fundamentalmente jurídica, ha dejado que sea la fiscalía de la Audiencia Nacional quien lo haga por él, que ha enviado a la Junta Electoral de Guipúzcoa un informe en el que se pronuncia sobre la “inelegibilidad” de Otegi, posición con la que además parece querer condicionar la de las otras fiscalías que tienen directa competencia sobre el tema: la del País Vasco, de manera que su fiscal jefe Calpasoro ha cambiado su posición inicial y secunda ahora al fiscal Zaragoza, pero sobre todo la del Tribunal Constitucional, que es el órgano a quien corresponde en última instancia pronunciarse, sin que tampoco se conozca la de la Fiscal General del Estado.

Pero independiente del enfoque del Gobierno, fiscalías y de los diferentes partidos, existen razones políticas y jurídicas sustanciales para que Arnaldo Otegi pueda presentarse como candidato a las elecciones vascas en igualdad de condiciones con cualquier otro.

Desde el punto de vista político cabe un doble análisis, uno primero, en cuanto que la exclusión de un candidato por las razones que se esgrimen, pretendiendo ampararse en una situación legal, que como veremos es cuando menos dudosa,  además de ser un factor que en nada contribuye a la normalización política en Euskadi, va a interferir el normal discurso y debate político, convirtiéndolo en un hecho protagonista que con seguridad va a incidir compulsivamente en la voluntad de determinados sectores de votantes.

También resultaría negativo desde la perspectiva de la superación del conflicto y de la construcción definitiva de la paz. La exclusión de Otegi aporta argumentos que solo sirven para alimentar  y profundizar los sentimientos victimistas y de rechazo de los sectores más críticos y refractarios a la paz, que encontrarán una vez más en Otegi el símbolo que necesitan. El de alguien que después de haber cumplido, día a día, sin los beneficios penitenciarios de otros presos, una pena privativa de libertad que consideran sumamente injusta, impuesta además por realizar actividades políticas en favor de la paz, para más colmo se le excluye del juego democrático, de poder participar en la política institucional e incluso de ser elegible en las urnas. 

Al margen de estos planteamientos, debe tenerse en cuenta que a Otegi  se le condenó “por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA”, pero lo cierto es que dicha reconstrucción conllevaba la futura desaparición de la actividad armada, es decir de su actividad terrorista, algo que efectivamente ocurrió apenas dos años después de su detención. Aunque no fuera evidente en su momento, los hechos posteriores vienen a demostrar lo decisivo de las iniciativas políticas que se venían produciendo en el cese de la violencia de ETA, ante lo inverosímil que resulta que dicha organización acordara su propia disolución. Esto sería un argumento político relevante para que Otegi pudiera estar ahora presente al menos como candidato en la política institucional de Euskadi.

Pero es en el puro debate jurídico donde el tema tiene unos perfiles más afilados, simplemente porque no existe razón jurídica suficiente para impedir la candidatura de Otegi.

Contra él se dictó una condena por pertenencia a organización terrorista en septiembre de 2011 (en la sentencia de la Audiencia Nacional conocida como caso Beteragune) que fue parcialmente revocada por el Tribunal Supremo en mayo de 2012, quedándole una pena de prisión de 6 años y 6 meses, además de dos penas de inhabilitación especial, una como accesoria de la privación de libertad y referida al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y otra pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años, pero sin que se especificara el concreto empleo o cargo al que se refería, algo que exige el Código Penal. Pues bien, la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo –poder ser candidato- se extinguió en el momento en que Otegi cumplió la totalidad de su pena privativa de libertad, el 1 de marzo de 2016. Se trata de una pena accesoria y como tal su suerte la marca la principal. Tampoco nada en el Código Penal impide su cumplimiento simultáneo con cualquier otra pena de inhabilitación que estuviera ya cumpliendo por otra condena anterior.

La otra pena de inhabilitación por 10 años, que sería la que se esgrime para cuestionar su presentación, se encuentra sin concretar su alcance, algo que como decimos ni lo hizo la sentencia de la Audiencia Nacional ni la del Tribunal Supremo y que para que produzca el específico efecto que se pretende, tiene que establecerlo así expresamente: “En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación”, dice el Código Penal.  

Por otra parte, debe referirse a “cargos públicos” y lo que ahora se pretende es impedirle presentarse como “candidato”, es decir, ser elegible, lo que no es un cargo público. Otro tema es el de si finalmente es elegido, la condición de parlamentario autonómico es un “empleo, cargo u honor” al que pueda referirse la inhabilitación penal, lo que se puede poner en cuestión, por la propia naturaleza de la función parlamentaria  y por provenir de la elección popular en las urnas.

Pero lo cierto es que al margen de las dificultades jurídicas para determinar a qué empleos, cargos y honores deberá alcanzar la inhabilitación cuando se fije, esto es algo que tampoco puede hacerse sobre la marcha. Requiere de una decisión judicial expresa, a adoptar por el tribunal que enjuició el caso, previa audiencia del Fiscal, de las acusaciones y del acusado y con posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.

En su ausencia tampoco es jurídicamente admisible afirmar que la inhabilitación especial genérica de empleo o cargo público abarque a todos los posibles, que sería el argumento que mantiene la fiscalía de la Audiencia Nacional. Ello iría contra el principio de legalidad y taxatividad de la norma penal, además de que cualquier interpretación que afecte a derechos fundamentales de los ciudadanos, y aquí se ven claramente involucrados derechos constitucionales de carácter político, debe hacerse con carácter restrictivo, en el sentido de menor perjuicio o afectación posible de dichos derechos. De ahí, la especial relevancia constitucional del tema.

Es en definitiva sobre esto sobre lo que deberá pronunciarse la Junta Electoral de Guipúzcoa, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo y en última instancia el Tribunal Constitucional. Lo que no sabemos es que pesará más en la decisión de este último, habida cuenta su actual composición y su proclividad a enredarse en los aspectos políticos coyunturales de los asuntos y menos en los estrictamente jurídicos.

Los plazos legales para que la justicia resuelva son breves, por lo que pronto saldremos de dudas. La decisión, sea cual sea, será contestada y es entonces cuando el debate político alcanzará su máxima temperatura.

De “friki” informático -analista para la CIA y la NSA- a personaje emblemático, fenómeno de masas, activista pro derechos humanos, candidato al Nobel de la paz y una de las personas mas buscadas del mundo.

Edward Snowden sufrió un cambio radical de vida cuando decidió salir a la luz y revelar al mundo entero que estamos siendo vigilados -todas y todos- con una intensidad y escala que supera la peor pesadilla orweliana.

Las entrevistas de Ana Pastor en El Objetivo y de Marta Peirano en eldiario.es -las únicas concedidas por el whistleblower americano a un medio de habla hispana hasta la fecha- desvelan un personaje que no deja indiferente a nadie. Con aspecto de chico bueno que jamás ha roto un plato y una tranquilidad abrumadora habla de temas escalofriantes. Afirma que todos somos objeto de espionaje masivo e indiscriminado. La evolución tecnológica lo ha permitido, haciendo que la recopilación masiva e indiscriminada de datos sea barata y rápida. Los Gobiernos ya no se encuentran en la situación de tener que decidir a quién vigilan, sino que tienen la capacidad de vigilarnos a todos en todo momento y almacenar esa información por si se “vuelve interesante” en el futuro y para ejercer control sobre los ciudadanos, adquiriendo una posición de supremacía, porque la información es poder. Snowden lo confirmaba ayer: “espiábamos a personas que no eran sospechosas de nada”.

La información de nuestras llamadas, emails, SMS o búsquedas de Google es almacenada indiscriminadamente y no solo por parte de Estados Unidos. Snowden afirmaba con rotundidad en su entrevista que el Gobierno español también nos vigila y que al negarlo está faltando a la verdad. Estados Unidos, en cambio, no pudo negar el hecho ante la evidencia de las revelaciones, pero se escuda en que no viola la privacidad de nadie, puesto que no accede al contenido de la información y solo almacena metadatos.

Los metadatos, esa es la palabra mágica en la que se escudan Gobiernos y empresas a la hora de justificar sus comportamientos y negar que están invadiendo nuestra privacidad. La realidad es muy distinta. Los metadatos son los datos sobre los datos, ofrecen información sobre el contexto -el dónde, cuándo, cómo y con quién- en forma de datos matemáticos que triangulados adecuadamente aportan más información, más rápida, precisa, fácil de analizar y mucho más operativa sobre cada individuo y su entorno social, sin que sea necesario acceder al contenido de la información en sí. Snowden explicaba que “es como tener a un investigador privado siguiéndote”. Son capaces de crear tu “patrón de vida”. Todo ello sin ningún tipo de control judicial o de cualquier otro tipo que garantice los derechos mínimos de los ciudadanos. El resultado es una situación de gravísima, absoluta y permanente violación del derecho a la privacidad.

La magnitud de las revelaciones de Snowden provocaron desde el primer momento un huracán de reacciones, un auténtico efecto dominó que se proyecta sobre el futuro. Conscientes de ello, las primeras reacciones estadounidenses buscaron dañar la credibilidad del whistleblower. Le llamaron traidor y hasta le acusaron de ser espía ruso para tratar de deslegitimarlo, pero en las entrevistas se percibe a una persona con un claro perfil ético en todas sus decisiones. Era consciente de los gravísimos costes que podían tener para él las revelaciones, pero el sentimiento de responsabilidad pesaba aún más.

Se vigila a personas que no guardan ninguna relación con la violencia, el crimen o el terrorismo. Se han vigilado a jefes de Estado, organizaciones internacionales como UNICEF o conversaciones en torno a acuerdos comerciales. El objetivo de todo esto no está relacionado con el terrorismo, sino con el espionaje económico y diplomático y con el control social.

El impacto y la escala de lo que estamos hablando ha provocado que, desde que salieran a la luz las revelaciones, numerosos organismos internacionales hayan mostrado su gran preocupación por esta maquinaria internacional de vigilancia masiva que supone una amenaza para los derechos humanos de primer orden. Así lo manifestaron las primeras resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas al respecto -Res.68/167 de 2013- y el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre “el derecho a la privacidad en la era digital” (de junio de 2014). La preocupación es tal que llevó a la creación por parte de Naciones Unidas en julio de 2015 de una relatoría especial sobre el derecho a la privacidad, que se ha dado prisa en empezar a trabajar y acaba de publicar el pasado 8 de marzo su primer informe al respecto.

También se han registrado movimientos a nivel europeo. La Resolución del Parlamento Europeo del pasado 29 de octubre relativa a la vigilancia masiva de ciudadanos europeos reconoció, entre otras cosas, el importante papel jugado por Edward Snowden e hizo un llamamiento a los países europeos para garantizarle asilo al considerarle un defensor de los derechos humanos. Pese a ello, todavía ningún Estado ha manifestado la intención de concederle asilo de manera permanente. Una paradoja que mantiene el futuro del autor de una de las mayores revelaciones de la historia pendiendo de un hilo. Todo ello fruto de la hipocresía diplomática o, quizás, del miedo de los Estados a enfrentarse a la todopoderosa Norteamérica.

A nivel judicial, el famoso caso Europa contra Facebook por vulnerar las reglas europeas de protección de datos se originó gracias a las revelaciones de Snowden sobre el proyecto Prism. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido el riesgo para los derechos humanos que supone la interceptación de las comunicaciones sin un debido control. Así lo ha mostrado en una reciente sentencia contra Rusia, que busca sentar un sólido precedente sobre lo que entiende como un problema de dimensión global.

En Estados Unidos el caso del FBI contra Apple está levantando también una gran expectación. En este caso, Apple se ha convertido en defensora de nuestra privacidad, aunque por mero instinto de supervivencia empresarial.

Estos son solo algunos de los ejemplos del “Efecto Snowden”. Sin embargo, es solo el principio del camino. Los ciudadanos todavía no somos verdaderamente conscientes de las dimensiones del problema. Seguimos creyendo en el manto del anonimato que nos proporciona la red y nos escudamos en el nada que esconder, pero Snowden se muestra tajante en este sentido: “la privacidad no es sobre tener que ocultar algo, sino sobre protegerlo”. El almacenamiento masivo de datos por parte de las agencias de seguridad de todo el mundo es innecesario, desproporcionado y excesivo. No conduce a nada bueno, no resulta ni personal ni socialmente admisible. Es ilegítimo y abusivo.

Es necesario poner freno a todo esto. Se deben imponer mecanismos de control que eviten estos sistemáticos abusos. Y no olvidemos tampoco el papel que juegan las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones en todo esto. Son las que proporcionan la información a los gobiernos. Desde el momento en el que la información traspasa el límite de nuestros ordenadores, teléfonos, etc., entienden que deja de ser privada y, por lo tanto, es suya. Cuando pulsamos la tecla de llamar o enviar deja de estar bajo nuestro control, expuesta a ojos ajenos.

Snowden expresaba que es imprescindible más transparencia democrática: “para ejercer el control democrático es necesario saber qué hacen los gobiernos”. Si queremos pedir explicaciones a nuestros gobiernos, primero tendremos que saber qué hacen. Es por tanto un tema de Democracia con mayúsculas.

Tenemos la obligación como ciudadanos de informarnos, concienciarnos y exigir que se respeten nuestros derechos, porque es una realidad: nos siguen vigilando y robando nuestra privacidad.

Arnaldo Otegi se vislumbra como la única persona capaz de generar consenso y aglutinar posturas para avanzar en el proceso de transformación definitiva de ETA y asentar el proceso de paz.

Si no se quieren repetir los errores del pasado, todos debemos abandonar posturas sectarias y radicales, y dejar de poner palos en la rueda de la paz con estrategias políticas, mediáticas y judiciales centradas en dividir más que en sumar.

El pasado 1 de marzo salía de la cárcel de Logroño Arnaldo Otegi. La lluvia de improperios contra su persona no tardó en llegar, todos querían dedicarle unas palabras. Nombres de peso de la política nacional se apresuraban en formular sus primeras críticas feroces contra el líder de la izquierda abertzale y de paso contra cualquiera que se pusiera “de su lado”. Figuras del pasado -de la era del bipartidismo más rampante-, aunque también del presente. Resulta sorprendente como el líder de Ciudadanos ha caído tan rápido en este viejo juego, protagonizando uno de los rifirrafes más sonados de la semana en torno a la excarcelación de Otegi. Una muestra más de que a veces lo nuevo no lo es tanto.

El objetivo era claro: deslegitimar la figura política del líder abertzale y, ante todo, su creciente perfil fuera de casa como “hombre de paz” -algo inaceptable e insultante para algunos- dinamitando su imagen. Es el juego fácil -el de siempre- anclado en el pasado. Pero no es lo que toca. Toca de una vez por todas mirar al futuro, a la paz y la convivencia.

Otegi, secretario general de Sortu, salía de prisión tras cumplir íntegramente la condena de seis años y medio de prisión por intentar reconstruir Batasuna en el conocido como caso Bateragune. Protagonista de una terrible contradicción por la que cumplía condena por formar un partido político que hoy en día sería legal. Ello le ha valido el apoyo de importantes personajes internacionales como Desmond Tutu, José Mújica y Ángela Davis, o Eduardo Madina en el plano nacional, que pidieron públicamente su salida de prisión. Hasta Baltasar Garzón, responsable de ordenar su ingreso en prisión incondicional, expresó que no debería seguir en prisión y que “tiene la posibilidad de hacer mucho más por la paz fuera”.

Considerado como uno de los actores clave en el fin de la violencia de ETA, Otegi ha vuelto a la vida pública con la autocrítica como eje de su discurso y con la voluntad de llevarla “hasta el final, porque nos lo exige la gente”. Asume el liderazgo de Sortu en uno de los peores momentos de la formación tras los malos resultados acumulados en las elecciones municipales del 24-M y en los pasados comicios del 20-D.  Dos batacazos electorales que mucho tienen que ver con la pesada mochila que carga a su espalda la izquierda abertzale: la violencia. Algo que pesa mucho y que muchos han criticado por su falta de respuesta clara.

La izquierda abertzale necesita poner fin a dos lastres que lleva consigo: el desarme y los presos. El primero entró hace tiempo en vía muerta dada la falta de involucración del Gobierno central, algo insólito y que nunca había ocurrido antes en un proceso de paz. El segundo no causa menos quebraderos de cabeza. La formación política se ha topado con la oposición de ciertos colectivos de presos y de apoyo a estos -como Amnistia Ta Askatasuna (ATA)- que no parecen dispuestos a asumir la legalidad penitenciara y su aplicación individualizada. Tampoco la política penitenciaria del Gobierno lo pone fácil.

Otegi, en su primera entrevista tras su excarcelación, no esquiva el tema de la violencia y reconoce una de las cosas que más le pesa: “teníamos que haber sabido interpretar antes la necesidad que tenía la gente de acabar con la confrontación armada”. Pone en valor la autocrítica que, lejos de ser un signo de debilidad -en clara alusión a los sectores más radicales de los presos-, fortalece la honestidad de los dirigentes políticos y de sus proyectos. Tampoco elude hablar de las víctimas y de la convivencia.

Son sorprendentes estas palabras tan directas. Muestran a un renovado Otegi con un discurso fundamentado -consciente de la expectación que genera- y que deja entrever un proceso de transformación y evolución en sus planteamientos, fruto de la elaboración personal y de enfrentarse con su pasado. Y aunque a nivel nacional no se quiera ver, su salida de prisión ha generado un gran interés internacional de cara al proceso de paz y al desarme definitivo de ETA. El New York Times publicaba el 29 de febrero una entrevista al líder abertzale en la que le definían como la persona con la credibilidad necesaria como para liderar el desmantelamiento de ETA. ¿Podría este renovado Arnaldo Otegi liderar la transformación definitiva de ETA?

Desde luego Otegi se postula como el único posible “salvador” de la izquierda abertzale. Y así lo ha demostrado. Líder carismático indiscutible, los suyos decidieron mantenerse en compás de espera -huérfanos- esperando su salida de prisión. En su primer gran acto público el pasado sábado superó toda expectativa reuniendo a más de 13.000 personas en el estadio de Anoeta. La elección del lugar no es casual. Fue allí donde en 2004 Otegi empuñó una rama de olivo como símbolo de la voluntad de apostar por la paz. Hoy reaparece en la vida política vasca con la intención de liderar ese camino hacia la paz desde la izquierda abertzale. Aunque debe hacer frente su inhabilitación para ejercer cualquier cargo institucional electo hasta 2021. Algo contradictorio, que no deja de generar un conflicto con los valores democráticos ya que, a pesar de ser un actor político de primer orden en la vida política vasca, no podrá optar a la Lendakaritza en las próximas elecciones ni a ningún otro cargo político institucional.

Respecto del proceso de consolidación definitiva de la paz, Otegi se vislumbra como la única persona capaz de generar consenso y aglutinar posturas para avanzar en el proceso de transformación definitiva de ETA y asentar el proceso de paz. Para muchos es la única esperanza de que las cosas avancen, visto el bloqueo institucional. Aunque de momento son mayoría los que se niegan a aceptar la capacidad de evolución y cambio en el pensamiento humano y que siguen viendo en Arnaldo Otegi al terrorista.

Hasta tomar la debida distancia geográfica y/o temporal parece que no lograremos darnos cuenta del papel que Otegi está llamado a jugar en este proceso de paz estancado irremediablemente. Es necesario cambiar el relato en torno a su persona para normalizar la vida política vasca. No podemos seguir anclados en el odio y en el pasado, es el momento de construir en positivo en favor de la convivencia. Si no queremos volver a repetir los errores del pasado, todos debemos poner de nuestra parte, abandonar posturas sectarias y radicales y dejar de poner palos en la rueda de la paz con estrategias políticas, mediáticas y judiciales centradas en dividir más que en sumar.

Y como dijo Mandela, “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero”.

Nos encontramos ante un fenómeno de erosión institucional, jurídica y moral convergente a nivel europeo.

No podemos permitir que el miedo alimentado interesadamente acabe con siglos de avances en la protección de derechos y libertades fundamentales.

Las emociones que provocan en la sociedad los atentados terroristas son manipuladas para demonizar la transparencia y la privacidad y pedir poderes de vigilancia aún mayores.

Europa, con Francia a la cabeza, ha puesto en marcha su propia War on Terror (Guerra contra el Terror) en respuesta a los atentados de París: declarar la guerra al mal, encarnado en este caso por el DAESH; promover reformas legislativas limitativas de las libertades civiles y los derechos humanos; y dotar de exorbitantes poderes a las fuerzas de seguridad. Nos encontramos ante un fenómeno de erosión institucional, jurídica y moral convergente a nivel europeo, y es que toda Europa ha sentido la amenaza del terrorismo como propia. Todos los líderes de Estado europeos han mostrado su solidaridad y disposición a cooperar en la lucha contra lo que perciben como un problema común: el terrorismo.

El resultado es que legislación y políticas nacionales y europeas van a dar previsiblemente un giro tendente a la homogenización y a la convergencia en posiciones más restrictivas, todo ello fruto de la interdependencia europea y de la presión por actuar. Una situación que traerá consigo un desequilibrio de poderes del Estado, ampliando los poderes ejecutivos y dejando al judicial como mera comparsa. Tras los atentados de Charlie Hebdo en enero de este año se pudieron observar los primeros signos de esta tendencia: radicales modificaciones legislativas en materia antiterrorista en distintos países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o España. Aunque no eran más que la antesala de lo que todavía estaba por llegar.

Recortes en libertades, derechos y garantías

El 25 de noviembre Francia dio un paso muy significativo y extraordinariamente preocupante. Presentó al Consejo de Europa su voluntad de derogar el Convenio Europeo de Derechos Humanos durante el estado de excepción, acogiéndose a su artículo 15. Aunque ciertos derechos son inderogables como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el principio de legalidad penal, la decisión pone en jaque otras libertades individuales -la libertad de expresión, manifestación o el derecho a la libertad personal- y las garantías procesales básicas que deben regir todo proceso judicial.

Por otro lado, el estado de excepción francés ha permitido que en poco más de quince días se hayan practicado más de 1233 registros, 165 arrestos y 266 arrestos domiciliarios, todo ello sin necesidad de autorización judicial. Un estado de excepción que se prolongará por acuerdo de las cámaras francesas durante los próximos tres meses y que goza de un fuerte apoyo social pese a haber despertado las alarmas de colectivos de defensa de los derechos humanos, preocupados por los devastadores efectos de poner en el punto de mira de las fuerzas de seguridad a las comunidades musulmanas francesas. Esto repercute directamente en el incremento de la islamofobia y en el agravamiento de la desigualdad estructural y social que se sitúa en el origen del fenómeno de la radicalización.

¿Regresión europea en materia de derechos humanos?

Francia no es la única. Bélgica también ha puesto en marcha mecanismos de excepción contra el terrorismo. Medidas que encuentran numerosos adeptos entre los conservadores de toda Europa. España no se salva. Muestra de ello es el indigno pacto antiterrorista al que en estos días le han salido muchos novios y las propuestas de aspirantes a la Moncloa como Albert Rivera, partidario de ampliar el uso del estado de excepción siguiendo el modelo francés.

Desde luego, la senda que recorre Europa es muy preocupante. Los grandes avances en garantías procesales que han permitido la consolidación de una auténtica normativa de mínimos en la materia dentro del marco comunitario de cooperación judicial hoy en día están en peligro. La abundante actividad traducida en numerosas directivas y la incansable labor del tribunal de Estrasburgo, cuya nutrida jurisprudencia en estos temas es un referente imprescindible, pueden quedar en papel mojado. Todo ello a causa del terror infundido en la ciudadanía europea, que está permitiendo el afloramiento oportunista de las políticas securitaristas más rampantes, nutridas por el populismo punitivo.

Los derechos humanos son el resultado de una larga e incansable lucha ciudadana. Por ello, son en su esencia progresivos, sin vuelta atrás. No podemos permitir que el miedo alimentado interesadamente acabe con siglos de avances en la protección de derechos y libertades fundamentales. Algo que se ha convertido en uno de los pilares elementales y seña de identidad de Europa. Hace un mes, el Parlamento Europeo dio un paso simbólico pero de gran importancia en la protección del derecho a la privacidad de sus ciudadanos. Adoptó un texto en el que confirmaba la voluntad adelantada en octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al condenar a Facebook por no proteger debidamente los datos de sus usuarios. Por primera vez una institución europea reconocía el papel que han jugado las revelaciones de Edward Snowden, para quien pedía que se garantice el asilo en Europa y reconozca como defensor de los derechos humanos, a la vez que solicitaba la retirada de cualquier cargo contra él en el marco de la UE. Grandes gestos que llenaban de esperanza a los defensores de los derechos humanos y que hoy se ven peligrar.

Vigilancia masiva y políticas antiterroristas

La guerra preventiva contra el terrorismo iniciada tras el 11-S ha provocado que desde entonces numerosos países occidentales, en nombre de la democracia, del “bien común” y de un estado de necesidad ficticio, se hayan dotado de las herramientas más modernas disponibles hasta obtener omnipresentes poderes de vigilancia que buscan aumentar día tras día. España, no ajena a esta ola, acaba de firmar un contrato millonario con una empresa de inteligencia militar para que le suministre este tipo de herramientas dentro del marco de la lucha antiterrorista.

Herramientas que claramente chocan con el derecho a la privacidad, que Europa reconoce como un derecho fundamental al mismo nivel que la libertad de expresión, cuando son utilizadas de forma sistemática y generalizada contra los ciudadanos, tal y como censura el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, cargo creado este mismo año en atención a la creciente preocupación por la vigilancia masiva. Las revelaciones de Edward Snowden han puesto sobre la mesa la extensa red de espionaje y vigilancia masiva de las comunicaciones de ciudadanos de todo el mundo liderada por Estados Unidos y en la que participan en mayor o menor medida todos los países occidentales, incluida España. Una inmensa tela de araña que afecta a gobiernos, empresas, sociedad civil, activistas o periodistas, además de a ciudadanos anónimos, y que se extiende sin control con el beneplácito de las sociedades en shock por el terrorismo.

La hipervigilancia no es sinónimo de seguridad

Las emociones que provocan en la sociedad los atentados terroristas son manipuladas para demonizar la transparencia y la privacidad y pedir poderes de vigilancia aún mayores. Estos días Francia y Bélgica piden a sus ciudadanos que hagan un esfuerzo y renuncien a sus derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Sobre bases reales como los últimos atentados se ha moldeado un discurso público que fomenta el aumento de una respuesta ultranacionalista y patriótica que apoye la intervención armada en Siria o permita medidas restrictivas de derechos. Es lo mismo que hizo Estados Unidos en su día. Intentó convencer a la ciudadanía de que la recogida de metadatos para prevenir atentados terroristas era imprescindible, además de que no era intrusiva al no interceptar el contenido de las comunicaciones.

La realidad es que la recopilación y almacenamiento masivo, permanente e indiscriminado de metadatos invade la privacidad, y no solo eso. Constituye el paradigma moderno del control social y la manipulación de masas. Debemos tener presente que son datos matemáticos que triangulados adecuadamente ofrecen más información, más rápida, precisa, fácil de analizar y mucho más operativa sobre cada individuo y su entorno social, produciendo una situación de gravísima y permanente violación del derecho fundamental a la privacidad. Además de consecuencias y dimensiones incalculables y jamás vistas hasta ahora, ya que ofrece unos usos ilimitados. Nunca antes la ficción del ojo orwelliano había sido tan real.

Sin embargo, son muchos los que culpan a Snowden de que es más difícil identificar terroristas y prevenir atentados a causa de sus revelaciones. Acusaciones que son parte de la retórica del terror. El líder mundial en este tipo de recursos, la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense (NSA), no ha sido capaz de aportar ni un solo ejemplo de ataques terroristas prevenidos gracias a los programas vigilancia masiva. De hecho, la mayoría de la actividad de espionaje de la NSA no se ha llevado a cabo por motivos de seguridad, sino con fines económicos.

Si somos conscientes de esta realidad, no debemos permitir que el estado orwelliano prospere en Europa a través del discurso del miedo. Hay una clara línea roja que no debemos dejar que nuestros gobernantes pasen. No podemos permitir que en nuestro nombre se instaure una War on Terror a la europea y que en nombre de la democracia se apele a la seguridad y al “bien común” para acabar de un plumazo con décadas de conquistas en derechos y libertades fundamentales universales. Es responsabilidad de todos -políticos, sociedad civil y ciudadanos- evitarlo.

En los últimos días se han producido una serie de noticias en relación con el proceso de paz vasco, que sin ser novedosas, ponen sobre el tapete algunos temas pendientes que nos obligan a la reflexión.

El pasado 11 de octubre se produjeron las primeras excarcelaciones de los condenados por el caso Bateragune, recibidas de forma optimista por algunos sectores, como muestra del principio de una nueva época de normalización de la vida política vasca, a la que empezarían a incorporarse los dirigentes abertzales hasta ahora en prisión. Con la excarcelación de Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería y la cada vez mas cercana salida de Arnaldo Otegi, la izquierda abertzale y la sociedad vasca en general tienen auténticas ansias por ver el final del túnel.

No obstante el optimismo, debe observarse gran cautela. Recordemos que las excarcelaciones se han producido únicamente tras la extinción de la totalidad de la pena, sin beneficios ni atenuación del régimen penitenciario de ninguna clase y sin tan siquiera resolver las peticiones de descuento de varios días de cumplimiento de condena -estamos hablando de un total de menos de diez días en condenas de seis años de prisión- en el momento de su excarcelación. Esto nos hace pensar que la situación de Arnaldo Otegi y de Rafa Díez Usabiaga -a quienes les queda por cumplir seis meses y dos años de prisión respectivamente- no vaya a ser diferente a la de sus compañeros de formación recientemente excarcelados, no obstante el clamor y el consenso de la sociedad vasca sobre su necesaria libertad.

A este apoyo social, que ante todo anhela la normalización de la vida política y social, se suma la exteriorización de claros gestos políticos con un marcado carácter simbólico, tales como la presencia de destacados cargos de Podemos en la manifestación del pasado sábado en Donosti pidiendo la excarcelación de Otegi y Díez Usabiaga, o incluso la petición pública para su libertad del magistrado Baltasar Garzón, instructor en el caso en el que se produjeron sus condenas. A esto se suma la posición desafiante de Arantza Quiroga apostando por una línea mucho más proactiva y acorde con el sentir social vasco en relación con el proceso de paz y la normalización política a través no solo del reconocimiento político, sino de un verdadero acercamiento a la izquierda abertzale. Este cambio de rumbo ha caído como una bomba, generando una profunda crisis en el partido del gobierno que se ha saldado con la dimisión de la presidenta del PP vasco, en lo que parece una victoria de la línea más dura marcada por Génova.

Por otra parte, en unas semanas empezará en la Audiencia Nacional el macro-juicio contra Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el que se sentarán en el banquillo 35 acusados de integración terrorista por su pertenencia al entramado político-institucional de ETA. El juicio quedó aplazado desde el pasado enero cuando varios de sus abogados fueron detenidos la víspera de su inicio, acusados de pertenecer al colectivo Herrira, de apoyo y coordinación de los presos. La fiscalía mantiene firmemente la acusación, aunque han pasado más de siete años desde que se produjeran las detenciones y el marco político-social haya cambiado, sin darse cuenta de la grave perturbación que produce en el proceso de paz el juicio y la posible condena por hechos que hoy un importante sector de la sociedad vasca entiende que no son más que manifestaciones de la actividad política y que en ningún caso pueden conllevar penas de cárcel.

En este mismo sentido, se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional a cinco dirigentes del colectivo internacionalista Askapena a quienes la Fiscalía reclama seis años de prisión por su relación con ETA. También queda pendiente de ejecución la sentencia del caso de las herriko tabernas por formar parte del entramado logístico de ETA y en las que hubo también penas de cárcel.

Es por tanto evidente el desajuste entre la velocidad a la que se mueve el sentir de la sociedad vasca, que busca salidas hacia la normalidad, y las inercias políticas, institucionales y judiciales que siguen ancladas en posturas del pasado y no logran adaptarse a la nueva realidad. Hay temas pendientes, que al margen del tratamiento que se les dé bajo la perspectiva del proceso de paz, entran directamente en el ámbito de los derechos humanos y deben ser resueltos, desde esta misma perspectiva, de manera prioritaria y urgente. Con esto nos referimos a algunos aspectos en el tratamiento de los presos, no ya de cara a su reinserción, que se encuentra en lugar mas lejano, sino de dar respuestas coherentes y no discriminatorias a sus peticiones penitenciarias individuales para que por ejemplo se les computen las penas cumplidas en Francia, en la obtención de beneficios y mejora en su clasificación penitencia, acceso a medidas humanitarias o para ser trasladados a lugares de cumplimento cerca de sus familias.

Ante las peticiones individuales de presos ya no caben respuestas que no tengan este carácter, que atiendan a políticas colectivas que consideren a todos los presos en bloque sin tenerlos en cuenta como personas. Por ello, pierde toda legitimidad el mantenimiento de un régimen colectivo de cumplimiento de penas, que además es extraordinariamente discriminatorio en relación con otros delitos. Proviene de leyes aprobadas bajo políticas criminales elaboradas en un contexto de conflicto abierto, que al margen de su eficacia, respondían a un populismo punitivo, hoy carente de cualquier sentido y justificación.

También carece de cualquier justificación que el PP y el gobierno, precisamente en este momento, sigan asestando estocadas a la igualdad en el tratamiento de los presos, elaborando leyes ad hoc para excluir de los efectos beneficiosos de la normativa europea a todo el colectivo de presos de ETA para que no puedan deducir de sus penas las cumplidas en Francia, rompiendo con ello principios tendentes a la unificación del derecho de la Unión Europea. Sobre esto recientemente ha llamado la atención la comisaria europea de justicia, blandiendo incluso la amenaza de sanciones comunitarias a España. Y lo que es peor, pone en entredicho la “limpieza jurídica” de las políticas antiterroristas de nuestro gobierno frente a Europa. ETA es un tema que ya se da por amortizado fuera de España, con excepción de Francia, que se encuentra con el problema de ser el principal lugar de refugio de los huidos y donde se localiza la mayoría de su estructura militar -zulos y armas- aún sin desmantelar. El país galo está en una posición incómoda ya que este es un tema que afecta seriamente a su seguridad y le urge resolver, y la realidad es que ni ETA ni el Gobierno de España están dispuestos en dar pasos adelante para la resolución del conflicto.

Otro tema tremendamente sangrante desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos son las políticas colectivas de dispersión. Carecen de cualquier cobertura legal y violan claramente el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal y como lo interpreta la jurisprudencia del tribunal europeo en casos similares. Mantenerlas ya no tiene ningún sentido. La violencia ha terminado y, por lo tanto, las razones de seguridad en las que podrían ampararse han desaparecido y se produce un desproporcionado perjuicio para la relación de los presos con sus familias. Sin embargo, el gobierno se niega en rotundo a aceptarlo, victimizando con ello a los presos de ETA, lo que en definitiva redunda de manera muy negativa en el proceso de paz. Optimismo sí, pero con mucha cautela y sobre todo por lo que puedan deparar las próximas elecciones generales.

El terrorismo se ha convertido en un potentísimo campo magnético con capacidad de atraer hasta al alfiler más pequeño. Son pocos los aspectos de la vida moderna que se salvan de sus largos tentáculos.

Las premisas securitaristas creadas y fomentadas por occidente a través del discurso del miedo han servido para abonar un entorno permisivo para la violación sistemática de derechos y libertades civiles.

Tras los atentados del 11-S y en respuesta a los mismos, Estados Unidos se embarcó en la Guerra contra el Terror, una particular cruzada que ha mutado en un fenómeno a escala global provocando un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Todo ello con consecuencias devastadoras. ¿Sus primeras víctimas? Afganos e iraquíes, que más de diez años después siguen padeciendo las consecuencias de una guerra imperialista de carácter preventivo. El terrorismo se ha convertido en un potentísimo campo magnético con capacidad de atraer hasta al alfiler más pequeño. Son pocos los aspectos de la vida moderna que se salvan de sus largos tentáculos. La industria que ha generado a su alrededor mueve miles de millones, llegándose a convertir en un suculento negocio que abarca desde sistemas de seguridad nacional hasta domésticos, incluida la industria audio-visual (videojuegos, películas, libros, etc.). Se ha convertido en uno de los significantes más poderosos del discurso contemporáneo, capaz de generar una gran cantidad de actividad política y social, e inducir fuertes emociones. Es un tabú, objeto de mitos y leyendas, de miedo, odio, sorpresa, pero también de admiración e identidad.

Las ideas fuerza que articulan la Guerra contra el Terror han permeado o se han implantado artificialmente a lo largo y ancho del planeta permitiendo la creación y posteriormente la naturalización de un discurso macrosecuritarista, solo a la altura del desarrollado durante la Guerra Fría, capaz de movilizar a numerosos Estados aliados en esta nueva guerra. La retórica común repetida como un mantra es simple pero rotunda: el terrorismo es el problema de seguridad número uno. Como tal, sirve para justificar públicamente cuantiosas partidas presupuestarias nacionales e internacionales destinadas a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo, tanto que toda la cooperación internacional está empezando a enmarcar sus proyectos dentro de este discurso como una manera más de atraer fondos.

¿Pero qué es el terrorismo? Pese a que el uso de este término se ha multiplicado exponencialmente en la última década, lo cierto es que no existe una definición internacionalmente acordada sobre el mismo. Ha pasado a convertirse en un cajón de sastre carente de significado propio. El término “terrorista” no admite utilizarse analíticamente. No es neutral sino peyorativo, connotado además de una manera muy categórica. El mero uso de esta etiqueta deshumaniza a sus portadores, por lo que se convierte en sumamente problemática. Representa todo lo “malo”, aquello contra lo que los Estados que se dicen democráticos han acordado luchar sin cuartel y con todos los medios a su alcance. Al ser un tema tabú, el terrorismo no es analizado por los Estados como una forma de violencia política dentro de un conflicto. Es decir, se tratan los síntomas -la violencia- pero se ignoran sus causas, pese a que el terrorismo no sale de la nada y debe ser entendido como una forma de violencia en un contexto socio-político y económico determinado.

Hoy en día, la mayoría de conflictos armados activos son intra-Estado. De los 37 conflictos armados activos en 2011, todos salvo uno eran conflictos internos. La falta de una definición acordada sobre que es el terrorismo ha permitido a numerosos gobiernos etiquetar como terroristas a una gran variedad de grupos y conductas. En este sentido, criminalizar a los adversarios domésticos tachándolos de terroristas ha resultado ser una táctica muy provechosa para los Estados que, a la vez, legitiman su posición frente a los actores no estatales en conflicto y les permite utilizar tácticas militares contra ellos e incluso pedir ayuda internacional apelando a las alianzas antiterroristas. Igualmente, el discurso dominante sobre terrorismo pasa por negar cualquier tipo de negociación, lo que deja una sola vía posible: la victoria militar. Las tendencias indican que el número de enemigos nacionales e internacionales con los que queda terminantemente prohibido negociar aumenta, a la vez que el número de acuerdos de paz disminuye. En resumidas cuentas, el pronóstico al que se enfrenta el futuro de la resolución no violenta de conflictos no es demasiado halagüeño y hay quien empieza a dejar intuir el fin de la era de los acuerdos de paz.

Las premisas securitaristas creadas y fomentadas por occidente a través del discurso del miedo han servido para abonar un entorno permisivo para la violación sistemática de derechos y libertades civiles, en el cual prácticas y políticas antiterroristas de manifiesta ilegalidad internacional como la tortura, el asesinato selectivo, el confinamiento o la vigilancia masiva de ciudadanos adquieren plena legitimidad y una nueva dimensión ética al llevarse a cabo por “el bien común” y bajo un estado de necesidad preventivo. Es un proceso de erosión normativa moral y jurídica en el que lo que antes era “malo” pasa a ser “bueno” y lo que en el pasado era una excepción ahora es la norma. Todo ello está causando un gran daño al orden normativo internacional al ser realizado por democracias liberales que hasta ayer promovían por doquier los Derechos Humanos y gozaban de una importante reputación y autoridad moral internacional en la materia. El resultado es que nos encontramos ante un fenómeno de convergencia transnacional. Al ser el terrorismo percibido como un problema de todos, las políticas nacionales tienden a la convergencia y la homogeneización hacia legislaciones y prácticas restrictivas de las libertades fruto de la interdependencia y de la presión por actuar.

Desde el 11-S se ha registrado un aumento exponencial del número de listas de grupos terroristas, motivado por la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que legitima los regímenes de proscripción regionales y nacionales. En la actualidad conviven listas internacionales como la de Naciones Unidas, regionales como la de la Unión Europea y de los propios Estados, pero, ¿es el llamado listing o blacklisting compatible con la construcción de la paz? La inclusión de un grupo o individuo en estas listas es un proceso tremendamente selectivo y arbitrario. No todos los actores que usan la violencia son considerados terroristas, sin olvidar que cuatro famosos premios Nobel de la paz fueron conocidos “terroristas” en el pasado, personajes históricos de la talla de Nelson Mandela, Yassir Arafat, Sean McBride o Menachim Begin.

La designación como terrorista de un grupo busca aislarlo a la vez que deslegitimarlo socialmente, aunque también conlleva dos principales efectos adversos. Por un lado, la imagen que se transmite a la sociedad a través de las narrativas construidas desde el poder y que los medios de comunicación se encargan de alimentar gráficamente es la del terrorista como representación del mal radical. Con frecuencia los medios muestran la violencia terrorista como un espectáculo mediático, apelando a los aspectos emocionales, propagando el miedo en la sociedad y reforzado la dicotomía entre el “yo” y ese “otro” demoniaco que representan los terroristas -confusa y erróneamente llamados por occidente- “islámicos”, “islamistas”, “yihadistas”, “salafistas” o “wahabíes” indistintamente. Un discurso del miedo muy dañino que ha convertido a toda la comunidad musulmana en sospechosa de terrorismo. Por otro lado, la clasificación como terrorista de un determinado grupo lo aísla social y políticamente; lo polariza induciéndolo a su radicalización, al provocar que los sectores moderados se vean ante una difícil decisión: aceptar y asumir la etiqueta que les están imponiendo y unirse a las actividades ilegales o abandonar el activismo; y cierra las vías no violentas de resolución del conflicto al ser definidos únicamente por su faceta violenta e inhumana.

El legado securitarista del 11-S puede parecer positivo si nos centramos en el corto plazo, al producir réditos interesados, pero no contribuirá a la construcción de un tipo de paz emancipada, sólida y duradera y, en definitiva, a que este mundo sea un lugar más vivible para todos. La solución pasa por otras vías. No se pueden perseguir salidas puramente militares a problemas de origen político (como el terrorismo). De las intervenciones de corte liberal imperialista y neocolonialista la experiencia nos cuenta que nunca sale nada bueno a largo plazo. Se basan en una supremacía cultural que mira por encima del hombro y con desprecio al resto de sociedades y culturas y en un modelo de economía de mercado globalizada que requiere de unas desigualdades extremas entre norte y sur para su supervivencia, consolidando en definitiva la violencia directa, estructural y cultural en todo el planeta.

El discurso securitario de que todo vale contra el terrorismo ya no sirve para el caso de ETA frente a países como Francia y Reino Unido

Pese a la multitud de peticiones e iniciativas populares que se han desarrollado este verano en múltiples puntos a lo largo y ancho de la geografía de Euskadi y Navarra, la política penitenciaria de dispersión de presos del Gobierno del PP sigue inamovible. Parece que no va a dar ningún paso y que va a extinguir su legislatura con el inmovilismo interesado que la ha caracterizado y la absoluta falta de iniciativas de cualquier tipo para avanzar en la consolidación de la paz y dar una salida razonable a un conflicto, que ante todo niega que exista. El Gobierno se siente cómodo en el impasse que representa no propiciar el clima necesario para que se lleve a cabo un final negociado de ETA, pero que en realidad, más que negociación, de lo que se estaría hablando es poco más que de una rendición edulcorada con soluciones razonables para los presos. Pero ni eso parece querer el PP, que ha buscado siempre el escenario de la rendición traumática y humillante, sin darse cuenta que la venganza no lleva a ningún lado y es momento de trabajar desde distintos frentes para que el “enemigo” deje de serlo.

Aparte de la oportunidad perdida por parte del PP, su política penal y penitenciaria discriminadora y excesiva ha conseguido enturbiar las relaciones con otros países del entorno europeo, singularmente –aunque no únicamente– con Francia, que ya no estaría tan dispuesta a secundar de modo incondicional los planteamientos políticos de sus vecinos españoles en materia antiterrorista referida a ETA. Y ello no sólo por los costes políticos que sin duda tiene para el país galo, sino también por no estar esencialmente de acuerdo con ellos ya que, aunque la situación ha cambiado de forma evidente, España no ha abdicado en su planteamiento de mantener elementos de excepcionalidad en su política antiterrorista, cuando no existe objetiva razón para ello y responde más a planteamientos y caprichos ideológicos del Gobierno español del PP en un momento donde toca otra cosa. Ahora es cuando debería primar el sentido común y el pragmatismo a la hora de superar el conflicto y de gestionar de forma razonable el fin de ETA y cerrar este capítulo para siempre sin crear más víctimas ni problemas de futuro.

A Francia también le ha sentado muy mal que en esa excepcionalidad injustificada hacia los presos de ETA, el Gobierno, a través del Grupo popular en el Senado, introdujera la enmienda que en diciembre pasado dio lugar a una ley que impide dar valor a las condenas impuestas y cumplidas en Francia a los presos de ETA. Algo a lo que se encontraba obligada España por una Decisión Marco del año 2008 y que debería haber puesto en funcionamiento antes de agosto de 2010. Pero no solo no se hizo, sino que para para corregir la iniciativa que tuvo el Tribunal Supremo para hacer efectiva la decisión, se fabricó una ley a destiempo –en diciembre de 2014– con el fin de impedirlo con carácter retroactivo, creando una muy incómoda situación, jurídicamente muy parecida a la que produjo la tristemente conocida doctrina Parot, declarada vulneradora de derechos fundamentales básicos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de Inés del Río Prada contra España.

Este desaguisado jurídico, que finalmente no se ha querido corregir por la vía ordinaria y menos traumática, como hubiera sido posible a través del normal sometimiento del tema al Tribunal de Luxemburgo –al tratarse de aplicación del derecho comunitario de la UE–, deberá serlo a través de otras vías, bien sea por el propio legislador en otro contexto político diferente, o mediante previsibles sentencias de condena, mucho más vergonzantes, por violación de los derechos humanos de los presos de ETA.

Los ciegos delirios autoritarios del Gobierno del PP, liderados en este caso por el inefable ministro Fernández, ampliamente secundados por la Fiscalía, no han querido ser resueltos ni por los jueces del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional, que, en este como en otros casos, han preferido mantener su habitual actitud servil y claudicante frente al Gobierno dando muestras una vez más de un poder judicial débil y dependiente que no se atreve, en temas cruciales para el Estado de Derecho y los derechos humanos, a contradecir a los otros poderes del Estado, especialmente al Gobierno, haciendo clara dejación de sus deberes constitucionales.

No obstante, resulta significativo que Francia probablemente no vaya a incluir su posición sobre estos temas en su agenda próxima de relaciones bilaterales con España, como tampoco su voluntad de no seguir secundando la política de dispersión de presos que mantiene España –ya que en Francia no existen razones jurídicas que permitan un trato diferente a los presos de ETA respecto de cualquier otro preso– o su respuesta renuente respecto del solicitado traslado de varias decenas de significativos presos a los que se considera pertenecientes a la cúpula de la organización para ser juzgados en España, en lo que se pretende que sea una nueva ofensiva jurídica por parte del ministerio del interior español y de la fiscalía para no dejar ningún hueco en su “lucha contra ETA” .

La diplomacia francesa tiene puestos sus ojos en un futuro nuevo Gobierno español. En su análisis, menos forzado y condicionado por el día a día político que nos toca vivir a los españoles, ven claro que no será del PP, dando por seguro un nuevo Gobierno socialista con alguien más. Probablemente por ello, en la reunión de ministros de Justicia que tendrá lugar en los próximos días no se tratarán estos temas, pero serán incluidos como prioritarios en la agenda de asuntos a tratar con el nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales de diciembre.

No es sólo Francia, también resulta muy significativa la posición del Reino Unido, tanto de sus jueces como de su Fiscalía, que acaba de rechazar la extradición del etarra Antonio Troitiño. Decisión que no debe ser leída simplemente como un puntual problema jurídico –que hasta ahora eran siempre más o menos resueltos con el pragmatismo con que la Justicia británica aborda los temas del terrorismo– sino como una clara falta de sintonía respecto de lo que ETA representa en este momento como grupo terrorista con real capacidad operativa y de constituir una auténtica amenaza. El Gobierno del PP debe ser consciente de que por mucho que se empeñe no va a seguir teniendo la solidaridad internacional en sus planteamientos de seguir manteniendo artificialmente vivo el conflicto de ETA.

Por otro lado, para dar una impresión de seriedad en el tratamiento del tema por parte de la justicia española en nada favorece la reciente decisión del Juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional de secundar y dar carta de naturaleza a planteamientos de alguna de las asociaciones de víctimas, sorprendentemente secundados por la Fiscalía, de iniciar un procedimiento penal contra determinados miembros de ETA por crímenes de lesa humanidad, lo que a todas luces carece de cualquier rigor jurídico. La propia resolución del Juzgado habla por si misma, no contiene el más mínimo análisis de los elementos y requisitos jurídicos para que se puedan dar esta clase de delitos, concurriendo con los de terrorismo. Por supuesto, esta resolución se mira fuera de España con incredulidad, pero también con preocupación, por lo que implica de falta de rigor en el tratamiento jurídico de estos temas en los que existe una clara implicación internacional, y por ello es necesario que respondan a planteamientos jurídicos y de política criminal y penitenciaria razonables y de consenso y no a meros posicionamientos políticos ultrarrepresivos y fanáticos, únicamente mantenidos a machamartillo por el partido político en el Gobierno.

El discurso securitario de que todo vale contra el terrorismo ya no sirve con ETA frente a Europa. Es momento de aportar soluciones y construir puentes de cara a un futuro en paz y convivencia, de sumar y no de dividir. Aunque la ceguera que el actual gobierno se ha autoimpuesto no le permita ver que la situación ya es otra y, por lo tanto, necesita de otros pasos distintos, Europa sí es capaz de ver el cambio de escenario y aunque oficialmente no se pronuncien sobre el tema sus acciones no son otra cosa que claros llamamientos de atención al Gobierno de España para que ceje en su particular y enloquecida guerra, hoy por hoy carente de sentido, y deje de aplicar políticas desprovistas de justificación que solo pretenden dar satisfacción a los planteamientos políticos más radicales de las derechas.

Hoy en día Bosnia no consigue quitarse la pesada etiqueta de Estado fallido

Aunque las armas hayan callado, continúa habiendo una auténtica guerra por la memoria y cual será “la verdad” que perdurará

Bosnia debe tomar las riendas de su futuro y dejar de esperar que se lo den todo hecho

Se cumplen 20 años de uno de los episodios más crueles de la historia moderna europea tras la Segunda Guerra Mundial. La intervención humanitaria abanderada por occidente para proteger a la población bosnio-musulmana (bosniacos) no supo evitar lo que terminó ocurriendo: un genocidio.

Han sido muchas las preguntas surgidas durante este tiempo acerca de la responsabilidad de la comunidad internacional en lo sucedido. Incidiendo en este asunto, aparte de la directa responsabilidad que tuvieron los cascos azules holandeses que no supieron proteger la zona segura de Srebrenica, la periodista francesa Florence Hartmann ha puesto recientemente de manifiesto que la caída de Srebrenica en manos de las tropas serbio-bosnias podría haber sido un movimiento por parte de tres grandes potencias: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, como estrategia para conseguir la paz en Bosnia a cualquier coste. No creo que se pueda decir que supieran o previeran la extensión de la tragedia que se iba a producir, aunque sí que debieron de ser conscientes de las intenciones de los líderes serbio-bosnios. Y es que, aparte de las declaraciones públicas del por aquel entonces presidente de la Republika Srpska (RS), Radovan Karadžić, que iban en ese mismo sentido, hay documentos, como la “Directiva 7”, en la que se ordenaba “la eliminación permanente” de los bosnio-musulmanes de las zonas seguras.

El fracaso de la intervención humanitaria en Bosnia ha cristalizado en un sentimiento de culpa generalizado en occidente, que a su vez se manifiesta en cuantiosas aportaciones de dinero a fondo perdido para gestionar el postconflicto y para la reconstrucción del país. Pero, ¿en qué punto se encuentra hoy en día Bosnia Herzegovina? Veinte años después la situación no parece muy alentadora. Hoy en día Bosnia no consigue quitarse la pesada etiqueta de Estado fallido. El Índice de Estados Frágiles sitúa al país balcánico en el puesto 78 del ranking mundial -el peor entre todos los países de la antigua Yugoslavia-, sin llegar a otorgarle todavía la categoría de estable. Por delante en dicho índice solo están Estados sumergidos en profundos conflictos armados, devastados por crisis humanitarias, divididos por terribles desigualdades sociales o que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Los acuerdos de paz de Dayton, promovidos por las potencias occidentales y firmados durante el otoño que precedió a la masacre de Srebrenica, conformaron un país basado en una fórmula combinada de tres componentes con el fin de hacer de Bosnia un Estado moderno europeo multiétnico en el que las tensiones etno-nacionalistas que alimentaron el conflicto fueran de una vez por todas superadas; aunque parece que no fue del todo exitosa. En Bosnia solo se ha logrado un tipo de paz muy pobre. Los acuerdos de paz dividieron étnicamente el país en dos entidades, conformando el primer componente de la fórmula. Esta separación ha terminado calando profundamente en la conciencia colectiva,  creando una verdadera división de facto, especialmente entre bosnio-musulmanes y serbio-bosnios. El actual presidente de la RS, Milorad Dodik, no ceja en su empeño por conseguir la independencia de esta entidad e incluso se ha reunido con Vladimir Putin para tratar esta cuestión y proponer que Rusia –tal y como ha terminado ocurriendo– vetara la propuesta de Resolución del Consejo de Seguridad promovida por el Reino Unido para conmemorar el 20 aniversario del genocidio.

El segundo componente para la paz consistió en un semi-protectorado –aún vigente– establecido por la comunidad internacional y en la actualidad bajo el mando de de la Unión Europea. Esta minoría de edad, con cierto tufo a neocolonialismo, a la que se sometió -y se sigue sometiendo- a la Bosnia nacida de Dayton ha terminado provocando que los políticos locales eludan hacerse cargo sus responsabilidades, a la vez que ha fomentado un modelo de política asentado en las divisiones étnicas y el sectarismo, enturbiando enormemente las relaciones entre las dos entidades. Estamos hablando de políticas nacionalistas: unas, que niegan el genocidio; y otras, que utilizan el victimismo mitologizado.

El tercer elemento lo conformó la implantación de la famosa agenda de la paz liberal, basada en las ideas occidentales de democracia y libre mercado. Esta forma de construcción de la paz basada en las ideas kantianas de que los Estados democráticos no guerrean entre ellos produce, en la mayoría de los casos, Estados frágiles y un tipo de paz muy rudimentaria que en nada se asemeja a la paz positiva. En este caso, la agenda liberal tampoco ha funcionado como fórmula de superación de las pasiones étnicas. Es más, existen numerosos problemas de discriminación de las minorías étnicas en conflicto -aunque también de otras- en ambas entidades, que solo ayudan a solidificar territorios étnicamente homogéneos.

“Bosnia sigue en guerra”, como nos indica Refik Hodzic, director de comunicaciones del International Center for Transitional Justice, al reflexionar sobre los veinte años desde Srebrenica. Aunque existan municipios como el de Srebrenica, que a pesar de estar en la RS cuenta con un alcalde bosniaco y es un municipio mixto étnicamente, la cohabitación interétnica es una mera fachada y el número de desplazados internos sigue siendo muy elevado en términos generales. Aunque las armas hayan callado, continúa habiendo una auténtica guerra por la memoria y cual será “la verdad” que perdurará. Se trata de una guerra que, a falta de cualquier agenda o proyecto social de reconciliación, ha pasado a jugarse en todos los campos de la vida social, política y económica del país. En consecuencia, veinta años después las visiones sectarias sobre el “otro” persisten y se ven reforzadas día a día.

Bosnia ha ostentado históricamente un poder simbólico en términos geopolíticos debido a su posición geográfica, al igual que por su diversidad cultural, en la actualidad más vigente que nunca. Occidente a través de la Unión Europea tiene puestos los ojos en el país. Al igual que Rusia, que a través de Serbia busca aumentar su influencia en los Balcanes. Putin ha puesto sus cartas sobre la mesa con un movimiento en apariencia sin demasiada importancia como el veto a la resolución de Naciones Unidas, pero nada más lejos de la realidad. Rusia tiene las cosas claras -más aún desde la crisis de Ucrania-: quiere limitar la influencia de Europa en los Balcanes y potenciar su propio peso en la región a través de Serbia, creando una hermandad transfronteriza entre naciones eslavas, ortodoxas y cristianas. Aunque no todos están satisfechos con esta relación, el ataque con pedradas que sufrió el primer ministro Serbio durante el acto conmemorativo en Potočari fue muestra del rechazo de los bosnio-musulmanes a esta relación entre la RS, Serbia y Rusia.

A occidente en cambio, le preocupa sobremanera la aparición de un nuevo actor en esta pugna: el Estado Islámico. Todos sabemos que la amenaza número uno en estos momentos es el terrorismo yihadista. Y es cierto que el Estado Islámico ha puesto también su ojo en la comunidad musulmana de Bosnia. Ha visto que el creciente descontento social por la situación económica, con un nivel de paro juvenil por encima del 63%, una  corrupción endémica, y la desigualdad social sumada al resto de disfuncionalidades del Estado, son el caldo de cultivo perfecto para captar adeptos a su causa y ya han lanzado varios videos propagandísticos dirigidos específicamente a la población  bosniaca. Una vez más esta amenaza va a ser enjugada con más dinero que solo paliará parcialmente, pero que no resolverá los problemas a los que se enfrenta el país, que son mucho más profundos.

No obstante, es injusto dibujar a la sociedad bosnia como anclada en el sectarismo y radicalismo religioso. Cuando se pasea por Sarajevo no es eso lo que se percibe. Todo lo contrario, se siente una ciudad cosmopolita en la que ha perdurado la secularización de la Yugoslavia de Tito. El radicalismo religioso (de todo tipo) en Bosnia procede de dos fuentes principales que actúan unidas, interactúan y se retroalimentan: de las construcciones etno-nacionalistas que generaron y alimentaron el conflicto, y de políticas segregacionistas que siguen ancladas en la misma idea; y, como se ha visto en otras tantas ocasiones, de las profundas dificultades y desigualdades sociales y económicas que están castigando a la población.

Cada vez parece más claro que el último remedio de la comunidad internacional para curar a este paciente enfermo no pasa por  transfusiones  de sangre, sino por una cura radical llamada integración efectiva en la Unión Europea y que exige por parte de Bosnia ciertos pasos claros hacia un futuro en convivencia. Si bien fue un movimiento que ya se intentó sin demasiado éxito en Chipre -todavía dividida-, merece la pena intentarlo cuando a Bosnia se le acaba el tiempo y las alternativas para llegar a ser un Estado funcional. La razón es clara: un Estado con dos comunidades divididas étnica y territorialmente que no quieren convivir y tener un futuro juntas nunca puede funcionar, y menos aún tras un conflicto. La clave está en que la ciudadanía se dé cuenta de lo dañino del discurso político asentado en el odio y el victimismo y se rebele contra las narrativas etno-nacionalistas que alimentaron la guerra y que persisten hoy en día. Bosnia sigue atascada en una inestabilidad estable producto de las secuelas de la guerra y se le acaba el tiempo para tomar por sí misma las riendas de su futuro y dejar de esperar que se lo den todo hecho.

Es fácil sacar de contexto un tuit, interpretar literalmente lo escrito con ironía y sacarle punta a cualquier comentario que yace en el olvido

Desde el mes de mayo con la detención de Cesar Strawberry –cantante del famoso grupo Def Con Dos– por enaltecimiento del terrorismo y especialmente durante estas últimas semanas tras el escándalo de los tuits de Guillermo Zapata –que ha terminado con su imputación por humillar a las víctimas de ETA– el clima social arde con un intenso debate sobre la utilización de redes sociales como Twitter. Es un tema que está en boca de todos pero que también se vive con cierta lejanía. Y es que Strawberry y Zapata son en realidad dos víctimas más de la extensa maniobra de deslegitimación de la izquierda –y en particular de Podemos– orquestada desde el gobierno y el PP con fines electoralistas y a la que la fiscalía se ha sumado convirtiéndose en lacayo complaciente de una derecha dispuesta a todo por mantenerse en el poder.

Muchos sentimos que el manto invisible del anonimato bajo el que se esconde un ciudadano cualquiera aún puede protegernos de situaciones similares. Y que aunque el Ministro del Interior haya iniciado su particular cruzada contra las redes sociales nadie piensa que algo así pueda ocurrirle. Pero eso ya no está tan claro. Un caso real de estos días es el de un adolescente –que podría ser casi cualquiera– acusado por la fiscalía de menores por un delito de menosprecio a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo. Un menor que se convierte en el punto de mira de la policía de una pequeña localidad española al sospechar que ha participado en unas pintadas en edificios públicos y, con pretexto de buscar pruebas, entra a saco en sus cuentas de distintas redes sociales. Tras indagar, por supuesto, encuentran una serie de comentarios soeces, consignas antisistema y antifascistas y chistes de humor negro relacionados con víctimas del terrorismo en una cuenta de Twitter con la que le vinculan.

Lo llamativo de este caso y que lo diferencia de los mencionados al inicio es que no se trata de una persona que tenga una gran incidencia pública. No estamos hablando de alguien conocido y que tenga relevancia social, es el de un menor que utiliza las redes sociales como forma de expresión y comunicación entre su grupo de amigos: su comunidad. Entonces, ¿deberían perseguirse esos tuits irrelevantes penalmente? La lógica y el sentido común nos llevarían a pensar que ni son delitos ni se debe gastar dinero público en perseguirlos, pero lo ocurrido es muy distinto, la policía no ha escatimado medios en ir a por él y la costosa maquinaria de la justicia se ha puesto en funcionamiento, todo para dejar claro que las redes sociales no son un lugar para la libre expresión y difusión de ideas sino un lugar controlado y peligroso donde puede estar tu perdición. Pero ¿si ahora esto es así qué va a pasar a partir del 1 de julio?    

Los ciudadanos lo sabemos, el próximo 1 de julio es una fecha clave. Es el pistoletazo de salida para la entrada en vigor de las conocidas como Leyes Mordaza que, entre sus múltiples objetivos, es la forma que ha encontrado el gobierno de hacer frente a las molestas y cada vez más influyentes redes sociales tras las cuales los movimientos sociales han articulado la protesta contra las reformas “anti-crisis” del gobierno durante estos últimos años. Debido a su carácter novedoso, su recién adquirida relevancia –por la gran cantidad de usuarios que mueven globalmente y por situarse en el ojo del huracán de todas las noticias y debates– así como por la falta de herramientas de los gobiernos para hacerles frente y limitar su poder, las redes sociales se han convertido en la gran amenaza, la bestia negra de todos los gobiernos del siglo XXI.  

Desde 2011 con las revueltas árabes y más tarde con el 15M y los movimientos occupy hemos visto como las redes sociales han ganado protagonismo convirtiéndose en importantes herramientas para la protesta ciudadana. Su papel ha sido vital en países en los que sistemáticamente se reprimen las libertades civiles, en lo que su espontaneidad a la vez que su poca previsibilidad unido al gran numero de seguidores han sido clave. Como consecuencia son numerosos los estados en los que se practica la censura –temporal o permanente– en estos medios. En esto España no iba a ser menos. El gobierno y el PP llevan tiempo tratando de hallar la fórmula de enjaular al molesto pajarillo y al resto de sus amigos. Es verdad que nuestro contexto es distinto y que somos algo más sutiles a la hora de limitar la libertad de expresión y de silenciar la protesta a través de las redes sociales. Pero si el fin y el resultado es el mismo ¿cambia algo la forma en que se lleve a cabo?

Las leyes mordaza son normas estratégicamente ambiguas y genéricas que provocan que no se pueda saber a priori cual llegará a ser su extensión real, dejando en manos de los jueces –en demasiados casos complacientes con quien manda, presionados por el resto de los poderes e incluso por su propia institución de gobierno y sometido a una sobrecarga de trabajo crónica que los mantiene en la cuerda floja– la gran responsabilidad social de interpretar y definir los límites de la libertad de expresión de los ciudadanos. Esta milimetrada ambigüedad e inespecificidad de las normas busca dos grandes efectos: Uno  claramente directo es la criminalización de las nuevas formas de protesta llevadas a cabo por los movimientos sociales a través de las redes sociales y que hasta ahora escapaban al control del gobierno. A partir de ahora, prácticas que en los últimos años se habían convertido en normales como convocar o difundir manifestaciones y concentraciones a través de las redes sociales compartiendo un simple mensaje o difundir fotos y grabaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como por ejemplo las de las cargas policiales, podrán ser objeto de castigo.

El segundo efecto es indirecto y mucho más perverso. Su intención es provocar la autocensura en periodistas, activistas, pero también en los ciudadanos de a pié, simplemente por lo que pueda pasar. Porque al no acotar su extensión no podemos saber si estamos cometiendo un delito. Corremos el riesgo de que se conviertan en todopoderosas armas de represión manejadas a voluntad para silenciar a elementos considerados “indeseados” o “problemáticos”. Y para eso el gobierno tiene una fiscalía complaciente a su servicio. Es fácil sacar de contexto un tuit, interpretar literalmente lo escrito con ironía y sacarle punta a cualquier comentario que yace en el olvido.

Desde luego, atendiendo a lo que ya está pasando no podemos esperar un futuro muy prometedor a partir del 1 de julio. Una pregunta nada retórica es si vamos camino de una suerte de estado Orweliano, pues lo  cierto es que estas reformas que entran en vigor, a parte de no respetar la Constitución –algo sobre lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional–, vulneran al menos 6 de los 30 derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en especial el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión saltándose a la torera los tratados internacionales que España ha firmado firmado en la materia.

Estas reflexiones no pretenden contribuir al clima de alarma que existe y que el lector se ponga desaforadamente a borrar todo rastro de tuit fuera de las esferas de lo políticamente correcto. Desean sumarse a las legítimas  denuncias de la ciudadanía sobre la aberrante e intolerable extensión a la que está llegando la limitación de la libertad de expresión y de protesta, pero sobre todo quieren ser un alegato a favor de la libertad y un ruego a que reflexionemos y que entre todos busquemos formas de todo tipo –cada uno en su esfera, en su medio y según sus posibilidades– para que sigamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, y luchemos por ella,  con imaginación y con determinación, desde el derecho y desde la sociedad.

La libertad de expresión, humor, disenso, crítica, protesta, etc., forman parte de la esencia de la democracia. La leyes mordazas nos obligan hoy más que nunca a reivindicar el papel central que juegan las redes sociales en el día a día. Comunidades digitales que han transcendido sus funciones iniciales y han pasado a ser incluso objeto de movimientos artísticos. Nuevas formas de entender el periodismo y la información, así como la socialización, la comunicación inter-ciudadana, la participación política, el activismo social y ciudadano de defensa de los derechos civiles y de las minorías y, por su puesto, la protesta social como forma de legítima oposición a lo injusto.

La redes sociales son las nuevas ágoras, plazas públicas en las que todos podemos y tenemos algo que decir y, aunque les pese a muchos, son lugares donde se ejerce política y ciudadanía, donde la información circula –y debe seguir circulando–, todo ello con mucha más libertad, simplicidad y espontaneidad, sin necesidad de grandes medios, ni grandes estructuras, sin necesidad de pedir permiso a nadie y sin  que los poderes económicos o políticos puedan influirla, aunque si tratar de limitarla, pero que no se piensen que con tanta facilidad, ya que los ciudadanos nos debemos rebelar contra ello y sin nuestra colaboración sus intentos limitadores fracasarán. Debemos seguir hablando sin miedo, sin mordazas.

“En tiempos de fascismo, todos somos disidentes.

Y nuestras trincheras están en la Red“

(Marta Peirano, El pequeño libro rojo del activista en la red)

Un tribunal internacional, constituido por jueces internacionales, para juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y el franquismo, siguiendo las normas de derecho internacional y sin la limitación de normas internas sobre prescripción y las leyes de amnistía de 1977

¿Y si se planteara un tribunal de este tipo fuera del sistema tradicional de la justicia institucional?

Recientemente tuvo lugar en España un encuentro de expertos a puerta cerrada sobre “caminos hacia la paz”. La reunión fue auspiciada por el mediador internacional Johan Galtung y por Baltasar Garzón y contó con una amplia representación de profesores expertos en derecho penal e internacional, abogados de derechos humanos, mediadores internacionales e incluso de algún magistrado y fiscal tanto de la Audiencia Nacional, así como de Malasia, para debatir sobre problemas para la paz y de la jurisdicción universal y conocer detalles acerca de la experiencia de funcionamiento del Tribunal de Kuala Lumpur de Crímenes de Guerra. El juez malayo Mohamad Ariff fue el encargado de presentar este tribunal internacional de conciencia puesto en marcha en 2008 por la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra y que ya ha juzgado a importantes líderes políticos como George Bush y Tony Blair por su responsabilidad en la guerra de Irak.

La idea no es novedosa. Existen distintas experiencias internacionales anteriores de tribunales de este tipo, como los Tribunales Russell o los juicios por la verdad en Argentina, pero el Tribunal de Kuala Lumpur de Crímenes de Guerra reúne tres características propias innovadoras que lo alejan de las otras iniciativas anteriores. En primer lugar, el tribunal de Kuala Lumpur está impregnado de un carácter claramente de justicia internacional en todos sus aspectos. Aplica normas de derecho internacional, su funcionamiento se basa en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), sus jueces y demás integrantes son reconocidos juristas de distintas nacionalidades y los asuntos que juzga no están vinculados a ningún país en concreto y afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

En segundo lugar, se trata de un tribunal que, aun a pesar de no pertenecer a ningún sistema de justicia formal, opera a la manera de una corte de justicia ordinaria con su misma estructura de funcionamiento y todo el sistema de garantías propios de la justicia penal de los tribunales. Es decir, además del tribunal de jueces encargado de juzgar, existe una comisión encargada de la investigación, un equipo legal dividido a su vez en fiscalía y defensa y una secretaria con una unidad de víctimas, siguiendo el modelo del Estatuto de Roma del TPI. Esta característica diferencia a esta iniciativa de otros mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad, al estar revestida del valor simbólico que confiere la justicia, aunque no sea la justicia tradicional. El tribunal recopila pruebas, obtiene, ordena y clasifica documentos que en otro caso se perderían, pero sobre todo escucha valiosos testimonios, dando voz a las víctimas a menudo olvidadas, a las que examina como testigos según estrictos criterios jurídicos, convirtiendo todo ello en un material probatorio valioso de por sí, pero además con el potencial añadido de ser utilizado en acciones legales o procesos ante la justicia formal, por ejemplo bajo el ejercicio de la jurisdicción universal. Pero lo mas importante es que sus decisiones se emiten en forma de sentencia con altísimo valor simbólico en las que se declara si ha existido una violación del derecho internacional, las cuales son notificadas a las partes así como enviadas a distintos organismos internacionales. Además, los individuos cuya responsabilidad internacional se considera probada son introducidos en una lista de criminales de guerra.

Es verdad que al ser un tribunal fuera de la justicia institucional formal no tiene capacidad coercitiva para ejecutar sus decisiones y sentencias. Tampoco puede imponer penas en sentido tradicional más allá del castigo social simbólico, pero es en todo caso eficaz, aunque sea de manera distinta a la habitual. En este punto, es donde enlazamos con la tercera característica, y es que se trata de un tribunal de conciencia. En definitiva, actúa como un tribunal de justicia restaurativa, centrado sobre todo en el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a ser reparada moralmente y a conocer la verdad a través de la justicia. El tribunal busca un efecto social, concienciar a la sociedad sobre las atrocidades que se han cometido para evitar su repetición en el futuro.

Las transiciones, ya sea para salir de una dictadura o de un conflicto violento, son momentos de convulsión que frecuentemente marcan a fuego el futuro de los Estados y de sus ciudadanos. La justicia es un elemento clave en los procesos de transición y no se puede renunciar a ella ya que sin justicia no hay paz. En el caso de la transición española en el que las vías de la justicia institucional para juzgar los crímenes del franquismo están o bien cerradas o fuertemente bloqueadas y al no ponerse en marcha en ningún momento otros mecanismos sustitutivos y viables de justicia transicional, la idea de formar un tribunal como el que acabamos de describir, toma fuerza y se carga de sentido.

Un tribunal independiente que juzgara los crímenes y abusos que se cometieron durante esta época oscura de nuestra historia y que al no haberse cerrado debidamente aún hoy nos acecha con sus sombras, sin que las víctimas deseosas de recibir una mínima justicia hayan tenido alguna oportunidad de obtenerla. Por supuesto debería juzgar todas las atrocidades independientemente de quien las hubiera cometido, porque aquí no valen las memorias parciales. Un tribunal de las características que hemos descrito no solo ofrecería la posibilidad a las víctimas de contar su historia y de que la verdad saliera a la luz en audiencias públicas, sino que además tendría un añadido gran efecto reparador ya que de alguna forma se estaría haciendo justicia. Se podría recopilar, sistematizar y archivar unificadamente una gran cantidad de valiosísima información que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Tendría un potencial restaurativo personal y social de gran magnitud y contribuiría firmemente a cerrar esta etapa de nuestro pasado.

Pensamos que resulta esperanzador, pero aun así debemos ser cautos. Si un proyecto como éste llegara a ver la luz debería ser llevado a cabo con la más exquisita pulcritud e imparcialidad, ya que su credibilidad es su talón de Aquiles, de la que dependería su éxito o fracaso. Es bien seguro que contaría en sus inicios con los mismos detractores de siempre, partidarios de no “remover el pasado”, por lo que sería imprescindible luchar contra esa tenebrosa visión expandida por los voceros de la impunidad inductores del miedo y que en su lugar la sociedad en su conjunto la acogiera como algo positivo, como su derecho de gestionar su pasado en libertad, sin traumas y sin complejos, como una iniciativa útil, legítima constructiva, tendente a una paz positiva. Por ello, un proyecto de este tipo debería acometerse por una organización independiente, con amplia participación social, financiado con absoluta transparencia, constituyendo un tribunal compuesto por miembros verdaderamente imparciales, dando de esta manera una gran solidez y legitimidad al tribunal que operaría desde un lugar neutral fuera de las presiones locales.

Iniciativas de este tipo pueden contribuir a que la impunidad quede atrás y que los crímenes de la guerra y del franquismo reciban alguna respuesta jurídica y de justicia, aunque fueran juzgados simbólicamente por un tribunal internacional de conciencia, pero menos es nada.

En un año marcado a ritmo de elecciones resulta interesante plantear algunas cuestiones relacionadas con el proceso de paz que deberá abordar de manera urgente el nuevo inquilino de la Moncloa, como también quien resulte ganador en las elecciones vascas de 2016.

El pasado 19 de mayo el diario El Mundo abría en portada con un impactante y polémico titular digno del momento electoral: “Los presos de ETA quieren a Podemos en el Gobierno”. Aparte del intento de deslegitimar a la formación política, lo interesante es que la noticia daba a entender que también los presos de ETA ven en Podemos “el cambio”.

Son muchas las personas alarmadas por la fragilidad en que se encuentra el proceso de paz. La inactividad, consecuencia del bloqueo existente, está provocando la pérdida de grandes oportunidades para el avance, alargando en el tiempo una situación del todo insostenible. Se observan señales inquietantes de desacuerdo interno en ETA que indican la necesidad imperiosa de salir del actual punto muerto en el que el gobierno del PP ha sumido el proceso de paz. Un cambio de escenario político aparece como la única esperanza para salir de este impasse y continuar el camino hacia la paz positiva. En un año en el que la vida política y social viene marcada a ritmo de elecciones y aún bajo la resaca de las municipales y autonómicas, resulta interesante plantear algunas cuestiones relacionadas con el proceso de paz que deberá abordar de manera urgente el nuevo inquilino de la Moncloa, como también quien resulte ganador en las elecciones vascas de 2016.

La clave es el diálogo. Diálogo de distintos tipos y en varios niveles que pueden interactuar de manera complementaria. Desde una perspectiva descendente (top-down), en primer lugar, es elemental que se restablezca la comunicación institucional entre Madrid y Vitoria en términos de igualdad. La situación actual de cero intercambio es insostenible y carente de cualquier lógica. Luego, asumir que la salida del conflicto debe realizarse bajo la premisa de exclusión de la fuerza por todas las partes y por tanto recurrir a la herramienta básica en la resolución de conflictos: el diálogo -en cualquiera de sus distintas formas-, para buscar una salida consensuada. Aquí es dónde se plantean los interrogantes. Para qué, está claro. Sobre qué y con quién, no resulta tan obvio.

Empecemos por quién. Para que el pacto que surja del diálogo esté respaldado por un amplio consenso social se debe dialogar con todos los actores implicados en el conflicto, sin exclusiones. Pero todos sabemos que uno de los principales problemas registrados en numerosos conflictos, incluido el vasco, es la negativa de los actores estatales a dialogar con actores considerados “no legítimos”, escudándose en la conocida máxima “no negociamos con terroristas” para expulsarlos del proceso de paz. La experiencia histórica revela que no hay soluciones puramente “militares” a problemas políticos. Aún así, cada vez que aparece un grupo terrorista los Estados insisten en que no hablarán con él, pero tal y como expone Jonathan Powell, jefe de los negociadores del gobierno británico en el conflicto de Irlanda del Norte, “si hay una causa política entonces tendrá que haber una solución política”. Es necesario por lo tanto dialogar con todos los actores, que todos renuncien a los esquemas de victoria-derrota como forma de finalizar el conflicto y asuman que deben existir cesiones por parte de todos para alcanzar un bien común: la paz. Y no nos olvidemos de los mediadores internacionales, cuya importante misión es facilitar una salida negociada a los conflictos, y que en el caso vasco han sido acosados quedando en una posición extremadamente frágil al no estar protegidos mediante garantías de inmunidad ni de ningún otro tipo.

El esperado gobierno del cambio heredará una situación que requiere abordar dos cuestiones prioritarias de manera urgente: el desarme y los presos. La voluntad de todos en favor del desarme debe ser clara. Es un paso imprescindible para la paz. La izquierda abertzale se ha convertido en la primera interesada, le pesa demasiado, por lo que está ejerciendo una gran presión. El reto consiste en que para que el desarme sea efectivo necesita dotarse de legitimidad a través de su aceptación y reconocimiento por instituciones, partidos políticos y la sociedad. Por otro lado, aunque se pueda considerar que los pasos hasta ahora dados por ETA son insuficientes, son bastantes para provocar algún gesto por parte del Estado. En este sentido, se podrían poner en marcha las herramientas necesarias para entrar en un proceso de normalización jurídica y descriminalización en varios niveles. Primero, respecto del llamado entorno político de ETA. Es fundamental caminar hacia la normalización de la vida política para lo que resulta clave la libertad de los líderes y demás miembros de la izquierda abertzale. El segundo nivel estaría en cambio más relacionado con el proceso de disolución de ETA. Incluiría medidas que alzaran la presión sobre los presos y que permitieran su coordinación y el auxilio personal y económico para mejorar sus condiciones de vida en prisión así como el fomento de programas de reintegración que otorguen a aquellos que han iniciado un proceso de autocrítica y de elaboración personal -renunciando a la violencia, reconociendo el daño causado y comprometiéndose con el nuevo escenario- acogerse a significativos y progresivos beneficios penitenciarios que les permita ver un horizonte.

Es una cuestión de valentía, voluntad y determinación. Para desbloquear la situación actual hay que huir de las posturas alineadas con la arquitectura de la guerra contra el terror que han sido repetidas como mantras por el PP desde que llegó al poder José María Aznar. Idearios que niegan rotundamente el diálogo y la aproximación a las razones de la violencia y defienden posturas maquiavélicas en las que todo vale para aplastar al enemigo terrorista. Al mismo tiempo, hay que salir del status quo, dar pasos y tomar importantes decisiones que hasta ahora ningún gobierno ha tomado. Quizás por eso algunos ven en Podemos la llave a nivel nacional que abra definitivamente la puerta hacia la paz, quién sabe. Desde luego, si el gobierno elegido tras las generales quiere adoptar este importante papel tendrá que plantearse otras cuestiones primordiales y deberá abordar numerosos temas delicados y de escasa popularidad, como un posible proceso de-listing. No resulta lógico que el llamado entorno político de ETA siga figurando hoy en día en las listas internacionales de grupos terroristas.

Muchos se preguntarán cuál es la importancia del de-listing. Recientes estudios alertan del impacto negativo del terrorist listing para la construcción de la paz. Deslegitima, estigmatiza, genera aislamiento y deshumaniza. Crea barreras en el diálogo tanto de las élites como en la sociedad y constituye una justificación de las medidas antiterroristas. Responde a la lógica del etiquetaje que fomenta la polarización social y niega incluso el papel que estos grupos hayan podido jugar en el cese de la violencia.

Es cierto que la sociedad vasca cabalga hacia la normalidad y que mira con esperanza al futuro. También que, tal y como recoge Juan Gutiérrez, “existe vida compartida […] aunque no públicamente”. La razón: que te tachen de terrorista o te asignen a uno u otro bando. Se ha construido una relación entre el yo y el otro basada en una visión del otro como la que Ulises -el yo- construye sobre el cíclope Polifemo -el otro. Una visión del otro generada por oposición al yo, siendo polos opuestos de un mismo todo y sentenciando un efecto polarizador en su relación. Para lograr la transformación social es necesario cambiar los significados sociales basados en la preconcebida idea del otro como el mal radical expulsándole a las tinieblas, y adoptar la alteridad, la mirada del otro, empatizar.

Hay que vencer estas narrativas impuestas desde el poder y fomentar la creación de espacios para el diálogo constructivo a nivel local en los que todos tengan cabida para construir un telar de memorias inclusivas. Una perspectiva ascendente (bottom-up), complementaria a la que tiene lugar en las altas esferas y, al contrario que ésta, basada en las experiencias humanas, en las personas y en el día a día. La esperanza está en que estas experiencias que están teniendo lugar a nivel micro logren catalizar su energía de cambio impactando en los líderes políticos. Porque hoy en día la sociedad camina de la mano hacia la paz y la pelota aguarda en el tejado de la Moncloa, esperando a que alguien finalmente la recoja.

• Este artículo forma parte de una serie de la misma autora sobre la búsqueda de la paz positiva en el País Vasco. Los anteriores pueden consultarse aquí y aquí.

En una reciente entrevista, el mediador internacional Brian Currin respondía así sobre la situación de los presos de ETA: “Después de la declaración de ETA se esperaba una respuesta positiva por parte de los gobiernos francés y español. Una respuesta que abordase la cuestión de los presos políticos”. Sus palabras muestran el valor que ostentan los presos en la resolución de un conflicto y, aunque es un tema muy sensible, no pueden ser marginados y borrados de la ecuación en el camino. Sin ir más lejos, en el caso de Irlanda del Norte resultaron ser la piedra angular que permitió que los acuerdos de paz se materializaran. En el caso de ETA, con la aceptación de los “principios Mitchell” se esperaba alguna respuesta por parte del Estado que mostrara su compromiso en esta materia. Es cierto que los debates sobre reintegración suelen ir de la mano de otro tema capital para el fin definitivo de la violencia: el desarme. Aunque parece que ETA ha empezado a dar algún paso en este sentido, la decisión de los Estados español y francés de lavarse las manos y mirar hacia otro lado tanto en este como en otros temas ha terminado provocando un bloqueo de la situación. Tampoco resulta clara la posición de ETA al respecto. ¿Podría ETA estar esperando un nuevo interlocutor más receptivo, fruto de un cambio político, para anunciar el desarme definitivo? El tiempo lo dirá.

Los presos poseen un carácter simbólico tras el fin de la violencia. Representan la cara más visible del conflicto y, junto con las víctimas, lo que queda de él y por ello son objeto de gran controversia. Frente a políticas que dejan un estrecho margen para la paz, debemos entender la importancia de la reintegración social de los presos de cara a la viabilidad a medio plazo de un proceso de paz. Para ello, uno de los factores es un cambio de actitud del legislador, los tribunales y la administración penitenciaria que aboque a la normalización del tratamiento jurídico-penal del terrorismo. En otras palabras, gobiernos, legisladores y tribunales deben apearse del caballo y adoptar una perspectiva orientada hacia un futuro de paz. Desde el ángulo de la paz positiva poner la vista en el futuro implica abogar por la reintegración y transformación social de este colectivo, al igual que comprender que todos los actores sin excepción deben poner todo de su parte para que el proceso de paz llegue a buen puerto.

Hay factores a tener en cuenta: la legislación penal antiterrorista vigente en España desde su origen tuvo una naturaleza excepcional, aunque con el transcurso del tiempo sus principios hayan permeado el derecho penal cotidiano. Se ha conformado un auténtico “derecho penal del enemigo” para combatir a ETA y a sus miembros activos, reduciéndolos a enemigos del Estado. También una definición de terrorismo de amplio espectro para la que “todo es ETA”, abarcando conductas que van más allá de los hechos terroristas stricto sensu. Esta visión expansiva que, como un chicle, se estira y moldea hasta adoptar la forma deseada se ha extendido hasta englobar cualquier forma de violencia política, independientemente de que fuera o no organizada, de su estructura intensidad, gravedad objetiva y resultados producidos. Por su parte, jueces y tribunales han asumido su rol en esta guerra afanándose en aplicar este derecho penal de excepción contra ETA hasta sus últimas consecuencias.

Existe un derecho procesal de excepción del que sus muestras más significativas son la detención ampliada y la incomunicación, fuertemente criticada por instancias internacionales de derechos humanos por ser espacios fuera del control judicial que facilitan la tortura. El Tribunal de Estrasburgo ha condenado reiteradas veces a España por no investigar las denuncias de tortura en estos casos. La última de ellas la semana pasada.

Por otra parte, debemos distinguir entre: (1) hechos violentos que han causado víctimas mortales o lesiones; (2) acciones violentas que únicamente han producido daños materiales; (3) actos de sabotaje o violencia menor; y (4) actividad política o pertenencia al llamado “entorno político”, y entender que la gran diferencia entre unas situaciones y otras debe implicar una diferenciación en la respuesta penal. No se puede aplicar la misma vara de medir a los delitos de sangre que a los derivados de participación política.

Hoy en día hay personas en prisión y algunas en espera de juicio por hechos que muy poco tienen que ver con el terrorismo. La izquierda abertzale protagoniza un escenario paradójico. Constituida en nuevos partidos ocupa puestos en las instituciones, mientras sus compañeros cumplen penas de cárcel o esperan a ser juzgados por actividades políticas ahora legales. También debemos valorar el papel que ha jugado la izquierda abertzale -en especial la figura de Arnaldo Otegi- en el fin de la violencia. Parece razonable dar una respuesta legal a esta situación en la que no tienen sentido penas de cárcel por una mera actividad política.

En procesos de paz como los de Irlanda del Norte o Colombia los presos tienen la posibilidad de comunicarse para discutir propuestas y poder organizarse sobre pasos a seguir en su participación en el proceso. Las políticas de dispersión vigentes en España fomentan el aislamiento, impidiendo abiertamente un final de ETA coordinado en el que se puedan adoptar decisiones colectivas así como la existencia de un liderazgo desde los presos en la liquidación de las estructuras de la violencia. Las políticas de dispersión buscan el aislamiento total de los presos bajo la lógica de “divide y vencerás” para lograr la derrota total. Cualquier intento de coordinación es perseguido penalmente como participación en organización terrorista. Un claro ejemplo son las numerosas detenciones incluso de sus abogados producidas en los últimos meses.

La reintegración también se ve seriamente dificultada por las medidas de ejecución de las penas que han sido duramente criticadas por la desigualdad de trato y en ocasiones por su escaso respeto por los derechos humanos, como el caso de la conocida “doctrina Parot”. La peculiar incorporación de la Decisión Marco de la UE sobre reconocimiento de sentencias extranjeras también sigue estas líneas. Tampoco debemos olvidar el endurecimiento progresivo que ha sufrido el régimen de cumplimiento de penas en materia de terrorismo. El exacerbado límite de cumplimiento de penas fijado por el legislador es claramente contrario a los principios constitucionales de resocialización y proscripción de penas inhumanas y degradantes, más aún teniendo en cuenta el obligatorio cumplimiento íntegro de las penas en terrorismo.

Son necesarias políticas de reinserción que permitan a los presos que han dado pasos claros hacia el abandono de la violencia acogerse a beneficios penitenciarios e iniciar procesos transformadores que les lleven de vuelta a la sociedad. En este sentido, iniciativas como los encuentros restaurativos de la “vía Nanclares” y los talleres de convivencia –antes de que las modificaciones introducidas por el ejecutivo de Rajoy desvirtuaran sus objetivos reintegradores y sociales– constituyen una pieza clave por su carácter reparador y humanizador, además de buscar un impacto más allá de los encuentros como medio de cambio del clima social. Apoyar este tipo de proyectos, así como apelar al retorno de la esencia de la “vía Nanclares”, es de vital importancia para un futuro en convivencia por su auténtica potencialidad transformadora a nivel personal y colectivo no sólo en relación con los presos sino también con las víctimas.

¿Existe una fórmula “mágica” para conseguir la paz?

Para ello tengo una fórmula matemática. Hacen falta cuatro cosas:

Paz = (Equidad x Armonía o Empatía) / (Trauma x Conflicto)

Paz es igual a Equidad multiplicada por Armonía o Empatía y dividida por Trauma por Conflicto.

Equidad como cooperación en beneficio mutuo e igual. Armonía o Empatía es sentir la alegría y también el duelo y sufrimiento del otro. Hay que entender cómo los otros ven la situación. Por eso, en Afganistán había que hablar, además de con el Departamento de Estado y el Pentágono, con los talibanes y Al-Qaeda. Traumas derivados de la violencia. Por último, Conflicto, que no equivale a violencia. Un conflicto es una incompatibilidad de objetivos. Yo quiero algo y tu quieres algo y no vemos cómo podemos obtenerlo ambos. Con los traumas y conflictos hay que hacer algo. En el caso de los traumas se llama conciliación. No digo reconciliación porque no había necesariamente algo bueno antes. En los conflictos se llama solución. Entonces debemos construir equidad, empatía, conciliación y solución. Si se hace todo esto, se consigue la paz. El problema es entender cómo hacerlo, y eso no se consigue en un fin de semana.

¿Cuál es la regla principal en la mediación?

El dogma principal de TRANSCEND es que si quieres evitar la violencia hay que identificar el conflicto subyacente y tratar de resolverlo. Para ser mediador lo primero es hablar con todos, y hay que entender sobre todo lo que no están diciendo. Está en lo axiomático, lo que para las partes parece evidente. Pero una parte importante de la mediación es precisamente problematizar lo axiomático.

¿Cómo se pueden aportar soluciones a los conflictos?

He mediado en 200 conflictos, treinta con éxito. Muchas veces el éxito es parcial, que algo llegue a penetrar. Tener visiones es mi trabajo: visiones de solución. Las visiones son una combinación entre realismo e idealismo, que no se pueden materializar inmediatamente. Schopenhauer dijo que cuando uno tiene una sugerencia nueva ocurren cuatro cosas: lo primero es silencio; luego la sonrisa, ríen como locos; más tarde llega la sospecha: ¿pero qué quiere?; y por último, el político dice: “siempre ha sido mi opinión que…”. A mí me pasa lo mismo. Las visiones están en el aire, esperando a su portador. Es un poco metafísico. Son como pájaros tratando de encontrar a alguien que las saque a la luz. Cuando no tienes visiones hay dos opciones: “bombas” y “corrupción”. Poder militar y poder económico. Estados Unidos piensa que con estos dos medios lo puede arreglar todo. Por eso no puede desarrollar visiones basadas en las palabras. En Afganistán no estaban interesados por una solución, sino por la victoria. Sucede igual en España. Está inmerso en lo profundo de la cultura. Cómo uno cree que la sociedad funciona: a través de la fuerza, del dinero o de las palabras.

La democracia está basada en las palabras. En democracia la visión es imprescindible. Los portadores de visiones se llaman partidos políticos. Si lo hacen bien o mal ya es otra cosa. Existen visiones de Españas diferentes, pero hay fuerzas muy claras que están haciendo todo lo posible para impedir que se realicen estas visiones diferentes. Algunas fuerzas que quieren mantener el statu quo se llaman bancos. Y por eso el problema en el Congreso no es el nombre del partido, sino del banco lo financia. Por eso vivimos una perversión de la democracia debida al poder de los bancos.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día?

Dentro de mi lista de los cinco problemas más graves del mundo hay dos que me preocupan especialmente: uno es el terrorismo y el terrorismo de Estado. Las guerras tradicionales están siendo sustituidas por este modelo. El terrorismo de Estado mata a 99 personas por cada una que matan los terroristas. Es lo que Noruega y España han hecho en Afganistán.

El segundo es el conflicto entre nacionalismo y estatismo. Nación es un grupo cultural con cuatro características: comparten más o menos el mismo idioma; tienen más o menos la misma fe, religión o visión; tiene una historia en común, es decir, un conjunto de mitos compartidos; y una geografía por la que sienten un vínculo de pertenencia. Si hay más de una nación que tiene un sentimiento de pertenencia sobre un mismo espacio geográfico, entonces tenemos un problema. Los poderes coloniales han trazado líneas dividiendo naciones o haciendo paquetes con naciones que se detestan.

¿En qué momento el concepto actual de Estado se ha convertido en problemático?

Hasta ahora se aceptaba la existencia de una nación dominante frente a otras que no dominan. Esto ya no es aceptable. Va en contra de los derechos humanos. Cada nación quiere salir a la luz y no estar a la sombra de una nación dominante. En el mundo hay 194 Estados miembros de Naciones Unidas. Solo veinte son Estados de una sola nación. Los 174 restantes son multinacionales y de entre ellos solo cuatro han resuelto este problema relativamente bien: Suiza, Bélgica, Malasia e India (con la excepción de Assam). Entre ellos no está España.

¿Podría hablarme un poco más del caso de España?

En el art. 1 de la Constitución española se habla de Estado español. Es en art. 2 donde se menciona “la nación española”. Los constituyentes crean una nación española que no está en el artículo anterior, dando un salto de Estado a nación que, en mi opinión, es muy infeliz. Y permítame que en este punto dé un salto a Afganistán. Cuando hablo con los talibanes, tengo dos preguntas como mediador: ¿cuál es el Afganistán donde usted quiere vivir?; y ¿qué es lo peor que a su juicio ha ocurrido en la historia de este país? En 1893 el Imperio británico trazó una línea de 4000 km entre su imperio y Afganistán. Allí estaba el pueblo pastún, que es la mayor nación sin Estado en el mundo. De un total de 50 millones, 30 quedaron en Pakistán (sucesor del Imperio británico), 12 en Afganistán y el resto en la diáspora. La mayoría de los talibanes son pastunes, por lo que para ellos éste es su mayor problema. El paralelismo en España con vascos y catalanes es claro. Hay vascos y catalanes a ambos lados de la frontera.

¿Cuál fue su propuesta de solución para Afganistán?

Mi sugerencia es crear una comunidad de Asia central con fronteras administrativas, pero totalmente abiertas para que los pastunes puedan cruzar libremente. En el caso español esa gran frontera abierta ya existe y se puede circular libremente sin ser contrabandista. Pero hay que hacer algo más.

¿Qué es ese algo más?

En la Constitución hay dos definiciones de España: “Comunidad de Naciones” (CDN) y “Una, Grande y Libre” (UGL). Está muy claro que para el PP España es UGL, pero la solución se llama federación: una CDN con tres detalles en relación con el País Vasco.

Primero, una autonomía avanzada que incluya el derecho de tener consulados en sitios clave en el extranjero. Se trataría de reconocer al País Vasco en Francia y España como una entidad política. Algo relativamente fácil de llevar a cabo en la Unión Europea.

Un segundo punto pasa por la conciliación del trauma de ETA y de la otra violencia. Hablo de reconocer culpas pero sin castigo. Son necesarios estos actos y España lo hace muy mal, de la misma manera que ha manejado mal la memoria respecto de la guerra civil y el franquismo. Hay un aspecto de reflexión en todo acto de conciliación. Preguntarse qué hemos hecho mal y cómo hubiéramos podido evitarlo; o qué no hemos hecho, los actos de omisión. Franco realizó sus últimas matanzas de manera pública, con orgullo, mientras que González lo ocultó todo. Ocultar matanzas se llama democracia y hacerlo públicamente se llama dictadura. Son palabras un poco duras, pero es así.

El tercer punto es utilizar una comisión imparcial y paritaria como órgano de resolución de conflictos entre Madrid y Vitoria. Podría ser el Tribunal Constitucional, aunque no es nada fácil.

Este tercer punto que plantea parece problemático. ¿No hay una alternativa?

Para mí, parece claro que históricamente falta una cultura de soluciones en España. Parece que los políticos españoles tienen más miedo a las soluciones que a ETA. Temen desvelar su posición y acabar en el lado equivocado, el que no gana. Al anunciar tu posición asumes el riesgo de perder, pero hay que verlo de otra manera, como una contribución al debate. Volviendo a la pregunta, se puede avanzar con los otros elementos sin necesidad de esperar a que cambie el TC si resulta demasiado complicado. Otra alternativa es la fórmula Suiza. Su truco es no tener un presidente con mucho poder. Su modelo es un comité de siete personas con dos normas. Primero, tres hablan alemán, dos francés, uno italiano y uno ladino. Segundo, dos son de izquierdas, tres de centro y dos de derechas. Este equilibrio es el que hace que funcione. Esto es más dramático que un TC como órgano de gestión de conflictos.

Tradicionalmente la historia se ha escrito desde el poder, quedando en manos de unos pocos la decisión sobre cuál sea la verdad oficial que deba perdurar en la memoria.

Para lograr una transformación social que asiente las bases de una paz sólida y duradera es necesario huir de cualquier modelo de perpetuación del poder y orientar todos los esfuerzos hacia un modelo polifónico que permita la coexistencia de distintas voces.

Es común querer ver la verdad como revestida de un halo de neutralidad. Una verdad única y objetiva separada del poder y no influenciable por éste. También existe una tendencia a entender la memoria colectiva y la historia como neutrales al fundarse en verdades categóricas. Para comprender el importante papel que juegan verdad, memoria e historia en la construcción de la paz conviene aproximarnos a estos conceptos como construcciones sociales. Es decir, discernir que la verdad no es única y que se genera a través de discursos que operan bajo bases de exclusión. En otras palabras, al promover una verdad se marginalizan y prohíben otras verdades que estén en competencia, creando un instrumento de exclusión. Y esto a su vez está muy relacionado con el poder. La verdad es uno de los mayores vehículos de expresión del poder, que a su vez se ejerce a través de la producción y diseminación de verdades. El caso de la historia es muy similar. Depende de quién la cuente y de cómo se interpreten los datos. Tradicionalmente, la historia se ha escrito desde el poder, quedando en manos de unos pocos la decisión de cuál era la verdad oficial que debía perdurar en la memoria colectiva de pueblos y culturas, y cómo debía ser narrada en los libros para ser transmitida a futuras generaciones.

Esta forma de construir la historia y de entender el saber reproduce las estructuras de dominación que dieron origen al conflicto, alejándose de la paz positiva. Mantiene las divisiones sociales basadas en la bipartición excluyente entre un nosotros opuesto a un otro y que conlleva su deshumanización. Perpetúa el status quo que dio origen al conflicto y por lo tanto no rompe con el ciclo de la violencia, pudiendo resurgir en un futuro. Pero igualmente importante es no caer en la trampa del olvido. De proyectar un futuro desde cero, sin tener en cuenta nuestra herencia histórica y sin valorar los episodios violentos que han sacudido fuertemente a la sociedad. El olvido solo conduce a que el pasado resurja constantemente, como cerrar una herida en falso. España ha vivido esto en sus propias carnes, por lo que es nuestro deber no caer en este error dos veces. Somos testigos en la actualidad de las consecuencias de no proyectar un futuro basado en la memoria. Las heridas de la guerra civil y del franquismo permanecen y parece que tristemente lo único que las cerrará será el inexorable paso del tiempo.

A la larga, las narrativas colectivas que se construyen sobre el conflicto permean lo cotidiano integrándose en la familia, las memorias de las distintas comunidades, la cultura popular, la historia, la educación y los mitos colectivos avalados por líderes políticos y religiosos. Para lograr una transformación social que asiente las bases para una paz sólida y duradera es necesario huir de cualquier modelo de perpetuación del poder y orientar todos los esfuerzos hacia un modelo polifónico que permita la coexistencia de distintas voces. Construir una memoria inclusiva, que posibilite que distintas verdades, realidades y memorias individuales se entrecrucen y convivan. Es esencial proyectar un futuro en paz en el que todos puedan expresarse libremente y que integre en el espacio político las voces que antes se expresaban mediante la violencia. Es un ejercicio conjunto que requiere del esfuerzo de toda la sociedad para tejer y destejer las veces que sea necesaria esta memoria repleta de realidades y experiencias muy distintas desde unas bases éticas sólidas fundadas en el respeto. Es importante aceptar que aunque estas memorias puedan parecer contrarias, disonantes e incoherentes la belleza de lo que se teje está en su diversidad. La pregunta es, ¿conseguiremos huir de la apetitosa manzana envenenada de la paz de los vencedores para tejer esforzadamente una memoria inclusiva basada en la regeneración y la transformación social?

Análisis como el recientemente publicado Informe Foronda -sobre el impacto del terrorismo en la sociedad vasca- nos llevan a pensar que nos conducimos irremediablemente hacia una paz de los vencedores. No cabe duda de que el informe presenta nuevos datos que resultan de gran interés y que la denuncia que lleva a cabo sobre el olvido que sufrieron las víctimas no se puede dejar de tener en cuenta. Sin embargo, aunque el documento en su declaración de intenciones pretende imparcialidad y huir de la homogeneización de la visión sobre el pasado, la realidad es que se enmarca dentro de la narrativa predominante sobre el conflicto construida desde el poder, mostrando un único punto de vista. Limita la dimensión del conflicto a la puramente relacionada con el terrorismo, excluyendo del análisis otras víctimas fruto de los excesos policiales y, aunque menores en número, también merecedoras de ser tenidas en cuenta. Tampoco se hace mención alguna a la existencia de torturas. Al hablar del escaso apoyo y movilización social en repulsa del terrorismo por parte de la sociedad vasca durante la década de los setenta y ochenta, el informe adopta un tono de reproche y estigmatiza de forma genérica al conjunto de la sociedad vasca sin hacer ningún matiz. Pese a su intento de imparcialidad, el Informe Foronda hace un uso del lenguaje poco neutral posicionado en el discurso sobre el conflicto elaborado desde el poder.

Otro ejemplo de perpetuación de la memoria desde el poder es el proyecto para el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Un proyecto que ha permanecido años en el fondo del cajón en algún despacho de Madrid hasta ser convenientemente desempolvado -casualmente tres años más tarde- en pleno año electoral y cuando el Gobierno de Rajoy afronta duras críticas por parte de las asociaciones de víctimas. El memorial, según ha sido formulado, presenta una memoria asimétrica al generar una clasificación discriminatoria de las víctimas en función de la violencia que las originó. Esta crítica no pretende la equiparación, pero sí que todas las víctimas se tengan en cuenta y encuentren su espacio en el memorial. No se puede olvidar tampoco a las víctimas de torturas o de excesos policiales, ya que también son víctimas de la violencia política. Es cierto que no se pueden utilizar unas violaciones de derechos humanos para justificar otras, pero tampoco se puede dejar de reconocer que tuvieron lugar, y sacar conclusiones.

Tampoco debemos caer en el pesimismo. No todas las iniciativas existentes están orientadas hacia una memoria e historia excluyentes. Existen numerosos proyectos que buscan salir de este camino como los encuentros restaurativos de la “vía Nanclares”, la iniciativa Glencree o el informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Nuestro deber como ciudadanos es ser conscientes de que desde el poder se está librando una última batalla, la de la memoria, y debemos entender que esta forma de plantearlo tan solo perpetuará las divisiones. Para lograr un futuro que esté marcado por la coexistencia pacífica en el día a día es necesario ir más allá de las divisiones y generar espacios para el diálogo. En palabras de Nelson Mandela, “si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero” (El largo camino hacia la libertad).

Aunque la violencia de las armas ha cesado, aún no se ha alcanzado una verdadera

paz positiva

en Euskadi.

El Gobierno sigue aferrado a ETA como banda terrorista sin disolver para negar cualquier cambio en el escenario y en su actitud.

El cese definitivo de la violencia en 2011 significa un cambio de paradigma en el conflicto vasco con el que, aunque de una forma atípica, se ha entrado en un proceso de paz. A pesar de no haberse llegado a ningún acuerdo de paz, dado que ni tan siquiera los distintos actores se han sentado a negociar, parece que el camino hacia la paz es irreversible. Aun así, el proceso parece haberse estancado en un limbo que algunos expertos califican de situación de no war no peace. Un escenario en el que la violencia de las armas ha cesado sin que se haya alcanzado la así llamada paz positiva, que pretende la transformación del conflicto y la resolución de aquellas causas que lo originaron con el fin de evitar su repetición.

El final de la violencia quita un velo que deja al descubierto los problemas que se sitúan en la raíz del conflicto y que requieren de una transformación social para que la paz sea duradera. Resulta imprescindible no ocultar estos problemas en un estéril intento por favorecer el tránsito hacia una convivencia normalizada. Esconder los asuntos incómodos debajo de la alfombra solo retrasará su aparición, ya que como una fruta en mal estado, se pudrirá, desprendiendo un fétido olor que mostrará su presencia. Es decir, no se trata de mirar al futuro olvidando el pasado ni de reproducir el mismo orden hegemónico que generó el conflicto; sino de permitir la creación de las bases para una coexistencia inclusiva que dé cabida a múltiples realidades y significados sociales creando espacios –centrado en las personas, lo local, el día a día– que doten de voz a todos, sin exclusión.

Mirando de cerca la realidad del caso vasco es fácil darse cuenta de que aún existen grandes trabas para que un escenario de profunda y regenerativa transformación social prospere. Centrémonos en cuatro actores que operan en distintos niveles: el Estado, el gobierno vasco, la izquierda abertzale y algunas voces internacionales. Por un lado, ante el nuevo paradigma, los poderes del Estado siguen aferrados al status quo y al etiquetaje de ETA como banda terrorista sin disolver para negar cualquier cambio en el escenario y en su actitud.status quo El Estado niega la existencia de un conflicto alegando el carácter asimétrico de la violencia y la condición de sus actores de meros desalmados terroristas –al igual que a su entorno político– reduciendo la ecuación a una mera lucha contra el mal. Aferrado a esta idea, el Estado únicamente concibe dos posibles finales: victoria o derrota. Solo aceptará una paz de los vencedores en la que únicamente tiene cabida una verdad y un tipo de memoria sobre más de medio siglo de conflicto.

Durante las distintas fases por las que ha pasado el conflicto, el Estado ha ido conformando una auténtica maquinaria de guerra –destinada a combatir a ETA– bajo el nombre de lucha anti-terrorista y que aún hoy sigue en marcha y parece imposible de parar. Podemos describir su funcionamiento en cuatro ejes coordinados. El primero lo conforma el asentamiento de la excepcionalidad penal en relación con los delitos de terrorismo llevado a cabo por el legislativo. Se ha elaborado un auténtico “derecho penal del enemigo” multifrente y ad hoc, que considera a ETA y sus miembros como enemigos del Estado –y no como ciudadanos que cometen delitos– restringiendo sus derechos fundamentales de forma exacerbada hasta el punto de erosionar las bases del Estado de Derecho. El segundo eje se sitúa en el plano judicial, con tribunales que se han afanado en aplicar este derecho penal de excepción contra ETA hasta sus últimas consecuencias. El tercer eje lo conforman los distintos ejecutivos a través de las políticas y el discurso que han transmitido a la ciudadanía, en muchas ocasiones claramente condicionado por el poderoso lobby en que se han convertido algunas asociaciones de víctimas. Por último, las fuerzas de seguridad del Estado, que tampoco se han limitado a combatir el terrorismo de forma razonable y parecen estar más en una guerra particular contra ETA y sus miembros.

Por otro lado, el actual gobierno vasco se mueve dentro de otros parámetros, definidos por el apoyo e involucración activa en el proceso de paz. Dentro de esta postura se enmarca el Plan de Paz y Convivencia promovido por la secretaría coordinada por Jonan Fernández. Sin entrar en demasiados detalles, es necesario ver en la elección de Fernández un claro guiño a la sociedad civil y el papel que está llamada a jugar en el proceso de paz. Igualmente importante es resumir la esencia de este Plan de Convivencia que concibe los principios conformadores de la transformación del conflicto bajo tres ejes: la gestión ética del pasado, la normalización del presente y la construcción de un futuro bajo las premisas de no-reincidencia e integración. Por último, cabe resaltar la figura de los “microacuerdos” como metodología de trabajo. Esta idea parte de un intento de desbloquear la situación actual y sobre todo de no caer en la peligrosa regla imperante en negociaciones y acuerdos de paz de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Por desgracia, la mera voluntad no basta, y la realidad es que la ausencia de colaboración por parte del gobierno de Madrid hace que la tarea sea mucho más dificultosa y muchas propuestas se vean bloqueadas a la hora de su puesta en marcha.

Por su parte, la izquierda abertzale se enfrenta a un gran reto para su consolidación como actor político ante las numerosas voces que le piden que lleve a cabo públicamente un ejercicio de autocrítica en relación con el pasado. No debemos olvidar el importante papel que está llamada a jugar en la resolución de los asuntos pendientes, aunque parece que también han decidido posponer cualquier decisión estratégica a lo que ocurra después de las elecciones.

En el plano internacional, son numerosas las personalidades que han mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra el proceso de paz. Y es que no hay que olvidar la fragilidad de estos procesos. Los datos revelan que más del cincuenta por ciento de los procesos de paz fracasan en sus primeros cinco años de vida. Recientemente se ha presentado ante el Parlamento Europeo una declaración firmada por numerosas voces internacionales pidiendo al Gobierno español que tome medidas fundamentales para el avance del proceso de paz, como la liberación de Arnaldo Otegi –quien fue impulsor del debate dentro de la izquierda abertzale sobre el valor del diálogo en la solución del conflicto– o poner fin a las políticas de dispersión de los presos. Son destacables las duras críticas vertidas por el reconocido abogado sudafricano y mediador internacional, Brian Currin, censurando reiteradamente el inmovilismo del ejecutivo español y del francés, que tampoco ha querido involucrarse activamente en el proceso de paz.

Este rápido y escueto análisis de algunos elementos del conflicto pretende arrojar cierta luz e invitarnos a una reflexión sobre qué tipo de paz que se está cimentando en el País Vasco: una paz positiva, inclusiva y duradera o, por el contrario, una paz negativa, frágil y excluyente.

La reciente aprobación de la ley orgánica 7/2014 es una muestra más de la irresponsable posición del gobierno del PP en el proceso de paz vasco.

El Ejecutivo de Rajoy no deja pasar ocasión para imponer su postura revanchista e impedir la consolidación de la paz y la reconciliación en el País Vasco.

El pasado 12 de noviembre fue aprobada la Ley Orgánica 7/2014 con la que el legislador pretende incorporar al Derecho español la Decisión Marco del Consejo de Europa (2008/8F6/JAI) que, con la intención de fortalecer las bases del espacio común europeo, establecía unos mínimos sobre el reconocimiento de las sentencias dictadas en un Estado miembro en el resto de países del espacio comunitario. Meses antes, en marzo, ante la ausencia de trasposición de la Decisión Marco, el Tribunal Supremo realizó una interpretación de esta última en su sentencia 186/2014, considerando que establecía una obligación mínima para los Estados miembros y permitía, por lo tanto, la acumulación de sentencias de otros Estados, modificando de esta manera los límites de cumplimiento de la pena o revisando condenas ya impuestas.

Resulta sorprendente que desde 2008 el poder legislativo no hubiera mostrado el mínimo interés por trasponer la decisión y que, tan solo unos meses después de la citada sentencia, los mecanismos legislativos se hayan puesto súbitamente en marcha y de esta manera. Como ciudadanos, debemos preguntarnos el por qué de este repentino interés y cuál es la verdadera intención que enmascara esta ley. Si profundizamos un poco, parece claro que en el fondo lo que esta nueva ley pretende es limitar en la medida de lo posible -si no impedir de manera completa- futuras resoluciones que sigan la línea interpretativa marcada por el Tribunal Supremo.

La razón subyacente es que, de consolidarse como doctrina la interpretación del Tribunal Supremo, alrededor de unos 100 presos de ETA podrían ver rebajada su pena entre unos 5 y 6 años de media, al tener que descontar las sentencias francesas al límite máximo de cumplimiento de la pena. Para evitarlo, tras el paso de la ley en el Congreso, el grupo parlamentario popular propuso varias enmiendas a su paso por el Senado que limitaban el efecto en el tiempo de la nueva ley, de tal manera que impidiera su aplicación para resoluciones extranjeras anteriores, yendo directamente contra la interpretación del Tribunal Supremo. De esta manera, se ha generado una ley que desde el punto de vista estrictamente técnico puede resultar aparentemente correcta, aunque claramente no traslada al ámbito interno español el sentido de la Decisión Marco. Pero lo que sí resulta indudablemente más cuestionable es su intencionalidad última, claramente oculta, que la convierte en ilegítima.

Las enmiendas introducidas y aprobadas en la ley ponen de manifiesto una vez más la posición irresponsable y errática del gobierno de Madrid en el proceso de paz vasco, frente al que no solo muestra una actitud de parálisis, que llega hasta su negación, sino que ha dado un paso más, convirtiéndose en un auténtico spoiler (obstáculo) del mismo. Es bien sabida la importancia de proporcionar una solución razonable al tema de los presos dentro de un proceso de paz. Sin ir más lejos, en Irlanda del Norte fue una de las piedras angulares que permitió el desbloqueo y avance del proceso de paz. Constituyen un colectivo que debe ser tenido en cuenta y activamente integrado en la construcción de un futuro en paz.

Sin embargo, el gobierno español -lejos de favorecer una solución permitiendo la normalización de la respuesta penal y poniendo fin a la situación de emergencia y excepcionalidad jurídica todavía hoy vigente- continúa legislando fomentando la consolidación del Derecho penal del enemigo. Esta semana, durante la cumbre hispano-francesa, se pondrá sobre la mesa el traslado a cárceles españolas de más de 50 presos de ETA, a raíz de la promulgación y entrada en vigor de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Pese al ya consolidado cese de la violencia, el ejecutivo de Mariano Rajoy, lejos de instaurar políticas tendentes a la normalización jurídica y a la consolidación de la paz y la reconciliación, tales como descriminalizar al llamado entorno político de ETA y poner fin de manera paulatina a las medidas de dispersión de los presos así como adoptar políticas humanitarias (demandadas por numerosos colectivos e instituciones), no deja pasar ni la más mínima oportunidad para imponer su postura revanchista, haciendo alarde de su poder.

Para el Estado parece ser la guerra del bien contra el mal en la que cualquier gesto hacia los presos representaría una muestra de debilidad. Según esta visión polarizada, solo caben discursos totalizadores en los que ha de mostrar su poder y su voluntad irreductible de no dar su brazo a torcer en su lucha sin cuartel contra ETA. Como consecuencia, mientras la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco intenta implementar un plan de convivencia de carácter integrador con el punto de mira claramente puesto en un futuro en convivencia pacífica, el gobierno de Rajoy considera que la lucha contra el terrorismo no acabará hasta que se entregue la última arma, todos sus miembros se hayan rendido y ETA se haya extinguido formalmente. Es lo que Ignacio Sánchez-Cuenca llama la “moralización del conflicto” y que ha traspasado la esfera de lo político, permeando y dividiendo a la sociedad e impidiendo un escenario constructivo para la paz.

En gran medida la postura tan radical y rotunda del gobierno de la nación se debe al papel que vienen jugando ciertas asociaciones de víctimas del terrorismo a lo largo de las pasadas décadas. Asociaciones que han visto incrementada exponencialmente su capacidad de influencia, llegándose a convertir en uno de los lobbies políticos más influyentes en el panorama político nacional. Ninguno de los principales partidos políticos quiere arriesgarse a desatar el descontento de las asociaciones de víctimas, lo que genera una situación perversa en la que éstas marcan el ritmo y el sentido de la decisiones de todos los poderes del Estado. El resultado no puede ser más peligroso y dañino, ya que la legitimidad del Estado de Derecho se está viendo fuertemente erosionada, al recoger como suyas posturas que, bajo la cobertura de clamar por la justicia, en realidad lo que piden es venganza.

Y, como guinda del pastel, es este mismo gobierno que no concede ni un gramo de oxígeno a un proceso de paz asfixiado por la parálisis propiciada por el mismo, quien se permite ejercer internacionalmente de garante de procesos de paz. Esto es precisamente lo que ocurrió la semana pasada cuando el ministro José Manuel García-Margallo expresó su apoyo al proceso de paz colombiano y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se implicara en el proceso de paz. ¿Cómo un gobierno que niega de manera sistemática incluso la propia existencia del proceso de paz que tiene lugar en su Estado puede ser garante de la paz a nivel internacional? Una vez más, es una muestra de la política de doble rasero que rige en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.